Lo que dicen los columnistas

¿Pueden los ciudadanos impugnar las elecciones judiciales?

Si una persona ciudadana no está vinculada de alguna manera con las elecciones judiciales no tiene interés jurídico o legítimo y, por tanto, no puede impugnar actos o decisiones derivados de dichas elecciones.

Felipe de la Mata Pizaña*

Proceso

En la fase de impugnaciones de las elecciones judiciales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se ha pronunciado sobre cuestiones relevantes para el derecho electoral y la democracia mexicana.

Hay asuntos que exigen una especial explicación ciudadana porque pueden generar malinterpretaciones u opiniones sesgadas si no se toman en cuenta los elementos necesarios para un análisis completo y objetivo.

Las decisiones judiciales a veces están fundadas en la aplicación técnica de reglas procesales que pueden ser comprensibles para abogados, pero que no deben pasar desapercibidas para la opinión pública.

En ese tenor, cabe comentar asuntos que el TEPJF ha declarado improcedentes por falta de “interés jurídico o legítimo” de las personas demandantes. ¿Por qué es necesario ese “interés” para reclamar algo en un juicio?

Ese “interés” tiene que ver con la definición de quiénes pueden impugnar los actos o determinaciones de una autoridad electoral. No todas las personas pueden impugnar todos los actos y determinaciones en un proceso electoral.

El interés jurídico se presenta cuando un acto, decisión o

resolución de una autoridad electoral afecta de manera directa, clara y suficiente el ámbito de derechos de la persona que acude ante un tribunal.

El interés legítimo es más amplio y se actualiza cuando las personas tienen un derecho cierto, genuino y verdadero, de conformidad con las leyes aplicables, o porque deban cumplir un deber impuesto por las mismas.

Si una persona ciudadana no está vinculada de alguna manera con las elecciones judiciales no tiene interés jurídico o legítimo y, por tanto, no puede impugnar actos o decisiones derivados de dichas elecciones.

En cambio, si una persona ciudadana sí está vinculada con estas elecciones, por ejemplo, por haber sido candidata a un cargo judicial, sí tiene interés jurídico o legítimo. En consecuencia, en estos supuestos, sí podría impugnar actos o decisiones que considere que le hayan afectado sus derechos.

Ahora bien, cuando se carece de interés jurídico o legítimo, la consecuencia que se produce es la improcedencia del medio de impugnación.

Esto significa que hay un impedimento insalvable para analizar una inconformidad, demanda o denuncia. El Tribunal se ve impedido para estudiar el caso.

Esto significa que el Tribunal no puede tener un pronunciamiento “de fondo” sobre las inconformidades planteadas. Porque, en realidad, los actos o decisiones de las que se queja una persona sin interés jurídico o legítimo, no pueden ni podrían afectarle en sus derechos u obligaciones.

En otras palabras, si no se cuenta con interés jurídico o legítimo lo lógicamente conducente es que se trata de inconformidades que no están relacionadas con su esfera de derechos y, por tanto, no podrían violarle derecho político alguno.

El TEPJF ha conocido varios casos que han involucrado la aplicación de la figura del interés jurídico o legítimo en distintas etapas de las elecciones judiciales.

En el SUP-JDC-1943/2024 se analizó si un tribunal electoral local podía desechar una demanda por falta de interés jurídico para impugnar la lista de personas idóneas a la elección del Poder Judicial.

En el caso, una persona impugnó el listado un mes después de haber sido publicado oficialmente, cuando éste provenía de un acto previo, que no fue impugnado de manera oportuna. Por eso, el TEPJF confirmó que no había interés jurídico.

En el SUP-JIN-74/2025, una persona que no fue candidata sostenía que era ilegal que el cómputo se realizara en consejos distritales y no en mesas directivas de casilla. Aquí se concluyó que esa persona, al no haber participado como candidata, carecía de interés jurídico o legítimo para impugnar lo que argumentaba.

En los SUP-JDC-2261/2025 y SUP-JDC-2264/2025 reiteramos el criterio: sólo quienes participaron como candidatos o candidatas en el proceso electoral extraordinario tienen interés jurídico y legítimo para impugnar los resultados de la elección judicial.

En ambos asuntos, personas que no ostentaban una candidatura judicial, impugnaron la declaración de validez de la elección, la asignación de magistraturas al Tribunal de Disciplina Judicial local y la entrega de constancias para las magistraturas electas.

