Lo que dicen los columnistas

REFORMA CONSTITUCIONAL

Límites a la reelección y al nepotismo (y II)

Al asumir el cargo de presidenta de la República la señora Sheinbaum se enteró de que muchos legisladores pretendían seguir rindiendo pleitesía y honores a su antecesor; que sólo con regaños y amenazas, y de mala gana, aprobaban las iniciativas que presentaba.

Elisur Arteaga Nava

Proceso

La reelección de legisladores

La reelección de los servidores públicos es un tema recurrente en la historia política de México. Desaparece o aparece con vista a fortalecer o debilitar a actores políticos determinados.

También se ha recurrido a la no reelección legislativa para debilitar a grupos políticos que entran al ejercicio del poder sin contar con la anuencia de quienes, en determinado momento, detentan el poder formal o de hecho.

En el texto original de 1917 era factible la reelección indefinida de los legisladores al Congreso de la Unión; ello permitió el surgimiento de líderes políticos que por sí gozaban de influencia ante los poderes centrales y de poder dentro de sus respectivas entidades: los grandes caciques o líderes del México postrevolucionario se dieron al amparo de la reelección: Gonzalo N Santos, Jorge Prieto Laurens y Tomás Garrido Canabal son ejemplo. Ellos, por gozar de autoridad propia, eran insumisos.

Aurelio Manrique, un diputado federal, en 1928, al estar el todopoderoso Plutarco Elías Calles dando lectura a su último informe presidencial, se atrevió a gritarle asesino. Jorge Prieto Laurens, el 1º de septiembre de 1923, al contestar el informe del presidente Álvaro Obregón, en su cara, pues no se lo mandó decir, le reprochó: “… los excesos demagógicos de la política agraria y obrerista del régimen, la falta de seguridad y garantía que afectaban a la producción; las sistemáticas intromisiones del Centro en las cuestiones electorales de los municipios y los estados; la prematura campaña para la sucesión presidencial…” (El Universal, 8 de diciembre de 1977). Ante esos y otros malos ejemplos, había que someter a los miembros del Congreso de la Unión e impedir que se sintieran libres y soberanos.

En abril de 1933, a instancias del Jefe Máximo, para debilitar a los legisladores miembros del Congreso de la Unión y a éste mismo, se aprobó una reforma constitucional que dispuso:

“Artículo 59. Los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión no podrán ser reelectos para el periodo inmediato”.

Fue una jugada de ligas mayores; esas únicamente las hacían Elías Calles, Cárdenas, Ruiz Cortines y Reyes Heroles. La prohibición callista estuvo vigente durante 81 años.

Ante la fuerza que había tomado la oposición: PAN y PRD y el debilitamiento de la clase gobernante identificada con el PRI, cuando éstos regresaron al poder, para fortalecer a sus líderes, permitirles subsistir en un medio político competido y tratar de recomponer sus cuadros políticos, se restableció la reelección de los legisladores; ése es el trasfondo de la reforma de 2014 que la permitía; el texto, ahora derogado, disponía:

Artículo 59. Los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

También se dispuso que esa reforma sería aplicable a los legisladores que resultaran electos a partir de 2018.

Al asumir el cargo de presidenta de la República la señora Sheinbaum se enteró de que muchos legisladores pretendían seguir rindiendo pleitesía y honores a su antecesor; que sólo con regaños y amenazas, y de mala gana, aprobaban las iniciativas que presentaba. Ante ese panorama de desobediencia, en una segunda hipótesis, alguien aconsejó debilitar a los legisladores a través de prohibir su reelección y limitar el nepotismo. Ese pudo haber sido el trasfondo que explica la reforma de 1 de abril pasado.

La reforma constitucional está encaminada a limitar la acción de los grupos de poder que Morena heredó del viejo PRI, a neutralizar la acción de los clanes de poder que ante de la caída del PRI actuaban de manera independiente o de políticos de Morena que, a base de reelegirse, llegaron a tener presencia en el nivel nacional.

En el primer grupo, los clanes de expriistas están, en primer lugar, los Monreal; después los Yunes, los Murat, entre otros.

En el segundo grupo están los clanes de Salgado Macedonio, los Batres y demás.

En el tercer grupo están los clanes femeninos: los de Olga Sánchez Cordero, el de las hermanas Alcalde y demás.

