Lo que dicen los columnistas

Madres buscadoras, actoras del cambio

Sin ningún apoyo institucional, desamparados, estos colectivos forzaron al gobierno a ser reconocidos ante el incremento imparable de desaparecidos en el país.

José Gil Olmos

Proceso

Con el dolor a cuestas, sin ninguna protección, las madres buscadoras de los desaparecidos por el crimen organizado, en colusión con agentes gubernamentales, son actoras del cambio.

A nivel nacional hay 60 agrupaciones civiles que están dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas. La mayor parte, sino es que, en su totalidad, están encabezadas por mujeres quienes, con palas, bastones y una gorra deambulan en peligrosos parajes o en terrenos abandonados tratando de localizar los restos de sus seres queridos desaparecidos.

Al igual que en otros países como Bosnia y Herzegovina, Guatemala, El Salvador, Honduras, España, Colombia e Italia, donde existe este dolorosísimo tema de los desaparecidos, en México se han formado estos colectivos encabezados sobre todo por mujeres.

Los primeros colectivos de búsqueda comenzaron a formarse hace dos décadas en Baja California, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Durango y Coahuila, donde los grupos criminales secuestraban a hombres para obligarlos a trabajar en sus negocios de cultivo, producción y transporte de drogas.

Unidas por el dolor, a partir de entonces se dedicaron a la triste y penosa misión de buscar a mujeres y hombres de todas las edades víctimas de desaparición forzada, formando grupos como el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, Corazones sin Justicia, Sinaloa; Madres Buscadoras de Sonora, Madres Unidas y Fuertes de Baja California, Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) y Sabuesos Guerreros, AC.

Conforme pasó el tiempo y frente a la indolencia gubernamental los colectivos juntaron esfuerzos e integraron el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), conformado por colectivos de 24 estados de la República y de tres países de Centroamérica.

Sin ningún apoyo institucional, desamparados, estos colectivos forzaron al gobierno a ser reconocidos ante el incremento imparable de desaparecidos en el país. En 2015 se dio a conocer que 35 colectivos se agruparon para luchar por la primera Ley General en materia de desapariciones en México, misma que fue aprobada el 12 de octubre de 2017, la cual establece que las autoridades deben utilizar los medios necesarios para buscar a las personas desaparecidas, además de garantizar el derecho a la verdad, memoria, justicia y reparación integral a las víctimas.

Actoras del cambio en un tema altamente sensible como es el de desaparecidos, el cual recorre de manera transversal todos los campos del gobierno, desde los derechos humanos hasta la justicia, están expuestas a la reacción violenta del crimen organizado.

Tan es así que recientemente María del Carmen, integrante del colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco, fue ejecutada y es una de las 28 personas buscadoras que han sido asesinadas en el país desde el año 2010 a la fecha, de acuerdo con un reporte de la organización ¿A dónde van los desaparecidos?, que hasta el corte del 4 de abril de 2025 tenía el registro de 27 personas buscadoras asesinadas y tres más desaparecidas.

Son estos colectivos encabezados por mujeres lo que han impulsado cambios a las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum de reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, con el objetivo de crear mecanismos más eficientes de localización, identificación y búsqueda de personas desaparecidas.

El punto principal de la reforma es la creación de la Plataforma Única de Identidad, un sistema centralizado que integrará los datos de identificación de toda la población en México. Este nuevo esquema estará basado en una versión reforzada de la Clave Única de Registro de Población (CURP), que incluirá fotografía y datos biométricos. La propuesta también establece que todas las autoridades estarán obligadas a investigar, coadyuvar y proporcionar información en casos de desaparición forzada o por particulares.

No obstante, hay otra propuesta que complementaria a la presidencia. El senador Manlio Fabio Beltrones presentó una iniciativa de ley para que dichos colectivos sean reconocidos como auxiliares de la Comisión Nacional de Búsqueda, bajo el entendido de que “los colectivos buscadores han suplido las carencias del gobierno para cumplir sus obligaciones». Además, establecer un Banco Nacional de Datos que permita la identificación de restos humanos mediante el ADN.

