Columnas Escritas
Lo que dicen los columnistas
Andamiaje de vigilancia y espionaje de la 4T
La construcción de este sistema de vigilancia masiva encuentra precedentes sólo en regímenes autoritarios que han utilizado la tecnología para el control social. La experiencia internacional demuestra que la vigilancia masiva es ineficaz para prevenir
Proceso
En un periodo extraordinario que concluyó el 1 de julio de 2025 el Congreso de la Unión, dominado por Morena y sus aliados, aprobó un paquete de reformas legales que constituye el más ambicioso sistema de vigilancia y espionaje en la historia de México. Ese andamiaje jurídico, presentado bajo el pretexto de fortalecer la seguridad pública y combatir la delincuencia, representa en realidad una amenaza sin precedentes a la privacidad, los datos personales y los derechos fundamentales de los mexicanos.
La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, aprobada en el Senado con 67 votos en favor, 29 en contra y tres abstenciones, otorga al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) facultades de acceso irrestricto a toda la información contenida en la Plataforma Única de Identidad. Esta ley establece en su artículo 12, fracción III, que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) podrá solicitar a instituciones públicas y privadas el envío de información contenida en cualquier registro administrativo.
Los datos que quedan a disposición de las autoridades incluyen información vehicular, biométrica, telefónica, registros de propiedad, comercio, catastros, fiscales, bancarios, de salud, telecomunicaciones, empresariales y comerciales. Más alarmante aún, la ley establece que pueden incorporarse “todos aquellos datos de los que puedan extraerse indicios, datos e información” útiles para investigaciones.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aprobada con 88 votos en favor en el Senado, complementa este esquema al ordenar la interconexión de bases de datos nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas.
Esta interconexión permite que las autoridades accedan a información sin los controles tradicionales que protegían la privacidad ciudadana.
La reforma a la Ley General de Población, aprobada por 345 votos en favor en la Cámara de Diputados, impone la CURP biométrica como única fuente de identidad para todos los mexicanos y extranjeros con estancia legal. Esta nueva CURP incorpora fotografía, huellas dactilares y datos de identidad completos extraídos de todas las bases de datos convirtiéndose en el documento oficial obligatorio para todos los trámites en el país, y desplazando la credencial para votar del INE.
La magnitud de esta medida es que todo ente público o particular estará obligado a solicitar la CURP biométrica para la realización de trámites y servicios. Desde comprar un teléfono hasta solicitar servicios médicos u hospedarse en un hotel. Cada transacción será registrada y vinculada a la identidad biométrica del ciudadano.
La Plataforma Única de Identidad creada por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada permitirá consultas en tiempo real y estará interconectada con bases de datos públicas y privadas. Esta plataforma realizará búsquedas continuas y seguimiento en tiempo real de las actividades realizadas con la CURP.
La Ley para Eliminar los Trámites Burocráticos, aprobada con 63 votos en favor en el Senado, crea la Llave MX como mecanismo de autenticación e identificación vinculado a la CURP. Esta herramienta permitirá eliminar 75% de los trámites presenciales, pero a costa de centralizar toda la información personal en una sola plataforma gubernamental, con los riesgos que ello implica en términos de ciberseguridad.
El artículo 72 de esta ley establece que la Llave MX podrá asociarse a fotografía y huellas dactilares contenidas en registros administrativos. Además, contempla la creación del Expediente Digital Ciudadano que permitirá la interoperabilidad entre bases de datos, registros y sistemas para integrar, consultar y compartir información.
La reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada con 369 votos en favor en Diputados, preserva y amplía el sistema de acceso a datos conservados y geolocalización en tiempo real sin controles judiciales de la ley de 2014.
El artículo 183 establece que los concesionarios de telecomunicaciones deberán colaborar con las instancias de seguridad en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos terminales.
