Columnas Escritas
Lo que dicen los columnistas
La nueva SCJN, los retos
La nueva SCJN no puede juzgarse desde el resentimiento por espacios perdidos ni desde la nostalgia de cotos de poder cerrados.
Proceso
La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no es un simple cambio de nombres ni un acomodo administrativo discreto. Es una redefinición profunda del papel del derecho constitucional y del compromiso del Estado con sus ciudadanos. La independencia judicial no es un favor ni un accesorio retórico: es el último refugio que tiene la ciudadanía para protegerse del abuso, la arbitrariedad y la imposición autoritaria. Hoy, la SCJN debe demostrar que la toga no se inclina, que el derecho no se compra y que la justicia no se alquila. Su misión no es complacer ni agradar. Es sostener la Constitución con temple y coherencia, incluso cuando hacerlo implique recibir ataques, aislamiento o incomprensión. Veamos.
Primero. El argumento de que la supuesta pérdida de «excelencia técnica» puede derivar en inseguridad jurídica y dañar la economía es un falso dilema hábilmente construido para buscar convencer a incautos y a grupos ajenos a las formas y modos de la práctica judicial. Se ha querido convencer a la sociedad de que el conocimiento jurídico profundo es exclusivo de un puñado de despachos o cúpulas académicas. Esto no solo es falso: es profundamente injusto. En realidad, la capacidad técnica no depende de la cuenta bancaria ni del linaje institucional. Depende de la ética del estudio y de la práctica cotidiana. Un juez que recorre salas municipales, que escucha a víctimas sin recursos, que redacta sentencias en medio de presiones locales, tiene una experiencia jurídica que no se compra en conferencias ni se presume en redes sociales. En países como Alemania y Corea del Sur, los salarios de los jueces son dignos, pero no desproporcionados. La verdadera independencia no se garantiza con ingresos millonarios, sino con mecanismos de control, formación continua, y supervisión ciudadana. Confundir el salario con la honestidad es un error conceptual y ético. La toga no debe ser un sinónimo de privilegio económico. Debe ser un símbolo de responsabilidad moral. La independencia real se construye con carácter y con coherencia, no con cheques abultados ni con privilegios heredados que no deben tener caminos de regreso. Sobre ese tema ya me he ocupado en estas páginas con datos duros (https://www.proceso.com.mx/opinion/2023/9/19/ministrs-de-la-scjn-bien-mal-remunerados-315174.html).
Segundo. No cabe duda que la nueva configuración de la SCJN rompe un ecosistema cómodo para grandes despachos, sectores de la academia y redes de poder que durante años ocuparon espacios estratégicos. El llamado «prestigio académico» se utilizó como muro para excluir, para controlar y para perpetuar redes de influencia. Se presentó como sinónimo de excelencia, cuando muchas veces fue el resultado de contratos públicos, convenios opacos y cercanías estratégicas con tomadores públicos de decisiones, para apoyarse entre unos y otros, financiar congresos internacionales y generar lealtades interesadas. El viejo modelo convirtió a la justicia en un laberinto reservado. Democratizar la SCJN es devolverle su función pública y recordarle a la ciudadanía que la justicia no es un favor ni un lujo. Es un derecho básico. Abrir espacios a jueces de carrera, defensoras y defensores públicos y académicos regionales rompe la burbuja. Devuelve pluralidad y honestidad al debate interno. Una Corte plural no debilita la técnica, la fortalece. Una Corte plural no confunde la ley, la enriquece. Porque cada nueva voz trae consigo una mirada distinta, una experiencia concreta y una sensibilidad que complementa el debate. El viejo orden ha sido hábil para vender el miedo. Ha dicho que sin sus guardianes, la justicia se derrumbará. Pero la historia muestra lo contrario: la justicia se degrada cuando se cierra, cuando se convierte en un club de muy pocos para perjuicios de muchos. Hoy, México necesita una Corte que no responda a redes cerradas. Necesita una Corte que responda a la Constitución y a los ciudadanos, sin filtros ni intermediarios.
