Columnas Escritas
Lo que dicen los columnistas
Representación proporcional: ¿Qué es eso?
Nació como una válvula de escape en tiempos de partido dominante. Se convirtió en garantía de pluralidad.
Proceso
La representación proporcional (RP) ha sido uno de los mecanismos más discutidos en la historia electoral de México. Surgió en un contexto de hegemonía política. Nació como una válvula de escape en tiempos de partido dominante. Se convirtió en garantía de pluralidad.
Hoy se discute reducirla. La Cámara de Diputados sufrirá seguramente una recomposición. El Senado volvería a tres por estado: dos para el ganador y uno para la primera minoría. Esa es la idea de Morena, al menos.
El debate es intenso. Para algunos es un ajuste natural. Para otros, es un golpe a la pluralidad. Se acusa de retroceso democrático. Veamos.
Primero. La Cámara tiene hoy 500 diputados. Trescientos de mayoría. Doscientos de lista. La reforma reduciría el número de diputados, especialmente los de RP, sin desaparecerlos por completo.
En 1977, la RP fue crucial. El partido hegemónico se llevaba prácticamente todos los distritos. La oposición quedaba fuera. Aunque lograra millones de votos, no obtenía representación. La RP abrió el espacio. Dio oxígeno al Congreso. Fue el inicio de la transición democrática.
Pero cuatro décadas después, el país cambió. Hoy ningún partido gana todo. Hoy la oposición tiene fuerza real. Gobierna estados, alcaldías, congresos locales. El pluralismo está vivo.
Entonces, ¿para qué 200 pluris? ¿Qué sentido tiene mantener curules de lista que nunca pasaron por campaña? ¿Qué legitimidad tienen legisladores que jamás pidieron el voto? Reducirlos no borra la diversidad. La fortalece.
Porque obliga a competir. Obliga a salir a la calle. Obliga a que cada partido busque votos en territorio. Diputados de escritorio se deben acabar. Diputados invisibles ya no. Diputados con respaldo ciudadano, sí. Que le deban el cargo al votante para que rindan cuentas. No al dirigente que lo incluyó en una lista bajo acuerdos cupulares.
¿Es regresivo que quienes aspiran a representar a los electores hagan campaña y convenzan? ¿O lo regresivo es que alguien llegue al Congreso porque su partido lo colocó en una lista ajena a la transparencia y al voto ciudadano?
¿Esta reforma le conviene hoy a Morena? Sí. Pero es coyuntural. La 4T no tiene escriturado el voto de una vez y para siempre. Mañana puede, con toda legitimidad, ser otra fuerza política la que se beneficie. Esta fórmula permitirá que quien gane traduzca su programa en gobierno. Sin chantajes. Sin extorsiones. Con respaldo claro de la mayoría.
Lo democrático es el contacto directo. La persuasión real. El voto emitido por ciudadanos. Mantener listas infladas es un privilegio. Reducirlas es exigir autenticidad.
Segundo. El Senado hoy tiene cuatro escaños por estado. Dos para la fórmula ganadora. Uno para la primera minoría. Y uno más por representación proporcional. Ese último es el problema.
En sus orígenes, el Senado tenía solo dos escaños. Ambos para la mayoría. La oposición quedaba fuera. La reforma de los noventa corrigió: se agregó un tercero para la primera minoría. Con eso se equilibró.
Pero en 2014 se agregó un cuarto. Un escaño plurinominal nacional. Una distorsión. No representaba a los estados. Representaba a partidos con votos marginales. Sin arraigo local. Sin legitimidad territorial.
La reforma actual busca corregir. Se busca regresar a tres senadores por estado. Dos para el ganador. Uno para el perdedor más votado. Ese tercer escaño seguirá siendo opositor. Pero ya no será un regalo. Será producto de votos.
¿Lo democrático es que sea el partido el que decida en privado quién es senador? ¿O lo democrático es que el opositor tenga detrás el respaldo de ciudadanos que lo apoyaron en campaña?
