Lo que dicen los columnistas

Arsenal

De juicios atorados, políticos carroñeros y la extremaunción al Inai

Francisco Garfias | Excelsior

Otra vez patearon el bote con el juicio de procedencia al diputado de Morena Cuauhtémoc Blanco, acusado por su hermanastra de intento de violación.

La Sección Instructora, que sesionó ayer en San Lázaro, se abstuvo nuevamente de votar si se admite o se desecha el juicio para quitar el fuero parlamentario al exfutbolista.

¿Son tiempos de mujeres? ¿Llegaron todas o es sólo un eslogan de gobierno? Son las preguntas que surgen.

Hay fundadas sospechas de que a Cuauhtémoc lo protege Morena. El oficialismo tiene mayoría en ese órgano legislativo facultado para admitir o desechar los juicios de procedencia. Sólo hay un opositor: el panista Germán Martínez.

El morenista Hugo Eric Flores es el presidente de la Sección Instructora. Al término de la sesión declaró que la mayoría de los integrantes de ese órgano le pidieron que elaborara un dictamen para someterlo a votación.

“Lo voy a elaborar y la decisión de admitir o desechar el juicio no pasa de esta semana”, prometió. La Instructora se declaró en sesión permanente. No le están dando largas. Este es un asunto de procedimiento. Estamos siendo escrupulosos en cuidarlo”, declaró Flores.

* Germán Martínez llevó a la sesión de la Instructora la Cartilla de los Derechos de las Mujeres que Citlalli Hernández, secretaria de la Mujer, repartió a los diputados. Pero ni así los convenció de admitir el juicio de Cuauhtémoc.

“Por supuesto que están retrasando el procedimiento una vez más. Ahora por dos o tres días, para seguir arrastrando los pies y que la víctima no tenga justicia”, afirmó el panista.

Y afirmó: “Aquí hay línea. Hay arreglitos y hay impunidad”.

Para Germán “no son momentos de burla, de cinismo, de mentiras como las de Noroña. Son momentos de conocer la verdad a secas…”. Raúl Bolaños, PVEM, también habló. Dijo que, si votar que se admita hace que el asunto se resuelva más rápido, “van a contar con mi voto”.

* No paran las consecuencias de las ocurrencias que heredó el expresidente López Obrador y que Claudia Sheinbaum concretó con la mayoría calificada artificial que el oficialismo tiene en el Congreso de la Unión.

A horas de que la Cámara de Diputados vote la extinción del Inai y deje la transparencia y el acceso a la información en manos del gobierno federal, los trabajadores del instituto están en pie de lucha por una liquidación digna.

Se manifestaron ayer en las instalaciones del instituto, transformadas en plataforma de protesta por la incertidumbre y el temor que existe entre los empleados de cara al futuro.

Desplegaron pancartas que decían: “¡Únete, son nuestros derechos!”; “¡La transparencia empieza en casa!”; “¡Respeten nuestra antigüedad!”.

Son más de 700 familias las que se ven afectadas por la incertidumbre y el temor de perder su sustento, según Adrián Alcalá, comisionado presidente del Inai.

Alcalá llevó a la última sesión del pleno del Inai una propuesta de compensación económica voluntaria que no alcanzó el consenso de los comisionados.

Ésta preveía una compensación de 90 días de salario bruto más 20 días por año trabajado para todo el personal que quisiera retirarse voluntariamente. El comisionado presidente les dejó claro que no se trataba de una liquidación oficial y que quien lo aceptara ya no sería transferido a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que asumirá las funciones el Inai.

Pero había otro problema mayor. La comisionada Julieta del Río recordó que los recursos para financiar el retiro voluntario son observables por la Auditoría Superior de la Federación y que, de ser así, habría que regresarlos.

La votación, que se realizó después de un largo receso, fue de tres a uno. El único que votó el programa de retiro voluntario, que los trabajadores aplaudieron, fue Adrián Alcalá.

* Noroña ya no halla cómo justificar la enorme incongruencia que cometió al poner en duda que el montón de zapatos, mochilas y ropa encontrados en el rancho Izaguirre hayan sido de personas asesinadas.

Ayer se quejó en la rueda de prensa que ofreció en la Cámara de Diputados: “Ha sido muy ruin que hayan estado planteando, bueno, ha habido alguna persona de los medios que inclusive dijo que yo me burlaba. No tiene vergüenza. ¿Cómo me voy a burlar del dolor de personas que buscan un ser querido?”.

