Lo que dicen los columnistas

Por una democracia digital

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones tendrá a su cargo la digitalización de los trámites a cargo de la administración pública federal, a través del sistema Llame Mx.

Felipe de la Mata Pizaña | Proceso

Un terrible acontecimiento que se registró en el mundo en 2020 fue la pandemia por el virus SARS-CoV-2, que repercutió en la estabilidad sanitaria del mundo, generó una crisis económica de diversas proporciones, agravó la situación social de la población y perjudicó, en algunos casos, los avances obtenidos en materia de derechos humanos, entre otras.

México no fue la excepción; en 2020 la economía tuvo una contracción del PIB de aproximadamente el 8.5%, la pérdida de empleos, un aumento de problemas de salud, principalmente relacionados con la depresión y la ansiedad, entre otros.

Instituciones del estado mexicano, organizaciones, escuelas, colegios y otras instancias tuvieron que, en algunos casos, parar sus actividades por algún tiempo, otras se las ingeniaron para que, a distancia, vía correo electrónico o a través del uso de plataformas digitales continuaran con sus trabajos.

En estos casos encontramos a autoridades como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que, ante la proximidad de la elección de 2021, continuaron permanentemente cumpliendo sus funciones para llevar a buen puerto la organización, desarrollo y calificación del proceso electoral, como finalmente sucedió.

La experiencia obtenida llevó a estas instituciones a optimizar recursos y procesos a través, por ejemplo, de la digitalización de documentos físicos para el almacenamiento y conservación de información, a generar esquemas de capacitación digital a distancia, la generación de micrositios específicos para proporcionar información electoral, entre otros.

El INE ha tenido experiencias exitosas: la emisión temporal de constancias digitales que sirvieron como identificación a través de lectura de los códigos QR, el uso del internet como uno de los mecanismos del voto para las y los mexicanos residentes en el extranjero, la digitalización de las actas de escrutinio y cómputo de casillas como respaldo del Programa de Resultados Electorales Preliminares, entre otros.

Por su parte, el Tribunal Electoral generó firmas electrónicas para acuerdos y sus resoluciones, la implementación del juicio en línea, herramienta que facilita la presentación de demandas, escritos, promociones y cualquier otro documento para el estudio completo del expediente, o la creación de micrositios que han concentrado la digitalización de expedientes incluyendo los elementos de prueba y la propuesta de sentencias, como sucedió con el juicio madre de la elección presidencial de 2024.

En el mes de noviembre de 2024, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones que, entre otras responsabilidades, tendrá a su cargo la digitalización de los trámites a cargo de la administración pública federal a través del sistema Llame Mx.

En el Reglamento Interior de la Agencia se especifica la posibilidad de celebrar convenios de colaboración y coordinación con órganos constitucionales autónomos, gobiernos de las entidades federativas y municipios, poderes Legislativo y Judicial de la Federación, y otras instituciones, para la consecución de los objetivos de la agencia.

En este sentido, soy de la idea de que las autoridades electorales y la agencia, en atención de los alcances y facultades, celebren los convenios que sean necesarios para lograr, entre otros proyectos, los siguientes:

Criterios para el uso de la biometría para huellas digitales, rasgos faciales y el iris para la consolidación de proyectos a cargo del INE, tales como la colaboración de información para la identificación de personas desconocidas, así como para la aportación de datos para la localización de personas desaparecidas, tal cual lo ha venido realizando desde hace más de ocho años.

Los criterios podrían abarcar el método digital para la acreditación de votantes que se presenten el día de la jornada electoral o para el registro informático para acceder a sistemas electrónicos de votación.

Colaboración para lograr una identidad digital en la que la agencia se estaría basándose en la CURP. Los esquemas que se desarrollen podrían aprovecharse para la construcción de los proyectos contemplados por el INE: listados nominales digitales de personas electoras, así como la credencial para votar digital.

Desarrollo e implementación de software y soluciones tecnológicas para que, entre otros aspectos, permita la uniformidad de los órganos electorales administrativos para la digitalización de las actas de escrutinio y cómputo de casilla, así como las levantadas en los consejos respectivos de los organismos federales y locales.

