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Aquí no hay Derecho

Si el trío de la Sala Superior del Tribunal Electoral exhibe un adelanto de lo que nos espera con la nueva impartición de justicia, desconozco hasta dónde vamos a parar.

Luis Miguel Cano López | Proceso

Nuestro orden constitucional se ha violado, un producto de esa violación es la reforma judicial, ella viola derechos de la sociedad y de las personas juzgadoras, y ahora resulta que los derechos de la “elección judicial” que se han creado con esa violación se sobreponen a todos los demás derechos que han quedado en juego. Peor, hay un trío de personajes en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con entera disposición a salvaguardar aquella “elección”.

La realidad es tan grave que no soportan lo expresado en el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, programado para discutirse en el Pleno de la Corte este jueves. Un texto que debería convertirse en lectura obligada en cada clase de Civismo y en cada aula de Derecho para entender hasta dónde hemos tropezado.

Su estudio de fondo lo puede entender cualquiera, sin poder pretextar lo formalista del lenguaje jurídico. En él se admite que ahora cada autoridad puede decidir, a su conveniencia, cuándo acatar el Derecho y cuándo incumplirlo. Más en concreto, escoger qué resoluciones judiciales observar y cuáles ignorar. Al dar este paso, en mi opinión, le han confirmado a nuestra sociedad que la legalidad es mero adorno.

Si el trío de la Sala Superior del Tribunal Electoral exhibe un adelanto de lo que nos espera con la nueva impartición de justicia, desconozco hasta dónde vamos a parar. En el proyecto se le exhibe a toda luz, irrumpió en una competencia que no le corresponde, invalidó decisiones judiciales de amparo, se atribuyó una facultad que no tiene para juzgar a las instancias de amparo y con ello violó su independencia.

Tristemente, en el proyecto también se afirma que las suspensiones de amparo que han pretendido frenar la “elección judicial” son equivocadas, porque el juicio de amparo resulta improcedente en materia electoral y aunque excepcionalmente puedan combatirse en esta vía violaciones a derechos humanos ocasionadas por actos electorales, no abarca la impugnación de normas y actuaciones que versen sobre el ejercicio de derechos electorales. Más contundente, a partir de la acción de inconstitucionalidad 164/2024 y sus acumuladas, el proyecto recuerda que la Corte falló que las normas de la reforma judicial integran un sistema normativo electoral.

Aclara que no todos los contenidos de la reforma judicial son electorales y sólo respecto de ellos los juzgados y tribunales de amparo mantienen la posibilidad de estimar procedentes los amparos intentados y conservar las suspensiones que se acoten a aquellos componentes no electorales; como por ejemplo las regresiones a los alcances de protección para los derechos que ofrece el propio juicio de amparo.

Sin embargo, de aprobarse el proyecto, es muy clara la consecuencia propuesta, deberán modificarse las suspensiones dictadas y nada frenará la “elección judicial”. Lo cual me regresa al inicio de esta opinión, sin importar que nuestro orden constitucional se haya violado, la “elección judicial” que se ha creado con dicha violación se coloca encima de todos los demás derechos que han sido vulnerados.

Si el Pleno de la Corte logra sesionar, dado que se han planteado impedimentos de sus integrantes, y de reunirse votos suficientes respecto de esta segunda parte del proyecto comentado, las violaciones a los derechos de la sociedad y de personas juzgadoras provocados por la reforma judicial ya no encontrarán remedio oportuno en sedes nacionales. Nos habremos quedado sin estos derechos en esta realidad.

Escenario en el cual, ahora sí, de una vez por todas, ante la inutilidad de nuestras instancias judiciales internas, podrá avanzarse a sedes internacionales de garantía de derechos humanos, sin tener que aguardar la resolución de cientos de amparos. Pero un gravísimo daño estará consumado, porque en la práctica la sociedad podrá apreciar con toda crudeza que aquí no hay derechos que valgan más que el poder. La última esperanza sería el dictado de medidas cautelares desde sede externa que ordenaran conservar en sus cargos a las personas juzgadoras, pero sin Derecho, ¿alguien piensa que las autoridades oficialistas acatarán esa orden internacional?

Razones

Aranceles, corrupción, justicia

Otro tema que terminará saliendo en la negociación bilateral será el de la corrupción y la justicia, y con ello la reforma judicial, cuya elección de junio se ve cada día más tortuosa y manipulada.

