Lo que dicen los columnistas

Simplificación y digitalización ya

La Ley Nacional de Simplificación y Digitalización pretende adoptar buenas prácticas regulatorias en línea con el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Jorge Bravo | Proceso

Con el anuncio de la Ley Nacional de Simplificación y Digitalización por parte de la presidenta Sheinbaum y el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Peña Merino, parece que estamos ante un momento crucial para transformar la relación entre el gobierno y los ciudadanos. La nueva ley busca reducir 50% los trámites y que 80% estén disponibles en línea.

La promesa de la simplificación administrativa ha sido un tema recurrente, pero pocas veces se ha materializado de manera efectiva. Desde la época de José López Portillo, pasando por el programa de gobierno electrónico de Vicente Fox, hasta la identificación del trámite más inútil durante la administración de Felipe Calderón, la simplificación ha sido más un discurso que una realidad.

Los mexicanos seguimos enredados en una maraña burocrática que consume tiempo, dinero, paciencia y confianza: en promedio, una persona realiza 486 trámites durante su vida, de los cuales 85% son estatales o municipales, aunque hay gobiernos locales más eficientes que el federal.

La simplificación administrativa es una cuestión de eficiencia, pero requiere la genuina voluntad política de adoptar tecnologías digitales para eliminar trámites innecesarios, hacerlos más sencillos y transparentes, y mejorar la relación entre gobierno y ciudadanos.

Además, es una herramienta poderosa para combatir la corrupción: reduce la necesidad de interactuar con intermediarios y funcionarios que aprovechan su posición para obtener beneficios personales. Gracias a la irrupción de las TIC, la corrupción deja de ser un problema cultural y se convierte en un asunto técnico, fácil de resolver con la digitalización.

El anuncio de la Ley Nacional de Simplificación y Digitalización (todavía no se presenta en el Congreso) busca eliminar las trabas burocráticas que enfrentan tanto personas como empresas. Uno de sus objetivos es homologar trámites, requisitos y tiempos de resolución, lo cual permitirá que los ciudadanos accedan a sus derechos de manera más rápida y eficiente. La ley pretende adoptar buenas prácticas regulatorias en línea con el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La ATDT, encargada de implementar la ley, tiene una tarea monumental. Según el Reglamento Interior de la Agencia, esta dependencia coordinará la simplificación y digitalización de trámites, promoverá la interoperabilidad de los sistemas de información, la adopción de la identidad digital y la creación de un Portal Único Ciudadano de Servicios. Este portal será la “ventanilla” para que personas y empresas puedan realizar trámites en línea sin tener que acudir físicamente a las oficinas gubernamentales.

Para que la simplificación y digitalización sean efectivas, se requieren varias condiciones. En primer lugar, es necesario contar con una infraestructura tecnológica robusta que permita la interoperabilidad entre los diferentes sistemas de gobierno. Esto implica que las bases de datos de las distintas dependencias puedan comunicarse entre sí, lo cual facilitará la automatización de trámites y reducirá la necesidad de que los ciudadanos presenten documentos que el gobierno ya tiene. Precisamente, la ATDT tendrá acceso y gestión de todas las bases de datos de la administración pública federal para interoperar los sistemas a escala nacional. Este es un poder digital enorme.

Segundo, se necesita un marco legal claro que garantice la validez de los documentos digitales y la firma electrónica avanzada. Esto es primordial para que ciudadanos y empresas puedan confiar en los trámites en línea y no tengan que recurrir a versiones físicas de los documentos.

Tercero, contar con un programa de capacitación y formación de talento digital para los servidores públicos, que les permita entender y manejar las nuevas tecnologías. La simplificación implica cambiar los procesos, pero principalmente la mentalidad y la cultura burocrática de quienes los ejecutan. La ley prevé crear un Centro Nacional de Tecnología Pública y una Escuela Pública de Código, para formar a los servidores públicos en áreas como desarrollo de software, programación y telemática.