Esta disposición permite que cualquier ciudadano con celular (prácticamente todos) pueda ser geolocalizado en tiempo real sin orden judicial. Los operadores deberán conservar los datos por dos años y las autoridades podrán consultarlos sin control judicial. Esto afecta a más de 100 millones de mexicanos que utilizan teléfonos móviles.
Resulta particularmente preocupante que estas reformas ignoren por completo las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de las Nación. En marzo de 2025, la Primera Sala declaró inconstitucional el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que contemplaba la entrega de datos conservados sin control judicial previo.
La SCJN determinó que los datos conservados ameritan una protección constitucional fuerte y que su acceso requiere autorización previa de la autoridad judicial.
La construcción de este sistema de vigilancia masiva encuentra precedentes sólo en regímenes autoritarios que han utilizado la tecnología para el control social. Los promotores de estas reformas argumentan que son necesarias para combatir la inseguridad y el crimen organizado. La experiencia internacional demuestra que la vigilancia masiva es ineficaz para prevenir delitos, más bien puede facilitarlos.
La falta de controles independientes, supervisión judicial y mecanismos de rendición de cuentas convierte este sistema en una herramienta perfecta para el abuso de poder.
La extinción de organismos garantes de derechos fundamentales como el INAI, el IFT y la renovación del Poder Judicial por voto popular agudizan los riesgos y la politización. En un país donde las instituciones de seguridad han sido infiltradas por el crimen organizado, entregarles acceso irrestricto a información personal de todos los ciudadanos representa un peligro mayúsculo.
El andamiaje de vigilancia y espionaje de la 4T constituye una grave amenaza a la democracia mexicana. Al eliminar los controles judiciales, centralizar la información en manos del Ejecutivo y crear mecanismos de vigilancia masiva sin contrapesos, este sistema transforma al Estado mexicano en un aparato de control social, vigilancia y espionaje incompatible con los principios democráticos.
Arsenal
Las doce llamadas de Trump y el senador que despotrica contra México
Francisco Garfias
Excelsior
Una mezcla de cooperación, tensiones y desafíos en temas como fentanilo, comercio y migración distingue las relaciones entre México y Estados Unidos.
Los presidentes Claudia Sheinbaum y Donald Trump no se han entrevistado personalmente desde que el estadunidense regresó a la Casa Blanca, el pasado 20 de enero.
El encuentro que tenían pactado en Canadá, con motivo de la Cumbre del G7, no se concretó por la prisa del jefe de la Casa Blanca en jugar a la guerra en Oriente Medio.
Fuentes de la embajada en Washington nos hacen ver, sin embargo, que ambos mandatarios han sostenido 12 llamadas telefónicas. “Doce llamadas no las tiene ningún jefe de Estado en el mundo”, subrayan.
* Las fuentes recuerdan que, inicialmente, Trump le dijo a Sheinbaum que quería que México se aplicara en temas como el fentanilo, la seguridad y la migración; y que por eso nos iba a poner un arancel de 25 por ciento. “Afortunadamente en esos temas se ha avanzado de manera notable”, subrayan.
Y citan una rueda de prensa en la que el presidente Trump habría dicho: “Yo convoqué a una reunión para ver cómo estaban las cosas en la frontera y me dijeron que no era necesario porque ya, literalmente, el paso de migrantes es cero”.
Buena parte de esa tarea, aseguran, se hace en México, y es algo muy reconocido de parte de Trump por el trabajo que se está haciendo. Datos que maneja el gobierno mexicano señalan que el tráfico de fentanilo hacia EU ha bajado 70% gracias, en parte, a la estrategia de haber enviado a 10 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera.
Se están destruyendo tanto laboratorios como máquinas para hacer pastillas y hay 13 mil personas más en la cárcel por este tema desde que entró la Presidenta, destacan.
* El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, y el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, hablaron por teléfono ayer a las 10 de la mañana.
La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, publicó un comunicado sobre la llamada: “Los secretarios reafirmaron su compromiso mutuo de trabajar de manera conjunta para desmantelar las organizaciones delictivas y terroristas transnacionales que envenenan nuestras comunidades, amenazan la soberanía de México y matan a nuestros ciudadanos”.