En este caso, incluso era la propia ley electoral estatal la que autorizaba sólo a las personas candidatas impugnar los resultados de las elecciones. Así, si la persona que impugnaba no había contendido como candidata, no pudo reconocerse la posibilidad jurídica de reclamar esos actos.

En una de las demandas se solicitó la inaplicación de la normatividad local. Sin embargo, la norma que ordena quiénes pueden impugnar la elección judicial no es inválida, porque justamente atiende a la idea razonable de que, para poder hacerlo, se necesita una afectación concreta en los derechos de las personas. En realidad, el legislador local coincide con un criterio judicial consolidado.

En todo caso, además, es responsabilidad del TEPJF velar por la salvaguarda de actos públicos válidamente celebrados y la legalidad de las actuaciones del proceso electoral.

Este deber constituye una garantía fundamental en cualquier sistema democrático y así se ha hecho valer en cada caso concreto resuelto en el marco de las elecciones judiciales mexicanas.

*Magistrado Electoral del TEPJF.

Nudo gordiano

¿En serio se puede salvar a Pemex?

Yuriria Sierra

Excelsior

El reciente anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum, junto al secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, sobre un plan integral para “salvar” a Petróleos Mexicanos (Pemex) marca un momento clave para la empresa más endeudada del mundo y pilar fundamental de las finanzas públicas mexicanas. El mensaje es ambicioso: se buscará que Pemex deje de depender del apoyo federal a partir de 2027 y logre reducir su pesada deuda financiera de cerca de 98 mil millones de dólares a poco más de 77 mil millones para el año 2030. ¿Es esto realmente posible?

El nuevo plan se basa en respaldos públicos temporales, especialmente para los vencimientos de deuda más difíciles en los próximos dos años, emisión de nuevos instrumentos de deuda y la creación de un fondo de inversión destinado a proyectos estratégicos de exploración y producción, muchos en colaboración con empresas privadas. Además, se reformará el régimen fiscal de Pemex para liberar parte del flujo de caja, permitiéndole fortalecer sus operaciones y financiar proyectos prioritarios.

¿Hay razones para pensar que este plan sí podría funcionar? Los cambios fiscales, que reducirán la carga sobre Pemex a niveles no vistos en décadas, podrían darle a la empresa una bocanada de oxígeno. El apoyo gubernamental en momentos críticos ayuda a reorganizar deuda y a evitar una crisis de liquidez. Los acuerdos con privados podrían ser un catalizador, permitiendo aportar hasta una cuarta parte de la producción nacional en menos de una década. Además, la intención de tecnificar la empresa y diversificar sus actividades dota al plan de una visión que va más allá de la mera supervivencia.

Pero haría falta mucho optimismo —y no poca suerte— para asegurar que Pemex logrará salir a flote. La realidad es que la producción de petróleo permanece en caída y tocará mínimos históricos este año; revertir esa tendencia requerirá no sólo inversión, sino también talento, eficiencia y un entorno internacional favorable. Por otro lado, la reducción fiscal podría traducirse en un boquete peligroso para los ingresos del Estado, justo cuando las arcas públicas enfrentan nuevas presiones. La desconfianza de los mercados hacia Pemex sigue latente: las calificadoras advierten sobre su abultada deuda, y los próximos vencimientos —más de 5 mil millones de dólares este año y cerca de 19 mil millones en 2026— representan un riesgo real, incluso en el mejor de los escenarios.

Finalmente, Pemex es una compañía marcada por los desafíos históricos de ineficiencia, corrupción y decisiones políticas improvisadas. El dinero y el diseño técnico del plan existen, pero la verdadera prueba estará en la ejecución y en la capacidad de resistir la tentación de seguir usando a Pemex como tabla de salvación para las finanzas públicas nacionales.

Así, salvar a Pemex no es sólo cuestión de cuadrar números o rediseñar estructura fiscal: será necesario navegar un entorno global incierto, desmontar inercias internas y mantener el pulso político firme. El plan de Sheinbaum tiene méritos, pero ni la historia petrolera mexicana ni las condiciones actuales permiten descartar el riesgo de naufragio. Un futuro distinto para Pemex es posible, pero requerirá disciplina y mucho más que un sexenio de buena voluntad.

ADDENDUM

La designación de Karina Luján Luján como directora general del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) el año pasado fue un acierto del gobierno federal, que apostó por un perfil técnico y sensible para modernizar la defensa de los creadores en México. Con una sólida trayectoria en la administración pública —incluyendo la SFP, Sedesol y la SICT— y como académica de la UNAM, Luján ha sido bien recibida en los círculos culturales y jurídicos por su enfoque en derechos humanos e igualdad de género. La Secretaría de Cultura le ha depositado toda su confianza, viéndola como una servidora pública íntegra, de resultados probados y con la capacidad de fomentar la creación y difusión de la propiedad intelectual. Su liderazgo, con rigor y eficacia institucional, genera la expectativa de que su gestión en el Indautor podría ser un trampolín hacia mayores responsabilidades en el futuro.

