Lo que dicen los columnistas

Elecciones judiciales: ¿Por qué votar?

Elegir a quienes interpretarán la Constitución, a quienes decidirán si una norma se ajusta al derecho o lo violenta, si un acto de poder es legítimo o un abuso. No se elige poder, se elige el límite del poder.

Ernesto Villanueva

Proceso

Este 1 de junio no es una elección más. Es un parteaguas constitucional. Por primera vez en la historia del país, la justicia se somete al voto popular. No se trata de elegir legisladores ni de refrendar partidos. Se trata de algo más profundo: elegir a quienes interpretarán la Constitución, a quienes decidirán si una norma se ajusta al derecho o lo violenta, si un acto de poder es legítimo o un abuso. No se elige poder, se elige el límite del poder. Y eso, en una democracia, lo cambia todo. Veamos.

Primero. Las elecciones serán legales, incluso si no despiertan pasión. La legitimidad jurídica de una elección no se determina por el entusiasmo de los votantes, ni por la intensidad del debate público. Se determina por el cumplimiento del marco normativo. Si el procedimiento electoral ha sido respetado conforme a la Constitución y las leyes, la elección es válida, aunque la participación sea limitada o el contexto social sea frío. ¿Habrá abstencionismo? Muy probablemente. ¿Anula eso el resultado? En absoluto. El sistema jurídico mexicano no establece un mínimo de participación para que una elección tenga efectos jurídicos. Lo que cuenta es que la jornada se haya desarrollado bajo los principios de legalidad, certeza, imparcialidad y transparencia. Quien obtenga más votos válidos, conforme al procedimiento, asume el cargo. Así lo manda la Constitución. Pero que algo sea legal no lo convierte automáticamente en legítimo. La legitimidad no surge sólo del número de boletas marcadas, sino del uso responsable del poder. Si quienes resulten electos actúan con imparcialidad, conocimiento jurídico y apego irrestricto a los derechos fundamentales, se ganarán el respeto de la ciudadanía. Si actúan con sumisión al poder, ligereza técnica o soberbia institucional, perderán credibilidad. La ley puede darles acceso al cargo, pero sólo el ejercicio digno construirá su autoridad moral. Y esa no se compra ni se impone: se gana cada día, con hechos, con criterio, con rectitud.

Segundo. Este proceso marca un giro sin precedentes: por primera vez, el pueblo entra simbólicamente en la Corte. Nunca antes se le había confiado a la ciudadanía la decisión sobre quiénes deben ejercer la más alta función judicial del país. Hoy, esa decisión cambia de manos. Pasa del pacto político cerrado al voto abierto. De la cooptación opaca al escrutinio público. Durante décadas, la selección de jueces y ministros fue un proceso lejano, reservado a las élites. Designaciones selladas en despachos, negociaciones entre partidos, cuotas disfrazadas de méritos. Todo sin participación ciudadana. Todo sin control público. Hoy, eso se transforma. La boleta ya no es sólo un instrumento electoral: es un mecanismo de control democrático. Es una llave que abre la puerta de la justicia constitucional. Lo que se elige no es un cargo más. Son personas con poder para declarar inconstitucional una ley, para proteger o negar un derecho, para frenar un abuso o convalidarlo. El peso de esa decisión es inmenso. No hay garantía de que todo saldrá bien, pero sí hay una oportunidad real de construir una justicia más cercana, más transparente, más vigilada. Por primera vez, el pueblo no sólo obedece la ley: también decide quiénes tienen la última palabra sobre ella. Y eso redefine el pacto democrático.

