Lo que dicen los columnistas

DESAPARICIONES FORZADAS

CNDH desaparecida

Paradójicamente Rosario Piedra Ibarra se promueve como defensora de los derechos humanos del pueblo. Pero en los hechos está ausente donde ahora más se le necesita.

José Gil Olmos | Proceso

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) está desaparecida, su titular Rosario Piedra Ibarra no se encuentra, como ella lo pregona, del lado del pueblo, con los familiares de los miles de desaparecidos víctimas de los grupos criminales que exigen sean atendidos por todas las instancias gubernamentales.

En sentido contrario a lo que es su esencia, proteger y abogar por los derechos humanos, la titular de la CNDH no está con los colectivos de familiares de desaparecidos e incluso rechaza todo aquel pronunciamiento como el de la ONU, que alzó la voz para tratar este tema en su asamblea general.

Rosario Piedra, por la historia de su familia que sufrió la desaparición de uno de sus miembros durante la llamada guerra sucia, tendría que estar con estos colectivos que son una extensión histórica de aquellos como Eureka que encabezó su madre Rosario Ibarra de Piedra y que bajo el grito de “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, enfrentó por años distintos gobiernos sordos a esa exigencia, a esa demanda.

Pero no es así, al frente de la CNDH ratificada recientemente por el Senado, Rosario Piedra está muy alejada de los colectivos de familiares de desaparecidos que a partir del descubrimiento del rancho Izaguirre han cobrado nueva fuerza e ímpetu en sus demandas de tener el apoyo necesario para continuar con su dolorosa tarea de encontrar a sus seres queridos llevados a la fuerza por los grupos criminales coludidos con algunas autoridades.

En la cuarta reunión de estos colectivos con la Secretaría de Gobernación, doña Rosario Piedra no apareció. Ceci Flores, presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, lanzó una crítica a Martha Yuriria Rodríguez Estrada, Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de no haberlas recibido antes.

«La Comisionada de Derechos Humanos debería de estar en esta mesa», reprochó la sonorense, quien tomó asiento frente a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien durante su discurso inicial prometió que la presidenta Claudia Sheinbaum será notificada sobre todo lo discutido.

A la reunión asistieron alrededor de 15 activistas de Jalisco, Sonora y Durango, las titulares de Segob y la CEAV, el subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, así como representantes de la FGR. Pero nadie de la CNDH.

Paradójicamente, Rosario Piedra se promueve como defensora de los derechos humanos del pueblo. Pero en los hechos está ausente donde ahora más se le necesita: a un lado de los colectivos encabezados por mujeres que, al igual que lo hiciera doña Rosario Ibarra de Piedra, piden la aparición con vida de sus familiares.

La CNDH, presidida por la hija de la luchadora social, rechazó “que se viva una crisis de desapariciones en México y más aún que éstas sean consecuencia de una política de Estado”, como lo expresó la ONU recientemente.

Doña Rosario Piedra defiende al Estado y se aleja del pueblo lastimado por las miles de desapariciones forzadas, contradiciendo la misión esencial de la CNDH. Y en esa paradoja se aleja también de la lucha de su madre, que por años caminó por todo el país alzando la voz de manera temeraria y que gracias a esa lucha fue como llegó a la CNDH.

Por cierto, cobra relevancia en este contexto la iniciativa del senador Manlio Fabio Beltrones, que propuso que a las personas buscadoras se les otorgue el estatus de auxiliares de búsqueda dentro de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas; que reciban beneficios económicos, seguro de vida y atención médica gratuita, y se les garanticen medidas de protección para evitar ataques contra ellas.

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Desaparición forzada: responsabilidad internacional y ética de la otredad

Mario Luis Fuentes | Excelsior

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha iniciado recientemente un proceso de investigación y rendición de cuentas dirigido al Estado mexicano en relación con el grave y persistente fenómeno de la desaparición forzada de personas. Este señalamiento se produce en un contexto de acumulación de pruebas, testimonios y hallazgos forenses que han sido documentados a lo largo de las últimas dos décadas y que dan cuenta de una realidad profundamente dolorosa: México vive una crisis de derechos humanos que, en palabras del propio Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, pone en tela de juicio la legitimidad democrática del Estado, al tiempo que evidencia la ausencia de garantías efectivas de protección a los derechos fundamentales.