Podría diseñarse, asimismo, un software uniforme para la instrumentación de un modelo único de urna electrónica para las elecciones federales y locales, así como para la eventual implementación del voto por internet para las y los mexicanos residentes al interior de la República.

Explorar la conveniencia de la digitalización de los reportes sobre los incidentes que se encuentren registrados en el Sistema de Información de la Jornada Electoral del INE, así como los que eventualmente se susciten durante el desarrollo de los cómputos distritales, y las atenciones a las mismas.

Coadyuvar con la Agencia en la emisión de disposiciones para la adquisición de servicios de tecnología de información y comunicaciones.

Directrices generales para contar con un único juicio en línea que, basados en los resultados obtenidos por el TEPJF, permita a todos los órganos jurisdiccionales en materia electoral que la ciudadanía pueda presentar demandas en contra de actos o resoluciones en la materia, promover juicios de todos los tipos de medios de impugnación, consultar el expediente electrónico, recibir notificaciones, responder de manera electrónica requerimientos y firmar electrónicamente escritos o demandas.

Criterios uniformes para la publicación digital obligatoria de los proyectos y, en su oportunidad, las sentencias que emitan los órganos jurisdiccionales electorales.

A través de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral, ampliar su esquema de capacitación digital para el uso de nuevas tecnologías, así como la capacitación especializada del funcionariado que tenga a su cargo procesos digitales.

Generación de un Mapa de Riesgos en materia electoral a cargo del INE y del TEPJF que sea digitalizado y sea publicado en un micrositio de ambas instancias para conocimiento público.

Éstos y otros esfuerzos serían el motor que impulse una democracia digital en la que el principal beneficiado sería la ciudadanía, así como los actores políticos al unificar esfuerzos, optimizar procesos, tiempos y recursos en la organización, desarrollo y atención de demandas y la calificación de las elecciones.

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Arsenal

¿A qué juega Trump?

Francisco Garfias | Excelsior

Es confuso el mensaje de la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Reconoce que ha habido un “nivel histórico de cooperación” por parte de México.  Declaró, sin embargo, que la noche del 27 de enero habló con el presidente Donald Trump y le dijo que los aranceles anunciados del 1º de febrero para México y Canadá “se mantienen firmes”.

El pretexto para imponer aranceles a nuestro país son los flujos migratorios en su frontera sur y el insuficiente combate a los cárteles que trafican fentanilo a EU. Admiten, pues, que hay “cooperación histórica”, pero siguen calendarizados los aranceles.

¿A qué juega Trump? Lo sabremos el próximo sábado. Es primero de febrero. El Día D. Llama la atención, sin embargo, que el tipo de cambio no se movió. El dólar interbancario se mantuvo en 20.55 al cierre de esta columna.

Los aranceles lastimarían duramente la economía de nuestro país. Ocho de cada diez productos mexicanos los compra Estados Unidos. De enero a noviembre de 2024, el valor acumulado de las exportaciones mexicanas totalizó en 466 mil 625 millones de dólares. Significa un crecimiento de 6.4% respecto al mismo periodo de 2023 (El Financiero, 07/01/25).

Los vecinos del norte también saldrían perjudicados si se imponen los aranceles. La CNN dice que, si se promulgan, podrían poner a prueba los bolsillos de los estadunidenses.

México y Canadá son dos de los tres principales socios comerciales de EU (el otro es China). En conjunto, representaron 30% del valor de todos los bienes que EU importó el año pasado, según datos federales sobre comercio.

* El oficialismo tiene prisa. Llegó a un acuerdo para que mañana —y no el viernes— se lleve a cabo en el Senado, la insaculación (sorteo) de los aspirantes a juzgadores que se registraron para competir en las elecciones del 1 de julio próximo. Dice el acuerdo que la Mesa Directiva del Senado remitirá los listados a la SCJN, a más tardar el martes 4 de febrero. En caso de que los ministros no lo aprueben antes del 6 de febrero, “se entenderán como aprobados”. Así se las gastan.

El acuerdo se dio a conocer luego de la renuncia de los cinco integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial. “Hoy percibimos inviable la tarea constitucional que nos fue encomendada”, dice la carta que enviaron a la SCJN.

