Lo que dicen los columnistas

Reforma universitaria, UMSNH, el cambio posible

Hoy Michoacán se convierte en ejemplo de que el cambio puede ir de la periferia al centro.

Ernesto Villanueva | Proceso

La reforma de la organización de las universidades públicas del país es parte de la agenda de la discusión pública. Hoy Michoacán se convierte en ejemplo de que el cambio puede ir de la periferia al centro. En efecto, en días pasados, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), acaba de materializar una reforma interna de largo aliento con la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de la nueva Ley Orgánica de la Benemérita y Centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (que en su artículo tercero transitorio aclara que es la misma institución que la conocida como Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo) y con adiciones importantísimas a la constitución local en su artículo 143.

Los cambios en las universidades públicas no son tarea sencilla; antes bien, resultan sinuosos y complicados. De ahí, por la razón anterior, que la rectora de la UMSNH, Yarabí González Ávila se ha convertido en un referente emergente en el país porque ha sabido cómo lograr la unidad en la diversidad y los consensos necesarios para que el Congreso del Estado plasmara lo que podría ser el nuevo modelo de la universidad pública. Existen, por supuesto elementos que sustentan mis afirmaciones. Veamos. 

Primero. El pasado 8 de enero se publicaron en el Periódico Oficial del Estado las  siguientes adiciones al artículo 143 de la Constitución local que no tienen desperdicio alguno: “La Benemérita y Centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo contará con un presupuesto pleno para el desarrollo de sus funciones, el cual deberá ser por lo menos el 4.5% del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en la lógica, que no podrá ser inferior al otorgado en el ejercicio inmediato anterior.

La elección del cargo de rectora o rector de la Benemérita y Centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se realizará de forma democrática, para lo cual, se deberá contar con la participación de sus órganos de gobierno y los tres sectores de la comunidad universitaria, siendo éstos, el de estudiantes, el de docentes y el de administrativos, los cuales deberán encontrarse en activo. La Benemérita y Centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo contará con un sistema propio de pensiones y jubilaciones para el personal docente y administrativo.” Se trata de una reforma que ha pasado desapercibida en el discurso público nacional, pero su trascendencia es de importancia capital: a) La Constitución le garantiza una garantía presupuestal progresiva que no puede ser menor a la del año anterior.

Un problema en las universidades públicas del país es la negociación política del presupuesto año con año sujeto a vaivenes ajenos al interés público, lo que en Michoacán no sucederá ya; b) Establece la elección democrática del rector o rectora con la participación de la comunidad universitaria y c) Genera certidumbre para académicos y empleados universitarios para preserva sus derechos adquiridos en sus respectivos contratos colectivos de trabajo. 

Segundo. En gran parte del país el proceso de elección de la persona titular de la rectoría se caracteriza por ser facultad de un órgano ajeno a la participación decisiva de la comunidad universitaria y, por supuesto, en Michoacán no era la excepción.  Y donde se ha vuelto tema de elecciones abiertas de la comunidad para este proceso se ha vuelto un proceso no menor de politización y manipulación de ahí que esta práctica haya justificado la primera opción como un mal menor.

En la UMSNH han encontrado la solución a este dilema en un plausible sistema de representación comunitaria con la participación de representantes de la comunidad universitaria basados en su experiencia y méritos. La nueva Ley orgánica establece una Comisión Especial del Consejo Universitario, hoy reconocido como la máxima autoridad universitaria donde la participación estudiantil recae en el estudiante con el promedio académico más alto lo que despolitiza esta representación. Por vez primera los méritos vencen a los vaivenes de la política. Asimismo, se establece la figura de la no reelección en la rectoría y se incorpora, como principio de la organización universitaria, la paridad de género en los cargos de gobierno.

Durante varios años, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) enfrentó una situación financiera particularmente grave, que la llevó a figurar entre las universidades públicas con mayores niveles de endeudamiento. No obstante, mediante una estrategia integral de reingeniería financiera, la institución logró recuperar su estabilidad económica y salir de dicha condición sin incumplir los compromisos establecidos en los contratos colectivos de trabajo vigentes, tanto del personal académico como del administrativo. De forma paralela, se fortaleció la autonomía del Tribunal Universitario, dotándolo de mayores capacidades institucionales, y se crearon unidades especializadas para la atención de conductas indebidas, con un enfoque tanto preventivo como correctivo.  

