Lo que dicen los columnistas

CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES

La nueva Ley de Obras y Adquisiciones representan un verdadero reto para la transparencia

Conocer a fondo los cambios en la Ley de Obras y Adquisiciones es clave para asegurar que la transparencia no se debilite, sino que se fortalezca. Solo entendiendo el fondo podemos exigir con claridad.

Julieta del Río | Proceso

La semana pasada el Senado de la República aprobó el dictamen para expedir la nueva Ley de Adquisiciones y la nueva Ley de Obras Públicas, ambas enmarcan un tema fundamental para las y los mexicanos: ¿cómo gasta el dinero y a quién contrata el gobierno?

Conocer a fondo los cambios en la Ley de Obras y Adquisiciones es clave para asegurar que la transparencia no se debilite, sino que se fortalezca. Sólo entendiendo el fondo podemos exigir con claridad.

Recordemos que en el nuevo modelo de transparencia que se ha aprobado, los contratos siguen siendo públicos y una obligación de transparencia que podremos encontrar en la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual sigue funcionando, sólo a la espera de que se reactive lo relativo a inconformidades cuando no se encuentre la información o no se esté de acuerdo con las respuestas de las autoridades.

Por ello, la decisión de renovar el sistema Compranet debe darse con total transparencia y documentando ante la sociedad todo el proceso. Sí, las herramientas tecnológicas deben actualizarse y aprovechar los nuevos desarrollos para ser más útiles y eficaces, sin dejar de lado el piso básico que construyeron con su uso previo.

En esta renovación se señala que ahora Compranet funcionará con módulos, algo que en su momento hicimos en la reingeniería de la Plataforma Nacional de Transparencia y que nos permitió mejorar o reajustar ciertos componentes sin afectar otras áreas. Confío que lo mismo sucederá con esta actualización del sistema de compras del gobierno.

También se destaca que será con talento interno que se desarrollará el nuevo Compranet, algo que también es equivalente a lo que impulsé desde el INAI con la Plataforma Nacional de Transparencia. De verdad, creer e impulsar a nuestro capital humano especializado es un punto a favor, ya que en el servicio público existen servidores con gran vocación de servicio y conocimiento que debe ser aprovechado por el bien de México.

En la administración pública, las contrataciones y adquisiciones gubernamentales trascienden de sólo ser una transacción comercial. Son parte del flujo que canaliza recursos hacia la sociedad, un instrumento que materializa las promesas de servicio y desarrollo. No obstante, la opacidad puede afectar este proceso, menoscabando la confianza ciudadana y suscitando dudas sobre la integridad institucional.

A través de la transparencia en obras públicas podemos saber: ¿quiénes son los proveedores? ¿Cuáles fueron los criterios de selección? ¿Se obtuvieron las condiciones más favorables? Estas interrogantes, al encontrar respuestas claras y accesibles, fortalecen el vínculo entre el gobierno y la sociedad.

Sin embargo, la transparencia por sí sola resulta insuficiente. Debe complementarse con la rendición de cuentas, la obligación de explicar y justificar cada decisión y gasto. Todos los sectores del gobierno deben asumir la responsabilidad de sus actos, someterse al escrutinio público y estar dispuestos a rectificar errores. Cuando la rendición de cuentas se materializa, la confianza se consolida. Los ciudadanos tienen la certeza de que sus representantes no sólo administran los fondos públicos, sino que los invierten basados en principios de eficiencia y eficacia del gasto público.

En efecto las compras consolidadas generan economías, pero ojalá sea para varios la oportunidad de participar.

Por último, un cambio que llama la atención en adquisiciones es que habrá diálogo con proveedores, mismo caso en la ley de obras, con el fin de tener una retroalimentación abierta, detallar las propuestas por parte de proveedores y constructores y contar con elementos más precisos. Un gobierno que rinde cuentas es confiable porque valora la participación ciudadana y se compromete con su bienestar.

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Número cero

Por las costuras prohibidas del narcocorrido

José Buendía Hegewisch | Excelsior

El narcocorrido tiene el valor cultural de enseñar las costuras del desbarajuste interno que está a la mirada de todos, aunque prefiriera no verse. Son ese humilde cancionero popular, del que hablaba Monsiváis, que narra los lados oscuros con piezas que obligan a admitir que el Estado va desnudo con sus vergüenzas al aire, sin atinar taparse de lo que todo el mundo puede ver.

En esa emoción social se prende, igual que con la vergüenza, el debate sobre la prohibición del narcocorrido como control social que ahuyente la mirada de la realidad que cantan bajo acusación de apología de la violencia. Como si criminalizarlos en el discurso generara el elogio público sin atacar el delito, que se proscribe en la ley y se respeta en los hechos. Qué mayor encomio de la violencia que la impunidad en un país en que llega a ser casi total.