La ministra Margarita Ríos Farjat propuso que la SCJN asumiera las funciones del comité para asegurar que lleguen los más idóneos, pero fue rechazada por una mayoría de sus colegas.

* Adán Augusto López, líder de la mayoría morenista en el Senado, negó que haya sido una renuncia la de los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial. “Siguen el guion que les imponen algunos ministros o la presidenta de la Corte. El Legislativo está cumpliendo con lo constitucionalmente mandatado y lo vamos a hacer”.

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, dice que ya habían renunciado “nada más que los desvergonzados seguían cobrando”.

Le preguntamos en qué parte de la ley dice que el Senado se puede brincar al Comité de Evaluación del Poder Judicial y asumir sus funciones. “No se está brincando nadie nada. Frente a la injuria, frente a la irresponsabilidad del Comité de Evaluación, que además ya no existe, el Tribunal dijo: ‘Hay que tutelar los derechos de las personas que de buena fe se registraron en el Poder Judicial’…

“Les dio órdenes de que continuarán con el procedimiento. A pesar de que esa instancia superior, el comité dijo No. Y la Corte, sin tener facultades para ello, les pidió: ‘No hagan nada’. Hay debate, como tú lo mencionas, por lo de la entrevista. En lo personal creo que son los mejores los que están en el Poder Judicial, son los de la carrera judicial. Eso nos han dicho”.

Loretta Ortiz, uno de los caballos de Troya que la 4T tiene en la Suprema Corte de Justicia, posteó en sus redes sociales que la resistencia reiterada del Comité de Evaluación llegó al extremo de renunciar al deber que les fue confiado. “Desde el inicio sus acciones generaron desconfianza y obstaculizaron la implementación de la reforma judicial”, escribió.

El senador panista Marko Cortés nos dijo: “Sigue el circo, Morena y teatro, la tómbola para elegir a los ministros de la Corte, la tómbola para elegir magistrados y para elegir jueces. Ellos decidieron quién se apunta y ellos decidieron quiénes van a pasar a las siguientes etapas. Lo que están buscando es tener a puros cercanos y afines para que sean los próximos jueces, magistrados y ministros. Eso es lo preocupante”, puntualizó.

Marko, por cierto, se autodescartó para la coordinación de la bancada del PAN en el Senado. “No tengo interés”, dijo.

— ¿Y Ricardo Anaya?, le preguntaron.

— Yo creo que Lupita Murguía debería de seguir siendo la coordinadora, respondió.

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Razones

El arma de los aranceles

La presidenta Sheinbaum ha mantenido una posición mesurada en el tema y, si vemos lo que ha estado ocurriendo, en general se han tomado las medidas que se requieren ante este desafío.

Jorge Fernández Menéndez | Excelsior

Dicen que no se debe amenazar con un arma que no se está dispuesto a utilizar. El mensaje de la administración Trump sobre los hipotéticos aranceles para los productos importados desde México sigue siendo contradictorio, pero mantiene un espacio de especulación que podría demostrar que no existe aún la determinación de imponerlos —como se dijo apenas ayer— este primero de febrero.

Karoline Leavitt, la nueva vocera de la Casa Blanca, en la primera conferencia de prensa de esa administración, dijo que se mantiene el 1 de febrero como fecha de entrada en vigor de los aranceles de 25%, pero también especificó que “el presidente espera que cada nación del mundo coopere con la repatriación de sus ciudadanos y sobre lo que él espera en seguridad fronteriza”. Leavitt sostuvo que en estos días hemos visto “niveles históricos de cooperación con México” y agregó que cualquier cambio en la decisión de Trump de imponer los aranceles “será notificada” en su momento.

Creo que la amenaza de los aranceles por supuesto que es real, pero no deja de ser una buena noticia que por los términos de cooperación, como lo había señalado Trump en la intervención a distancia que tuvo en Davos, la relación se mantiene, es buena y es recibida en forma positiva. Lo cierto es que la presidenta Sheinbaum ha mantenido una posición mesurada en el tema y, si vemos lo que ha estado ocurriendo, sobre todo en la frontera y en las mañaneras, en general se han tomado las medidas que se requieren ante este desafío.