El uso del término “crisis de derechos humanos” no es retórico. Se trata de una categoría jurídica, ética y política que implica que el Estado ha fallado sistemáticamente en prevenir, investigar, sancionar y reparar uno de los delitos más atroces y crueles que puede cometerse: hacer desaparecer a una persona y negarse o ser incompetente en generar información sobre su paradero. Este tipo de crimen, considerado como de lesa humanidad por el derecho internacional, implica, además, una cadena de complicidades y omisiones que atraviesa cuerpos policiales, Fuerzas Armadas, fiscalías, autoridades locales, estatales y federales.

Lo anterior constituye una grave violación de derechos humanos y erosiona profundamente el pacto democrático sobre el cual se funda la relación entre el Estado y la sociedad. Un Estado que no puede dar cuenta del destino de más de 100 mil personas desaparecidas, muchas de ellas jóvenes, mujeres, personas defensoras de derechos humanos o habitantes de territorios disputados por el crimen organizado, no puede proclamarse plenamente garante de la vida, la libertad ni la seguridad de su población.

Este señalamiento de la ONU elevó el debate nacional a una dimensión global, colocando el tema en el centro de la atención internacional. A partir de este momento, la intervención de organismos internacionales de derechos humanos se convierte en un elemento con peso político, jurídico y simbólico en el diseño e implementación de las políticas públicas en materia de seguridad pública y ciudadana, pero, sobre todo, de reparación del daño y garantía de no repetición.

El fenómeno de la desaparición forzada en México no puede analizarse de forma aislada. Está íntimamente relacionado con otras formas extremas de violencia y degradación humana. En el país se han localizado más de 2 mil fosas clandestinas en los últimos años, lo que revela una práctica sistemática de ocultamiento de cadáveres, frecuentemente con signos de tortura o mutilación.

El uso de la desaparición forzada como método de control, castigo o eliminación física no sólo destruye vidas individuales: rompe comunidades, aniquila memorias, paraliza luchas sociales y profundiza el miedo colectivo. Las familias de las víctimas —sobre todo las madres— han sostenido durante años una lucha tenaz por la verdad y la justicia. Son ellas quienes han cavado con sus propias manos en busca de restos, quienes han marchado con las fotos de sus hijas e hijos, quienes han exigido en tribunales nacionales e internacionales el cumplimiento de sus derechos.

Frente a esta tragedia, no basta con respuestas institucionales fragmentadas. Es indispensable recuperar una ética de la responsabilidad radical frente al otro. Lévinas nos invita a mirar el rostro del otro como llamado irrenunciable a nuestra humanidad más profunda. El rostro del otro, del desaparecido, de la madre que busca, del cuerpo exhumado, nos interpela y nos obliga. La ética, dice Lévinas, es anterior a la política, anterior al derecho: es el fundamento de cualquier vida en común.

En este sentido, la desaparición es un desafío ético a toda la sociedad. Nos exige abandonar la indiferencia, reconocer el dolor de los otros como propio, reconstruir el tejido comunitario y generar políticas públicas que partan de la escucha, la reparación y la transformación estructural del sistema de justicia y seguridad. No hay justicia sin memoria. No hay paz sin verdad.

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Una Corte para el engendro

Cecilia Soto | Excelsior

Podemos ir a hacer la dosis de ejercicio mañanero que —nos prometen— alargará nuestra vida. También ir al súper, hacer el mandado. Tomar el transporte público o manejar el auto, si es que lo tenemos. Dejar a los hijos en la escuela; recogerlos. Iremos a un restaurante o a disfrutar de un café con las amigas. Quizás ir al cine, después de una jornada de trabajo. Aparentemente no ha pasado nada. Pero el país en el que todo esto sucede es radicalmente diferente: dejó de ser una democracia, una república federal representativa, con tres poderes. ¿Qué nombre le pondremos al engendro? No lo sé y tampoco importa mucho

