Lo que dicen los columnistas

El riesgo de intercambiar escaneos de iris por criptomonedas

De acuerdo con un estudio de la empresa de ciberseguridad Kaspersky, el 13% de los mexicanos ha sufrido robo de identidad por mal uso de datos biométricos –como huellas digitales, rostro o iris–.

Julieta del Río

Proceso

Es muy preocupante lo que está ocurriendo con el proyecto conocido como Worldcoin, donde personas entregan sus datos biométricos, como el escaneo de iris o rostro, a cambio de una pequeña cantidad de criptomonedas, principalmente Bitcoin.

Lo más alarmante es que, ante la falta de un órgano autónomo que vigile y regule estas prácticas, empresas como esa operan con mayor libertad y sin rendir cuentas reales. Mientras tanto, muchas personas, sin reflexionar a fondo, ceden su información más sensible a cambio de lo que parece ser “dinero fácil”.

Pero los datos biométricos no son intercambiables ni renovables como una contraseña, si algo sale mal no pueden cambiarse. Aquí no hablamos únicamente de privacidad, sino de identidad. Una vez que esos datos están en manos de terceros no hay garantía de cómo serán usados, dónde serán almacenados o con quién podrían compartirse en el futuro.

La urgencia por regular y concientizar es real. El valor de tus datos es mucho más alto que cualquier recompensa momentánea. Pensar antes de entregar tu información es una forma de protegerte hoy y en el futuro. No basta con dar tu consentimiento; debes preguntar de manera directa cuál será el tratamiento de tus datos biométricos y cómo ejercer tus derechos ARCO.

Vale la pena recordar que hace tres meses el INEGI informó que 100.2 millones de personas en México usan internet. Los datos revelan cómo la brecha digital se ensancha en comunidades rurales, lo que convierte a este sector en el más vulnerable frente al robo de datos y a empresas u organizaciones que buscan explotarlos.

De acuerdo con un estudio de la empresa de ciberseguridad Kaspersky, el 13% de los mexicanos ha sufrido robo de identidad por mal uso de datos biométricos –como huellas digitales, rostro o iris–. Este porcentaje podría incrementarse con nuevas disposiciones normativas, como la CURP con datos biométricos o la Ley de Inteligencia, que tendrían acceso a información de millones de ciudadanos.

Los expertos insisten en que los riesgos de una vulneración de datos biométricos son irreversibles.

El artículo 4 del Reglamento vigente establece que la ley se aplica no sólo a quienes tienen oficinas o establecimientos en México, sino también a quienes, desde el extranjero, usan medios en territorio nacional para tratar datos o celebran contratos sujetos a la legislación mexicana.

Antes de la desaparición del INAI existían procedimientos de sanción contra empresas de inteligencia artificial y aplicaciones de compraventa de criptomonedas. En ellos no sólo se revisaban posibles incumplimientos en materia de consentimiento, seguridad o transferencia de datos, sino también si dichas empresas eran o no sujetos de la ley, conforme a lo previsto en el artículo 4.

En la práctica, había casos donde las empresas no tenían oficinas en México, pero sí dispositivos, contratos o mecanismos para captar datos de usuarios nacionales. Ahí la discusión se centraba en si la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) podía aplicarse.

Hoy este tema sigue siendo fundamental. En un mundo digital sin fronteras, México necesita reforzar los mecanismos que garanticen la protección de datos, incluso frente a actores globales que operan fuera del país.

Juegos de poder

Cazadores de gringos

Leo Zuckermann

Excelsior

En la serie, los agentes de la UEI son policías mexicanos de carne y hueso, pero, a diferencia de lo que generalmente estamos acostumbrados, no son corruptos.

No existe en México una tradición de buenos programas de televisión o películas del género policiaco. Tampoco destaca el país en la “novela negra”. Supongo que tiene que ver con lo mala que es la labor de las policías mexicanas. Corporaciones llenas de ineptos y corruptos.

Por eso, celebro y recomiendo la serie Los gringo hunters en Netflix, que trata precisamente de una unidad especial de la policía de Baja California dedicada a la detención de estadunidenses buscados en el vecino del norte por algún delito y que han cruzado la frontera buscando refugio en territorio mexicano.

