Lo que dicen los columnistas

Reforma electoral, lo que viene

El Congreso ha aprobado el CURP biométrico como sistema único de identificación obligatoria, con eso se activa una transformación silenciosa, pero profunda.

Ernesto Villanueva

Proceso

La reforma electoral ya está en curso. No es un proyecto. Es una serie de hechos. El Congreso ha aprobado el CURP biométrico como sistema único de identificación obligatoria. A partir de octubre, sustituirá paulatinamente a la credencial para votar. Con eso se activa una transformación silenciosa, pero profunda. El problema no es la oposición. Votará en contra como se esperaba. El verdadero reto está en los aliados. Y en mantener unido lo que puede romperse desde adentro. Veamos.

Primero. El CURP biométrico será la llave para todo. No solo para votar. Para comprar, vender, tramitar, trabajar, viajar, cobrar, pagar. Lo usará el gobierno, los bancos, los hospitales, las escuelas, las empresas. Ya no será posible vivir fuera del sistema. Toda persona pública o privada deberá exigirlo por ley. No importa que invada la privacidad. No hay contrapesos. No hay vigilancia real. El órgano autónomo que protegía los datos desapareció. No hay institución que revise lo que se hace con esa información. Todo queda en manos del Ejecutivo. Y la única garantía es un discurso: que quienes operan el sistema actuarán con ética. Esa fe, acaso, funciona como narrativa interna. Útil para reforzar a los convencidos. Pero no para quienes tienen pensamiento crítico. Incluso si son minoría, no se callan. Exigen reglas. No promesas. Quieren límites. No discursos. Asumir que basta con pedir confianza solo profundiza la desconfianza. No todo el país cree. Y una parte del país exige pruebas, no palabras. El nuevo INE tendrá existencia legal, pero no constitucional. Seguirá operando, pero con menos poder. Se le acotará presupuesto, estructura y funciones. El padrón electoral se mantendrá a su cargo formalmente, aunque en los hechos dependerá de la Secretaría de Gobernación. Para guardar las formas, se conservarán funciones mínimas. Pero el núcleo estará en otra parte.

Segundo. Los tribunales electorales estatales serán seguramente absorbidos por el TEPJF. Se elimina duplicidad. No cambia la función, pero sí la estructura. Se ajustan sueldos conforme al artículo 127 constitucional. Se compacta. Se disciplina. Se integra en una lógica nacional unificada. La reducción del número de diputaciones está sobre la mesa. No está cerrada. Pero sí perfilada. No es una cuestión técnica. Es una ecuación política. PT y PVEM dependen de la representación proporcional. Si se reduce sin cuidado, se extinguen.

No votarán su eliminación sin algo concreto a cambio. La política no se mueve con discursos. Se mueve con incentivos. Los aliados exigen garantías: distritos seguros, candidaturas comunes, cargos ejecutivos, acceso a medios, fórmulas que aseguren vida útil.

Se pueden sumar compensaciones jurídicas. Reglas para mantener el registro. Flexibilidad local. Redistribución de espacios. O, en caso extremo, presión legal y mediática. Todo dentro del marco de derecho. Pero con firmeza. No se puede dudar. La oposición ya está fuera de la ecuación. Su rechazo es previsible. La mayoría calificada se define con dos siglas: PT y PVEM. Sin ellos, no hay reforma. Con ellos, todo puede avanzar. Por eso el punto central no es técnico, ni ideológico. Es táctico. Y se juega en corto.

Tercero. Hay límites que no se pueden cruzar. No por ética. No por pluralismo. No por respeto a la democracia. Decir eso sería una ofensa a la inteligencia ciudadana. Lo que no pasa, no pasa porque los aliados no se dejarán borrar. No se puede pedir a un partido que vote contra sí mismo. Nadie lo hace. Eliminar toda representación proporcional en la Cámara de Diputados no es viable. Pedirlo al PVEM y al PT es pedirles que firmen su sentencia de muerte. No va a suceder. No hay condiciones internas. No hay fórmulas de salvación en ese escenario. De ahí las precisas palabras de Ricardo Monreal. Tampoco se puede hacer pasar la inacción como virtud. La narrativa oficial deberá cuidarse. Si se dice que no se avanza “por respeto a la pluralidad”, se pierde credibilidad. Nadie cree que los frenos son por amor al debate. Decirlo solo agrava la polarización. La ciudadanía crítica —aunque minoritaria— rechaza las explicaciones falsas. Lo exige todo claro. Y sin adornos.