Juegos de poder

Resultaron más humanos que franciscanos

Los funcionarios están obligados a transparentar sus recursos personales.

Leo Zuckermann

Excelsior

Durante el periodo vacacional de verano se suscitó un escándalo en la política mexicana. Se descubrió que varios miembros prominentes de la llamada Cuarta Transformación viajaron a Europa y Asia hospedándose y comiendo en lujosos establecimientos. El caso más sobresaliente fue el del hijo del fundador del movimiento, Andrés Manuel López Beltrán, quien funge como secretario de Organización de Morena.

Huelga decir que, para el autor de estas líneas, cada persona tiene el derecho de hacer lo que se le pegue la gana en sus vacaciones, siempre y cuando las paguen con recursos lícitos. Lo que no se vale es gastar el dinero de los contribuyentes o utilizar fondos obtenidos por actos de corrupción.

Ahí está, en primer lugar, la pregunta que todo mundo se hace: ¿de dónde sacan dinero estos personajes de la 4T para darse una vida de lujo?

Siendo funcionarios o personajes públicos están obligados a transparentar si de verdad tienen los recursos personales legales para sufragar tales gastos. Quedarse callados sólo genera más sospechas de posibles abusos de poder.

Hay un segundo problema. El gran líder fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador, imprimió un sello franciscano a su movimiento. No es que sólo retomara el concepto de la “honrosa medianía” de Juárez con respecto a la vida pública del país. Yo estoy de acuerdo con ese concepto. En una república, a diferencia de una monarquía, los funcionarios deben ser más sobrios y austeros en el manejo de los recursos públicos.

Sin embargo, López Obrador fue más allá de eso. En un discurso anticapitalista supuestamente a favor de los más desfavorecidos, se posicionó como un político que estaba en contra de los bienes materiales superfluos. Se trasladaba en un Tsuru (luego en un Jetta), presumía no tener cuentas bancarias ni bienes inmuebles, no recomendaba tener más que un par de zapatos, desapareció al Estado Mayor Presidencial, viajaba en aviones comerciales en clase turista y no le gustaban los periplos internacionales.

Mucho de esto era, sin duda, propaganda, porque el Presidente acabó viajando en aviones militares, en las giras por la República se trasladaba en camionetas blindadas, lo protegían soldados vestidos de civiles, pero que ya no eran del Estado Mayor, ejercía el presupuesto para la compra de vestimenta de la Presidencia y vivía cómodamente en Palacio Nacional. Sí, era más austero que sus predecesores, pero tampoco era de una privación material capuchina.

El discurso de AMLO era filosóficamente cercano al de san Francisco de Asís: la pobreza, humildad y fraternidad como virtudes públicas. El político al servicio del pueblo que no pretende bienes materiales, sino una vida sencilla dedicada a mejorar la vida del prójimo.

Perfecto.

Resulta que los herederos de AMLO acabaron siendo más humanos que franciscanos y, en este sentido, tremendamente hipócritas.

Como a la mayoría de las personas, les gustan los bienes materiales. Cuando viajan, se dan sus lujos. El problema es que, ahora que todas las personas tienen una cámara en sus teléfonos celulares, es muy probable que los descubran en el penoso ejercicio de ser tan humanos en el Viejo Continente o en el País del Sol Naciente.

No predican con el ejemplo y, cuando los descubren, se hace evidente que el discurso de la sobriedad y austeridad es más propaganda que realidad.

Y hay un tercer problema.

La actual Presidenta sí comulga con estos valores y trata de comportarse de acuerdo con los cánones franciscanos de su predecesor. O, por lo menos, quiere seguir con esa línea discursiva. En este sentido, ya van varias veces que anima, convoca, emplaza, solicita, invita y casi hasta implora que los miembros de la 4T se comporten de manera sobria y austera. Ha escrito y publicado recomendaciones muy claras al respecto.

Y, sin embargo, hay quienes no le hacen caso. Entre otros, el mismísimo hijo del fundador del movimiento/partido.

No queda bien la Presidenta cuando sus palabras se las lleva el viento. Sobre todo, si se trata de colegas cuatroteístas que deberían compartir, al igual que ella, los valores franciscanos que les heredó López Obrador.