El cambio no elimina a la oposición. La fortalece. Porque la vuelve más auténtica. El tercer escaño no será de lista. Será de votos. Será de ciudadanos.
Además, este esquema da claridad. El votante sabe qué pasa con su sufragio. El que gana obtiene dos. El que pierde, pero convence más que otros, obtiene uno. Simple. Directo. Sin fórmulas oscuras.
Con ello, el Senado recupera su sentido original. Una cámara de representación territorial, no un espacio de cuotas. Tres escaños claros. Tres escaños entendibles. Tres escaños legítimos.
Tercero. Los críticos dicen: el ahorro económico será pequeño. Y es cierto. Pero el mensaje es fuerte. Menos pluris significa menos privilegios. Menos partidos de membrete. Menos curules de regalo.
¿Habrá sanciones internacionales? No. ¿Se caerá el peso? No. ¿Se frenará la inversión extranjera? Tampoco. Ningún tratado habla de plurinominales. Ningún mercado se mueve por listas. La ONU no condena fórmulas electorales.
El efecto real será interno. Más competencia. Más campañas. Más contacto con los electores. Más ciudadanos decidiendo.
¿Dónde está la regresión? ¿En pedir que los legisladores tengan votos reales? ¿O en mantener a quienes llegan al Congreso sin respaldo ciudadano?
El sentido común es claro: no habrá movilizaciones masivas. La mayoría de la población no conoce la RP. Ni la entiende. Ni la quiere entender. El tema no despierta pasiones. Lo hace la inseguridad, el costo de la vida y otros. Los entienden porque los viven y lo sufren a diario. La movilización quedará en élites.
El cambio no sacudirá la economía. No romperá la estabilidad. No aislará a México. Lo que sí hará es sacudir a los partidos. Forzarlos a competir. Obligar a salir de la comodidad de las listas.
La política será más intensa. Más directa. Más confrontativa, sí. Pero también más auténtica. Menos privilegios. Más votos. Y aquí hay un dato que suele olvidarse: nuestros principales socios, Estados Unidos y Canadá, no tienen RP. Todos, sin excepción, deben buscar y ganar el voto para ser legisladores. Si allá no es retroceso, ¿por qué aquí sí?
Menos plurinominales no significa menos democracia.
Significa más votos. Más competencia. Más representantes auténticos. Lo regresivo es el privilegio. Lo progresivo es la exigencia. Lo regresivo es la comodidad de las listas. Lo progresivo es la legitimidad de los votos. La democracia no se debilita cuando se exige más. Se debilita cuando se regalan espacios. Este cambio no resta pluralidad. Le da fuerza. Le da verdad. Le da autenticidad. Eso no es retroceso. Eso es avanzar.
Juegos de poder
El reto de seguir combatiendo la pobreza
13.4 millones de compatriotas dejaron de ser pobres
Leo Zuckermann
Excelsior
No se puede ni debe menospreciar el logro del gobierno de López Obrador al haber reducido la pobreza en México.
Es una buena noticia para el país que la llamada “Cuarta Transformación” va a presumir hasta el cansancio. Los resultados obtenidos legitiman su discurso progresista de lucha a favor de la justicia social.
Pero, además, los que no comulgamos ideológicamente con la 4T debemos reconocer lo logrado con el fin de aprender que sí se puede combatir la pobreza con ciertas políticas públicas. La pregunta hacia adelante es si es posible sostenerlas con el fin de seguir abatiendo la pobreza.
El estudio sobre la situación de la pobreza en 2024, publicado por el Inegi la semana pasada, contiene muchos elementos interesantes sobre este fenómeno. Yo destacaría tres que me parecen fundamentales.
Primero, en 2018, cuando López Obrador tomó posesión como presidente, había 61.8 millones de mexicanos pobres por ingreso, es decir, el dinero que les entraba mensualmente no les alcanzaba para adquirir los bienes y servicios que satisfacen las necesidades básicas de un hogar (alimentación, vivienda, educación y salud). Representaban el 49.9% de la población nacional.