Lo mejor es que la serie está basada en un grupo que, efectivamente, existe. Es la Unidad de Enlace Internacional (UEI) que opera en la fascinante ciudad fronteriza de Tijuana. Su objetivo es buscar y capturar a fugitivos perseguidos judicialmente en Estados Unidos y que huyeron a México para esconderse.

En 2022, esta unidad de policías mexicanos capturó la atención del periódico The Washington Post que publicó un amplio reportaje sobre el tema. Lo titularon los gringo hunters o “cazadores de gringos” en español. La nota inspiró la serie de Netflix que le puso el mismo nombre.

Ayer, la BBC publicó otro reportaje sobre el tema en el que informa que “la corporación ha logrado la detención de más de mil 500 fugitivos, casi todos estadunidenses, que intentan refugiarse en la zona fronteriza de Baja California. Su efectividad, basada en análisis de inteligencia y planes cuidadosamente diseñados y ejecutados, le ha valido el reconocimiento de las autoridades de México y Estados Unidos”.

En la serie, los agentes de la UEI son policías mexicanos de carne y hueso, pero, a diferencia de lo que generalmente estamos acostumbrados, no son corruptos. Esto no quiere decir que sean unos angelitos ni que la corrupción sí se haga presente en los 12 episodios de la serie.

De hecho, la corrupción juega un papel importante en la trama de la historia central.

Porque Los gringo hunters combinan una trama que funciona como hilo conductor de la temporada con diferentes historias de los fugitivos buscados y capturados.

Ahí vemos, por ejemplo, a un par de jóvenes y frívolas influencers que roban mansiones en San Diego, para vender los productos hurtados en línea, y que huyen a México para no ser detenidas.

También está el viejo matón de la mafia italiana que lleva años escondiéndose en nuestro país, el policía racista de migración que mató a dos inocentes migrantes o la reina de las criptomonedas que se enriqueció gracias a un esquema piramidal.

De acuerdo con la BBC: “Agencias de Estados Unidos como el FBI, la DEA o los US Marshals han tenido una estrecha colaboración con la UEI a lo largo de los años, algo que no ocurre con otras corporaciones de seguridad mexicanas de las que los estadunidenses desconfían”.

Esto también se ve reflejado en la serie. La cooperación con los estadunidenses les da un margen de protección importante a los agentes de la UEI frente a la corrupción y las agendas políticas de sus jefes policiacos.

Me encanta que Tijuana sea el escenario de esta serie policiaca. En lo personal, la considero una ciudad interesantísima por su complejidad fronteriza. Todo en TJ es abigarrado y fascinante. En la serie aparecen sus legendarios antros, prostíbulos y taquerías. Hay ricos que viven en palacetes y pobres en chozas de cartón. Existen barrios a los cuales la policía no puede entrar porque están controlados por bandas de narcomenudistas.

Como toda serie policiaca de Hollywood, Los gringo hunters tiene su buena dosis de violencia y sexo. Se le perdonan algunas exageraciones por lo bien que está escrita.

Destaca, en particular, los personajes que aparecen, tanto los buenos como los malos. Sobresalen, me parece, tres.

La agente Gloria Carbajal, interpretada por Mayra Hermosillo, quien es la subcomandante de la unidad y tiene una vida personal muy complicada como toda madre soltera de un adolescente.

Me gusta el papel que actúa Regina Nava como Camila, una muchacha autista que tiene grandes dotes en la investigación digital, elemento clave de la UEI.

Y está Joaquín Meyer-Rodríguez, quien es nada menos que el primer actor José María Yazpik, un poderoso empresario de Tijuana, con una dolorosa historia personal y quien impulsa un ambicioso proyecto para la ciudad.

Muy recomendable, en suma, esta serie para los que, como a mí, les gusta el género policiaco. Espero, de hecho, que los productores se animen a sacar una segunda temporada.

