Lo que dicen los columnistas

Crisis sin crisis

Iván Illich asoció la crisis con la noción de “contraproductividad”: más allá de ciertos límites, las instituciones que se crearon para determinados fines producen lo contrario. Para contrarrestar la crisis proponía establecer límites que devolviera a las sociedades su equilibrio.

Javier Sicilia | Proceso

Cerramos y abrimos el año en crisis, crisis de violencia, crisis política, crisis de Estado, crisis de las instituciones, crisis civilizatoria… Donde volvemos la mirada, la crisis aparece. Solemos relacionarla con el desastre. La palabra, sin embargo, se refiere a un momento de dificultad que debe resolverse. Su etimología es importante, significa “separar”, “decidir”, emitir un juicio frente algo que se quebró y hay que reparar. De allí, por ejemplo, las palabras “crítica”, que significa “análisis”, “estudio”, y “criterio”, que quiere decir “analizar de manera adecuada”.

Iván Illich asoció la crisis con la noción de “contraproductividad”: más allá de ciertos límites, las instituciones que se crearon para determinados fines producen lo contrario. Lo demostró en la década de los setenta con la escuela, el transporte, la herramienta y la medicina. Las cuatro, decía, habían rebasado ese umbral y comenzaban a producir ignorancia, parálisis, enfermedad, dependencia y devastación de la naturaleza y las culturas. Para contrarrestar la crisis proponía establecer límites que devolviera a las sociedades su equilibrio y a la gente su autonomía y su creatividad.

En la década de los ochenta se dio cuenta de que eso era imposible. Lejos de haber tomado el camino correcto, las sociedades se habían vuelto adictas a esas ofertas institucionales, cuya demanda, además de destruir las culturas, la naturaleza y la autonomía, era imposible de satisfacer.

Illich abordó las causas de esa adicción. La más importante es que las instituciones modernas de servicio no son, como Illich lo había pensado en la década de los setenta, herramientas que mediante ciertos ajustes podrían recuperar su escala humana, sino, como lo dijo después, subsistemas de un enorme sistema, cuya imagen es la computadora que, a diferencia de las herramientas autónomas e incuso de las heterónomas de la era industrial, no tiene fines específicos ni distalidad –distancia entre la herramienta y el cuerpo– ni exterioridad, sino un conjunto de subsistemas interconectados.

Así, la escuela está conectada con el transporte, con la medicina, con la energía, la seguridad, el empleo… y todas ellas con la idea de que mayores dosis de sus productos aumentarán su eficacia. Enchufados a ellos e incapaces de escapar de sus redes nos volvemos súbditos de una contraproductividad que nos vuelve más estúpidos y bárbaros en nuestro saber, más lentos en nuestra prisa, más enfermos en nuestras ansias de salud, más dependientes de una seguridad que el Estado ya no puede proporcionar porque, al igual que esas instituciones que protege y sirve, rebasó también sus límites…

Fragmento del texto de Opinión publicado en la edición 0019 de la revista Proceso, correspondiente a enero de 2025.

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Juegos de poder

¿Rumbo a un corporativismo rentista?

Había banderas, pendones e inflables que identificaban a cada grupo.

Leo Zuckermann | Excelsior

La Plaza de la Constitución estaba llena y, como en las mejores épocas del PRI, de sindicatos y organizaciones vinculadas con el gobierno. Tuvimos un déjà vu de aquel régimen autoritario corporativista del siglo pasado.

Todos vitoreaban a la Presidenta de México, quien presentaba su informe de sus primeros cien días en el poder.

Había banderas, pendones e inflables que identificaban a cada grupo presente. Estaban viejos conocidos como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) o el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX). Se encontraba la nueva central obrera agrupada en la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM). Antiguas formaciones vecinales de la Ciudad de México como la Unión Vecinal del Valle de Anáhuac y también de más reciente formación como la Familia Dragón, de la alcaldía de Cuajimalpa.