Las fuentes citadas confirman que hubo una buena conversación. “Se plantearon trabajar todos estos temas en un marco integral. Habrá reuniones aquí para eso en los próximos días”, puntualizan.
* Nos dicen que después de que se tenga el acuerdo ya se verá si hay una visita a México de Trump o si, en un momento dado, la Presidenta va a EU. La posibilidad de que se dé esa entrevista es alta, según la parte mexicana. Obviamente, primero hay que tener resuelta la sustancia. La visita es la forma, la sustancia es el acuerdo. “Las cosas van avanzadas”, aseguran.
* El panorama optimista nos llevó a preguntar las razones que tendría la procuradora de EU, Pam Bondi, para colocar a México como “adversario extranjero” junto con Irán, China y Rusia. “Fue un desliz por la presión de la comparecencia. El senador republicano Lindsey Graham la asedió todo el tiempo con preguntas sobre México, en particular sobre la cooperación de nuestro país en materia de combate al narcotráfico”.
La respuesta de Bondi, según las fuentes, dio oportunidad para que Graham despotricara contra México. La procuradora dijo: “Ésa es una conversación que es mejor tenerla en un entorno clasificado”. El embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma, pidió ayer una entrevista con Bondi y está en espera de una respuesta, revelan las fuentes.
Destacan que, un día antes que Bondi, comparecieron en el Senado los titulares de la CIA, la DEA y el FBI.
Graham los presionó para que hablaran mal de México. “No sólo no lo hicieron, sino que coincidieron en señalar que hay una estrategia que está funcionando, una comunicación continua y, sobre todo, que hay resultados”, sintetizaron.
* Las deportaciones de connacionales es un tema que sí preocupa a México. Ahora, con el nuevo presupuesto de Trump, van a fortalecer agencias y policías.
“Eso va a ayudar a que tengan mucho más capacidad de acción… Lo que quiere Trump (en deportaciones) es una cifra muy grandota (3 mil diarias) y no va a aflojar”, vaticinan.
Nos hacen ver, sin embargo, que se avanzó en el tema de los trabajadores agrícolas y de la construcción. El propio Trump anunció que evalúa dar permisos temporales a trabajadores en esas dos ramas. En la agricultura, la cifra de empleados indocumentados asciende a 42%, según datos del Departamento de Agricultura citados por el New York Times, mientras que en la construcción la cifra es de 14.1%, de acuerdo al American Immigration Council.
Número cero
El nuevo rostro del Estado en seguridad
José Buendía Hegewisch
Excelsior
El gobierno de continuidad de Claudia Sheinbaum ha profundizado en su primer año las reformas pendientes de López Obrador y las suyas con la aplanadora de Morena en el Congreso. Para las instituciones de seguridad y justicia se abre un ciclo de transformaciones de gran calado con la aprobación de leyes muy polémicas por sus inciertos alcances y límites, pero redituables políticamente si tienen éxito.
La luz verde del Congreso al plan maestro de seguridad de Sheinbaum es un paso transcendental que modelará el rostro del Estado mexicano en las próximas décadas, con nuevas leyes que le dan enormes poderes para combatir el crimen con mayores facultades de investigación y digitalización de datos contra la delincuencia; aunque sin convencer de las líneas reales que separan de la protección de los derechos humanos y controles democráticos con los cuales evitar abusos.
La oposición ha criticado amargamente las reformas como el advenimiento de un “Estado espía” y advertido que se usarán para vigilar a los ciudadanos como delincuentes, aunque con algunos de sus votos han asentido su tránsito exprés en el periodo extraordinario.
Otra vez han convertido el debate de las reformas en un espacio de confrontación estéril en el que la falta de argumentación política se envuelve en diatribas morales o en acusar su debilidad por la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso; o bien, simplemente por recortar a Sheinbaum réditos de su política interna contra la violencia.
