Lo que dicen los columnistas

Arsenal

La división de poderes, versión 4T

Francisco Garfias | Excelsior

En tiempos de la Cuarta Transformación, el Tribunal Electoral tiene más poder que la Suprema Corte de Justicia. Ya hasta puede determinar que el Poder Legislativo asuma las funciones del Poder Judicial, con tal de que se cumpla el capricho de YSQ a como dé lugar. Los enmorenados magistrados del TEPJF Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata dieron luz verde para que el Senado haga la tarea que el Comité de Evaluación del Poder Judicial suspendió para no caer en desacato ni en violaciones a la división de poderes.

¿En qué parte de la reforma judicial dice que el Senado podrá insacular a los candidatos a juzgadores propuestos por el Poder Judicial, sin necesidad de que pasaran por el filtro de idoneidad? Es pregunta. Pues eso es lo que van a hacer el viernes próximo en el Senado, informó su majestad Gerardo Fernández Noroña, Rey del Senado.

* Insólito. La Cruz Roja hizo un llamado a los “grupos antagónicos” para que le permitan hacer su labor de “salvar vidas”. No, no estamos hablando de la Franja de Gaza, sino de Sinaloa. “Lamentablemente, hemos registrado incidentes de agresión hacia nuestro personal. Queremos hacer un llamado a la comunidad: es vital respetar el emblema de la Cruz Roja y el trabajo humanitario que realizamos”, dice un comunicado de esta organización que ha salvado muchísimas vidas.

Y es que corrió la versión, difundida por funcionarios del gobierno estatal, de que la Cruz Roja de Sinaloa ya no atenderá heridos de bala por seguridad de los médicos. En la última semana se han registrado hechos de violencia contra sus socorristas. El sábado pasado les robaron una ambulancia; 48 horas antes fueron obligados por delincuentes a bajarse de otra unidad para, luego, rematar a un herido de bala.

La versión de que ya no atenderán heridos de bala fue desmentida por la propia Cruz Roja. Sacó ayer el comunicado en el que subraya que seguirá atendiendo emergencias, incluso de heridos de bala, a pesar de la violencia que azota a la entidad. “Nuestro equipo de paramédicos está capacitado para actuar con profesionalismo, neutralidad e imparcialidad, cumpliendo con nuestro compromiso de proteger la vida humana en cualquier circunstancia”, asegura la organización humanitaria.

* Ya que estamos. No cesan las manifestaciones en ese estado para pedir el cese de la violencia y gritar “¡Fuera Rocha”! El pasado domingo, alrededor de 10 mil sinaloenses —tres veces más que cuando tomaron el Palacio de Gobierno—salieron a las calles para reiterar sus demandas.

El tema fue comentado nuevamente en la mañanera. La presidenta Sheinbaum aprovechó para responder a quienes sugieren que “renuncie” a Rocha Moya.

“Había algunas columnas que sugerían que esto funcionaba como antes, como si la Presidenta decidiera quién se queda o quién se va. Ésa no es la labor del gobierno federal”, subrayó.

No, Presidenta, no son “algunas columnas”, es la voz del pueblo. ¿O no?

* No es usual ver a panistas en bloqueos de calles o avenidas. Lo hicieron ayer en Barranca del Muerto, frente al edificio del Infonavit. Protestaban en contra de la iniciativa de ley que permite al gobierno disponer de los recursos de la subcuenta de vivienda, que son de los trabajadores.

El monto de esa subcuenta asciende a 2.4 billones de pesos. Es poco más de una cuarta parte del Presupuesto de Egresos 2025 (9.3 billones de pesos.) Una mina de oro en tiempos de “austeridad republicana”. El oficialismo tiene prisa por aprobarla. Será la primera iniciativa que se vote en el periodo ordinario, que se abre el 1 de febrero.

La exposición de motivos de la iniciativa dice que los recursos son para construir vivienda. Autoriza al director del instituto, Octavio Romero, a tomar “decisiones internas”.

* La consigna más escuchada en la protesta del PAN iba dirigida a los trabajadores: “¡Morena se roba tu dinero, Acción Nacional te defiende!”.

En una manta que desplegaron en los carriles que van de Revolución a Insurgentes se leía algo que nunca hemos visto en manifestaciones de la izquierda: “Disculpe las molestias, el PAN está en contra de que se roben sus ahorros”. Eran cientos. Alzaban banderas con el logo de Acción Nacional.

