Lo que dicen los columnistas

Razones

Polvos de aquellos lodos con la DEA

La Presidenta desmintió que hubiera algún proyecto conjunto con la DEA.

Jorge Fernández Menéndez

Excelsior

Si hay algo que nunca ha funcionado eficientemente entre los gobiernos de México con Estados Unidos es la relación con la DEA, la agencia antinarcóticos de la Unión Americana.

Lo sucedido en las últimas horas es la mejor demostración de esa distancia. La DEA anunció el martes en la tarde un operativo conjunto con México, el Proyecto Portero, que busca desmantelar las estructuras que permiten el tránsito y el ingreso de drogas en la frontera. Incluso anunció que ya estaba dando capacitación a agentes mexicanos para llevarlo a cabo.

Pero horas después, en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que hubiera algún proyecto conjunto con la DEA. Habló del convenio de seguridad que debe firmarse con el gobierno estadunidense, pero negó que el proyecto Portero siquiera existiera. Es, por lo menos, extraño que se informe oficialmente de un proyecto de estas características, incluso anunciando actividades de capacitación ya en marcha, y que, por otra parte, se niegue su existencia en forma terminante.

Los desencuentros de México con la DEA son añejos y comenzaron casi desde la fundación de esa agencia. En 1985 fue secuestrado y asesinado del agente Enrique Camarena, junto con su piloto mexicano, Alfredo Zavala. La DEA acusó siempre al entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, y al ahora fallecido secretario de Defensa, Arévalo Gardoqui, de estar involucrados con el crimen, aunque con lo que se ha investigado en estos años no existen pruebas en ese sentido. Habrá que ver si en el próximo juicio a Caro Quintero aparecen.

Existe información en torno al caso Camarena, en la propia investigación que llevó a cabo la corte de San Diego, donde se instruyó el caso, respecto a la participación de otras agencias, como la CIA, en la lucha interna que llevó a la muerte de Camarena en Guadalajara, asesinado por Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca. De acuerdo con el testimonio de Víctor Harrison, que trabajaba para la CIA, pero que fue presentado por la DEA, la agencia de inteligencia habría colocado micrófonos en las oficinas de la DEA en Guadalajara para evitar que las investigaciones descubrieran las relaciones que esa organización habría establecido con narcotraficantes mexicanos, de Honduras y de Colombia, para abastecer de armas a la contra nicaragüense, en el contexto de la fallida operación Irán-Contras.

Cuando asumió Carlos Salinas, al mismo tiempo que George Bush, se hizo una suerte de borrón y cuenta nueva, con el TLC de fondo. México detuvo a Miguel Ángel Félix Gallardo y se desmanteló el Cártel de Guadalajara. Pero fue secuestrado dentro de México y entregado a la DEA en Estados Unidos el médico Carlos Álvarez Machain, acusado de haber participado en la tortura a Camarena, al mismo tiempo que en San Diego fue detenido Rubén Zuno Arce, cuñado del expresidente Luis Echeverría y acusado de ser propietario de la casa donde se torturó a Camarena. Álvarez Machain fue regresado a México, Zuno Arce terminó sus días en una cárcel estadunidense.

En el gobierno de Zedillo estalló el caso Gutiérrez Rebollo, el general que, con el respaldo de la DEA, fue designado zar antidrogas sólo para que la inteligencia militar mexicana descubriera, pocos meses después, que en realidad trabajaba para el cártel de Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos.

Cuando llegó Vicente Fox en el 2000, se revivió la colaboración, pese a la fuga de El Chapo Guzmán de Puente Grande, pero los atentados del 11S y la dubitativa reacción del gobierno mexicano enfriaron toda la relación, mientras que la atención de la Casa Blanca se puso en el terrorismo, no en el narcotráfico y, para colmo, no se renovó la orden ejecutiva de Clinton que prohibía la venta de armas de alto poder en Estados Unidos. Fue justo cuando los cárteles comenzaron su guerra interna (2004, e hizo eclosión tres años después), pero ahora con un armamento que nunca habían tenido, comprado en Estados Unidos

Felipe Calderón trató de reconstruir la relación con la Iniciativa Mérida y fue la más estrecha que se haya tenido, se estableció, paradójicamente, vía Genaro García Luna, y hubo una fuerte presencia de la DEA, incluso con muchos operativos conjuntos. Años después de haber trabajado codo a codo con él, la DEA ordenó detener a García Luna.