Pero lo cierto es que la nueva arquitectura institucional modificará la relación gobierno-sociedad a favor del primero con muchas más facultades de identificación y vigilancia contra el crimen. Ante ello, lo preocupante es la reducción del debate al rechazo a la tecnología de bases de datos, geolocalización o biométricos en seguridad y, al mismo tiempo, exigir soluciones a la violencia o limitar el reclamo a la opinión pública; no es lógico creer que puede enfrentar las redes complejas del crimen sin inteligencia e instrumentos tecnológicos a los que recurren las democracias, aunque tampoco aceptar leyes ambiguas o imprecisas que abran la puerta a la invasión privada o al espionaje.
Las leyes más polémicas del periodo son las que articulan la estrategia de seguridad de Sheinbaum: la de la Guardia Nacional, que consuma su integración al Ejército y le otorga nuevas facultades para investigar delitos del fuero común a solicitud de estados y municipios; esto abre camino hacia una policía nacional que acabe por sustituir a las locales; la llamada Ley Harfuch, que liderazgos de Morena en el Congreso detenían por la rentabilidad que ofrecen los enormes poderes de investigación e inteligencia al “superpolicía” de Sheinbaum; de desapariciones de personas con el acceso a datos biométricos a través de la CURP y la de Telecomunicaciones o Ley Censura por proponer el bloqueo de plataformas y mayor vigilancia a las comunicaciones en la red, sin precisar la condición de la autorización judicial, como se estableció finalmente.
De cualquier forma, los riesgos a la privacidad son reales. Tanto como desatendidos por la fuerza de una mayoría que no transige con otros razonamientos que desafíen su lógica o les reste ganancias políticas; y una postura de tonos morales que ve todo acceso del Estado a ellos como autoritarismo. Cuando, además, varias de las reformas sumaron votos opositores. Ahí es donde hacen corto circuito los discursos de alerta sobre el surgimiento de un Big Brother del Bienestar con la realidad y las alianzas políticas. En apariencia contradictoria, tampoco es extraño que la oposición encienda el Congreso con retórica de confrontación y, en los hechos, avale reformas contra la inseguridad, a pesar de dictámenes aprobados sin dejar huella de acuerdos, por la vía rápida y sin siquiera leerse.
Pero no es inédito que entre las filas de la oposición se apoye legalizar mayor vigilancia contra el crimen, como ha ocurrido cuando ocuparon el poder o en la creación de la Guardia Nacional, aunque, en el discurso, exalten el temor a que se presten a la persecución o censura de opositores políticos.
Tampoco es por su debilitamiento o sumisión, sino por concordar o convenir con un modelo de seguridad similar de los últimos tres gobiernos. Sheinbaum rechaza que vaya a usarse para espionaje o censura, pero sin convencer de los controles para evitar el uso político o discrecional de las nuevas capacidades tecnológicas. Pero lo que sí es claro es que ahora tendrá todas las herramientas legales contra la violencia y ya no habrá pretexto para fallar.
Astillero
Puebla, el oscuro negocio del agua // El robo más grande: Armenta // Monex, Hank, salinismo // Trasfondo de represión a Romero
Julio Hernández López
La Jornada
El negocio del agua potable está entregado en Puebla a grupos empresariales que han tejido una oscuridad accionaria que impide precisar a los verdaderos dueños de Concesiones Integrales SA de CV, una firma que en diciembre de 2013, apenas a unos días de haberse constituido, recibió esa especie de regalo de parte del panista, entonces gobernador, Rafael Moreno Valle.
