Lo que dicen los columnistas

Arsenal

De “vecinos distantes” a “enemigos extranjeros”

Francisco Garfias

Excelsior

Ya no sólo somos “vecinos distantes”, como diría el periodista Alan Riding allá por la década de los ochenta, sino “adversarios extranjeros de Estados Unidos” junto con Rusia, China e Irán, según la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi.

Las relaciones de México con el vecino del norte, desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el pasado 20 de enero, se han tensado, al grado de que no se nos ve como socios, sino como adversarios.

La migración y el descontrol del crimen organizado llevaron al presidente de Estados Unidos a voltear insistentemente hacia México.

Las presiones para combatir a los cárteles de la droga se han incrementado como nunca habíamos visto.

El último disparo apuntó a instituciones financieras a las que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusa de lavado de dinero: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.

Las tres tienen prohibido transferir fondos hacia o desde la Unión Americana, afectando a clientes que realizan transacciones fronterizas.

Por ejemplo, usuarios de esas instituciones que operen en el vecino país del norte enfrentarán restricciones para acceder a sus fondos a través de cajeros automáticos.

Por lo pronto, Fitch Ratings bajó las calificaciones crediticias a las tres instituciones señaladas.

En México, las reacciones son mixtas. La presidenta Sheinbaum insiste en que no hay información que esté en la UIF, en la Fiscalía o en alguna área del gobierno de México que pudiera verificar, en efecto, lo que está diciendo el Tesoro de EU.

Pero, además, “no hay nada, ninguna prueba en lo que envía el Departamento del Tesoro, de algún vínculo de estas tres instituciones financieras con lavado de dinero o con algún vínculo con la delincuencia organizada”, aseguró.

La CNBV, simultáneamente, cambió a los administradores e intervino gerencialmente los dos bancos y la casa de bolsa señalados para proteger a inversionistas y ahorradores.

Ya que estamos: documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad demuestran que la UIF conocía, al menos desde agosto de 2024, transacciones por más de 40 millones de dólares, a través de Vector, que involucraban a Genaro García Luna.

El “yo acuso” del Tesoro de EU a presuntos lavadores de dinero se suma al retiro de visas a gobernantes y grupos que cantan narcocorridos.

En esa lista negra figuran la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila; su esposo Carlos Torres, el cantante Julión Álvarez, Los Alegres del Barranco y Grupo Firme, entre otros muchos.

Fuentes cercanas al Partido Republicano adelantan que ya viene la famosa lista de “narcofuncionarios” mexicanos.

*Nos cuentan que en la celebración adelantada del 4 de julio, celebrada antier en la residencia de la embajada de Estados Unidos, hubo un detalle que llamó poderosamente la atención.

A diferencia del irrepetible Ken Salazar, el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, no le pidió al canciller Juan Ramón de la Fuente, uno de los invitados, que subiera a la tribuna.

“No vino a hacer amigos”, nos dijo el testigo presencial de la escena que acabamos de describir.

A Salazar, por cierto, no le gustó que Pam Bondi incluyera a México entre los enemigos de Estados Unidos.

“Somos familia, dos soberanías, pero se tiene que tener respeto, así es como se respetan los vecinos. Por siempre vamos a ser vecinos, por siempre vamos a ser familia”, declaro ayer el exembajador.

Cepal renueva pronósticos y esperanzas

México está necesitando una nueva reforma política, semejante quizás a la que realizaron en su momento el PRI, el PAN y el PRD impulsados por las fuerzas de la sociedad civil cuando se crearon las instituciones que fortalecían el sufragio efectivo.

Julio Faesler

Excelsior

En un contexto global marcado por crecientes conflictos, inestabilidad, profundos cambios geopolíticos, y gran incertidumbre, la cooperación interregional adquiere una importancia vital. Las tensiones multilaterales, los antiguos y nuevos conflictos armados que continúan afectando a diversas regiones, y las transformaciones en el mundo entero en curso, generan un escenario mundial complejo y volátil que exige respuestas coordinadas y solidarias.