Número cero

El símbolo político de la nueva Corte

José Buendía Hegewisch

Excelsior

El símbolo político de la nueva Corte a punto de estrenarse es la llegada a la presidencia de un indígena por primera vez en la historia desde Benito Juárez. Representa la idea de apertura cultural, de derechos y acceso a la justicia contraria a la imagen de coto de intereses políticos y económicos o, al menos, eso es lo que Hugo Aguilar quiere demostrar con su impronta en el sistema judicial.

Un año después de que mujeres indígenas dieran el bastón de mando a la primera mujer en la Presidencia, la mayor sorpresa de la reforma judicial de López Obrador fue el triunfo del abogado mixteco en una elección cuestionada por baja participación y escandalosas operaciones de acordeones con nombres de candidatos que orientaban el resultado, aunque el suyo no estuvo en la línea del guion para encabezar el máximo tribunal. Casi nadie apostó que se impondría a las candidatas del oficialismo que se reeligieron, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, aunque también se recibieron denuncias por figurar en ellos.

Por eso, su mandato como el candidato más votado fue una bocanada de aire fresco para rescatar la legitimidad del nuevo modelo que inaugura la 4T, con la promesa de devolver la confianza de los excluidos y combatir la corrupción en la justicia. Como él reivindica, sin elección no habría tenido oportunidad de llegar a la Corte, salvo que López Obrador lo hubiera llevado en su gobierno, y no lo hizo. Quizá porque le había encargado tareas sensibles como las consultas de las obras icónicas de su sexenio, el Tren Maya y el Corredor Transístmico que, paradójicamente la Corte frenó con diversos amparos que ahora él encabezará a partir del 1 de septiembre.

Su origen mixteco y trayectoria en defensa de derechos de pueblos indígenas puede significar una respuesta al ausentismo de la elección por la distancia que la mayoría de la gente percibe hacia la Justicia. El mensaje más potente de las urnas fue la demanda de cercanía con un Poder Judicial visto como oasis para unos cuantos; a los que, en efecto, sirvió como contrapeso hasta deslizar la idea de fungir como oposición a la 4T. Aguilar defiende que el principal llamado de las urnas es “reconciliar” a la justicia con el pueblo, aunque el voto popular tampoco asegura la independencia de juzgadores con ascendencia y deudas políticas o vínculos con poderes económicos y de facto.

Pero más allá de críticas a la reforma y descalificaciones —que él recibe como racistas—, el reconocimiento y veredicto de su entrada a la “casa de la justicia” los darán las víctimas que históricamente permanecen fuera del reducto de minorías que apenas sobrepasarán el 1% de la población donde se concentra el ingreso nacional, no obstante, uno de sus primeros retos será resolver el enorme rezago de asuntos, y además, con un aparto judicial más reducido con la reforma.

Por la nueva Corte hablarán sus fallos, tendrá la mirada atenta de las víctimas y afectados por la injusticia; de los que descreen o no pueden negociar con ella por falta de recursos o de redes políticas. ¿Eso cambiará, o sólo de manos?

El derrumbe de la Corte nadie puede aislarlo del duro choque político con López Obrador, que la acusó de usar sus facultades de control constitucional para dar un golpe blando contra su gobierno, y el profundo desgaste de encuadrarla como último bastión del conservadurismo y el modelo neoliberal de tres décadas desde el sexenio de Zedillo. La oposición frontal de la Corte y su presidenta Norma Piña acabó por politizar y romper la también necesaria colaboración entre Poderes, aunque arguyera actuar como contrapeso.

Una defensa poco creíble si la mayor critica al modelo de la Corte fue servir a élites políticas y económicas, a través de fallos muy controvertidos como el Fobaproa, la guardería ABC, etcétera, aunque también dejó importantes avances en el reconocimiento de derechos humanos y de las mujeres.

¿Terminará la corrupción, nepotismo y la defensa de los poderosos con la salida de esta Corte, como asegura Sheinbaum o el nuevo modelo abrirá mayor control del gobierno sobre el Poder Judicial? Por lo pronto, en septiembre se inicia un viaje hacia la dimensión desconocida de la justicia con la transformación más profunda en décadas.

