LO QUE DICEN LOS COLUMNISTAS

Juegos de poder

Militarización y democracia

Leo Zuckermann

Excelsior

Sigo sosteniendo que lo peor de este sexenio, lo más preocupante, ha sido la militarización de varios asuntos públicos que deberían corresponder exclusivamente a los civiles. Ya conocemos la larga lista de cosas que el presidente López Obrador le ha encargado a los militares. Ahora, en otra vuelta más a la tuerca, pretende establecer una nueva empresa castrense para evitar que gobiernos futuros puedan dar marcha atrás a sus decisiones.

En una democracia, la gente vota para, precisamente, cambiar las decisiones de los gobiernos pasados. Ésa es la idea. Que la derecha pueda llegar el poder para corregir los errores de la izquierda y viceversa. Pero AMLO tiene una perspectiva diferente. Pretende asegurar que sus determinaciones no las pueda modificar nadie, y qué mejor solución que dejárselas a los militares para que los gobiernos futuros no puedan tocarlas porque eso significaría afectar los intereses nada menos que de un grupo armado hasta los dientes. El Presidente demuestra, así, que no cree en la democracia. Su militarismo es profundamente antidemocrático.

Él lo llama “blindar estos proyectos” porque “si regresan los neoliberales corruptos van a querer privatizar lo que no pudieron o no les alcanzó el tiempo de entregar”. ¿Acaso no se vale que la ciudadanía vote a favor de neoliberales no corruptos con una agenda privatizadora?

Claro que sí. Pero, como el Presidente piensa que el electorado es tonto, mejor entregarles a los militares sus proyectos estrella para que nadie los pueda tocar en el futuro. ¿Cuáles? Nada menos que el Tren Maya, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum. Todas estas obras no sólo las construirá el Ejército, sino que las administrará la Secretaría de la Defensa Nacional por medio de una empresa que operarán los soldados.

Además, el complejo del Istmo de Tehuantepec, los ramales de Palenque a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, de Ixtepec a Tapachula y los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz “van a quedar en custodia de la Secretaría de Marina”.

Soldados y marinos empresarios.

El Presidente piensa que estos proyectos generarán utilidades. El 75% se utilizará “para el pago de pensiones de las Fuerzas Armadas y 25% para el pago de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado”. Y si no generan utilidades, ¿qué pasará? Pues que los militares tendrán que pedir dinero al erario para cubrir las pérdidas.

AMLO, sin embargo, está convencido de que los militares garantizarán una “buena administración”. Yo, sinceramente, lo dudo, porque los soldados y los marinos están entrenados para hacer la guerra, no para gestionar negocios. De hecho, todos los ejércitos del mundo, hasta los más exitosos como el estadunidense,

están llenos de ineficiencias costosísimas que suelen taparse por motivos de seguridad nacional.

El Presidente está cometiendo una imprudencia enorme al convertir a los militares en empresarios. Como es de esperarse, en el futuro defenderán sus intereses y no los de la nación. No querrán perder sus nuevos privilegios y, para tal efecto, utilizarán, por qué no, las armas. Esto, efectivamente, limitará las opciones de los gobiernos democráticamente electos en el futuro. Todo para garantizar “que no se privaticen estas obras”.

Donde se ha probado la fórmula de darles participación económica a los militares han acabado en el derrocamiento de los gobiernos democráticos y el establecimiento de dictaduras militares. Es el caso, por ejemplo, de Egipto y Paquistán. ¿Acaso queremos algo similar?

No, las Fuerzas Armadas no están para administrar aeropuertos, trenes o puertos. Su papel es defender a la ciudadanía de enemigos que amenazan la seguridad nacional. Al darles ese encargo, el Presidente las está politizando a favor de su proyecto estatista. Está haciendo partícipes a los militares de grandes rentas económicas para que las defiendan con su poder, que es el de las armas. Efectivamente, está “blindando” sus grandes proyectos para que no se cierren o privaticen en el futuro, aunque la ciudadanía vote a favor de un partido que así lo proponga. Qué bueno que a José López Portillo no se le ocurrió lo mismo cuando estatizó los bancos porque hoy tendríamos instituciones financieras administradas por militares. ¿Se imagina dónde estaría hoy México con esa “magnífica” idea?