Al terminar el sexenio de AMLO, este número de pobres por ingresos había caído a 46 millones de mexicanos, el 35.4% de la población. Es decir, 15.8 millones de personas dejaron la situación de pobreza por ingresos. Es un gran dato.
Tomando en cuenta que la economía del país cayó en 1% en términos de Producto Interno Bruto per cápita durante el sexenio anterior, podemos afirmar que la economía mexicana se estancó durante ese periodo, no creció en ingreso per cápita, pero sí crecieron los ingresos de la población más pobre del país. En medio del estancamiento, el ingreso se redistribuyó.
Del estudio del Inegi sobre la pobreza y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, presentada hace unas semanas por la misma institución, se desprende que alrededor de 70% del aumento que tuvieron las personas con menores ingresos se explica por el incremento que tuvo el salario mínimo durante el sexenio de AMLO.
En este sentido, fue una política pública exitosa que en gran parte explica por qué se pudo redistribuir el ingreso.
Y aquí viene el primer reto hacia adelante.
El salario mínimo estaba tan deprimido en México, que pocos trabajadores ganaban eso. El gobierno pudo decretar su aumento sin causar inflación. Sin embargo, seguir aumentando este indicador será cada vez más difícil sin que exista un incremento de precios. Ahora ya hay muchos más trabajadores que ganan eso.
Digamos que López Obrador tuvo un margen muy cómodo para subir el salario mínimo, margen que se ha estrechado para Sheinbaum. Sobre todo, si la economía sigue sin crecer y, por tanto, sin generar más empleos. Los ingresos de los trabajadores podrían aumentar más en la medida en que haya una mayor demanda laboral. Si, en cambio, ésta se encuentra estancada o incluso a la baja, será más difícil que le pueda llegar más ingreso al factor laboral de la producción.
Segundo dato que vale la pena mencionar del estudio de pobreza del Inegi. En México, la pobreza no sólo se mide por ingresos, sino por seis carencias que puede tener la población. A saber: 1. rezago educativo, 2. acceso a los servicios de salud, 3. acceso a la seguridad social, 4. calidad y espacios de la vivienda, 5. servicios básicos en la vivienda y 6. acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.
En esta medición multidimensional de la pobreza, tomando en cuenta ingresos y los seis factores, en 2018 había 51.9 millones de mexicanos en esta situación. Para 2024, el número había bajado a 38.5 millones. Estamos hablando de que 13.4 millones de compatriotas dejaron de ser pobres bajo estos parámetros que son, en mi opinión, más exactos.
De acuerdo con el Inegi, en cinco de las seis carencias mejoraron los indicadores. Más mexicanos tuvieron acceso a servicios educativos, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación. Enhorabuena, aunque tengo severas dudas en el tema de la educación. A lo mejor hubo un mayor acceso, más no necesariamente una mejoría en la calidad de la enseñanza según demuestran otras estadísticas.
Hay un tercer dato que quisiera destacar. De las seis carencias, sólo una empeoró durante el sexenio pasado: el acceso a los servicios de salud. Es, me parece, el prietito en el arroz del reporte del Inegi, del cual hablaré mañana en este espacio por el desafío que implica para el gobierno actual.
Violencia criminal y desaparición en México
Mario Luis Fuentes
Excelsior
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas ofrece una cifra que estremece: 132,605 personas permanecen ausentes en México, en un periodo que abarca de diciembre de 1952 al 17 de agosto de 2025. El registro oficial también da cuenta de 240,340 personas que fueron localizadas, de las cuales 19,236 fueron halladas sin vida.
A la par de estas cifras, múltiples reportes de prensa documentan que cientos de personas habrían sido disueltas en ácido o incineradas en hornos clandestinos y hornos de ladrilleras, prácticas que buscan no sólo desaparecer a la persona, sino aniquilar su materialidad, borrar el rastro físico de la existencia. Estas formas radicales de violencia hacen pensar en una modalidad extrema de eliminación de seres humanos que desafía las categorías tradicionales con las que la filosofía y la sociología de la violencia han intentado nombrar el mal.