Con Peña, la DEA no quería que Miguel Osorio Chong concentrara en Gobernación el tema de seguridad, se mantuvo la relación con la Marina, incluso con operativos conjuntos. Poco antes de que concluyera el gobierno de Peña, el general Salvador Cienfuegos fue condecorado en la Casa Blanca por su apoyo en la lucha contra el narcotráfico por el secretario de Defensa, el general James Mattis. Dos años después fue detenido por la DEA. El general fue liberado con el profundo disgusto de la agencia.

López Obrador ordenó el fin de operativos en México (enmarcado también en la estrategia de abrazos y no balazos) y después impulsó la Ley de Seguridad Nacional para, prácticamente, frenar la presencia de la DEA. No hubo ni siquiera renovación de visas para agentes de la agencia antidrogas. La llegada de Biden encauzó un poco las cosas, pero no demasiado. Dicen que en su primera visita a México, Anne Milgram, la nueva directora de la agencia, se disculpó con el general Luis Cresencio Sandoval por la detención de su antecesor, pero, ante la petición del secretario de la Defensa de que hiciera pública esa disculpa, Milgram dijo que eso no era posible. Y ahí quedaron las cosas. Estos son polvos de aquellos lodos.

Juegos de poder

La culpa es de la familia de AMLO

Los políticos tienden a quejarse de los medios cuando se sienten frustrados por alguna razón. En este caso, el enojo tiene más que ver con otras noticias que opacan la reducción de la pobreza.

Leo Zuckermann

Excelsior

No estoy de acuerdo con la Presidenta cuando se queja de que los medios no le han dado la cobertura que merece a la noticia de la reducción de la pobreza durante el sexenio de López Obrador. Los noticieros y programas de opinión sí le han dedicado espacios importantes a tan importante nota.

Los políticos tienden a quejarse de los medios cuando se sienten frustrados por alguna razón. Creo que, en este caso, el enojo tiene más que ver con otras noticias que opacan la reducción de la pobreza. En particular las relacionadas con la familia de AMLO.

Comienzo con su hijo, Andrés Manuel López Beltrán.

Hace unas semanas nos enteramos de sus vacaciones en Japón, donde se hospedó en uno de los mejores hoteles de Tokio. Esta semana apareció la cuenta que pagó en dicho establecimiento: 177 mil pesos incluyendo una cena por 47 mil pesos. Se trata de un gasto desorbitante para alguien que gana 80 mil pesos mensuales como secretario de Organización de Morena.

¿Con qué dinero paga el hijo de AMLO estos lujos?

Me parece una duda legítima y razonable.

Luego está el otro hijo, el mayor, José Ramón, captado el fin de semana en la Rivera Maya con unas chanclas Gucci que cuestan casi 17 mil pesos. Estamos hablando del mismo vástago que ya había causado una controversia al haber vivido en una casa en Houston propiedad de un proveedor de Pemex cuando su padre era Presidente.

Yo no tengo ningún problema en que use las chanclas que se le antojen. El problema es que los morenistas creen que los políticos y sus familias deben vivir en la medianía juarista o incluso en la pobreza franciscana. Ver al hijo del expresidente en un elegante calzado resulta incongruente ideológicamente.

Allá ellos y sus hipocresías.

Lo que en todo caso importa es de dónde sale el dinero para comprar dichos lujos. Ésa es la pregunta que nos hacemos cuando se trata del hijo de un exmandatario.

Agréguese el caso de la esposa.

Hace meses se filtró la información de que Beatriz Gutiérrez Müller estaba tramitando la nacionalidad española. El asunto causó controversia porque ella había influido en la solicitud que hizo el entonces Presidente a la Corona de España de ofrecer disculpas por la Conquista de México. De aceptarse su trámite, Gutiérrez tendría que jurarle lealtad al actual rey, Felipe VI, jefe del Estado español, país que se negó a pedir perdón, todo lo cual causó un conflicto diplomático entre las dos naciones.

El fin de semana, el periódico español ABC reveló que Gutiérrez y el hijo que tuvo con AMLO, Jesús Ernesto, vivirían en Madrid en uno de los vecindarios más exclusivos de la ciudad.

Esto causó revuelo. Otra vez surgió el tema del dinero: ¿de dónde sacarían los muchos euros que se requieren para residir en Madrid y de esta forma?

La esposa de AMLO negó que ella y/o su hijo estuviesen viviendo en la capital española y calificó el artículo de ABC como parte de una conjura de la derecha en contra de su marido. Por su parte, el periódico respondió: “Nuestra información hablaba de un traslado próximo, no efectivo; en ningún caso decíamos que ya estaba aquí”. Por lo tanto, mantuvieron su información como verdadera.