Astillero

Aberración, lo de Espino // Yunque y oportunismo // Compartió fraude 2006 // Críticas de Valdez y Citlalli

Julio Hernández López

La Jornada

Es una aberración que Morena llegue a aceptar como afiliado a Manuel de Jesús Espino Barrientos y, aún peor, que se le permita especular sobre la posibilidad de ser candidato al vapor al gobierno de Durango.

Espino es un hombre de pensamiento, formación y acción de ultraderecha (con proclividad a lo policiaco y lo militar), mencionado con insistencia como parte de la organización secreta denominada El Yunque, una de cuyas misiones es la de participar e influir de manera abierta o disfrazada en organizaciones políticas y sociales.

Como panista militó en la franja más conservadora, tanto en Chihuahua (con el movimiento encabezado por Francisco Barrio Terrazas) como en Sonora (en realidad, su historial es más chihuahuense que de Durango, donde su mayor presencia está relacionada con negocios personales). Fue miembro de Desarrollo Integral Humano, una de las organizaciones señaladas como fachada de El Yunque y fue presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América, brazo de la Internacional Demócrata de Centro.

Con Vicente Fox Quesada en la Presidencia de México, Espino Barrientos fue uno de los cuatro secretarios generales que en distintos momentos de su gestión como dirigente del PAN tuvo Luis Felipe Bravo Mena, otro personaje señalado de manera continua como yunquista. De marzo de 2005 a diciembre de 2007 fue presidente del comité nacional panista y, en tal condición, le correspondió ejecutar y avalar las estrategias de contención de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, del fraude electoral a favor de Felipe Calderón Hinojosa (aunque Fox y Espino deseaban que el candidato hubiese sido Santiago Creel, desavenencia que terminó más adelante en ruptura, por proyectos derechistas en choque) y del posterior proceso de desacreditación, burla y estigmatización de los seguidores del candidato tabasqueño presentado por el PRD. Confrontado con Calderón y alineado con Fox, Espino hizo lo necesario para ser expulsado de Acción Nacional y buscar otros caminos. Además de haber alzado el brazo electoralmente triunfador de Calderón, lo hizo en 2012 con Enrique Peña Nieto y con López Obrador en 2018.

En pago por el apoyo, más efectista que real, de Espino y su agrupación llamada Ruta 5, recibió la candidatura de Patricia Durán Reveles a la presidencia municipal de Naucalpan, a nombre de Morena. Durán hizo su carrera política en el PAN, al igual que dos de sus hermanos, que fueron presidentes municipales.

Espino fungió como secretario general de Naucalpan y renunció al ser nombrado comisionado del Servicio de Protección Federal por el sonorense Alfonso Durazo, entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Ahora, con Rosa Icela Rodríguez como titular de la SSPC, ha solicitado licencia al cargo policiaco para afiliarse a Morena y explorar las posibilidades de ser candidato a gobernar Durango. Un pragmatismo del que dan contraproducente cuenta personajes como Lilly Téllez y Germán Martínez Cázares (entre muchos otros, con menor exposición mediática nacional, y no sólo en el ámbito legislativo) anima ahora a mandos políticos de la llamada 4T a explorar la posibilidad de enfrentar al PAN, que tiene a José Rosas Aispuro como gobernador, con una pieza de extrema derecha, temporalmente comprometida con el obradorismo.

Ello ha provocado críticas fuertes en Morena, como lo han hecho la senadora de este partido por Durango, Margarita Valdez, quien aseguró que no acompañaría a Espino en caso de que fuera designado candidato morenista a gobernador (https://bit.ly/3BYkTS7). A su vez, la secretaria general del comité nacional, Citlalli Hernández, tuiteó: Algo que no le gusta a la ciudadanía de los partidos es el pragmatismo electoral extremo. Como dice @ lopezobrador: la política es el equilibrio entre principios y eficacia. Hay que ser eficaz sin cruzar límites; me acusarán de sectaria pero yo no estoy de acuerdo con esto.

¿Transición energética aplazada?