El término exterminio suele asociarse con procesos de genocidio o políticas de aniquilación sistemática promovidas por un Estado, como ocurrió en los totalitarismos del siglo XX. Allí había un componente étnico, religioso o político que definía al grupo destinatario del exterminio. En México, en cambio, no existe una política estatal explícita orientada a ello, ni un criterio homogéneo de selección de las víctimas. Sin embargo, el hecho de que cárteles criminales practiquen la disolución en ácido o la cremación clandestina revela que la intención no se limita a matar, sino a eliminar la huella, a impedir que el cuerpo mismo pueda testimoniar lo ocurrido. Se trata de un acto de poder absoluto sobre la vida y sobre la memoria.
Esto nos enfrenta a una pregunta perturbadora: ¿puede hablarse de exterminio cuando no hay un Estado detrás, sino actores criminales que buscan imponer un orden de terror? Si bien no cabe dentro de la categoría clásica, sí estamos frente a un exterminio fragmentario, no institucionalizado, pero sí funcional, que cumple la misma lógica: infundir miedo, disciplinar a comunidades enteras y borrar a las personas de la faz de la tierra.
En términos sociológicos, estas prácticas constituyen un dispositivo de terror. No buscan únicamente “castigar a enemigos” o a quienes se resisten a colaborar; buscan, ante todo, enviar un mensaje colectivo: cualquiera puede ser reducido a cenizas, cualquiera puede ser borrado hasta lo irreconocible. El efecto es tanto físico como simbólico.
En este sentido, se puede recurrir a categorías, como las de necropolítica, que explican cómo ciertos poderes deciden quién merece vivir y quién debe morir. Pero aquí la necropolítica se desplaza del Estado a los grupos criminales, que se arrogan el derecho soberano de administrar la vida y la muerte en amplios territorios.
El fenómeno mexicano va más allá de la desaparición en su sentido jurídico. La desaparición forzada, definida como la privación de la libertad con participación directa o aquiescencia del Estado, no cubre completamente estas prácticas donde la intención no es sólo ocultar a la persona, sino aniquilarla ontológicamente.
Podría, quizás entonces, pensarse en una categoría intermedia: aniquilación clandestina. Este concepto permitiría capturar la intención de borrar no sólo a la persona, sino su inscripción en la memoria social. A diferencia del genocidio, no hay un criterio identitario; y a diferencia del homicidio común, no se trata sólo de causar la muerte, sino de destruir el cuerpo como soporte de la verdad y de la memoria.
El problema se agrava porque, aunque no exista una política de Estado que lo fomente, sí hay un vacío estructural del Estado que lo permite. Aquí la categoría de violencia estructural resulta clave: el Estado, al no garantizar el derecho a la vida, produce indirectamente las condiciones para que este exterminio fragmentario prospere.
Estamos ante un desafío ético de primer orden: nombrar lo innombrable para impedir que se normalice. Si no encontramos las categorías adecuadas para nombrarlo, corremos el riesgo de seguir llamándolo simplemente “delito”, cuando en realidad estamos ante una forma radical de violencia que pone en juego la dignidad humana y el sentido mismo de comunidad.
Astillero
4T: lecciones desde Bolivia // Fin a 20 años de izquierda // Divisiones y errores // Milei al estilo Calderón
Julio Hernández López
La Jornada
Desde Bolivia llegan lecturas políticas necesarias para la corriente electoral de centroizquierda que va en México en su segundo periodo presidencial. Veinte años en el poder del Movimiento al Socialismo llegan a su fin y dan paso a una derecha explícita o a una sorpresiva carta demócratacristiana.
