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El Estado y la agenda de la población mexicana en el extranjero

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La Constitución de 1917 —de manera completamente justificada debido a las perniciosas invasiones extranjeras del siglo XIX— fue diseñada con un tono antiextranjero que repercutió sobre la migración mexicana.

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Tonatiuh Guillén López

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Proceso

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Desde hace algo más de un siglo el Estado mexicano estableció en el marco constitucional principios jurídicos (e ideológicos) que fueron abriendo una brecha en su relación con la población mexicana migrante. Con el tiempo, conforme más población emigró, esa brecha también se fue ampliando. Hubo —hay todavía— una deuda histórica que progresivamente se ha ido saldando, si bien falta muchísimo por avanzar.

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La causa originaria fue la definición de nacionalidad mexicana por nacimiento (artículo 30) y paralelamente su pérdida si se adquiría otra (artículo 37), como establecía la Constitución en 1917. Es decir, la emigración mexicana no podía adquirir otra nacionalidad sin perder la propia. Peor todavía, sus hijas e hijos no serían mexicanos al tener una nacionalidad extranjera. Ése fue el inicio de una brecha que todavía persiste en multitud de ámbitos.

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La Constitución de 1917 —de manera completamente justificada debido a las perniciosas invasiones extranjeras del siglo XIX— fue diseñada con un tono antiextranjero que repercutió sobre la migración mexicana. Incluso en los debates del Constituyente de 1916-1917 existen comentarios con dudas sobre el nacionalismo de los mexicanos en el extranjero y su descendencia. Así era el pensamiento de la época, que de alguna manera ha persistido cual enjambre de insostenibles prejuicios.

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Dicho sea de paso, aquellas concepciones políticas y sociales de principios del siglo XX (y previas) también incidieron sobre la nacionalidad de las mujeres al definirla no como inherente, sino condicionada: establecía que si una mujer mexicana se casaba con extranjero adquiriría la nacionalidad del esposo y perdía la propia. Esta grave discriminación contra las mujeres y además los prejuicios sobre la doble nacionalidad y su herencia para hijos e hijas nacidas en el extranjero se corrigieron progresivamente con las reformas en la materia de 1934, 1969, 1974, 1997 y sobre todo del año 2021.

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El resultado es que la actual nacionalidad mexicana tiene una definición constitucional y un universo social ampliado. Posibilita la doble nacionalidad y además su herencia generacional para la descendencia nacida en el extranjero. Los artículos constitucionales 30 y 37 son hoy completamente distintos a los originales de 1917. Siendo así, en igualdad de condiciones jurídicas, hoy las mexicanas y mexicanos somos los siguientes:

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Quienes estamos en el territorio: aproximadamente 132 millones.

Quienes emigraron y permanecen en el extranjero: 12 millones, con absoluta mayoría radicada en Estados Unidos.

Primera generación nacida en el extranjero: 13.5 millones, aproximadamente.

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Segunda y sucesivas generaciones: 12 millones, aproximadamente.

Mexicanos por naturalización: cerca de 100 mil (dato incierto).

En total, la Nación Mexicana (Transterritorial) está integrada por 170 millones de personas, aproximadamente.

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Si bien las reformas a los artículos constitucionales 30 y 37 fueron corrigiendo la brecha en materia de nacionalidad, la agenda pendiente es enorme. Particularmente crítica es la situación de la población mexicana nacida en el extranjero (25.5 millones), reconocida así por la Constitución, pero que ha sido marginal la formalización de su nacionalidad mediante la documentación necesaria. No existe un programa deliberado ni sistemático para este propósito, lo cual es una grave falta y error histórico.

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Vistas las actuales dimensiones de la población mexicana, para el Estado y sus instituciones la cuestión fundamental es la siguiente: ¿cómo relacionarse jurídica, institucional y políticamente con el conjunto de la nación mexicana y su composición transterritorial y generacional? ¿Cómo relacionarse con el nuevo universo social de la nación?

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El problema es que el Estado mexicano sigue atorado en el siglo XX. El marco jurídico, las instituciones y la gestión pública en gran medida persisten como si la población mexicana fuese únicamente la que está en el territorio. Salvo contadas excepciones, sigue funcionando como si la Nación estuviera contenida en el territorio. Ya no es así.

