Lo que dicen los columnistas

La mentira

Ningún Estado podrá jamás aceptar tener campos de exterminio. El mismo Estado nazi, que decía también encarnar al pueblo, ser la expresión del Volk, negó hasta al final que los tuviera.

Javier Sicilia | Proceso

No conozco una definición más precisa del Estado que la que Nietzsche dio en  Así hablaba Zaratustra: “Estado se llama el más frío de los monstruos fríos. Es frío incluso cuando miente; y esta es la mentira que sale de su boca: ‘Yo soy el pueblo’”.

A lo largo de su historia el Estado ha dado prueba de ello. En México, sin embargo, esa frialdad adquirió la dimensión del cinismo con la llegada al poder de la autonombrada Cuarta Transformación. Aun cuando el viejo priismo unificó en la idea del Estado al gobierno, al partido y al pueblo, y gobernó a base de mentiras, miedo y violencia, nunca, hasta el ascenso de Morena, se atrevió a decir que el Estado, el partido en el poder y el pueblo son una sola y misma cosa.

Esa mentira que, como dice el propio Nietzsche, sólo creen “los supefluos”, “los demasiados” que el Estado “devora, masca y rumia”, ha llegado con la administración de Morena a grados demenciales al querer hacernos creer que el Rancho Izaguirre no era un campo de exterminio, sino de reclutamiento y, como en su momento lo hicieron el PRI y Enrique Peña Nieto con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, buscar reducir la violencia sistémica que padece el país desde hace 20 años, al esclarecimiento de lo sucedido en ese Rancho. 

Contra los testimonio del pueblo, es decir, de las víctimas que lo descubrieron y junto con miles de fosas clandestinas han descubierto otros, de los testimonios de quienes lograron escapar del Rancho Izaguirre,  de las investigación académica y periodística que han puesto al denudo la realidad de esos campos y su relación con la violencia del país,  y de las declaraciones de uno de los muchos y posibles perpetradores –un tal José Gregorio el Lastra–, que afirma que en ese Rancho se reclutaba y mataba, el Estado, que dice encarnar al pueblo, lo niega y con ello lo traiciona y miente.    

Ningún Estado podrá jamás aceptar tener campos de exterminio. El mismo Estado nazi, que decía también encarnar al pueblo, ser la expresión del Volk, negó hasta al final que los tuviera. Los Lager, como lo mostró Giorio Agamben en Lo que queda de Auschwitz, no eran al principio, es decir hasta La Solución Final, propiamente campos de exterminio, sino de reclutamiento forzado para tener no sólo mano de obra esclava, sino también ejecutores a sus servicios. 

Hay que recordar las tareas que al respecto realizaban los llamados Sonderkommandos y las labores de control carcelario de los Kapos. Quienes no eran aptos para ninguna de esas labores –esclavitud, exterminio o control–, los llamados Muselmänner, eran, como en el Rancho Izaguirre, asesinados y desaparecidos.

Aun cuando el Estado mexicano se empeñe en negarlo, México tiene campos de exterminio de ese tipo al menos desde 2010 en que se descubrió el de San Fernando, Tamaulipas. No están fijos como lo estuvieron en la Alemania nazi; no concentran en ellos poblaciones muy grandes, ni utilizan, como en la última etapa del nazismo, una tecnología sofisticada para exterminar y desaparecer cuerpos.

Se encuentran dispersos como hongos a lo largo y ancho de los mil 973 millones de kilómetros cuadrados del territorio nacional, tienen una tecnología rudimentaria y brutal para exterminar y desaparecer cuerpos, y reclutan y asesinan según sus necesidades. Forman parte de todo un entramado de violencias sistémicas que, bajo el cobijo del Estado, va desde robos, secuestros, asesinatos, extorsiones, redes de trata, corrupción e impunidad.

Negarlo, como se ha hecho desde que Felipe Calderón y el PAN desataron el infierno, y empeñarse en hacerlo ahora bajo el relato idiota de que el Estado y Morena son el pueblo, lo único que muestra es no sólo la condición criminal del Estado, sino su monstruosidad, su cínica frialdad para mentir y destruir al pueblo en nombre del pueblo. 

El Estado mexicano no puede ya escapar a esa condición. Aun cuando la narrativa oficial y la velocidad de los medios hayan arrojado el asunto a un tercer plano, la dimensión de la violencia ha quedado expuesta en el fractal del exterminio del Rancho Izaguirre. 