Con la no reelección y la que prohíbe el nepotismo se ha fortalecido la posición política de la actual presidenta y de su grupo más cercano y, como consecuencia, debilitado la posición de políticos, caciques y clanes que consideraban tener vida propia y al margen de la voluntad presidencial.

Quienes a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional aspiren a alcanzar algún cargo de elección popular, ya saben con quién hay que quedar bien, mostrarse dócil o agacharse.

Mientras la reforma constitucional no entre en vigor, la no reelección se amarrará a través de poner candados a las candidaturas en los estatutos de Morena y de los partidos satélites.

Salgado Macedonio, por más que quiera, no podrá saltar las barreras que se incorporen en los estatutos de Morena. A lo que más podrá aspirar es a que llegue a la gubernatura del estado de Guerrero, en sustitución de su hija, alguien que le deba el cargo, que esté sumiso a su autoridad y que, de vivir para mediados de los años treinta, esté anuente a entregarle la gubernatura. No le conviene que llegue a ella alguien que tenga personalidad política, ascendiente dentro de su entidad, que sea independiente o que cuente con el apoyo del gobierno federal. Ante la prohibición de que se reelija como senador, tendrá que optar por aspirar a una embajada, es de desearse que para ese entonces estén vacantes las de Indonesia, Sudán o Etiopía. No creo que le interese ser representante de México ante la Santa Sede ni que ésta, llegado el caso, dé su beneplácito.

En su momento habrá que enfrentar otro problema: impedir la existencia y acción de algunos grupos que al poder público unen el dinero, como los formados por los Amlitos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Rocío Nahle, entre otros; a ellos se les guisa aparte; por ser hombres y mujeres de negocios, su existencia y actuación no es susceptible de ser limitada a través de la reforma constitucional que prohíbe el nepotismo y la no reelección.

Retrovisor

Distopía morenista: adiós a la política

Las prohibiciones, de cumplirse, dejarían sin chamba a los expertos en campañas negras, propiciando la expulsión del partido de las gargantas profundas y los operadores de bots

Ivonne Melgar

Excelsior

Sin la presencia de su líder fundador, el expresidente López Obrador, pero con innumerables citas a sus dichos y la presencia de su hijo en la mesa de los dirigentes, la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena bien podría alimentar el guion de una distopía. Porque todo lo dicho en la encerrona del Word Trade Center, el 4 de mayo, suena a un mundo tan ideal como imposible, el de un partido donde la crítica ameritará castigo si es pública, al igual que la revelación de los disensos.

De acuerdo con la liga de la reunión, gobernadores, funcionarios, senadores y diputados, en calidad de invitados especiales o consejeros, actualizaron por unanimidad sus reglas partidistas.

“Recibimos una carta de nuestro referente moral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, informó la presidenta del partido, Luisa María Alcalde Luján. Una carta de Palacio Nacional que aludía a casos que llevaron a la mandataria, ahora con licencia partidista, a poner orden, como el de la senadora Andrea Chávez, quien reconoció que era dinero de empresarios el que pagaba las ambulancias de la salud que, con su propaganda, circularon en Chihuahua.

“Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, después de observar ciertas acciones que pudieran generar divisiones o identificarse como actos anticipados de campaña nos ha convocado a clarificar las disposiciones que norman la conducta política”, sostuvo el presidente del Consejo Nacional del partido, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

Y, aunque dos meses atrás los legisladores de Morena mandaron hasta 2030 el fin del nepotismo que la mandataria reclamaba para 2027, ese día festejaron la rectificación partidista. “El pueblo no quiere presidencias, gubernaturas, ayuntamientos o cargos legislativos hereditarios ni secuestrados por clanes familiares”, dijo Durazo. Y estalló la ovación.

La dirigente del partido dio lectura a la carta en la que Sheinbaum pide a los morenistas evitar la soberbia, el sectarismo, la corrupción, los autos de lujos, vuelos privados, andar con guardaespaldas, “tener como anhelo portar ropa de marca” o “comer en restaurantes caros”. Se escuchó en seguida una tronante ovación. En la carta presidencial había taches contra los parlamentarios viajeros: “Las y los legisladores no deben andar en congresos internacionales usando recursos públicos para viajar al extranjero, hacer turismo político”.