El área latinoamericana es una zona libre de los terribles conflictos que torturan a muchas regiones del planeta, sin embargo, está sufriendo una de las etapas más críticas de su historia donde las fuerzas negativas se han acumulado en la forma de sequías, cambio climático, condiciones erráticas del mercado que ponen a prueba la firmeza de las estructuras socioeconómicas. En este escenario actual la colaboración entre regiones es imprescindible para avanzar hacia un desarrollo social inclusivo.

Durante el V Seminario Regional de Desarrollo Social de la Cepal, entre sus conclusiones se recalcó que América Latina tiene “la necesidad de dinamizar el crecimiento económico, abordar los obstáculos macroeconómicos, y promover políticas que permitan a los países de América Latina y el Caribe salir de la trampa del bajo crecimiento”. Los elementos mencionados se agravan con el aumento demográfico, mientras que los programas de educación y de salud pública han sufrido recortes frecuentes por la debilidad financiera de los gobiernos. En efecto, lo anterior confirma la necesidad de acciones claras y firmes en circunstancias donde los presupuestos son cada vez más difíciles de alimentar por los índices negativos de producción.

Todo lo anterior ha hecho más problemático seguir los principios de la democracia. La tendencia en los países latinoamericanos ha ido claramente hacia la concentración en el Poder Ejecutivo. La elección de figuras como Milei en Argentina, Petro en Colombia, Bukele en El Salvador, son ejemplos de lo anterior.

El gobierno de México, bajo la égida de Morena, también ha emprendido el camino de reformas estructurales muchas de las cuales contienen los elementos de conformar un régimen más autocrático que democrático. Las reformas iniciadas por la administración de López Obrador, se reflejan en la orientación del gobierno de la presidenta Sheinbaum y confirma cada vez más que esta orientación es la que menos conviene al país por varias circunstancias.

En efecto, la experiencia con regímenes de izquierda durante el siglo pasado y actualmente en muchos países, apuntan hacia el desorden y un fuerte desperdicio de recursos. Los costos de gobiernos en donde la autoridad se centraliza en un solo partido dominante son crecientes a medida que este tipo de gobierno propicia y protege la corrupción. Cada uno de los pasos recientes tomados por la doctora Sheinbaum responden a la agenda de una izquierda anticuada que domina en las dos cámaras parlamentarias reforzadas por la composición de una mayoría absoluta sin que exista por el momento una oposición.

La falta de equilibrio ideológico debido a las acciones que está desarrollando Claudia Sheinbaum, se debe a que hasta ahora sólo ha respondido a la agenda de Morena. Es evidente la necesidad que tiene México de un régimen verdaderamente incluyente y no la tendencia actual de exclusión de todo aquel que no se conforme a la letra de los dictados de Palacio.

México está necesitando una nueva reforma política, semejante quizás a la que realizaron en su momento el PRI, el PAN y el PRD impulsados por las fuerzas de la sociedad civil cuando se crearon las instituciones que fortalecían el sufragio efectivo. En la actualidad, sin embargo, no existe la conformación de las fuerzas capaces de producir tal reforma política. De no hacerlo, seguiremos la ruta de Morena.

No basta proponer la mera eliminación de las plurinominales con la sola excusa de gastos exorbitantes, reducir el Legislativo a su dimensión anterior de 300 legisladores, remacharía la supremacía de un partido oficial que ya controla ambas Cámaras y al Poder Judicial.

Se verá que las conclusiones del V Seminario de la Cepal, implican no sólo el fortalecimiento económico y social, sino también para México, supone un profundo viraje hacia la democracia efectiva.

Zurda

Concentración y centralización del Poder

Ruth Zavaleta Salgado

Excelsior

Sin lugar a dudas, el gobierno de la 4T se llevó una gran sorpresa al escuchar, tanto la ominosa declaración de la fiscal general, Pamela Bondi, que incluyó a México en un paquete de países enemigos de EU (junto con Irán, Rusia y China) como los impactantes señalamientos realizados por el departamento del tesoro contra Cector, CIBanco e Intercam por el presunto involucramiento de lavado de dinero, ¿habrá más señalamientos de otros bancos? ¿Quiénes, con o sin conocimiento, de forma directa o indirecta, están involucrados?