No se burló, pero sí lo puso en duda.

Poco antes, Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, reviró al calificativo “carroñero” que la presidenta Sheinbaum le endilgó a la oposición.

“Carroñero es no recibir a las madres buscadoras, carroñero es no ponerse del lado de las víctimas, minimizar lo que está ocurriendo y no convocar a la unidad nacional para resolver el problema y dedicarse a insultar a los opositores”, dijo el panista. Y dio un dato que ilustra lo que vivimos desde que Morena llegó al poder en el 2018: la mitad de las desapariciones en México, desde que se inició ese registro hace siete décadas, son del sexenio de López Obrador.

Las desapariciones se cifran en 120 mil personas.

—

Juegos de poder

Basta ya de pretextos; resuelvan el problema de los desaparecidos

A mayor poder, mayor responsabilidad de entregar resultados.

Leo Zuckermann | Excelsior

Me parece increíble que el gobierno se queje de una supuesta campaña de la oposición en su contra por el tema de los desaparecidos, en particular después de los macabros hallazgos en el Rancho Izaguirre en el municipio jalisciense de Teuchitlán.

Vamos a suponer que esta información es cierta: que efectivamente existe dicha campaña.

¿Y qué?

¿No está la oposición para criticar al gobierno por sus errores y fracasos?

¿Acaso el rancho en cuestión no es un reflejo nítido de la estrategia fallida de la Cuarta Transformación en materia de combate al crimen organizado y el pertinaz rechazo de la administración pasada de resolver el problema de los desaparecidos?

Tan sólo hay que recordar lo que hizo López Obrador como opositor con el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala durante el sexenio de Peña. Cómo utilizó este tema para criticar el fracaso de un gobierno que no supo resolver el caso que, por cierto, sigue irresuelto.

¿Qué tipo de oposición quiere el oficialismo?

¿Una que se quede callada frente a horrores como los de Teuchitlán?

Pero, además, y más importante aún, ¿de qué oposición está hablando el gobierno?

Hace unos días presenté los resultados de la última encuesta de Buendía&Márquez, que demuestra las miserias en que se encuentra la oposición. Prácticamente no existe para el electorado. Son partidos marginales que no tienen ninguna capacidad de influir en el régimen político. Carecen de votos en el Legislativo para hacer algo. No tienen líderes vocales, como en su momento fue AMLO desde la oposición, que representen una alternativa política.

Con qué poquito se preocupa el gobierno. Citan a personajes que ya están retirados de la política y que opinan, como es su derecho, en medios de comunicación de nicho que se transmiten por internet.

Se victimizan, siguiendo la costumbre de López Obrador.

Pobrecito el gobierno que tiene que enfrentar a una oposición enana que ni cosquillas le hace.

Este gobierno y el pasado se han encargado de concentrar el poder en el Ejecutivo federal. Han establecido una nueva hegemonía política. Pueden hacer y deshacer a su antojo. Han reformado la Constitución sin ningún problema. Están a punto de quedarse con el único Poder que se atrevió a desafiarlos: el Judicial. Ya desaparecieron los órganos autónomos del Estado. Y todavía se quejan.

A mayor poder, mayor responsabilidad de entregar resultados. El oficialismo lo tiene. Que no use pretextos para sacarse el bulto de encima.

Porque a eso suena su preocupación por una supuesta campaña de la oposición en el caso de los desaparecidos. Un pretexto para victimizarse, desviar la atención y no hacerse responsables de la tarea que les corresponde, es decir, resolver problemas como los desaparecidos.

Ya son muchos los sexenios en que los gobiernos han fracasado en este asunto. Ni Calderón ni Peña ni López Obrador pudieron solucionarlo. Al 11 de marzo de 2025, la Comisión Nacional de Búsqueda reportaba 123 mil 808 personas desaparecidas y no localizadas en México.

Ésas son las verdaderas víctimas de esta tragedia: los desaparecidos y sus familias, que siguen buscándolos sin saber si están vivos o muertos, si existen o no restos que algún día puedan enterrar.

Celebro que la presidenta Sheinbaum haya decidido declarar el tema de los desaparecidos como una prioridad nacional tras el caso Teuchitlán. Ya era hora.

La mandataria está proponiendo varias medidas, que en realidad se habían planteado antes, pero nunca se implementaron a cabalidad, como la base única de información forense.