Las iniciativas serán discutidas en el próximo periodo extraordinario de sesiones del Poder Legislativo, a realizarse en junio, pues las conversaciones que llevan los colectivos con la secretaria de Gobernación no han terminado.

Por cierto, otra propuesta que tiene que ser revisada con urgencia será la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para abrir una consulta con representantes del sector, expertos y el propio Legislativo. Este lunes la plenaria del grupo legislativo de Morena decidirá los cambios que habrá y que serán propuestos para la sesión a efectuarse este mismo lunes en el Senado. La rectificación propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum se da luego de la ola de críticas que hubo no sólo desde la oposición sino de agrupaciones civiles que advirtieron la existencia de nubarrones de censura.

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Razones

La Ley de Medios de Peña, AMLO y Claudia

La nueva ley implicará, si se aprueba, una catástrofe anunciada.

Jorge Fernández Menéndez

Excelsior

Una vez más, como ocurrió con Peña Nieto y con López Obrador, se intenta aprobar una ley de telecomunicaciones que tiene como objetivo controlar la industria desde el poder y censurar los contenidos de los medios. Podrán dar muchas excusas y decir muchos discursos, pero ése es el objetivo: el control y la censura.

Y para eso no han sido demasiado creativos: a las leyes que se intentaron implementar en 2014 y 2017 le sumaron los castigos que impusieron las leyes de Chávez y Maduro en Venezuela. Y como coartada utilizaron los anuncios de Kristi Noem, del departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pidiéndole a los migrantes, de forma bastante grosera, que no ingresen a ese país.

Los anuncios los transmitió Televisa, porque esa empresa es socia de Univisión en Estados Unidos (que es la que tiene la parte mayoritaria) y desde allá se acordó la compra de esos espacios publicitarios. Fue un error, pero tampoco fue para tanto. Lo mejor hubiera sido que México aprovechara para emitir sus propios anuncios en la Unión Americana. Por supuesto no lo hizo, no vaya a ser que se enoje Trump.

Lo que hicieron fue reeditar el Frankenstein que ya se había usado en el pasado agregándole más armas censuradoras y aprovechando que, como habían desaparecido al IFT, todo el poder quedaba en manos de una instancia, la Agencia de Transformación Digital que dirige un técnico, Pepe Merino, que se nos dijo que serviría para modernizar y digitalizar las labores del gobierno y que ahora acumula todo tipo de tareas sin control institucional alguno, más allá de la propia Presidenta, incluyendo el poder de quitar o dar concesiones de radio y televisión según su saber y entender, y sin más causas que el interés público o la seguridad nacional.

La nueva ley implicará, si se aprueba, una catástrofe anunciada. Sin duda, lo más peligroso es la amenaza de quitar concesiones o las multas exorbitantes que se ponen hasta por usar una mala palabra (¿hay malas palabras?), también la posibilidad de cancelar, intervenir páginas web y redes por decisión del propio gobierno. Pero la norma también obligaría a los concesionarios a someter sus contenidos a la agencia, para que esa autoridad determine cuáles son correctos y cuáles no, ya que, de acuerdo con el texto aprobado, no podrán autorregularse, porque  será la agencia del gobierno y su código ético los que delimitarán la regulación (los códigos éticos, por definición, deben ser elaborados por cada medio, es el compromiso de un medio con sus lectores, sus oyentes, sus televidentes, no por un organismo del Estado que al hacerlo les impone límites y conductas a todos los medios por igual y, si los traspasan, los censura).

En el anterior intento, el de Peña, el 21 de diciembre de 2016, el Diario Oficial publicó los llamados lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias que establecían normas imposibles de cumplir para los medios de comunicación electrónicos y la amenaza de procesos judiciales contra periodistas y comunicadores. Eran, y ahora vuelven a serlo porque han sido recuperados por la ley de Sheinbaum, lineamientos sin sustento legal o siquiera de sentido común, que le otorgan a la Agencia de Transformación Digital y ahora también de Telecomunicaciones (porque absorbió las atribuciones que tenía el IFT autónomo) prerrogativas que violan la Constitución y los derechos humanos básicos, entre ellos la libertad de expresión.