La 4T y Sheinbaum podrán continuar mintiendo; podrá intentar controlar los daños con una retórica cada vez más estúpida y vacía, y buscar minimizar la realidad, pero los crímenes que a lo largo de casi 20 años ha permitido y ha ejercido en colaboración con organizaciones criminales, lo señalan ya a nivel mundial como un Estado que, como quedó expuesto en los Juicios de Núremberg en 1945, perpetra crímenes contra la humanidad y, como lo expresa la doctrina internacional de la Responsabilidad de proteger, formulada en 2005, es incapaz de defender a su pueblo de ellos. 

No es posible saber cuánto durará esta situación antes de que el Estado termine de devorarse a sí mismo y junto con él al país entero, o antes de que, impulsada por las partes sanas que aún quedan en el Estado, la comunidad internacional intervenga como es su deber desde que la ONU se creó y como lo exige la misma doctrina de la Responsabilidad de proteger.

Lo que sí es posible saber ya sin ninguna duda es que el Estado miente de manera abierta y sistemática, que es un monstruo frío, cínico y abyecto que destruye y cobija criminales, que está gravemente enfermo y cuya sobrecogedora presencia debemos resistir hasta que muera o sea sometido por el derecho. 

Sólo allí, donde el Estado y su mentira terminan, dice Nietzsche, “comienza el ser humano” y tal vez la posibilidad de refundar a la nación y edificar un verdadero y sano pacto social.     

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los LeBarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México.

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Juegos de poder

¿La mentira del huachicol?

Estamos hablando de un negocio muy apetitoso para la delincuencia organizada que, sin duda, contaba con la colaboración de funcionarios dentro de la empresa petrolera.

Leo Zuckermann | Excelsior

¿Fue una mentira propagandística la lucha que hizo el gobierno de López Obrador para erradicar el huachicoleo de combustibles?

Lo primero que hay que decir es que este delito, claramente operado por mafias muy poderosas, le fue heredado del gobierno de Peña. Aquella administración no escondió el problema e incluso le puso cifras. En 2018, Pemex estimó que las pérdidas al erario alcanzarían hasta 60 mil millones de pesos por el robo de combustibles.

Estamos hablando de un negocio muy apetitoso para la delincuencia organizada que, sin duda, contaba con la colaboración de funcionarios dentro de la empresa petrolera, quienes alertaban a los criminales cuándo pasaría la gasolina por ductos “picados” con tomas clandestinas donde se extraía el combustible robado.

Llegó López Obrador y una de sus primeras acciones fue anunciar una estrategia para combatir el huachicoleo. Se decidió el cierre estratégico de varios ductos a lo largo del país que eran habituales objetivos de los ladrones. Esto desató un desabasto importante de gasolinas en varias regiones del país (Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Estado de México).

La maquinaria publicitaria de AMLO se puso en marcha. Ante las largas filas en las gasolinerías y, en algunos casos, el cierre temporal de estaciones por falta de suministro, el gobierno apeló al nacionalismo de los consumidores. La gente tenía que ser solidaria con su país que estaba combatiendo a las mafias que se robaban un recurso de la nación.

Vale la pena mencionar que, por aquellas épocas, aparecieron en la prensa versiones acerca de que, en realidad, la crisis de combustibles se debía a que el nuevo gobierno no había planificado bien la compra de gasolinas en el extranjero y, ante este error, se había inventado la lucha contra el huachicol.

El abasto, eventualmente, se repuso y, según las encuestas de aquella época, la real o presunta lucha en contra del huachicol le funcionó muy bien al gobierno en la opinión pública. La popularidad de AMLO creció. La gente mayoritariamente apoyó las medidas, aunque hayan generado desabasto.

De ahí en adelante, López Obrador declaró la victoria del Estado.

Al hacer un balance del primer año de su gobierno, el Presidente afirmó “que el problema estaba prácticamente controlado”. Luego, en varias ocasiones en su sexenio, declaró que, gracias a las acciones de su gobierno, el huachicoleo había disminuido de manera considerable, mencionando, incluso, cifras específicas sobre la reducción del volumen diario de gasolina robada.

De la revisión que hice de las declaraciones de López Obrador, hay que reconocer que en varias ocasiones también advirtió que el huachicol no estaba completamente erradicado.

Cualquier viajero por las carreteras de México podía atestiguarlo. En la autopista Ciudad de México-Querétaro, por ejemplo, en lugar de desaparecer, proliferaron las estaciones de abastecimiento ilegales de combustible robado. A la vista de todos se vendía el producto ilegal en una carretera vigilada por patrullas de la Guardia Nacional que no hacían nada para clausurarlas.