La Presidenta tuvo que salir al quite asegurando que Gutiérrez vivía en México. Ayer, la escritora Sabina Berman, en El Universal, reveló que se encontró el domingo a la esposa e hijo menor de AMLO en el aeropuerto de Minatitlán. Ambos negaron que se irían a Madrid: “no se van a España ni tienen planeado irse a España; viven y vivirán, hasta donde me dijeron, en México”.

En lo personal, me importa un bledo si Gutiérrez se quiere hacer española. Sí, sería un acto de hipocresía, pero los políticos y sus familias viven permanentemente en esa condición. Allá ella si quiere hacer esto.

Tampoco me parece relevante dónde viva, en España o México, siempre y cuando el dinero que utilice para tal propósito sea legítimo.

Lo cual nos lleva a la pregunta: ¿de qué vive la familia presidencial?

Ella dice que es profesora universitaria. Algún emolumento obtendrá por esta labor. Una buena plaza en una universidad pública podría dejarle unos 50 mil pesos al mes, con lo que se puede vivir como clase media en este país.

Y luego está lo que gana su marido. Recordemos que el propio AMLO canceló las pensiones a los expresidentes Según reveló él, recibiría una pensión del ISSSTE de unos 25 a 30 mil pesos al mes. Algo más obtendrá por las regalías de los libros que escribió.

¿Les alcanza eso para vivir, él en Palenque, ella en la Ciudad de México?

Me parecen dudas razonables y legítimas.

Por lo pronto, el ruido mediático de la familia del expresidente está eclipsando noticias tan importantes como la de la reducción de la pobreza. Es injusto que la Presidenta les eche la culpa a los medios por eso. La culpa la tienen otros.

Los contrapesos en el mundo

Un mundo sin contrapesos necesariamente nos conducirá a la debacle mundial y a la falta de acuerdos necesarios, como ya quedó en evidencia con la reunión Trump-Putin.

Martín Espinosa

Excelsior

Acabamos de ser testigos de cómo algunas de las grandes potencias mundiales se relacionan en estos tiempos inéditos que vive la humanidad para abordar, entre sus dirigentes, los conflictos que actualmente se generan en varias regiones del planeta, como el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto entre Israel y Palestina o la guerra civil en Yemen. Muchos analistas cuestionan la falta de funcionalidad de los desgastados organismos internacionales de mediación, cuya función debiera ser promover la cooperación entre las naciones para abordar los desafíos globales y encontrar soluciones a aquellos problemas comunes que amenazan la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible y la protección a los derechos humanos.

Lo que hemos presenciado, tras la reunión del viernes pasado entre los líderes de Estados Unidos y Rusia en una base militar en Alaska, nos lleva a pensar que un mundo sin contrapesos necesariamente nos conducirá a la debacle mundial y a la falta de acuerdos necesarios para lograr todo lo anterior, como ya quedó en evidencia con la reunión Trump-Putin: luego de tres horas de conversaciones, la esperada cumbre concluyó sin un acuerdo esperanzador, aunque se insista en que hubo “avances”.

Lo que sucede en México, guardadas las proporciones, también es resultado de la falta de diálogo y contrapesos en el ámbito político y público, lo que poco a poco se traducirá en regímenes muy parecidos a los que tuvieron lugar en el siglo pasado y que permitió la permanencia durante 70 años de un partido único, al que costó trabajo desmantelar para dar paso a un incipiente sistema democrático y de mayor competencia partidista, que hoy sufre nuevamente sensibles retrocesos.

Recientemente, el líder del principal partido opositor al movimiento oficialista recorrió varias regiones del mundo para denunciar lo que ocurre en la vida pública del país. Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, estuvo en África, Asia y finalmente “cerró” su gira en Washington, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), para presentar denuncias en contra de varios representantes del oficialismo mexicano.

Independientemente de ser una acción testimonial de gran valía, lo que hay que preguntarnos es qué acciones podrían surgir por parte de los organismos internacionales para evitar lo que sucede en países donde los regímenes autoritarios han socavado las garantías individuales de sus habitantes, ya ni qué decir de sus críticos, donde se prohíbe la divergencia bajo amenazas diversas incluso apropiándose del Poder Judicial, hasta enfrentar las acciones violentas del crimen organizado, como ya vimos que sucedió en Colombia con un político opositor asesinado.

Indudablemente que el respaldo internacional es muy importante. Obviamente las críticas del régimen a dichas acciones no se han hecho esperar; desde la descalificación a las denuncias presentadas hasta el uso de una “falsa soberanía” que nada tiene qué ver con el deterioro democrático que se observa. Ése es el problema del poder absoluto: que corrompe absolutamente.