La amenaza se mantiene porque es muy útil para Trump (no sólo con México, sino también con el resto del mundo y, por supuesto, con Panamá y Dinamarca, por las pretensiones sobre el Canal y sobre Groenlandia), porque todavía hay demasiado por hacer, tanto en términos de seguridad como migratorios, y porque en los próximos días será la prueba de fuego cuando inicien las deportaciones masivas, con cuotas impuestas ya a distintas instancias de seguridad de Estados Unidos para realizar detenciones y deportaciones. Y luego gestos tan desmesurados como la redada realizada ayer en Nueva York, encabezada nada más y nada menos que por la nueva jefa del Homeland Security, el Departamento de Seguridad Interior, Kristi Noem, que aseguró que con muchos más operativos como esos “seguiremos sacando a esta basura de las calles”.

Por cierto, no es un dato menor que se haya difundido que en esos operativos neoyorquinos se haya detenido a uno de los líderes del cártel venezolano del Tren de Aragua, especializado en el tráfico de personas y con presencia en México, Centroamérica y Estados Unidos. El gobierno de México se ha mantenido cauto ante esos gestos, e incluso ante desatinos tan grandes como el cometido por el presidente colombiano, Gustavo Petro. Habrá que ver qué se hace con la reunión de la Celac que pidió Petro, pero me imagino que el gobierno federal no querrá atarse a alguna aventura regional ni siquiera en el ámbito discursivo.

Hay que avanzar mucho más en el control de la frontera sur y, sobre todo, evitar acciones que son una verdadera e inútil provocación, como la continuidad de las caravanas hacia el norte que constituyen el alimento mediático de los sectores antiinmigración más radicales en la Unión Americana.

Los aranceles son el instrumento de esa diplomacia (es un decir) de fuerza que busca implementar Trump y está logrando hacerlo. Las sanciones contra Petro se anunciaron, dice el NYT, sin siquiera una reunión de crisis y se dieron a conocer vía redes sociales, mientras Trump jugaba golf. Las sanciones y la forma en que reculó Petro quedarán como un capítulo de la historia más vergonzosa de su país, porque un mandatario no se puede negar a recibir a sus ciudadanos en su propio territorio y menos aún exhibir bravuconerías de las que se desdice a las pocas horas.

Es consecuencia de una insensatez que algunos atribuyen a la hora y la condición (a las tres de la mañana), pero también a una larga serie de desatinos de Petro, desde congelar durante dos años todos los operativos de erradicación de campos de cultivo de amapola y de laboratorios de producción de cocaína hasta permitir la recuperación de grupos como el ELN y las disidencias de las FARC, que participan activamente en el narcotráfico (con apoyo venezolano), a lo que se agregó la permisividad para que se asentaran en su territorio también otras organizaciones, como los cárteles mexicanos. A eso se deben sumar las denuncias en contra del propio Petro, avaladas por su hijo, de haber recibido financiamiento de los cárteles para su campaña presidencial. ¿Qué país no se ha mirado en el espejo colombiano?

¿QUIÉN PONE Y QUIÉN QUITA?

Desde la 4T se han cansado de denunciar que los gobiernos anteriores no hicieron nada contra funcionarios, real o supuestamente, relacionados con el narcotráfico o que permitieron que se asentaran grupos criminales en su territorio.

La presidenta Sheinbaum sostuvo ayer, ante los reclamos de que el gobierno federal intervenga en los estados en los que esa situación se repite, agudizada, en los últimos años y meses, que no es función del gobierno federal poner o quitar autoridades locales. Si estamos hablando de caprichos políticos, tiene razón, pero si existen denuncias documentadas desde su propio gobierno o de otras instituciones sobre esa tolerancia o complicidad, ¿no es una exigencia que el Poder Ejecutivo federal intervenga? Hay instrumentos legales y políticos para hacerlo, porque, si no, el costo final lo pagarán las mismas autoridades que hoy quieran asumirlo.

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Astillero

Vejaciones y peligro en deportaciones gringas // Trump mintió sobre capos // Denuncias de colombianos // Grave, lo vivido por brasileños

Julio Hernández López | La Jornada

Se va abriendo paso la verdad sobre las condiciones en que cientos de deportados fueron trasladados en aviones militares estadunidenses a Colombia y Brasil, así como la gran mentira de Trump y sus funcionarios respecto a la extrema peligrosidad de esos migrantes.