Según una nota de Reforma de agosto del año pasado, al inicio del gobierno de AMLO, “las acciones contra el robo de combustible lograron reducir las pérdidas de 3 mil 396.1 millones de litros al cierre de 2018 a sólo 378.1 millones de litros en 2019, pero poco a poco fue aumentando y ahora la ordeña de 2023 equivale a la registrada en 2016, cuando sumaron mil 626.5 millones de litros”.

Regreso, entonces, a mi pregunta original: ¿fue una mentira propagandística la lucha que hizo el gobierno de López Obrador para erradicar el huachicoleo de combustibles?

Los números dicen que, en un principio, sí hubo una disminución importante. Luego, en el ambiente permisivo de la estrategia de “abrazos, no balazos”, los controles se relajaron y el problema regresó.

Con fuerza, de tal manera que ahora el nuevo gobierno también ya le está dedicando recursos a solucionarlo.

Esta semana se anunció un operativo en un predio de Baja California, propiedad de un exsenador de Morena, donde hallaron un complejo industrial dedicado al huachicoleo, muy cerca de un ducto de Pemex. En el lugar había ocho millones de litros de combustibles.

En el puerto de Altamira, Tamaulipas, las autoridades confiscaron un buque que traía diez millones de litros de gasolina ilegal. Así se reconoció, por primera vez, una nueva modalidad de huachicoleo que ya se conocía desde el sexenio pasado: el ingreso de gasolinas que son más baratas en Estados Unidos y que entran como otros productos para no pagar los impuestos respectivos. El llamado “huachicoleo fiscal”.

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Asignatura pendiente

Hay irregularidades cometidas por quienes participan por un cargo dentro del Poder Judicial.

Martín Espinosa | Excelsior

Con el inicio, el domingo pasado, del periodo en el que los candidatos a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación pueden salir públicamente a buscar el voto ciudadano para las elecciones del próximo primero de junio, han surgido aspectos importantes a destacar como parte de la experiencia inédita que viviremos los mexicanos al estar en juego poco más de 881cargos, entre los cuales destacan nueve ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos magistraturas de la Sala Superior del Poder Judicial del Tribunal Electoral y cinco magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.

A lo complejo del proceso de votación para los ciudadanos (seis boletas de distinto color repletas de nombres, para la mayoría desconocidos), sume usted también la serie de presuntas irregularidades cometidas por quienes se han inscrito a participar por un cargo dentro del Poder Judicial del país.

Está, por ejemplo, la reciente candidatura de Roberto Yáñez Quiroz al Distrito Judicial Electoral 9, la cual ha “encendido las alarmas” en el sistema judicial. Este juez, conocido por su polémico historial en casos como los de Fox Corporation, Radiópolis y Chivas de Guadalajara, ha sido señalado por tener una actuación sesgada y decisiones que –según sus críticos– han favorecido a ciertos actores.

En el litigio entre Fox Corporation y Grupo Lauman, los abogados Paulo Díez y Carlos Villasante acusaron a Yáñez Quiroz de retrasar notificaciones, ocultar documentos y dictar medidas cautelares sin sustento, beneficiando así a la corporación estadunidense.

A pesar de estas controversias, Yáñez Quiroz ha logrado respaldo político suficiente para su postulación, lo que deja al descubierto las “grietas” en el sistema judicial mexicano. En lugar de garantizar imparcialidad, el proceso de selección continúa siendo vulnerable a influencias externas, permitiendo que jueces con un historial cuestionado sigan avanzando en su carrera judicial.

Mientras tanto, las reformas necesarias para asegurar la independencia y transparencia continúan siendo una asignatura pendiente.

RECUPERAR LA CONFIANZA…

Con un llamado a la independencia judicial, Marisela Morales inició el domingo pasado su campaña en busca del voto para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia.

“La justicia no tiene partido ni intereses; sólo debe servir a la gente”, destacó Morales Ibáñez, quien, acompañada de su familia, vecinos y amigos de la colonia Santa María Tomatlán, Iztapalapa, al oriente de la CDMX, de donde es originaria y nació su vocación por el derecho y la justicia, solicitó el voto de los ciudadanos para “ayudar a construir un Poder Judicial independiente, fortaleciendo la sana división de Poderes, con el ánimo de coordinar esfuerzos entre los mismos para lograr que México avance hacia un futuro más próspero”.

Entre sus propuestas, destacó la defensa de los abogados de oficio y la promoción de instituciones judiciales especializadas para mujeres, con el objetivo de atender sus casos con perspectiva de género y brindarles mayor protección; aseguró que su lealtad es con la Constitución y el pueblo de México y reiteró que de llegar a la Suprema Corte trabajará con firmeza para recuperar la confianza en el sistema de justicia.