La pregunta más bien va en el sentido de qué tanto, hoy día, las organizaciones mundiales que velan por la paz, la concordia, la seguridad, el fomento al desarrollo económico y social, así como la protección a los derechos humanos y la promoción de la cooperación internacional en todos sus ámbitos, serán capaces de velar por las garantías del respeto y la preservación de los valores democráticos e institucionales que sean propicios para la mejor convivencia posible, donde todas las voces sean escuchadas y tomadas en cuenta. Al final del día, las sanciones o el “castigo” de la comunidad internacional a los gobiernos autoritarios las termina pagando el pueblo; es decir, los más vulnerables.

Astillero

Sheinbaum: la trinchera de las pruebas // Ante El Mayo y otros declarantes// Estándares probatorios distintos // Norma Piña: fin de una era

Julio Hernández López

La Jornada

La presidenta de México planteó ayer en su mañanera cuatro temas relevantes en el contexto de la delicada relación con el gobierno de Donald Trump: 1, “no al intervencionismo”, reiteró, ante la avanzada militar estadunidense que amaga con ir contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; 2, ¿por qué Estados Unidos negocia con personajes tipificados allá como terroristas, en este caso con Ismael Zambada, El Mayo?; 3, el rechazo a la declaración de la DEA de una operación conjunta denominada Portero, y 4, la exigencia de que haya pruebas de cada acusación derivada del contexto de los jefes del narcotráfico, que pronto declararán a contentillo de autoridades vecinas para aminorar sus penalidades.

Tiene gran interés, en especial, el hecho de que Claudia Sheinbaum Pardo ha decidido advertir que sin pruebas no se moverá el aparato institucional mexicano, ante la alta probabilidad de que en cortes judiciales estadunidenses se produzcan declaraciones y acusaciones de capos contra ciudadanos (¿políticos y gobernantes?) e instituciones de México.

Analícese la forma en que lo planteó Sheinbaum en su conferencia matutina de prensa a pregunta relacionada con El Mayo Zambada y las previsibles negociaciones delatoras que podrían implicar a un amplísimo abanico de personajes, siglas partidistas e instancias gubernamentales:

“Cualquier información que el gobierno de Estados Unidos tenga, con pruebas, para ponerlo en la Fiscalía General de la República, y que nosotros hagamos, o la propia fiscalía haga sus –digo ‘nosotros’ como país–; que la fiscalía haga sus investigaciones y solicite al Poder Judicial una orden de aprehensión: siempre que haya pruebas vamos a colaborar siempre, pero tiene que haber pruebas.”

El primer punto a debatir se refiere al entendimiento que se tenga de esas “pruebas”. El estándar probatorio en México es diferente del de Estados Unidos, al grado que casos notables, como el del jefe policiaco del calderonismo, Genaro García Luna, llegaron a una sentencia condenatoria con testimonios e indicios que el jurado consideró suficientes. Pero, aún sin llegar a esos extremos de diversidad procesal entre ambas naciones, en México puede librarse una orden de aprehensión a partir de pruebas indiciarias, sospechas fundadas e inferencias a partir de datos apropiados e incluso, en un escenario aberrante, expresamente repudiado por instancias internacionales, un acusado puede pasar hasta año y medio en prisión preventiva oficiosa sin que le hayan acreditado prueba alguna, sólo con la acusación hecha por una agencia del Ministerio Público.

La excavación anticipada de la trinchera probatoria da indicios, no pruebas, de que en la administración Sheinbaum están considerando con seriedad, o ya tienen adelantos oficiales, de los posicionamientos declarativos que Estados Unidos prepara a fin de que sean asumidos por los capos “cantantes”. Las quinielas en curso, que no pasan de ser eso, incluyen a personajes destacados de la llamada 4T, tanto en la administración actual como en la anterior, en ámbitos familiares, partidistas, legislativos, de gabinetes y gobiernos estatales.

Pero no hay nada en firme, salvo el hecho de que habrán de declarar en Estados Unidos varios capos, entre ellos Zambada, que es considerado una especie de archivo histórico de las relaciones del cártel de Sinaloa con políticos y gobiernos, y que el gobierno de Sheinbaum se atrinchera en el condicionamiento de que sólo actuará con pruebas.

Y, mientras la ministra Norma Piña decía ayer en su último discurso que “serán la sociedad y la historia misma las que juzgarán a quienes hemos juzgado”, al cerrar la etapa del Poder Judicial Federal que da paso a una inusual integración mediante voto popular, que entrará en funciones el primer día del próximo mes, ¡hasta mañana, con la presidenta Sheinbaum proponiendo para embajador en Italia a Genaro Lozano, académico y ex conductor de programas de televisión!