Tercero. Un aspecto históricamente controvertido ha sido el de las Casas del Estudiante, cuyo funcionamiento era motivo de cuestionamientos constantes. En la actualidad, un número creciente de sus integrantes ha demostrado un desempeño académico sobresaliente, lo que ha permitido consolidar su reconocimiento como parte orgánica de la universidad. En virtud de ello, dichas Casas reciben subsidios federal y estatal, en consonancia con el principio de progresividad en el acceso efectivo a la educación media superior y superior, particularmente para sectores en situación de vulnerabilidad. Durante décadas, la opacidad se consolidó como una práctica estructural en la gestión universitaria, con efectos nocivos para la rendición de cuentas, el acceso a la información pública y el control democrático sobre el uso de los recursos institucionales.

Con la entrada en vigor de la nueva Ley se establece ahora la obligación de publicar el presupuesto anual de ingresos y egresos en el Periódico Oficial del Estado y se prevé la presentación periódica de informes trimestrales de gestión ante el Consejo Universitario. De igual manera, la nueva normativa incorpora, con carácter transversal, principios fundamentales que fortalecen la cultura institucional: el uso del lenguaje inclusivo, la igualdad sustantiva de género, el acceso efectivo a los derechos culturales, la protección y promoción de los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental, la responsabilidad social universitaria y, de manera destacada, el fomento al pensamiento crítico.

Este último constituye, sin lugar a dudas, el eje articulador de una universidad pública que aspira no solo a formar profesionistas, sino a cultivar ciudadanas y ciudadanos con autonomía intelectual, capacidad de análisis y disposición al cuestionamiento reflexivo sobre los fines y medios de la vida social. 

Lo que por décadas fue considerado inalcanzable, se ha concretado en menos de dos años. Sin duda, se trata de una tarea colectiva de toda la comunidad universitaria; sin embargo, dicho proceso habría sido difícilmente posible sin los buenos oficios de la rectora Yarabí Ávila González. El modelo es, como toda obra institucional, perfectible, pero constituye ya un referente que merece ser examinado, documentado y, llegado el caso, adaptado y replicado como paradigma de reforma estructural en el ámbito de la educación superior pública en México. 

—

La leva del narco

Una de las formas de reclutamiento que se tiene registrado en la Ciudad de México y el Estado de México es las centrales de autobuses del Toreo y de la Tapo a los cuales llegan decenas o centenas de jóvenes buscando trabajo.

José Gil Olmos | Proceso

El secuestro y desaparición forzada de jóvenes para enrolarlos de manera forzada a sus filas por parte de los grupos del narcotráfico tiene varios años, quizá dos décadas, en varias regiones del país.

La desmemoria social que ha normalizado la violencia y, sobre todo, la gubernamental que quiere que ese infierno pase al olvido para no ser atendido, se rompe cuando llegan casos como el rancho Izaguirre en Jalisco.

Tal vez los primeros indicios de esta leva del narco la supimos cuando los Zetas y el Chapo comenzaron a secuestrar a jóvenes profesionistas –médicos, ingenieros, químicos, abogados, contadores, expertos en informática, etcétera­–, pero también soldados, policías, campesinos y albañiles para darle forma a la estructura delictiva y en el caso del Chapo construir los túneles por lo que traficaba la droga en la frontera con Estados Unidos.

La indolencia gubernamental, llámese policiaca, judicial, militar y de gobierno, han permitido la permanencia de estos lugares de reclutamiento, entrenamiento y de exterminio.

Este último término, el exterminio, no agrada a las autoridades, pero cómo llamarle a esta práctica de terror mediante la cual los grupos criminales exterminan la dignidad y voluntad humana y desaparecen los derechos más elementales de vida de quienes secuestran para sumarlos a sus filas de sicarios. No hay otra forma de llamarle a esta práctica paramilitar que tiene rasgos del entrenamiento que existe en la Escuela de las Américas y en la de los Kaibiles.

En todas las zonas de control de los grupos criminales se han registrado los casos de desaparición forzada de jóvenes e incluso de familias completas que son obligados a realizar trabajos como si fueran esclavos o como aquellos indios acasillados del siglo XIX que Bruno B. Traven retrato en su libro La rebelión de los colgados.

