Lo que dicen los columnistas

LEY DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

La libertad de expresión siempre debe ser defendida como un principio irrenunciable

La nueva ley de telecomunicaciones debe de revisarse con lupa. Ojalá de verdad los legisladores lean con lupa esto y no sólo levanten la mano. Queremos seguir confiando en que esta ley no será una ley censura ni una ley mordaza.

Julieta del Río

Proceso

En la agenda pública de nuestro país existe un tema de máximo interés por las amplias implicaciones que tiene para el desarrollo social y económico de nuestro país: el proyecto para expedir Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el cual causó revuelo, entre otra cuestiones, por su artículo 109, el cual dice que “Las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la agencia (ATDT) para bloquear temporalmente una plataforma digital, en los casos en que sea procedente por incumplimiento de disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables”.

Esta propuesta encendió las alarmas desde las cámaras de la de la radio y televisión, pero también tú y yo todos los que usamos redes sociales, y pues en estos tiempos de polarización la libertad de expresión no sólo es una garantía constitucional, es un termómetro democrático porque lo que se dice y lo que se calla habla tanto de las personas como de las sociedades que hablamos, que nos expresamos; ante ello, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, manifestó que dicha redacción podía modificarse, e incluso eliminarse para evitar algún tipo de censura.

Algunas y algunos legisladores tenían prisa por aprobar este proyecto de forma inmediata, pero nunca deben olvidar la responsabilidad que tienen, pues es su deber conocer a fondo las modificaciones y, sobre todo, sus alcances e implicaciones en los diversos sectores del país.

La libertad de expresión siempre debe ser defendida como un principio irrenunciable, se trata no sólo del periodismo —aunque en esta profesión sea más visible—, se trata también de nosotros, de ciudadanas y ciudadanos que tenemos derecho a opinar, cuestionar, denunciar, y sin miedo a represalias ni censura.

La presidenta de la República dijo que se va a revisar este artículo, y espero en general todo lo que haya causado revuelo; se va a abrir un periodo de debate donde estén todos los involucrados: cámaras, concesionarios, dueños de plataformas, y confío que también tengan voz los sectores de la sociedad.

¿Cómo lo harán? Espero que se realice mediante ejercicios de parlamento abierto para abrir esto al debate, sin prisas, y si esto tiene que ser llevado a un periodo extraordinario, que así sea.

La nueva ley de telecomunicaciones debe de revisarse con lupa. Ojalá de verdad los legisladores lean con lupa esto y no sólo levanten la mano. Queremos seguir confiando en que esta ley no será una ley censura ni una ley mordaza, un atentado a la libertad expresión, la cual es un derecho humano que se conmemora este 3 de mayo.

Las y los mexicanos merecemos normas y leyes que respondan a los nuevos tiempos que vivimos, pero sin transgredir la división de poderes ni el piso parejo que hemos logrado hasta el momento. Construyamos con consciencia y conocimiento.

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Arsenal

El sí del PAN a la estrategia de seguridad de la 4T

Francisco Garfias

Excelsior

Algo extraño ocurrió ayer en el Senado. El PAN votó con el oficialismo la Estrategia Nacional de Seguridad de la 4T, que dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum en octubre.

¿Es un reconocimiento de que se abandonó la estrategia de abrazos, no balazos que nos dejó alrededor de 200 mil muertos en los cinco años y 10 meses que López Obrador estuvo en la Presidencia? De alguna manera sí.

Habla Francisco Ramírez Acuña, senador del PAN, exsecretario de Gobernación y otrora gobernador de Jalisco. “Apoyar para exigir”, nos dijo antes de entrar al salón de sesiones.

Ya en tribuna puntualizó: “Votaremos a favor con la mejor de las voluntades políticas, aunque estamos conscientes de que la estrategia presentada tiene muchas carencias.

“No estamos ofreciendo un cheque en blanco al secretario de Seguridad, estamos entregando nuestro apoyo para que se hagan bien las cosas en materia de seguridad, y se abandone, de una buena vez la estrategia de abrazos, no balazos.

La estrategia descansa en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación en el Gabinete de Seguridad y con las entidades federativas.

La única bancada que votó en contra fue la del PRI. Tocó al senador Miguel Riquelme, exgobernador de Coahuila, posicionar al tricolor. Expuso en tribuna: “La Estrategia Nacional que hoy nos presenta el Poder Ejecutivo, no es más que una repetición de los errores del pasado, pero con una diferencia: sin controles judiciales y sin contrapesos, sumándole el debilitamiento de las locales de seguridad y con un secretario ejecutivo que centraliza atribuciones”.