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Ahora el Estado debe relacionarse también —necesariamente— con alrededor de 38 millones de mexicanos que radican en el extranjero y que tienen una agenda social, de desarrollo y política inevitablemente distinta, pero al mismo tiempo igual (en el sentido de igualdad jurídica) que la población en el territorio.

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Desde esta perspectiva, la brecha original de 1917 es ahora otra y de mayor complejidad, además de demográficamente enorme y diversa en todas las direcciones. Por consecuencia:

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Está pendiente una profunda reforma del Estado, progresiva, con perspectiva de la Nación Transterritorial, con plena inclusión y no discriminación. El Estado está obligado a esa reforma para adecuarse a la nueva estructura de la Nación.

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La orientación de la reforma —su contenido esencial— puede partir de la agenda social y política que tiene la población mexicana en el extranjero, que ha sido expresada por largo tiempo, cada vez con mayor insistencia y con mejor organización. Se trata de una agenda amplia y urgente de implementar, que además es fundamental para toda la nación y no solamente para la población en el extranjero.

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Un componente esencial de esa agenda surge y es definido por la población mexicana que emigró desde el territorio. Otro de sus componentes corresponde a la población mexicana que no emigró, que nació en otros países principalmente en Estados Unidos. Ambos componentes y su fino contenido son la llave, el código maestro, que conduce a la nueva relación del Estado mexicano con el total de su población.

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Desde ahora debe implementarse esa agenda —analizada, perfeccionada, reflexionada públicamente— como nueva ruta necesaria para el Estado y sus instituciones. A menos que abiertamente se declare la exclusión y discriminación para casi un tercio de la población nacional, lo que sería inconstitucional y absurdo. El desafío es gigantesco, delicado como relojería de mil piezas, pero al mismo tiempo inevitable.

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Ante el nuevo horizonte y futuro de la nación mexicana ¿la actual clase política, la que dirige hoy las instituciones del Estado, lo reconoce? Por lo pronto, habrá letras de oro para reconocer a la migración mexicana en la Cámara de Diputados. Es un símbolo valioso, pero completamente insuficiente. Se requieren reformas legislativas en prácticamente todos los rubros, para la federación, estados e incluso municipios. Se requiere pensar y actuar sin discriminaciones y con la mirada en el todo nacional.

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El 24 de abril de 2025 se realizó un muy importante evento en el Senado de la República, en donde parte de la agenda de la población mexicana en el extranjero fue planteada por las organizaciones migrantes con toda claridad y apertura. Fue un estupendo avance; lo que sigue deberán ser los pasos en firme para implementarla.

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*PUED / UNAM.

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Arsenal

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¿En qué momento se jodió el Poder Judicial?

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Francisco Garfias

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Excelsior

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Le dolió a la presidenta Sheinbaum que Ernesto Zedillo, quien gobernó México de 1994 a 2000, haya roto nuevamente la regla de silencio que se autoimpuso cuando salió de Los Pinos.

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El expresidente lo hizo para manifestar públicamente que el “acertijo” de la 4T ya quedó diáfanamente resuelto: la transformación prometida era en realidad la de sustituir nuestra joven democracia “por una tiranía”.

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Sheinbaum acusó recibo. No ocultó su malestar por las palabras del exmandatario. “Ahora resulta que Zedillo es el paladín de la democracia”, dijo, mordaz, en la mañanera.

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Y soltó varias preguntas para descalificar lo hecho por el penúltimo presidente del PRI:

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-¿Por qué no hablamos de la desaparición de la Corte y la decisión, a modo, de una nueva Corte impuesta por él?

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¿Por qué no hablamos del Consejo de la Judicatura, que estaba dirigido por la misma persona que presidía la Corte. ¿O qué? ¿Eso no es autoritarismo?

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-¿Por qué no hablamos de lo que dice Francisco Labastida (en su libro La duda sistemática) acerca de que el propio Zedillo entregó (la Presidencia) al PAN, a petición de Estados Unidos? ¿Eso no es entreguismo?

