Lo que dicen los columnistas

DERECHO A LA INFORMACIÓN

Se reanuda el reloj de la transparencia

La transparencia no es un trámite ni una obligación burocrática. Es una herramienta para la exigencia social, para combatir la corrupción y para fortalecer nuestra democracia.

Julieta del Río

Proceso

Este 3 de junio no fue un día más para quienes creemos en la rendición de cuentas y en el acceso efectivo a la información pública. Después de meses de incertidumbre jurídica y técnica se reanudaron formalmente los plazos para que las autoridades federales resuelvan recursos de revisión, denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia y recursos de inconformidad en el ámbito nacional. En otras palabras: el reloj de la transparencia vuelve a correr.

La suspensión de plazos, derivada de la entrada en vigor de la reforma constitucional del 20 de diciembre de 2024 y del nuevo marco normativo que creó el organismo Transparencia para el Pueblo, provocó una pausa forzada en el ejercicio de un derecho humano fundamental. Si bien este contexto respondió a la transición institucional, no puede normalizarse que los ciudadanos hayan tenido que esperar semanas (y en algunos casos meses) para recibir una respuesta sobre su derecho a saber.

Desde mi visión como excomisionada del INAI, sostengo que toda transición debe tener como eje el interés de las personas, no el acomodo de estructuras. Esta suspensión entre circunstancias fue para garantizar que la Plataforma Nacional Nacional de Transparencia siga operando para que la ciudadanía pueda defender su derecho frente a las negativas de información.

Con la reactivación de plazos se retoman los procedimientos para resolver los recursos de revisión presentados contra las instituciones públicas federales, así como las denuncias por omisiones en las obligaciones de transparencia. Éste es un paso que debe celebrarse, pero también debe evaluarse con lupa.

La PNT, con más de ocho años de operación, es una herramienta sólida y de alto impacto. Sin embargo, hoy enfrenta un nuevo entorno, con una arquitectura institucional distinta. Por eso la vigilancia ciudadana será clave. La reanudación de plazos no sólo implica actividad procesal, sino también la expectativa de que los nuevos responsables cumplan con la ley, den respuestas de fondo y lo hagan en los tiempos establecidos.

No podemos permitir que el pretexto del cambio se convierta en una constante para justificar ineficiencias. La transparencia es continua, no intermitente. Y si bien celebro que se levante la suspensión, seguiré insistiendo en que los derechos deben ser garantizados sin pretexto alguno.

La reanudación es una oportunidad. Ojalá se entienda así desde todos los frentes. La transparencia no es un trámite ni una obligación burocrática. Es una herramienta para la exigencia social, para combatir la corrupción y para fortalecer nuestra democracia.

Hoy vuelve a correr el reloj. Que no se nos vuelva a detener.

Número cero

Elección judicial, con el pueblo hemos topado

José Buendía Hegewisch

Excelsior

El mensaje más poderoso de la elección es la distancia abismal con la reforma judicial, a pesar de encumbrar la voluntad popular para suturar esa brecha. Se impuso la lejanía de los ciudadanos a una invitación formal a participar en un proceso ajeno e incomprensible para las mayorías que suele exhibir Morena, a las que esta vez no consiguió movilizar para validar el experimento en las urnas.

Con el pueblo “hemos topado, Sancho”, como paradoja de la frustración de la 4T de legitimar su plan de remodelar el rostro de la justicia con los votos. Los inconvenientes que expliquen la sequía de las urnas no son sólo el viaje inexplorado y oscuro de la elección, sino la desconexión de las mayorías con autoridades y liderazgos políticos; a pesar de la popularidad y el impulso de Claudia Sheinbaum con la fuerza de su triunfo arrollador de hace un año. ¿Qué falló de la movilización?