En los debates y análisis sobre la reforma judicial y la inminente elección de más de 800 juzgadores, incluyendo los y las integrantes de la próxima Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN (guinda), se hace énfasis en el origen espurio de la reforma, impuesta gracias al robo de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, vía la supermayoría. Después en las trampas de los Comités de Selección, especialmente los del Poder Legislativo y Ejecutivo. En la falta de recursos para el INE (guinda) para la organización de la elección, en el papel de vasallo de Palacio Nacional de la triada mayoritaria del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF (guinda); en la imposibilidad de conocer a las y los candidatos; en los esfuerzos ridículos para darse a conocer. En la muy alta posibilidad de que la próxima presidenta de la SCJN (guinda) sea la ministra plagiaria, Yasmín Esquivel, o que permanezcan en la Corte (guinda), la versión femenina y mexicana del Gordo y el Flaco (sin intención de insultar a Laurel y Hardy).

Todo eso es cierto y más. El gobierno movilizará a sindicatos, empleados y beneficiarios de los programas sociales, los dotará de los “acordeones del Bienestar” con los nombres de aquellos candidatos que le aseguren fidelidad. En un proceso tan grande y complejo se han colado algunos nombres de hombres y mujeres comprometidos con el Estado de derecho, algunos irán a votar por esos nombres; se armarán también los “acordeones de la resistencia”. Muy bien. Vamos a imaginar que por un golpe de suerte o por la infinita ineptitud de quienes manejaron los antecedentes de esta elección, ganan para la integración de la Corte o en las magistraturas o hasta en el Tribunal personas formadas, estudiadas y que aman el derecho.

¿Qué espíritu del derecho van a defender? ¿Qué Constitución será su faro? La Constitución que nos heredan los gobiernos de López Obrador y de Claudia Sheinbaum es una militarista, que da a la Sedena (guinda) y no a una autoridad civil el mando sobre la seguridad pública. Si un particular se ampara contra esa secretaría, la Corte (guinda) tendrá que defender el papel prioritario que le otorga la Constitución (guinda) a los militares. La Constitución que tendrán que defender es de un punitivismo extremo, como lo demuestra la reforma que aumenta los casos que merecerían prisión preventiva oficiosa. La Corte, integrada hipotética y milagrosamente por personas honestas y estudiosas, tendrían que hacer caso omiso de lo que mandata el artículo primero constitucional, en relación con los derechos humanos, pues la prisión preventiva oficiosa está ahí, en la Constitución, reformada el 31/XII/2024.

Catorce años bajo la influencia de la reforma de 2011 al artículo primero constitucional, con su principio pro persona y la obligación de respetar los compromisos firmados por el Estado mexicano en diversas convenciones internacionales, han heredado cierta cultura de respeto a los derechos humanos que molesta a las mayorías morenistas, como se demostró esta semana con las reacciones cavernarias al anuncio del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, de investigar e informarse sobre lo que sucede en México. Más temprano que tarde, algún ilustre diputado presentará una iniciativa para acabar con la reforma de 2011 y será aprobada. ¿Qué haría la nueva Corte con las acciones de inconstitucionalidad o las controversias interpuestas por las minorías parlamentarias o estados y municipios? Pues la nueva Corte tendría que tirar esas acciones a la basura porque en la reforma que adiciona un quinto párrafo al artículo 105 constitucional (31/X/2024) se establece la inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución federal. Si Morena decide cambiar los colores patrios por verde, blanco y guinda, esto no podría impugnarse. Si decide liberarse del federalismo y establecer que somos una república centralista y unitaria, así se quedaría.

En otras palabras, no es sólo que la reforma judicial esté mal de principio a fin, sino que ya no tenemos la Constitución que garantizaba o al menos pregonaba una República federal, representativa, con tres poderes, que santificaba los derechos humanos, la pluralidad y la democracia. Eso se acabó, lo acabaron. Pero todavía no acaban con las elecciones ni con la existencia de partidos: por ello nos urge uno nuevo, en ello estamos en SomosMx.