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* Zedillo manifestó su crítica postura sobre la 4T en un amplio ensayo que escribió para Letras Libres y en una entrevista que concedió a la revista Nexos.

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El tono no es suave, sino contundente. Dice que la mandataria “nos miente” cuando dice que México está por convertirse en el país más democrático del mundo.

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“Que no nos engañen: nuestra joven democracia ha sido asesinada”, son las últimas dos líneas del amplio ensayo.

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Después de leer el ensayo, me queda claro que el detonador de la irrupción de Ernesto Zedillo en la vida política de México, vía dos publicaciones destinadas al círculo rojo, es el desmantelamiento del Poder Judicial autónomo, vía la reforma judicial, y el ataque a la división de poderes que eso significa.

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A diferencia de Sheinbaum, coincido con el inicio del ensayo:

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La reforma judicial promovida en 1994 por el entonces presidente de México fortaleció la independencia de la Corte, la dotó de profesionalismo y le brindó capacidades para fungir como contrapeso del presidente.

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“La reforma hoy en marcha destruye todos esos avances, politiza la impartición de justicia y somete a la Corte a los intereses de un solo partido”, puntualiza.

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La autonomía mostrada por el Poder Judicial frente al Ejecutivo en los tiempos de AMLO fue su mérito, pero también su sentencia de muerte.

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Fue el único contrapeso real que tuvo el tabasqueño durante su mandato.

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Es del dominio público que la SCJN le tiró al Peje la reforma eléctrica, la electoral, el plan B, el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena.

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Todos sabemos que los jueces, con sus amparos, dificultaron las obras prioritarias del régimen.

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AMLO promovió la reelección de Arturo Zaldívar —hoy funcionario menor del gobierno federal— como presidente de la SCJN. No pudo. En ese momento se jodió el Poder Judicial.

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* Dos días antes de que la administración Trump cumpliera la amenaza de cerrar la frontera a la importación de ganado mexicano si el gobierno federal no atendía los requisitos sugeridos por el Departamento de Agricultura de ese país para combatir la plaga del gusano barrenador, llegó el acuerdo.

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La titular de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, dio la buena noticia, sin dar más detalles por el momento.

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Los gringos se quejan de que las autoridades de aviación en México han impuesto restricciones a la empresa Dynamics Aviation que, dicen, están excepcionalmente equipadas para eliminar esa plaga.

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“La incapacidad de cualquiera de estos proveedores para operar plenamente compromete la integridad de nuestra estrategia regional”, advierten.

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No sabemos si México cedió a las exigencias de EU. El anuncio del acuerdo nos hace suponer que sí.

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El secretario de Agricultura, Julio Berdegué, confirmo el acuerdo. En su cuenta de X escribió:

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“Los exportadores de ganado de Sonora y de otros estados pueden estar tranquilos. Hemos llegado a un acuerdo que beneficia a México y también a Estados Unidos”.

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Tampoco dio detalles.

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Recurrimos a la magia de Google para saber qué es el gusano barrenador. Dice: “Es una plaga que causa una enfermedad llamada miasis o gusanera. Afecta principalmente a animales de sangre caliente, incluyendo el ganado. “Las larvas de esta mosca se alimentan del tejido vivo de las heridas, causando lesiones graves y potencialmente mortales”.

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Juegos de poder

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Sobre la “Ley Censura”

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A cualquier gobernante del mundo le encantaría tener la cobertura propagandística que hoy tiene el gobierno cubano, por ejemplo. En otras palabras: loas que magnifiquen los aciertos y escondan los errores.

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Leo Zuckermann

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Excelsior

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Es un hecho: a ningún gobierno le gusta que haya medios de comunicación independientes. Ni en las democracias más añejas del mundo ni en los países donde no existe ésta. A cualquier gobernante del mundo le encantaría tener la cobertura propagandística que hoy tiene el gobierno cubano, por ejemplo. En otras palabras: loas que magnifiquen los aciertos y escondan los errores.

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Veamos lo que ha hecho este gobierno con los medios públicos de comunicación. En lugar de ser espacios plurales del Estado, como la BBC en el Reino Unido, los ha convertido en porristas de la 4T. En el Canal 11, por ejemplo, sólo caben las voces a favor de Morena, todo ello financiado con dinero de los contribuyentes.