Finalmente, es necesario un esquema de inclusión digital que garantice que todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación geográfica o escala de ingresos, puedan acceder a los beneficios de la simplificación y digitalización. No todos tienen acceso a internet; para ellos deben crearse brigadas de facilitadores (por ejemplo, del programa Jóvenes construyendo el futuro) que les permita realizar trámites en línea vía puntos de acceso público, sucursales o espacios en dependencias oficiales.

Uno de los modelos más avanzados de Estado digital es Estonia, país que ha digitalizado casi la totalidad de sus trámites gubernamentales. Los estonios votan, pagan impuestos, registran empresas y acceden a servicios de salud en línea, todo ello con un alto nivel de seguridad y privacidad. La clave del éxito estonio ha sido la identidad digital única que permite a los ciudadanos acceder a todos los servicios públicos con un solo identificador.

La ATDT creará la Llave MX, una identidad digital para acceder a los servicios de manera segura y eficiente. Para que este sistema funcione, es necesario garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a esta herramienta, lo cual implica crear la identidad digital y alfabetizar a la población.

La población es desconfiada de la autoridad y puede creer que el gobierno busca tener un control digital sobre sus actividades, como el pago de impuestos. Sin embargo, las personas ya experimentamos los beneficios de la transformación digital durante la pandemia, por lo que están creadas las condiciones para avanzar rápidamente en la simplificación y digitalización. 

La futura Ley Nacional de Simplificación y Digitalización es una oportunidad histórica para transformar la relación entre gobierno y ciudadanos y, ahora sí, que nadie se quede atrás, porque es una cuestión de justicia. Eliminar trámites innecesarios, reducir la corrupción y mejorar la relación y confianza entre el gobierno y la población es prioritario.

Por primera vez se observa la cuadratura del círculo: voluntad política, tecnologías disponibles, enfoque inclusivo y ejercicio de derechos. México puede convertirse en el primer Estado digital de América Latina.

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Razones

Sheinbaum-Trump: los acuerdos

En el ámbito de la seguridad se tendrá que seguir y reforzar la actual estrategia, pero se esperan algunos golpes políticos que le den una dimensión y credibilidad mayor aquí y, sobre todo, en Estados Unidos.

Jorge Fernández Menéndez | Excelsior

No sé si el avión militar de reconocimiento que recorrió el golfo de California o el portaviones que transitó —en aguas internacionales— frente a Ensenada fueron juegos de guerra del trumpismo, un mensaje de la Casa Blanca o simplemente algo que ocurre con mucha frecuencia sin que nos enteremos. El mismo día que ese avión de reconocimiento cruzó el mar de Cortés, sin violar el espacio aéreo mexicano, estaba en la frontera el secretario de Defensa, Pete Hegseth; no sería extraño que hubiera seguridad adicional. Seguridad que se puede obtener, además, por innumerables satélites.

En el caso del portaviones, Ensenada está a un paso de la base naval militar de Estados Unidos en San Diego, por allí transitan con regularidad buques de guerra. O puede ser también que, como hemos dicho, estemos ante una nueva etapa de colaboración entre las Fuerzas Armadas de México y de Estados Unidos.

No sería inverosímil. Es evidente que muchas cosas están cambiando desde el 20 de enero pasado y se confirmó con la plática que tuvieron este lunes la presidenta Sheinbaum y Donald Trump. Habrá, desde ya, una renegociación, como habíamos adelantado, del T-MEC, que no esperará hasta el 2026: Trump la quiere iniciar ya, quizá sea una renegociación bilateral y no necesariamente trilateral, con Canadá. Y nos conviene como país que sea lo más rápido posible, para tener una base firme de la relación con la administración Trump.

De la mano con esa renegociación se tendrá que negociar un acuerdo de seguridad, como también hemos dicho, que irá mucho más allá de cualquiera de los que se han establecido hasta ahora; es imprescindible y servirá también para tener certidumbre en el tema y, además, para tener una batalla mucho más eficiente contra la delincuencia. Yo no veo problema en que se designe como terroristas a los grupos criminales, tampoco ello implicaría una intervención directa, militar, de Estados Unidos en México, como algunos piensan, salvo que nos enfrentemos a una catástrofe política y diplomática, que no se avizora.