Tercero. El acceso a la justicia se materializa cuando el ciudadano entiende por qué una decisión le afecta, cómo se construyó y cuál es su impacto. La SCJN debe dejar de ser un oráculo inaccesible. Cada sentencia debe ser comprensible, cada razonamiento debe estar al alcance del ciudadano común. La pedagogía judicial no es un regalo. Es un deber. La claridad refuerza la confianza y legitima la autoridad moral. En el derecho comparado, Cortes como la alemana o la italiana publican resúmenes explicativos de cada sentencia para que el ciudadano pueda seguir el razonamiento, aunque no sea especialista. Ese modelo pedagógico no disminuye el rigor; lo fortalece. La transparencia no debe verse como una concesión a la presión social. Es una extensión natural del principio republicano. Una Corte que se abre se legitima. Una Corte que se explica se respeta. El verdadero juez no teme explicar. Debe temer fallar sin fundamento. La SCJN tiene en sus manos no solo la defensa de la Constitución, sino la construcción de un nuevo pacto de confianza con la sociedad. Un pacto basado en claridad, honestidad y firmeza. La nueva SCJN no puede juzgarse desde el resentimiento por espacios perdidos ni desde la nostalgia de cotos de poder cerrados. Su verdadera medida será su capacidad para sostener la Constitución cuando hacerlo implique enfrentarse al poder y a la incomodidad social. Está para garantizar que nadie esté por encima de la ley. Por supuesto, cabe esperar que haya la inteligencia suficiente para no reproducir los vicios del viejo régimen de habilitar el acceso exclusivo a nuevos operadores jurídicos, sino cerrar ese oprobioso círculo para siempre.
Nadando entre tiburones
Ni contubernios ni complicidades
Víctor Beltri
Excelsior
“He llevado algunos juicios brutales contra el gobierno estadunidense, y sospecho que, si le preguntas a los fiscales en cualquiera de esos casos qué piensan sobre mí, ciertamente no soy su abogado defensor favorito”, expresó el abogado Jeffrey Lichtman tras la audiencia en la que Ovidio Guzmán se declararía culpable de todos los cargos que se le han imputado.
“Dicho esto”, continuó, “la idea de que el gobierno estadunidense pudiera incluir al gobierno mexicano en cualquier tipo de negociación o decisión legal estadunidense es absurda, si se toma en cuenta el caso del general Cienfuegos”. El abogado sabe cómo manejar a la opinión pública, y estaba decidido a poner el dedo en la llaga. “El gobierno de México, después de que Cienfuegos fuera acusado y arrestado aquí, insistió en que fuera devuelto y dijo que lo juzgarían ellos mismos en un tribunal mexicano: fue devuelto a México, y de inmediato fue exonerado. Y no solamente fue exonerado, sino que el presidente mexicano dijo que la DEA fabricó la montaña de evidencia contra Cienfuegos, lo cual fue absurdo, una vez más”.
La bomba había sido arrojada, y su carga era expansiva. “Los numerosos testigos que comparecieron en la corte en el caso de El Chapo Guzmán, del cual formé parte, dejaron claro que los cárteles habían pagado al Ejército mexicano —y al gobierno, hasta su cima— para evitar ser acosados, arrestados o acusados en México”.
“Esto no era Osama bin Laden, a quien los estadunidenses tuvieron que capturar viviendo en una casa de seguridad en Pakistán”, aseguró quien por su experiencia conoce, como muy pocas personas, el funcionamiento interno del Cártel de Sinaloa. “Éste era El Mayo Zambada viviendo en México, y el gobierno mexicano no hizo nada. Así que lo que le diría a la presidenta Sheinbaum es que quizá debería de revisar a sus predecesores en la oficina de la Presidencia, e intentar averiguar por qué sucedió eso”.
“Sé que la presidenta Sheinbaum ha insistido en que El Mayo Zambada sea llevado de vuelta a México para enfrentar los cargos en ese país”, afirmó posteriormente. “Sospecho que —y no estoy, de nuevo, hablando en nombre del gobierno estadunidense porque soy la última persona que debería de hacerlo—, pero la idea de que alguna vez harían tal cosa, después de lo que pasó con Cienfuegos…”.
