Columnas Escritas
Lo que dicen los columnistas
Privacidad vs. seguridad: derechos humanos y vigilancia biométrica en México
Debe existir un equilibrio entre la seguridad nacional y el derecho a la privacidad, para vivir en un marco de respeto en el que las personas puedan desarrollarse y cumplir sus anhelos en un ambiente seguro.
Proceso
El 16 de julio de 2025 se reformaron y se emitieron diversas normas relacionadas con la identificación de personas para fines de seguridad pública.
En esas leyes se prevé la creación de varios sistemas de información y bases de datos que serán operados por el gobierno de México para tener acceso a los datos de los ciudadanos con el fin de combatir delitos y proporcionar seguridad a la población. Algunos de esos sistemas son: el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública (SNIS), la Plataforma de Inteligencia a cargo del Consejo Nacional de Inteligencia (antes CISEN), la Plataforma Única de Identidad, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y algunos otros.
Para que esos sistemas operen, la nueva normatividad obliga a los estados y municipios del país y a todas las instituciones y entes públicos, con independencia de que se dediquen o no a la seguridad, a tener organizada y automatizada la información de los ciudadanos que posean en sus dependencias, para permitir el acceso a esas bases de datos y para interconectarlas con los sistemas inteligencia con el fin de que puedan consultarse en tiempo real.
Todas las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno estarán obligadas a compartir y actualizar diariamente la información que generen para permitir la alimentación de sus sistemas con el SNIS. Esos sistemas deberán estar interconectados a través de mecanismos para la consulta directa de la información contenida en los sistemas tecnológicos respectivos.
Además de tener acceso a los registros y bases de datos en posesión de cualquier institución pública, el SNIS podrá solicitar información a los particulares y pedir la interconexión a las bases de datos de cualquier persona física o moral de naturaleza privada, incluyendo a organismos nacionales, internacionales, gobiernos y empresas extranjeras.
Además, el CNI (antes CISEN) podrá acceder irrestricta y directamente a toda la información que tenga la Secretaría de Gobernación mediante la Plataforma Única de Identidad. Esta plataforma interconectará a todas las bases de datos y registros de información de particulares y permitirá la integración de datos biométricos.
Todo lo anterior, en conjunto con las disposiciones que establecen que la Clave Única de Registro de Población con Datos biométricos (CURP Biométrica) deberá ser usada y requerida por cualquier entidad pública o privada que realice trámites de identificación, genera el riesgo de que una cantidad enorme de personas podrá tener acceso a mucha información sensible de los ciudadanos, sin tener la certeza de que se apliquen las medidas de seguridad pertinentes.
Además, las nuevas leyes no son claras respecto de cuáles serán las formalidades y los requisitos para acceder a las bases de datos privadas. En algunas disposiciones sólo se establece la obligación a cargo de entidades privadas de otorgar dicho acceso y en otras se menciona que se deberá cumplir con el previo control judicial.
Es importante recordar que el Estado puede tener acceso a la esfera privada de los individuos para fines de seguridad nacional, pero en casos excepcionales. Debe existir un equilibrio entre la seguridad nacional y el derecho a la privacidad, para vivir en un marco de respeto en el que las personas puedan desarrollarse y cumplir sus anhelos en un ambiente seguro.
Cuando el gobierno tiene la posibilidad de acceder a toda nuestra información y datos personales sin límite alguno, los individuos no tenemos la posibilidad de conocer la forma en que se usa nuestra información. Si el Estado usa los datos que le proporcionamos con fines distintos para los que fueron recabados, sin que tengamos conocimiento de ello y sin haber dado nuestro consentimiento, estamos ante un uso disfuncional de los datos que es contrario a un régimen respetuoso de los derechos humanos.
Antes de emitir cualquier disposición legal que limite derechos fundamentales, en este caso la privacidad y la intimidad de las personas, en aras de proteger otros derechos humanos como la seguridad nacional, el gobierno debió aplicar el principio de proporcionalidad. Este principio es una técnica de interpretación cuyo objetivo es tutelar los derechos fundamentales de la mejor manera, haciendo que todos sean compatibles entre ellos, en la medida en que esto sea posible.
