Lo que dicen los columnistas

Los datos biométricos en México: ¿solución o nuevos riesgos?

Centralizar los datos biométricos de toda la población, sin establecer controles claros sobre su acceso, uso y protección, exige no sólo transparencia en su implementación, sino también contar con sistemas sofisticados de protección y personal altamente calificado.

Julieta del Río

Proceso

El Senado aprobó en lo general el uso de nuestros datos biométricos en la Clave Única de Registro de Población o CURP, bajo la premisa de simplificar trámites mediante la Llave MX. 

Esta llave es una herramienta digital que implementará la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la cual pretende, en el fondo, combatir la corrupción. Ante este panorama, en donde el Estado mexicano recolectará datos biométricos de la población, vale la pena preguntarnos: ¿quién se encargará de vigilar y establecer las medidas de seguridad para proteger estas bases de datos?

La información biométrica es única; no existen dos personas con las mismas características físicas, lo que la convierte en un identificador personal por excelencia. Huellas dactilares, escaneo del iris o reconocimiento facial son algunos ejemplos. No obstante, el hecho de que estos datos sean tan precisos no significa que su incorporación automática a un documento de identidad elimine, por sí sola, la corrupción. Existen otros mecanismos para combatirla.

La posible aprobación de esta reforma ha sido presentada como un avance “anticorrupción”, pero el riesgo de vulneración a la privacidad de millones de personas es inminente. La corrupción es un fenómeno estructural que se combate con controles institucionales, transparencia y rendición de cuentas, no únicamente con bases de datos centralizadas. Entonces, cabe preguntar: ¿quién custodiará esta información?, ¿bajo qué controles y con qué garantías?

A diferencia de una contraseña, que puede ser modificada si se ve comprometida, los datos biométricos no pueden ser reemplazados. Si alguien obtiene tu huella digital o el escaneo de tu rostro, no puedes modificar tu identidad física. Por ello, este tipo de información requiere los más altos estándares de seguridad, supervisión independiente y un marco legal específico que garantice su tratamiento legítimo, proporcional y seguro.

Por lo tanto, es pertinente que se transparente el proceso para salvaguardar estos datos, y conocer cuál será el área o la institución responsable de su protección ante una vulneración o mal uso de los datos biométricos. 

En la era digital, los datos personales son tan valiosos como el petróleo: se cotizan como oro. En México hemos sido testigos de filtraciones masivas, uso indebido de información por parte de autoridades o empresas privadas, y un débil esquema de fiscalización tecnológica. En mi paso de más de cuatro años como comisionada del que fuera el organismo garante a nivel nacional de la protección de la privacidad, tuve conocimiento de cientos de casos que resolvimos sobre vulneraciones de datos personales. En aquella época, incluso acudimos varias veces a controversias para evitar el uso de datos biométricos en diferentes iniciativas.

Hoy, ante un nuevo panorama político, es necesario que se tomen en consideración las medidas pertinentes para prevenir y proteger los datos biométricos, además de informar a la población sobre las instituciones que van a intervenir en este proceso. ¿Quién podrá alertar sobre un uso indebido de la información? ¿Quién responderá ante una vulneración o un fallo en la protección de nuestros datos?

De aprobarse esta iniciativa, será necesario actualizar el aviso de privacidad, ya que el aviso actual para tramitar la CURP no contempla las nuevas condiciones ni los datos adicionales que se pretenden incorporar con el cambio normativo. Por lo tanto, su implementación requiere el consentimiento expreso de toda la población.

Centralizar los datos biométricos de toda la población, sin establecer controles claros sobre su acceso, uso y protección, exige no sólo transparencia en su implementación, sino también contar con sistemas sofisticados de protección y personal altamente calificado. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) alertó en las últimas semanas sobre los riesgos que pueden presentarse al tratarse de datos biométricos.

En este contexto, resulta imprescindible recordar instrumentos internacionales como el Convenio 108 del Consejo de Europa, el cual fue adoptado en Estrasburgo el 28 de enero de 1981 y entró en vigor el 1 de octubre de 1985. Este tratado internacional, vigente y vinculante, tiene como objetivo establecer un marco legal para la protección de las personas en lo relativo al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. México puede tomarlo como referencia para garantizar que cualquier avance tecnológico se implemente con respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales.