“Primero decir que son irrespetuosas, totalmente, de la institución presidencial”, respondió desde Sinaloa la presidenta Sheinbaum, al ser cuestionada sobre las declaraciones del abogado. “También hay que decir, que es fundamental, que nosotros no establecemos relaciones de contubernio ni complicidad con nadie”, aseguró al lado del gobernador Rubén Rocha Moya, quien desviaba la mirada y mantenía un rostro adusto. “Eso lo sabe el pueblo de México, y lo saben todas y todos”.
But not everyone. “Usted recordará que, a pesar de nuestra sólida relación, los EEUU han impuesto aranceles a México para resolver nuestra crisis de fentanilo”, se dirigió el presidente Trump a la mandataria en su propia red social. “México me ha ayudado a asegurar la frontera, pero lo que ha hecho no es suficiente. México no ha detenido aún a los cárteles que están tratando de convertir a toda Norteamérica en un patio de juegos del narcotráfico. Obviamente, no puedo dejar que eso suceda. A partir del 1 de agosto de 2025 vamos a imponer una tarifa adicional del 30% a los productos mexicanos enviados a Estados Unidos (…) Si México tiene éxito en desafiar a los cárteles, y detener el flujo de fentanilo, podríamos considerar ajustes a esta carta”.
El gobierno mexicano ha cumplido con creces, sin embargo: los decomisos de fentanilo rebasan con mucho los niveles históricos, y los laboratorios se destruyen como nunca antes. Los gringos, por lo visto, cuentan con información que aún no han develado y están a la espera de acciones más contundentes: quizá, sólo quizá, ha llegado el momento de revisar a los predecesores e intentar averiguar por qué ha pasado todo esto. Ni contubernios ni complicidades: lo que se ha hecho, hasta ahora, no es suficiente.
Razones
No es con el abogado, es con Trump
La declaratoria de los grupos del narcotráfico como organizaciones terroristas le otorga a la Casa Blanca enormes prerrogativas para atacarlos y a quienes considere sus socios y cómplices
Jorge Fernández Menéndez
Excelsior
La pregunta es inevitable: ¿a quién se le ocurre organizar una visita de la presidenta Sheinbaum a Sinaloa el mismo día que la audiencia de Ovidio Guzmán en la corte de Chicago, donde se declaró culpable y testigo colaborador de las autoridades estadunidenses en un caso donde las acusadas serán las autoridades mexicanas?
Sucede el mismo día en que se cumplen 10 meses de hostilidades entre los grupos criminales, con miles de muertos, desaparecidos y enormes daños materiales. Y no se va a Sinaloa para anunciar algún gran golpe contra el crimen organizado o alguna reestructuración política de fondo, sino para inaugurar un hospital del IMSS-Bienestar.
Play Video
Ya en Sinaloa, ¿a quién se le ocurrió que una Presidenta en forma improvisada le contestara al abogado de un narcotraficante que acababa de declararse culpable de innumerables delitos? ¿A quién se le ocurrió que, además, lo hiciera acompañada por el gobernador Rubén Rocha?
La declaración presidencial en Sinaloa no tuvo sentido, mandó el mensaje político exactamente contrario al que se debía dar y terminó con una réplica aún más fuerte del abogado Jeffrey Lichtman, acompañada por una carta de Donald Trump anunciando un 30 por ciento de aranceles a todos los productos mexicanos porque no se ha hecho lo suficiente para combatir al narcotráfico e impedir, dice la carta, “que Norteamérica se convierta en el patio de juegos del narcotráfico”.
Los golpes, por si no lo advirtieron en Palacio Nacional, fueron sincronizados: se movió la fecha de la comparecencia de Ovidio y casualmente coincidió con la visita presidencial a Sinaloa. En el juicio, un Ovidio totalmente quebrado reconocía su culpabilidad y su obligación de colaborar en todos los casos que la fiscalía estableciera, luego de que ésta hiciera una amplia descripción del funcionamiento del tráfico de fentanilo en México para su introducción en Estados Unidos. Terminada la comparecencia, el abogado defensor Lichtman dijo que México no tenía nada que ver con el acuerdo al que había llegado Ovidio con el gobierno de Estados Unidos y que no podía pedir pruebas de sus acusaciones por sus relaciones con el propio crimen organizado (adelantando el tono de lo que dirá Ovidio ante sus nuevos jefes).