Ese principio de proporcionalidad requiere que la medida sea idónea, es decir que la intervención sea adecuada para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo, y también necesaria, es decir que sea la más benigna con el derecho fundamental intervenido entre todas las intervenciones posibles. Para ello es necesario hacer una comparación de diversas alternativas y un examen de su idoneidad y de la intensidad con la que afectan el derecho fundamental limitado.
Finalmente, el principio de proporcionalidad también se refiere a la optimización de las posibilidades jurídicas. Es aquí donde aplica la “ley de la ponderación” que se puede formular de la siguiente manera: “Cuanto mayor sea el grado de no satisfacción o restricción de uno de los principios, tanto mayor deberá ser el grado de la importancia de la satisfacción del otro”.
En el caso concreto, la creación de una base de datos biométrica enorme y su interconexión con información en poder de entidades públicas y privadas para su consulta en tiempo real, no necesariamente resolverá los temas de seguridad y puede poner en riesgo a la ciudadanía.
Queda la duda de si se realizó un examen de diversas medidas idóneas que pudieran ser alternativas más benignas para el derecho a la privacidad. No hay constancia de que el Congreso de la Unión hubiera explicado cómo el grado de intervención a la privacidad de todos los ciudadanos guarda proporción con el beneficio que esto traería a la seguridad nacional y mucho menos si la medida será efectiva. No fundamenta cómo el conocer y manejar la información de todos los mexicanos hará más eficaz la persecución de los delitos, ni tampoco cómo se traduce esa gran injerencia en un beneficio de la misma magnitud para la seguridad y la paz social. Puede ser que la medida sea incluso contraproducente y onerosa al tener que salvaguardar, supervisar y manejar una cantidad enorme de datos. Esto es esencial, ya que existen estudios que demuestran que, a mayor información general que se obtiene de los ciudadanos, hay menor efectividad en la persecución de los delitos, porque la vigilancia masiva genera una inmensidad de datos y de información que es difícil clasificar y analizar cuando se requiere para una investigación concreta. Es más eficaz una injerencia específica a las comunicaciones de las personas sospechosas relacionadas con un proceso de investigación determinado.
Para asegurar la proporcionalidad de la medida y justificarla, tal y como lo requieren los ordenamientos internacionales, el legislador debió ser mucho más profundo en su ponderación y proporcionar herramientas de equilibrio entre los derechos de seguridad y de privacidad. Si después de una ponderación profunda se justificaran las medidas, sería necesario establecer mecanismos de rendición de cuentas respecto al uso de la información y el cumplimiento de las normas aplicables.
Las leyes referidas son excesivas y contrarias a los tratados internacionales que protegen el derecho de las personas a la vida privada y por lo tanto adolecen de inconstitucionalidad y de inconvencionalidad.
Las nuevas tecnologías son indispensables para prevenir e investigar actos ilícitos con mayor precisión, pero plantean serios cuestionamientos relacionados con la garantía de privacidad en la era digital. Uno de los impactos más importantes es maximizar la figura del Estado como centro de poder aumentando sus capacidades de perseguir, reprimir y castigar delitos, pero a la vez perseguir, reprimir y castigar ideologías, personalidades y razas. El derecho penal debe estar orientado al modelo de “seguridad de los derechos” y no al modelo de “derecho de la seguridad”, respondiendo a una política integral de protección y satisfacción de todos los derechos humanos y fundamentales.
En julio de 2014, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por medio de su alto comisionado para los Derechos Humanos, Navi Pillay, publicó un reporte catalogado como emblemático en relación con la Privacidad en la Era Digital. Dicho reporte establece que la vigilancia masiva por parte del Estado amenaza la libertad de expresión y la libertad de asociación. Tiene recomendaciones muy importantes para los Estados con el fin de que las prácticas de vigilancia que realicen con fines de seguridad sean consistentes con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Menciona, expresamente, que es crucial que los Estados atiendan a las recomendaciones que ahí se establecen y revisen sus leyes en materia de vigilancia para proteger los derechos a la libertad de expresión y a la privacidad en línea. Reconoce que la información sobre las comunicaciones (conocida como “metadatos” o “datos de tráfico”) requiere el mismo nivel de protección que el contenido de la comunicación, ya que estos datos pueden dar información sobre la conducta de un individuo, sus relaciones sociales, sus preferencias privadas y su identidad. Esto es aún más delicado cuando se trata de datos biométricos, porque éstos pueden revelar información sobre la esfera más íntima del individuo.