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El sueño de la 4T es trasladar este modelo a los medios privados que, por trasmitir a través del espectro electromagnético, son concesiones del Estado, que es el único ente con capacidad de repartir las frecuencias.

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Se trata de una falla tradicional de mercado que tiene que ser solucionada por el Estado. Los gobiernos, sin embargo, utilizan esta situación para tratar de controlar a los medios que siempre tienen la Espada de Damocles sobre su cabeza. Si se pasan en sus críticas al gobierno en turno, éste les puede cancelar la concesión y, por tanto, la posibilidad de seguir ganando dinero.

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En México, los políticos se inventaron otra manera para tratar de controlar a los medios: la publicidad oficial. Cientos de millones de pesos de los contribuyentes que se entregan anualmente para trasmitir anuncios gubernamentales. Para muchos medios mexicanos, su principal cliente es el gobierno, ya sea el federal o los estatales. Y, claro, éstos siempre esperan tener a cambio coberturas noticiosas positivas.

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Si el PRI pudo quedarse más de setenta años en el poder fue gracias a su hábil manejo de los medios de comunicación. No era la aburrida propaganda que se trasmitía en la Unión Soviética y países satélites, sino algo más sofisticado. Por un lado, entretenimiento que evitaba todo tipo de controversias políticas y, por el otro, coberturas noticiosas favorables para el régimen, con cierta tolerancia a la crítica, muy limitada en la televisión, más abierta en radio y prensa.

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Hoy, la situación es diferente. Dígase lo que se diga, mucho cambió con la transición a la democracia. Además, tecnológicamente surgieron las redes sociales y plataformas digitales que le restaron poder a los medios tradicionales.

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A pesar de estos cambios, Morena quiere regresar a los tiempos en que el gobierno utilizaba sus palancas de poder (concesiones, regulaciones, publicidad oficial) para tratar de manipular la cobertura noticiosa a su favor. Lo que han hecho en los medios propiedad del Estado, como el Canal 11, lo quieren trasladar a los que son de propiedad privada.

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Para eso pretenden aprobar una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión concentrando todas las palancas de poder que se tienen sobre la industria en una nueva entidad del gobierno federal: la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

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Según la iniciativa presentada al Congreso, la ATDT concentraría las facultades que antes tenía un órgano autónomo del Estado que ya desapareció, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, más las que mantenían la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Gobernación.

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Estamos hablando de un ente poderosísimo con muchos grados de discrecionalidad, la fórmula perfecta para controlar a los medios.

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No es gratuito que la oposición haya renombrado esta iniciativa como la “Ley Censura”. Tanto los concesionarios tradicionales como los operadores de plataformas digitales tendrían pocas posibilidades de defenderse frente a las decisiones discrecionales de esta nueva autoridad. Agréguese que, ahora, ni siquiera contarían con la posible protección de un Poder Judicial que, después de la elección del primero de junio, quedará dominado por Morena.

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Se cumple, así, el dictum populista de López Obrador. Por un lado, concentrar todo el poder en el Ejecutivo federal y, por el otro, combatir cualquier crítica que pueda recibir la 4T. Adiós a la libertad de expresión y pluralidad en los medios. Bienvenido el control y la propaganda monocromática a favor del gobierno.

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Es una buena noticia que la Presidenta haya parado la aprobación de esta nueva ley en el Congreso. Vamos a ver si se corrige esta legislación autoritaria que crea las condiciones para que, efectivamente, haya censura en México. O, peor aún, autocensura de medios que, para seguir haciendo negocio, quieran quedar bien con el Big Brother que la ATDT que se estaría instaurando.

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Astillero

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Zedillo es su propio contrapeso // Le recuerdan su historial // Sandra Domínguez, ¿ajuste de cuentas? // Pago de agua a Estados Unidos

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Julio Hernández López

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La Jornada

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Se ha asomado Ernesto Zedillo Ponce de León al gelatinoso escenario de la elección judicial mexicana, en la que destacan aspirantes de oscuros expedientes, insuficiente interés ciudadano, dificultades operativas y técnicas, así como una marcada tendencia promovida desde cuentas de redes sociales a determinadas candidaturas.