El MC fue otro de los partidos no oficialistas que le dieron el voto a la citada estrategia. Morena, PVEM y PT completaron los 105 votos con los que quedó aprobada la estrategia.

* Los otros datos. Omar García Harfuch, secretario de SPC, compareció ayer a puerta cerrada en la Cámara alta, frente a senadores de la Junta de Coordinación Política, órgano del gobierno del Senado  e integrantes de la Comisión de Seguridad Pública. El único contacto que tuvo con la prensa fue a su llegada a la sede de esa cámara legislativa. Antes de encerrarse con los senadores, presumió “resultados” en entrevista de banqueta.

Juzgue usted: “Ha bajado la tasa de homicidios en el país. Este primer trimestre es el más bajo desde 2018. Sí tenemos menos delitos de alto impacto que anteriormente, pues se están dando resultados. Hay más de 18 mil detenidos, más de 800 laboratorios destruidos. Cualquier cantidad de dinero que deja de ingresar a las organizaciones criminales para que dejen de reclutar más gente, para comprar armamento, para corromper autoridades. Se han desarticulado muchísimas células delictivas”.

El secretario reconoció, sin embargo, que el hecho de que haya resultados no quiere decir que el problema esté resuelto.

* Lo que nos faltaba. El Senado aprobó con 105 votos, y sin discusión, la nueva Ley de Armas de Fuego Explosivos para que, entre otras cosas, integrantes de Pemex, la CFE, y el SAT puedan portar armas. Lo más curioso es que el Senado subió a su cuenta oficial de X un mensaje en el que dice que esa ley es para establecer un nuevo marco jurídico de equipamiento y accesorios, que procure ¡la paz y el desarme!

Es la primera vez que escucho que el desarme se promueve armando gente. Ya no me sorprende.

* Esta semana sabremos quién ocupa la titularidad del órgano desconcentrado “Transparencia para el Pueblo” que sustituye al Inai. Únicamente tendrá competencia sobre el Poder Ejecutivo federal. Su titular será nombrada directamente por la Presidenta y ya no por el Senado, como era el caso de los comisionados del Inai.

Fuentes bien informadas nos adelantan que será una mujer, sin dar más detalles. En el caso de los poderes Legislativo y Judicial, de gobernadores, alcaldes y órganos autónomos, se da otro paso atrás. Van a autorregularse.

Ya que estamos. El 13 de mayo próximo es el último día para que el extinto Inai haga la entrega institucional de las actas a la titular de Transparencia para el Pueblo.

Éstas deberán estar suscritas por los cuatro comisionados que le quedaban al instituto; Adrián Alcalá, Blanca Lilia Ibarra, Julieta del Río y Josefina Román. “De todo lo que entreguemos somos responsables”, subraya Alcalá.

¿Y qué entregan? Entre otras cosas, el edificio del Inai. Tiene 4 mil 552 metros cuadrados de terreno y 33 mil metros cuadrados de construcción.

Se adquirió vía un arrendamiento financiero con opción a compra. Hasta abril, se debían 277 millones 21 mil 241 pesos. La renta cuesta 77 millones de pesos anuales.

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Juegos de poder

Zedillo vs. Sheinbaum

La 4T se ha convertido en la principal defensora del libre comercio que implementaron los tan odiados neoliberales, incluyendo a Zedillo.

Leo Zuckermann

Excelsior

Me encanta el debate que está ocurriendo entre el expresidente Ernesto Zedillo y la presidenta Claudia Sheinbaum. Resulta muy positivo para la democracia este tipo de ejercicios. Si se hace con argumentos, no con ataques personales, los ciudadanos salimos ganando en términos de rendición de cuentas. Podemos ver la defensa tanto de las políticas públicas del gobierno actual como las de pasados.

En lo personal, ideológicamente me siento mucho más cercano a Zedillo que a la Cuarta Transformación. Me convence más el proyecto de reformas económicas orientadas hacia el mercado que el estatismo del lopezobradorismo. En lo político, estoy más a favor de la democracia liberal que su desmantelamiento con el afán de concentrar el poder y reinstaurar un régimen de partido hegemónico.

Por eso, celebro que el expresidente se haya animado a entrarle a defender este proyecto del que formó parte como presidente entre 1994 y 2000.