Los encabezaba el jefe nacional del azul, Jorge Romero. Presentes también los coordinadores parlamentarios, Elías Lixa, en San Lázaro, y Guadalupe Murguía, en el Senado. Vimos, entre otros, a Margarita Zavala y a Santiago Taboada.

En un mitin previo que hicieron en la explanada del instituto, Jorge Romero dijo que lo que Morena busca no es una reforma, sino una confiscación.

“El Infonavit pasará de ser un manejador de fondos a convertirse en constructor”, aseguró.

¿El mundo al revés? ¿La izquierda en el gobierno y la derecha en las calles? Preguntamos a Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro. “No es el mundo al revés. Lo que se intenta es acabar con la corrupción, con la red y el tráfico que en el Infonavit existía”, nos dijo.

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Juegos de poder

Los gobernadores en las hegemoníaspriista y morenista

Leo Zuckermann | Excelsior

Al momento de escribir estas líneas, Rubén Rocha sigue siendo el gobernador de Sinaloa. Ni él renuncia ni alguien lo obliga a renunciar.

La primera opción sería la más digna, natural y conveniente para abrir un camino de solución a la violencia en aquella entidad del país. Que el propio Rocha se diera cuenta de que su continuidad no abona a la gobernabilidad en Sinaloa, sino que, por el contrario, él mismo se ha convertido en parte del problema.

El día que Estados Unidos extrajo ilegalmente al Mayo Zambada se terminó el equilibrio político que existía en la entidad donde Rocha era funcional. Su presunta participación en la reunión en que se detuvo a Zambada y que terminó en el asesinato de su adversario, Héctor Melesio Cuén Ojeda, lo descalifica como un actor político creíble y viable.

La realidad es que el gobernador actual ya no es factor de estabilidad y control en el contexto de la guerra de las facciones de Los Chapitos y La Mayiza por el control del Cártel de Sinaloa.

La violencia ha escalado a tal punto que la sociedad sinaloense ya se movilizó en las calles para pedir su salida. Rocha Moya, sin embargo, ni entiende ni escucha. Por alguna razón que desconozco se aferra a la gubernatura.

No parece, entonces, que él vaya a renunciar, por lo que queda la alternativa de que lo presionen para que se retire.

¿Quién podría ser?

La respuesta obvia es la Presidenta de la República. Una llamada de ella podría convencerlo de que es lo mejor para el país. Ningún gobernador, sobre todo los surgidos de Morena, quiere perder la confianza de la jefa del Ejecutivo federal.

La pregunta, entonces, es por qué Claudia Sheinbaum no lo ha hecho.

Sus razones tendrá. Quizá el movimiento le deba algo muy importante a Rocha. Quizá el gobernador tiene algún tipo de información que podría perjudicar políticamente a Morena o a alguien muy importante dentro de ese partido. No lo sé.

Yo más bien creo que, al igual que AMLO, la actual Presidenta considera un signo de debilidad política aceptar que alguien de Morena se ha equivocado, ya no sirve y es mejor removerlo. Que políticamente es más barato sostenerlo que defenestrarlo. Que si lo destituyen sería un favor para la oposición.

Si éste es el caso, creo que se equivocan.

Para empezar, porque ya no hay oposición en México. Por ahí saldrían un par de políticos en desgracia a cacarear unos cuantos días la remoción de Rocha, sin mayores consecuencias para Morena.

En todo caso, el asunto más interesante sería la percepción de debilidad política al defenestrar a un compañero de partido, por más justificada que esté esa acción.

Durante su sexenio, López Obrador fue muy consistente en no aceptar errores ni castigar a nadie por ellos. Al responsable del mayor fraude que se descubrió en su gobierno, Ignacio Ovalle, de Segalmex, lo protegió moviéndolo a otro puesto gubernamental.

Parecería que Sheinbaum también quiere continuidad en esta práctica.

Sí, Rubén Rocha sería un gobernador fallido, pero sería su gobernador fallido y, por tanto, con derecho a permanecer en el poder hasta la ignominia.

De ser así, estaríamos viendo una diferencia importante con el otro régimen de partido hegemónico que tuvimos en México, es decir, el del PRI del siglo pasado.

Mientras que los gobernadores de Morena serían intocables, los del PRI siempre estaban en la tablita.

Si eran funcionales para el Presidente en turno, se quedaban. En cuanto se percibían como un fardo para el gobierno federal, se les fulminaba.

Esto era particularmente importante cuando se trataba de la estabilidad política de un estado. Los gobernadores podían ser muy corruptos, pero si la entidad que gobernaban estaba en calma, se les toleraba. Por el contrario, si eran honestos, pero había violencia o ingobernabilidad, del centro venía el manotazo para removerlos.