México SA

Ancira-Lozoya: culebrón eterno // FGR, ¿no quiere o no puede? // Piña, al basurero de la historia

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Transcurridos 12 años de uno de los más descarados fraudes contra de la nación y alrededor de siete desde que se tomaron legalmente cartas en el asunto, el balance en torno a uno de los más sonados casos de corrupción resulta nada atractivo, lo que da puntual cuenta de lo poco efectivos que son los “procuradores de justicia” en el país, más lentos que el progreso: de los involucrados en este enjuague, uno se mantiene cómodamente prófugo en Estados Unidos y otro (se supone) con brazalete electrónico, pero con absoluta libertad de movimiento, mientras los colaterales del ilícito (los entonces integrantes del consejo de administración de Petróleos Mexicanos) siguen tan campantes.

Se trata de la fraudulenta operación de compraventa de Agronitrogenados (enero de 2013), en la que participaron el mafioso prófugo Alonso Ancira Elizondo y, coima de por medio, Emilio Lozoya Austin, mientras los integrantes del consejo de administración de Pemex voltearon a otro lado, lo que es difícil de creer cuando se sabe que en ese momento Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda, pertenecía a dicho cuerpo colegiado (formalmente presidido por Pedro Joaquín Coldwell, a la sazón secretario peñanietista de Energía), es decir el chile de todo los moles en el gobierno de Enrique Peña Nieto que todo sabía y en todo se involucraba.

En este interminable culebrón de ínfima calidad, la Fiscalía General de la República, con la tortuga mayor Gertz Manero a la cabeza, no ha dado una o simplemente no ha querido dar curso legal en contra de los responsables de dicho fraude, los citados Ancira y Lozoya (más los que hasta ahora la han librado) y todo se mantiene a un ritmo digno de envidiar a las más destacada burocracia.

Para abandonar el Reclusorio Norte, en el que fue huésped por alrededor de dos meses, Alonso Ancira firmó un “acuerdo reparatorio” para resarcir al erario 216.6 millones de dólares, de los que sólo pagó 112 millones y después, sin que nadie lo molestara, huyó a Estados Unidos, en donde permanece sin problema alguno. Algo similar ocurrió con Emilio Lozoya, pero logró abandonar ese centro penitenciario a cambio, según la versión oficial, de llevar un brazalete electrónico para su inmediata localización, como en el restaurante de lujo Hunan en las Lomas de Chapultepec.

Pues bien, transcurrido todo ese tiempo y, como pato salvaje (cagada tras cagada), la FGR comandada por la tortuga mayor, apenas la semana pasada anunció que aún no ha “reiniciado el procedimiento” para lograr que Alonso Ancira pague lo que debe o, vía extradición, regrese al Reclusorio Norte y mucho menos que la causa en contra de Emilio Lozoya tenga un final feliz para el país (para el indiciado todo va de maravilla). Ni un pelo ha movido, mientras los culpables gozan de cabal impunidad.

Sirva lo anterior para conocer el más reciente capítulo del culebrón, documentado por La Jornada (César Arellano García): “un tribunal colegiado negó el amparo al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, con el que pretendía que un juez de control con residencia en el Reclusorio Norte analizara y resolviera los argumentos planteados sobre la prescripción de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita que le imputan por el proceso del caso Agronitrogenados”.

El ex funcionario fue acusado por la Fiscalía General de la República de lavado de dinero, cohecho y ejercicio indebido del servicio público, “al haber recibido 3.4 millones de dólares de la empresa Altos Hornos de México, en 2013 (que comandaba Alonso Ancira) para que la petrolera adquiriera con sobreprecio la empresa productora de fertilizantes. Lozoya y Ancira están acusados de lavado de dinero por este caso, el cual actualmente se encuentra congelado” (ídem).

La compraventa fraudulenta, “solamente en el caso de Agronitrogenados, le ha costado a México 760 millones de dólares. En esa operación Lozoya recibió como ‘mordida’ de parte del vendedor Altos Hornos de México una cantidad de al menos 8.4 millones de dólares a través de triangulaciones internacionales de lavado de dinero” (ibidem).

Y en este culebrón eterno queda la duda: a la FGR, con Gertz Manero a la cabeza, no le alcanzan las neuronas para concluir este caso en beneficio del país, o, por el contrario, le sobran para mantener todo en el limbo.

Las rebanadas del pastel

Dice Norma Piña que “será la historia quien juzgue a los ministros salientes (léase el cártel de la toga) a través de sus sentencias”. Pero no tiene de qué preocuparse, porque la sentencia es contundente: ella y sus cómplices ya están depositados en el basurero de la historia.