El símbolo político de la nueva Corte

El símbolo político de la nueva Corte a punto de estrenarse es la llegada a la presidencia de un indígena por primera vez en la historia desde Benito Juárez. Representa la idea de apertura cultural, de derechos y acceso a la justicia contraria a la imagen de coto de intereses políticos y económicos o, al menos, eso es lo que Hugo Aguilar quiere demostrar con su impronta en el sistema judicial.

Un año después de que mujeres indígenas dieran el bastón de mando a la primera mujer en la Presidencia, la mayor sorpresa de la reforma judicial de López Obrador fue el triunfo del abogado mixteco en una elección cuestionada por baja participación y escandalosas operaciones de acordeones con nombres de candidatos que orientaban el resultado, aunque el suyo no estuvo en la línea del guion para encabezar el máximo tribunal. Casi nadie apostó que se impondría a las candidatas del oficialismo que se reeligieron, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, aunque también se recibieron denuncias por figurar en ellos.

Por eso, su mandato como el candidato más votado fue una bocanada de aire fresco para rescatar la legitimidad del nuevo modelo que inaugura la 4T, con la promesa de devolver la confianza de los excluidos y combatir la corrupción en la justicia. Como él reivindica, sin elección no habría tenido oportunidad de llegar a la Corte, salvo que López Obrador lo hubiera llevado en su gobierno, y no lo hizo. Quizá porque le había encargado tareas sensibles como las consultas de las obras icónicas de su sexenio, el Tren Maya y el Corredor Transístmico que, paradójicamente la Corte frenó con diversos amparos que ahora él encabezará a partir del 1 de septiembre.

Su origen mixteco y trayectoria en defensa de derechos de pueblos indígenas puede significar una respuesta al ausentismo de la elección por la distancia que la mayoría de la gente percibe hacia la Justicia. El mensaje más potente de las urnas fue la demanda de cercanía con un Poder Judicial visto como oasis para unos cuantos; a los que, en efecto, sirvió como contrapeso hasta deslizar la idea de fungir como oposición a la 4T. Aguilar defiende que el principal llamado de las urnas es “reconciliar” a la justicia con el pueblo, aunque el voto popular tampoco asegura la independencia de juzgadores con ascendencia y deudas políticas o vínculos con poderes económicos y de facto.

Pero más allá de críticas a la reforma y descalificaciones —que él recibe como racistas—, el reconocimiento y veredicto de su entrada a la “casa de la justicia” los darán las víctimas que históricamente permanecen fuera del reducto de minorías que apenas sobrepasarán el 1% de la población donde se concentra el ingreso nacional, no obstante, uno de sus primeros retos será resolver el enorme rezago de asuntos, y además, con un aparto judicial más reducido con la reforma.

Por la nueva Corte hablarán sus fallos, tendrá la mirada atenta de las víctimas y afectados por la injusticia; de los que descreen o no pueden negociar con ella por falta de recursos o de redes políticas. ¿Eso cambiará, o sólo de manos?

El derrumbe de la Corte nadie puede aislarlo del duro choque político con López Obrador, que la acusó de usar sus facultades de control constitucional para dar un golpe blando contra su gobierno, y el profundo desgaste de encuadrarla como último bastión del conservadurismo y el modelo neoliberal de tres décadas desde el sexenio de Zedillo. La oposición frontal de la Corte y su presidenta Norma Piña acabó por politizar y romper la también necesaria colaboración entre Poderes, aunque arguyera actuar como contrapeso.

Una defensa poco creíble si la mayor critica al modelo de la Corte fue servir a élites políticas y económicas, a través de fallos muy controvertidos como el Fobaproa, la guardería ABC, etcétera, aunque también dejó importantes avances en el reconocimiento de derechos humanos y de las mujeres.

¿Terminará la corrupción, nepotismo y la defensa de los poderosos con la salida de esta Corte, como asegura Sheinbaum o el nuevo modelo abrirá mayor control del gobierno sobre el Poder Judicial? Por lo pronto, en septiembre se inicia un viaje hacia la dimensión desconocida de la justicia con la transformación más profunda en décadas.