El documento de la ONU declara que las empresas que proporcionen datos o tecnologías para la vigilancia masiva, en contravención con el derecho internacional, se considerarán cómplices de abusos de derechos humanos. También menciona que las empresas deberán interpretar en una forma muy restrictiva los requerimientos de datos por parte de los Estados y requerir una orden judicial antes de cumplir con los requerimientos gubernamentales. Ahora más que nunca esto es relevante para México, las entidades privadas deberán analizar con detalle cualquier requerimiento porque podrían considerarse copartícipes de una violación sistémica de derechos humanos.
Menciona la ONU que existe evidencia importante de la creciente dependencia de los gobiernos en el sector privado para llevar a cabo y facilitar la vigilancia masiva. Dice que, en todos los continentes, en la medida en que los servicios de telecomunicaciones se desplazan del sector público al sector privado, se da una delegación de responsabilidades estatales utilizando a los intermediarios de internet como brazos ejecutores de la ley bajo la simulación de la “autorregulación” o la “cooperación”. La promulgación de normas y requisitos para que las empresas tengan listos y accesibles los datos (como justamente lo disponen estas nuevas leyes) es una preocupación especial para la ONU porque permite medidas de intrusión de gran alcance.
A partir del reporte citado, la Asamblea General de la ONU emitió una resolución en la que reafirma el derecho a la privacidad establecido en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 17 de la Convención de los Derechos Civiles y Políticos, conforme a los cuales nadie puede ser objeto de interferencia arbitraria o ilegal en su privacidad, familia, hogar o correspondencia. Dicha resolución de la ONU establece que los mismos derechos que las personas tienen fuera de línea, en específico la privacidad, deben también ser protegidos en línea.
La resolución citada convoca a los Estados a lo siguiente:
Respetar y proteger el derecho a la privacidad, incluyendo el contexto de la comunicación digital.
Tomar las medidas para terminar con las violaciones al derecho a la privacidad y establecer las condiciones para prevenirlo, incluyendo que se aseguren que su legislación nacional en la materia cumple con la ley internacional en materia de derechos humanos.
Revisar los procesos, prácticas y legislación con relación a la vigilancia de las comunicaciones y recolección de datos personales para respetar el derecho a la privacidad.
Establecer o mantener los mecanismos necesarios para asegurar la transparencia, mismos que deberán ser autónomos, independientes, efectivos, adecuados, imparciales y con recursos.
Proporcionar a los individuos con medios de defensa efectivos, para defenderse de intromisiones ilegales o arbitrarias.
Para lograr lo anterior debemos tener presente que “privacidad y seguridad son dos caras de una misma moneda, o más bien, la privacidad debería ser entendida como uno de los pilares para construir la seguridad. No se puede aspirar a la seguridad, sino a través de un servicio respetuoso con la privacidad de los usuarios.” Además, la vigilancia masiva interfiere directamente con la privacidad y la seguridad que son necesarias para la libertad de expresión. Debemos luchar por mantener un entorno digital seguro que promueva el acceso a la información. Si las personas creen que su conducta en internet está sujeta a vigilancia, seguramente se verán inhibidas a expresar, compartir o buscar opiniones o información que sean perjudiciales para el poder en turno.
*Doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y maestra en Derecho Comparado por The New York University, en EU.
Arsenal
La cena de Andy y las chanclas de José Ramón
Francisco Garfias
Excelsior
Los hijos de López Obrador no traen 200 pesos en la bolsa ni tienen únicamente un par de zapatos. Nos queda claro que son fifís, pirrurris, machuchones, como su padre llamaba a los juniors. Les gustan los lujos, el dinero y la buena vida.
Nada tendría de malo si no fuera por la doctrina de austeridad republicana que AMLO adoptó como uno de los mandamientos del Movimiento Regeneración Nacional.
Lo que se ha sabido estos días de la vida de Andy, secretario de Organización de Morena, y de José Ramón, que no vive de la política, sería pecado mortal en la religión obradorista.
Nada qué ver con el discurso de la justa medianía de Benito Juárez que tanto utilizó el tabasqueño durante su mandato como eje de su discurso de lucha de clases, versión siglo XXI.