En los últimos años, en México, en América Latina y prácticamente en todo el mundo, hemos conocido casos donde datos personales, incluyendo los biométricos, han sido sustraídos de bases institucionales. En el mundo digital en el que vivimos, las tecnologías que han facilitado las tareas de nuestras vidas, también se han convertido en instrumentos que pueden vulnerar la privacidad y los derechos humanos de las personas.

Juegos de poder

Una ciudad sin justicia

Con la reforma judicial, la 4T ha prometido que habrá una mejor justicia en el país. En la capital del país ya no es un tema de mejoría, sino de existencia. El Poder Judicial está cerrado. Ni eso han podido resolver.

Leo Zuckermann

Excelsior

Ya van más de 20 días en los que el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) está en huelga.

Tres semanas en las que no se ha dispensado justicia en la capital del país.

Veo en el sitio de internet de este Poder un “Acuerdo” que se publica diario donde se ordena la reprogramación de todas las actuaciones judiciales que se tenían proyectadas ese día.

Esto quiere decir que no hay audiencias, resoluciones, notificaciones, etcétera, en los distintos juicios civiles, mercantiles, penales, familiares y laborales, así como en la defensa de los derechos humanos.

Voy a poner ejemplos hipotéticos inspirados en casos reales, de cómo la falta de justicia afecta la vida cotidiana de miles de individuos en la ciudad.

Juan vive en un departamento arrendado por el que paga diez mil pesos al mes, incluyendo servicios básicos. María es la propietaria, quien argumenta que no se le han pagado rentas atrasadas; pretende, además, un incremento en el alquiler. Para presionarlo, María le ha cortado el servicio de agua a Juan, quien ya la demandó por incumplimiento de contrato. Ella, a su vez, lo ha demandado argumentando que le debe dinero; exige su desalojo. El PJCDMX debería resolver este caso. Como está en huelga, este asunto civil está atorado, por lo que Juan sigue sin agua y María sin recibir la renta por su inmueble.

La empresa A fabrica muebles y celebra un contrato de compraventa con la empresa B, comercializadora de estos productos. A se compromete a entregar 250 mesas de oficina a B en un plazo de 30 días, a un precio total de $500,000. B realiza el pago anticipado del 50% del monto total. Al llegar la fecha de entrega, A sólo envía 140 mesas que no cumplen con la calidad acordada. B, al ver que la entrega es incompleta e insatisfactoria, se niega a pagar el resto del precio y demanda a A por incumplimiento del contrato, solicitando una indemnización por daños y perjuicios ocasionados. Imposible determinar quién tiene la razón porque el PJCDMX está cerrado. Mientras tanto, ambas empresas pierden dinero.

En materia penal no hay juicios relacionados con homicidios, secuestros, extorsiones y robos, los crímenes más comunes que se comenten en la ciudad. Por ejemplo, un individuo enmascarado ingresó a una tienda de aparatos electrónicos con un arma de fuego, amenazó al personal y sustrajo varios productos valuados en unos $300,000. La policía arrestó a Luis, quien confesó el crimen en un interrogatorio policiaco. La defensa de Luis, sin embargo, argumenta que la confesión fue producto de una coerción. Después de pasar varios meses en la cárcel por la prisión preventiva oficiosa, el PJCDMX está a punto de liberar a Luis porque la defensa ha acreditado que fue torturado. La parte acusadora no ha presentado más pruebas que la confesión. Luis, sin embargo, sigue en la cárcel porque los tribunales capitalinos están en huelga.

Rubén y Fernanda han decidido separarse después de cinco años de matrimonio. Tienen un hijo de cuatro años, a quien ambos desean cuidar, pero tienen diferentes opiniones sobre cómo debe ser la custodia. Rubén quiere obtener la custodia total, argumentando que Fernanda tiene problemas de estabilidad emocional y no puede proporcionar un entorno seguro para su hijo. Fernanda, por su parte, desea una custodia compartida, afirmando que ha sido una madre responsable y que es importante que el niño mantenga una relación cercana con ambos padres. Mientras se decide el caso, Rubén no le permite a Fernanda ver a su hijo. Como el Poder Judicial no está trabajando, es imposible determinar quién tiene la custodia del menor y definir un régimen de visitas. La pareja está cada vez más peleada y el niño sufre porque no ve a su mamá.