Aquellos lineamientos habían sido aprobados en 2016 y jamás entraron en vigor por la protesta de los medios, de la Sociedad Interamericana de Prensa, de distintos organismos internacionales y, finalmente, del Congreso, donde Morena votó en contra de ellos. Esos lineamientos, ahora resucitados, son referidos a medios de hace medio siglo. Hoy ningún medio de comunicación, sobre todo los electrónicos, funciona así, no hablemos de las redes o los medios digitales. Los lineamientos que se intenta resucitar obligan a diferenciar información y opinión en todo tipo de temas, desde los noticiarios hasta los deportes. En términos reales es imposible hacerlo en la mayoría de los casos. Desde el mismo momento de la presentación de una nota se está dando una opinión editorial. La información y la opinión suelen ser inmediatas.

Los lineamientos resucitados dicen que la información debe tener “oportunidad” y “veracidad”; que la recepción de la información debe llegar “a tiempo y forma conveniente para las audiencias”. ¿Quién puede determinar cuál es “el tiempo y forma” conveniente para una información? Si doy a conocer algo que sucedió hace años ¿estaría violando la norma de oportunidad o eso deja de ser información para ser opinión?

Los lineamientos resucitados dicen que la información debe tener “veracidad”. ¿Quién lo establece? Dice que la información difundida sobre hechos se debe encontrar respaldada por un “ejercicio razonable de investigación y comprobación de su asiento legal”. ¿Quién diablos puede establecer qué es “un ejercicio razonable de investigación y su asiento legal”? Si es una filtración, ¿no tiene veracidad? Pero lo más grave es que por el interés público, sin determinar qué quiere decir ello, o la seguridad nacional, otra entelequia, se puede censurar, multar, quitar concesiones, cerrar medios, redes o páginas web.

En ninguna democracia del mundo existen normas similares y un régimen de censura semejante. El modelo es el de Venezuela y Cuba, dos dictaduras.

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Juegos de poder

Cien días de insensatez

Se cumplen cien días del segundo mandato de Donald Trump y los resultados son todos malos. No encuentro ni un solo aspecto positivo que me permita ser un poco optimista.

Leo Zuckermann

Excelsior

Como se había pronosticado, Trump 2.0 sería peor que Trump 1.0. Se cumplen cien días de su segundo mandato y los resultados son todos malos. No encuentro ni un solo aspecto positivo que me permita ser un poco optimista.

En el ámbito político, como todo buen populista, Trump se ha dedicado a socavar las instituciones de la democracia liberal para concentrar el poder en su persona. Durante estos cien días, la mayor parte de sus decisiones las ha ordenado por medio de decretos del Ejecutivo, apropiándose de facultades que les corresponden a otros poderes.

Aunque ambas cámaras del Congreso se encuentran dominadas por los republicanos, el Legislativo ha estado ausente estos días. Por un lado, los congresistas han guardado silencio frente a la usurpación de poderes de Trump y, por el otro, prácticamente no han legislado nada. Le han dejado toda la cancha al presidente renunciando a la larga tradición de ser contrapeso al Ejecutivo, incluso cuando hay gobierno unificado, es decir, una mayoría en el Congreso del partido del presidente.

En cuanto al Poder Judicial, algunos jueces se han atrevido a detener actos del Ejecutivo por ser cuestionables o francamente inconstitucionales. Esto ha generado la crítica de Trump en contra de los juzgadores dudando de su legitimidad. Es el comienzo, sin duda, de un choque entre el Ejecutivo y el Judicial que minará la solidez del Estado de derecho en Estados Unidos, tal y como ocurrió en México con López Obrador.