En el embrollo relacionado con la empresa conocida como Agua de Puebla para Todos han aparecido referencias a Monex, el grupo financiero que en 2012 fue utilizado por la mapachería priísta mediante tarjetas y monederos electrónicos para triangular fondos y operaciones directas relacionadas con las tareas electorales del partido tricolor. Ese financiamiento encubierto y delictivo de la acción electoral priísta fue fundamental para la llegada fraudulenta del ex gobernador del estado de México a Los Pinos (ese fraude se llevó a cabo de manera distinta al cometido en 2006 por Felipe Calderón; fue un fraude priísta fundado en el despilfarro de fondos provenientes del sindicato de gobernadores afines a Peña Nieto, y de flujos oscuros luego premiados).
También han aparecido, en los vaivenes accionarios de esa muy redituable concesión, nombres de la familia Gutiérrez Cortina, relacionada con Carlos Salinas de Gortari, y el Grupo Industrial Hermes, de Carlos Hank Rhon, hijo del profesor que ocupó importantes cargos gubernamentales a la par que construyó una de las principales fortunas del país (información más amplia, de la que se ha nutrido esta columna, en Nodo de Derechos Humanos: https://goo.su/Wuv4G).
Agua de Puebla para Todos ha sido continuamente señalada de irregularidades graves y de cobrar tarifas elevadas y abusivas. Más contundente fue en su momento (mayo de 2024) el entonces candidato de Morena al gobierno del estado, Alejandro Armenta: Si jurídica y económicamente no representa un daño económico a Puebla, vamos a echar abajo la concesión leonina, ineficiente, de Agua de Puebla, porque fue el robo más grande que le han hecho a Puebla junto con el Museo Barroco y las plataformas de Audi (https://goo.su/SOSApL).
Las palabras de Armenta se dirigían a su contrincante por el mando estatal, el panista Eduardo Rivera, quien fue presidente del municipio de Puebla cuando se otorgó la concesión de referencia. Ahora es la propia empresa del robo más grande a Puebla la que ha denunciado a Renato Romero, uno de los principales activistas en defensa del agua y, en general, del medio ambiente y, por ello, se le detuvo el martes por la mañana, se le mantuvo desaparecido durante horas e incomunicado hasta ayer que le permitieron hablar durante 10 minutos con su abogado.
Renato Romero ha sido un organizador e impulsor de la resistencia cívica contra las Granjas Carroll que en Totalco, municipio de Perote, Veracruz, han sido acusadas de contaminación de acuíferos, destrucción ambiental y despojo de comunidades. La aprehensión de Romero se produjo un año y 10 días después de que policías de la Fuerza Civil del estado de Veracruz (gobernado entonces por Cuitláhuac García, de Morena) atacaron a la población del pueblo de San José del Limón, asesinando a dos campesinos y golpeando a vecinos y allanando domicilios de manera extremadamente violenta. Por estos hechos sólo fueron detenidos dos policías, pero nunca los mandos y los funcionarios responsables del operativo (Rocío Heredia, en Avispa Midia: https://goo.su/ltZNCY).
La acusación contra Romero, por despojo agravado y daño en propiedad ajena, presentada por Agua de Puebla para Todos, trata de castigar y amedrentar (hay órdenes de aprehensión contra otros activistas) a quienes se han opuesto a las maniobras de esa poderosa empresa concesionaria, ahora apalancada por los mismos políticos, ya en el poder estatal, que antes la denunciaban.
México SA
Sheinbaum: desliz diplomático // BRICS, ¿no son importantes? // Córdova: de gallo a gallinita
Carlos Fernández-Vega
La Jornada
Tal vez la agarraron fuera de base, porque dedicó la mayor parte de la mañanera a presentar el Programa Integral para el Oriente del Estado de México, pero el hecho es que la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo una suerte de desliz diplomático, por llamarle así, cuando fue consultada sobre su eventual asistencia a la decimoséptima Cumbre BRICS 2025, que se llevará a cabo los próximos 6 y 7 de julio en Río de Janeiro, Brasil.