La reforma no necesita aprobación de la oposición. Necesita solidez interna. No requiere aplausos. Requiere lealtad. Pactada, blindada y eficaz. Nada de esto es abstracto. Todo es cálculo. O se logra con incentivos o se detiene por resistencia. Y lo que no se da por voluntad, se impone con reglas. Quien manda, decide. Pero quien decide sin pactar, rompe.

La ética sin instituciones es discurso vacío. Y la confianza ciega solo la otorgan los ya convencidos. El resto exige garantías. No palabras. Reglas. No promesas. Poder no es tener mayoría. Es saber qué hacer con ella. Sin ruido. Sin errores. Y, si ellos fuera posible, con responsabilidad.

Alito: una sombra opositora

La credibilidad de Alejandro Moreno no ayuda a sostener sus dichos dentro y fuera del país. Su imagen es como la del PRI, la sombra de un pasado en el que fue poderoso y hoy se pierde en el olvido.

José Gil Olmos

Proceso

Alejandro Moreno llegó al PRI entre acusaciones de fraude, compra de votos y rebase de topes de campaña. Su arribo al edificio de Insurgentes Norte fue un mal presagio para muchos de sus integrantes que sabían de su agresividad desde que, siendo muy joven, en 1999 ayudó al gobernador de Campeche, José Antonio González Curi, a sacar con suma violencia al rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Abud Flores, apoyado por un grupo de porros.

A Alejandro Moreno, Alito, le gusta el box. De hecho, cuando lo practicó le decían El Púas por su estilo marrullero parecido al del tepiteño Rubén Olivares. Ese gusto por la pelea lo muestra también en el ring político, sobre todo dentro del PRI, donde a todos sus contrincantes los golpea política y mediáticamente a través de chicanadas y declaraciones estridentes que reporteros afines publican con amplitud.

Con el apoyo de Enrique Peña Nieto y sin el reparo de Andrés Manuel López Obrador, Alito Moreno tomó en sus manos la dirigencia del PRI y se apropió del partido. Uno de sus primeros pasos fue modificar los viejos estatutos y ahora el exgobernador de Campeche es el único que puede firmar los documentos institucionales encaminados a pedir préstamos bancarios, venta de instalaciones, alianzas electorales y modificaciones a los estatutos partidistas. Es decir, es el amo y dueño del partido.

Nadie más que él decide los derroteros del PRI, un partido que cuando Alito llegó tenía un padrón de 6 millones 605 mil 740 militantes registrados en el Instituto Nacional Electoral y gobernaba en 12 entidades, pero que ahora solo gobierna en Durango y Coahuila, ambos ganados con una coalición con el PAN y el PRD, y ha perdido casi 80% de su militancia, pasando a un millón 411 mil 889 en 2023.

El PRI atraviesa no sólo una crisis electoral, también de liderazgo, identidad, militancia y legalidad. Alejandro Moreno tiene tras de sí demandas judiciales que, aun cuando las ningunea y minimiza, están vigentes y de ser aplicadas podrían dar paso a un juicio político para quitarle el fuero y ser procesado judicialmente.

En mensajes en redes sociales acusó de persecución política y rechazo las acusaciones de la Fiscalía de Campeche de supuesto peculado y uso indebido de atribuciones para el presunto desvío de 83 millones 508 mil pesos cuando era gobernador de esa entidad.

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados comenzó el viernes último el análisis de una nueva solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas, por presuntos delitos cometidos durante su administración como gobernador de Campeche, entre ellos peculado.

Es el segundo intento de desaforar al dirigente del PRI quien, fiel a su estilo, respondió con un golpe mediático anunciando que viajará a Estados Unidos para presentar denuncias por presuntos nexos con el narcotráfico en contra de miembros de Morena, entre ellos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, su hijo Andrés López Beltrán, funcionarios como Mario Delgado, Marina del Pilar Ávila, Marcelo Ebrard, el senador Adán Augusto López y el gobernador Alfonso Durazo.