Por su parte, los poderes fácticos han tenido que acomodarse y rendirle pleitesía a Trump. Es el caso de la clase empresarial, la mayoría de los medios de comunicación tradicionales y algunas universidades.

El poder se está concentrando en Estados Unidos, los contrapesos están dejando de funcionar. Un pésimo saldo en los primeros cien días de gobierno.

Aunado a esto, los conflictos de interés y la corrupción han aumentado desde que tomó posesión Trump.

Mientras ha relajado las reglas de cabildeo y debilitado las instituciones dedicadas a combatir la corrupción, Trump ha recibido generoso financiamiento político de grupos de interés que ha beneficiado con sus políticas públicas, incluyendo el escandaloso caso de empresas que invierten en criptomonedas, dentro de las que están una que le pertenece directamente a Trump y otra a su esposa Melania.

En estos cien días, la economía de Estados Unidos está pasando de un mundo de reglas a otro de tratos especiales con Trump. Ya no importa el Estado de derecho, sino la buena relación con el gobierno. Es algo que conocemos bien en México y que termina por desarrollar un “capitalismo de cuates”.

Las grandes fortunas acaban siendo las de los amigos del presidente. No sé si éste se lleve una comisión (no lo dudo), pero este tipo de capitalismo resulta pernicioso para la economía de mercado.

El caso más conspicuo es, sin duda, el de Elon Musk, el hombre más rico del mundo que tiene un acceso privilegiado a las decisiones gubernamentales.

A Trump, ya sabemos, le gustan los deals. Eso es lo que anda buscando al imponer aranceles: que países y empresas vayan a buscarlo y lleguen a tratos con él.

La extorsión arancelaria le ha funcionado en algunos casos, pero no en el más relevante para la economía estadunidense, es decir, China. El gigante asiático ha jugado muy bien el “juego de la gallina” (game of chicken) en el que dos participantes conducen un vehículo en dirección a la del contrario; el primero que se desvía de la trayectoria de choque pierde y es humillado por comportarse como un “gallina”.

Los chinos, que tienen un mayor control político de su sociedad, pueden aguantar mucho tiempo las consecuencias negativas de una guerra comercial. Estados Unidos, no. Tan pronto como el año que entra habrá elecciones para renovar el Congreso federal. Si los aranceles de Trump tienen consecuencias negativas en la inflación o el crecimiento económico, los votantes comenzarán a rechazar al trumpismo.

De hecho, según las encuestas, ya lo están haciendo. Es por ello por lo que Trump ya dio el volantazo y quiere acordar con una China que no tiene prisa.

Todo esto ha derivado en la disrupción de la economía estadunidense y mundial.

Los cien primeros días de Trump han sido una montaña rusa para los mercados, donde se han perdido miles de millones de dólares de valor bursátil. Y, en lo que debería ser otro escándalo, algunos amigos de Trump se han hecho multimillonarios con la volatilidad generada por las decisiones cambiantes del presidente.

Finalmente, Trump ha generado miedo estos primeros cien días. Le ha funcionado para disminuir dramáticamente la migración de indocumentados. Pero Estados Unidos se está convirtiendo en una nación llena de odio, muy desagradable para vivir ahí, mucho menos para visitarla.

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Astillero

Asesinar a defensores: impunidad y simulaciones // Suástegui, en Guerrero // Paramilitarismo narco // Televisa Leaks: reyertas de élite

Julio Hernández López

La Jornada

Ahora es peor. Parece igual, porque no hay castigo a los autores intelectuales, a los beneficiarios de crímenes contra defensores organizados de causas sociales, en especial contra ambientalistas que se enfrentan a empresas tóxicas y abusivas. Pero, a diferencia de lo ya sabido durante las administraciones priístas y panistas del pasado, ahora el discurso oficial pretende mostrarse justiciero y solidario, aunque el resultado final de impunidad sea el mismo e incluso con el añadido de que caciques, represores y simuladores de los ámbitos regionales en lucha están insertos camaleonícamente en el espectro guinda, mientras los líderes y movimientos de defensa popular genuina son marginados o abiertamente confrontados por no plegarse a la retórica 4T.