* Andy se fue dos semanas de vacaciones a Japón y se gastó el equivalente a 177 mil pesos mexicanos sólo en hospedaje y consumos dentro del hotel, según facturas exhibidas por Aristegui Noticias. Obviamente, no se hospedó en un hostal ni en un Airbnb. Durmió en el Hotel The Okura, uno de los más caros de Tokio. Se fue de compras a Prada —hay fotos— y en una sola cena en el restaurante Sazanka del mencionado hotel se gastó el equivalente a 47 mil 627 pesos mexicanos, revela el desglose de las facturas.
* Al secretario de Organización de Morena —es el cargo que ocupa— no le gustó que ventilaran sus lujos. En una carta que hizo pública antes de que se dieran a conocer las facturas, Andy se dijo víctima de los “hipócritas conservadores” que mandaron “espías” a fotografiarlo, pero también del “hampa del periodismo” que, aseveró, es equivalente a la mafia en el poder económico y político. Y el toque de cinismo:
“No somos iguales. No somos corruptos. En mi caso, desde niño aprendí, posiblemente antes que otros, que el poder es humildad, que la austeridad es un asunto de principios y que se debe vivir en la justa medianía”. ¿Y entonces? Es pregunta.
José Ramón, el de la Casa Gris en Houston, fue captado por el fotorreportero Jorge García Orozco en la Riviera Maya calzando unas chanclas Mens Thong de Gucci.
Esas sandalias cuestan más de 16 mil 494 pesos, casi dos veces el salario mínimo mensual de un trabajador mexicano.
* A la presidenta Sheinbaum no le gustó que Mary Anastasia O’Grady, columnista en The Wall Street Journal, le recomendara alejarse de AMLO por el tema de Hernán Bermúdez, líder del grupo criminal La Barredora y secretario de Seguridad de Tabasco cuando Adán Augusto gobernaba esa entidad.
O’Grady vaticina que, por esos vínculos, pronto se descubrirá “la supuesta corrupción del expresidente”. Interrogada al respeto, la Presidenta respondió en la mañanera:
“Fíjense qué coraje le tienen al presidente López Obrador las derechas, dentro y fuera del país…
“La Presidenta sólo tiene un dueño, amo, que es el pueblo de México. Y eso fue gracias a la Cuarta Transformación”.
Sheinbaum está molesta porque la prensa crítica no habla de los 13.4 millones de mexicanos que salieron de la pobreza desde que gobierna en México la Cuarta Transformación, según el Inegi. ¿No será porque ya no creen en los otros datos? ¿Porque desaparecieron el Coneval, órgano autónomo que medía la pobreza? ¿O porque AMLO sacó del Inegi a Julio Santaella, un economista independiente, para meter a Graciela Márquez, una incondicional de la 4T que sigue en el cargo? La Presidenta, sin embargo, está convencida de que los medios tradicionales no hablan tampoco de la reducción de 25% en los homicidios en nueve meses; ni de los programas del bienestar, de la atención a los jóvenes, porque “es una elucubración que tiene un objetivo: hacer propaganda en contra nuestra o generar insidias adentro de nuestro movimiento”.
* Hay preocupación en la Coparmex y en el Consejo Nacional Empresarial Turístico por la “alerta” de viaje para México que el 12 de agosto difundió el Departamento de Estado de EU, que menciona “riesgos de terrorismo” en 30 estados de la República. “Esta clasificación no corresponde a la realidad del país y amenaza con dañar gravemente su imagen internacional”, dice un comunicado conjunto dado a conocer ayer.
La preocupación tiene bases. El turismo es un pilar económico: representa 8.6% del PIB nacional (2.5 billones de pesos en 2023), genera 4.9 millones de empleos y más de 99% de los negocios son mipymes. Los patrones consideran indispensable blindar el turismo de percepciones erróneas que afecten su dinamismo. Proponen una campaña internacional de comunicación y relaciones públicas, con mensajes claros y datos verificables, enfocada en los principales mercados (EU, Canadá y Europa).
Pero también el refuerzo de la seguridad en destinos turísticos mediante mayor coordinación institucional, inversión en infraestructura y consolidación del Estado de derecho.
“Defender la imagen de México es defender el turismo, el empleo y el bienestar de millones de familias”, puntualizan.