Una brevísima referencia a la narcopolítica: “No puede haber colusión con la delincuencia ni organizada ni de cuello blanco”. Y la recomendación de que se pongan a repartir volantes, casa por casa, sin arreglos oscuros con padrinos del poder económico. “Considero importante que no se permita el uso de anuncios espectaculares, la promoción de servicios privados, las campañas de odio en contra de otros participantes en la encuesta y evidentemente el uso de recursos públicos”, se exponía en la carta.

La dirigencia de Morena tradujo las propuestas presidenciales en una lista de prohibiciones que dejarían fuera a quienes hasta ahora se cobijan en el fuero de las bancadas oficialistas. Algunas de éstas suenan tan ridículas como la trama de aquel libro de Milán Kundera que contaba cómo una simple broma contra un alto dirigente del partido-gobierno había convertido al chistosito en un perseguido político.

Y no fue casual que un reputado monero que es parte del tanque de pensamiento de Morena, Rafael Barajas, El Fisgón, diera lectura a los vetos cuyo incumplimiento tendrá consecuencias, es decir, penalizaciones. “Nuestro movimiento no puede permitir por ningún motivó conductas como: violencia de género, incorporación en responsabilidades administrativas y políticas de personajes con sanciones administrativas o penales, diferencias entre altos dirigentes nacionales ventiladas públicamente que dañen al movimiento, actos anticipados de campaña”, enumeró el caricaturista.

Al escuchar los señalamientos, recordamos inevitablemente conductas que —según lo dicho en esa asamblea— serán pecado: los Yunes exonerados de sus acusaciones gracias al voto a favor de la reforma judicial; la advertencia de Pedro Haces a la diputada Gabriela Jiménez de que le iban a quitar la vicecoordinación si votaba contra el dictamen que salvó a Cuauhtémoc Blanco, la filtración de ese amago a la prensa, el “no estás solo” que custodió al futbolista, liberado de la solicitud de desafuero de la Fiscalía de Morelos, y el pleito que abrió el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, en contra de su homólogo en Diputados, Ricardo Monreal, acusándolo de haber gastado de más cuando fue líder de la Cámara alta.

Ambos parlamentarios y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, escucharon los mandamientos contra comportamientos que de sobra cometieron, como ese de señalar que los dados de la competencia interna por la candidatura presidencial estaban cargaditos. Cinco gobernadores —Joaquín Díaz Mena, Rocío Nahle, Eduardo Ramírez, Marina del Pilar Ávila y Mara Lezama— leyeron las prohibiciones que, de cumplirse, dejarían sin chamba a los expertos en campañas negras, propiciando la expulsión del partido de las gargantas profundas y los operadores de bots.

Encarrilados en la pretendida purificación de sus excesos, prohibieron el reparto de despensas, “la manipulación y la coacción del voto” y el acarreo del que son maestros. Ése es el capítulo cómico de la distopía. Pero, claro, ese mundo de pureza partidista sólo aplicaría para la disputa interna del poder, a fin de que su reparto haga de las competencias electorales una especie de retiro de monjes tibetanos.

El premio ante tanta contención es que los ungidos por el espíritu celestial de las encuestas de Morena podrán salir a la vida real declarándoles la guerra a sus adversarios, al aplicarles todo eso que entre ellos quedó vedado.

Arsenal

La 4T demanda a Google

Francisco Garfias

Excelsior

Al abrir ayer el portal de Le Monde, el prestigioso vespertino francés, me llevé una sorpresa. Entre sus notas principales destacó la demanda que presentó el gobierno de la 4T contra Google.

¿Motivo? El cambio de nombre de “golfo de México” a “golfo de América” para usuarios de esa aplicación en Estados Unidos.

“La denuncia ya fue presentada”, dijo la presidenta Sheinbaum en su conferencia mañanera, sin especificar fecha ni jurisdicción, según el diario.

La mandataria aclaró: “Lo único que queremos es que se cumpla con el decreto que emitió el gobierno de Estados Unidos”. Ese decreto dice que se denominará “golfo de América” sólo a la parte que le corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos, no a todo el golfo.

Es pertinente recordar que el pasado 20 de enero, día que regresó a la Casa Blanca, Trump firmó una orden ejecutiva cambiando el nombre del “golfo de México” a “golfo de América”. La Cámara de Representantes de Estados Unidos adoptó el pasado jueves un proyecto de ley para formalizar el cambio de nombre y darle al decreto fuerza de ley.

“Madame Sheinbaum, a su vez, había sugerido cambiar el nombre de Estados Unidos a América Mexicana, en referencia a un mapa que data de antes de 1848, cuando un tercio de México fue cedido a Estados Unidos por el Tratado de Guadalupe Hidalgo”, subraya Le Monde.