Otra que han prometido todos los gobiernos desde Calderón es un banco de identificación de ADN, de tal suerte que se puedan empatar los códigos genéticos de los desaparecidos con aquellos restos humanos que se encuentran en fosas clandestinas.

Pasan los años y nada de nada con respecto a esta base de datos de ADN.

¿Por qué el Estado mexicano es incapaz de ejecutarlo?

Este gobierno es estatista. Cree que el Estado puede hacer muchas cosas como administrar una línea aérea, ofrecer servicios hoteleros, refinar petróleo, diseñar un nuevo coche eléctrico y producir vacunas de tipos virales que han dejado de existir. Sin embargo, no ha podido desarrollar una base de datos de ADN de desaparecidos, por un lado, y restos humanos no identificados, por el otro.

En lugar de quejarse por una oposición inexistente e investigar supuestas campañas en redes sociales en su contra, que ejerzan el gran poder que tienen y resuelvan de una vez por todas la gran deuda pendiente que existe en este país con decenas de miles de desaparecidos.

—

Nudo gordiano

Metanarrativa del terror

Yuriria Sierra | Excelsior

Resulta inconcebible e, incluso, surrealista, el video realizado por presuntos miembros del CJNG. Todo lo ocurrido en el rancho de Teuchitlán, en Jalisco, y el video presentado anteayer por el cártel mismo, son mucho más que una escalada adicional de violencia criminal. Son, ante todo, un acto comunicacional que busca imponer significados específicos en el imaginario colectivo mexicano. El video difundido por el cártel tras la revelación de los macabros hallazgos no es simplemente un acto de autoincriminación: es un manifiesto político y simbólico, cuyo objetivo principal es demostrar quién ejerce, en la práctica, el monopolio de la violencia legítima en ciertos territorios.

Michel Foucault afirmaba que “el poder se ejerce más que se posee”, una frase que podría adaptarse al contexto actual mexicano de la siguiente manera: el crimen organizado ejerce no solamente el poder territorial bruto y propio del narco, sino que, además, ejerce un tipo particular de poder a través del lenguaje del terror visual, a la manera en que ya lo hacía ISIS hace más de una década. La violencia, en manos del CJNG y otros grupos similares, es un discurso en sí mismo; una forma retorcida y brutal de imponer mensajes y controlar territorios mentales, además de los geográficos.

No es casualidad la elección de los recursos visuales utilizados en el video del CJNG. El horror explícito, como señala Susan Sontag en Ante el dolor de los demás, genera fascinación y repulsión simultáneamente, paralizando al espectador y configurando nuevas reglas de lo visible y lo indecible en la sociedad. De esta forma, el CJNG no sólo comunica quién manda en términos fácticos, sino que redefine constantemente los límites de lo tolerable, convirtiendo a la audiencia en espectadores involuntarios de una puesta en escena cuya consecuencia última es la normalización del horror.

En términos de comunicación política, el video también es un desafío directo al Estado. Como menciona Giovanni Sartori en su clásico texto Homo Videns, en la sociedad contemporánea, lo visible prevalece sobre lo inteligible, generando percepciones inmediatas, irracionales y poderosas. El CJNG domina este aspecto comunicacional al enviar un mensaje perverso al gobierno federal y local: “Nosotros somos la autoridad real. Ustedes sólo simulan serlo”, parecieran decir en cada línea, sumado a las amenazas nada veladas de convertir Jalisco en el nuevo Sinaloa.

El Estado mexicano, por su parte, responde atrapado en la trampa discursiva tendida por los grupos criminales. Como dice Judith Butler, la vulnerabilidad surge cuando una entidad pierde su capacidad discursiva de responder efectivamente frente al acto violento. El silencio o la timidez de las respuestas gubernamentales acrecienta la vulnerabilidad social y refuerza la percepción del Estado (en todos sus niveles de gobierno) como entidad secundaria frente al crimen organizado.

Finalmente, como sostiene George Lakoff, “en política, el enmarcado (framing) lo es todo”. El video del CJNG representa un enmarcado estratégico brutal, pero efectivo, pues desplaza la conversación pública hacia una dinámica de desesperanza e impotencia ciudadana. La respuesta del Estado mexicano debe ser capaz de romper ese marco discursivo, recuperar la iniciativa narrativa y resignificar el lenguaje para devolverle a la sociedad mexicana la posibilidad de imaginar futuros alternativos al horror cotidiano.