La caída de los gobernadores era una tradición priista que, a cabalidad, aplicó el último presidente de la hegemonía de ese partido en el siglo XX. Me refiero a Carlos Salinas. Durante su sexenio se removieron un total de 14 gobernadores, la mayoría de ellos defenestrados por sus malos resultados en materia de gobernabilidad.

En la hegemonía priista, Rocha Moya ya hubiera caído. En la morenista, ahí sigue, campante, sin credibilidad alguna, más muerto que vivo, pero vivo, al fin y al cabo. El costo de mantenerlo es la persistencia de la violencia en Sinaloa y, ahora, la protesta social.

¿Hasta cuándo?

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Sinaloa no es de hoy, es desde Rubén Rocha Moya

Otro suceso que llama la atención fue la captura de Ismael El Mayo Zambada, en la cual Rubén Rocha declaró que se encontraba en la ciudad de Los Ángeles durante esta captura, lo cual no pudo demostrar —medios de comunicación publicaron que autoridades norteamericanas declararon que no había viajado el 25 de julio a territorio estadunidense—.

Max Cortázar | Excelsior

Arrancaremos esta segunda etapa con la situación que vive el estado de Sinaloa, esta desgracia donde los únicos afectados son los ciudadanos. Esto es una combinación del mal gobierno y las relaciones con el crimen organizado que sostiene el actual gobernador, como ha sido documentado por diversos medios de comunicación.

Esta historia comienza con la campaña a gobernador de Rubén Rocha Moya, donde medios como Código Magenta y periodistas como Héctor de Mauleón, entre otros, han realizado trabajos de investigación en los cuales tuvieron acceso a una serie de grabaciones donde Jocelyn Hernández Jiménez, quien en ese momento era subdelegada de programas sociales y fundadora del partido Morena, involucra al crimen organizado en dicho proceso.

En estas grabaciones declara cómo atestiguó la entrega de maletines de dinero por parte de Isidoro, mismo que un medio de comunicación lo refiere como El Chapo Isidro, para la campaña de Rocha Moya. En esos tiempos, quien era delegado de Morena en Sinaloa era el actual gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, mismo que fue ligado durante su campaña con el rey del huachicol, Sergio Carmona, no sólo eso, los mismos medios dicen que el avión de Sergio Carmona era el que los llevaba a recoger las maletas de dinero en la sierra de Sinaloa. Estas circunstancias arrancan desde el origen, no es de un día para otro, se ha venido construyendo con estos vínculos que los medios de comunicación han señalado entre Américo Villarreal, Rubén Rocha y un cártel del crimen organizado.

Sin embargo, con todas estas evidencias que se mostraron, ninguna autoridad actuó al respecto, incluso Jocelyn Hernández Jiménez narra que, en su momento, se lo mencionó a diversos funcionarios, como a la exsecretaria de la Función Pública, el excoordinador de los Diputados de Morena y al excoordinador de Programas Sociales, quienes no realizaron ninguna indagatoria al respecto.

Al final, de manera irregular, Rubén Rocha gana la elección habiendo sido señalado de tener vínculos con el crimen organizado y de imputaciones de secuestros, como fue señalado en su momento por los medios de comunicación.

Otro suceso que llama la atención del actual gobernador de Sinaloa fue la captura de Ismael El Mayo Zambada, en la cual Rubén Rocha declaró que se encontraba en la ciudad de Los Ángeles durante esta captura, lo cual no pudo demostrar —medios de comunicación publicaron que autoridades norteamericanas declararon que no había viajado el 25 de julio a territorio estadunidense—.

Aunado a ello, está el hecho del homicidio de Héctor Melesio Cuén, donde la ineficacia de las fiscalías se da a conocer por un video en una gasolinería, pero en peritajes se vislumbró que el diputado electo había sido asesinado en la finca donde capturaron a El Mayo Zambada.

Estos sucesos derivaron en un pleito entre dos cárteles importantes de la zona que ha dejado atormentado a los sinaloenses sin que las autoridades puedan intervenir. Esto se pudo haber evitado desde el principio y desde la campaña de Rocha Moya.

La gota que derramó el vaso en Culiacán se da con el espantoso crimen que costó la vida de un padre de familia y dos niños. La ciudadanía está harta de las circunstancias que se viven en ese estado y el gobernador continúa culpando a otros y evadiendo su responsabilidad. De nada le sirve al país y al gobierno federal un gobernador con tantas acusaciones, es momento de que las autoridades investiguen a fondo el actuar de este gobernador. Hoy, este señor no solamente afecta a miles de sinaloenses, sino también al gobierno federal actual; se debe ir ya y ser investigado.