Elvira es dependiente en una empresa desde hace ocho años. Un día, su jefe la despide verbalmente, alegando que su desempeño no ha sido satisfactorio, aunque nunca se le había emitido una advertencia formal ni se le había dado la oportunidad de mejorar su rendimiento. Elvira considera su despido injustificado. Presenta una demanda laboral solicitando la reinstalación en su puesto y el pago de salarios caídos desde la fecha de su despido, así como la indemnización correspondiente. La empresa responde argumentando que el despido fue justificado. El PJCDMX no puede resolverlo porque está en huelga. Elvira, mientras tanto, sigue sin trabajo y con la incertidumbre de cuál será su futuro laboral.

Con la reforma judicial, la 4T ha prometido que habrá una mejor justicia en el país. En la capital del país ya no es un tema de mejoría, sino de existencia. El Poder Judicial está cerrado. Ni eso han podido resolver. Y ya van tres semanas.

Número cero

Violencia política de género como arma de censura

José Buendía Hegewisch

Excelsior

La estrategia legal de acusar de violencia política de género para acallar críticas a los políticos encaja en la vieja expresión “quien hace la ley, hace la trampa” cuando se usa como arma para restringir libertades. El problema hoy en México es que no es sólo un ardid para censurar en redes, sino que también da lugar a una atmósfera de abuso de poder de personajes públicos que manipulan la prohibición en beneficio personal.

En los últimos tiempos crecen notablemente las sanciones a periodistas y tuiteros por parte de autoridades administrativas y judiciales que, deliberadamente o no, muerden el cepo de esta nueva forma de hostigamiento judicial para inhibir la participación social y política en plataformas digitales.

El mensaje crea nuevos y preocupantes precedentes. Caer en esta estratagema limita la voz de la ciudadanía en favor de los políticos, cuando el balance debía ser el contrario; ¿o es que acaso criticar sus acciones puede considerarse violencia política cuando, al revés, esta figura se creó para proteger la participación política de las mujeres en el debate público? Sería tanto como creer que sus intereses están por encima de los derechos políticos de ellas y, en general, de la gente, y de su libertad de expresarse. Esta trampa desvirtúa una protección legítima de luchas históricas de las mujeres, que se instrumentaliza como una forma de censura: Al tiempo que aparecen y aprueban leyes en estados como Puebla para sancionar el ciberacoso con penas excesivas de hasta 3 años de cárcel para acallar la crítica. Son artificios en los que se asoma el abuso del poder para evadir el cuestionamiento valiéndose de un escudo que comienza a aplicarse hasta para denunciar violencia política contra hombres o justificarse en la protección de menores en la red con conceptos ambiguos e imprecisos.

En esa ratonera engañosa han caído muchas resoluciones desproporcionadas del TEPJF contra medios, periodistas y tuiteros por denuncias de funcionarios, en su mayoría ligados al gobierno y políticos de Morena. Es el caso de Karla Estrella, que fue multada e inscrita en el registro de sancionados como violentadores del INE por un mensaje en X que cuestionaba las listas de candidaturas de la elección judicial en Sonora contra la diputada Karina Barreras, con alusiones a su marido, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados. Por similares acusaciones, el INE ordenó bajar una columna de Héctor de Mauleón en Tamaulipas, en la que criticaba a otra candidata judicial, al igual que otros medios castigados, como Código Magenta, Tribuna y SinEmbargo.

La violencia política de género está tipificada como delito electoral desde 2019 para impedir que expresiones discriminatorias o descalificaciones afecten las capacidades de las mujeres para hacer política. Pero es tal la manipulación del concepto, que la autoridad electoral admitió hasta una denuncia contra un hombre, Miguel Alfonso Meza, presidente de Defensorxs A.C., de parte del exconsejero jurídico de la Presidencia y, rayando en el absurdo, un comentario de la actriz y conductora Laisha Wilkins sobre un tuit de un medio que mereció castigo por reírse del apodo de una aspirante judicial.

El mayor riesgo de desnaturalizar su sentido es que las reformas sobre ciberacoso utilicen ese delito de manera abusiva y arbitraria contra cualquiera que incomode a algún personaje público; y de emplearlo como subterfugio para inhabilitar cuestionamientos de medios y periodistas sin tener que pagar el costo de la censura abierta en los medios tradicionales. La sanción del delito alcanzó en sus primeros 4 años de aplicación, según el registro del INE, a 289 hombres y 74 mujeres, de las cuales casi un tercio en 2024 eran procesos abiertos contra periodistas. Pero, en el marco de las campañas judiciales y estatales, desde mayo se multiplicaron los procedimientos.