La polémica sobre los corridos tumbados con variantes de ditirambo a los jefes narcos no es nueva; hunde sus raíces hasta los de la Revolución Mexicana de historias de sobrevivencia a cualquier precio cantadas desde las periferias agrarias y la pauperización urbana. El último capítulo inició en marzo con un concierto de Los Alegres del Barranco, en la Universidad de Guadalajara, donde prodigaron canciones a El Mencho, líder del CJNG, mientras mostraban fotos suyas con el relieve de los vencedores de la parte oscura del Estado, en el cual el dinero brilla como signo de distinción frente a la pobreza y desempleo, y a poca distancia del “rancho del horror” en que la ONU tiene la mirada puesta por presumir su uso para adiestrar y desaparecer a la fuerza a jóvenes reclutados por ese cártel.

Desde entonces seis estados los han prohibido en espectáculos públicos, con el airado y violento rechazo de la respetable audiencia que, en un concierto de Luis R. Conriquez, en Texcoco, respondiera con destrozos al auditorio cuando se negó a interpretar narcocorridos. Otros cantantes optan por cambiar sus letras y cuidarse de elogiar la agresividad sobre la libertad de expresión. ¿Cuáles son los límites? ¿Debía prohibirse Contrabando y traición?

La prohibición es una sutura endeble para esconder las vergüenzas del Estado que, al contrario, las remarca. En primer lugar, por su falta de disposición de hacer cumplir sus propias leyes. Y, en consecuencia, puede derivar en otra vindicación de historias como la del “Hombre Marlboro”, el zar del contrabando colombiano extraditado a EU y, ahora, de regreso a su ciudad quiere gobernarla.

La impunidad es el mayor elogio de la violencia porque normaliza comportamientos prohibidos e ignora las reglas sin repercusiones, lo cual agrava la percepción de que las autoridades no hacen más que hacerse tontas con estas prohibiciones y abrirle más espacios a la corrupción. Este sinsentido lo podemos ver también estos días en ejemplos concretos, además del narcocorrido, de vetos a la comida chatarra en universidades y escuelas que, en la práctica, son letra muerta o burladas por la “inteligencia” de empresas, distribuidores y personal de los planteles.

Tiene razón la presidenta Sheinbaum cuando dice que es “absurdo” prohibir los narcocorridos, aunque su alternativa de educación y formación de valores sea un tratamiento de largo plazo, un zurcido invisible a respuestas culturales de nuevas generaciones que llevan dos décadas de guerra contra el narco en un país abarrotado de muertes y desaparecidos. Por eso se equivoca Ricardo Monreal que, como tantos, concibe el derecho penal como instrumento de control social para vestir al Estado con nuevas leyes de papel que lo dejan más desnudo.

Dado que, en segundo lugar, en un Estado de derecho la cosa no funciona así, en especial cuando no funciona, y menos si esa pretensión de control se presta a la interpretación y el poder que ejercen grupos poderosos para reprimir lo que sienten que los amenaza, es decir, formas de control más o menos burdas de dominación, dicho sea de paso, como hace Trump con la prohibición de visas a grupos de narcocorridos. Es otro ejemplo de que la prohibición de expresiones culturales no puede verse sólo desde el lente de la seguridad, sino además desde la mirada amplia de la libertad de expresión.

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Elección judicial y listas abiertas

Si una elección luce claramente sesgada, es razonable no votar

Javier Aparicio | Excelsior

La elección judicial del próximo 1 de junio utilizará un sistema de listas abiertas, una regla electoral distinta a la utilizada tradicionalmente en las elecciones legislativas o de cargos uninominales en México. En una elección de mayoría relativa, los candidatos tienen fuertes incentivos para negociar alianzas o coaliciones que les permitan conseguir el mayor número de votos posible. Por otro lado, cuando los asuntos o temas centrales de una campaña pueden ubicarse en una sola dimensión (digamos el eje izquierda-derecha, pro-gobierno vs. oposición, etcétera) los candidatos tienen incentivos para que sus plataformas sean cercanas al así llamado “votante mediano”. En principio, las plataformas centristas o moderadas suelen derrotar a las extremas o radicales.

En el caso de las elecciones con listas abiertas, como las que se realizarán el 1 de junio próximo para elegir nueve ministros de la Suprema Corte, docenas de magistraturas y cientos de jueces, las estrategias de campaña exitosas pueden ser muy distintas. Consideremos tan sólo la elección de la SCJN. Salvo el caso de la presidencia de la SCJN, misma que será elegida por la candidatura con más votos, no se trata de conseguir el mayor número de votos, sino de conseguir estar entre las cinco mujeres con más votos, o en su caso, los cuatro hombres más votados.

Una elección con listas abiertas fragmenta el electorado, lo cual facilita relativamente el triunfo si lo comparamos con elecciones uninominales. En el caso de las mujeres, bastaría conseguir 20% de los votos válidos para asegurar con certeza un lugar en la Corte. En el caso de los hombres, bastaría conseguir 25% de los votos válidos para asegurarlo. En caso de que se fragmente demasiado el voto, bastarían muchos menos votos para ganar un cargo. En la elección judicial de Bolivia en 2011, por ejemplo, el magistrado más votado recibió 6.6% del voto total y 15.7% de los votos válidos.