Astillero

Reforma judicial y tribunal electoral a modo // Nada contra acordeones // Ohuira: dorar la píldora // Se consolidan proyectos tóxicos

Julio Hernández López

La Jornada

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a la cual corresponde la última palabra en todo litigio de esta índole, está claramente dividido en dos segmentos: tres de los cinco magistrados, incluyendo a la presidenta, Mónica Soto, en consonancia con lo que interesa al poder guinda; los otros dos, condenados a perder las votaciones, en la línea opositora, con Reyes Rodríguez Mondragón marcado por afinidades con el calderonismo. Esa segmentación, negociada en su momento por el diputado federal morenista Sergio Gutiérrez Luna (lo cual da contexto al éxito de la sentencia a favor de quien luego fuera conocida como “Dato protegido”, contra una internauta sonorense), garantiza resoluciones favorables a los intereses 4T.

Así sucedió ayer durante una sesión en la que la minoría de dos pretendió echar abajo la reforma judicial, a partir del efecto de distorsión que habrían generado los famosos acordeones en los resultados finales. En sí, era sumamente improbable que se tumbara dicha reforma, que ya se ha asentado social y políticamente. Los alegatos de la mayoría de tres, a veces con maromas jurídicas poco elegantes, y el voto correspondiente, cerraron esa dudosa posibilidad y la transformación judicial ha quedado en firme.

Cada día que pasa sin que el gobierno federal frene la instalación de una planta de amoniaco en la Bahía de Ohuira, en Sinaloa, significa un día más de consolidación de una virtual aprobación de facto, en una desaforada carrera de consolidación física y legaloide del proyecto suizoalemán, con apoyo de gobiernos de Morena de los tres niveles, que estima producir 2 mil toneladas diarias de amoniaco en una zona de biodiversidad ya bajo afectación actual y contra una comunidad de indígenas, pescadores y ciudadanos en general que rechazan esa agresión irreversible a su cultura, medios de subsistencia y derechos humanos.

La atención oficial al caso muestra estancamiento y las faenas de construcción de ese y otros proyectos tóxicos avanzan como si nada, a 10 días de que termine agosto, mes que como plazo se impuso la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, para visitar dicha bahía (promesa que hizo a finales de mayo del año en curso) y a nueve días de que estuvo allá una avanzada de funcionarios que no han vuelto a contactar a los pobladores en resistencia, con quienes se tomaron fotos de circunstancia para dar cuenta del “diálogo” en un boletín de prensa en el que ni siquiera mencionaron el caso de la planta de amoniaco ni del movimiento denominado ¡Aquí No! (https://goo.su/UPnZ1D).

En una crónica sobre la visita de esa avanzada federal, el periodista Luis Fernando Nájera reportó en el semanario sinaloense Ríodoce que el pescador nativo Francisco Gastélum Urías les dijo: “nomás vienen a dorarnos la píldora, pues no. Como sinaloense se los digo, o paran ustedes esa planta de muerte o la paramos nosotros. Ya estamos hasta la madre de esto, que nada más ustedes nos estén chingando. Si ustedes no toman cartas en el asunto, nosotros lo haremos, y no nos vamos a detener”. Y, señala Nájera: “tras aquello, la asistencia explotó y las consignas fueron fuertes y claras en contra del gobierno de Morena, al que acusaron de traidor, vendido, ingrato”.

La científica Diana Escobedo dijo en la citada reunión que los pobladores de la bahía “están peleando contra todo; el gobierno está litigando contra los pueblos, mañosamente se han ido ajustando” y dijo que funcionarios como los visitantes han escuchado a los pobladores, pero “se llevan la información y a la siguiente vez utilizan los argumentos propios en su contra; y peor aún, traen mentiras, como los supuestos estudios que realizaron para autorizar la planta de amoniaco. Estoy harta, asqueada de Semarnat, porque llegaron a decir puras cosas buenas, y ocultan lo malo de la planta de amoniaco” (https://goo.su/C87U3a8).

México SA

Trump: ¿rebelión en la granja? // “Cooperación” obligatoria // Fiscales contra el magnate

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

En Estados Unidos se cocina una rebelión en la granja por las autoritarias cuan amenazantes e ilegales disposiciones de Donald Trump en contra de las entidades federadas de aquel país, y muestra de ello es la más reciente decisión de 20 fiscales generales de ellas, que optaron por demandar al gobierno del hombre naranja por “condicionar indebidamente cientos de millones de dólares destinados a ayudar a las víctimas de crímenes” a cambio de la “cooperación” obligatoria en el control migratorio.