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Astillero

Noboa, el peón ecuatoriano // Candidato sin dejar la presidencia // Luisa González: hubo fraude // Más derecha en Sudamérica

Julio Hernández López | La Jornada

Lo sucedido ayer en Ecuador muestra, entre otros ángulos de necesario análisis, la hipocresía de grandes medios convencionales de comunicación y de políticos de derecha que cierran los ojos y suavizan hechos profundamente antidemocráticos, electoralmente fraudulentos pero acoplados a los intereses dominantes; en el caso ecuatoriano, la continuidad en el poder de un auténtico peón de Estados Unidos, Daniel Noboa, cuyo historial político es el de un auténtico depredador institucional en su país, ansioso por ceder lo que el gobierno de Donald Trump le pida para consolidar un poder que ayer, de manera tramposa, obtuvo en segunda vuelta una continuidad para un segundo periodo, desde ahora en entredicho.

Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín (rey servidor de Cristo, el segundo y tercer nombres) nació en Miami, Florida, 37 años atrás. Es hijo del hombre más rico de Ecuador, y su educación profesional fue realizada por completo en Estados Unidos.

Llegó a la presidencia del país sudamericano luego de que el banquero Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza fue sometido a un juicio político instaurado en su contra por la Asamblea Nacional (104 votos a favor, 18 en contra y tres abstenciones, bajo acusaciones de corrupción en el grado de comisión por omisión), en el caso llamado originalmente El gran Padrino y, posteriormente, Encuentro. Al siguiente día del inicio del proceso legislativo de enjuiciamiento, Lasso disolvió la Asamblea Nacional, usando la figura legal de la muerte cruzada, se retiró del cargo y convocó a elecciones adelantadas en las que se dio por ganador a Noboa.

Ya en el poder, Noboa ha ido de escándalo en escándalo, con un sello constante de desprecio por la legalidad y el atropello como fórmula de gobierno. Ha favorecido sus intereses empresariales, ha procurado hasta de manera vergonzosa hacerse útil para Estados Unidos (fue a la residencia de Donald Trump, en viaje oficial para buscar una entrevista que asegura se dio, aunque no hay pruebas ni resultados de ello) y ahora se ha acomodado todo para quedarse cuatro años en la Presidencia.

Noboa no pidió licencia al cargo para ser candidato, así que hizo campaña electoral al mismo tiempo que seguía ejerciendo la presidencia, en violación a la legalidad ecuatoriana. A su vicepresidenta, Verónica Abad, le impidió encargarse de la presidencia en tanto él fungía como candidato. Un día antes de las elecciones decretó el estado de excepción, para frenar y castigar el ejercicio opositor de derechos de reunión y expresión, entre otros. Las irregularidades denunciadas por la candidata opositora, Luisa González –a quien se considera parte de la corriente política en su momento encabezada por el ex presidente Rafael Correa– no fueron procesadas con posibilidades justicieras, pues las autoridades electorales y el control mediático e institucional están a cargo de Noboa.

Al poder estadunidense le acomoda muy bien el triunfo de Noboa, así sea fraudulento, pues, de consolidarse, constituiría un freno a la citada corriente correísta (en cuyo contexto se produjo el bárbaro asalto a la embajada mexicana), sumaría una pieza de la franja derechista al tablero latinoamericano (con el argentino Milei y el salvadoreño Bukele como figuras señeras) y fortalecería el desprecio por las leyes e instituciones (que aparte de los dos presidentes mencionados en el anterior paréntesis tienen como guía y modelo al propio Trump).

Ayer mismo, políticos relevantes y medios de comunicación dominantes en el espectro de Estados Unidos ya asumían con normalidad el triunfo de Noboa, con el señalamiento favorecedor en el sentido de que es un político en abierto combate contra las drogas. En realidad, el junior en mención servirá como peón de Washington en la represión social, la militarización a cuenta del crimen organizado, la cesión de recursos naturales y la mayor derechización de la región sudamericana.

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México, SA

Milei, profundamente inmoral // Argentina, en el fondo, otra vez // Devaluación y más reformas

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Allá en sus tiempos de diputado nacional (2021-2023), el esperpéntico Javier Milei denunciaba que tomar deuda con el Fondo Monetario Internacional es profundamente inmoral; la deuda es un impuesto futuro que pagan incluso personas que ni siquiera nacieron; si yo fuera gobierno no hubiera caído en el FMI… y, congruente que es, ya como presidente de Argentina, el pasado viernes firmó con ese organismo financiero deuda adicional por 20 mil millones de dólares que hundirá, aún más, a sus supuestos representados.