Una plataforma moderada o mediana no tiene mayor ventaja relativa frente a una plataforma que apele a cierto nicho o bloque del electorado. A esto se debe, en parte, que algunos aspirantes no tengan empacho en abrazar estructuras corporativas o sindicales. Por otro lado, si el resultado depende en gran medida de la movilización electoral inducida por el propio gobierno —no olvidemos que el Poder Ejecutivo y Legislativo preseleccionaron a dos tercios de las candidaturas—, no debe sorprender que tantos candidatos prometan desde simpatía hasta lealtad con el partido en el gobierno, antes que independencia o autonomía en sus sentencias. Más allá de cualquier plataforma pública, es de esperarse que los candidatos buscarán recursos legales o ilegales para darse a conocer, o conseguir la simpatía de quienes se encargarán de movilizar votos para lograr designar a sus jueces preferidos.

Desde el punto de vista de los jueces que estaban en funciones al aprobarse la reforma judicial, hubo un claro dilema entre participar o no en una elección diseñada ex profeso para remover a todos los jueces del país. A pesar de ello, hubo quién decidió registrarse y someterse a la prueba de las urnas.

Desde el punto de vista de un votante, hay un claro dilema entre participar o no en una elección con reglas y procedimientos claramente sesgados desde su origen, o cuyo resultado difícilmente será democrático. Si una elección luce claramente sesgada, es razonable no votar o quizás anular el voto.

Habrá quien simpatice con el espíritu general de la reforma judicial y acuda a las urnas a emitir su voto en apoyo de las candidaturas del Ejecutivo, las del Legislativo, incluso las del Poder Judicial. Por otro lado, quienes vean con malos ojos la reforma judicial podrían abstenerse, anular sus votos, pero también podrían tratar de apoyar alguna candidatura que les parezca atractiva —incluso intentar apoyar la permanencia en el cargo de algunos de los jueces y magistrados que aceptaron registrarse como candidatos—. Dado que habrá numerosas boletas y candidaturas, será posible votar por algunos cargos y abstenerse o anular otros más.

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Astillero

Trump: amago militar a México // Retórica engañosa // ¿Prepara golpe contra cárteles? // Sheinbaum: no a Noboa

Julio Hernández López | La Jornada

Por doble vía despachó la presidenta Claudia Sheinbaum cualquier posibilidad de validación de la continuidad del pro estadunidense Daniel Noboa en el poder ecuatoriano.

En primer lugar, el profundo agravio cometido al ordenar la irrupción en la embajada mexicana en Quito para sustraer por la fuerza a un ex funcionario correísta al que México amparaba, con la intención de concederle asilo. Y en segundo término, pero no menos importante, por las evidencias claras del uso del aparato gubernamental para apoyar al candidato-presidente Noboa, que ni siquiera disimuló, pidiendo licencia al cargo, que su campaña se apoyaría en la estructura y los recursos gubernamentales, incluyendo el control del órgano electoral y el uso del ejército para amago, con base en un declarado estado de excepción.

La postura de Sheinbaum tiene especial relieve en el contexto de algunos gobiernos progresistas de Latinoamérica que han preferido cerrar los ojos ante los claros indicios antidemocráticos habidos en el proceso de Ecuador (el chileno Gabriel Boric, un ejemplo, aunque, en realidad, sus posturas acomodaticias no han sido la excepción).

Tanto la visita presidencial a Honduras, para participar en la sesión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), como el rechazo a la imposición de Noboa en Ecuador constituyen signos básicos de perseverancia de una fórmula política, de relativa distancia de México respecto a la vecina nación imperial, que el largo periodo de poder priísta cultivó a fin de adjudicarse tonalidades de izquierda para exportación y que los gobiernos marca 4T han mantenido sin acentos provocativos.

Esos rasgos de no alineamiento con los dictados de la Casa Blanca tienen un especial rango de riesgo ante la mirada torcida de Donald Trump, que pretende retomar el papel de gran y vigoroso rector mundial, con castigos supuestamente ejemplares para los países y gobernantes que desafíen sus políticas.

En el caso mexicano se vive una circunstancia engañosa en lo retórico y gráfico. En apariencia, el escandaloso de Washington tiene gran aprecio por la Presidenta de México, a quien dirige elogios en cuanto puede. Pero en los hechos se vive una creciente toma de ganancias y un constante amago.

La administración Sheinbaum ha cedido-negociado-cooperado (escoja el lector el término que le parezca más aplicable) en términos que contrastan con la escurridiza conducta sexenal de López Obrador (incluso casi beligerante en su último año de gobierno). El secretario de Estado de Estados Unidos ha dicho, con intención de magnificar los logros de la era Trump, que nunca se había tenido una cooperación tan estrecha con México como en esta etapa claudista (Omar García Harfuch es el nuevo y temporal personaje favorito del flanco duro del gobierno gringo).

Y así, mientras la mirada pública se entretiene en los temas de la migración, el combate al crimen organizado y los aranceles, Trump y sus halcones van militarizando la frontera a niveles sugerentes de preparativos bélicos, ya sea para contención de enemigos o para disuasión y presión cobrables en negociaciones civiles.