Así se está construyendo el “segundo piso” de la 4T. Ahora que tienen más poder y dinero, elevaron una planta adicional su estatus social. Algún día llegarán al penthouse siguiendo el ejemplo de los herederos del partido de la Revolución Mexicana, quienes resultaron ser más humanos que revolucionarios.

Astillero

El Mayo, a disposición declarativa // Oposición desea drones electorales // Uf: Pavlovich, embajada en Panamá // Encubridora en caso ABC (y más)

Julio Hernández López

La Jornada

En Estados Unidos queda emplazada a conveniencia una pieza de artillería declarativa pesada, luego de que la fiscalía de ese país ha anunciado que no solicitará pena de muerte contra Ismael Zambada, El Mayo, cuyo largo historial como codirector ejecutivo del cártel de Sinaloa le permitió establecer relaciones, pagar protecciones e influir en procesos políticos durante décadas, con priístas, panistas y morenistas, en circunstancias y rangos que muy probablemente habrá de precisar en venideras diligencias judiciales.

Además de Zambada, nunca antes detenido, discreto en contraste con su mediático socio conocido como El Chapo, la fiscalía vecina anunció que tampoco pedirá la ejecución de Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes. Éstos fueron entregados a Estados Unidos (expulsados de México) con alegatos deplorables de parte de la fiscalía a cargo de Alejandro Gertz, sin ser sometidos a un proceso de extradición. El Mayo, a su vez, fue llevado o se entregó a autoridades estadunidenses, sin los beneficios de una extradición que no permite al país receptor imponer penas que no estén contempladas en la normatividad del que extradita.

Con esas piezas, más los Chapitos ya disponibles, la administración Trump y sus ansiosas agencias podrán armar los libretos que deseen y presionar, aún más, al gobierno claudista y al antecesor obradorista. Los opositores a la autodenominada 4T atizan la hoguera, esperanzados en que de Washington lleguen drones electorales que les refaccionen y reanimen, auténticos miramontes y mejías impulsores de intervencionismo extranjero.

Por lo pronto, la presidenta Sheinbaum confía en la pronta firma de un acuerdo de seguridad con Estados Unidos que busca preservar la soberanía de México, aunque en este tipo de pactos lo trascendente suele no informarse y los detalles suelen hacer caso omiso de las buenas intenciones escritas en tipografía grande.

La impunidad es una de las graves consecuencias de los pagos con cargos públicos a gobernadores formalmente adversos a la 4T que cedieron la plaza a Morena (o hicieron poco para que tuviera competencia genuina). Esos pactos se han reflejado en embajadas, consulados, senadurías y, al igual que con salientes gobernadores guindas, en cargos gubernamentales, todo lo cual, en esencia, significa la sustracción de esos políticos a la natural y muy necesaria revisión crítica, e incluso judicial, de sus hechuras desde el poder. ¿Cómo iniciar o continuar procesos contra esos personajes protegidos por el mismo manto de la presunta regeneración nacional, compañeros de camino?

Ayer se dio escandalosa continuidad a uno de esos casos: la ex gobernadora priísta Claudia Pavlovich ha sido propuesta por la presidenta Sheinbaum para ser embajadora en Panamá, lo cual deberá ser aprobado o rechazado por las instancias legislativas correspondientes, en las que Morena tiene suficiente mayoría para sacar adelante tal designación.

En enero de 2022, el entonces presidente López Obrador designó a Pavlovich cónsul en Barcelona, plaza diplomática que debería tener mayores consideraciones de parte de los gobiernos mexicanos, pero que fue rebajada técnicamente a consulado de carrera y no general, para que postulaciones polémicas o inaceptables, como la del turbio ex gobernador de Veracruz Fidel Herrera Beltrán (difunto), o de la impugnada sonorense Pavlovich, pasaran sin necesidad de aprobación senatorial.

Ahora, la presidenta Sheinbaum eleva el premio y encamina a Panamá a la ex mandataria señalada como encubridora de las copropietarias de la Guardería ABC, de Hermosillo, donde murieron 49 niños. Pavlovich era diputada local y extendió cartas que ahorita constan y obran en el expediente penal, donde avalaba la solvencia moral de los dueños de la guardería, entre ellos la prima de la entonces primera dama; la prima se llama Marcia Matilde Gómez del Campo, que era también socia de la guardería (https://goo.su/t5YxZ77).