Jorge Fernández Menéndez | Excelsior

CIUDAD JUÁREZ.— Las respuestas que está teniendo el gobierno federal ante los aranceles y otras medidas de Donald Trump son acertadas y sensatas.

Ante la imposición de aranceles de 25 por ciento a las importaciones estadunidenses de acero y aluminio no había, en nuestro caso, que contestar con represalias arancelarias porque simplemente no tenía sentido. Ayer en la mañanera, el secretario de Economía lo explicó muy bien: México tiene un comercio deficitario con Estados Unidos en acero y aluminio. Las empresas de la Unión Americana le venden a nuestro país seis mil 987 millones de dólares anuales de acero y aluminio. Como dijo Marcelo Ebrard, cobrar aranceles sería en contra de su propia economía (y de la nuestra).

Ya están a punto de iniciar los contactos formales (informales ha habido y muchos en distintos ámbitos, incluida, por supuesto la cancillería de Juan Ramón de la Fuente) para negociar estos temas con quienes serán los nuevos funcionarios de comercio de la administración de Trump que serán ratificados por el Congreso esta misma semana. Y allí se comenzarán a definir estos temas.

Hizo bien la presidenta Claudia Sheinbaum en no engancharse en una dinámica de respuestas arancelarias (como tendrán que hacerla otros países cuyo comercio de metales con Estados Unidos es superavitario, como Canadá, Australia, China, Corea del Sur o la Unión Europea). Con un agregado, el gobierno federal ha decidido impedir la compra disfrazada de acero chino para ser revendido a Estados Unidos como producto nacional. No es un punto menor.

Pero no es el único tema que aparece o aparecerá en la agenda bilateral. El tema migratorio como hemos dicho parece estar bastante controlado: hoy en Juárez como la semana pasada en Baja California, y poco antes en Tapachula, lo pudimos comprobar fehacientemente.

La seguridad está teniendo buenos resultados, aunque no sé si le alcanzará a Trump, que quiere medidas espectaculares, con ello. La colaboración de Omar García Harfuch con las agencias estadunidenses, sobre todo el Homeland Security, aseguran que está muy bien encaminada, lo mismo que la relación en estos y otros temas con Marco Rubio vía la Secretaría de Relaciones Exteriores. Del Ejército y próximamente la Marina con intercambio de información, inteligencia, incluso de elementos de fuerzas especiales para entrenamiento y capacitación.

Pero otro tema que terminará saliendo en la negociación bilateral más temprano que tarde, será el de la corrupción y la justicia, y con ello la reforma judicial, cuya elección de junio se ve cada día más tortuosa y manipulada.

Ahora sabemos que ni siquiera serán los ciudadanos los que contarán los votos que se llevarán de las casillas (en realidad, centros de votación, donde sólo habrá autoridades del Instituto Nacional Electoral y en los cuales se concentrarán varias casillas) a centros de cómputo del INE, lo que desde las reformas de los años 90 se había cancelado porque los votos se contaban en las casillas por los ciudadanos para que en el traslado no se rompiera la cadena de custodia. Ya no será así. La elección de junio será cuestionada desde todos los ángulos posibles.

A eso hay que sumarle que en los seis últimos años retrocedimos notablemente en la percepción de corrupción. México cayó al puesto 140 de los 180 países evaluados en el Índice de Percepción de Corrupción 2024, levantado por Transparencia Internacional. Caímos 14 puntos. Es la calificación más baja de nuestra historia desde que se levanta dicho índice, el puntaje de México es apenas de 26 sobre 100. En América sólo estamos mejor calificados (y por muy poco) que Guatemala (25), Paraguay (24), Honduras (22), Haití (16), Nicaragua (14) y Venezuela (10).

Transparencia Internacional, una organización reconocida a nivel global y con sede en Berlín, sostuvo que la baja calificación mexicana se debe a “la debilidad y opacidad del Poder Judicial, lo que ha limitado la aplicación efectiva de la ley y el acceso a la justicia. El Poder Judicial en México, cuya puntuación como país es la más baja hasta el momento, no ha logrado tomar medidas contra casos de corrupción emblemáticos, como Odebrecht y Segalmex” sostiene el informe.

No hay forma de que después de una reforma y una elección judicial controvertidas, que vulneran la independencia del Poder Judicial, salgamos bien librados de esa visión. Y, finalmente el tema se colará a las negociaciones comerciales y de seguridad con la administración de Trump.