Una primera lectura de los inusitados movimientos militares en torno a México (buques de guerra, aviones espías, 27 kilómetros de boyas flotantes en el río Bravo, por dar ejemplos) podría sugerir que Trump va colocando sus piezas para lanzar en fecha aún indefinida un golpe espectacular contra los cárteles mexicanos ya declarados organizaciones terroristas.

Frente a esas maniobras amenazantes, el gobierno mexicano mantiene la política de no caer en provocaciones y dialogar cuanto sea posible, al tiempo que extiende lazos hacia la parte de Latinoamérica que le es posible, en busca de solidaridad.

Y mientras se sigue discutiendo sobre la eficacia de la prohibición de narcocorridos en espectáculos públicos.

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México SA

Daniel Noboa=fraude electoral // Sheinbaum: triunfo dudoso // Mantiene ruptura diplomática

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Algunos observadores consideran que en las elección presidenciales del pasado domingo en Ecuador se registraron irregularidades que permitieron la dudosa reelección del hijo de papá Daniel Noboa, el gringuito (nació en Miami) que actualmente despacha en el Palacio de Carondelet. Sin embargo, todo apunta a un descarado fraude orquestado por la derecha de aquella nación (la cual ahora no exige la publicación de las actas), con un empujoncito de la Casa Blanca, como acostumbra. De hecho, el fantoche Donald Trump –igual que el subproducto Javier Milei– se apuró a felicitar al júnior en su intento de dar legitimidad a uno de sus cachorros. Algo similar hicieron los mandatarios chileno, Gabriel Boric, y brasileño, Lula da Silva, quienes al parecer perdieron la brújula, de tal suerte que igual navegan a la diestra que a la siniestra.

En el caso mexicano, la presidenta Sheinbaum ha sido nítida: “no se reanudarán relaciones con Ecuador mientras Daniel Noboa siga como presidente, porque no hay condiciones para que eso ocurra. Fue muy dudoso su ‘triunfo’ electoral”. Además, el júnior (hijo de Álvaro, el más rico de esa nación sudamericana, cinco veces candidato –fallido– a la Presidencia ecuatoriana por el PRIAN –así se llamó su partido político–, contumaz evasor de impuestos y explotador laboral, entre tantas otras gracias) es el responsable de la invasión de nuestra embajada en Quito (ocurrida el 5 de abril del año pasado, por lo que el gobierno de López Obrador rompió relaciones diplomáticas, decisión que se mantiene).

De qué magnitud es el fraude electoral cometido por Daniel Noboa y su pandilla, que hasta la impúdica Organización de Estados Americanos, por medio de su misión de observación electoral detectó con preocupación que el proceso electoral estuvo marcado por condiciones de inequidad durante la campaña, así como por indicios sobre el uso indebido de recursos públicos y del aparato estatal con fines proselitistas. Estas prácticas afectan la competencia en la contienda y erosionan la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Además, constató que hubo incertidumbre por la falta de pronunciamientos claros y oportunos de parte del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral sobre aspectos normativos sensibles. La existencia de normas ambiguas, sumada a la ausencia de directrices por parte de las autoridades competentes, incrementó la tensión y desconfianza entre actores políticos y ciudadanos. Lo anterior se sumó a un contexto de polarización política extrema, evidenciado a lo largo de la campaña en narrativas de fraude, que no contribuye al fortalecimiento democrático del país. Ecuador enfrenta desafíos profundos en materia institucional, social y de seguridad, que exigen altura y responsabilidad democrática. La unidad de todas las fuerzas políticas es fundamental para enfrentar estos retos. El pueblo ecuatoriano lo merece. Y lo reconoce un apéndice de la Casa Blanca.

Con el fraudulento júnior en el Palacio de Carondelet, ¿cuál es el futuro inmediato de Ecuador? Vale recordar el reciente análisis del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica: “el crecimiento de dinero ilícito (proveniente del narcotráfico) en el torrente legal coincide con el proceso de desregularización del sistema financiero y las superlativas tasas de ganancia que reporta la banca ecuatoriana desde 2017. Nuestros hallazgos están en concordancia con análisis periodísticos que aseguran que en el país se lava entre 2 y 5 por ciento del PIB anualmente.

“Seis años de minimización del Estado y desinstitucionalización del país dejan un saldo desalentador en lo social y lo económico: pobreza, violencia e instituciones capturadas por el narcotráfico. A esta economía del desastre social podemos sumar un efecto paradójico: la ‘estabilidad macroeconómica del narco’, entendida como la capacidad que tienen los narcodólares de penetrar en el sistema financiero, aumentar la tasa de ganancia de la banca y dar una falsa estabilidad financiera y monetaria, que es discordante con la salud de la economía real. El volumen de recursos disponibles en el sistema financiero ecuatoriano es absolutamente atípico. El alza en el monto de dinero que ese sistema regulariza al año ocurre cuando la actividad económica real ecuatoriana aún no supera el nivel de 2014”. En resumen, “regulariza dinero (del narco) mientras a la economía peor le ha ido”.