Se puede atribuir a fallas de Andrés López Beltrán en el aparato de organización morenista, a ineficacias de sus gobernadores, inacción del socio Verde y falta de presupuesto. Pero la ausencia de cerca de 9 de cada 10 mexicanos en las urnas es señal de escaso interés por una justicia formalista y excluyente, que pasa por alto el castigo a casi la totalidad de los delitos. Y del desengaño de una ciudadanía que no hizo eco a llamados grandilocuentes del cambio histórico de la justicia, cuando la mayoría desconocía que se iba a votar a los candidatos, y una votación abigarrada y confusa como las múltiples boletas para sufragar; un viaje a lo desconocido que no entusiasma para superar el obstáculo de la desconfianza ante una restauración del rostro del aparato judicial bajo el dominio de un partido político.

La participación ha sido el terreno de la batalla. Del escaso respaldo social con una votación de apenas 13% de los ciudadanos puede leerse que no convenció el argumento de desterrar privilegios, corrupción y la negociación de la ley del actual sistema, como prometía el gobierno y Morena; la gente no parece confiar en que así puedan lograrse los objetivos de la reforma. Pero no porque creyera las críticas de sus detractores por la destrucción de la democracia y la división de poderes, sino por el mayor peligro de descreer que el cambio ponga en el centro su derecho a la justicia y la inclusión de pueblos del país intercultural que mató a la de hace tres décadas de Ernesto Zedillo.

Por esa razón, la bocanada de aire fresco es la llegada fuera de guion de un abogado indígena de origen mixteco, Hugo Aguilar, a la presidencia de la Corte, con una trayectoria de 30 años de caminar con las comunidades de Oaxaca en conflictos agrarios tan distantes como él de una de las instituciones más exclusivas del país. Como símbolo de inclusión de mayorías alejadas de una procuración formal e inaccesible, sorprendió a las ministras “ungidas” de Morena para el cargo con el voto de las zonas más rezagadas y pobres del sureste. En efecto, el suyo fue un caso emblemático fuera de los acordeones que prefiguraron el resultado; y de que se valieron todos los partidos para inducir la decisión.

El dato no es menor. Su caso explica las fallas del voto corporativo y del acarreo que exaltaron los opositores para desacreditar la elección mientras cometían el error de marginarse del ejercicio en otra muestra de su extravío; pero, sobre todo, de síntomas de desgaste del poder de movilización y de desvinculación con el pueblo. Baste comparar la participación con el revocatorio de mandato de 2022, cuando salió a votar 16.5% de los mexicanos en una elección sin tanta reforma ni una justificación tan trascendente como devolver al pueblo el derecho a la justicia.

El resultado no fue un éxito para Sheinbaum porque ni su fuerte mandato ni su alta popularidad lograron traducirse en entusiasmo por los comicios, aunque permita a la 4T alzarse con la victoria sobre el último reducto del conservadurismo y bloqueo a sus iniciativas; ya no habrá confrontación con el Ejecutivo. Pero menos aún para la oposición, que nuevamente tomó el camino errado de llamar a no participar en una estrategia que aquí siempre orilla a resistencias marginales.

En conclusión, otra oportunidad perdida para la justicia que, como el Quijote con la Iglesia, topó con la recolonización judicial, ahora con la guinda de Morena.

Juegos de poder

A gobernar: el caso de Pemex

La idea es mejorar la operación de la empresa. Sin embargo, lo que tiene contentos a los bonistas de Pemex es que el gobierno invertiría unos 50 mil millones de dólares para refinanciar la enorme deuda de la petrolera.

Leo Zuckermann

Excelsior

Terminado el proceso electoral, contados los votos que corresponden a los candidatos de los “acordeones” que repartió Morena, capturado el Poder Judicial e instaurando así un régimen político sin contrapesos, lo que sigue es gobernar: solucionar los múltiples problemas que tiene este país.

La 4T ya no tiene pretextos. Morena controla los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y la gran mayoría de los gobiernos locales. Hemos regresado a un régimen de partido hegemónico. El poder se ha concentrado, lo que entraña la responsabilidad de dar resultados.

Como decía la semana pasada en este espacio, la paradoja de la llamada Cuarta Transformación es que la concentración de poder no está funcionando para tener una mayor gobernabilidad y orden político en el país.

Hay muchas cosas que arreglar.