Tercero. Lo político ya estaba ahí. Solo que oculto. Hay que decirlo con claridad: el Poder Judicial siempre ha tenido una dimensión política. Lo que cambia ahora no es su existencia, sino su visibilidad. Antes, la política se ejercía desde las sombras: designaciones pactadas, magistraturas como premios de lealtad, ternas simuladas, méritos desplazados por acuerdos. No eran excepciones: eran regla. Recordemos los datos: incluso organismos oficiales han reconocido el alto grado de nepotismo y endogamia en la integración del Poder Judicial de la Federación. Basta mirar lo ocurrido en estados como Coahuila, donde una magistratura fue moneda de cambio en un acuerdo electoral. O los episodios en la propia Corte, donde ministros fueron propuestos como parte de negociaciones cruzadas entre poderes. Eso también era politizar la justicia. Pero sin transparencia. Sin rendición de cuentas. Sin rostro. Hoy, la política ya no se esconde. Se vota. Se discute. Se fiscaliza. Y eso no es una regresión. Es un paso hacia adelante. La opacidad era impunidad. La publicidad es control. Votar no resuelve todo, pero abre la posibilidad de intervenir. De decidir. De exigir. La justicia necesita luz. No sombra. Necesita escrutinio, no secreto. Este proceso no garantiza perfección, pero abre una puerta que antes estaba cerrada. Del otro lado no hay certezas, pero sí posibilidad. Votar es iluminar. No votar es renunciar. Y lo que está en juego no es un cargo: es el tipo de justicia que queremos.

Arsenal

No es falta de cariño, sino de dinero

Francisco Garfias

Proceso

Una cosa es andar en manifestaciones contra el gobierno federal cuando eres opositor y otra muy distinta apoyarlas cuando ya estás en el poder. Es el caso del morenista Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, quien, como férreo opositor, ganó respeto y simpatía que dilapidó cuando se subió al ladrillo de un efímero cargo.

Ayer le dio todo su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum en su decisión de cancelar el diálogo directo que tenía programado con la CNTE y derivarlo hacia Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Mario Delgado, titular de Educación.

Dijo:

“(La Presidenta) invitó a reunirse, el viernes pasado, a la Coordinadora. A pesar de eso, miércoles, jueves y el propio viernes estuvieron haciendo movilizaciones. Las del viernes, particularmente fuertes, en las terminales 1 y 2 del Aeropuerto”.

Y citó a Juan Gabriel: “Pero qué necesidad, para qué tanto problema”, para luego agregar: “Si el diálogo estaba aceptado…”. Con un razonamiento que él mismo calificaría de “neoliberal” —si se tratara de la postura de un priista o un panista—, reconoció que las demandas de la CNTE no son viables financieramente.

Demanda uno: 100 por ciento de aumento salarial.

“¿Cómo resolvemos eso?”, preguntó. “No es problema de cariño, es problema de presupuesto limitado”, respondió.

Demanda dos: derogar la Ley del ISSSTE de 2007 que instituyó el sistema de pensiones por cuentas individuales gestionadas por las afores; y restaurar el sistema solidario de pensiones. “Echar atrás esa ley y el conflicto con la banca, el problema para esa demanda, tengo entendido que desde el primer momento se les dijo que no da”, recordó el senador.

Ya encarrerado, reprochó a los maestros disidentes sus llamados en Guerrero a no permitir la elección de juzgadores.

“Ellos están dejando en claro, por lo menos en el caso de Guerrero, que están interesados en boicotear la elección del Poder Judicial”, subrayó.

Horas antes, la presidenta Sheinbaum declaró en la mañanera que la CNTE pide lo mismo que “la derecha”: boicotear la elección de juzgadores. “¿Qué tiene que ver la decisión del pueblo de México de elegir al Poder Judicial con la derogación de la Ley del ISSSTE del 2007?”, preguntó la mandataria.

* Noroña, por cierto, narró que fue maltratado por policías estatales en Durango, donde acudió a respaldar la campaña del candidato a la alcaldía de Gómez Palacio, José Ramón Enríquez. “A pesar de que la senadora Cynthia López Castro iba conmigo y que ella les dijo “es el presidente del Senado”, más socarrones se pusieron. “Nos tuvieron allí retenidos. Estuvieron llamando, pidiendo instrucciones. Detuvieron varios vehículos. Con nosotros iba otro vehículo con compañeros que iban al cierre de campaña de Enríquez”, contó.