Al parecer, esto sólo es el inicio de una tormenta que ya arrastró a un personaje de todas las confianzas del expresidente López Obrador: Alfonso Romo, y con ello, resurgen viejas dudas que ponen a la anterior administración en el ojo del huracán. Algunas preguntas surgen al respecto, por ejemplo, siendo tan eficiente, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ¿no tenía alguna pista?

Más allá de las dudas, fue obvio que, en las primeras horas, estas noticias dejaron sin palabras tanto al gobierno como a la oposición, incluso, a la mayoría de los medios de comunicación que no reaccionaron de inmediato, quizás, porque nadie se lo esperaba.

O tal vez, porque es evidente que, a pesar del rechazo ciudadano que produce la incongruente militarización la Guardia Nacional, se ven injustas las declaraciones de la señora Bondi, porque se reconoce que la presidenta Claudia Sheinbaum se esfuerza para dar señales de un cambio de política en materia de seguridad pública y combate al crimen organizado con respecto a la de abrazos, no balazos de López Obrador.

Muestra de ello es que, precisamente, el 23 de junio inició el primer periodo de sesiones extraordinarias de LXVI Legislatura para aprobar o reformar un paquete de más de 20 leyes (algunas muy polémicas) que consolidan la nueva estrategia presidencial, entre las que se distinguen: las de la Guardia Nacional, la General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública (Ley Espía).

Valga reconocer que, a pesar del rechazo a la militarización de la Guardia Nacional, tanto esta ley como la del Sistema Nacional de Seguridad fueron aprobadas no sólo por Morena y sus aliados, sino también por la fracción del PAN y MC. Aun cuando algunos medios de comunicación señalaron que esto fue resultado del cabildeo del mismísimo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, lo más seguro es que, a pesar de lo irrelevante que significa su voto en términos numéricos, la oposición decidió votar a favor de estas dos leyes por la intervención de los gobernantes estatales y municipales emanados de sus partidos, ya que las mismas facultan una mayor concentración y centralización del poder de las decisiones al ámbito federal, frente a eso y los problemas de inseguridad que azotan sus territorios (Guanajuato y Jalisco, por ejemplo), lo mejor es sumarse.

No fue el mismo caso para aprobar la llamada Ley Espía, la cual fue votada a favor sólo por el oficialismo. Ésta y la ley nacional para eliminar trámites burocráticos cierran la pinza para que haya un control total, centralizado, de datos sensibles de los ciudadanos por parte del gobierno federal a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Por ejemplo, datos biométricos y telefónicos, vehiculares, de la propiedad privada, bancarios, de salud, etcétera.

Si esto se hubiera aprobado en tiempos que gobernaba el PRI o el PAN, la izquierda que hoy gobierna no lo hubiera aceptado. Pero no es lo único, aún falta más, por ejemplo, con el pretexto del combate al lavado de dinero, van a reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal para incluir a las organizaciones sociales y los partidos políticos, ¿acaso es casualidad?

Además, la presidenta Sheinbaum ya amenazó con presentar iniciativa de reforma electoral, porque, al parecer, Morena no se conforma con tener la mayoría y haber acabado con el equilibrio de poder y el federalismo, sino quieren un régimen con partido de Estado, tal y como pasa en China o Rusia. ¿será?

México SA

¡Estos son hechos!: a pagar // Salinas Pliego, ¡pase a la caja! // Debe 74 mil millones de pesos

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

¡Estos son hechos!, gritaría la marioneta nocturna de Tv Azteca: Ricardo Salinas Pliego debe pagar 74 mil millones de pesos en impuestos evadidos ¡a lo largo de 16 años!, un retraso que ha sido posible por la obscena, pero no gratuita, protección del Poder Judicial, especialmente la que, a lo largo del tiempo, al barón le ha sido garantizada por la mayoría de ministros (algunos en retiro y otros que ya se van) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el llamado máximo tribunal del país, siempre al servicio de la oligarquía.