Pero la credibilidad de Alejandro Moreno no ayuda a sostener sus dichos dentro y fuera del país. Su imagen es como la del PRI, la sombra de un pasado en el que fue poderoso y hoy se pierde en el olvido.

Por cierto… La mayor cantidad de personajes políticos vinculados con el narcotráfico la tiene el PRI.

Nadando entre tiburones

La política es tiempo

Víctor Beltri

Excelsior

“La política es tiempo”, solía afirmar el expresidente López Obrador cuando estaba en el poder. “Política es tiempo, manejo de tiempos, y hay que optar siempre entre inconvenientes y hay que priorizar qué primero, qué segundo; no todo”, aseguraba.

La política es tiempo, parece entenderse muy bien en Palacio Nacional. Primero vendría el anuncio de una orden de aprehensión en contra de la mano derecha de Adán Augusto López, al tiempo que comenzaron a circular las fotografías de Ricardo Monreal desayunando en uno de los hoteles más costosos de Madrid, así como de Mario Delgado en Portugal. La narrativa sobre la falta de congruencia se fortalecería con la difusión de los videos del diputado Enrique Vázquez Navarro, en Ibiza, y alcanzaría su clímax con las fotografías de Andrés Manuel López Beltrán y el diputado Daniel Asaf de compras en una lujosa tienda de Tokio.

En cada uno de los casos, la crítica más furibunda no provino de los medios críticos al régimen, sino de aquellos que le son más afines. Los golpes no sólo han sido quirúrgicos, sino demoledores: en unas cuantas semanas, los opositores internos —los mismos que ignoraron a la Presidenta aquella vez en el Zócalo— han quedado completamente neutralizados. Los sucesos remiten, necesariamente, a una magnífica escena en la saga de El Padrino en la que Michael Corleone bautiza a su sobrino mientras que sus adversarios caen, uno a uno: el nuevo líder consolida su poder con un ritual público de pureza, mientras se ejecutan los golpes quirúrgicos necesarios para que dicho poder sea irrebatible.

En política no hay casualidades. El “ritual público de pureza” tuvo lugar el viernes pasado, después de los golpes quirúrgicos a los opositores internos y exactamente a un mes de la toma de protesta de los nuevos juzgadores electos con la reforma judicial. La liberación de Israel Vallarta no sólo marcará un hito para la administración en funciones, sino que consolidará el poder real de una Presidenta que, a la par de contar con el respaldo abrumador de la ciudadanía, tiene frente a sí una oposición desorganizada, debilitada y dividida. La historia de Vallarta no sólo es conmovedora, sino que resulta indignante al exponer lo mismo las deficiencias del sistema de justicia anterior que el contubernio de los gobiernos pasados con los medios de comunicación. Ante la evidencia, en realidad, caben pocas respuestas.

Las consecuencias, sin duda, serán de largo alcance. El programa de Loret no fue el único que cubrió la nota, y de ninguna manera se le podría hacer responsable de la mala actuación de los juzgadores del caso: Loret, sin embargo, ha sido declarado como un enemigo del régimen desde tiempos de López Obrador, y como tal se le ha tratado. Las incontables menciones en las conferencias matutinas del sexenio pasado, los ataques personales, la intromisión en la vida privada. Carlos Loret se ha convertido en un símbolo para la oposición mexicana, y su voz tratará de silenciarse a cualquier costo: con la llamada Ley Censura en operación, se recrudecerá el ataque a los medios de comunicación buscando la pérdida de confianza de la ciudadanía en quienes han sido los mayores detractores del gobierno. La palabra montaje, a partir de ahora, se convertirá en moneda de cambio.

“No quiero ser presidente”, aseguró Israel Vallarta en su tour mediático, horas después de haber abandonado el presidio. “Pero sí quiero ser un mexicano que abone, que ayude, que ponga un granito de arena. Yo espero que si yo pongo un granito de arena y todos los que me están escuchando también abonan otro granito de arena, podemos lograr un cimiento nuevo para este nuevo México. Yo lo creo así. Y no quiero adelantar más, pero a lo mejor doy la sorpresa y quizá, ¿por qué no un senador para legislar? No lo sabemos”.