Los testimonios de varios de esos expulsados han sido difundidos en cadenas de radio y televisión, e incluso en influyentes medios impresos corporativos. El canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, ha asegurado que, a contracorriente de las graves acusaciones hechas por Trump y sus funcionarios, en realidad no tienen ningún problema pendiente con la justicia, ni en Colombia ni en Estados Unidos (…) No son criminales. Esta información ha sido verificada y confirmada por las autoridades pertinentes.

The Washington Post mencionó que en entrevistas con medios locales en Bogotá, algunos de los que fueron devueltos dijeron que recientemente habían cruzado ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, y que fueron rápidamente recogidos y enviados a casa. Es decir, difícilmente tales personas podrían haber adquirido un estatus de criminalidad extrema, aunque la Casa Blanca se esmeró en aplicar el estigma para justificar la rudeza institucional.

Recuérdese que, el lunes pasado, Trump había asegurado: cada uno de ellos es un asesino, un capo de la droga, un capo de algún tipo, un jefe de la mafia o un pandillero. No hay prueba de tales acusaciones, pero sí el relato de varios colombianos que detallaron las vejaciones recibidas: insultos, maltrato, esposas metálicas, despojo de ropa que no se llevara puesta y de otros artículos.

Fue peor en un vuelo hacia Brasil, según el amplio texto de The New York Times bajo la firma de Jack Nicas, con base en testimonios directos: 88 deportados viajaron en un avión chárter que mostró desperfectos mecánicos varias veces en las escalas que hubo de hacer, altas temperaturas sin aire acondicionado para mitigar, hombres esposados en la parte trasera y mujeres y niños, sin esposar, en la delantera. Inmovilizada la nave por los desperfectos, hubo exigencias de permanecer sentados, empujones, gritos, niños llorando, pasajeros desmayados y agentes bloqueando las salidas. Finalmente, los pasajeros tiraron de las palancas para liberar dos salidas de emergencia y hombres esposados salieron en tropel al ala del avión pidiendo ayuda a gritos.

Añade el diario neoyorquino: comenzaron a preguntarse: si algo sucede, ¿cómo van a quitar los grilletes a 80 personas?, dijo Luiz Campos, de 35 años. Por favor, quítenme estas cadenas, recordó que la gente les pedía. “Dijeron: ‘No. Es el protocolo. Siempre es así’”. Horas después, durante una parada para repostar en Panamá, la tensión aumentó. El avión volvió a tener problemas para despegar y, esta vez, tres pasajeros describieron haber visto humo saliendo de un motor en el ala. El incidente también provocó que el aire acondicionado dejara de funcionar, dijeron, y el avión se convirtió rápidamente en una sauna en medio del calor tropical”.

En Manaos, Luiz Antonio Rodrigues Santos “y otros deportados dijeron que en la húmeda cabina, los hombres encadenados comenzaron a abrirse paso por los pasillos, presionando físicamente a los agentes de ICE que se interponían en su camino. Los agentes y los pasajeros se gritaron y empujaron, y varios deportados dijeron que fueron golpeados. Entonces algunos pasajeros abrieron las salidas de emergencia. En cuestión de minutos, al menos siete hombres esposados salieron a un ala. ¡Llama a la policía!, gritó uno, según un video del momento. La policía federal de Brasil finalmente entró en la cabina y ordenó a los agentes de ICE que dejaran ir a los brasileños”. ¡Hasta mañana, con la tómbola judicial adelantada para realizarse este jueves!

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México, SA

Paisanos: 100 mmdd en impuestos // ¿Nos cuestan?; pagan millones // Tasas mayores que el 1% más rico

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

En reiteradas ocasiones la presidenta Sheinbaum se ha referido al creciente peso que los paisanos tienen en la economía estadunidense y el fuerte golpe que para ésta representaría la deportación masiva con la que, un día y el siguiente también, amenaza el cavernícola recién instalado en la Oficina Oval, quien falazmente insiste en que aquéllos son bandidos, no aportan nada y, en cambio, le cuestan a Estados Unidos. Se le llena la boca, cuando lo cierto es que el único condenado por la justicia de su país es el propio Donald Trump.