Juegos de poder

Morena pone, Morena quita

Nos trataron de vender, y lo siguen haciendo, la mentira de que esto era un ejercicio democrático. Si los ejecutivos y legisladores se elegían por voto popular, ¿por qué no los jueces?

Leo Zuckermann | Excelsior

Mal comenzó y mal terminará la reforma judicial.

Parece que ya a nadie le importa un pepino.

Pero estamos hablando de uno de los tres Poderes de la Unión, fundamental para administrar el Estado de derecho, pilar que da certidumbre a los capitalistas.

Ya todos descontaron que esto comenzó mal y terminará mal.

El tema ya hasta da algo de flojera en los medios de comunicación. No atrae audiencias.

Sin embargo, las consecuencias de esta reforma fallida serán nefastas para el país.

Todo esto lo diseñó Andrés Manuel López Obrador para que su movimiento se quedara con el control de los poderes judiciales federal y estatales. Y lo logrará.

Un tercio de los candidatos que aparecerán en la boleta fueron definidos por el Poder Legislativo, cuyo control tiene Morena. Otro tercio, el Poder Ejecutivo, también controlado por Morena. El tercio restante supuestamente sería diferente, me refiero a los candidatos definidos por el Poder Judicial, pero, por razones políticas y legales, al final fue el Senado, controlado por Morena, el que determinó a los agraciados.

El siguiente paso será la elección, donde el partido en el poder, más grupos con capacidad de movilización electoral como los sindicatos, enviarán a sus huestes a votar por los que a ellos les convengan. De esta forma, quedarán los juzgadores afines con el partido gobernante. Se habrá cumplido el objetivo de purgar a los poderes judiciales y sustituirlos con gente leal que juzgarán con criterios políticos defendiendo, siempre, los intereses de Morena.

Nos trataron de vender, y lo siguen haciendo, la mentira de que esto era un ejercicio democrático. Si los ejecutivos y legisladores se elegían por voto popular, ¿por qué no los jueces?

O, como decía AMLO, “el pueblo pone y el pueblo quita”.

Pues no, porque en este caso el pueblo no pondrá. A los jueces los impondrá el partido gobernante, es decir, Morena.

Y en cuanto a quitarlos, pues tampoco el pueblo tendrá esa facultad. Porque arriba de todos los tribunales habrá uno llamado “Disciplinario” que podrá revisar las decisiones de los jueces, incluyendo los ministros de la Suprema Corte, y, si no les gusta lo juzgado, podrá removerlos.

En suma, Morena pone, el Tribunal Disciplinario quita.

Tribunal Disciplinario que, por supuesto, controlará Morena. Así que, al final del día, quien pondrá y quitará será este partido.

De esto se trata la reforma judicial.

Ya estamos viendo un avance de cómo serán los distintos tribunales, federales y locales, controlados por Morena: es lo que está ocurriendo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La Constitución ordena que debe haber siete magistrados en esta institución. El gobierno pasado de AMLO se rehusó a nombrar dos vacantes, por lo que se quedaron con cinco. Fue una hábil maniobra política porque, de la quinteta existente, Morena tenía el control de tres, es decir, de la mayoría. Me refiero a su presidenta, Mónica Soto, y los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes.

Esta triada se ha encargado de sacarle al partido gobernante decisiones fundamentales, como el de la sobrerrepresentación en el Poder Legislativo, que le permitió a Morena conseguir la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso.

Decisión que va al TEPJF, decisión que el gobierno y su partido ganan. Así de sencillo.

Soto y los dos Felipes incluso se han dado el lujo de inventar reglas que no existían. Frente al problema que tenía el Comité de Evaluación de candidatos del Poder Judicial, los tres magistrados le quitaron la facultad de determinar quiénes irían a la boleta y se la pasó al Senado. ¿Por qué? Por sus pistolas. O porque así se los pidieron sus jefes de Morena.

Claro, este trío ya es de los beneficiarios de la reforma judicial porque, a diferencia de todos los demás jueces, retendrán su puesto por otros tres años más.

El TEPJF dejó de ser una institución que adjudica justicia para convertirse en un órgano más del partido en el poder. Es parte de la nueva hegemonía política en el país. Si esto no es un escándalo mayor es porque la oposición en México dejó de existir y no hay quién demande la presencia de un tribunal electoral imparcial.

Bueno, pues después de las elecciones de junio, así serán todos los tribunales del país: parciales a favor de Morena. Nadie podrá ganarle un juicio ni al gobierno ni a su partido. No habrá Estado de derecho. No habrá justicia.