Y serviría para muchas cosas positivas, una de ellas, indudable, es obligar, por sus propias leyes, a que el gobierno de Trump combata la venta de armas a los grupos criminales. Uno de los principales capítulos de la designación de cualquier organización como FTO por el gobierno estadunidense incluye la prohibición absoluta de la venta de cualquier tipo de armas a esos grupos. Es un instrumento mucho más útil que la vía judicial que ha intentado el gobierno mexicano hasta ahora. Eso reforzaría enormemente nuestra posición en ese tema.

Simultáneamente a la negociación del nuevo acuerdo, tanto comercial como de seguridad, se tendrán que dar modificaciones internas importantes, porque, si no, se vulnerarán los propios acuerdos. En el ámbito de la seguridad se tendrá que seguir y reforzar la actual estrategia, pero se esperan algunos golpes políticos que le den una dimensión y credibilidad mayor aquí y, sobre todo, en Estados Unidos.

En el terreno económico y comercial eso también ya está ocurriendo: México ha dado marcha atrás en el tema de la compra del maíz transgénico, un absurdo en el que nos embarcó la anterior administración y donde perdimos el panel de controversia sobre ese asunto. Con las nuevas normas energéticas que anunció la presidenta Sheinbaum quedó un amplio espacio para inversiones privadas de todo tipo. La información de ayer sobre la producción de semiconductores va en el camino de atender una de las mayores exigencias (y de nuestras mejores oportunidades) de la estrategia de distanciamiento de Estados Unidos con China.

La presidenta Sheinbaum ha ordenado acabar con las compras gubernamentales a China y ha pedido a los empresarios atender el tema del acero y el aluminio importado de ese país, lo que causó fuertes y justificadas quejas de la Unión Americana. Pareciera que en todos estos temas se están alineando los intereses y es una buena noticia.

Pero falta más. En diciembre pasado decíamos aquí “que, más temprano que tarde, el gobierno federal tendrá que decidir si avanza con la reforma judicial, así como está planteada y renuncia al T-MEC, o cumple con éste y adecua la reforma a lo que el tratado estipula. No es un tema de interpretaciones, estamos hablando de la letra del propio T-MEC.

“En el capítulo XXI sobre política de competencia del T-MEC se señala que cada parte proporcionará a una persona que esté sujeta a la imposición de una multa, sanción o medida correctiva por violación de sus leyes nacionales de competencia, la oportunidad de solicitar la revisión judicial por una corte o tribunal independiente, incluyendo la revisión de supuestos errores sustantivos o procesales, a menos que la persona acepte voluntariamente la imposición de la multa, sanción o medida correctiva”. Lo mismo dice en el Capítulo XIV del T-MEC referente a la inversión y en el capítulo XXIII sobre política laboral.

Con la elección de jueces, magistrados y ministros por vía del voto popular y con candidaturas propuestas por el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión, se compromete la garantía de tribunales independientes. ¿Puede establecerse una renegociación del T-MEC sin cumplir con sus normas básicas o quizás se piensa (o se negoció) que avanzando en temas como el fentanilo y la migración, energía y agricultura, Estados Unidos ignorará esos cambios en las normas del propio tratado?

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Arsenal

Cuauhtémoc, el fuero y la destitución del fiscal

Francisco Garfias | EXcelsior

Se salieron con la suya. El Congreso de Morelos, de mayoría oficialista, aprobó ayer destituir al fiscal del estado, Uriel Carmona. El dictamen votado dice que dejó de cumplir los requisitos de permanencia en el cargo. Pero el motivo real es que se atrevió a solicitar el desafuero de Cuauhtémoc Blanco por intento de violación y amenazas en contra de su media hermana Fabiola.

El caso del desafuero del exgobernador de Morelos y ahora diputado de Morena, fue la gota que derramó el vaso. En otras palabras, separan del cargo a Carmona por haber dado curso a la denuncia de una mujer supuestamente agredida sexualmente por un morenista que fue gloria del futbol nacional. “Las pruebas directas e indirectas hacen creer que este acto sea presumiblemente cierto, y esto nos obliga a proceder”, le dijo el exfiscal Carmona a Manuel López San Martín de MVS.