Juegos de poder
El otro lado de la moneda: el fracaso en salud
Muchos se vieron obligados a comprar directamente de farmacias privadas
Leo Zuckermann
Excelsior
Ayer, en este espacio, hablaba del éxito del gobierno de López Obrador para combatir la pobreza. 15.8 millones de mexicanos dejaron de ser pobres por ingresos durante este sexenio. 13.4 millones si se toman en cuenta otros seis parámetros en lo que se denomina pobreza multidimensional.
Son dos grandes datos que debemos reconocer.
Sin embargo, el reporte de pobreza 2024 publicado por el Inegi también contiene un dato que es el otro lado de la moneda del éxito obtenido.
Un fracaso a todas luces.
Me refiero al pésimo manejo de la política pública relacionada con la salud que dejó a 24.4 millones de mexicanos sin acceso a servicios sanitarios.
Cuando tomó posesión López Obrador como presidente en 2018 había 20.1 millones de personas que carecían de servicios de salud. Al terminar su periodo presidencial, este número se había más que duplicado para alcanzar los 44.5 millones.
Esto se debe a pésimas decisiones que tomó ese gobierno.
Primero, la súbita cancelación del Seguro Popular sin que existiera algo que lo sustituyera de inmediato. El gobierno de AMLO fundó el Instituto de Salud para el Bienestar (Isabi) con el fin de brindar servicios de salud gratuitos a todas las personas que no estuvieran registradas en el IMSS o el ISSSTE. Nunca funcionó y, en 2023, el mismo gobierno decidió cerrarlo.
A partir de ese momento, sus funciones pasaron al IMSS-Bienestar, que sigue en construcción con el actual gobierno.
En todo este errático, tortuoso y burocrático camino, millones de mexicanos se quedaron sin acceso a la salud pública, es decir, tuvieron que utilizar de sus ingresos para curar a sus enfermos.
Segundo, el gobierno de AMLO canceló de un plumazo el sistema de compra de medicinas del sector público sin que existiera, de nuevo, uno que lo sustituyera de inmediato. La consecuencia no se hizo esperar: un desabasto de medicamentos que, hasta el día de hoy, no se ha resuelto.
López Obrador nunca logró solucionar este problema.
En unas de sus típicas ocurrencias ordenó la construcción de una megafarmacia que surtiría a toda la República, como si México fuera un pueblecito que requería una botica. El resultado fue otro fracaso más: la megafarmacia, que costó cuatro mil millones de pesos, surtió un promedio de tres recetas por día.
Desastre tras desastre, ante la falta de medicinas en el sistema público, muchos mexicanos se vieron obligados a comprar directamente de farmacias privadas.
Finalmente, el gobierno de AMLO les apostó a las transferencias directas en efectivo, como la política pública central para el combate a la pobreza. En este sentido, mantuvo bajo el gasto público en la salud. La Organización Mundial de la Salud sugiere destinar, al menos, un 6% del PIB a la salud. Este gasto público en México osciló entre 2.5% y 2.9% al año en el sexenio de López Obrador.
Con poco dinero, ocurrencias y errores catastróficos, no sorprende que 24.4 millones de mexicanos se hayan quedado sin acceso a servicios de salud.
Y aquí viene lo peor de todo.
Lejos de reconocer el problema, el entonces presidente optó por burlarse de todos.
Conforme pasaba el sexenio y se hacía evidente el fracaso, López Obrador insistía en sus mofas como si el asunto fuera divertido.
Primero prometió que el sistema de salud pública sería mejor que el de Canadá. Luego se fue más lejos y mencionó que superaría al de Dinamarca, uno de los más destacados del planeta. Ya encarrerado, se voló la barda: el mexicano sería el mejor del mundo mundial.
Mientras los hospitales públicos se caían en pedazos, los emblemáticos institutos nacionales de salud (cardiología, cancerología, nutrición, etcétera) hacían milagros para sobrevivir o los padres de niños con cáncer se manifestaban por la falta de medicinas para sus hijos, el presidente veía la construcción de un mundo exactamente opuesto.
Entre más le reclamaban, más se burlaba, al punto que lo de Dinamarca se convirtió en uno de los chistes recurrentes del sexenio.