La división entre el presidente en turno, Luis Arce, y el ex presidente indigenista Evo Morales (quien promovió el voto nulo) llevó al MAS a una participación electoral marginal, deshonrosa, aunada a los malos resultados de la administración del propio Arce. La sorpresa no fue el desalojo del poder de esa maltrecha izquierda, sino la colocación como puntero del senador Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano), hijo del ex presidente Jaime Paz Zamora. En segundo lugar, según los datos disponibles a la hora de cerrar esta columna, quedaría Jorge Quiroga, conocido como Tuto, quien fue mandatario de Bolivia durante un año, al solicitar licencia en 2001 el entonces titular, Hugo Banzer.
Así como en Argentina los continuos y desatendidos problemas internos del progresismo, y su reflejo en el mal gobernar, la corrupción y el infundado triunfalismo abrieron paso a opciones llegadas al ridículo como la de Javier Milei, en Bolivia ha sido de antología el esfuerzo de los líderes del MAS para obstruir la continuidad de un fatigoso y disparejo esfuerzo de cambio estructural y dar pie al arribo de alternativas al servicio de las élites, con la vista puesta en la fuerte disminución de apoyos sociales, la privatización de cuanto sea posible y la entrega de recursos naturales (litio, entre ellos) al extranjero.
En México, la llamada Cuarta Transformación debería tomar nota clara de lo sucedido en Bolivia. No debería permitir la normalización de la corrupción, el oportunismo, la demagogia, las cuentas trucadas, la censura a ciudadanos, la soberbia de la nueva clase política dominante, la pretensión de una dualidad en el máximo poder y el neoliberalismo disfrazado de polos de desarrollo, entre otros puntos candentes.
A propósito de Argentina: la vestimenta militar resulta irresistible para algunos personajes, como Felipe Calderón Hinojosa, que el 3 de enero de 2007 apareció en Apatzingán con gorra y casaca verde olivo (ésta, sumamente holgada y con persistencia caricatural hasta la fecha) para impulsar presencialmente la “guerra contra el narcotráfico” que había declarado el 10 de diciembre de 2006 al enviar al Ejército a la Operación Conjunta Michoacán e iniciar el largo camino oscuro en el que aún sobrevive la nación, aun con cambio de siglas y políticos en el poder.
Calderón buscaba un motivo de distracción nacional respecto a las fuertes acusaciones de fraude electoral y, a la vez, engancharse, como mecanismo de protección subordinada, a las políticas de control de Washington relacionadas con los cárteles no estadunidenses. El entonces gobernador, Lázaro Cárdenas Batel, habría pedido ayuda a Calderón, según ha asegurado éste, ante el desbordado poder de La familia michoacana (uno de los capos de este grupo, Servando Gómez Martínez, apodado La Tuta, ahora en poder de Estados Unidos, fue señalado en tratos políticos y económicos con Luisa María Calderón, Cocoa, sobre todo durante su campaña panista por el gobierno de esa entidad).
Pues bien, Javier Milei, la estrambótica figura que preside Argentina, ha aparecido en Buenos Aires con uniforme militar. Se ha camuflado durante un desayuno oficial con el Regimiento de Granaderos a Caballo, en compañía de su aún ministro de Defensa, Luis Petri, quien la víspera había sido confirmado como candidato a diputado. Siempre desequilibrado, el estrafalario libertario que proclama con estridencia una guerra contra el Estado, decidió aparecer con indumentaria castrense cuando él está arreciando en Argentina el uso de la fuerza contra las crecientes protestas por las políticas económicas de asfixia y recorte a las clases populares y beneficios a las élites locales y extranjeras.
México SA
Menor nivel de pobreza en 40 años // ¿Qué fue del “nuevo balance moral”? // Ataque hepático y corifeos cómplices
Carlos Fernández-Vega
La Jornada
Entre la autodenominada oposición, el informe sobre la sustancial reducción de la pobreza en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador provocó un severísimo ataque hepático, que la ha llevado a utilizar todo tipo de pretextos y un cúmulo de sandeces en su intento por invalidar un hecho concreto: en esos seis años 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza.