Arsenal

Los reyes del nepotismo

Francisco Garfias | Excelsior

Para nadie es un secreto que la cuatroté tiene incrustados a familiares y amigos en todas las esferas y niveles de gobierno. Apellidos como Batres, Alcalde, Monreal, Salgado, Gallardo, Jara, alimentan las críticas en ese sentido.

El pasado 5 de febrero, la presidenta Sheinbaum envió al Congreso la Ley contra el Nepotismo, que aplicará hasta 2027, año electoral.

La iniciativa levantó cejas en funcionarios y militantes del oficialismo. Otros se la tomaron con filosofía.

Uno de los más aludidos es el senador Félix Salgado Macedonio. Su hija es gobernadora de Guerrero y todo apuntaba a que él buscaría sucederla.

Pero ayer aseguró que apoya la iniciativa de Sheinbaum y se dijo dispuesto a esperar hasta 2033 para poder entrarle como candidato, si el pueblo de Guerrero así lo decide.

Añadió: “Me pasa lo que al chivo de la campana, me la colgaron a mí, pero en realidad la bronca no es conmigo. Sé que va por otro lado, pero no lo voy a decir”.

No hubo modo de que dijera quién, pero sus palabras dejaron pistas.

Más adelante destacó: “Ya fui acá con los del Verde. Acá mi hermano Manuel Velasco. Le digo: hermanito, la Presidenta de la República te dio un beso en la mano. Eres el único político al que le ha besado la mano. Ni modo que votes en contra. Yo, al contrario, estoy impulsando la reforma”.

Esto llevó a la reportera Leticia Robles a preguntarle si la reforma va dirigida a algunas personas, por ejemplo la senadora del Verde, Ruth  González, esposa del gobernador de San Luís Potosí, Ricardo Gallardo.

Todo SLP sabe que Gallardo quiere dejarla como su sucesora en Palacio de Gobierno. Se sabe también que otra carta fuerte para gobernar ese estado es Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación en el gabinete de Sheinbaum.

Saque conclusiones.

*Otro que declaró sobre nepotismo es Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN.

Dijo al respecto: “Morena trae un relajo con el nepotismo. El exjefe de Gobierno (Batres) dejando a la hermana como ministra; el expresidente (López Obrador) dejando al hermano de secretario de Gobierno en Tabasco.

“Si ustedes revisan, los reyes del nepotismo son justamente los administradores de Morena”, subrayó.

La iniciativa de ley dice que se entenderá por nepotismo la designación, nombramiento o contratación que realice un servidor público de personas con las que tenga lazos de parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado o vínculo de matrimonio o concubinato, para que preste sus servicios en la misma institución, dependencia o ente público en el que éste labore.

El tema nos llevó a buscar en Google ejemplos de nepotismo. En el portal de noticias Primera Línea de Oaxaca, leímos la siguiente nota: “Hijos, sobrinas y nueras: familia del gobernador Salomón Jara continúan apoderándose de altos cargos en función pública”.

El señalamiento se acompaña de una circular de Morena, fechada el pasado 4 de febrero, en la que informa que la dirección general del Infonavit nombra a Shunaxhi Nabaany Magdalena Jara, hija del mandatario estatal, como encargada de despacho en Oaxaca. ¿Qué tal?

*La semana pasada el INE aprobó la solicitud de registro como partido político a SomosMX, una agrupación política que se inspira en el modelo de María Corina Machado en Venezuela.

La opositora a Nicolás Maduro logró ponerse por encima de las ideologías”, según Fernando Belaunzarán, una de las figuras destacadas de esa agrupación política.

Izquierdista por convicción, Belaunzarán nos dijo que SomosMX quiere abarcar el espíritu “plural e inteligente” de la llamada Marea Rosa, que vimos protestar en las calles de la CDMX contra el autócrata Andrés Manuel López Obrador, en el último lapso de su gobierno.

Le preguntamos si buscarían aliarse con la oposición, en caso de que alcancen el registro. Respondió: “en 2027 no podemos; en 2030 depende con quién y en torno a qué…”.

Otros destacados miembros de SomosMX son Guadalupe Acosta Naranjo, Gustavo Madero, José Antonio Crespo, Cecilia Soto, Edmundo Jacobo Molina. “Y tenemos buena comunicación con Enrique de la Madrid”, remató Belaunzarán.