Una de las formas de reclutamiento que se tiene registrado en la Ciudad de México y el Estado de México es las centrales de autobuses del Toreo y de la Tapo a los cuales llegan decenas o centenas de jóvenes buscando trabajo.

En esos lugares y en las redes sociales publicaban anuncios de trabajo de supuestas empresas dedicadas al ramo de la seguridad y vigilancia. Ofrecían buenos salarios y prestaciones. Les pedían que llenaran unos registros con datos particulares para ser contactados tras realizar un filtro. Elegían a los más jóvenes, con familias lejanas.

Los miembros del crimen organizado ofrecían de manera engañosa trabajo con salarios superiores a los oficiales. La oferta es atractiva a quienes forman parte de población económicamente activa, pero que no tiene trabajo y que en noviembre de 2024 formaba parte de la informalidad laboral que ascendió a 32.8 millones de personas y que representó 54.6% de la población ocupada.

En Jalisco el CJNG era más directo en propuestas de trabajo mediante mensajes en redes sociales: “Se da mes y medio de adiestramiento. Durante el adiestramiento se les paga de 4 mil 500 a 5 mil 500 pesos semanales. Pasando el adiestramiento se les sube la paga, depende de cómo trabajen, de 6 mil 500 a 8 mil 500 semanales”.

Campamentos, centros de entrenamiento, estrategia de reclutamiento y la formación de sus propios cuadros son parte de una estructura bien diseñada por los grupos criminales que han saltado de ser simples grupos de narcotráfico de drogas a empresas trasnacionales con ligas en más de 40 países.

El rancho de Izaguirre es apenas la punta de la hebra que el fiscal Alejandro Gertz Manero tiene la obligación de tomar en sus manos para hacer una investigación de los miles de desaparecidos que son reclutados por los grupos del narco.

Por cierto, desde 2015 la entonces Procuraduría y hoy Fiscalía General de la República publicó en un comunicado de la existencia de estos narcocampamentos de entrenamiento en Tamaulipas. En agosto de ese año informó que atrajo la investigación por el aseguramiento de tres campamentos rústicos, así como de un área de adiestramiento físico en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en donde además fueron asegurados 20 fusiles de diversos calibres. La indolencia.

—

Razones

Teuchitlán, hechos y declaraciones

Son iniciativas positivas, aunque tardarán meses en poder implementarse.

Jorge Fernández Menéndez | Excelsior

En política y en la percepción de la gente, los hechos valen más que las palabras. Y la detención de El Lastra, acusado de ser uno de los reclutadores del Cártel Jalisco Nueva Generación, relacionado con el caso Teuchitlán, vale mucho más que los controvertidos discursos en las mañaneras sobre extrañas conspiraciones, de la misma forma que la sola existencia de ese centro de exterminio y la evidencia originalmente encontrada en él termina descalificando los intentos de tergiversar su existencia.

La detención de El Lastra, el hombre encargado del reclutamiento forzado y no del CJNG, y que había sido declarado como desaparecido en 2020 en Chiapas, realizada por la Defensa y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sí puede aportar información y credibilidad a las investigaciones. Acciones como la extraña visita a Teuchitlán organizada el viernes, donde familiares y comunicadores se encontraron con un predio que ya estaba limpio de evidencia alguna, lo que hacen es tornar más sospechosa cualquier conclusión.

El gobierno federal, que sabe cómo se fraguó la mentirosa versión de que había sido el Estado el responsable de Ayotzinapa (y lo sabe porque varios de sus dirigentes partidarios de entonces y que fueron funcionarios a partir del 2018 participaron en esa construcción) se apresuró a tratar de tomar el control del caso Teuchitlán para que no saliera de cauce cuando la información había tenido ya más de 620 millones de interacciones en las redes a nivel global (la noticia con mayor repercusión sobre México en los últimos años) y tomó acciones que terminaron siendo controvertidas.

Los seis puntos que anunció la presidenta Sheinbaum son un acierto, y son similares a los que anunció (y nunca le terminaron aprobando en el Congreso, entonces controlado por la oposición) el expresidente Calderón, pero su sólo enunciado descalificaba la política seguida por el expresidente López Obrador, que prácticamente acabó con la Comisión Nacional de Búsqueda y con todos los mecanismos que hubieran podido ayudar en la crisis de las desapariciones.