“La política es tiempo”, solía afirmar el expresidente López Obrador: el tiempo de Claudia Sheinbaum, por lo visto, al fin ha llegado. El tablero de la política nacional, mientras tanto, ha cambiado por completo.

La pobreza, más allá de las cifras

Mario Luis Fuentes

Excelsior

La pobreza en México, como en cualquier parte del mundo, es un fenómeno estrictamente político. Reducirla a un problema técnico de ingresos o acceso a bienes y servicios constituye una estrategia cómoda para quienes detentan el poder. En realidad, discutir la pobreza significa discutir el modo en que se distribuyen los bienes y servicios socialmente producidos, es decir, quién accede y quién no a los recursos que permiten la vida digna. Esto implica, inevitablemente, una reflexión sobre la estructura de poder que decide a quién se le cobra impuestos, cuánto se cobra y cómo se redistribuye —o no— la riqueza social. La pobreza, por tanto, no es simplemente una carencia objetiva; es la manifestación de un orden social en el que las decisiones políticas y económicas perpetúan desigualdades históricas.

A partir de la década de 1990, el debate público en torno a la pobreza en México se desplazó hacia el terreno del manejo político de las cifras. La reducción de la pobreza comenzó a medirse principalmente en función de indicadores mínimos: acceso a ciertos bienes y servicios y niveles de ingreso, laborales o no laborales. Así, la pobreza fue conceptuada como un indicador estadístico: el porcentaje de personas que cruzan una línea determinada de ingresos o que tienen afiliación a servicios básicos y accesos mínimos a infraestructura en la vivienda.

En este marco, los sucesivos gobiernos han buscado incidir en los componentes que más peso tienen en la medición oficial. Morena ha sido particularmente exitoso en ello. Su estrategia ha consistido en mejorar el componente de ingreso, lo cual tiene un efecto inmediato en los indicadores de pobreza, pero también reproduce una trampa lógica y filosófica: se mejora la estadística sin necesariamente transformar las estructuras que producen y reproducen la pobreza. Lo que se observa es un ajuste en la superficie de la medición, más que una transformación estructural de las condiciones de vida de millones de personas.

Esta trampa no es menor. Bajo la lógica actual, el debate sobre la pobreza se encuentra atrapado en la aritmética de los umbrales de ingreso y de consumo, lo cual impide una discusión más amplia sobre su naturaleza y alcances. ¿Qué significa realmente no ser pobre? ¿Basta con que el ingreso mensual supere una línea de pobreza vinculada a una canasta básica que no responde a estándares constitucionales? ¿Qué ocurre con las dimensiones no cuantificables de la pobreza?: la inseguridad permanente, la exclusión simbólica, el deterioro de los vínculos comunitarios, la precarización cultural y de la salud. Reducir la pobreza a lo medible invisibiliza sus raíces más profundas y el sufrimiento real que genera.

Es urgente abrir un debate que trascienda la dimensión técnica y se adentre en las implicaciones éticas, políticas y filosóficas del fenómeno. Tal debate debe cuestionar si no es tiempo de construir un concepto de pobreza que incluya lo que no es posible reducir a números, y de apostar por un modelo de desarrollo distinto. Esto significa entender que la pobreza no es sólo ausencia de recursos, sino la negación de la posibilidad de ejercer derechos fundamentales en condiciones de igualdad.

Para México, avanzar en esa dirección exige revisar las bases de su pacto y política fiscal, sus prioridades de gasto público y su curso de desarrollo. Se trata de repensar la estructura económica que produce riqueza para unos pocos y precariedad para las mayorías. Significa también incorporar dimensiones cualitativas en la evaluación de la pobreza que permitan visibilizar el sufrimiento humano detrás de las cifras.