* Aeroméxico recibió ayer de Cirium, la fuente de aviación más confiable del mundo, la presea que la reconoce como la aerolínea más puntual del mundo. Enhorabuena.

Astillero

DEA: con dedicatoria a México // Nuevo directivo, de los duros // Cienfuegos: verdad oficial // Constancia de negociaciones

Julio Hernández López | La Jornada

La formación gubernamental explosivamente ofensiva contra México añadió ayer una pieza operativa sin sombra de duda respecto a su visión y propósitos: Terrence Cole, llamado Terry, estará a cargo de la agencia estadunidense de control de drogas (la DEA).

Con 22 años en esa agencia, Cole conoce la política mexicana y sus puntos críticos en relación con el crimen organizado y el fentanilo. En su hoja de servicios destaca su experiencia en Colombia, Afganistán y Ciudad de México. En 2020 se retiró siendo director regional interino para México, Canadá y América Central.

El 2 de abril de 2020, Breitbart News Network, el sitio de Internet de ultraderecha fundado por Steve Bannon (quien fue consejero en un tramo del trumpismo), publicó una entrevista con Cole: Los cárteles de la droga trabajan en estrecha colaboración con funcionarios corruptos del gobierno mexicano en los más altos niveles (…) Si el contribuyente promedio tuviera un conocimiento básico de cómo estos dos grupos trabajan juntos hasta el momento, se sentiría asqueado. A veces, es difícil saber quién es quién cuando se trata con cárteles, la policía federal, las fuerzas militares y el gobierno federal.

En otra parte del texto, titulado Exclusivo: Químicos mexicanos ayudan al cártel de Sinaloa a excluir a China del comercio de fentanilo, el próximo director de la DEA, si el Senado lo confirma, aseguró: El gobierno mexicano, al más alto nivel, es cómplice y trabaja codo a codo con estos cárteles en todos los niveles de fabricación, transporte y distribución. Las unidades de élite como la Semar están totalmente marginadas y la actual administración no les permite perseguir a los líderes de los cárteles (https://goo.su/aBKnK).

En otro flanco: el destemplado esfuerzo hecho ayer en la mañanera por la presidenta Sheinbaum y el fiscal federal, Alejandro Gertz Manero, da cuenta de la importancia que para la actual administración tiene tratar de sepultar el caso Cienfuegos, sujetándolo a la verdad oficial; es decir, a la versión fabricada por el propio Gertz en México, sin reconocer ni aceptar lo esencial: que el ex secretario peñista de la Defensa Nacional fue devuelto a México, como consta en actas judiciales del vecino país, por petición del Departamento de Estado, entonces a cargo de William Barr, en atención a gestiones del gobierno obradorista.

El truco intentado pasa por centrar el caso en la exonerante resolución mexicana, es decir, en el acomodo de Gertz Manero, a las necesidades locales y en evitar, desacreditar o silenciar el hecho fundacional, definitorio, de las negociaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos para que el general Salvador Cienfuegos fuera devuelto mediante el acordado retiro de cargos, sin definirse si el militar era culpable o inocente.

De esas negociaciones se habló abiertamente en la mañanera obradorista en noviembre de 2020. El entonces canciller, Marcelo Ebrard, dejó testimonio inequívoco deesos arreglos, al argumentar que el retorno de Cienfuegos implicaría una investigación mexicana sin escenarios de impunidad: Sería muy costoso para México haber optado por tener esta conversación, lograr que por primera vez se desestimen los cargos, que sea retornado a México y no hacer nada sería casi suicida; para eso, no hacemos nada, que se quede allá.

Añadió, para tratar de explicar la postura mexicana que en su momento se mencionó extraoficialmente como el amago de cancelar la colaboración institucional con la DEA y la expulsión de México de sus agentes: Pónganlo muy simple, hay dos caminos: o se repara esa violación al acuerdo que existe entre ambos (al no avisar Estados Unidos que estaba investigando a Cienfuegos), o entonces nosotros pondremos sobre la mesa a revisar toda la cooperación. Claro que hubo negociación y, derivado de ella, el gobierno de Estados Unidos pidió a la jueza del caso Cienfuegos que retirara los cargos, por razones de política internacional y cooperación entre ambos países.