La misma edición del vespertino francés incluyó un artículo del geógrafo Frédéric Giraut sobre las reivindicaciones territoriales de Trump contra Canadá, Groenlandia, Panamá y su voluntad de cambiar el nombre de golfo de México a golfo de América.

Sobre el cambio de nombre decretado por el presidente de EU escribió: “Constituye una declaración de guerra toponímica (de nombres geográficos) contra el vecino México y, en general, contra los estados centroamericanos”.

Trump ha recibido fuertes críticas de algunos legisladores republicanos, lo que destaca las tensiones dentro de ese partido. “Eso plantea dudas antes de la votación en la Cámara sobre si la medida contaría con suficiente apoyo para aprobarse, dada la estrecha mayoría republicana que hay en esa cámara”, dice la cadena estadunidense CNN.

* Faltan 21 días para la elección de jueces, magistrados y ministros. Tres semanas para que la Cuatroté meta su caballo de Troya en un Poder Judicial condenado a perder la autonomía.

Si en estas tres semanas no se produce un milagro y la ciudadanía no despierta, ya podemos ir despidiéndonos de la división de Poderes para regresar al sistema de partido dominante que tenía México antes del advenimiento de nuestra joven democracia.

El proceso electoral está viciado de origen. Todos sabemos que la mayoría calificada que aprobó la reforma judicial en el Congreso es artificial. El oficialismo obtuvo, en la última elección legislativa, 54 por ciento de los votos. Tiene 75 por ciento de las curules en la Cámara de Diputados gracias a la complicidad del INE y del Tribunal Electoral con la 4T.

En el Senado es del dominio público cómo “convencieron” al expanista Miguel Ángel Yunes Márquez para que les diera el voto qué requerían para alcanzar esa mayoría constitucional.

Los candidatos que aparecerán en las boletas el 1 de junio fueron seleccionados por los Comités de Evaluación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. El Comité de Evaluación del Poder Judicial no presentó su lista, por considerar que no había condiciones para una elección libre. Aquí otra vez se torció la legalidad. Sin el menor rubor, el oficialismo en el Senado “insaculó” la lista.

En las prisas se les colaron 26 perfiles no idóneos para ocupar un puesto en el Poder Judicial. Hay candidatos vinculados al crimen organizado, integrantes de la Iglesia La Luz del Mundo, aspirantes que tienen abiertas carpetas de investigación por agresiones sexuales.

Hay candidatos, los menos, que no están vinculados con Morena y que tienen claro que un Poder Judicial sin autonomía lastimaría seriamente a México. Uno de ellos es Ricardo Sodi, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México no está identificado con la 4T, pero tampoco está vetado.

Le preguntamos por qué participa en una elección controlada por el oficialismo. “Los grandes cambios sólo se pueden hacer desde adentro”, nos dijo.

El magistrado Javier Jiménez Gutiérrez es también aspirante a ministro de la Corte. Mismo caso. Él sabe que si la elección se contagia de grilla, “se pierde el Poder Judicial, que es el único contrapeso”. Este hombre decidió buscar la candidatura cuando se enteró que el abogado Javier Quijano formaba parte del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. Eso le dio confianza y esperanzas.

Laura Angélica Ramírez es candidata a magistrada federal civil en la CDMX. Le apuesta a su preparación. Ha sido secretaria proyectista en juzgados civiles y tribunales colegiados y electorales. Sus datos de presentación dicen que, a diferencia de candidatos que recurren a “videos vergonzosos” y “promesas imposibles de cumplir”, ella puso en marcha una estrategia digital que descansa en su preparación y méritos profesionales.

León XIV

La aparición de León XIV en esta coyuntura es una novedad en el escenario político mundial. La actitud de Robert Prevost como arzobispo y, más tarde, como prefecto del Discasterio para los Obispos, lo identifican como un hombre de memoria privilegiada, prudente, conciliador, familiarizado con la compleja problemática de los fenómenos migratorios actuales

Julio Faesler

Excelsior

El muy querido papa Francisco dejó ejemplos de sencillez y humildad al lado de una firme confianza en las virtudes que han de seguir prevaleciendo como su herencia.