Las rebanadas del pastel

Fuentes bien enteradas revelan que en la Oficina Oval el anexionista Donald Trump ha colocado un cartel con la foto de James K Polk, a quien cotidianamente le reza.CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES

La nueva Ley de Obras y Adquisiciones representan un verdadero reto para la transparencia

Conocer a fondo los cambios en la Ley de Obras y Adquisiciones es clave para asegurar que la transparencia no se debilite, sino que se fortalezca. Solo entendiendo el fondo podemos exigir con claridad.

Julieta del Río | Proceso

La semana pasada el Senado de la República aprobó el dictamen para expedir la nueva Ley de Adquisiciones y la nueva Ley de Obras Públicas, ambas enmarcan un tema fundamental para las y los mexicanos: ¿cómo gasta el dinero y a quién contrata el gobierno?

Conocer a fondo los cambios en la Ley de Obras y Adquisiciones es clave para asegurar que la transparencia no se debilite, sino que se fortalezca. Sólo entendiendo el fondo podemos exigir con claridad.

Recordemos que en el nuevo modelo de transparencia que se ha aprobado, los contratos siguen siendo públicos y una obligación de transparencia que podremos encontrar en la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual sigue funcionando, sólo a la espera de que se reactive lo relativo a inconformidades cuando no se encuentre la información o no se esté de acuerdo con las respuestas de las autoridades.

Por ello, la decisión de renovar el sistema Compranet debe darse con total transparencia y documentando ante la sociedad todo el proceso. Sí, las herramientas tecnológicas deben actualizarse y aprovechar los nuevos desarrollos para ser más útiles y eficaces, sin dejar de lado el piso básico que construyeron con su uso previo.

En esta renovación se señala que ahora Compranet funcionará con módulos, algo que en su momento hicimos en la reingeniería de la Plataforma Nacional de Transparencia y que nos permitió mejorar o reajustar ciertos componentes sin afectar otras áreas. Confío que lo mismo sucederá con esta actualización del sistema de compras del gobierno.

También se destaca que será con talento interno que se desarrollará el nuevo Compranet, algo que también es equivalente a lo que impulsé desde el INAI con la Plataforma Nacional de Transparencia. De verdad, creer e impulsar a nuestro capital humano especializado es un punto a favor, ya que en el servicio público existen servidores con gran vocación de servicio y conocimiento que debe ser aprovechado por el bien de México.

En la administración pública, las contrataciones y adquisiciones gubernamentales trascienden de sólo ser una transacción comercial. Son parte del flujo que canaliza recursos hacia la sociedad, un instrumento que materializa las promesas de servicio y desarrollo. No obstante, la opacidad puede afectar este proceso, menoscabando la confianza ciudadana y suscitando dudas sobre la integridad institucional.

A través de la transparencia en obras públicas podemos saber: ¿quiénes son los proveedores? ¿Cuáles fueron los criterios de selección? ¿Se obtuvieron las condiciones más favorables? Estas interrogantes, al encontrar respuestas claras y accesibles, fortalecen el vínculo entre el gobierno y la sociedad.

Sin embargo, la transparencia por sí sola resulta insuficiente. Debe complementarse con la rendición de cuentas, la obligación de explicar y justificar cada decisión y gasto. Todos los sectores del gobierno deben asumir la responsabilidad de sus actos, someterse al escrutinio público y estar dispuestos a rectificar errores. Cuando la rendición de cuentas se materializa, la confianza se consolida. Los ciudadanos tienen la certeza de que sus representantes no sólo administran los fondos públicos, sino que los invierten basados en principios de eficiencia y eficacia del gasto público.

En efecto las compras consolidadas generan economías, pero ojalá sea para varios la oportunidad de participar.

Por último, un cambio que llama la atención en adquisiciones es que habrá diálogo con proveedores, mismo caso en la ley de obras, con el fin de tener una retroalimentación abierta, detallar las propuestas por parte de proveedores y constructores y contar con elementos más precisos. Un gobierno que rinde cuentas es confiable porque valora la participación ciudadana y se compromete con su bienestar.

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Número cero

Por las costuras prohibidas del narcocorrido

José Buendía Hegewisch | Excelsior

El narcocorrido tiene el valor cultural de enseñar las costuras del desbarajuste interno que está a la mirada de todos, aunque prefiriera no verse. Son ese humilde cancionero popular, del que hablaba Monsiváis, que narra los lados oscuros con piezas que obligan a admitir que el Estado va desnudo con sus vergüenzas al aire, sin atinar taparse de lo que todo el mundo puede ver.

En esa emoción social se prende, igual que con la vergüenza, el debate sobre la prohibición del narcocorrido como control social que ahuyente la mirada de la realidad que cantan bajo acusación de apología de la violencia. Como si criminalizarlos en el discurso generara el elogio público sin atacar el delito, que se proscribe en la ley y se respeta en los hechos. Qué mayor encomio de la violencia que la impunidad en un país en que llega a ser casi total.