* Pregunta interesante la que planteó el comunicador Amado Avendaño en la conferencia de prensa convocada ayer para presentar la llamada Brigada Antimapache, integrada por ciudadanos dispuestos a vigilar el desarrollo de la elección de juzgadores: ¿dónde irá a votar AMLO, autor del plan para destruir el sistema de justicia y reemplazarlo por jueces, magistrados y ministros a modo de la 4T?

¿Saldrá de la guarida donde se refugia desde que dejó la Presidencia de la República?, preguntó.

La Brigada Antimapache se encargará de detectar todas las especies de la “fauna electoral” que pululan alrededor de lo que el exsenador independiente Emilio Álvarez Icaza llama “golpe de Estado técnico al Poder Judicial”:

A la operación tamal, el ratón loco, los padrones rasurados, los muertos que votan, cosas que creíamos superadas, ahora hay que agregar los “acordeones del bienestar” que sugieren votar por candidatos cercanos a Morena.

Si a usted le interesa unirse a la Brigada Antimapache mande un mensaje a https://somosmx.org.mx/noticia/marea-rosa-lanza-brigada-anti-mapaches-pa…

* Otro trancazo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Esta organización, que le sacó ronchas a AMLO, denunció ayer que Arturo Ávila, vocero del grupo de Morena en la Cámara de Diputados, compró una casa valuada en 4.8 millones de dólares en Rancho Santa Fe.

Ésa, apuntó, es la zona residencial más cara en California, Estados Unidos. Allí han residido celebridades como Arnold Schwarzenegger, Janet Jackson, Bill Gates…

“La adquisición de la residencia la realizó a la par de que, en México, una empresa que fundó enfrentaba un bloqueo de cuentas bancarias”, asegura MCCI. El propio diputado Ávila confirmó que, en efecto, la casa es de él y que Mexicanos Contra la Corrupción no descubre nada nuevo.

“¿Que fui un empresario exitoso? Sí. ¿Que tengo propiedades en las que no habito, sino que compro, remodelo y vendo? También. Están en mi declaración patrimonial”.

Y en tono irónico sugirió entregar a MCCI el Premio Pulitzer por su investigación.

¿Y la austeridad republicana? De eso no habló.

Juegos de poder

La culpa es del gobierno

El gobierno actual cometió el error de rápidamente concederles un par de cosas que demandaban: la abrogación de una nueva Ley del ISSSTE y el congelamiento de la edad de retiro.

Leo Zuckermann

Excelsior

Como chilango, he sufrido por las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México. Al igual que miles de capitalinos, he perdido tiempo y dinero por los bloqueos de los maestros.

No los culpo a ellos.

Ellos son los mismos rentistas de siempre. No hay nada nuevo en su estrategia de chantajear a los gobiernos para conseguir más dinero a cambio de nada. Bueno, sí dan algo: dejan de movilizase. Son la pandilla histórica de bomberos piromaníacos que llevan asolando al país durante décadas.

Encienden la pradera para ofrecer apagarla si el gobierno acepta sus demandas.

Estos rentistas del Estado están en lo suyo.

La culpa la tiene este gobierno.

Y cuando digo este gobierno me refiero al de Claudia Sheinbaum, que representa la continuidad de la llamada “Cuarta Transformación”.

La 4T fue la que eligió aliarse política y electoralmente con la CNTE. Una decisión de la que hoy tienen que hacerse responsables.

Quiérase o no, el gobierno de Peña sí intentó implementar una reforma educativa que afectó los intereses económicos del sindicato magisterial, tanto los del SNTE como los de la CNTE. López Obrador aprovechó el descontento de los maestros organizados para reclutarlos en su movimiento político. Entre otras cosas, les prometió echar para atrás la reforma de Peña, lo cual cumplió a cabalidad una vez que llegó a la Presidencia.