El nuevo papa, León XIV, al escoger su nombre, nos indica su intención de hacer valer la firmeza junto con la humildad y la sencillez como norma de su pontificado. El mundo esperaba ansiosamente del nuevo sucesor de San Pedro una definición precisamente en estos términos.

Los antecedentes de León XIV alientan a la esperanza de que cumplirá con esta forma de interpretar y ejercer la autoridad que se le ha conferido. La historia relata, por ejemplo, que León I, El Magno, uno sus antecesores, fue el que salvó a Roma del saqueo que Atila amenazaba desatar en su arrasadora migración que todo destruía a su paso.

Muchos siglos después, el papa León XIII habría de marcar el alto al marxismo que avanzaba por Europa para promover la transformación de las sociedades capitalistas en un sindicalismo dictatorial.

Las enseñanzas de la encíclica Rerum Novarum de León XIII, publicada en 1891, siguen vigentes hoy en día y están en contra de las grandes centrales obreras dictatoriales como la CTM, la CNC, la CROC y la CNOP, que formaron la fisonomía política del México obrero con la que el PRI dominó una parte importante del siglo XX.

Las cosas han cambiado. Hoy en día el socialismo tropical que AMLO quiso imponer al país afortunadamente quedó relegado con la nueva administración de Claudia Sheinbaum, quien parece tener una actitud más moderna e incluyente.

La aparición de León XIV en esta coyuntura es una novedad en el escenario político mundial. La actitud de Robert Prevost como arzobispo y, más tarde, como prefecto del Discasterio para los Obispos, lo identifican como un hombre de memoria privilegiada, prudente, conciliador, familiarizado con la compleja problemática de los fenómenos migratorios actuales. León XIV migró del norte (Chicago) al sur de América Latina (Perú), donde residió por más de 30 años, identificándose con los problemas y la idiosincrasia de nuestra América indígena, al grado que decidió ser también peruano adoptando la doble nacionalidad.

Siempre atento a lo que sucedía en el resto del mundo, habló duramente de las deportaciones de Trump señalando que lo que “se construye a base de la fuerza y no a partir de la verdad sobre la igualdad y la dignidad de todo ser humano, mal comienza y mal terminará”.

La defensa del ser humano, el respeto a las personas, la libre circulación y el cuidado del planeta están presentes en la mayoría de sus escritos y homilías.

Como cuando él criticó las declaraciones del vicepresidente Vance, que defendía “la jerarquización del amor en que primero había que amar a la familia, a tus vecinos, a tus compatriotas y luego al resto del mundo”. “Se equivoca”, dijo el cardenal Prevost, “Jesús no nos pide que clasifiquemos nuestro amor por los demás, el problema con esta jerarquía es que alimenta el mito de que algunas personas merecen más nuestro cuidado que otras, cuando Jesús habla de familia, no se define por la sangre o las fronteras, sino por el parentesco en Dios, que es el amor que construye una fraternidad abierta a todos, sin ninguna excepción”.

La nueva época que León XIV anuncia será particularmente problemática, no sólo como familia o migración, sino también en cuanto a la relación del hombre moderno, productor de bienes y servicios, se vale de los recursos naturales que encuentra en los bosques, mares y demás entornos del planeta. La relación del hombre con la naturaleza se extenderá incluso a los espacios actualmente aprovechados para fines bélicos.

En México el discurso de León XIV seguramente estará en consonancia con lo que es nuestra comunidad, que se encuentra una vez más en difíciles dilemas que le plantea un desarrollo económico y social independiente.

México SA

Zedillo: Fobaproa, elogiado // ASF lo desmintió desde 2004 // Abrió paso a la corrupción

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Ufano, Ernesto Zedillo, nuevo prócer de la democracia (Krauze-Aguilar Camín dixit) y patriota por decreto de la derecha, decretó: las decisiones de mi gobierno han sido ampliamente revisadas y hasta elogiadas en diversos foros, entre ellas el rescate del Fobaproa, que, según él, fue profusamente revisado, estudiado, criticado, incluso calumniado y hasta elogiado por otros, amén de ser internacionalmente auditado y no se encontró nada malo, aunque esa idílica versión, como tantas otras relativas a su paso por Los Pinos, resulta ciento por ciento falsa.

Tal vez su referencia se debe a la intervención, a petición del Legislativo, no del Ejecutivo, del auditor canadiense Michel W. Mackey quien no pudo hacer su trabajo dada la rigurosa negativa, por instrucciones del propio Zedillo, de su secretario de Hacienda (Guillermo Ortiz) y del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Eduardo Fernández) de entregar la información requerida.