Sobran los corifeos de la oposición que, a raíz de tal informe, cínicamente se empeñan en decir que el aumento al salario mínimo “inició” en el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿En serio? La estadística oficial (Inegi) revela que en ese sexenio el aumento nominal acumulado del mini ingreso fue de 40 por ciento, con una inflación de 27.87, es decir, ese “incremento” ni lejanamente fue “el inicio” de la “recuperación”. De hecho, fue más de lo mismo, porque no hay que olvidar que una de las principales políticas públicas del régimen neoliberal fue la brutal “contención” del salario de los trabajadores.
Algo más: del sexenio de Vicente Fox al de Peña Nieto, el “crecimiento” nominal acumulado del salario mínimo fue de 132 por ciento, con una inflación de 114, lo que en términos reales quiere decir que el “avance” se tradujo en migajas para el ingreso de los trabajadores.
Con López Obrador, el aumento nominal acumulado al salario mínimo fue de 182 por ciento, con inflación de 34, de tal suerte que el incremento fue real y decisivo para que millones de mexicanos salieran de la pobreza. Además, en 2019 creó el salario mínimo para la zona de la frontera norte que pasó de 176.72 pesos diarios en ese año a 374.89 al cierre sexenal (avance de poco más de 112 por ciento).
Y para el primer año del nuevo gobierno, el mini ingreso general aumentó a 278.80 y a 419.88 en la zona de la frontera norte, de tal suerte que el incremento nominal desde López Obrador a la fecha acumula un avance de 215.5 por ciento, con una inflación en el periodo (hasta julio pasado) de 36.65, de tal suerte que aquello que la “recuperación” del salario mínimo “inició” con Peña Nieto no sólo es una tomadura de pelo, sino una total mentira, por muchas ganas que le echen los corifeos.
Ayer, en gira de trabajo por el estado de México, la presidenta Sheinbaum subrayó que “la pobreza en el país está en su nivel más bajo de los últimos 40 años; en ese periodo no había disminuido realmente la pobreza; al contrario, se incrementó y ahora este resultado muestra que el porcentaje de la población en situación de pobreza es el menor en las últimas cuatro décadas. ¿Qué fue lo que ocurrió en estos seis años en el país? Pues cambió el modelo de desarrollo, que se centró en el aumento histórico del salario mínimo, sin provocar inflación, y elevó el salario medio del Instituto Mexicano del Seguro Social a su máximo nivel”.
En el régimen neoliberal cuatro fueron los programas “estrellas” (la misma gata, pero revolcada) destinados a “combatir la pobreza”: Solidaridad (Pronasol, “un nuevo balance moral en la sociedad”, presumía el innombrable), con Carlos Salinas de Gortari en Los Pinos; Progresa, con el “demócrata” Ernesto Zedillo; Oportunidades, con Vicente Fox, Felipe Calderón y un tramo de Enrique Peña Nieto; y Prospera a partir de 2014, con él mismo. A ellos se destinaron multimillonarios recursos del erario, que sólo fueron una fuente inagotable de corrupción, mentiras y propaganda, pues la pobreza no dejó de aumentar.
El 2 de diciembre de 1988, Salinas de Gortari anunció su Programa Nacional de Solidaridad (algunos de los corifeos de hoy gozaron de sus prebendas al ocupar cargos de primer nivel) y dijo que “sólo un programa de gran envergadura social permitirá moderar opulencia e indigencia en nuestro país”. De él, surgieron los demás (Progresa, Oportunidades y Prospera), en cuyo ejercicio acumulado se logró todo lo contrario, pues en ese periodo el número de pobres en el país se incrementó en alrededor de 20 millones de mexicanos, mientras la opulencia de una minoría creció como la espuma.
De hecho, en 2016 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, hoy muy llorado por los corifeos) informó que tras los cuatro programas gubernamentales para “combatir la pobreza” 80 por ciento de los mexicanos se encontraba en “situación socialmente vulnerable”, de tal suerte que en el periodo neoliberal el cacareado “nuevo balance moral en la sociedad”, producto de la “modernización”, resultó ser escalofriante.
Las rebanadas del pastel
Pero hoy los corifeos pregonan: “fue Enrique Peña Nieto”.