Sólo le haría una crítica a Zedillo. Como dicen los anglosajones: “Too little, too late” (muy poco y muy tarde).

Y es una crítica que le hago, en general, a toda la generación de políticos de la transición a la democracia, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña. En lugar de salir a defender con vehemencia la economía de mercado y la democracia liberal, se agazaparon y le dejaron el terreno completo a Andrés Manuel López Obrador y compañía.

Será porque se sentían culpables de algo o por no concitar la molestia de López Obrador que, enfurecido, podría haberlos perseguido. El hecho es que, mientras el lopezobradorismo desmantelaba las instituciones democráticas, prevaleció el silencio de la clase política del llamado periodo neoliberal.

El caso más patético fue el de Peña y su gabinete. No sólo le entregaron el poder a López Obrador de manera adelantada, prácticamente un día después de las elecciones presidenciales del 2018, sino que el 1 de diciembre todos los peñistas, incluyendo al expresidente, se escondieron y no volvieron a hablar.

Murió, así, el Pacto por México, la alianza política que le permitió a Peña sacar adelante una serie de reformas estructurales que fortalecieron la economía de mercado y trataron de cambiar sectores que requerían cambios profundos como el de la educación pública.

López Obrador llegó, arrasó con las reformas del Pacto por México, desmanteló instituciones democráticas e impuso una narrativa que rechazaba el pasado al que culpaba de todos los males planetarios. Nadie de la clase política pasada se atrevió a desafiarlo.

Celebro que Zedillo ahora alce la voz. Pero, insisto, creo que hace poco y muy tarde. Muchas de las instituciones están ya muertas. La reforma judicial está en plena ejecución y, muy pronto, Morena capturará al Poder Judicial que sí se atrevió a enfrentar a López Obrador el sexenio pasado.

Dice Zedillo en su artículo en Letras Libres: “La eliminación de organismos autónomos, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, la desaparición del derecho efectivo a la transparencia, la cooptación de las Fuerzas Armadas y la captura del Poder Judicial —todas ellas acciones emprendidas por el partido gobernante— dejan al descubierto que la ¿transformación? buscada por Morena consiste en acabar con la joven democracia mexicana y construir en su lugar un régimen tiránico”.

Coincido: es lo que venimos diciendo muchos desde hace mucho tiempo.

La presidenta Sheinbaum pudo haber toreado al expresidente minimizando el impacto de este artículo. Sin embargo, se subió al debate y lo hizo más grande. Qué bueno porque ya llegamos a la exigencia, de un lado, que se discuta la efectividad del Fobaproa y, del otro, que se auditen los grandes proyectos de infraestructura del sexenio pasado como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.

Zedillo ha publicado un par de cartas respondiendo los ataques de Sheinbaum. En la última reconoce el derecho de la Presidenta de cuestionar el rescate bancario que se llevó a cabo durante su sexenio. Y hace una pregunta relevante que me gustaría que la mandataria respondiera: ¿qué hubiera hecho usted en caso de haber estado en mis zapatos?

El expresidente especula: “Confío en que aun a costa de su popularidad personal, tomaría graves decisiones para evitar esa quiebra y asimismo cumplir con la ley que protege los depósitos bancarios, sin reparar en el oportunismo de quienes gustan de lucrar políticamente de cualquier circunstancia”.

No sé qué vaya a responder Sheinbaum. Lo que sí ya vimos es que, ante las amenazas arancelarias de Donald Trump, la 4T se ha convertido en la principal defensora del libre comercio que implementaron los tan odiados neoliberales, incluyendo a Zedillo.

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Razones

Tercer lugar mundial en crimen organizado

El informe destaca que el crimen organizado ha trascendido el narcotráfico.

Jorge Fernández Menéndez

Excelsior

El Banco Mundial, en su informe global sobre el crimen organizado, sostiene que somos el tercer país con mayor presencia e influencia del crimen organizado en las estructuras políticas, económicas y sociales, sólo nos superan Myanmar y Colombia, cuyo crimen organizado, por cierto, tiene amplios vasos comunicantes con el de México.

Es una demostración más del grado de empoderamiento que alcanzó el crimen organizado en nuestro país el sexenio pasado, gracias a la política de abrazos, no balazos, muy similar, por cierto, a la que siguió el país que tiene la medalla de plata, la Colombia de Gustavo Petro, al que ya le quitaron la visa para viajar a Estados Unidos. Es una demostración también del enorme desafío que tienen las autoridades de seguridad para transformar una realidad que todos los días se torna esquiva, difícil de aprehender, que exhibe el poderío de los grupos criminales.