Una de ellas es Pemex. El monopolio público petrolero es un desastre por donde se vea. Está endeudadísimo. No les paga a sus proveedores. Cada vez produce menos petróleo. Las refinerías pierden dinero a raudales. El gobierno, por tanto, ha tenido que salir a su rescate para evitar su insolvencia financiera.

La virtual quiebra de Pemex amenaza a las finanzas públicas del país. Si el gobierno de Sheinbaum no resuelve este problema, existe el riesgo de que la petrolera acabe afectando al erario. Las calificadoras podrían degradar la calificación de la deuda soberana de México perdiendo el grado de inversión. Eso tendría consecuencias muy negativas para las finanzas públicas y, en general, para la economía nacional.

Lo de Pemex es insostenible y eso lo sabe la Presidenta.

Es hora de gobernar, es decir, de tomar decisiones difíciles y costosas.

Este martes, El Financiero publicó una nota de Bloomberg que decía: “Expertos aseguran que asociarse con Pemex en este momento ‘es una pesadilla para cualquiera en este momento, a menos que haya algún tipo de garantía gubernamental de que todo va a salir bien’”.

Al día siguiente, el miércoles, este mismo periódico mostró otra nota que afirmaba: “Pese a ser una empresa ahogada en deudas, Petróleos Mexicanos pasa por un inusual buen momento en el mercado. Inversionistas han estado comprando los bonos de la petrolera, apostando a que la presidenta Claudia Sheinbaum podrá estabilizar sus finanzas y restaurar la credibilidad de la gigante estatal”.

¿Pesadilla o buen momento?

La primera nota da cuenta de cómo Carlos Slim se ha convertido en el socio privado más importante de Pemex. El hombre más rico de México ha invertido más de dos mil millones de dólares para, por un lado, adquirir el control mayoritario del del yacimiento Zama que tenía la empresa estadunidense Talos; se prevé que este campo representará el 10% de la producción petrolera nacional. Por otro lado, el magnate también se unió con Pemex para explotar un proyecto de gas en aguas profundas de Lakach.

Slim, a diferencia de otros posibles inversionistas del sector energético, sí está dispuesto a arriesgar su dinero asociándose con Pemex. No requiere de garantías legales, como otros jugadores, porque si algo sabe hacer el empresario mexicano es manejar sus relaciones políticas con los gobiernos en turno. Además, al final del día, sólo está comprometiendo alrededor del 2% de su fortuna calculada en unos 100 mil millones de dólares. Si le sale mal el negocio con el gobierno, puede hundir los costos sin mucho problema.

Más allá de Slim, no parece haber apetito de los privados para asociarse con Pemex, lo cual es un problema para desarrollar nuevos campos petroleros ahora que la empresa está produciendo alrededor de 1.6 millones de barriles de crudo diario, la menor producción en 40 años.

La segunda nota, la optimista, trata de cómo la Presidenta está directamente involucrada en resolver los problemas de Pemex. Su gobierno pretende, al parecer, aumentar la producción a 1.8 millones de barriles diarios, aunque no han dicho cómo. Además, recortarán unos tres mil empleos y algunas ineficiencias en las refinerías.

La idea es mejorar la operación de la empresa. Sin embargo, lo que tiene contentos a los bonistas de Pemex es que el gobierno invertiría unos 50 mil millones de dólares para refinanciar la enorme deuda de la petrolera.

En este sentido, la analista de Moody’s Ratings Roxana Muñoz dice que “la empresa reconoce el reto” y que “el apoyo ha sido más sofisticado con esta administración. Eso es un cambio”.

Está por verse qué tan sofisticado es el apoyo y si la Presidenta efectivamente presenta una solución real, más pragmática que ideológica. Tiene todo el poder para hacerlo. No hay pretextos.

Astillero

¡Ahora sí: ahí vienen los lobos! // Landeau, luego Marco Rubio // Viggiano: política glútea // Foro Alicia, acto este viernes

Julio Hernández López

La Jornada

El tendido de trampas, aranceles, filtraciones, provocaciones y amagos retóricos y fácticos del trumpismo contra México llegará a una fase crítica en días próximos, cuando arribe el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landeau, para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, su gabinete de seguridad y los funcionarios que resulten necesarios, como avanzada de negociaciones finales que cerrará el máximo operador mundial de intervencionismos, similares y conexos, Marco Rubio.