En tan sólo siete meses de estancia en la Casa Blanca, el índice de aceptación interna de Trump ha caído entre propios y extraños, y no pocos se muestran verdaderamente enfadados, por decirlo suave, por las imposiciones de ese personaje en su aún joven segundo mandato. “Las evaluaciones públicas de su desempeño se han vuelto más negativas, y su aprobación se sitúa en 38 por ciento, contra 60 por ciento de desaprobación, y ahora menos estadunidenses le atribuyen varias características personales positivas que durante la campaña”, de acuerdo con una reciente encuesta del Pew Research Center.

La Jornada informó que la decisión de esos 20 fiscales generales “se produjo mientras la Casa Blanca intensificó su ofensiva antinmigrante, tras anunciar que buscará opiniones ‘antiestadunidenses’, incluso en los perfiles de redes sociales, para decidir si una persona tiene derecho o no a vivir en el país”. Exceso tras exceso, “la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, anunció que el nuevo muro fronterizo será pintado de negro para que el sol lo caliente y sea ‘más difícil de escalar’, como lo ordenó Trump, en el contexto de su estrategia para fortalecer la seguridad limítrofe”.

El caso presentado por los fiscales de 20 estados –entre ellos California, Illinois, Nueva Jersey, Nueva York y Rhode Island– “busca impedir que el Departamento de Justicia imponga condiciones que congelen fondos a las entidades que se nieguen a aplicar la política migratoria impulsada por la administración Trump, al afirmar que excede su autoridad constitucional y administrativa”.

Ante tal panorama, el propio Pew Research Center levantó una encuesta y sus resultados son claros: “A medida que la administración Trump intensifica la aplicación de leyes migratorias en todo el país, los estadunidenses ofrecen opiniones mixtas y negativas sobre algunas de sus acciones más destacadas. Por ejemplo, la opinión pública está dividida sobre el uso de las fuerzas de seguridad estatales y locales en los esfuerzos de deportación (50 por ciento lo aprueba y 49 por ciento lo desaprueba) y sobre ofrecer dinero y fondos de viaje a los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos si se van voluntariamente del país (49 por ciento lo aprueba y 50 por ciento lo desaprueba)”.

El citado centro de investigación revela que 60 por ciento de los estadunidenses “desaprueban la suspensión de la mayoría de las solicitudes de asilo (39 por ciento la aprueban), y 59 por ciento desaprueban poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para muchos inmigrantes que llegaron a Estados Unidos escapando de la guerra u otros desastres en su país (39 por ciento lo aprueban)”.

Algo más: 54 por ciento de los encuestados desaprueban el aumento de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en lugares donde pueden estar trabajando personas que no tienen documentos en Estados Unidos (45 por ciento lo aprueban). “El enfoque general de la administración Trump hacia la inmigración se percibe más negativa que positivamente, con 42 por ciento a favor y 47 por ciento en contra. Sin embargo, estas evaluaciones, así como las opiniones sobre políticas específicas, se dividen en gran medida según líneas partidistas: los republicanos apoyan ampliamente la medida y los demócratas se oponen”.

A los encuestados se les solicitó evaluar el impacto económico de la política antimigratoria de la administración Trump: “Los estadunidenses son más propensos a decir que esperan que ellas cuesten dinero a los contribuyentes (53 por ciento) en lugar de ahorrarles dinero (29 por ciento), y un mayor número afirma que estas políticas debilitarán la economía del país (46 por ciento) en lugar de fortalecerla (34 por ciento). Aproximadamente dos de cada 10 (19 por ciento) afirman que no tendrán un gran impacto en la economía. La mitad afirma que la estrategia gubernamental para deportar a inmigrantes es demasiado descuidada”.

Las rebanadas del pastel

El objetivo gringo con su amenaza militarista en contra de Venezuela no es Nicolás Maduro ni el “combate al narcotráfico”. Simple y llanamente es el petróleo.