La discusión sobre la pobreza es, por ello, una discusión sobre justicia social y sobre las otras justicias —como lo diría el filósofo Julián Marías— y sobre el tipo de sociedad que aspiramos a construir. Mientras se mantenga reducida a indicadores y estrategias de administración de la carencia, se seguirá eludiendo el problema de fondo: la profunda desigualdad estructural que caracteriza al país. Reconocer la pobreza como un problema político y filosófico es el primer paso para superarla de manera real.

Astillero

UIF: García Harfuch ¿amplía poder? // Lavado de dinero y política // Pablo Gómez: reforma electoral // ¿Consolidar la 4T o cambio a fondo?

Julio Hernández López

La Jornada

La salida de Pablo Gómez Álvarez de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda propiciará en dicha unidad una mayor injerencia o control de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública que cada vez tiene más poder en cuanto pieza casi única de primer nivel del gabinete federal con sello claudista pleno y, sobre todo, en cuanto ha ido cumpliendo sin miramientos la tarea de difuminar la política obradorista de abrazos, no balazos, lo cual le ha permitido ofrendar a su jefa expedientes que acalambran a personajes 4T no alineados al nuevo mando y, a la par, tejer una alianza que espera que sea muy redituable en términos personales en algún futuro electoral (2030) con las agencias y autoridades estadunidenses de combate al crimen organizado en México.

Para entrar al relevo en la UIF se ha mencionado a Omar Reyes Colmenares (quien fue subsecretario de Sistema Penitenciario con García Harfuch en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y ahora es titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social en la secretaría federal).

Ya sea con Reyes Colmenares o con otro personaje de similitud grupal, se confirmaría que el máximo jefe policiaco nacional se habría quedado con el manejo de la estratégica oficina que debe vigilar todo lo relacionado con el lavado de dinero (lo que no se hizo o al menos no se reportó públicamente en el caso de tres instituciones financieras, entre ellas Vector, propiedad de Alfonso Romo, ex jefe de la oficina del entonces presidente López Obrador), pero no sólo con dicho acervo informativo, tan útil para tratar de satisfacer exigencias trumpistas, sino, también, con el manejo político de premios y castigos que puede derivarse de manera discrecional del conocimiento de tales secretos.

Gómez Álvarez, por su parte, pasa a un encargo que no es menor: organizar la propuesta presidencial de reforma electoral. El ex dirigente estudiantil del 68 tiene amplia experiencia política, pues ha sido militante y dirigente partidista, siempre desde la izquierda (en el Comunista Mexicano, el Socialista Unificado de México, el de la Revolución Democrática y en Morena), y, en varias ocasiones, legislador federal. Conoce las dificultades de quienes han estado en la oposición para ser escuchados y atendidos eficazmente en un sistema con pretensiones democráticas.

Así que el encargo que le ha hecho la presidenta Sheinbaum podrá correr por cualquiera de dos vías excluyentes: con la aplanadora legislativa derivada de la mayoría calificada con la que cuenta Morena, y a semejanza de otras iniciativas reformistas (la más reciente, la relacionada con lo judicial), imponer una nueva normatividad electoral que en los hechos beneficie a la llamada Cuarta Transformación y trate de consolidar una larga estancia en el poder, haiga de ser como haiga de ser.

O generar un cambio profundo, con visión de Estado, que apunte a terminar con los graves vicios que hasta ahora han acompañado al sistema de partidos y elecciones (los profundos, no sólo la cosmética de lo plurinominal), eliminando en lo más posible el efecto corruptor, virtualmente institucionalizado, del dinero sucio en las campañas, abriendo camino a candidaturas independientes con viabilidad para acabar con el negocio de los partidos y sus camarillas, y rediseñando sin espíritu faccioso el Instituto Nacional Electoral y el también deplorable Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (acentuado el sometimiento grupal del TEPJF con todo y la reciente elección en el marco judicial).

Y, mientras la Presidencia de la República confirma lo que han denunciado activistas respecto a la presunta detención en Estados Unidos de Sandra Lucía Téllez Nieves, una de las dueñas de la Guardería ABC de Hermosillo, que en junio de 2009 se incendió, lo cual causó la muerte de 49 niños y heridas en 106.

México SA

Guardería ABC: ¿fin de la impunidad? // Detenida, una de las responsables // ¿Y Calderón, Zavala, Gómez Mont?