¡Dieciséis años de evasión!, y el descarado magnate todavía se queja. Por medio de un comunicado de su Grupo Salinas, llora, se retuerce y victimiza: obligarlo a cumplir con el fisco, dice, es arbitrario e ilegal, por ser víctima de un sistema judicial sometido a presiones e intereses políticos derivados de la reciente farsa electoral judicial, de tal suerte que comienza a institucionalizar la extorsión fiscal en lugar de proteger los derechos de los contribuyentes, pero olvidó mencionar que esa farsa, como la denomina, se concretó poco menos de dos meses atrás, mientras él acumula 16 años de evasión.

La presidenta Claudia Sheinbaum lo advirtió en la mañanera de ayer: Este es el fondo de por qué están en contra de la elección al Poder Judicial, por qué tanta motivación, tanta crítica, tanto enojo en contra: porque tenían vínculos con muchos ministros y ministras que permitían este aletargamiento en la decisión o una decisión que pudiera ser favorable a este grupo que sería, ahora sí que la injusticia llevada a la máxima expresión. Por ello, “es importante que la gente sepa que esta andanada que se ha hecho de críticas contra la elección al Poder Judicial –que provienen, en mucho, de medios de comunicación, en particular de uno (léase Tv Azteca)– tiene que ver con que no quieren pagar impuestos y quieren que continúe este régimen de corrupción y privilegios que los protegía”.

Algo más dijo la mandataria: se trata de impuestos que no se han pagado desde hace 16 años y prefirieron tener una cantidad de abogados y vínculos corruptos con jueces, con magistrados, con ministros, que les han evitado pagar impuestos, pero los van a pagar, porque no creo que la Corte de los ministros que están ahora se vayan a atrever a hacer algo en contra del pueblo de México. Es importante que se conozca, que se sepa cuántos juicios hay, 74 mil millones de pesos. Y el fondo de la crítica al Poder Judicial, no a nuestro gobierno, porque todos los días es una retahíla tremenda contra nosotros. ¿Qué los motiva? Que no quieren pagar impuestos y no quieren que haya justicia, porque hablan de estado de derecho, pero cuando les toca a ellos, ahí sí no.

En la misma ocasión, fue la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, quien puso números a la descomunal evasión de Salinas Pliego (sin mencionarlo por su nombre): 32 juicios con más de 74 mil millones de pesos en litigio; de ellos, tres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que suman 26 mil millones (una tercera parte del adeudo); cinco en tribunales colegiados de circuito, con más de 20 mil millones; 11 en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que involucran 8 mil millones, y 13 en otras instancias, ventilándose en el Servicio de Administración Tributaria, 20 mil millones.

Galeano García detalló: ¿Cuántos juicios y recursos se han interpuesto para evitar el pago de estas cantidades? 22. Lo que debió pagar en 2010, se ha retrasado por 14 años utilizando 10 juicios e instancias diversas, y en 2013, de igual forma, 11 años de retraso con 29 juicios y diversos recursos. Ha ido aumentando la fuerza del litigio y el uso en exceso de las instancias con que cuentan. Sólo el primer asunto debió pagarse en 2009.

En síntesis, 16 años de incumplimiento, de tal suerte que “podemos concluir que el modus operandi de este grupo empresarial” es que a pesar de que sabe que no tiene la razón, de todas maneras litiga con fervor y, subraya la procuradora, ciertos juzgadores han evadido su obligación con la justicia, con su compromiso con México.

Entonces, a pagar.

Las rebanadas del pastel

Como siempre, doble rasero: ¿cómo resuelve el gobierno estadunidense los casos de lavado de dinero que se detectan en su país? Con simples multas a las instituciones financieras involucradas (especialmente si se trata de bancos enormes), y colorín colorado, hasta que surja otro. ¿Y cómo lo hace cuando se dan en otras naciones, especialmente del Tercer Mundo? Con escándalo, amenazas y espada de la justicia en mano, para poner el ejemplo.