La Presidenta salió a contestar en una improvisada conferencia de prensa acompañada por el gobernador Rocha (doble error), a desmentir a un abogado de un criminal declarado culpable y la FGR emite un comunicado descalificando las declaraciones del abogado. Lichtman le respondió a la mandataria en términos más duros aún y, al mismo tiempo, Trump envía la carta aumentando los aranceles 30 por ciento, justificando la medida en que no se ha hecho lo suficiente contra el tráfico de fentanilo con aquella frase demoledora: se les ha permitido a los narcotraficantes “convertir América del Norte en su patio de juegos”.
La semana pasada decíamos que prefería a la presidenta Sheinbaum que presumía de su cabeza fría. En las últimas semanas tenemos a una Presidenta que contesta con la cabeza caliente y que entonces se vuelve más vulnerable, porque termina en una disputa con un abogado que no tiene nada que perder y mucho que ganar, y esa coyuntura la aprovecha la Casa Blanca para ahondar en la herida con el tema del fentanilo. Todo eso ocurre cuando hay una representación de alto nivel del gobierno mexicano en Washington negociando seguridad y aranceles.
Lo que no se entiende es que éste es un tema que trasciende completamente lo comercial. ¿Qué reclama el gobierno de Trump? Primero, desmantelar las redes de políticos, funcionarios y empresarios que protegen y son cómplices de los grupos criminales, no sólo en fentanilo, sino en el narcotráfico en general, en la migración ilegal, en el contrabando de combustible y en otras actividades del crimen organizado. Segundo, quieren que México se defina en el nuevo escenario internacional: el tema central para Estados Unidos es China, y mientras tenemos un muy alto superávit comercial con la Unión Americana, tenemos un déficit comercial altísimo, casi de la misma proporción, con China. En otras palabras, lo mismo que le vendemos a uno se lo compramos al otro, casualmente su principal adversario político y comercial. Hay que equilibrar el intercambio bilateral. Tercero, China está en el centro del tráfico de fentanilo, tanto en el aprovisionamiento del producto como en su financiamiento y eso tampoco lo está atacando el gobierno mexicano. El golpe a las tres instituciones financieras fue una demostración de lo que podría llegar a hacer la Unión Americana si no se toman medidas en ese sentido.
La declaratoria de los grupos del narcotráfico como organizaciones terroristas le otorga a la Casa Blanca enormes prerrogativas para atacarlos a ellos o a quienes considere sus socios y cómplices de innumerables maneras. Ése es el verdadero escenario, pero nos peleamos con el abogado de un narcotraficante.
Y, finalmente, hay que regresar a un punto. No hay operadores políticos en el gobierno, no hay fusibles, casi nadie aparece en momentos críticos y cuando lo hacen es para defender a la Presidenta o la soberanía, con discursos, como vimos este fin de semana, vacíos. Se necesitan interlocutores, se necesitan en Washington y en México, y aceptar que la Presidenta no puede seguir siendo la única voz, si se le quiere reducir los costos y ampliar sus espacios políticos.
Astillero
Aranceles, ofrendas y delirios // Donald ataca de nuevo // Claudia visita zona caliente // ¿Deshacerse de piezas impuestas?
Julio Hernández López
La Jornada
El Señor de los Aranceles ha atacado de nuevo (esto podrá ser leído en cualquier momento del segundo cuatrienio de Donald Trump, con las adaptaciones que cada caso requiera).
A pesar de los evidentes esfuerzos de la administración Sheinbaum por entregar resultados notablemente superiores a los que reportó Andrés Manuel López Obrador en materia de combate al crimen organizado, el ocupante de la Casa Blanca los ha considerado insuficientes y, por tanto, ha soltado uno más de sus amagos arancelarios: 30 por ciento a partir del primero de agosto, si para esa fecha Palacio Nacional no ha hecho lo que Washington considere aceptable.