De cualquier suerte, lo que el canadiense sí alcanzó a detectar, aunque no en su exacta dimensión, fue el cúmulo de créditos ilegales que los neobanqueros generosamente se auto-otorgaron –personales y a sus empresas–, que sumaron 74 mil millones de pesos (cerca de 12 mil 500 millones de dólares al tipo de cambio en el momento en el que se concedieron y, ya con devaluación, alrededor de 9 mil millones de billetes verdes cuando Mackey hizo la revisión en 1998-1999), todos ellos trasladados, sin más, a la panza del Fobaproa. Y, de la mano de Zedillo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la nombrada a dedo por el propio prócer de la democracia) prohibió que alguien metiera la mano en la contabilidad del rescate bancario.

Quien sí hizo su chamba, con todas las limitaciones del caso, fue la Auditoría Superior de la Federación (ASF: Informe Integral sobre la Fiscalización del Rescate Bancario de 1995-2004), de cuyos resultados ayer la presidenta Sheinbaum destacó algunos elementos, no sin antes subrayar que el Fobaproa operó sin reglas, fue absolutamente discrecional y hubo una enorme corrupción.

Sobre el contenido de tal informe, la mandataria detalló: tanto la Ley de Instituciones de Créditos como el contrato constitutivo y sus modificaciones del Fobaproa contenían disposiciones genéricas en cuanto a los aspectos de operación del fondo. La carencia de políticas prudenciales y de reglas de operación dio lugar al manejo discrecional del Comité Técnico en el rescate bancario y a la falta de un marco referencial para evaluar, supervisar y controlar las operaciones de dicho fondo.

Algo más: “el Comité Técnico del Fobaproa actuó sin reglas, ni políticas generales que le permitieran dar transparencia a sus decisiones para acreditar la economía en los apoyos que efectuara el gobierno federal al otorgar su aval en las operaciones (…) se concluye que no se realizaron con uniformidad de criterios y que la información que se incluyó representa una descripción de hechos que no fueron investigados, ni confirmados. La evaluación realizada por el auditor (Mackey) no fue una auditoría, como él mismo lo dice y acepta en su informe, ya que no tuvo acceso a la información que le permitiera emitir una opinión sustentada con la evidencia suficiente, competente y relevante”.

Además, “cuando se estaba en el proceso de solventación de todas las acciones promovidas por la ASF, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de los oficios reclamados sobre las observaciones de créditos relacionados (los autopréstamos) en litigio y menores, así como los procedimientos y las observaciones de la auditoría… Por lo que se refiere a los programas de apoyo a ahorradores de la banca, también han cumplido con el objetivo social para el que fueron creados, sin embargo, el proceso de decisión, en lo general, careció de políticas, procedimientos y reglas de operación, lo que trajo como consecuencia discrecionalidad en la autorización de los apoyos, insuficiente transparencia en las operaciones y ambigüedad de las responsabilidades imputables a los servidores públicos y a las instituciones que participaron en la conducción de los programas”.

Pero dice Zedillo que el Fobaproa fue “profusamente revisado, estudiado y hasta elogiado por otros… y no se encontró nada malo”.

Las rebanadas del pastel

Una más del apestoso Poder Judicial: entre 2024 y lo que va de 2025, más de 100 delincuentes (crimen organizado y delitos de alto impacto) regresaron a las calles por decisión de distintos jue$$$es, quienes lejos de proteger a la sociedad han favorecido a quienes la agreden (Omar García Harfuch).

Pensiones-Issste, ¿justas?

Gustavo Leal F.*

La Jornada

De forma reciente, la presidenta Sheinbaum observó que así como está planteada (la reforma-neoliberal-Calderón-Beltrones-Issste-2007), tiene muchas dificultades, por como están ya constituidas las Afore. Entonces, lo que se hizo con el presidente AMLO es que se dio una alternativa. Porque, más allá de si se deroga o no, lo importante, lo de fondo, es una pensión justa (conferencia matutina del 14/4/25).

Efectivamente, lo de fondo es que sin derogarla, tampoco cumple su propósito de alcanzar pensiones justas, y busca conducir el asunto hacia esas pensiones justas. Lo que no se entiende es cómo lo logrará si no corrige de raíz la intacta reforma-neoliberal 2007 que imposibilita esas pensiones justas.