Frente a todo esto, el gobierno rebate que no hay censura porque los medios dicen o escriben cuanto quieren, una afirmación que, en muchos sentidos, es cierta y, en otros, no, cuando la protección a la mujer para hacer política sin demérito de sus capacidades se convierte en una ventaja para los personajes del poder político sobre la ciudadanía, como los principales usuarios y beneficiarios del mal uso de este delito para anular a sus críticos.

Astillero

Como, factor contaminante en la 4T // Conflicto de intereses // EU, Vector y cárteles // Con plurinominales o sin ellas

Julio Hernández López

La Jornada

Alfonso Romo Garza nunca debió ser jefe de la Oficina de la Presidencia. Él mismo lo dijo en mayo de 2018 a Azucena Uresti, en Milenio Televisión: Mira: él (Andrés Manuel López Obrador) me ha estado proponiendo como jefe de gabinete, como coordinador del gabinete, como todo. Yo, la verdad, y lo digo con mucho respeto, no voy a hacer nada en lo que tenga yo conflicto de intereses.

Agregaba: “yo le decía el otro día a Andrés Manuel, de broma: ‘Ya no digas que voy a ser jefe de gabinete, porque no voy a ser’. Por que… ¿te acuerdas del caso del Toallagate? Imagínate tú, yo con los negocios que tengo, mañana mi grupo financiero hace una colocación de papel de Pemex… ¡No! Me van a crucifi… ¡Si Anaya me está crucificando por algo que no dijo Andrés Manuel! Tú imagínate. Entonces, yo tengo que ser muy cuidadoso por la reputación que le debo a mis negocios, a mi familia, al mismo país, al mismo gobierno. Sería… habría mucha suspicacia. Entonces, yo prefiero ayudarle de otra forma que no tenga conflicto” (el tema fue abordado en esta columna en julio de 2019: 4T y (evidentes) conflictos de intereses https://goo.su/fwCSaBw).

Sin embargo, López Obrador, en acto masivo en la Macroplaza de Monterrey, anunció que Romo ocuparía el cargo de jefe de la oficina presidencial. No tuvo ahí gran poder político, pues el tabasqueño en varias ocasiones hizo justamente lo contrario de aquello que había enviado a negociar a Romo, quien, por otra parte, pudo seguir haciendo negocios en el marco previamente anunciado del conflicto de intereses. Finalmente dejó el cargo, pero no la productiva relación con el presidente de la República.

Ahora, el factor Romo, financista apoyador de campañas (lo mismo de Fox o Salinas que de López Obrador), derechista colindante con lo ultra, ganancioso en sus empresas y abusivo en varias por su cercanía con el poder político, se entera del señalamiento de una agencia gubernamental de Estados Unidos de que, además de otras dos firmas, se sanciona a Vector, fundada por Romo, principal accionista, bajo acusación de haber servido a cárteles como el de Sinaloa y el del Golfo.

Eliminar el factor de las candidaturas plurinominales podría tener un valor táctico para Palacio Nacional, en la medida en que le permitiera zafarse de las presiones y celadas de los grupos dominantes de Morena que desde ahora, y marcadamente, se mueven en función de sus intereses subgrupales.

Por ello mismo, como sucedió con la pretensión de cerrar jurídicamente el paso a los proyectos de continuidades familiares en cargos importantes (los Salgado en Guerrero, los Monreal en Zacatecas, los Gallardo en San Luis Potosí, por dar ejemplos), la iniciativa contra lo plurinominal legislativo puede toparse con reticencias y torpedeos internos, como la prohibición de la relección, que en el Congreso fue pospuesta hasta finales del sexenio claudista aunque, en compensación, Morena la incorporó como resolutivo sin obligatoriedad jurídica, ni siquiera plasmado en sus estatutos.

Otro elemento interesante de la batalla contra los pluris radica en la obligación de que los futuros representantes populares se ganen sus asientos en la brega directa, en las calles y plazas, de frente a los electores (en el territorio, se dice ahora por moda de aspiración épica). En realidad, la vía plurinominal o de representación popular fue establecida en tiempos de la aplanadora priísta para dar espacios acotados a la oposición, que sólo excepcionalmente lograba ganar cargos por mayoría. Otro objetivo era que los cuadros partidistas, especializados en materias a discutir y promover en las cámaras, pudieran estar en éstas sin competir directamente, pues sus perfiles eran técnicos, más que políticos.