Y fue desliz, porque nada diplomático resulta ningunear a la comunidad de naciones asociada a ese mecanismo político-social-económico-comercial incluyente e igualitario, que no sólo tiene una creciente relevancia geoeconómica y geopolítica, sino que representa una gran alternativa al férreo unilateralismo regenteado por Estados Unidos, el cual, dicho sea de paso, padece hoy México con las crecientes presiones y chantajes de Donald Trump.
Consultada, pues, sobre su eventual presencia en la citada cumbre, la mandataria dijo de entrada que nunca he dicho que iba a ir, nunca confirmé, y de ahí pasó a justificar su decisión: No puedo estar viajando tanto, hay mucho trabajo aquí en el país. Si vamos a algún lugar u otro es porque (lo) consideramos importante, pero en el caso de los BRICS va a la reunión el secretario de Relaciones Exteriores. Vamos como observadores, nosotros no formamos parte de este conglomerado de países; entonces, va a ir Juan Ramón de la Fuente.
Tiene razón cuando dice que hay mucho trabajo aquí en el país, pero, ¿en serio no es importante una comunidad de naciones (alrededor de 20 y contando, entre estados miembros y asociados) que promueve el multilateralismo, un desarrollo global justo y seguro, un intercambio en condiciones justas y benéficas para los participantes y estimula la cooperación sur-sur, algo que permitiría no sólo diversificar el actualmente encadenado comercio exterior mexicano, el cual no ve otro horizonte que el mercado gringo cadena, sino incrementar sustancialmente el ingreso por ese concepto?
La reacción de la mandataria mexicana más parece una atenta invitación a propios y extraños para que no le toquen el incómodo vals de los BRICS, de la diversificación de mercados, de ampliar las miras geoestratégicas y geoeconómicas para no dar motivos al energúmeno de la Casa Blanca para que cargue en contra de México (como si éste necesitara pretexto alguno para hacerlo), especialmente cuando se aproxima la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá en medio de la feroz andanada de agresiones de Trump hacia sus amigos y socios comerciales.
Cierto es que fue el propio ex presidente Andrés Manuel López Obrador quien en 2023 rechazó la invitación para que México se integrara a los BRICS, y así lo explicó: Por razones económicas, de vecindad, de geopolítica, vamos a continuar fortaleciendo la alianza de América del Norte y de toda América. Nuestra propuesta es fortificar el tratado con Estados Unidos y Canadá, consolidarlos como región, ayudarnos mutuamente, complementarnos, que se comparta inversión, tecnología, fuerza de trabajo, que se mejoren los salarios y se consolide América del Norte. Eso es lo primero.
Casi dos años después, con el regreso de Trump, México y Canadá han padecido la alianza con Estados Unidos, país que se manifiesta cada día más autoritario, intervencionista y agresivo, lo que ni lejanamente reivindica aquello de consolidarnos como región y ayudarnos mutuamente. Entonces, ha sucedido todo lo contrario, y esto apenas comienza, de tal suerte que es más que necesario buscar alternativas, y los BRICS es una de ellas, porque las cadenas no se rompen como por arte de magia.
En la cumbre previa de los BRICS, realizada en 2024 en la bellísima ciudad rusa de Kazán, se divulgó lo siguiente: la contribución de esta comunidad a la economía mundial supera a la del G-7; en 1992, éste representaba 45.5 por ciento del PIB mundial; en 2022 cayó a 30.5, mientras el de los BRICS creció a 36 por ciento. En 2023, ya con nuevos miembros, los BRICS significaron 37 por ciento del comercio mundial y casi la mitad de la población del planeta; el territorio conjunto suma alrededor de 40 millones de kilómetros cuadrados y representa 40 por ciento de la producción global de petróleo. Entonces, ¿no es importante?
Las rebanadas del pastel
De gallo a gallinita: muy bravo para agredir a los pueblos originarios y burlarse de ellos, pero ahora el racista Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del INE, llora y se victimiza, por lo que solicita un amparo y exige a la justicia que ordene a la SEP que redite los libros de texto gratuitos en los que se menciona su aberrante comportamiento.