Si la política es también la disputa por las palabras y el marco narrativo, el crimen organizado en México parece, desde hace décadas, estar ganando la batalla semántica. Recuperar el lenguaje, recuperar la palabra y recuperar la capacidad de narrar nuestra propia realidad será esencial para combatir no sólo la violencia física, sino el dominio comunicacional perverso y nocivo que ejerce el crimen organizado en la sociedad mexicana.

—

Astillero

Teuchitlán, ¿la verdad Gertz? // Fiscal de actuar a conveniencia // No a otra verdad histórica // Oposición, Trump e intervención

Julio Hernández López | La Jornada

Conforme a lo solicitado y anunciado por la Presidenta de la República, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) dará hoy un primer reporte sobre los hallazgos y circunstancias del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Precedido de constantes y fundadas críticas por su lentitud e ineficacia en la atención de múltiples casos relevantes, a la par de premura y contundencia en asuntos que le son de interés personal, y de conveniente acomodo a las necesidades del Poder Ejecutivo en turno, Alejandro Gertz Manero definirá el camino a seguir por la institucionalidad mexicana en este trascendente caso.

El descubrimiento de prendas de vestir, tenis y otros artículos de uso cotidiano en un municipio ubicado a una hora de Guadalajara, una de las tres ciudades más pobladas del país, ha provocado una indignación social que en el fondo es la acumulación de repulsa a episodios similares que han sucedido en esa entidad, asiento de uno de los dos principales cárteles criminales de dimensión nacional e internacional, y en otras poblaciones y regiones.

Si algo debiera quedar claro, por encima de las disputas partidistas e ideológicas que han rodeado el caso, sería la evidencia a escala nacional de modelos y patrones de reclutamiento forzado de personas, sobre todo jóvenes; desapariciones; sometimientos brutales; entrenamientos salvajes de despojo de la esencia humana; torturas y asesinatos. Todo ello en el contexto de otra conducta sistemática en los ámbitos de procuración e impartición de justicia y en el aparato general de gobiernos (municipales, estatales y federal), que en general han sido obstructores e ineficaces por complicidad, corrupción o provecho político (o combinaciones de estos factores).

Lo que diga Gertz Manero quedará entrampado entre posicionamientos desde ahora confrontados: hay una corriente que busca cargar culpas destacadas a los gobiernos obradorista y claudista, en la que sobresalen opositores actuales a la llamada Cuarta Transformación, muchos de los cuales a la vez fueron figuras destacadas en gobiernos del PRI y el PAN que sembraron y cultivaron en su momento buena parte de lo que ahora en negro y rojo se cosecha.

En segmentos de esa facción se aspira a crear las condiciones para que el trumpismo intervenga directamente en México y les ayude a un retorno al poder que por la vía electoral no han conseguido. Por ello impulsan las etiquetas de Internet de narcoestado y narcopresidencias, que a pesar de que la evidentemente onerosa inversión en tiempos electorales del año pasado no les funcionó, y se aferran al caso Teuchitlán con ánimos más electorales que genuinamente justicieros.

En defensa de las presidencias guindas, ciertos segmentos de apoyo han creído y creen necesario desbaratar los relatos derivados del rancho Izaguirre, al grado de desacreditar e infamar a organizaciones y líderes de búsqueda de desaparecidos y poner en duda los hallazgos en aquel lugar. La propia presidenta Sheinbaum puso un freno a tales elaboraciones, difundidas sobre todo en redes sociales, pero también mediante declaraciones de líderes 4T: una cosa es la legítima lucha de quienes buscan a los desaparecidos y otra cosa la politiquería desplegada por adversarios del anterior y el actual gobierno federal.

Otro ingrediente político es el relacionado con Movimiento Ciudadano y sus gobiernos en Jalisco, específicamente el de Enrique Alfaro, mencionado como corresponsable relevante, y el actual, Pablo Lemus. En esos mares agitados (política y crimen organizado, ni más ni menos) habrá de colocarse hoy el fiscal Gertz con un primer posicionamiento, que es de esperarse sea tan profesional y puntual que no caiga, como la propia Presidenta ha referido, en una verdad histórica más.

Y, mientras nuevamente ha sido aplazada la votación en San Lázaro sobre el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, ¡hasta mañana, con el retiro presidencial de una iniciativa de reforma al Issste, en acuerdo y después de una reunión con dirigentes de la CNTE!