El SNTE y la CNTE procedieron a recuperar el terreno perdido. Si antes de Peña habían colonizado a las autoridades educativas, el sexenio pasado volvieron a establecerse como los que mandan en este sector.

A López Obrador le valió un pepino la calidad educativa. Su prioridad fue llevar la fiesta en paz con los maestros, cosa que logró a un costo altísimo para la educación pública.

Con el cambio de gobierno, ya sin la figura carismática de AMLO en el poder, la CNTE comenzó a calar a la nueva Presidenta para ver qué más podían conseguir.

El gobierno actual cometió el error de rápidamente concederles un par de cosas que demandaban: la abrogación de una nueva Ley del ISSSTE y el congelamiento de la edad de retiro. Con esta respuesta, los bomberos piromaníacos rápidamente doblaron las apuestas: demandaron un aumento de 100% de sus salarios y el regreso del sistema de pensiones solidario.

El gobierno no les otorgó 100%, pero sí un 10% que es una enorme concesión tomando en cuenta la inflación, el crecimiento económico y la situación de las finanzas públicas. Además, la Presidenta aceptó la posibilidad de un diálogo directo con ella.

La CNTE, sin embargo, ya había percibido vulnerabilidad por parte de la nueva mandataria. Y se montaron en su macho: siguen reclamando 100% de aumento y la revocación de la reforma de pensiones individuales por medio de afores.

La Presidenta reaccionó suspendiendo el diálogo directo con ellos. Los envió a negociar con los secretarios de Educación y Gobernación. Muy bien.

El problema de fondo es que la CNTE nunca fue, ni será, un aliado confiable.

Al parecer ya se rompió el pacto político que tenían con los gobiernos de Morena. Usaron a AMLO y AMLO los usó a ellos. Sheinbaum los utilizó en las elecciones y ahora quieren ver qué le pueden sacar como Presidenta.

Lo que piden, obvio, es ridículo. Un incremento salarial de ese tamaño tronaría las finanzas públicas. Nacionalizar las afores generaría un impacto negativo enorme para la economía mexicana. Si de por sí hoy no existe mucho apetito para invertir en México, imaginemos lo que implicaría para la confianza empresarial el que un grupo de maestros radicales lograra el regreso a un sistema de pensiones solidario administrado por el Estado sin recursos para hacerlo.

Obvio que la Presidenta no puede ceder a estas demandas absurdas.

¿Qué hará, entonces, la CNTE?

¿Seguirá con las movilizaciones que tanto daño nos hacen a los chilangos y a los niños que están perdiendo clases?

¿Se podrá desatorar este nudo gordiano?

¿Tiene la Presidenta los operadores políticos para hacerlo?

Una cosa queda clara. Los gobiernos de la 4T han renunciado al uso de la fuerza pública para enfrentar los golpes más duros de los maestros.

El viernes paralizaron el Aeropuerto de la Ciudad de México. Amagaron con quedarse en un plantón definitivo. El gobierno, no sé cómo, logró convencerlos de no hacerlo, lo cual demuestra que todavía hay canales de negociación abiertos. Qué bueno.

Sin embargo, este equilibrio parece muy endeble. Y, por lo pronto, al momento de escribir estas líneas, la CNTE sigue afectando la vida cotidiana de miles de capitalinos, quienes tenemos que tragarnos los costos.

Todo por culpa de un gobierno que escogió muy mal a sus aliados.

Astillero

Sheinbaum: promesas y realidad // Afore y bancos, intocados // Complemento del erario // 43: otra reunión en Palacio

Julio Hernández López

La Jornada

En su conferencia matutina de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció ayer y matizó, respecto al compromiso de campaña que en 2024 había hecho: “hay una parte de la Coordinadora que dice: ‘Pues no, derogación de la Ley del Issste del 2007 o derogación de la Ley del Issste del 2007, no hay de otra’. Y dicen que ‘yo lo dije’. En efecto, en un tiempo lo dije cuando estábamos en contra de esto, pero el Fondo de Pensiones para el Bienestar es incluso mejor en el monto de las pensiones” (https://goo.su/dCHZb).