Son iniciativas positivas, aunque tardarán meses en poder implementarse plenamente. Por otra parte, la insistencia en la conspiración mediática fue un error: por una parte, esa declaración choca con los hechos. Puede o no haber habido compra de espacios en redes, y eso lo sabe el gobierno porque tiene en su seno a los principales compradores de espacios en redes y medios (ver el cuadro de pseudocomunicadores que ocupan las primeras filas y hacen 80 por ciento de las preguntas en las mañaneras lo comprueba) pero lo cierto es que el hecho, lo visto en Teuchitlán, fue tan terrible, tan contundente que se impone por sí mismo.  Pero la misma tesis de la conspiración genera un segundo error: le da a la oposición una trascendencia, un peso, una capacidad que hoy sencillamente no tiene. Ya quisieran panistas, priistas o emecistas poder desarrollar una campaña de tanto peso y amplitud, no tienen ni esas posibilidades ni esa capacidad.

Si la Fiscalía General de la República no había atraído el caso en septiembre pasado, cuando se descubrió el rancho y fue informada de él, y lo había dejado en manos de la fiscalía estatal del gobierno de Enrique Alfaro, allí la tendrían que haber dejado, ahora con un nuevo gobernador, Pablo Lemus, y un nuevo fiscal dispuestos a asumir esa investigación. Como se vio en la conferencia del fiscal Gertz Manero, a nivel federal no tenían mucho que informar y como se comprobó con la fallida visita del viernes al rancho Izaguirre, las posibilidades reales son que se les compliquen aún más las cosas. Si en Ayotzinapa hubieran quitado del gobierno a Ángel Aguirre y la investigación se hubiera dejado en manos del entonces fiscal estatal Iñaki Blanco, que había tenido buenos avances en el caso, en lugar de llevarlo a la entonces PGR, las cosas probablemente hubieran sido diferentes.

En estos temas hay que investigar y actuar, detener a los responsables y exhibirlos y olvidarse de conspiraciones mediáticas y declaraciones que terminan sonando vacías. La detención de El Lastra sí es importante por donde se vea y si hoy en la mañanera Omar García Harfuch proporciona información dura sobre este personaje y sobre los métodos de reclutamiento del CJNG eso tendrá un peso específico inocultable.

Y, por eso mismo, la ofensiva que han lanzado las fuerzas federales contra El Mencho y otros dirigentes del CJNG como El Sapo es lo que puede determinar un cambio en la percepción interna y externa sobre la seguridad en México. Se han sucedido los operativos y los enfrentamientos en toda la zona de operación de los principales dirigentes del CJNG en Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit y Zacatecas, y todo indica que más temprano que tarde la presión de las fuerzas federales llegará, ahora sí, a El Mencho y su gente. Tanto por Teuchitlán como por la presión de Trump, y por la propia convicción de la Presidenta y su equipo de seguridad, la estrategia es llegar hasta el capo y todos sus posibles sucesores. Eso es lo que puede cambiar realmente las cosas.

La detención de El Lastra es importante, como lo es la detención, en Chiapas, de El Lunático, uno de los principales líderes de la Mara Salvatrucha salvadoreña que estaba aún prófugo. Lo que debería servir para desechar el absurdo debate en redes en el que se embarcaron el presidente Bukele y los voceros de la 4T respecto a las estrategias de seguridad: el éxito o no de éstas se miden por sus resultados, no por sus declaraciones. Y eso, como decíamos, se aplica también al caso Teuchitlán.

—

Juegos de poder

Se abre un nuevo frente (de izquierda) para la Presidenta

Es una organización experta en movilizarse para presionar a los gobiernos.

Leo Zuckermann | Excelsior

Desde que comenzó su sexenio, Claudia Sheinbaum se encuentra asediada. López Obrador le heredó múltiples problemas y, luego, llegó Trump que, por sí solo, es un gran frente que tiene que atender cotidianamente la Presidenta.

Mala noticia: la semana pasada se abrió un nuevo frente de ataque en contra de su gobierno. Me refiero a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la organización que agrupa a los maestros más radicales de izquierda de los estados con mayor pobreza en el país: Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Es una organización experta en movilizarse para presionar a los gobiernos a aceptar sus demandas. Cuando consiguen algo, inmediatamente van por más.