Es Guerrero, desgobernado por Evelyn Salgado. Ahí un pistolero disparó en la muy concurrida playa Icacos, en Acapulco, contra Marco Antonio Suástegui Muñoz, eje fundamental y vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota. Un activista valiente, aguerrido, orador convocante, perseguido y encarcelado varias veces, cuyo hermano Vicente fue desaparecido en 2021.

Una semana después ha muerto y su entierro, en Cacahuatepec, una comunidad del mismo municipio de Acapulco, ha vigorizado la exigencia de que no persista la impunidad y que se atiendan las demandas de quienes están en lucha (en el caso, que la presidenta Sheinbaum instruya a la Comisión Federal de Electricidad para que cancele el proyecto de La Parota, que sólo está suspendido).

En términos generales, la secretaría federal de Medio Ambiente ha sido incapaz de atender los múltiples casos de agresiones ambientales en el país. María Luisa Albores González no pudo superar las inercias de una estructura burocrática propicia para tretas y trampas a favor del poderoso caballero don dinero, de los empresarios validos de caros despachos jurídicos. La sucesora, Alicia Bárcena Ibarra, tampoco ha sido una auténtica defensora del medio ambiente distante y elitista, su trabajo no es aliado de los movimientos sociales.

Y ahora los poderes económicos y políticos no necesitan ensuciar explícitamente los expedientes policiacos y militares al reprimir a líderes y movimientos sociales incómodos. Para eso está el paramilitarismo del crimen organizado, que a sus variantes de colaboración agrega el del exterminio de personajes marcados.

Así pueden suceder asesinatos como el de Suástegui, en el Guerrero convulso donde los cárteles predominan y el salgadismo se sostiene por partidismo. Así se van instalando, con cinismo absoluto, plantas industriales tóxicas en la bahía de Ohuira, con el presidente municipal de Ahome, Sinaloa, Gerardo Vargas Landeros, empresario relacionado de origen con esos negocios (y con otros), obstinado en proponerse como sucesor del tambaleante Rubén Rocha Moya. Así, en tantos lugares del país.

Astillas

La presidenta de México señala, con dedicatoria a políticos de entidades gringas donde habrá elecciones, que nuestro país no es piñata de nadie, y que México les da muchas clases a Estados Unidos en muchas cosas: en valores, en ética, en desarrollo, en muchas… Mientras tanto, al puerto de Veracruz arribó el viernes pasado, y se programa que hoy zarpe, el buque USS Gravely, un destructor de misiles guiados que pertenece a la Armada de Estados Unidos, con una tripulación compuesta por 40 oficiales, 245 suboficiales y seis civiles. Tal embarcación estuvo en marzo pasado en el Golfo de México, para disuadir a migrantes, terroristas y narcotraficantes… Y, mientras Aristegui Noticias ha dado a conocer una filtración masiva de datos que ha titulado “ #TelevisaLeaks: La fábrica de mentiras, manipulación y guerra sucia”, que asegura que en Televisa Chapultepec opera un equipo de comunicación institucional encargado de fabricar información falsa y difundir ataques contra sus competidores, sobre todo contra Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego, y en materia política contra AMLO, Claudia Sheinbaum y Morena.

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México SA

FMI: falaz y chantajista // ¿9 billones de pesos de deuda? // ¿Rebelión en su granja

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Además de utilizar su destartalada bola de cristal (la cual, tradicionalmente no da una), desde la fundación y puesta en marcha (1945), el Fondo Monetario Internacional se ha dedicado a “adivinar (siempre bajo su óptica de control) el futuro económico del planeta, y ha sido práctica común presionar y chantajear a más no poder a gobiernos y países para mantener el control y así evitar que sus pollos se salgan del corral, como en el caso de México, históricamente a los pies del organismo internacional.