¿En qué consiste dicho Fondo de Pensiones para el Bienestar? Es una bolsa de recursos integrada por aportaciones de diferentes instituciones que tiene como objetivo complementar la pensión de quienes cotizaron al IMSS después del 1º de julio de 1997 o se encuentran en el régimen de cuentas individuales del Issste (…) Este fondo complementa económicamente la pensión de una persona trabajadora para que cuente con hasta 17 mil 364 pesos mensuales, monto que equivale al salario mensual promedio registrado en el año 2025 por el Instituto Mexicano del Seguro Social, mismo que deberá actualizarse el 1º de enero de cada año, de acuerdo con la inflación estimada para el año correspondiente. Dicho complemento estará sujeto a la suficiencia del fondo, así como a las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (negritas colocadas por el autor de esta columna. Texto oficial: https://goo.su/SmKmgKX).

En las preguntas frecuentes sobre el fondo (creado en abril de 2024) se asegura que con su implementación se revierten las reformas neoliberales de Ernesto Zedillo (1997) y Felipe Calderón (2007), que condenaban a recibir pensiones con niveles inferiores a 30 por ciento del último salario de la o el trabajador (…) Se creó para hacer justicia a las y los trabajadores afectados por las reformas dañinas y neoliberales de 1997 y de 2007.

¿De dónde provienen las aportaciones del fondo?, se pregunta en el punto 4 del documento ( ): Es financiado por diversas fuentes, como 75 por ciento del remanente neto que obtenga el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), además del cobro de adeudos pendientes de pago ante el SAT y el Issste, así como de recursos derivados de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, entre otros (https://goo.su/7YfkP). El decreto, enviado por el Congreso de la Unión, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2024, con las rúbricas del presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján (https://goo.su/3nz4ca).

Como puede verse, el fuerte diferendo en curso se sustenta en ese compromiso, que para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) está incumplido, y que la ahora Presidenta de la República considera incluso mejorado, pero no derogando la ley y quitando las cuentas de pensiones a la banca, sino cargando las compensaciones al erario (recuérdese: sujeto a la suficiencia del fondo y a las reglas que determine la SHCP) y dejando intocado el sistema (Afore) que tantas ganancias ha generado a los bancos (la mayoría, de matrices extranjeras, a las que rinden extraordinarios dividendos, más que nunca, llegó a decir el entonces presidente López Obrador).

Astillas

Hoy, a la una de la tarde, la presidenta Sheinbaum recibirá a familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y a sus defensores. Éstos insistirán en la entrega de 800 folios en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el rechazo al fiscal esquirol nombrado para simulaciones y en que haya resultados palpables y no sólo declaraciones y promesas oficiales… Y, mientras ayer se cumplieron 28 años de la publicación de esta columna, de lunes a viernes en La Jornada, por lo cual el autor expresa agradecimiento a sus lectores (aquí, la primera entrega: https://goo.su/Qgwoi), ¡hasta mañana, con la maquinaria de la elección judicial entre tropiezos y avances!

México SA

CNTE: memoria y sosiego // Derechos y obligaciones // Arturo Alcalde, titiritero

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Es bueno saber que, según el secretario Coca-Cola Mario Delgado, más de 19 millones de niños, 92 por ciento del total de los alumnos en básica, tomaron clases regularmente la semana pasada en 182 mil escuelas públicas de nuestro país, 90 por ciento (perdónenlo: ni en los números se pone de acuerdo), pero el problema es que debería ser 100 por ciento. Y en estas cifras descuadradas aparecen los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes sin duda tienen todo el derecho de reclamar lo que a ellos corresponde, aunque, en los hechos, han dejado sin clases a cerca de 2 millones de estudiantes (de acuerdo con el censo de la SEP, suman alrededor de 24 millones en todo el país), es decir, el 8-10 por ciento faltante que dice el funcionario Sabritas.