A la presidenta Sheinbaum, que por fortuna no es propensa a bromear con asuntos serios, le toca corregir esta situación abismal. Es urgente reparar el sistema de abastecimiento de medicinas y hacer que el IMSS-Bienestar, efectivamente, atienda a la población que no tiene seguridad social o un seguro privado. Son 34.2% de la población nacional: 44.5 millones de mexicanos.
Astillero
El ABC del desmentido // Gutiérrez Müller responde // Opción: demandar // Segalmex: licencia para robar
Julio Hernández López
La Jornada
Sin rigor periodístico, valiéndose solamente de los rumores y especulaciones difundidos en algunos medios mexicanos y de algunas pinceladas inmobiliarias genéricas, el diario español ABC, franquista y monarquista, publicó, cual si lo tuviera confirmado, que Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo Jesús Ernesto vivirían en Madrid, en específico en la superlujosa zona llamada La Moraleja, con el joven López Gutiérrez como estudiante en una universidad española.
La presunta confirmación por parte de un medio que, a nombre de la muy activa ultraderecha, forma parte del principal escaparate periodístico hispano, generó inmediatas notas informativas, con la fuente adecuadamente citada. Semanas atrás había circulado la versión de que la escritora poblana había hecho trámites en la embajada de España en México en busca de la nacionalidad de ese reino.
Hubo, además, comentaristas, conductores de programas y prensa en México que emitieron duras opiniones por la presunta incongruencia viajera de Gutiérrez Müller, a quien han atribuido especial influencia en la decisión del presidente López Obrador de exigir, con la vista histórica puesta en los agravios y abusos sufridos por México durante la Conquista y la Colonia, “que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan”.
Ayer, Gutiérrez Müller publicó en las redes sociales un texto en el que aseguró que no se ha ido a vivir a Madrid ni a ningún otro lado. Expresó estar enamorada de su hijo y de su esposo, Andrés Manuel López Obrador, a quien dijo haber visitado el reciente fin de semana en Palenque; criticó a los “calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta” y atribuyó el golpeteo recibido a las ansias de venganza contra “ya saben quién”, con cuyas políticas y logros se mostró plenamente solidaria.
Por su parte, la dramaturga y comunicadora Sabina Berman publicó un texto en el que narra que coincidió en un aeropuerto con Gutiérrez Müller y su hijo y, luego de platicar con ellos, quedó claro que todo fue un invento, no se mudarán a España, seguirán viviendo en la Ciudad de México y Jesús Ernesto estudiará en una universidad de la capital del país, con el propósito de ser diplomático.
Ahora, el camino para el derechista diario ABC pasa por el reconocimiento de su error (aunque ayer los autores de la nota desmentida “sostuvieron” de palabra la veracidad de su trabajo) y la presentación de disculpas. Incluso, luego de que el productor Epigmenio Ibarra publicó en X que varios periodistas opinantes en seguimiento de la falsa noticia deberían disculparse, Gutiérrez Müller respondió: “pues yo creo que hay que esperar sentados porque así como avientan la piedra, esconden la mano… Una buena: entrará en funciones el nuevo Poder Judicial y está la opción real de denunciarlos y que se haga justicia”.
Los periodistas Zedryk Raziel y Georgina Zerega han publicado con Grijalbo el libro de investigación Licencia para robar, referido al escandaloso fraude cometido durante la administración federal en el organismo denominado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), ya convenientemente desaparecido.
En entrevista, aseguraron que a pesar de la aparente intención de frenar el saqueo del erario en el segundo trienio del presidente López Obrador, “no fue así”, pues aparte de la protección a Ignacio Ovalle Fernández se envió como relevo a Leonel Cota, ex gobernador de Baja California Sur y ex presidente del PRD, promovido por AMLO, quien mantuvo las irregularidades, a pesar de lo cual fue designado por la presidenta Sheinbaum como subsecretario de Agricultura. Actualmente, señalaron, el grupo de empresas beneficiadas con Segalmex “siguen obteniendo contratos” desde la sucedánea Alimentación para el Bienestar (https://goo.su/ziMjX5).
México SA
Funciona la estrategia fiscal // Recaudación se fortalece // Marcador favorable a Putin
Carlos Fernández-Vega
La Jornada
Desde hace casi siete años, el panorama fiscal en México muestra mejoría y de ello da cuenta no sólo el más reciente informe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), sino la flamante estadística divulgada por la Comisión Económica para América latina y el Caribe (Cepal), que abarca el periodo 1990-2023, aunque su reporte lo fecha en 2025.