La polémica sobre los corridos tumbados con variantes de ditirambo a los jefes narcos no es nueva; hunde sus raíces hasta los de la Revolución Mexicana de historias de sobrevivencia a cualquier precio cantadas desde las periferias agrarias y la pauperización urbana. El último capítulo inició en marzo con un concierto de Los Alegres del Barranco, en la Universidad de Guadalajara, donde prodigaron canciones a El Mencho, líder del CJNG, mientras mostraban fotos suyas con el relieve de los vencedores de la parte oscura del Estado, en el cual el dinero brilla como signo de distinción frente a la pobreza y desempleo, y a poca distancia del “rancho del horror” en que la ONU tiene la mirada puesta por presumir su uso para adiestrar y desaparecer a la fuerza a jóvenes reclutados por ese cártel.

Desde entonces seis estados los han prohibido en espectáculos públicos, con el airado y violento rechazo de la respetable audiencia que, en un concierto de Luis R. Conriquez, en Texcoco, respondiera con destrozos al auditorio cuando se negó a interpretar narcocorridos. Otros cantantes optan por cambiar sus letras y cuidarse de elogiar la agresividad sobre la libertad de expresión. ¿Cuáles son los límites? ¿Debía prohibirse Contrabando y traición?

La prohibición es una sutura endeble para esconder las vergüenzas del Estado que, al contrario, las remarca. En primer lugar, por su falta de disposición de hacer cumplir sus propias leyes. Y, en consecuencia, puede derivar en otra vindicación de historias como la del “Hombre Marlboro”, el zar del contrabando colombiano extraditado a EU y, ahora, de regreso a su ciudad quiere gobernarla.

La impunidad es el mayor elogio de la violencia porque normaliza comportamientos prohibidos e ignora las reglas sin repercusiones, lo cual agrava la percepción de que las autoridades no hacen más que hacerse tontas con estas prohibiciones y abrirle más espacios a la corrupción. Este sinsentido lo podemos ver también estos días en ejemplos concretos, además del narcocorrido, de vetos a la comida chatarra en universidades y escuelas que, en la práctica, son letra muerta o burladas por la “inteligencia” de empresas, distribuidores y personal de los planteles.

Tiene razón la presidenta Sheinbaum cuando dice que es “absurdo” prohibir los narcocorridos, aunque su alternativa de educación y formación de valores sea un tratamiento de largo plazo, un zurcido invisible a respuestas culturales de nuevas generaciones que llevan dos décadas de guerra contra el narco en un país abarrotado de muertes y desaparecidos. Por eso se equivoca Ricardo Monreal que, como tantos, concibe el derecho penal como instrumento de control social para vestir al Estado con nuevas leyes de papel que lo dejan más desnudo.

Dado que, en segundo lugar, en un Estado de derecho la cosa no funciona así, en especial cuando no funciona, y menos si esa pretensión de control se presta a la interpretación y el poder que ejercen grupos poderosos para reprimir lo que sienten que los amenaza, es decir, formas de control más o menos burdas de dominación, dicho sea de paso, como hace Trump con la prohibición de visas a grupos de narcocorridos. Es otro ejemplo de que la prohibición de expresiones culturales no puede verse sólo desde el lente de la seguridad, sino además desde la mirada amplia de la libertad de expresión.

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Elección judicial y listas abiertas

Si una elección luce claramente sesgada, es razonable no votar

Javier Aparicio | Excelsior

La elección judicial del próximo 1 de junio utilizará un sistema de listas abiertas, una regla electoral distinta a la utilizada tradicionalmente en las elecciones legislativas o de cargos uninominales en México. En una elección de mayoría relativa, los candidatos tienen fuertes incentivos para negociar alianzas o coaliciones que les permitan conseguir el mayor número de votos posible. Por otro lado, cuando los asuntos o temas centrales de una campaña pueden ubicarse en una sola dimensión (digamos el eje izquierda-derecha, pro-gobierno vs. oposición, etcétera) los candidatos tienen incentivos para que sus plataformas sean cercanas al así llamado “votante mediano”. En principio, las plataformas centristas o moderadas suelen derrotar a las extremas o radicales.

En el caso de las elecciones con listas abiertas, como las que se realizarán el 1 de junio próximo para elegir nueve ministros de la Suprema Corte, docenas de magistraturas y cientos de jueces, las estrategias de campaña exitosas pueden ser muy distintas. Consideremos tan sólo la elección de la SCJN. Salvo el caso de la presidencia de la SCJN, misma que será elegida por la candidatura con más votos, no se trata de conseguir el mayor número de votos, sino de conseguir estar entre las cinco mujeres con más votos, o en su caso, los cuatro hombres más votados.

Una elección con listas abiertas fragmenta el electorado, lo cual facilita relativamente el triunfo si lo comparamos con elecciones uninominales. En el caso de las mujeres, bastaría conseguir 20% de los votos válidos para asegurar con certeza un lugar en la Corte. En el caso de los hombres, bastaría conseguir 25% de los votos válidos para asegurarlo. En caso de que se fragmente demasiado el voto, bastarían muchos menos votos para ganar un cargo. En la elección judicial de Bolivia en 2011, por ejemplo, el magistrado más votado recibió 6.6% del voto total y 15.7% de los votos válidos.