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Astillero

Manipulación mediática contra Petro // Colombia obtuvo logros // Trump redobla amenazas // México: tomar nota

Julio Hernández López | La Jornada

Fue apabullante la sentencia de muchos medios de comunicación, por sí mismos o en reproducción de sus servicios de agencias informativas: Trump dobló a Petro; otras interpretaciones trataron de mostrar al presidente de Colombia en situación de ridículo, de un recular vergonzoso ante los dictados del desbordado primer presidente de Estados Unidos judicialmente declarado delincuente por su propio sistema jurídico.

El veredicto de esos medios ( La Jornada, una de las excepciones: goo.su/lbzlUyK) se produjo sólo a partir de la versión difundida por una de las partes en conflicto, la dominante: la Casa Blanca manejó la información obviamente a su conveniencia y los encabezados periodísticos no establecieron el sesgo evidente. Tampoco se destacó el hecho de que el presidente Petro no se había opuesto a recibir a colombianos deportados, sino a recibirlos en las condiciones de maltrato y violación de derechos que había establecido Estados Unidos. Dándose garantía de que no se repetirían tales condiciones, Colombia estaría dispuesta a reanudar la aceptación de las deportaciones, para lo cual una delegación de alto nivel de este país estará en Washington.

En realidad, incluso sin considerar la evidente asimetría entre los dos países y el constante golpeteo mediático y corporativo contra Gustavo Petro en la misma Colombia, el resultado del tenso diferendo dominical ha significado un notable logro de la parte sudamericana, al frenar las pretensiones impositivas del ogro naranja y conseguir que los deportados colombianos de los vuelos gringos frenados por decisión de Bogotá ahora puedan regresar a su patria en avión de su país, sin esposar y sin maltrato (a la hora de redactar esta columna sólo se había anunciado el envío de un avión colombiano a Estados Unidos, pendiente el desenlace de dicho viaje).

Además, la propia Organización de las Naciones Unidas, por medio de su vocero, ex-presó respecto al diferendo: los migrantes y refugiados deben ser tratados con dignidady sus derechos respetarse. Los países tienen derecho a controlar sus fronteras y fijar sus políticas, pero hay estándares que cumplir.

Como puede verse, no hubo aplastamiento de un presidente, Petro, ni de una nación, Colombia (aunque los incidentes sirven a los opositores al presidente de este país para alimentar hogueras golpistas o cuando menos asfixiantes). Es posible, incluso, que el lance de Petro haya creado un antecedente que pueda ser esgrimido, en sus circunstancias, por los países que recibirán deportaciones desde Estados Unidos.

Pero, en obvio seguimiento de esa interpretación sembrada, y conforme al conocido estilo fullero del multimillonario expansivo, el mismo Donald Trump se ha apresurado en busca de convertir el episodio más o menos parejo en una supuesta victoria mayúscula y, peor, en materia para más amenazas a países y gobiernos. Como vieron ayer, hemos dejado en claro a todos los países que deben de aceptar de regreso a su gente. Estamos enviando de vuelta a los criminales, a los inmigrantes ilegales que vienen de sus países.

Trump necesita apretar el puño retórico y seguir manejando los aranceles como arma ofensiva y defensiva, pero es probable que el domingo del conflicto con Colombia hayan quedado establecidos de manera muy temprana los verdaderos límites de los amagos y los malabares del aspirante a dictador mundial. La Casa Blanca insistirá en cobrar agravios a Petro y es muy probable que se incremente el ataque político y mediático al interior de ese país y desde el extranjero, pero, más que doblegar Trump al colombiano, lo que hubo fue una necesaria contención del presunto coloso naranja ante la resistencia y el posicionamiento histórico y ético de un gobernante sudamericano.

De lo sucedido, cada país con procesos de deportaciones en curso habrá de tomar lectura y hacer adaptaciones conforme a sus circunstancias. México tiene un aherrojamiento geopolítico que impide o condiciona experimentaciones riesgosas, pero también debe aprovechar las lecciones derivadas de este episodio.