Pero como el supuesto agresor es un diputado federal del guinda hay que protegerlo, cesando al fiscal que lleva el caso.

¿No que era el sexenio de las mujeres? ¿No que llegaron todas? ¿Qué va a pasar con Cuauhtémoc? ¿Le apostarán al olvido? Son preguntas.

La solicitud de desafuero no llegó a San Lázaro. Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, lo corroboró personalmente en la oficialía de partes y en la secretaría general de la Cámara de Diputados. Interrogado sobre el tema dijo: “No adelanto vísperas. Entiendo muy bien los motivos que existen, a veces de carácter político y a veces de carácter tergiversado. No voy a prejuzgar. Me espero a que se presente, y serán las comisiones pertinentes las que le den el curso que se necesita en este tipo de procedimientos”, puntualizó.

* A Carmona lo traen desde hace años. La entonces fiscal de la CDMX, Ernestina Godoy, hoy consejera jurídica de la Presidencia, le tenía ojeriza. Lo detuvieron por el “auxiliar” en el feminicidio de Ariadna Fernanda, ocurrido en la CDMX en octubre de 2022. El cuerpo de la joven fue encontrado en la carretera Cuautla-Tepoztlán, en Morelos. La necropsia de la fiscalía estatal indicó que Ariadna murió por broncoaspiración e intoxicación alcohólica. No fue asesinada. De inmediato lo hicieron cómplice del feminicidio y lo metieron preso. Pero el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México decretó el sobreseimiento del proceso contra Carmona, por considerar que no existe evidencia que apoye los cargos que se le hicieron. La mismísima Claudia Sheinbaum, durante su campaña como candidata a la Presidencia de la República, dijo que Carmona se tenía que ir del estado, porque era responsable de la inseguridad en Morelos.

* Manuel Añorve, coordinador de los senadores del PRI, considera excesivo que el oficialismo celebre el acuerdo de Sheinbaum con Donald Trump, como si se hubiese ganado la copa del mundo de futbol. El legislador admite que debe verse con buenos ojos la mesa de diálogo con el gobierno del presidente Trump, aunque aclaró que no deben echarse las campanas al vuelo porque nos dio un mes de gracia con los aranceles.

Nos dijo: “Esa mesa de diálogo que tanto se festeja no debe ser sólo hacia fuera, sino también hacia adentro y eso no se está dando. No falta quien se envuelva en la bandera nacional diciendo que los que no se suman a estos logros son traidores a la patria”.

Como ejemplo de la exclusión que existe puso el caso de la Corte y la decisión de Sheinbaum de excluir a los ministros que no se identifican con la 4T y que no fueron invitados a la ceremonia para conmemorar los 108 años de la Constitución.

“Si presumimos una nueva Constitución con las reformas que se hicieron ¿por qué golpear al federalismo y a la división de Poderes?” se preguntó.

Concluyó: “Es el gobierno el que debe de mandar una señal de unidad. Nadie está obligado a aplaudir las acciones del gobierno cuando ni siquiera te llaman a un diálogo”.

* Del tema Trump y los acuerdos con Sheinbaum hablamos con el morenista Alejandro Murat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Ve nuevas alternativas que pueden beneficiar a ambos países. Sabe que ya se convocó a la revisión del T-MEC y considera que ahí es  donde hay que enfocarse en los siguientes meses.

“Seguramente en esa revisión es donde estará la negociación más fina entre la administración del presidente Trump y la de la Presidenta. Lo que podemos ver es un primer acuerdo de trabajo conjunto. Ya está claro en ambas administraciones que hay que enfrentar el problema de la migración y el combate a la delincuencia organizada”, subrayó.

Previamente hizo énfasis en que el mensaje que ha mandado la Presidenta en todo momento es de coordinarse y ampliar la relación con EU, pero sin subordinarse.