También es cierto que la manera como presenta el asunto –más allá de si se deroga o no–, traza el horizonte que tiene en mente para atenderlo. No es más allá: el centro del asunto es aquí y ahora, si realmente busca pensiones justas. Ese más allá implica que no atenderá el fondo: por cómo están constituidas las Afore, dijo y sin embargo se pronuncia simultáneamente por pensiones justas. Esto tambien traza la ruta que pretende recorrer: la del parche llamado Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB) que, en su opinión completa pensiones justas y que, en su visión, es la alternativa que diseño el ex presidente AMLO de cara a las dificultades de la ley-2007.

La Presidenta planteó también que el FPB está garantizado, que es para todos los que tienen cuenta individual y se pueden jubilar con el monto que tenía previo hasta el salario medio del IMSS (17.364 pesos).

Pero resulta que el parche-Fondo de Pensiones para el Bienestar sólo está garantizado para unos cuantos años con una inestable estructura de financiamiento y condena a los trabajadores del acotado universo en cuentas individuales IMSS-Issste a pensiones topadas en esos 17.364 pesos, en el mejor de los casos. ¿Eso es una pensión justa? Aún peor: si el promedio alto de los bajos salarios magisteriales suma apenas 16 mil pesos, es probabale que –precisamente por ese bajo nivel salarial– un buen número de ellos pudieran recibir un complemento del parche-FPB, pero su pensión ni siquiera tendría como límite esos 17.364 pesos, sino el que determina su bajo nivel salarial: 16 mil pesos. Si la Presidenta busca pensiones justas, muy dificil le resultará identificarla con una de 16 mil pesos, en el mejor de los casos.

Y sobre el parche Fondo de Pensiones para el Bienestar, también dijo pero escúchenme, esta abrogación sería peor que este fondo. Yo estoy en el otro régimen que se llama el Décimo Transitorio (de la ley neoliberal 2007), y lo que va a tocar para las personas en el Décimo Transitorio sería incluso menor que lo qur significa el Fondo de Pensiones para el Bienestar (La Jornada, 30/3/25). Pero en términos estrictos para ambos: Fondo de Pensiones para el Bienestar y el Décimo transitorio, las pensiones son muy bajas y no justas, aunque en el segundo la pension final se calcula por el promedio salarial del año anterior a la jubilación, situación que no ocurre en el parche-Fondo de Pensiones para el Bienestar. Apenas tiene una mínima ventaja.

Como patrón del Apartado B y de la seguridad social de los servidores públicos, la comunicación presidencial con su así como está planteada (la reforma-2007 tiene muchas dificultades, es una renuncia pública a modificar el estado de cosas preservando intacta la estructura neoliberal de esa reforma que determina las bajas pensiones. Hasta ahora, su escudo ha sido la presión presupuestal: Hay temas que no hay el suficiente presupuesto para poder cumplir con todas las demandas: hasta lo que se puede, señaló. Lamentablemente, ese escudo presupuestal –como en el sexenio de AMLO– es insuficiente frente a la profundidad del reclamo popular.

Las experencias latinoamericanas recientes dejan claras lecciones para México: con el apoyo popular Boric-Chile y Petro-Colombia, abrieron sendos debates sobre los costos sociales del modelo neoliberal pensionario con iniciativas presidenciales de reforma. El desenlace parlamentario no les fue favorable pero, la deliberación democrática enriqueció sustancialmente el diálogo social y confirmó la urgencia de rediseñar un sistema que, por su naturaleza, nunca pagará pensiones justas. Como precisara Michelle Bachelet, la crisis de las pensiones no se superará mediante correcciones en el margen al sistema de capitalización individual: sus dificultades no son pasajeras, sino estructurales.

Hasta ahora, el fragil escudo presupuestal de la Presidenta y su empleo del inestable parche-Fondo de Pensiones para el Bienestar no corrigen y sí dejan inatacto el modelo neoliberal de la reforma de 2007. Si ella busca pensiones justas, como patrón del Apartado B, podría –con voluntad política y estableciendo proridades– ubicar recursos para diseñar una alternativa estructural que rompa con la camisa de fuerza de la, hoy intacta, reforma de 2007, innovando y expandiendo la frontera de lo posible. En caso contrario, su sexenio será de parches, creciente costo fiscal, ganacias para algunos, bajas pensiones y de sumar más dinero bueno al malo.

* UAM-X.