La amenaza de Donald ha puesto frenética a la oposición a la llamada Cuarta Transformación, ahora empeñada en promover la hipótesis de un jinete justiciero rubio que vendría a desmontar el imperio guinda (aunque ni siquiera tiene la citada oposición cartas más o menos pasaderas para retomar el timón nacional). Rayando en ocasiones en lo delirante, circulan en redes sociales presuntos vaticinios, listas y ensayos que tratan de pavimentar la intervención gringa en México.
En particular, ha emocionado a esos opositores el arreglo de la fiscalía estadunidense con Ovidio Guzmán López para que éste reciba una sanción menor a la previsible, siempre y cuando declare más adelante lo que ese gobierno gringo considere adecuado a sus propósitos. Suponen esas voces pertenecientes a las minorías apabullantemente desplazadas que para satisfacer el apetito de Trump y sus halcones deberá haber un desmantelamiento de buena parte de la clase política dominante (Morena y sus aliados) y la entrega de ofrendas de buen nivel para sacrificios entre barras y estrellas.
No faltarían candidatos para esas faenas expiatorias. Una buena parte de los gobernadores llegados a nombre de Morena y conexos han hecho suficientes méritos para ser colocados en una piedra de sacrificios: el sinaloense Rubén Rocha Moya, el tamaulipeco Américo Villarreal y la bajacaliforniana Marina del Pilar Ávila Olmeda (y esposo) en primer lugar. Pero no sólo ellos: en realidad, lo difícil sería encontrar a algún gobernante actual que no haya sido apoyado por grupos oscuros o que no mantenga redituables relaciones de gobernabilidad con ellos o, en el mejor de los casos (si lo hubiera), de tolerancia, de convivencia obligada.
El mayor énfasis de esos grupos de adivinación está puesto en las presuntas acciones penales, o acusaciones demoledoras, que a partir de las aceitadas declaraciones de los narcotestigos protegidos llegara a lanzar Estados Unidos contra el anterior presidente, López Obrador, y algunos de sus hijos (Andy, en especial), en el marco de un narcogobierno, el inmediatamente anterior y el actual.
La presidenta Sheinbaum reaccionó con una reiteración discursiva (no subordinación, sí coordinación, nada contra la soberanía ni el pueblo, cabeza fría, red consular defensiva, negociaciones) y con una extraña visita a la región más caliente de los radares gringos: Sinaloa, con un Rocha Moya incómodo, cual si hubiese recibido una mala noticia; Baja California, de los esposos gobernantes sin visa; Sonora y Baja California Sur.
Entre la esperanza de los opositores de la 4T de que llegue un rayo estadunidense y fulmine la estructura guinda y similares, y las negociaciones cedentes que una delegación mexicana realiza en Washington (Ebrard, De la Fuente, Édgar Amador y Luz Elena González), poca atención se presta al hecho de que la presión trumpista podría ser el punto de apoyo que permitiera a la presidenta Sheinbaum deshacerse de personajes que le fueron impuestos, como cuotas de compensación por el proceso de las corcholatas (Ricardo Monreal en San Lázaro, Adán Augusto López Hernández en el Senado y el propio Ebrard en Economía), o como continuidad administrativa en secretarías y direcciones importantes. También ganaría mucho la Presidenta si se deshiciera de ciertos cargos partidistas y reafirmara la condición personalísima del ejercicio del Poder Ejecutivo federal.
México SA
Ancira, impunidad garantizada // Liquidación multimillonaria // Migajas para los trabajadores
Carlos Fernández-Vega
La Jornada
Se trata de otro vergonzoso caso de impunidad, no sólo garantizada, sino generosamente pagada: Alonso Ancira Elizondo, ex presidente de Altos Hornos de México (uno de los magnates más corruptos del país, lo que ya es decir, y responsable de la bancarrota de ese consorcio otrora paraestatal, muestra de las exitosas privatizaciones salinistas), recibirá una jugosa liquidación de 305 millones de pesos ( La Jornada, Jared Laureles y Jessica Xantomila), mientras la plantilla de obreros (a quienes el empresario dejó de pagar sus salarios) recibirá, si bien le va, sólo 20 por ciento de lo que, por ley, le corresponde por más de tres décadas de trabajo. Todo por inspiración del síndico de la quiebra de tal corporativo, Víctor Manuel Aguilera Gómez.