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México, SA

Infonavit: cadena de complicidad // Despojo a 249 mil derechohabientes // Juicios ilegales para robar vivienda

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Las instituciones del Estado mexicano fueron vilmente atracadas por los neoliberales –incluso antes de su reconocimiento como tales–, y las enfocadas al bienestar social figuran entre las más exprimidas. Tres casos concretos –todo documentado– son el IMSS, el Issste y el Infonavit –aunque hay más–, en donde los dineros de la nación se destinaron a beneficiar a políticos, empresarios, parientes, amigos, asociados y demás en un interminable negocio particular con fondos públicos, mientras a los derechohabientes los dejaron totalmente desprotegidos.

De todo sacaron gruesa raja, y en los últimos meses, como en el sexenio anterior, el gobierno documentó y denunció ese modus operandi que a la nación y a los mexicanos les ha costado cientos de miles de millones de pesos y la imposibilidad de ejercer sus derechos, amparados éstos en la ley. El atraco no es nuevo, claro está, pero por primera vez le han puesto el cascabel al gato.

En diciembre pasado, el director del Infonavit, Octavio Romero, denunció fraudes, corrupción, estafas, despojo de viviendas, tráfico de influencias, directivos involucrados (mencionó a dos: David Penchyna y Alejandro Murat, ambos con Peña Nieto), triangulación de recursos, multimillonarias indemnizaciones irregulares, connivencia de los sectores empresarial y de los trabajadores en el consejo de administración del organismo, sueldos y prestaciones ilegales, condonación fiscal a las llamadas vivienderas, contrataciones ilegales, venta de un mismo inmueble hasta en cuatro ocasiones, colusión de empleados, notarios, despachos de abogados, integrantes del Poder Judicial, empresas, peritos valuadores y mucho más. Todos de la mano para saquear a ese organismo en detrimento de los derechohabientes.

Lo denunciado ya constituía un monumental saqueo al Infonavit, pero la historia no terminó ahí, porque ayer el mismo funcionario, Octavio Romero, siguió con esta historia de terror: Por medio de una red de corrupción que involucra a jueces, despachos de abogados y colusión con personal de los poderes de justicia locales se despojó de vivienda a 249 mil derechohabientes mediante juicios masivos ilegales que se llevaron a cabo sin notificación a las personas demandadas, a quienes se les promovieron juicios en entidades distintas de aquellas donde vivían. Está operación fraudulenta generó pagos ilegales por 29 mil millones de pesos a una veintena de despachos de abogados ( La Jornada, Alonso Urrutia y Emir Olivares).

Entre estos últimos se encuentran Gabbsa, Beamber, ECD, Aguilar, ILS, Tormenz, Bajacoast, Escaip, Molrod, Cajiga y ocho más, todos dedicados a robar a los derechohabientes (obvio es que en colusión con jueces, funcionarios y el resto de la cadena de corrupción), que no fueron pocos. Romero lo precisó: de 373 mil derechohabientes (incluidos 22 mil que estaban al corriente en sus pagos) que fueron afectados en estos juicios masivos, 80 por ciento (302 mil) fueron demandados en otros estados y sólo 71 mil en su propia entidad. Y en todos los casos no fueron notificados personalmente en sus domicilios, como lo marca la ley; se vulneró el debido proceso, ya que estas personas no tuvieron conocimiento de que estaban siendo enjuiciadas. Y al tener conocimiento, el proceso se aceleró, pues no contestó el demandado. Hagan de cuenta que fue en rebeldía; el juicio se aceleró y rápido estos despachos ganaron el proceso, a partir de un procedimiento irregular y corrupto. Ni el Comité de Auditoría, ni la Comisión de Vigilancia ni los consejeros del Infonavit realizaron ninguna acción.

En resumen, dijo Romero, de 373 mil derechohabientes afectados por estos juicios, 249 mil perdieron su vivienda; 207 mil de ellas, que se supone debieron haber pasado a manos del Infonavit, no pueden ser escrituradas porque estos juicios son ilegales. Viviendas que son de nadie: ni del derechohabiente original ni del Infonavit, que no las puede recuperar. Otras 42 mil fueron vendidas por el Infonavit en subastas”.

Ante la acción judicial emprendida por el Infonavit, ahora los prianistas –metidos hasta el fondo en este enjuague– anuncian resistencia civil en toda la República. ¡Claro! Les quitaron otra mina de oro.

Las rebanadas del pastel

Enloquecido, sin nadie que lo frene y dejando de lado que los primeros perjudicados serán los propios consumidores estadunidenses, Donald Trump amenaza con imponer aranceles por doquier y los utiliza como arma para doblegar a gobiernos insumisos. Dependerá de éstos el desarrollo de los acontecimientos.