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Astillero

Otra cuauhtemiña a la justicia // Tumban a fiscal en Morelos // Edomex: operación Estambre // Trump y su ira exterminadora

Julio Hernández López | La Jornada

Poco tiempo duró en firme la solicitud de retirar el fuero al diputado federal Cuauhtémoc Blanco: apenas iba a registrarse en San Lázaro la mencionada petición cuando su promotor, el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara (nombrado cuando el gobernador de Morelos era el muy impugnado perredista Graco Ramírez), fue destituido a petición (con argumentos sumamente generales, no específicos) de la gobernadora morenista Margarita González Saravia (supuestamente muy orientada a buscar que se castigue la desastrosa gestión del ex futbolista profesional) y de la mayoría morenista en el Congreso del estado (14 votos a favor y cuatro en contra).

El ex gobernador Blanco ha sido sumamente protegido y beneficiado por el morenismo, a pesar de las evidencias de corrupción, nepotismo y mala administración. La 4T le dio fuero al hacerlo diputado federal por la vía plurinominal e incluso lo colocó, a pesar de su inocultable desconocimiento de esos temas, como secretario ¡de la comisión de presupuesto y cuenta pública!

Ahora, acusado de tentativa de violación contra su media hermana (además de otros señalamientos relacionados con manejo presupuestal corrupto), el ex futbolista vuelve a hacerle la cuauhtemiña a cualquier posibilidad justiciera. ¡Ah, y la gobernadora González Saravia colocó a su consejero jurídico, Édgar Maldonado, como nuevo fiscal, no para cubrir los dos años que faltaban al destituido Carmona Gándara, sino por nueve años completos!

Ayer, muy de mañana (entre 6 y 6:30 am), cuatro personas armadas secuestraron a un representante de comerciantes del poblado de Santa María del Monte, municipio de Zinacantepec, en el estado de México. Fue en represalia porque los comerciantes no pueden seguir pagando la cuota exigida por el grupo del crimen organizado que con toda impunidad controla ese lugar y sus alrededores.

Mil pesos por cada vendedor que participe en los tianguis, exigen. También cobran a taxistas, 500 pesos diarios, e incluso por hacer fiestas particulares. Nada se hace contra los grupos criminales, a pesar de que con datos se han presentado denuncias de extorsiones y secuestros, a sabiendas de la colusión entre delincuentes y autoridades. No se han cumplido órdenes de aprehensión. Un reporte de la fiscalía federal de justicia, del que en esta columna se han tomado referencias, señala que hay indicios de complicidades locales con el crimen organizado.

Entre los grupos criminales hacen circular una broma ácida: aquí no se aplica la operación Enjambre (como sucedió en municipios cercanos, por ejemplo Amanalco de Becerra, cuya presidenta municipal fue aprehendida) sino la operación Estambre, por los hilos de complicidad e impunidad que se han tejido. Ayer, escuelas cerraron sus puertas y la población se protegió en sus casas. La Guardia Nacional llegó tarde y sin mayor acción. La policía municipal dice no haber visto nada. ¿Qué harán los gobiernos federal y el de Delfina Gómez?

Astillas

La fiscalía general de Estados Unidos, a cargo de la muy donaldista Pam Bondi, emitió un memorándum en el que ordena la total eliminación de cárteles y organizaciones criminales trasnacionales que operen en ese país y, en consonancia, anuncia endurecimiento de penas, reformas legislativas y redirección de recursos… Tom Homan, trumpista zar de la frontera, ha advertido que el ejército de EU responderá sin dudar si es atacado desde la frontera mexicana: La ira del presidente Trump caerá. Tiene la capacidad de borrarlos de la faz de la Tierra… La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pospusieron la toma de decisiones relacionadas con la reforma judicial; la Corte podría desechar que el tribunal pueda validar el proceso electoral en curso y parte de los ministros consideran que debe frenarse, y el tribunal sostiene, en virtual alianza con la mayoría 4T en el Congreso, que tal elección es imparable…

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México SA

Morenistas expoliadores // Proponen nuevas tiendas de raya // ¿Revivirán la cobranza delegada?