Además, entre las jugosas liquidaciones aparecen su hermano Jorge Alberto Ancira Elizondo, con casi 274 millones de pesos, y Xavier Desiderio Autrey, vicepresidente del consejo directivo de AHMSA, con cerca de 324 millones. La familia de este último (especializada en la industria farmacéutica) fue una de las ganadoras en la reprivatización salinista de la banca: se quedó con Comermex, el cual poco después fue incorporado a Inverlat (de Agustín Legorreta), sólo para ser rescatado por el Fobaproa y extranjerizado a favor del canadiense Scotiabank.
¿Y cuál fue la gracia de Alonso Ancira Elizondo para obtener esa multimillonaria cantidad? Quebrar AHMSA, exprimirla, desguazarla, endeudarla a más no poder, violar permanentemente el contrato colectivo de trabajo, dejar en la calle a cerca de 20 mil obreros (la mayoría especializados), amén de no pagar al IMSS, al Infonavit y al SAT entre 3 mil y 5 mil millones de pesos en adeudos). Además, acusado de corrupción galopante, fraude fiscal, lavado de dinero, de huir a Israel –donde hizo más y más chanchullos–, regresar limpio a México, volver a huir –en esa ocasión a España, donde fue capturado y extraditado– por defraudar, una vez más, al Estado mexicano, sólo para poco después huir a Estados Unidos, donde permanece. Esas y muchas otras barbaridades ahora son premiadas por un síndico a modo, el mismo que crucifica a los trabajadores para beneficiar al magnate.
Ello, sin olvidar que la venta fraudulenta de otra de sus empresas (Agronitrogenados, en 2013, enjuague en el que participó otro impune, Emilio Lozoya Austin, director peñanietista de Pemex), misma que, ya en el sexenio de López Obrador, lo llevó al Reclusorio Norte, en donde permaneció dos meses preso. Su liberación fue consecuencia de un acuerdo reparatorio con la FGR, por medio del cual se comprometió (en 2021) a resarcir 216.6 millones de dólares al erario a cambio de su libertad, de los que apenas cubrió menos de la mitad y huyó a Estados Unidos (tiene doble nacionalidad), donde goza de libertad absoluta, para evitar regresar a prisión. También aparece involucrado en los sobornos del consorcio brasileño Odebrecht, asunto que, todo indica, ha quedado en el olvido de los impartidores de justicia.
Este hampón resultó ser otra de las joyas del empresariado nacional: beneficiario de las privatizaciones de Carlos Salinas de Gortari, quien lo presumió como ejemplo a seguir: en 1991, el entonces inquilino de Los Pinos le entregó Altos Hornos de México (más 11 empresas, también paraestatales, entre ellas seis mineras) por apenas 145 millones de dólares (si es que en realidad los pagó), cuando en los hechos el consorcio del Estado, por aquellos ayeres, tenía un valor real no menor a 4 mil millones de billetes verdes, amén de que el gobierno de la solidaridad asumió, íntegra, la deuda del corporativo para entregarlo saneado.
Como se ha comentado en este espacio, la FGR no hizo caso de la advertencia de tiempo atrás hecha pública por el líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, quien en su libro El colapso de la dignidad (coeditado por La Jornada) subraya: “Alonso Ancira es un oportunista que no tiene amistades ni lealtades, sólo intereses. Es profundamente narcisista; hombre robusto, enfrascado en una perpetua lucha por perder peso, que a medida que envejece se ha sometido a varias cirugías para verse más joven y delgado. A donde va, siempre está rodeado por asistentes muy atractivas, generalmente jóvenes de aproximadamente 20 años… Siempre está tratando de fingir como si fuera un conocedor o un experto en leyes, aunque lo único que consigue la mayor parte del tiempo es exponer su propia ignorancia y falta de conocimientos”.
Las rebanadas del pastel
Y a pesar de ese mafioso historial, ahora se embolsará 305 millones de pesos. Impúdico.