Pero, fuera de esas consideraciones, la persistencia o eliminación de esa vía de representación proporcional no afectaría sustancialmente los mecanismos de postulación, campañas y elección de diputados y senadores, pues sus fallas, graves, no provienen del factor plurinominal, sino de una estructura mayor, cuasimafiosa.

México SA

Bessent: ¿realidad o ficción? // Banca, lavandería industrial // CIBanco, Intercam y Vector

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Dados los antecedentes, nada raro sería que la denuncia tenga sustento, aunque la Secretaría de Hacienda asegura que el gobierno mexicano no recibió pruebas y a la fecha no contamos con ninguna información, pero el hecho es que el titular del Departamento del Tesoro estadunidense, Scott Bessent, lanzó una bomba al sistema financiero que opera en nuestro país: Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector ayudan al envenenamiento de innumerables estadunidenses al mover dinero para los cárteles, lo que los convierte en piezas claves en la cadena de suministro de fentanilo.

Algo más: Cibanco e Intercam, bancos comerciales con más de 7 mil y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11 mil millones en activos, han desempeñado conjuntamente una función vital y de larga data en el lavado de millones de dólares para cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo ( La Jornada, Dora Villanueva).

En el detalle, el Departamento del Tesoro acusa a CIBanco (que preside Jorge Rangel de Alba) de “lavar dinero a los cárteles de los Beltrán Leyva, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Golfo, así como de haber facilitado la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos”. A Intercam (la cabeza visible es Eduardo García Lecuona), de “haber procesado transferencias de fondos en dólares que financian la adquisición de precursores químicos de China en nombre de organizaciones narcotraficantes, al tiempo que ejecutivos de esa institución se reunieron directamente con integrantes del CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero”. Y a Vector (a cargo de Edgardo Cantú Delgado, aunque el presidente honorario es Alfonso Romo), de facilitar esquemas financieros a los cárteles de Sinaloa y del Golfo, y de posibilitar la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos.

Explosivo, sin duda, pero no hay que desestimar las muy sucias prácticas de Donald Trump para presionar a los gobiernos, y ésta podría ser una de ellas, aunque el sistema financiero que opera en México tiene ficha roja desde hace muchos años. Aun así, lo que Bessent omite es que al menos desde hace casi tres décadas el Departamento de Estado ha denunciado esas prácticas y, lejos de contribuir a clausurar la enorme industria financiera del lavado de dinero, ésta se mantiene boyante aquí, allá y acullá, sin olvidar que buena parte del efectivo ya limpio y planchado retorna a Estados Unidos para depositarse y/o invertirse en las propias instituciones financieras de su país.

Como cápsula de memoria: en 1996 (sexenio de Zedillo), el Departamento de Estado denunció que el sistema financiero mexicano fue elegido por los cárteles internacionales de la droga como el principal centro de lavado y repatriación de dinero proveniente del narcotráfico en el hemisferio occidental; sólo ese año habría lavado alrededor de 30 mil millones de dólares.

Agregaba: colocado en el sistema financiero que opera en México, el dinero se mueve en una amplia variedad de formas, incluyendo transferencias en línea e inversiones en bancos mexicanos, pagaderas directamente en cuentas paralelas en Estados Unidos, luego de la emisión y renvío por medio de cheques personales. El gobierno mexicano ha hecho poco por contener esas prácticas, que resultan extremadamente benéficas para la comunidad bancaria y los corredores criminales que explotan ese sistema operativo. Un creciente número de empresas legales son utilizadas por los lavadores para transparentar las operaciones del narcotráfico.

Y a partir de esa fecha, el sector financiero que opera en México se lleva la palma, sin dejar de lado que resulta imposible que los bancos no registren esos colosales montos. En su informe correspondiente a 2009, en pleno gobierno de Felipe Calderón, el Departamento de Estado advirtió que de la multimillonaria cantidad que aquí circula ilegalmente en el sistema bancario, la Procuraduría General de la República sólo fue capaz de detectar uno por ciento del total. ¿Y la guerra contra el crimen organizado?

Las rebanadas del pastel

Si el Departamento de Estado asegura que desde 1996 el sistema financiero que opera en México lava anualmente cerca de 30 mil millones de dólares, en los últimos 29 años alrededor de 870 mil millones provenientes de Estados Unidos han pasado por esa lavandería, monto equivalente a cerca de 50 por ciento del producto interno bruto. ¿Y cuánto regresa al sistema financiero estadunidense?