México es el país con mayor participación del crimen organizado en mercados ilícitos (13 de los 15 analizados). El informe del BM destaca, como sabemos, que el crimen organizado ha trascendido el narcotráfico y abarca la trata de personas, el lavado de activos, el tráfico de armas, la extorsión, la minería ilegal, los delitos cibernéticos y la piratería. Los principales cárteles (el informe destaca al CJNG, el de Sinaloa, el del Noreste y la Familia Michoacana) operan como poderes paralelos, afectando la gobernabilidad y la seguridad.

Todo esto, dice el informe del BM, tiene un impacto económico y social porque la inseguridad y la criminalidad ahuyentan inversiones, distorsionan la economía, incrementan los costos de transacción y limitan el crecimiento económico. Para 2025, el Banco Mundial proyecta que América Latina y el Caribe crecerán apenas un 2.1% (México tendrá, dicen el FMI y el BM, un decrecimiento de 0.3%), la tasa más baja del mundo, en parte debido a la criminalidad.

Pero también el crimen organizado debilita la gobernanza, exacerba la desigualdad, erosiona el capital humano y deteriora los recursos naturales por la deforestación y la contaminación. El “cobro de piso” y la extorsión se han profesionalizado, afectando especialmente a cadenas agroindustriales y pequeños negocios.

El informe destaca las características especiales que tiene el crimen organizado en México: el control territorial, la gobernanza criminal, la extorsión y la “captura del Estado”. Destaca además que, como México es un corredor migratorio, los migrantes son explotados sexualmente o sometidos a trabajos forzados.

Eso detona la violencia. América Latina, con sólo el 9% de la población mundial, registra un tercio de los homicidios globales; la tasa de homicidios en la región es ocho veces superior al promedio mundial.

Finalmente, destaca que las instituciones débiles, la corrupción y la impunidad agravan el problema, al tiempo que el control de las cárceles por parte de los grupos criminales y la infiltración en instituciones públicas dificultan la respuesta estatal.

Termina pidiendo que la lucha contra el crimen organizado se asuma como una prioridad de desarrollo, no sólo de seguridad, y movilizar recursos y conocimientos colectivos a nivel nacional e internacional. “Combatir la delincuencia organizada —concluye el informe— no es sólo una cuestión de aplicación de la ley, es una prioridad de desarrollo. Debilita la gobernanza, distorsiona la inversión y exacerba la desigualdad”.

No es una novedad, pero sí una reafirmación de la necesidad de priorizar la lucha contra un fenómeno que hace mucho que dejó de ser de seguridad para convertirse en un desafío de gobernabilidad y desarrollo. Hay que destacar el tema de los recursos destinados a la seguridad, sobre todo si es vista desde una perspectiva integral. Invertimos en seguridad un tercio de lo que invierten países con niveles de desarrollo similares, como Colombia. Incluso los países mejor calificados en la región en el ámbito de la seguridad por el informe (Chile, Argentina, Uruguay) invierten, como porcentaje del PIB, más que nosotros.

La estrategia que ha asumido la administración Sheinbaum en el ámbito de la seguridad es correcta, el problema es que los desafíos parecen infinitos y los recursos finitos. Las propias características, en muchos sentidos únicos, de la configuración que se ha dado del crimen organzado en nuestro país hacen esa lucha mucho más difícil: a la diversificación de sus actividades se suma la una notable capacidad de operar transnacionalmente, estableciendo alianzas en Colombia, Centroamérica, Europa y Asia para el tráfico de drogas sintéticas y cocaína.

Al mismo tiempo, ha logrado establecer control territorial en amplias zonas, “llegando a ejercer funciones propias del Estado, como proveer servicios, impartir justicia y regular la vida social y económica”. En algunas regiones, los cárteles actúan como un “poder paralelo” que compite o colabora con las autoridades estatales.

Por todo esto es tan absurdo y vano que las autoridades, la FGR en este caso, gasten tiempo, recursos, narrativa y capital político tratando de explicar que, por ejemplo, Teuchitlán no fue un centro de cremación, sino “sólo” de reclutamiento, entrenamiento y operación, donde se ejecutaba a quienes no servían o desobedecían. Hay que mirar más allá del fantasma de Ayotzinapa o los números de la mañanera, el desafío es enorme.