LIDERAZGO FUERTE EN EL PRI…

Más tardó en declarar el secretario de Operación Política del PRI, el exgobernador tamaulipeco Manuel Cavazos Lerma, que la media hermana de Cuauhtémoc Blanco “no está muy violable que digamos”, que en ser cesado de manera fulminante por el líder nacional del partido tricolor, Alejandro Alito Moreno, y poner en su lugar –precisamente– a una mujer, talentosa priista, Alejandra Andrade, lo que envía una buena señal tanto hacia adentro como afuera del Revolucionario Institucional. Moreno Cárdenas insistió en que las declaraciones del tamaulipeco son inaceptables e inadmisibles y no reflejan la visión ni los valores que siempre ha defendido el PRI.

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Astillero

Yunes: ¿juego acordado? // Con madruguete, declina // Ramírez Cuéllar: zigzagueo // Hoy, Trump y sus aranceles

Julio Hernández López | La Jornada

A Miguel Ángel Yunes Márquez y a su ostentoso protector y promotor, Adán Augusto López Hernández, les tocó recular. Pero fiel a su estilo marrullero (por decir lo menos), el veracruzano se adelantó a la negativa oficial de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena de afiliarlo al guinda y retiró su solicitud (otra posibilidad, nada impensable, es que todo haya sido un juego acordado entre las partes).

Cierto es que el pragmatismo aritmético hizo a ciertos seguidores de la 4T aceptar el grotesco espectáculo de septiembre del año pasado, cuando Yunes Márquez pidió licencia para que su padre, que es su suplente (nepotismo manifiesto), asumiera el escaño y votara en el sentido acordado, aunque en pocas horas los problemas de salud del hijo desaparecieron y retomó el asiento legislativo. Aprobar la reforma judicial bien vale uno o dos Yunes, se conformaban algunos.

Pero además del virtual homenaje brindado sobre todo por López Hernández a los citados Yunes (ya había llevado Adán Augusto al hijo a entrevistarse con la presidenta Sheinbaum y a tomarse foto, luego publicada), se le concedió la presidencia de la Comisión de Hacienda del Senado y se le abrieron las puertas de la afiliación al partido hegemónico, y se asegura que a este clan se le premiaría con candidaturas viables a cargos en Veracruz, donde la gobernadora Rocío Nahle se había expresado duramente, casi en tono de ruptura, contra tales afiliaciones y pagos políticos.

Sin embargo, Yunes Márquez seguirá en la bancada senatorial de Morena, en la presidencia de la comisión citada y en espera de retribuciones electorales (el Verde puede ser una vez más la vía alterna). La decisión política superior de no aceptarlo en el partido guinda (no la de Luisa María Alcalde, que sólo ve pasar lo que sucede) da a las bases morenistas una pálida percepción de que son escuchadas y atendidas. Falta ver lo que suceda en otros casos, como el de Alejandro Murat, contra cuya afiliación a Morena se pronunciaron de manera directa el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, y otros personajes políticos.

Otro movimiento extraño se produjo en la Cámara de Diputados, donde en un primer episodio se difundió que el vicecoordinador de la bancada guinda, Alfonso Ramírez Cuéllar, había retirado la iniciativa que una semana atrás había presentado contra el fuero y contra cualquier privilegio que fracture el principio de igualdad ante la ley.

Siendo parte de la informal corriente claudista, pareció que Ramírez Cuéllar encabezaba una forma de respuesta ante la cantada confirmación de fuero al ex futbolista profesional Cuauhtémoc Blanco. Pero, a la hora de la verdad, el mismo diputado que denunciaba protecciones injustificables votó a favor de desechar el proceso de desafuero del ex gobernador de Morelos. Y ayer en medio de esa versión del retiro de su iniciativa, según eso para profundizar sobre su contenido, además de buscar el diálogo con legisladores de oposición.

Luego del zigzagueo informativo, Ramírez Cuéllar aseguró ante medios que su propuesta sigue firme, que continuará el proceso legislativo y que ampliará la discusión sobre el tema, pues nadie se raja. La dupla Monreal-Haces, mientras tanto, continúa en el control de San Lázaro, con claudistas ineficaces o entrampados.

Difícil circunstancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al emitir ayer sus precriterios de política económica un día antes de la definición trumpista de aranceles, que podrían descomponer en proporción variable las estimaciones del gobierno mexicano. Por lo pronto, los postulados de la oficina a cargo de Edgar Amador fueron a la baja, con expectativas restringidas y desaceleradas.