México SA

Donald Trump: espada en ristre // Ruinoso destino manifiesto // Aranceles, balazo en el pie

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Si bien desenvainó la espada para agredir parejo a la comunidad de naciones y así, según él, mantener activo el ya destartalado destino manifiesto, resulta que en el caso concreto de México el enloquecido Donald Trump decidió imponer aranceles al acero y aluminio con todo y que Estados Unidos mantiene superávit en este renglón, es decir, su país los vende en un volumen y con una factura mucho mayor que en sentido contrario, amén de que el supuesto incremento de mil 678 por ciento en los envíos mexicanos (algo que se sacó de la manga) de tales productos es simple y llanamente una mentira.

Eso sí, lo que el magnate que despacha en la Oficina Oval logró en cuestión de minutos fue el rechazo absoluto a la guerra comercial que, en su afán imperial, intenta imponer en contra de la comunidad de naciones, porque sus decisiones no sólo afectan a sus socios más cercanos (México y Canadá), sino los países latinoamericanos, asiáticos y europeos, a quienes, en tan sólo tres semanas, ya los tiene hasta la madre por sus abusos, amenazas y desplantes.

Con paciencia digna de Job, la presidenta Sheinbaum reitera aquello de coordinación sí, subordinación no, y en la mañanera de ayer dijo que si bien Trump tiene su estilo, ella y su gobierno siempre defienden los intereses de México. Cierto es, dijo, que tenemos que establecer la mejor relación posible con el vecino del norte, pero buscando convencer al presidente de Estados Unidos y a todo su gabinete de que el Tratado Comercial (T-MEC) que tenemos ha generado una integración económica que beneficia a las tres naciones que, de común acuerdo, lo integran, y ese es un argumento muy importante.

El problema es que no se trata del balance comercial, si un país exporta o importa más o menos, sino del caprichoso y chantajista comportamiento del magnate que terminó siendo presidente estadunidense. Trump trata de imponer su voluntad pasándose por el arco del triunfo si sus decisiones son o no legales, si violan el derecho internacional o si agrede a terceras naciones. A él lo que le gusta es enseñar músculo, enviar un mensaje de fuerza para que el mundo se pliegue, aún más, a sus imperiales caprichos. ¿Hasta cuándo? Dependerá de la reacción de la comunidad de naciones, siempre con aquella frase en mente: el valiente lo es hasta que el cobarde quiere, y hasta ahora ella ha sido bastante blandengue.

En vía de mientras, la presidenta Sheinbaum instruyó al secretario de Economía que detallara cuál es el balance real en el comercio exterior de acero y aluminio entre nuestro país y Estados Unidos. De entrada, Marcelo Ebrard subrayó que es falso que la exportación de acero y aluminio mexicanos se incrementó mil 678 por ciento, que es la proporción que utilizó Trump en su orden ejecutiva para imponer aranceles de 25 por ciento, concretamente para el caso mexicano.

¿Dónde estamos en las exportaciones de México a Estados Unidos en 2024?; pues casi en el mismo lugar del promedio de 2025-2017; no hay tal mil 678 por ciento. Nosotros importamos más (acero y aluminio) de Estados Unidos; con México, ¿cómo le va a Estados Unidos? Pues nos vende más, nos vende casi 6 mil 897 millones de dólares más de lo que nosotros exportamos; por tanto, su balanza comercial le es favorable”. Pero incluye a nuestro país en el arancel de 25 por ciento. Otra cosa es cómo le va a Estados Unidos, si gana o pierde con cada país en materia de acero y aluminio.

Puso tres ejemplos concretos: Estados Unidos mantiene un déficit por 315 millones de dólares con Australia (pero el primer ministro australiano, Anthony Albanese, rápidamente anunció que Trump accedió a considerar una exención para ese país); Canadá le vende mucho más acero a Estados Unidos del que éste importa de la nación de la hoja de arce; China: Estados Unidos importa directamente de este país asiático casi 14 mil millones de dólares, y ese es su déficit.

Entonces, dijo Ebrard, “sería un caso inusual, porque se estaría imponiendo un arancel a un país al que tú, Estados Unidos, le vendes más; el presidente Trump a veces dice ‘sentido común’. Bueno, le tomamos la palabra, No balazo en el pie, no destruir lo que hemos construido los últimos 40 años”.

Las rebanadas del pastel

Es práctica común del Fondo Monetario Internacional meter las narices y las manos en todos los países y en todos los temas, sin que nadie lo convoque (condiciona, amenaza, chantajea), pero ahora que debe pronunciarse por las barbaridades arancelarias de Trump, serenamente asegura que es demasiado pronto para evaluar su repercusión en la economía mundial. ¡Cara dura!

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