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En México se murió la democracia

Pablo Gómez

La Jornada

Es muy halagador, interesante, reconfortante, esperanzador ver que Ernesto Zedillo, ex presidente de la República (1994-2000), confiesa: la verdad no sé, cuando su entrevistador de Nexos le dice que estamos en el peor de los mundos imaginables y le pregunta ¿cómo regresar de ahí?

La autoridad moral de Ernesto Zedillo para hacer un análisis sereno y sensato de la realidad mexicana es prácticamente nula. Estamos oyendo a uno de los más señalados autores de los desastres mexicanos de la segunda mitad del siglo XX, un paladín del neoliberalismo, conductor de los errores de diciembre con devaluación, caída del ingreso, revolución de las tasas de interés, gran estafa del Fobaproa-IPAB para pagar deudas de ricos con fondos nacionales, entrega de patrimonio público y riquezas naturales a grandes consorcios, empobrecimiento de enormes franjas de la sociedad y muchas más fechorías.

Sin embargo, lo más ilustrativo del análisis de Zedillo es que carece absolutamente de algún esbozo de plan para derrotar a la 4T y volver a las andanzas de antes y, especialmente, al Estado corrupto, dentro del cual operaron los gobernantes a partir de la formación del PRI con ese nombre (1949-52) y hasta 2018, en el que fueron desplazados.

Después de confesar que mi conclusión es muy sencilla: en México se murió la democracia, Zedillo no intenta demostrar que antes de 2018 el país vivía en el mejor régimen democrático, sino sólo lo insinúa con eso de dar por muerta a la democracia. El ex presidente no afirma que la han matado, sino que se murió, sin señalar la causa probable. Como no sabe cómo regresar a su propio pasado, tampoco puede imaginar la caída del gobierno actual. El ex presidente no convoca al pueblo.

Sin embargo, Zedillo sabe algo al respecto, aunque sólo lo insinúe o se haga el despistado. Al reprochar la conducta de los factores reales de poder que prefieren quedarse callados, el político está haciendo un reproche a poderes económicos y, acaso, también extranjeros. No se necesita seguir haciendo preguntas a quien entregó tanta riqueza pública justamente a los factores reales de poder.

Ernesto Zedillo vive en la desolación más completa y sólo confía, al parecer, en el poder económico que ahora, dice, apoya al gobierno actual quedándose callado y a la espera de beneficiarse de la muerte de la democracia. Advierte con pretensión clarividente el ex jefe priísta que los factores reales de poder se van a arrepentir cuando la 4T decida perseguirlos.

No existe programa alguno en el discurso de Ernesto Zedillo, pero tampoco el menor esbozo de un plan político para derribar a la 4T, como no fuera, acaso, la eventual conspiración de los factores reales de poder.

Zedillo se encuentra en la misma situación que las oposiciones políticas organizadas, básicamente el Prian y un par de partidos en ciernes: no entienden lo que ha ocurrido en México en los años recientes. Jamás alcanzaron a ver que bajo sus propios pies se estaba fraguando una especie de rebelión popular contra el Estado corrupto, la distribución del ingreso y el dominio de una oligarquía voraz.

Zedillo nos muestra un estado de confusión intelectual porque él no alcanza a avizorar una fuerza política capaz de derrotar a los populistas, tan defenestrados por el otrora imbatible neoliberalismo que se importó por el poder político hace más de 40 años, largo plazo para provocar un daño social inmenso y, al mismo tiempo, conducir a la histórica respuesta de una mayoría popular forjada durante todos esos años en los que reinó el programa antipopular y antinacional de los neoliberales.

Zedillo no puede admitir siquiera que la 4T es una mayoría política en el país. Dice que la reforma del Poder Judicial fue un punto extremo, pero no defiende a los jueces, no responde por ellos, no rebate la crítica al profundo estado de corrupción en el que se encuentran. En consecuencia, Zedillo carece de propuesta de reforma del Poder Judicial, como ha sido el caso de sus amigos del Prian. En este vacío político, cultural e intelectual se alcanza a distinguir la bancarrota de las oposiciones que antes fueron poder y que, con sus agresiones al pueblo de México, provocaron la respuesta de lo que es hoy la nueva fuerza política popular.

Por ello, no le queda más a Zedillo que sincerarse al llamar a los factores reales de poder, al poder económico oligárquico, a luchar en contra de esa mayoría popular que ha echado del poder político a los neoliberales. No hay convocatoria democrática, como no la hubo en sus tiempos, sino acaso a volver a hacer predominar el poder del dinero.