Defienden a capa y espada las enormes prebendas que gozan con cargo al erario. Pero también tienen convicciones ideológicas marxistas-leninistas. Se vale. Son de los grupos que más se oponen, desde siempre, a las reformas orientadas hacia el mercado.

En este sentido, continuamente fueron aliados del lopezobradorismo. Cuando AMLO llegó a la Presidencia les cumplió la promesa de revertir la reforma educativa de Peña. En general, gobierno y la CNTE llevaron la fiesta en paz durante el sexenio pasado.

No así con Sheinbaum, quien llegó y se atrevió a cambiar el statu quo. Una reforma recaudatoria a la Ley del ISSSTE para los servidores públicos con mayores ingresos generó el malestar de la CNTE. Al parecer, el gobierno no consultó a esta organización, quien encontró en este tema una excelente razón para movilizarse de nuevo.

Lo hicieron con éxito. Dejaron de dar clases en sus estados y se vinieron a protestar, como es su estilo, a la capital. Aquí los recibió la propia Presidenta, quien rápidamente acordó retirar la dichosa reforma a cambio de que terminara la movilización.

Sí, cómo no. Ya parece que la CNTE iba a tomar su victoria e irse de regreso a trabajar. Eso no es conocer cómo funciona esta institución con la lógica de movilizar para presionar, ganar y seguir movilizando para presionar y ganar más.

Exactamente hicieron esto.

Lograron que la Presidenta retirara su reforma y congelara la edad de retiro de los maestros a 56 y 58 años para mujeres y hombres, respectivamente. No es ninguna menudencia. Le ganaron la partida a un gobierno con gran poder.

Acto seguido, la CNTE escaló el conflicto. La Ciudad de México vivió un par de días de caos vial por los bloqueos de esta organización, que anunció que ahora van por la derogación total de la Ley del ISSSTE de 2007.

Quieren, nada menos, una reforma profunda a las pensiones. Eliminar las cuentas de retiro personalizadas, las afores, para regresar al régimen solidario de antes de los noventa. Pretenden la estatización de un sistema que administra más de ocho billones de pesos que han ahorrado los trabajadores. Todo para que ellos puedan retirarse con una pensión mayor a la que tienen contemplada.

De llevarse a cabo esta reforma, cimbraría no sólo al sistema de ahorro para el retiro, sino a las finanzas públicas y la economía nacional. El erario quebraría (no tendría manera de financiar un régimen solidario como el de antes de las afores), disminuiría aún más el apetito por invertir en México (que de por sí ya es bajo) y entraríamos en una crisis económica como no se ha visto en lustros.

La Presidenta, frente a la amenaza de aranceles de Trump, ha tenido que salir a defender una de las joyas de la corona de las políticas públicas del neoliberalismo: el libre comercio. Ahora, frente a la amenaza de la CNTE, tendrá que hacer lo mismo con otras de las políticas de este periodo que tanto aborrecen: el sistema de ahorro para el retiro en cuentas personalizadas administradas por el sector privado.

¿Qué hará Sheinbaum con este nuevo frente de izquierda que se abrió?

Que hayamos llegado a esta situación denota que el gobierno carece de una operación política eficaz. No sé si fue Martí Batres, director del ISSSTE; Mario Delgado, secretario de Educación Pública, o Rosa Icela Rodríguez, titular de Gobernación, pero alguno o todos son responsables de no haber planchado con la CNTE la reforma al ISSSTE.

Ahora el gobierno está en un nuevo brete cuando tiene el plato lleno de problemas.

Desde el lado más radical de la izquierda, aliados históricos del lopezobradorismo, están calando a la nueva Presidenta.

Rápidamente le ganaron una primera partida y, fieles a su estilo, le subieron la apuesta. Si Sheinbaum ha demostrado inteligencia y templanza para aplacar la amenaza trumpista, ahora deberá exhibir una operación política eficaz con el fin de desmovilizar a los maestros más radicales, los que, efectivamente, quieren echar para atrás las políticas públicas del neoliberalismo e implantar el socialismo en México.