—

México, SA

Industria petrolera, 87 años de historia // Neoliberales: quisieron, no pudieron // Reforma de Peña: regresar al pasado

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

A lo largo de tres décadas, el régimen neoliberal y sus corifeos no quitaron el dedo del renglón: privatizar la industria nacional de hidrocarburos y aniquilar financieramente a Petróleos Mexicanos era la fórmula mágica para convertir al nuestro en un país del Primer Mundo, donde sus habitantes vivirían como noruegos y todos serían felices. En ese periodo no lo lograron en su totalidad, pero llegado el año 31, con Enrique Peña Nieto en Los Pinos, finalmente concretaron una reforma energética mediante la cual, prometían, se concretarían dichos objetivos.

Coronada su fórmula mágica (mediante un Congreso coimeado a más no poder), lo único que hicieron los modernizadores fue abrir las puertas de par en par para el triunfal retorno de los vampiros trasnacionales expulsados del país en 1938 tras la expropiación petrolera del general Lázaro Cárdenas, más los grandes capitales autóctonos. Y manos a la obra: otorgaron 110 permisos a privados que (versión oficial) atraerían inversiones por miles y miles de millones de dólares e incrementarían la producción petrolera en no menos de 2 millones de barriles por día.

Eso y mucho más prometieron los reformadores, pero en los hechos la mayoría de los permisos otorgados fueron utilizados por sus beneficiarios (entre ellos un cuñado de Carlos Salinas de Gortari), sin arriesgar un solo dólar de su bolsillo, no para invertir en la industria petrolera, sino para la especulación financiera, mientras en materia productiva su participación en el total ha sido verdaderamente ridícula. La estadística de Pemex nos ilustra: en 2019 , ya maduros dichos contratos, representó 0.99 por ciento del total y para 2024 se incrementó a 1.02.

Así, el futuro prometido por los neoliberales fue regresar al pasado. Don Jesús Silva Herzog (autor del citado término vampiros) reveló en 1969 (en un estudio recopilado en el libro Una vida en la vida de México, FCE, 1986) que en 1911 las trasnacionales instaladas en el país produjeron 12.5 millones de barriles de crudo; en 1916, 40 millones; en 1921, 193 millones y en 1932, 32 millones. Un año antes de la expropiación petrolera succionaron 47 millones de barriles.

Hoy, a pesar de la política neoliberal de asfixiar financieramente a Pemex y endeudarla hasta la coronilla, su producción diaria de hidrocarburos ronda un millón 800 mil barriles por día, y desde 1938 no ha dejado de inyectar billonarias cantidades a las finanzas públicas. En 2018 se canceló la intentona neoliberal.

A las trasnacionales los neoliberales (no de gratis, desde luego, porque entre ellos corrió un mundo de dinero) le sirvieron la mesa (con los bienes de la nación), hicieron los cambios constitucionales a modo (para eso estaban los legisladores prianistas coimeados) y les entregaron todo (léase despojo garantizado). Y ellas, frotándose las manos, se dedicaron a especular con la riqueza petrolera mexicana, sin invertir un dólar pero ganando muchísimos, mientras el prometido Primer Mundo y la garantía de vivir como noruegos brillaron por su ausencia.

Ayer, en el acto conmemorativo del 87 aniversario de la Expropiación Petrolera, la presidenta Sheinbaum recordó los palabras del general Cárdenas: He hablado al pueblo pidiendo su respaldo, no sólo por la reivindicación de la riqueza petrolera, sino por la dignidad de México, que pretenden burlar los extranjeros que han obtenido grandes beneficios de nuestros naturales y que abusan considerándose ajenos a los problemas del país; con voluntad y un poco de sacrificio del pueblo para resistir los ataques de los intereses afectados, México logrará salir airoso y para ello confío en la comprensión y patriotismo de todos los mexicanos. Hoy podrá la nación fincar buena parte de su crédito en la industria del petróleo y desarrollar con amplitud su economía.

Y también recordó las palabras de Silva Herzog, personaje fundamental en la recuperación de los bienes nacionales: Es indudable que uno de los acontecimientos de mayor trascendencia en la historia de México ha sido la expropiación de las compañías petroleras, puesto que ello ha significado el principio de nuestra libertad económica; aquí estamos dando un mentís irrefutable a quienes han hablado y hablan todavía de la incapacidad de los mexicanos para manejar la industria petrolera; aquí estamos hoy, como hemos estado ayer y como estaremos mañana, siempre alertas para defender los legítimos y sagrados intereses de México.

Las rebanadas del pastel

Va para atrás la reforma a la Ley del Issste. ¿Quién metió la pata en su elaboración?