A lo largo de los años, México ha firmado alrededor de 15 acuerdos con el FMI: dos en el sexenio de Miguel Alemán; tres en el periodo que abarca del de Adolfo Ruiz Cortines al del genocida Gustavo Díaz Ordaz; dos con Luis Echeverría, y ocho adicionales en el lapso de José López Portillo a Ernesto Zedillo ( Las relaciones de México con el Fondo Monetario Internacional, José Aranda Izguerra. Facultad de Economía, UNAM 2005). También Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto caminaron de la mano del desinteresado organismo financiero. El pollo, pues, siempre en el corral y con buenos modales.

Con López Obrador, nuestro país firmó una línea de crédito flexible por 35 mil millones de dólares para prevención de crisis, misma que no se utilizó dado que México mostraba gran solidez de sus fundamentos económicos y marcos institucionales de política económica y de su trayectoria de desempeño macroeconómico e implementación de políticas (FMI dixit). La primera de estas líneas las firmó Felipe Calderón, en 2009.

Y con la presidenta Sheinbaum… nada, por lo que el FMI aplicó su clásica técnica de presión y chantaje, al decir públicamente que en 2025 la deuda pública mexicana rebasará 60 por ciento de su producto interno bruto, aunque paradójicamente al mismo tiempo estima que, en el mismo año, el déficit gubernamental se reducirá a 4 por ciento del PIB (1.7 puntos porcentuales menos respecto de 2024). El Fondo, pues, encabronado porque se le rebela el corral.

Ayer, la mandataria mexicana comentó este asunto: Hace dos días, el Fondo Monetario Internacional publicó un reporte que decía que México se iba a endeudar en los próximos años hasta 9 billones de pesos, decían, no sé cuánto. Y les contesté: no (lo va a hacer), pues, ¡qué no se dieron cuenta que aquí llegó la Cuarta Transformación, que ya no hay corrupción, que ya no hay privilegios! México no va a endeudarse, eso es absolutamente falso.

¿Nueve billones de pesos de nueva deuda en sólo 12 meses? Aventurada, por decirlo suave, la chantajista versión del FMI. Sólo como una muestra: del inicio sexenal de Vicente Fox al de Enrique Peña Nieto (18 años), el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (el indicador más puntual sobre el endeudamiento público del país) se incrementó 8 billones 500 mil millones de pesos (a razón de un promedio anual de 472 mil millones), que ya es una barbaridad, sobre todo si se recuerda que ese monto se destinó, mayoritariamente, a pagar intereses del propio débito.

Pero el corral está agitado y endebles las cercas. Entonces, según el FMI, en sólo un año México se endeudaría a un ritmo promedio diario cercano a 24 mil 700 millones de pesos, o si se prefiere mil 29 millones por hora. Ridículo, igual que su pronóstico de que en 2025 la economía nacional se hundirá (por no atender las recomendaciones del propio organismo monetario).

Pues bien, aunque se ofenda la destartalada bola de cristal del FMI, la información más reciente indica ( La Jornada, Julio Gutiérrez): “Contra todo pronóstico, la economía mexicana repuntó en febrero y revirtió dos meses consecutivos a la baja, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; al presentar el Indicador Global de la Actividad Económica, una aproximación al desempeño del producto interno bruto, el organismo indicó que la economía mexicana avanzó uno por ciento en su comparativa mensual –respecto a enero– con un impulso proveniente de las actividades secundarias, particularmente, de la construcción y las manufacturas.

Se trata de la mejor tasa de crecimiento desde abril de 2023, y se presenta durante el primer mes completo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

Las rebanadas del pastel

En 2024, la deuda pública de Estados Unidos equivalía a 121 por ciento de su producto interno bruto, y el FMI no dijo ni pío, aunque ello implica quiebra técnica del país. Lo mismo en los casos de Francia (113 por ciento), Gran Bretaña (101 por ciento), Japón (240 por ciento), Canadá (111 por ciento), Italia (135 por ciento). Entonces, a juicio del organismo financiero, hay de pollos a pollos.