—

Astillero

Un Monreal, marginado // Secretaría de Marina en Zacatecas // Megalaboratorio de drogas // Cuauhtémoc Blanco y claudismo

Julio Hernández López | La Jornada

David Monreal, gobernador de Zacatecas, no fue informado del operativo encabezado por la Secretaría de Marina que descubrió e intervino un megalaboratorio para la producción de drogas sintéticas. Según el comunicado oficial, con el aseguramiento de esa propiedad, de casi 40 hectáreas, se evitó la producción de 27 mil 930 kilogramos de metanfetamina, que equivalen a 698 millones 250 mil dosis.

David, hermano del anterior mandatario, el diputado federal Ricardo Monreal, y también hermano del senador Saúl, quien aspira a dar continuidad a tal dinastía en el gobierno estatal, batalló ante reporteros locales que preguntaban por qué la evidente marginación de las instancias federales hacia la local: “no se informa, se toma la decisión al amparo de la rectoría de la mesa de construcción; no se dice nada, si hay resultados se dan a conocer (…) Estamos hablando de delincuencia organizada e inteligente. Estamos hablando de que en el pasado reciente se han comprobado complicidades, entonces imagínese que usted, diga: ‘vamos a ir a un operativo a la sierra porque allá hay un laboratorio, se nos informó’, pues no”.

El secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, preguntado por periodistas luego de conocer del operativo en un terreno de casi 40 hectáreas, reconoció que el viernes se había realizado la reunión rutinaria con autoridades federales y estatales, llamada Mesa de Paz, y nada informaron aquellas a las locales de lo que estaba por efectuarse: porque por parte de las autoridades de la Mesa de Paz, tanto federales como estatales, hasta el momento no tenemos dato alguno. Incluso dijo no saber si la operación se había realizado en territorio zacatecano o de otra entidad, pues se hablaba de un poblado llamado Carrizal o Carrizalillo y al parecer existe uno en Jalisco y otro en Tlaltenango (Zacatecas).

No es la primera vez en que una acción federal importante prescinde de la colaboración inmediata de las autoridades locales e incluso le oculta cuanto puede. Usualmente tales circunstancias tienen como referencia la desconfianza de un nivel de gobierno respecto al otro, al que supone infiltrado, indiscreto o cómplice (o alguna combinación de las tres posibilidades, o las tres).

Aquí llama la atención que forman parte del mismo partido, Morena, aunque en circunstancias de distancia agravadas por la intención del clan Monreal de mantenerse en el poder zacatecano y de las faenas que Ricardo Monreal ha realizado en San Lázaro a contrapelo de las intenciones e iniciativas de Palacio Nacional.

El caso de Cuauhtémoc Blanco está golpeando una parte sensible de la construcción conceptual de que llegando una mujer a la Presidencia de la República habrían de arribar todas. No porque dicho enunciado implicara que toda acusación contra un varón ha de darse obligadamente por cierta sino, en la especie, porque al actual diputado federal morenista (llegado por la vía selecta de lo plurinominal) se le ha brindado y se le sigue brindando una inocultable protección política, a tal grado que, por tres votos a uno, la Sección Instructora de San Lázaro determinó proponer al pleno (instancia que tomará la última decisión, se supone que esta semana) que no retire el fuero al ex futbolista profesional acusado por su media hermana de intento de violación.

Contra esa pretensión de mantener el manto legislativo cubriendo a Blanco se han organizado diputadas federales de Morena y otros partidos, con una peculiar voz convocante, María Teresa Ealy, organizadora de grupos de jóvenes en apoyo a la entonces candidata presidencial Sheinbaum y, ahora, diputada federal que es entendida como parte de la corriente claudista, cada vez menos discretamente confrontada con la de Ricardo Monreal y Pedro Haces (se menciona con frecuencia que Ealy fue invitada a esa postulación plurinominal por la propia Sheinbaum, versión que el autor de estas líneas propuso a la diputada que confirmara o desmintiera, lo que eludió: https://goo.su/t6Gg).

—

México SA

Tic, tac: vienen los aranceles // Cercano ya el 2 de abril // Río Sonora: ¿y la remediación?

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

La presidenta Claudia Sheinbaum lo ha dicho reiteradamente: México es un país libre, independiente y soberano, y nuestra soberanía no está a negociación, y cada que lo expresa en público la referencia obligada es la embestida de Donald Trump en contra de nuestro país, por mucho que el cavernícola de la Casa Blanca continuamente le lance piropos y de ella hable maravillas.