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El ex presidente que puso fin a la larga historia de priísmo en Los Pinos para dar paso a la engañosa alternancia de siglas con Vicente Fox Quesada, servil a los intereses de Estados Unidos y pleno de corrupción personal y familiar, publicó un texto denominado México: de la democracia a la tiranía. Lo hizo en la revista mensual Letras Libres, dirigida por Enrique Krauze, quien entre otras definiciones curriculares es integrante del consejo de administración de Televisa.

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La presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema en su conferencia matutina de prensa y despachó una serie de preguntas y menciones que desarticulan la pretensión de Zedillo de mostrarse como un constructor de democracia y de un desarrollo político y económico cuasi idílico en comparación con los trazos oscuros y de destrucción que adjudica al proceso llamado Cuarta Transformación.

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El fallido vuelo crítico de Zedillo tiene, como contrapeso (él y otros que tanto invocan ese término), las represiones habidas durante su administración, el Fobaproa y otras medidas económicas lesivas del interés popular y favorables a las élites, la farsa de democratización en el 2000 a gusto de Washington y su propio aprovechamiento personal al pasar a integrarse a áreas de decisión administrativa de empresas favorecidas con la privatización ferroviaria.

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La activista Sandra Domínguez fue encontrada muerta, poco más de seis meses después de su desaparición, en una fosa clandestina ubicada en Veracruz, en zona colindante con Oaxaca. Junto con ella, el cuerpo de su esposo, en un contexto que según la fiscalía estatal y el gobernador Salomón Jara indicaría que se trató de un ajuste de cuentas entre grupos delictivos, sin implicaciones políticas o referidas al activismo de Sandra, quien denunció en dos ocasiones el uso de imágenes y referencias sexuales de mujeres, sin consentimiento de ellas, por parte de funcionarios estatales a través de grupos de WhatsApp.

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A partir de que hizo evidentes tales hechos se multiplicaron las amenazas contra Sandra Domínguez, quien participaba en diversas denuncias y protestas sociales. La versión oficial hasta ahora sostenida, del involucramiento del esposo de Sandra, Alexander Hernández, en hechos ilícitos, lo cual habría extendido el alcance de los ajustes de cuentas hasta ella, no tuvo ayer respuesta inmediata de familiares ni compañeros de luchas, aunque sí es imprescindible que los reportes forenses y las investigaciones sean creíbles a fin de que no se recurra al expediente de la criminalización elusiva. También es necesario dilucidar el punto de quienes amenazaban a Domínguez por haber exhibido las redes digitales de agravios a mujeres.

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Astillas

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Habrá de verse si el acuerdo para el pago de agua a Estados Unidos es aceptado por quienes sean afectados en la disminución de líquido para fines agrícolas, industriales o domésticos. El gobierno de Donald Trump ha esgrimido normativas que obligan a México a la cesión de agua (transferencia inmediata), y la presidenta Sheinbaum ha hecho ver que no se niega la letra legal, pero no siempre se puede cumplir con ésta. Ahora ya hay acuerdo, al menos a nivel de gobiernos (En una histórica demostración de liderazgo, el presidente Trump prioriza la entrega de agua mexicana a los granjeros texanos, bajo el tratado de 1944, informó el Departamento de Estado de Estados Unidos)… Hablando de agua, llamativa la estancia en el puerto de Veracruz de la nave estadunidense de guerra (de la que ya se habló ayer en esta columna) que, según la información oficial, pidió permiso a la Marina mexicana para cargar combustible y que su personal descansara para luego retomar viaje. ¿Casualidad acuática?…

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México SA

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Estados Unidos: mitos y estereotipos // Paisanos, décima economía mundial // Aportan 781 mil millones de dólares

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Carlos Fernández-Vega

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La Jornada

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Mientras Donal Trump mantiene el sueño húmedo de acabar con la inmigración y la FBI se dedica a detener jueces por escoltar indocumentados mexicanos, alguien en el gobierno estadunidense debería tomarse la molestia de explicar al energúmeno de la Casa Blanca (él mismo hijo y nieto de inmigrantes escoceses y alemanes) que lo único que ha logrado con esa política xenófoba y de corte nazista, es hundir aún más a la economía de su país, porque, si no lo sabía, los sectores productivos de su país están en manos de aquellos que tanto odia y persigue.