Las visitas del subsecretario, y luego el secretario de Estado de la potencia vecina, contarán con el apoyo del siniestro embajador boina verde Ronald Johnson, cuya instalación formal en México ha coincidido con una serie de acontecimientos no sólo inusuales, sino especialmente causales de desasosiego colectivo, tal cual en otros países han sucedido los procesos en busca de desestabilizar a gobiernos que a Washington le parecen adversos y, por tanto, combatibles.

El gobierno de México ha sostenido una política de reacción, frente a las ofensas y exabruptos de Trump, que hasta ahora parece haberle dado resultados de bondades discutibles pero, probablemente, menos peores de lo que podrían haber sido: no a la confrontación y sí al diálogo, siempre con la cabeza fría, ha sido la premisa claudista.

Lo cierto es que apenas se pretende tomar un respiro en México, luego de librar la más reciente maquinación de Donald, cuando ya está en camino el siguiente golpe: la pretensión de gravar las remesas, luego los desmesurados aranceles al acero y el aluminio, y ahora el apretón en materia de narcopolítica.

Las respuestas de México han sido elusivas y concesionarias. Frente a las agresiones económicas, como remesas y metales, se han enviado a Washington comisiones políticas y diplomáticas desaliñadas: en un caso, legisladores mexicanos sin peso ni brújula, incluso carentes de una agenda importante con contrapartes gringas. En cuanto a narcopolítica, se ha extraditado a jefes criminales de diversa importancia, pero ahora Estados Unidos realiza virtuales degradaciones de políticos y personajes mexicanos mediante retiro de visas y quiere apretar mucho más.

Muy elegante en sus análisis políticos la senadora priísta Carolina Viggiano Austria, esposa del también legislador Rubén Moreira, al destacar que, a su juicio, el gobernador tricolor de Durango, Esteban Villegas, resistió la tentación de entregar la plaza electoral a Morena. Dijo que en su partido ha habido muchos de nalgas prontas; ni siquiera se las piden, van y las entregan. Pues sí, nada más que, como yo decía a uno de mi estado, para entregarlas hay que tenerlas, tú no las tienes, son prestadas. ¿Se refiere a Omar Fayad, ex mandatario de Hidalgo? Sí, exactamente. Le preguntaron si incluía al oaxaqueño Alejandro Murat y al chihuahuense Javier Corral, y respondió: ¿Javier Corral, Alejandro Murat? Le insistieron. Es que no tienen músculo, no tienen poder propio. Entonces, ¿qué andan entregando? Política glútea, sería la tesis de la priísta Viggiano.

Astillas

Este viernes, el programa Astillero Informa (https://www.youtube.com/@julioastillero) se transmitirá desde el Foro Alicia, en una forma de solidaridad por el extraño desalojo, en el curso de una presentación musical, que el viernes 30 de mayo se realizó con participación de policías capitalinos y miembros del Ejército y la Guardia Nacional. Desalojo hasta ahora insuficientemente explicado, con pretensio-nes de culpar a policías chilangos por haber ordenado la movilización de efectivos castrenses. En la sección llamada Mesa del Más Allá participarán Horacio Franco, Fernando Rivera Calderón y Ana Francis Mor. Es un acto abierto al público, aunque con cupo limitado… Y, mientras un segmento de la CNTE acelera la confrontación, para cerrar la vía alterna de Gobernación y exigir la reapertura del diálogo directo con la presidenta Sheinbaum.

México SA

¿Vendetta?; no: justicia // Fin a la familia judicial // Vodevil de los pluris

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

A los nuevos mandos del Poder Judicial, elegidos el pasado domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum recomienda concentrarse en el acceso a la justicia y generar un ambiente de honestidad y honradez, y no hacer un asunto de persecución en contra de aquellos que a partir del próximo 31 de agosto dejarán sus posiciones de lujo (léase el cártel de la toga y sus secuaces). Pero ello no cancela la otra parte: Si encuentran algún problema (léase delitos, que no son pocos), que se presente la denuncia administrativa o penal.