Lo cierto es que caen las hojas del calendario y el 2 de abril está a la vuelta de la esquina; es decir, la fecha fijada unilateralmente por quien despacha en la Oficina Oval para imponer aranceles recíprocos a lo que se le ocurra, y aunque México podría esquivar, en la medida de lo posible, buena parte de esa embestida, la amenaza se mantiene sobre todo si se recuerda de parte de quién viene el golpe imperial. Para eso, en Palacio Nacional confían en la negociación bilateral y en el contenido del T-MEC (de acuerdo con cifras del gobierno mexicano alrededor de 90 por ciento de las exportaciones nacionales al vecino del norte están libres de aranceles), aunque existen productos exportados a ese destino que han quedado fuera de ese mecanismo comercial.

Un par de esos últimos son el acero y el aluminio, más sus derivados, los cuales ya causan aranceles (25 por ciento) desde el pasado 12 de marzo, por mucho que al gobierno estadunidense se le ha documentado y demostrado que México exporta esos productos en menor cuantía de los que importa desde Estados Unidos, de tal suerte que la reciprocidad es mero cuento imperial, que para eso Trump se pinta solo. Y será el 2 de abril cuando el gobierno mexicano decidirá si recíprocamente arancela las importaciones gringas de dichos productos.

La presidenta Sheinbaum ha dicho que México no tiene impuestos a los productos que llegan de Estados Unidos, porque tenemos un tratado comercial. Entonces, si nosotros no le ponemos impuestos a lo que llega de Estados Unidos, pues Estados Unidos tampoco le pondría impuestos a lo que llega de México, porque es la reciprocidad. Entonces, por eso es tan importante que se haya aplazado hasta el 2 de abril, porque ya no sólo es México, Canadá y China, que fue el anuncio que hizo hace unos días o que ya veníamos desde el 2 de febrero, sino que nos pone, digamos, a México y a Canadá en el mismo marco que el resto del mundo.

La mandataria lo planteó así: Trump “había dicho: ‘bueno, por el tema del fentanilo y otros asuntos, a México lo vamos a sancionar’. Entonces, después dice: ‘bueno, no, se levanta todo lo que esté dentro del tratado comercial y pasa todo al 2 de abril’, en donde pasamos a ser evaluados como el resto del mundo. Obviamente, hay que esperar, porque también conocemos que a veces se dice otra cosa, pero en principio ya no va a haber estos aranceles porque hay un asunto de reciprocidad. Pero el 2 de abril no es como la vez anterior, que nos pasó a un mes cualquiera o que acordamos un mes cualquiera, sino el 2 de abril, ya es un asunto en donde México está en el marco internacional, no hay un asunto especial con México”.

Por eso mismo, la presidenta Sheinbaum no debe echar en saco roto lo que ella misma anunció semanas atrás: de consolidarse este tema de los aranceles, hay que hacer una evaluación muy importante de la diversificación geográfica de la economía mexicana; tenemos que reorientar la visión. Entonces, con o sin aranceles y por seguridad nacional, nuestro país debe abandonar la política de todos los huevos en la misma canasta.

No es gratuito que algunos organismos internacionales, como la OCDE, adviertan que la imposición de aranceles y el consiguiente aumento de la incertidumbre política y geopolítica actuarán como un lastre, en particular para la inversión empresarial y el comercio. Además, se espera que el aumento de los costos del comercio se traslade gradualmente a los precios de los bienes finales, lo que ejercerá una presión adicional sobre la inflación en muchos países y obligará a que la política monetaria siga siendo restrictiva durante más tiempo de lo previsto. Es probable que esos aranceles sean particularmente costosos para México y Canadá.

Las rebanadas del pastel

Dice la presidenta Sheinbaum que no puede tolerarse que seamos la decimosegunda economía del mundo y que nuestros ríos sigan contaminados. Qué bueno que lo subraya, porque desde hace más de una década, dos de ellos (Sonora y Bacanuchi) están contaminados por el ecocidio de Grupo México y el tóxico Germán Larrea (14 de agosto de 2014), y así se mantiene por la negativa del corporativo a reparar el daño, más la negligencia gubernamental. ¿Será que le tienen terror a ese barón?