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En la mañanera de ayer, se apersonó la directora general de Latino Donor Collaborative Think Tank, Ana Teresa Ramírez Valdez, aportó información valiosísima que Trump debe conocer, asimilar y ponderar si desea materializar su proyecto MAGA (Make America Great Again) y no se quede en un mero eslogan propagandístico-electoral, porque sin la mano de obra de los inmigrantes Estados Unidos está frito.

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De entrada, Ramírez Valdez echó números: en México somos alrededor de 130 millones, “pero dénse cuenta de que en Estados Unidos somos casi 40 millones de mexicanos; además de todo, nada más 4 millones de ellos son indocumentados. El mito de que ‘la mayoría de los inmigrantes mexicanos son indocumentados’ es completamente falso”. Y pueden ser mucho más que 40 millones. Estos números son muy conservadores, porque están basados en el censo y en él los cuentan cómo las personas se identifican. Hay mucha gente que por miedo o diversas razones no se identifican en el censo como mexicanos o latinos. Entonces, los números reales son mayores.

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Además, el origen de una gran parte del producto interno bruto estadunidense viene de los latinos, específicamente de los mexicanos, y aportó ejemplos concretos sobre la participación de los inmigrantes: 51 por ciento de la mano de obra en granjas lecheras de Estados Unidos es inmigrante; 46 por ciento de las empresas de la lista Fortune-500 fueron fundadas por inmigrantes o sus hijos; 45 por ciento de la mano de obra en el procesamiento de carne es inmigrante; 29 por ciento de la mano de obra en la construcción; 20 por ciento en manufactura y agricultura; 15 por ciento en educación y salud. Es que la fuerza de trabajo de los latinos, y de los mexicanos específicamente, no es nada más el estereotipo y el mito, sino que estamos en todos los aspectos y en todas las áreas de Estados Unidos.

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Algo más: el año pasado, los mexicanos nacidos en Estados Unidos han contribuido al PIB con 781 mil millones de dólares. Hablamos de un nivel de contribución que, si el total de los mexicanos en Estados Unidos que se identifican como mexicoamericanos fueran un país independiente, serían el décimo país más grande del mundo. Hoy en día, los latinos son entre la cuarta y la quinta economía más grande; pero solamente los mexicanos, quitando a venezolanos, colombianos, argentinos, a todos los demás latinos, serían la décima economía más grande del mundo.

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De acuerdo con los pronósticos de Latino Donor, en los próximos dos o tres años el peso económico de los latinos superará al PIB de Alemania, y nos pondremos en el tercer lugar mundial; hoy, uno de cada cuatro jóvenes en Estados Unidos es latino, 16.1 por ciento de los jóvenes menores de 18 años en EU son mexicanos; además, una de cada seis mujeres es mexicana. Entonces, dice Ramírez Valdez, a pesar de la retórica, de las deportaciones que se han dado para los latinos en general, del susto que existe en Estados Unidos, los latinos continúan creciendo, produciendo y pagando impuestos.

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Sin embargo, el gobierno gringo se dedica a propagar mitos y estereotipos sobre los inmigrantes (quitan el trabajo a los estadunidenses; sólo reciben beneficios y no contribuyen; aumentan la criminalidad; son una carga para la economía), pero la realidad es muy distinta y Trump debe sopesarla.

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Las rebanadas del pastel

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A los autodenominados comentócratas les encanta el fracaso y el ridículo: en el sexenio pasado armaron una estrategia comunicacional falaz y golpeadora a más no poder en contra de Andrés Manuel López Obrador y lo único que lograron –además de enfangarse más de lo que ya estaban– fue fortalecerlo. De todas las campañas por ellos armadas, perdieron todas, pero hay algún idiota útil que paga por todo esto y cree que la andanada es eficaz. Como buenos fracasados que son, no lo registran y por eso ahora enfilan baterías (con la misma estrategia fallida e idénticas fichas quemadas) en contra de la presidenta Sheinbaum. ¿Qué resultado creen que obtendrán? Adivinen.

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