Una plataforma moderada o mediana no tiene mayor ventaja relativa frente a una plataforma que apele a cierto nicho o bloque del electorado. A esto se debe, en parte, que algunos aspirantes no tengan empacho en abrazar estructuras corporativas o sindicales. Por otro lado, si el resultado depende en gran medida de la movilización electoral inducida por el propio gobierno —no olvidemos que el Poder Ejecutivo y Legislativo preseleccionaron a dos tercios de las candidaturas—, no debe sorprender que tantos candidatos prometan desde simpatía hasta lealtad con el partido en el gobierno, antes que independencia o autonomía en sus sentencias. Más allá de cualquier plataforma pública, es de esperarse que los candidatos buscarán recursos legales o ilegales para darse a conocer, o conseguir la simpatía de quienes se encargarán de movilizar votos para lograr designar a sus jueces preferidos.

Desde el punto de vista de los jueces que estaban en funciones al aprobarse la reforma judicial, hubo un claro dilema entre participar o no en una elección diseñada ex profeso para remover a todos los jueces del país. A pesar de ello, hubo quién decidió registrarse y someterse a la prueba de las urnas.

Desde el punto de vista de un votante, hay un claro dilema entre participar o no en una elección con reglas y procedimientos claramente sesgados desde su origen, o cuyo resultado difícilmente será democrático. Si una elección luce claramente sesgada, es razonable no votar o quizás anular el voto.

Habrá quien simpatice con el espíritu general de la reforma judicial y acuda a las urnas a emitir su voto en apoyo de las candidaturas del Ejecutivo, las del Legislativo, incluso las del Poder Judicial. Por otro lado, quienes vean con malos ojos la reforma judicial podrían abstenerse, anular sus votos, pero también podrían tratar de apoyar alguna candidatura que les parezca atractiva —incluso intentar apoyar la permanencia en el cargo de algunos de los jueces y magistrados que aceptaron registrarse como candidatos—. Dado que habrá numerosas boletas y candidaturas, será posible votar por algunos cargos y abstenerse o anular otros más.

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Astillero

Trump: amago militar a México // Retórica engañosa // ¿Prepara golpe contra cárteles? // Sheinbaum: no a Noboa

Julio Hernández López | La Jornada

Por doble vía despachó la presidenta Claudia Sheinbaum cualquier posibilidad de validación de la continuidad del pro estadunidense Daniel Noboa en el poder ecuatoriano.

En primer lugar, el profundo agravio cometido al ordenar la irrupción en la embajada mexicana en Quito para sustraer por la fuerza a un ex funcionario correísta al que México amparaba, con la intención de concederle asilo. Y en segundo término, pero no menos importante, por las evidencias claras del uso del aparato gubernamental para apoyar al candidato-presidente Noboa, que ni siquiera disimuló, pidiendo licencia al cargo, que su campaña se apoyaría en la estructura y los recursos gubernamentales, incluyendo el control del órgano electoral y el uso del ejército para amago, con base en un declarado estado de excepción.

La postura de Sheinbaum tiene especial relieve en el contexto de algunos gobiernos progresistas de Latinoamérica que han preferido cerrar los ojos ante los claros indicios antidemocráticos habidos en el proceso de Ecuador (el chileno Gabriel Boric, un ejemplo, aunque, en realidad, sus posturas acomodaticias no han sido la excepción).

Tanto la visita presidencial a Honduras, para participar en la sesión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), como el rechazo a la imposición de Noboa en Ecuador constituyen signos básicos de perseverancia de una fórmula política, de relativa distancia de México respecto a la vecina nación imperial, que el largo periodo de poder priísta cultivó a fin de adjudicarse tonalidades de izquierda para exportación y que los gobiernos marca 4T han mantenido sin acentos provocativos.

Esos rasgos de no alineamiento con los dictados de la Casa Blanca tienen un especial rango de riesgo ante la mirada torcida de Donald Trump, que pretende retomar el papel de gran y vigoroso rector mundial, con castigos supuestamente ejemplares para los países y gobernantes que desafíen sus políticas.

En el caso mexicano se vive una circunstancia engañosa en lo retórico y gráfico. En apariencia, el escandaloso de Washington tiene gran aprecio por la Presidenta de México, a quien dirige elogios en cuanto puede. Pero en los hechos se vive una creciente toma de ganancias y un constante amago.

La administración Sheinbaum ha cedido-negociado-cooperado (escoja el lector el término que le parezca más aplicable) en términos que contrastan con la escurridiza conducta sexenal de López Obrador (incluso casi beligerante en su último año de gobierno). El secretario de Estado de Estados Unidos ha dicho, con intención de magnificar los logros de la era Trump, que nunca se había tenido una cooperación tan estrecha con México como en esta etapa claudista (Omar García Harfuch es el nuevo y temporal personaje favorito del flanco duro del gobierno gringo).

Y así, mientras la mirada pública se entretiene en los temas de la migración, el combate al crimen organizado y los aranceles, Trump y sus halcones van militarizando la frontera a niveles sugerentes de preparativos bélicos, ya sea para contención de enemigos o para disuasión y presión cobrables en negociaciones civiles.