México SA

Pemex, contra viento y marea // Apoyo con nueva estrategia // Con neoliberales, deuda creció 130%

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó en sociedad la estrategia integral de capitalización y financiamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) para los próximos 10 años, que incluye la revisión minuciosa de los números: producción, contabilidad, finanzas, exploración, refinación, petroquímica, comercialización y nuevas oportunidades para otras acciones adicionales al petróleo u otras alternativas diferentes a él, siempre para fortalecer al consorcio del Estado mexicano.

La mandataria señaló: Llevamos muchos meses trabajando cada semana con Pemex las secretarías de Energía y de Hacienda, más Banobras; ha sido un trabajo muy intenso, de mucho detalle, de revisión, lo que permite tener certeza sobre el futuro de la empresa estatal. Los neoliberales hicieron lo impensable para matar a la empresa, pero no pudieron.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, contextualizó la necesidad de la citada estrategia integral de capitalización y financiamiento, y de entrada se refirió a una de las tantas herencias negras del neoliberalismo. ¿Qué pasó en esos 36 años?

Solo entre 2008 (Felipe Calderón) y 2018 (Enrique Peña Nieto), el saldo de la deuda de Pemex pasó de 43 mil 300 millones de dólares a 105 mil 800 millones, es decir, en una década se incrementó en casi 130 por ciento, detalló Amador Zamora. Ello implica que en 2025 y 2026 vamos a tener vencimientos muy importantes, por lo que tenemos que llevar a cabo un esfuerzo conjunto (Hacienda, Energía y Pemex) para poder atender estos requerimientos que nos ha dejado esta dinámica implementada en las administraciones anteriores.

En el gobierno de López Obrador y en el primer año del de Sheinbaum, el monto de la citada deuda se redujo 16 por ciento y la estrategia permitirá que en 2030 la disminución sea de 26 por ciento, por debajo del saldo que recibimos en 2019, por medio de una serie de esfuerzos y operaciones, con el fin de atender el problema de corto plazo de los vencimientos y dotar a Pemex de una posición financiera de liquidez muy sólida que le permita, a partir de 2027, financiar su gasto operativo.

Otra decisión de los gobiernos neoliberales fue asfixiar a Pemex mediante una elevadísima carga fiscal que ninguna empresa, pública o privada, resistiría. Se le impuso un impuesto altísimo de 65 por ciento (a partir de 2024 sólo es 30 por ciento; por ley no puede ser más), el Derecho para la Utilidad Compartida y otros gravámenes, como el Derecho de Extracción y de Exploración de Hidrocarburos. Los gobiernos de la 4T han ido modulando esta carga hasta llegar a la propuesta del Derecho Petrolero para el Bienestar, que en una sola tasa, digamos, engloba toda la estrategia fiscal. Tenemos 30 por ciento del Derecho Petrolero del Bienestar, con un 12 por ciento para gas natural no asociado, lo que ha contribuido a una mejora muy importante de la posición de fortaleza financiera de corto y mediano plazos.

Se trata, dijo Amador Zamora, de optimizar la carga fiscal de Pemex, un apoyo para el financiamiento de inversión productiva muy eficiente en el largo plazo, y reducir la deuda financiera y comercial. Para 2027 la empresa no necesitará apoyo de la Secretaría de Hacienda, porque se financiará con recursos propios.

Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, subrayó que años de políticas neoliberales debilitaron su funcionamiento y su papel estratégico en el desarrollo del país. Pemex se convirtió en la petrolera más endeudada del mundo en este periodo y se debilitó su capacidad de producción. La modificación constitucional del año pasado y todas las leyes secundarias, así como sus reglamentos, han devuelto a Petróleos Mexicanos su carácter de empresa pública, pero no sólo eso: la reforma es fundacional; permitió a Pemex reintegrarse vertical y horizontalmente, terminando con las trabas que le impedían operar con mayor eficiencia.

El plan tiene viabilidad productiva y objetivos claros: producción estable en 1.8 millones de barriles por día, mayor producción de petrolíferos de alto valor, relanzamiento de la industria petroquímica, rehabilitar infraestructura logística para reducir costos y fortalecer el combate al comercio ilícito, aumentar producción de gas natural, incorporar nuevos yacimientos, impulsar energías verdes y garantizar justicia social con proyectos que involucren a las comunidades.

Las rebanadas del pastel

Otra del metiche de la Casa Blanca: narra la presidenta Sheinbaum que en alguna llamada Trump le planteó si “pudiera entrar el ejército de Estados Unidos… Le dije que no, que no estaba sobre la mesa ni a discusión”.