En plena campaña electoral por la presidencia de Argentina, Milei presumía ser especialista en crecimiento económico con o sin dinero; sé cómo terminar con la pobreza e indigencia, cómo hacer crecer una economía, crear puestos de trabajo de calidad con buenas remuneraciones y exterminar de una vez el cáncer de la inflación.

En los hechos, tras 16 meses en la Casa Rosada, la economía de esa nación conosureña se ha desplomado, a la par del tipo de cambio y el poder adquisitivo de los argentinos (que enfrentan una creciente tasa de desempleo, jubilaciones miserables, consumo en picada, pobreza e indigencia al alza y una inflación que goza de cabal salud), mientras la casta que dijo combatiría no ha dejado de hincharse de ganancias. En efecto, el de Milei ha sido un gobierno profundamente inmoral que ahora adiciona 20 mil millones de dólares provenientes del FMI (que pagarán personas que ni siquiera nacieron) para convertir a Argentina en el país más endeudado con ese organismo financiero.

Todo ello aderezado con un megafraude con una criptomoneda ($Libra, se llama), armado y promovido por el mismo Milei y su hermana Karina (secretaria general de la presidencia de Argentina), encargada, además, de cobrar grandes coimas, en dólares, a todo aquel que solicita un encuentro personal con el presidente para proponerle negocios, lo que también resulta profundamente inmoral.

Apenas dos días después de sentarse en la silla principal de la Casa Rosada, Milei devaluó el tipo de cambio oficial de 376 a 800 pesos argentinos por dólar (118 por ciento) y de ahí en adelante la depreciación acumuló 266 por ciento hasta la firma del nuevo acuerdo con el FMI, el cual impuso al gobierno argentino, a partir de hoy, una banda de flotación de su moneda con un mínimo de mil y un techo de mil 400 pesos por billete verde. Entonces, si las cosas van bien, el desplome cambiario acumula no menos de 372 por ciento en 16 meses. Ello, si a partir de hoy las hordas especulativas no atacan ferozmente al mercado cambiario, lo que es más que factible.

Sólo para la memoria, los gobiernos neoliberales en México decidieron, por recomendación del FMI, proceder en igual sentido (aunque los tecnócratas inventaron una serie de eufemismos para evitar utilizar el término devaluación: deslizamiento del tipo de cambio, cotización controlada, flotación regulada, flexibilización de la paridad, banda de flotación, libre flotación, etcétera). Hoy, Milei recurre al mismo truco.

Lo único que tal recomendación provocó fue el desplome de la moneda nacional frente al dólar: de Miguel de la Madrid a Peña Nieto, el tipo de cambio pasó de 150 a 23 mil pesos por billete verde, una devaluación acumulada superior a 15 mil por ciento y aderezada con fuga masiva de divisas. Si el abanico incluye a Echeverría y López Portillo, entonces el incremento de la paridad fue de 184 mil por ciento, siempre bajo la batuta del FMI.

Transcurridas casi cinco décadas desde el desastre mexicano de 1976, más el del régimen neoliberal, el FMI sigue recomendando las mismas barbaridades que hunden países y destrozan sociedades, y eso es lo que firmó el profundamente inmoral Javier Milei. Y no sólo es el tipo de cambio.

Para autorizar el crédito de 20 mil millones, el fondo exige (como lo hizo en ocasiones anteriores: con la dictadura, con De la Rúa, con Macri y ahora con Milei; Argentina acumula 23 acuerdos fallidos, pero, eso sí, con fuga masiva de divisas) al gobierno argentino más reformas: fiscal, previsional (aumentar edad y congelar las de por sí miserables pensiones y jubilaciones), laboral (más precarización del empleo y los salarios, y reducir derechos de los trabajadores), más ajustes estructurales, privatizaciones al por mayor, fuera los subsidios populares, todo aderezado con mayor inflación. Y quien toma las riendas de la economía es el FMI.

Las rebanadas del pastel

En síntesis, Argentina está en el fondo, una vez más, sin olvidar que todos los acuerdos anteriores fracasaron estrepitosamente. Entonces, Milei debe hacer maletas ya.