No se trata de un asunto menor: ¿realmente es difícil compatibilizar obligaciones con derechos, atender las primeras y reivindicar los segundos? En una negociación, ¿se requieren cientos y cientos –algunos aseguran que son miles– de maestros para sentarse a una mesa y llegar a acuerdos? ¿No bastaría una delegación –sólida, confiable, representativa de la base– para que los demás compañeros puedan seguir en funciones y los niños mantengan su cadena de aprendizaje?

La exigencia central de la CNTE es por demás justa: Felipe Calderón y su banda de pandilleros tasajearon los derechos laborales y pensionarios del gremio magisterial. Eso fue en marzo de 2007, mediante una iniciativa de ley que aprobó la mayoría en las cámaras de diputados y senadores. Desde aquellas fechas, los integrantes de la coordinadora se manifestaron en contra, organizaron marchas, reclamaron por el atraco, y a cambio obtuvieron garrotazos tras garrotazos, represión tras represión y asesinatos de sus integrantes, como en Nochixtlán.

Salvo eso, nada, y desde entonces, de forma por demás válida, mantienen su lucha y sus reivindicaciones, pero llama la atención que en esta nueva etapa los maestros participantes se movilizan hacia prácticamente todas partes (aeropuertos, instituciones electorales, casetas de peaje, medios de comunicación, INE, Palacio Nacional, etcétera, etcétera)… menos a donde sus derechos fueron tasajeados, es decir, las cámaras de Diputados y Senadores (y sus respectivos partidos políticos, principalmente PAN y PRI, que lo avalaron), porque fue en esas instancias en donde legalizaron el golpe (siempre con la tecnocracia canalla tras bambalinas, con Borolas al frente). Y para el júnior y la funcionaria que entonces operaron la reforma desde la oficina principal de la Secretaría calderonista de Educación Pública, Claudio X. González Guajardo y la panista Josefina Vázquez Mota, ni siquiera una mentada de madre.

En aquel marzo de 2007, si bien no todos los legisladores votaron a favor de la citada reforma, sí lo hizo la mayoría: de los 459 diputados presentes en aquella ocasión, 313 se pronunciaron por la afirmativa (196 PAN, 89 PRI, 16 PVEM, 8 PNA, 4 PASC), 146 en contra (PRD 118, 16 Conv, 11 PT, 1 PASC) y dos abstenciones (se puede consultar el detalle en https://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/60/tabla1or2-14.php3).

Dicho sea de paso, esa reforma al Issste también privatizó, vía subrogación, la mayoría –por no decir todos– de sus servicios en beneficio de la mafia hospitalaria privada, con Grupo Ángeles, del ya fallecido Olegario Vázquez Raña, a la cabeza (los maestros tampoco han visitado a ese corporativo), de tal suerte que lo aprobado por los legisladores y sus titiriteros fue depredador para los maestros, sí, pero también para los derechohabientes.

Entonces, memoria y serenidad. Negocien y triunfen, pero primero no dejen a los niños sin clases; formen una comisión –compacta, no marabunta– y siéntense a la mesa, porque es muy delicado lo dicho ayer por la presidenta Sheinbaum: Fíjense qué curioso: (los maestros de la CNTE) plantean ir al INE. Me pregunto: ¿qué tiene que ver la demanda de la derogación de la Ley del Issste del 2007 con el Instituto Nacional Electoral? Ahora ya plantean lo mismo que la derecha.

Las rebanadas del pastel

En los pasillos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, uno de sus funcionarios advirtió a la representación legal de La Jornada: No les vaya a pasar lo mismo que a Notimex, y con esa actitud golpista e inmunda han actuado el director general de esa instancia, Alfredo Domínguez Marrufo (subsecretario del Trabajo con Luisa María Alcalde), el juez Edgar Iván Jordán Chávez, Francisco Luis Sáenz García, coordinador de Conciliación Colectiva, y, desde luego, El Padrino, Arturo Alcalde Justiniani, el titiritero de todos ellos.