El SAT reportó que entre enero y julio del presente año, los ingresos tributarios ascendieron a 3 billones 279 mil millones de pesos, un monto 7.2 por ciento superior, en términos reales (es decir, ya descontado el efecto inflacionario) si se compara con igual periodo de 2024, de tal suerte que se ha superado lo programado por la Ley de Ingresos de la Federación 2025, “con un cumplimiento de 102.7 por ciento” de la meta establecida.
La Cepal va más allá y documenta que en el caso mexicano “los impuestos sobre la renta y las ganancias fueron los que más contribuyeron al aumento de la recaudación tributaria total como proporción del producto interno bruto (PIB), seguidos de la recaudación del IVA” y ello, en buena medida es consecuencia de la cancelación, a partir del sexenio anterior, de privilegios fiscales que durante décadas gozaron los grandes corporativos privados.
Por ejemplo, detalla la Cepal, entre 2018 y 2023 el total de ingresos tributarios en México se incrementó 48.5 por ciento en el periodo, y los correspondientes al impuesto sobre la renta, las utilidades y las ganancias de capital aumentaron cerca de 51. Aún hay rezagos en este renglón, como en el caso del evasor Ricardo Salinas Pliego, cuyos adeudos fiscales suman alrededor de 74 mil millones de pesos.
En cuanto al panorama latinoamericano y caribeño, la Cepal señala que en el periodo de referencia la recaudación tributaria como proporción del PIB osciló entre 11.6 por ciento de Guyana y 32 de Brasil. Tres cuartas partes de los países de la región registraron coeficientes tributarios inferiores a 25 por ciento del producto interno bruto, mientras más de tres cuartas partes de los países de la OCDE presentaron coeficientes superiores a este nivel.
En la región, la recaudación tributaria como proporción del PIB disminuyó en más de la mitad de los países de la región entre 2022 y 2023. Durante los dos ejercicios anteriores, la recaudación aumentó en la mayoría. Los mayores descensos en la recaudación tributaria como proporción del PIB se observaron en Chile y Perú, impulsados por caídas de 3.2 y 1.2 puntos porcentuales, respectivamente, en la recaudación del impuesto sobre la renta.
En términos generales, señala la Cepal, la recaudación del impuesto sobre la renta descendió 0.1 por ciento en promedio en toda la región durante 2023, tras un incremento de 0.6 en 2022, año en el que un fuerte aumento de los ingresos por hidrocarburos disparó las sumas percibidas en concepto de impuesto de sociedades. Al mismo tiempo, la recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas aumentó 0.1 en 2023, mientras la recaudación del IVA y de otros impuestos al consumo fue estable entre 2022 y 2023.
Las tendencias tributarias variaron considerablemente entre las diferentes sub- regiones, poniendo de manifiesto presiones económicas singulares y cambios en los precios de las materias primas. La recaudación tributaria como porcentaje del PIB descendió con fuerza en la subregión de América del Sur, la más afectada por el descenso de los precios de los recursos naturales no renovables y experimentó la desaceleración económica más pronunciada en 2023. Sin embargo, América del Sur siguió registrando el nivel más alto de recaudación tributaria como proporción del producto interno bruto.
Si se observa un periodo histórico más amplio, anota la Cepal, el promedio de la recaudación tributaria como proporción del PIB de la región aumentó 6.7 puntos porcentuales entre 1990 y 2023 debido principalmente a un incremento en los ingresos por IVA y los impuestos sobre la renta y ganancias. La diferencia entre los promedios de la recaudación tributaria como proporción del PIB de América Latina y el Caribe y de la OCDE se redujo en ese periodo.
Las rebanadas del pastel
En la inconclusa competencia entre Putin-Trump, hasta ahora el líder ruso gana al gringo por goliza, mientras el títere Zelensky, de la mano de las marionetas europeas, ya no siente lo duro, sino lo tupido. En Bolivia, los caprichosos Evo Morales y Luis Arce, de todas, perdieron todas; aferrados, no entendieron que división es igual a derrota y echaron por el caño dos décadas de gobiernos populares.