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Debieron transcurrir poco más de 16 años para que surja la posibilidad de hacer justicia en uno de los casos más abyectos en la historia reciente de la connivencia entre los poderes político y judicial del país, quienes actuaron de la mano en una descarada operación de Estado para garantizar impunidad a los responsables, entre ellos parientes (Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella) de la entonces primera dama del país, hoy diputada panista, Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, sin olvidar al entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours.

Se trata del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, ocurrido el 5 de junio de 2009, en el que murieron 49 niños y 106 más resultaron heridos de gravedad, con secuelas de por vida. Los responsables de esta tragedia se mantienen impunes, no sin la operación de Estado ordenada por el entonces inquilino de Los Pinos, Felipe Calderón, su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, el resto de su pandilla y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entonces presidida por Mariano Azuela Güitrón.

La información llega desde Hermosillo (Cristina Gómez Lima): a más de 16 años de la tragedia de la Guardería ABC en Hermosillo, el colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños informó que Sandra Luz Téllez Nieves, una de las socias propietarias de la estancia infantil, fue recluida en el centro de detención de Eloy, Arizona, derivado de una orden de reaprehensión emitida en México. La organización pidió a la presidenta Sheinbaum su intervención para garantizar que Téllez Nieves sea extraditada y cumpla con la sentencia definitiva emitida en su contra por la SCJN. Es culpable del delito de homicidio culposo y no una perseguida política, como pretenden posicionarla sus abogados en Arizona, expresó Juana Luna Hernández, presidenta del colectivo, a través de una carta pública. El grupo exige a las autoridades mexicanas que no permitan que se encubra con un argumento político a quien consideran una responsable directa del crimen que marcó al país.

Se trata de uno de los casos más abyectos de los impartidores de justicia del país, quienes cubrieron con su ilegal manto protector a los responsables de esta tragedia, todos parientes, amigos, funcionarios y/o asociados al poder político federal y estatal. Bien lo dijo el entonces ministro Arturo Zaldívar (a quien se le encargó el dictamen respectivo): es necesario que la SCJN envíe un mensaje claro a la sociedad de que nuestro país debe dejar de ser un lugar donde todo pasa y no pasa nada; en el que suceden cosas muy graves y no hay consecuencias; en el que pueden morir 49 niños quemados por negligencias de las autoridades y no hay responsables. No basta con el pésame, el luto o las lamentaciones. Si la muerte de 49 niños no es suficiente para señalar a los responsables, ¿qué tiene que pasar en este país para que actuemos con energía? Tengamos claro que servidores públicos irresponsables constituyen un Estado irresponsable.

Pero el resto de los ministros ya se había apalabrado con Felipe Calderón y su pandilla para mantener impunes a los responsables, y mandaron a paseo a Zaldívar y su dictamen. De hecho, años después el ex ministro denunció presiones, amenazas e intimidaciones en su contra y su familia por dicho dictamen. En esa ocasión subrayó que Calderón maniobró para dejar impune el caso de la Guardería ABC, proteger a la familia de Margarita Zavala y no involucrarla en el incendio. Avanzamos a pesar de las presiones políticas que hubo, a pesar del abuso mediático para proteger a los delincuentes que violaban el debido proceso de las víctimas, a pesar de lo que todos saben que ocurrió y que hoy a mucha gente se le olvida; a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy viene a hablar de estado de derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad para decirlo.

Ahora, los sobrevivientes de esa tragedia tienen 17, 18 o más años, y junto con sus padres no cejan en su reclamo: justicia, toda vez que (excepto el fallecido Juan Molinar Horcasitas, entonces director del IMSS) los responsables se mantienen impunes. ¿La 4T mantendrá a México como un país en el que todo pasa y no pasa nada? Es hora de demostrar lo contrario.

Las rebanadas del pastel

Y si de pendientes se trata, ¿qué pasa con el tóxico Germán Larrea, quien acumula delitos por doquier? (derrame de ácido sulfúrico en el río Sonora y el Golfo de California, tres huelgas mineras, Pasta de Conchos, etcétera) ¿Hasta cuándo?