En la mañanera de ayer, la mandataria hizo un recuento de las repatriaciones de mexicanos de los últimos seis presidentes estadunidenses (1989-2024, sin considerar el actual) y el número se aproxima a 20 millones de paisanos (la medalla de oro es para Bill Clinton, con casi 7.5 millones). Con todo, cerca de 40 millones –documentados y no– permanecen en aquel país, en el que trabajan y contribuyen al fisco, lo que da cuenta de la urgencia de un tratado migratorio bilateral de largo alcance para bien de todos.

En vía de mientras, el Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP, que se reconoce como una organización de política fiscal no partidista y sin fines de lucro) divulgó el más exhaustivo estudio sobre los pagos de impuestos federales, estatales y locales realizados por inmigrantes indocumentados en Estados unidos (los estima en 10.9 millones de personas en 2022), y subraya que ellos “pagaron 96 mil 700 millones de dólares en impuestos –en el año de referencia–, de los que 59 mil 400 millones fueron al gobierno federal y 37 mil 300 a estados y localidades”.

De ese estudio se toman los siguientes elementos: los inmigrantes indocumentados pagaron impuestos federales, estatales y locales por 8 mil 889 por persona en 2022; por cada millón de ellos residentes en Estados Unidos, los servicios públicos reciben 8 mil 900 millones en ingresos fiscales adicionales.

Más de un tercio de sus contribuciones fiscales se destinan a impuestos sobre nómina, canalizados a financiar programas a los cuales los inmigrantes indocumentados no tienen acceso. En 2022 pagaron 25 mil 700 millones de dólares por gravámenes a la seguridad social, 6 mil 400 por Medicare y mil 800 al seguro de desempleo.

A niveles estatal y local, un poco menos de la mitad (46 por ciento o 15 mil 100 millones de dólares) de los pagos fiscales de los inmigrantes indocumentados se realizan por medio de impuestos sobre las ventas y especiales que gravan sus compras. Los demás pagos se realizan en impuestos sobre la propiedad, como los aplicados a casatenientes e inquilinos (31 por ciento o 10 mil 400 millones), o sobre las rentas personal y empresarial (21 por ciento o 7 mil millones de dólares).

Seis estados recaudaron más de mil millones de dólares cada uno en ingresos fiscales de los inmigrantes indocumentados que en ellos viven: California (8 mil 500 millones de dólares), Texas (4 mil 900), Nueva York (3 mil 100), Florida (mil 800), Illinois (mil 500) y Nueva Jersey (mil 300).

En 40 de los 50 estados, los inmigrantes indocumentados pagan tasas impositivas estatales y locales más altas que el uno por ciento más rico de los hogares que viven dentro de sus fronteras.

Los pagos de impuestos a la renta por parte de inmigrantes indocumentados se ven afectados por leyes que les exigen pagar más que los estadunidenses en situaciones similares. A menudo, a los inmigrantes indocumentados se les impide recibir créditos fiscales significativos y, a veces, no solicitan reembolsos por falta de conocimiento, la preocupación por su situación migratoria o acceso insuficiente a asistencia para la presentación de declaraciones de impuestos.

Si se les otorgara autorización de trabajo a todos los inmigrantes indocumentados actuales, sus contribuciones fiscales aumentarían en 40 mil 200 millones de dólares por año, hasta alcanzar 136 mil 900 millones. La mayor parte de los nuevos ingresos recaudados en este escenario (33 mil 100 millones) irían al gobierno federal, y el resto (7 mil 100 millones) a estados y localidades.

Pero Trump asegura que estos trabajadores le cuestan a Estados Unidos.

Las rebanadas del pastel

El cavernícola cierra fronteras, cancela visas, expulsa a migrantes y mucho más, porque, dice, no necesito a América Latina. Entonces, que cancele sus bases militares en la región y regrese a sus tropas para que laboren en el campo, los servicios y otras áreas, y así supla la no necesaria mano de obra latina. Además, alrededor de 800 mil gringos (según el Inegi) viven en México, no necesariamente de forma legal, y bien podrían ir a la pisca.