Una primera lectura de los inusitados movimientos militares en torno a México (buques de guerra, aviones espías, 27 kilómetros de boyas flotantes en el río Bravo, por dar ejemplos) podría sugerir que Trump va colocando sus piezas para lanzar en fecha aún indefinida un golpe espectacular contra los cárteles mexicanos ya declarados organizaciones terroristas.

Frente a esas maniobras amenazantes, el gobierno mexicano mantiene la política de no caer en provocaciones y dialogar cuanto sea posible, al tiempo que extiende lazos hacia la parte de Latinoamérica que le es posible, en busca de solidaridad.

Y mientras se sigue discutiendo sobre la eficacia de la prohibición de narcocorridos en espectáculos públicos.

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México SA

Daniel Noboa=fraude electoral // Sheinbaum: triunfo dudoso // Mantiene ruptura diplomática

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Algunos observadores consideran que en las elección presidenciales del pasado domingo en Ecuador se registraron irregularidades que permitieron la dudosa reelección del hijo de papá Daniel Noboa, el gringuito (nació en Miami) que actualmente despacha en el Palacio de Carondelet. Sin embargo, todo apunta a un descarado fraude orquestado por la derecha de aquella nación (la cual ahora no exige la publicación de las actas), con un empujoncito de la Casa Blanca, como acostumbra. De hecho, el fantoche Donald Trump –igual que el subproducto Javier Milei– se apuró a felicitar al júnior en su intento de dar legitimidad a uno de sus cachorros. Algo similar hicieron los mandatarios chileno, Gabriel Boric, y brasileño, Lula da Silva, quienes al parecer perdieron la brújula, de tal suerte que igual navegan a la diestra que a la siniestra.

En el caso mexicano, la presidenta Sheinbaum ha sido nítida: “no se reanudarán relaciones con Ecuador mientras Daniel Noboa siga como presidente, porque no hay condiciones para que eso ocurra. Fue muy dudoso su ‘triunfo’ electoral”. Además, el júnior (hijo de Álvaro, el más rico de esa nación sudamericana, cinco veces candidato –fallido– a la Presidencia ecuatoriana por el PRIAN –así se llamó su partido político–, contumaz evasor de impuestos y explotador laboral, entre tantas otras gracias) es el responsable de la invasión de nuestra embajada en Quito (ocurrida el 5 de abril del año pasado, por lo que el gobierno de López Obrador rompió relaciones diplomáticas, decisión que se mantiene).

De qué magnitud es el fraude electoral cometido por Daniel Noboa y su pandilla, que hasta la impúdica Organización de Estados Americanos, por medio de su misión de observación electoral detectó con preocupación que el proceso electoral estuvo marcado por condiciones de inequidad durante la campaña, así como por indicios sobre el uso indebido de recursos públicos y del aparato estatal con fines proselitistas. Estas prácticas afectan la competencia en la contienda y erosionan la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Además, constató que hubo incertidumbre por la falta de pronunciamientos claros y oportunos de parte del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral sobre aspectos normativos sensibles. La existencia de normas ambiguas, sumada a la ausencia de directrices por parte de las autoridades competentes, incrementó la tensión y desconfianza entre actores políticos y ciudadanos. Lo anterior se sumó a un contexto de polarización política extrema, evidenciado a lo largo de la campaña en narrativas de fraude, que no contribuye al fortalecimiento democrático del país. Ecuador enfrenta desafíos profundos en materia institucional, social y de seguridad, que exigen altura y responsabilidad democrática. La unidad de todas las fuerzas políticas es fundamental para enfrentar estos retos. El pueblo ecuatoriano lo merece. Y lo reconoce un apéndice de la Casa Blanca.

Con el fraudulento júnior en el Palacio de Carondelet, ¿cuál es el futuro inmediato de Ecuador? Vale recordar el reciente análisis del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica: “el crecimiento de dinero ilícito (proveniente del narcotráfico) en el torrente legal coincide con el proceso de desregularización del sistema financiero y las superlativas tasas de ganancia que reporta la banca ecuatoriana desde 2017. Nuestros hallazgos están en concordancia con análisis periodísticos que aseguran que en el país se lava entre 2 y 5 por ciento del PIB anualmente.

“Seis años de minimización del Estado y desinstitucionalización del país dejan un saldo desalentador en lo social y lo económico: pobreza, violencia e instituciones capturadas por el narcotráfico. A esta economía del desastre social podemos sumar un efecto paradójico: la ‘estabilidad macroeconómica del narco’, entendida como la capacidad que tienen los narcodólares de penetrar en el sistema financiero, aumentar la tasa de ganancia de la banca y dar una falsa estabilidad financiera y monetaria, que es discordante con la salud de la economía real. El volumen de recursos disponibles en el sistema financiero ecuatoriano es absolutamente atípico. El alza en el monto de dinero que ese sistema regulariza al año ocurre cuando la actividad económica real ecuatoriana aún no supera el nivel de 2014”. En resumen, “regulariza dinero (del narco) mientras a la economía peor le ha ido”.

Las rebanadas del pastel

Fuentes bien enteradas revelan que en la Oficina Oval el anexionista Donald Trump ha colocado un cartel con la foto de James K Polk, a quien cotidianamente le reza.