Y, mientras ayer la presidenta Sheinbaum se reunía durante unas dos horas con su gabinete para analizar escenarios ante las definiciones arancelarias de Trump que se harán esta tarde en la Casa Blanca.

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México SA

PJF: colusión y corrupción // Libera cuentas de criminales // Nada de ello es gratuito

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Es el cuento de nunca acabar, porque buena parte del Poder Judicial no sólo apoya a la delincuencia organizada –la de cuello blanco, de forma preeminente, aunque no única–, sino que ha demostrado fehacientemente que servilmente está a su servicio para lo que se le ofrezca. No se limita a liberar a todo tipo de hampones (la rapidez depende del tamaño de la coima), sino que, por ejemplo, se aplica cuando a su clientela le bloquean las cuentas bancarias, congeladas por actividades ilícitas. La mafia de los togados es una vergüenza para el país.

Cómo olvidar que el mismo día en el que en Estados Unidos el calderonista Genaro García Luna fue juzgado (y declarado culpable) por narcotráfico, en México un tribunal federal ordenó descongelar cuatro cuentas bancarias de su esposa, Linda Cristina Pereira, luego de tres años de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) las bloqueó por tratarse de recursos de procedencia ilícita.

Tampoco puede quedar en el olvido el mismo procedimiento, unos días previos a la decisión que benefició a Pereira, pero a favor del policía torturador Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho de García Luna, por tratarse de recursos de procedencia ilícita. En ambos casos, solícitos impartidores de justicia (Rolando González Licona, Eduardo Baltazar Robles, Amanda Roberta García González, Jorge Antonio Cruz Ramos, María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina) concedieron amparos para que el dinero sucio de dichos hampones volviera a circular. Y como estos ejemplos, muchísimos más, siempre asociados al crimen organizado.

El más reciente caso, que no el último, es el de los delincuentes Inés Gómez Mont (sobrina del secretario calderonista de Gobernación) y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes obtuvieron un amparo para que sus cuentas bancarias fueran desbloqueadas (desde el pasado 10 de marzo y por cortesía de los integrantes del tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, están a su disposición sin restricción alguna), a pesar de que el Ministerio Público cuenta con órdenes de aprehensión, son prófugos de la justicia y están acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Como bien lo dijo ayer el titular de la UIF, Pablo Gómez, “esto no puede ser producto más que de estructuras de corrupción; nada de ese tamaño es gratuito en ninguna parte del mundo. Una cosa es el error judicial o la mala interpretación de las leyes que hacen los jueces y otra que todos los jueces –o la inmensa mayoría de ellos, mejor dicho– caminan por el mismo sendero”.

Gómez Mont y Álvarez Puga, detalló Pablo Gómez, fueron acusados por de una serie de fraudes en el sistema de prisiones. Se cometieron una serie de falsas obras, ganaron mucho dinero ahí, en ese lugar. De tal manera que la justicia los empezó a perseguir, cuando las cosas cambiaron. Y entonces se fueron a vivir a Estados Unidos; han podido eludir la extradición de Estados Unidos a México hasta este momento. Esperamos que las cosas cambien y ellos sean extraditados, y tengan que enfrentar su responsabilidad ante los tribunales mexicanos. Por lo pronto, como medida preventiva, finalmente la Unidad de Inteligencia Financiera procedió a incorporarlos a la lista de personas bloqueadas. Sin embargo, por la generosa protección del tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, ahora pueden hacer operaciones libremente en el sistema financiero. Y como ellos, hay centenares de personas que han hecho cosas parecidas y que son liberadas por los jueces para que puedan usar de nuevo el sistema financiero.

El titular de la UIF detalló que del primero de diciembre de 2018 a marzo de 2025 se incluyeron en la lista de personas bloqueadas a 5 mil 904 personas físicas y mil 911 morales (empresas). En total, 7 mil 815 sujetos. Sin embargo, por orden judicial se desincorporaron a 910 personas físicas y 360 morales. En ese periodo las instituciones financieras han bloqueado 32 mil millones de pesos, 568.3 millones de dólares y 2 millones de euros.

Sin embargo, por la magia de la mafia de los togados de esos 32 mil millones se desbloquearon (sin juicio de por medio) cerca de 23 mil 576 millones de pesos por decisión de jueces federales, es decir, 74 por ciento del total de los dineros congelados por actividades criminales.

La presidenta Sheinbaum lo sintetizó así, porque no tiene otro nombre: colusión y corrupción de jueces y muchos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una razón más para lo que va a ocurrir el primero de junio.

Las rebanadas del pastel

¡Y ahora con ustedes… los aranceles recíprocos!