Magdalena Gómez

La Jornada

El pasado 30 de septiembre, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a la

Constitución en materia de electricidad como área estratégica. Se busca rescatar y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), garantizar la seguridad energética del país, y se ha señalado también entre sus objetivos lograr un mejor costo del servicio eléctrico para todos los mexicanos.

A 39 días, resulta necesario destacar tanto su texto como el contexto. En el primer caso resultan pertinentes las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, para enfatizar en la mejor tradición del constituyente de 1917 que corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad. Y, en consecuencia, establecer que la CFE se integra como un solo organismo del Estado, responsable de la ejecución de la transición energética en materia de electricidad, y que determinará las tarifas de las redes de transmisión y distribución, así como para usuarios finales.

Se adiciona un párrafo para establecer que la CFE garantice generar al menos 54 por ciento de la energía que requiera el país, y el sector privado pueda participar hasta en 46 por ciento de esta generación. Asimismo, se incorpora al litio y demás minerales estratégicos para la transición energética, los cuales no podrán ser concesionados.

Como condición necesaria para que la transición energética fortalezca la soberanía de la nación, se incluye a las industrias que formen parte de ésta como área prioritaria, a condición de que se trate de empresas de capital nacional públicas, privadas y sociales. Llama la atención que se ubicó en transitorios determinaciones fuertes que han dado lugar a las más álgidas protestas de sectores nacionales y extranjeros involucrados en proyectos de inversión en el ámbito de energía eléctrica. Es el caso de los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado, se cancelan, así como las solicitudes pendientes de resolución y de las concesiones mineras ya otorgadas por el Estado mexicano y por las cuales ya se está explorando y/o explotando oro, plata, cobre y otros minerales se conservan en los términos que fueron otorgadas.

Sin embargo, estas concesiones no amparan la explotación y producción del litio. A las concesiones mineras ya otorgadas por el Estado mexicano y en las que a la fecha existen antecedentes de exploración de litio debidamente avalados por la Secretaría de Economía no les será aplicada la restricción referida en el párrafo anterior (el caso más conocido es el del pueblo de Sonora llamado Bacadéhuachi con una empresa china involucrada). Se suprimen los órganos reguladores coordinados en materia energética: la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Y entre otros, se cancelan los Certificados de Energías Limpias.

Esto es, a grandes rasgos, el contenido del texto. Ahora bien, respecto del contexto habrá que anotar la pregunta abierta sobre por qué se eligió previamente la vía de una reforma a la Ley de Industria Eléctrica que fue fácilmente detenida mediante amparos, pues lo que procedía era una reforma constitucional como la que hoy se ha presentado. Además, siendo un tema prioritario, ¿por qué se aplazó tres años cuando se tenía la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, a diferencia de lo que sucede actualmente después de las elecciones del pasado 6 de junio?

En situación de desventaja se abre el desafío de conseguir los votos que se requieren entre los opositores, lo cual ha desatado toda suerte de mercadeos y amenazas para finalmente concluir que no se cuenta con las condiciones para aprobar una reforma constitucional. Ello en el terreno legislativo, además en el plano empresarial y el de analistas de medios predomina la narrativa de rechazo y señalamientos de una vuelta al pasado, así como escenarios de crisis y catástrofes.

Nuestro país pudiera ser objeto de demandas de inversionistas bajo los Acuerdos de Protección y Promoción de Recíproca de las Inversiones (Appri), esto independientemente de que en el T-MEC no se asumieron compromisos en materia energética, como sí lo hizo en el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), el cual ya entró en vigor para México. En ese escenario, la semana pasada 40 congresistas de Estados Unidos protestaron por la contrarreforma eléctrica que impulsa la 4T, al considerarla discriminatoria y proteccionista. A ello se sumó el activismo de su embajador Ken Salazar, quien acudió a Palacio Nacional para externar serias preocupaciones al respecto.

En esas horas los legisladores de Morena, el PT y el Partido Verde, anunciaron su decisión de aplazar para abril de 2022 la dictaminación de la reforma eléctrica. ¿Será prioridad de la revocación del mandato? La moneda está en el aire.