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Nostálgicos del porfiriato, algunos disfrazados de morenistas, se dieron a la tarea de revivir el cadáver de la cobranza delegada (proyecto rechazado y congelado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador), iniciativa expoliadora originalmente propuesta en 2022 por los entonces senadores Pedro Miguel Heces Barba, Miguel Ángel Navarro Quintero (actual gobernador de Nayarit) y Casimiro Méndez Ortiz. Pasado el tiempo, al actual diputado y mano derecha de Ricardo Monreal (el tal Heces) se le ocurrió la brillante idea de hacer otra intentona, de la mano del senador verde Luis Armando Melgar (uno de los empleados que Ricardo Salinas Pliego incrustó en el Senado), pero también se les apestó.

La sola presentación de la iniciativa original, en 2022, y, sobre todo, la votación aprobatoria de la mayoría de los senadores morenistas (tras ello se remitió a la Cámara de Diputados, que la modificó y devolvió al Senado, donde se congeló) encendió la señales de alarma entre los salario-dependientes endeudados.

Desde ese mismo momento, la Condusef advirtió que el intento de la cobranza delegada es contrario al principio de progresividad establecido en el artículo uno constitucional, en el cual se establece que los derechos no pueden limitarse, restringirse, eliminarse o desconocerse (regresividad) de forma alguna en perjuicio de los ciudadanos, siendo que éste contiene disposiciones que van en contra de lo previsto por los artículos 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo y 38 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (tope de endeudamiento de 30 por ciento), así como los criterios del Poder Judicial que tutelan los derechos de protección al salario del trabajador.

Desde la misma presentación del dictamen en el Senado, subrayaba la Condusef, hemos planteado consideraciones dirigidas a proteger los intereses de los trabajadores-usuarios de los créditos de nómina con cobranza delegada, que actualmente operan al margen de cualquier disposición; debemos señalar con claridad los serios inconvenientes y posibles afectaciones a la economía de los trabajadores de autorizarse un esquema legal que, si bien regula, no lo hace de forma equitativa y salvaguardando el interés primordial de los usuarios de servicios financieros, en este caso la economía familiar de los trabajadores.

En términos llanos, la iniciativa de Heces y secuaces pretendía revivir una suerte de tienda de raya, pues daba manga ancha para que los acreedores (patrones, bancos como Azteca, tiendas departamentales como Elektra y demás, lo que no hace casual la participación del citado Melgar para reactivar este método de expoliación) cobraran directamente de los salarios de los trabajadores con ellos endeudados, quienes quedarían sin un solo centavo, quincena tras quincena, hasta saldar el adeudo, sin dejar de ofrecerles más crédito. De ese tamaño los viejos tricolores ahora con disfraz de supuestos morenistas (¿quién abrió la puerta para que entraran las hordas prianistas? ¿Y el control de calidad?), siempre al servicio de los patrones.

Así se las gastan los infiltrados, tanto la mano derecha de Ricardo Monreal (como él mismo), otros que agarraron hueso de gobernador y, lo más reciente, que no lo último, los empleados de Salinas Pliego. Se supone (Gerardo Fernández Noroña dixit) que Morena no respaldará la intentona de revivir la cobranza delegada, pero hay que estar a las vivas.

En vía de mientras, La Jornada (Andrea Becerril y Georgina Saldierna) informó que la Secretaría de Hacienda pidió al Senado detener la minuta que propone la cobranza delegada, consistente en que el empleador retenga del salario del trabajador el monto que adeude, para entregarlo directamente al acreedor. La pretensión de revivir esta propuesta causó polémica, ya que en su momento fue rechazada por el entonces presidente López Obrador, quien declaró que la vetaría, de ser aprobada, por los daños que causaría a los trabajadores.

Un ejemplo de la nueva tienda de raya propuesta por Heces lo aportó el sindicato magisterial: Los maestros ya vivieron la experiencia de tener un mecanismo de ese tipo, por lo que a veces sus cheques quincenales llegaban de 50 pesos. Pero, según dijo el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Cuauhtémoc Ochoa, retomamos el dictamen (de la cobranza delegada), porque estaba pendiente ¡Olé!

Las rebanadas del pastel

Una rata menos: ayer, el Congreso de Morelos destituyó a Uriel Carmona como fiscal general del estado. Lento, pero, por lo visto, seguro. Pero, ¿quién sigue?, porque es grueso el inventario de roedores.