Cierto: lo que el pueblo de México exige es justicia expedita y para todos, es decir, exactamente lo contrario a lo hecho por los mandos del viejo y corrupto Poder Judicial (de hecho, el aparato en su conjunto está involucrado), que se dedicaron –pago de por medio– a proteger a delincuentes de toda ralea, amén de convertir a ese poder del Estado en un negocio familiar.

Por ello, el cúmulo de tropelías cometido por ministros, magistrados, jueces y demás personal del putrefacto Poder Judicial que desaparece no puede quedar en el olvido. No al borrón y cuenta nueva, porque sería privilegiar la impunidad y la corrupción. Y no se trata de una acción meramente punitiva o vengativa, sino, precisamente, de justicia, que hasta ahora es una de las mayores carencias del pueblo mexicano.

Y más allá del interminable catálogo de delincuentes que contaron con la protección de los cleptócratas ministros, magistrados, jueces y conexos que se van (siempre al servicio de los corporativos que pagan bien por los favores recibidos), la nueva dirigencia del Poder Judicial deberá abocarse a limpiar a fondo la putrefacta hacienda familiar en la que aquéllos convirtieron a ese poder del Estado, al incrustar a toda su parentela como si de viles sanguijuelas se tratara, en medio de una corrupción galopante.

Sobre esto último, no puede olvidarse lo que poco a poco ha salido a flote. Por ejemplo, en septiembre de 2024, en el gobierno nacional se denunció que la mitad de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación tiene lazos consanguíneos dentro de las distintas áreas de ese sector, pues 49 por ciento de la plantilla (24 mil 546 personas) tiene algún familiar dentro del mismo; la persona que acumula más familiares tiene 26 lazos consanguíneos: un magistrado, 13 secretarios, dos actuarios y 10 oficiales; 85.4 por ciento de los magistrados y 67 por ciento de los jueces tienen familiares dentro del Poder Judicial; tan sólo los magistrados tienen 4.7 parientes trabajando en las áreas judiciales, además de que 23.7 por ciento del personal cuenta con más de cuatro parientes ( La Jornada, Emir Olivares y Arturo Sánchez).

A su vez, la ministra Lenia Batres documentó: En noviembre de 2020, la red (de familiares) de mayor tamaño en el Consejo de la Judicatura Federal se formaba por 79 servidores públicos activos, mientras en agosto de 2022, ésta era de 65; en un estudio de 2018 se indicó que 48.6 por ciento de los juzgadores habían contratado a algún familiar; 455 jueces y magistrados contrataron a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras; 7 mil 148 servidores públicos de 31 circuitos compartían espacio laboral con algún pariente.

Algo más: En 2022, el Padrón Electrónico de Relaciones Familiares en 2022 detectó que en tribunales y juzgados federales existían 6 mil 755 redes familiares; 41 por ciento de los funcionarios con cargos administrativos aceptaron tener parientes en la Judicatura y también 57 por ciento de los magistrados, jueces, secretarios de acuerdos y actuarios que desarrollaron la carrera judicial. Las redes familiares detectadas iban desde dos hasta 79 parientes con cargos dentro de la Judicatura. En dicho año, “el personal del Poder Judicial totalizó 56 mil 201 personas; la mayoría reportó tener redes familiares; del personal activo, 49 por ciento declaró contar con al menos una relación familiar con una persona servidora pública activa o inactiva. Las redes familiares existen en todos los circuitos de la Judicatura… 56 por ciento de las relaciones familiares se dan entre servidores públicos que laboran en el mismo circuito judicial” ( La Jornada, Gustavo Castillo).

Entonces, hay muchísimo que limpiar y esto último no puede quedar en el olvido.

Las rebanadas del pastel

Al cártel de los pluris vividores le fascina el vodevil. Ahí andan los inservibles Alito, Anaya, Romero, Cortés, Téllez, Moreira y compinches grite que te grite por elecciones fraudulentas, cuando ellos ni siquiera se tomaron la molestia de pasar por las urnas. De hecho, sus partidos tienen más diputados plurinominales que por mayoría, pero hablan de engaño.