Estados gobernados por Morena enviaron a grupos representantes: Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Zacatecas, Chiapas, Hidalgo, Estado de México y Puebla. Todos, también, con banderitas para que los identificaran.

Muy diferente esta concentración a la que nos tenía acostumbrado el lopezobradorismo cuando era oposición. Ahora son gobierno y ya no tienen a su gran estrella que llenaba el Zócalo capitalino gracias a su carisma y popularidad. Me refiero al expresidente López Obrador.

El movimiento ahora lo lidera la presidenta Claudia Sheinbaum, quien no tiene las mismas capacidades de convocatoria. De ahí que el partido en el poder tenga que echar mano de los gobernadores y grupos organizados, sobre todo sindicatos, para llenar la plaza pública.

Muy al estilo del viejo corporativismo priista.

¿Acarreados?

Desde luego.

Pero se vale en la política, siempre y cuando no se utilicen recursos públicos para este propósito.

No dudo que así haya sido, pero no es mi interés meterme a este asunto. Lo que me parece interesante es algo mucho más costoso. Lo del acarreo de un día pueden representar cacahuates en comparación a lo que cuesta la política corporativista.

Porque todos esos grupos no van de a gratis a manifestar su apoyo a la Presidenta. Asisten con el propósito de defender sus intereses. Hay un quid pro quo en esta transacción. Yo te mando a un nutrido contingente a tu evento a cambio de que tú me otorgues…

Cada grupo demanda algo diferente.

Los gobernadores lo hacen para quedar bien con la Presidenta y sacarle más dinero federal para sus estados. Los sindicatos típicamente pretenden mejores salarios y prestaciones labores, amén de todo tipo de privilegios para sus agremiados. Las organizaciones vecinales reciben recursos públicos para diversos programas gubernamentales que benefician a sus miembros.

El corporativismo siempre termina en rentismo. Los grupos se organizan para obtener ingresos del Estado manipulando o explotando el entorno político-económico del país. Los asociados se aprovechan sin hacer ningún tipo de contribución a la productividad. Obtienen rentas que ocasionan pérdidas a la sociedad.

Los mexicanos conocemos cómo termina esta historia: en la bancarrota de las finanzas públicas y, eventualmente, en crisis económicas.

En su eterna misión de legitimarse, el PRI del siglo XX recurrió cada vez más a los grupos corporativos. Y éstos fueron pidiendo cada vez más. Los campesinos más tierras, los sindicatos (maestros, petroleros, burócratas) más privilegios laborales, distintas organizaciones sociales más recursos del erario. El modelo llegó a su límite en los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo, cuando el gobierno ya no pudo financiar las crecientes demandas de los grupos corporativos que sostenían al partido en el poder.

En Argentina, el peronismo, ya sin Perón, se estructuró de manera corporativa, sobre todo con el apoyo de los sindicatos. Las demandas laborales fueron creciendo y los gobiernos aceptándolas sin exigir un incremento de la productividad a cambio. Ese país se fue por la borda; ha vivido ya muchas crisis económicas debido a la imposibilidad de romper el rentismo que sostiene a la política corporativa del principal partido político que sigue siendo el peronista.

Me preocupa que el lopezobradorismo, ya sin López Obrador, derive hacia un corporativismo rentista. Porque ya conocemos el final de esta historia. Tarde o temprano, el apoyo político de las organizaciones termina quebrando al erario y generando crisis económicas.

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Arsenal

El conflicto que no deja morir en paz al Inai

Francisco Garfias | Excelsior

En el Inai se libra la última batalla. No es para defender la autonomía del órgano de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Ésa ya está perdida por imposición de YSQ. El round 15 lo protagonizan la comisionada Julieta del Río Venegas y el comisionado presidente del instituto, Adrián Alcalá.

Él asegura que desde el día que asumió la presidencia, en diciembre del 2023, Julieta se ha dedicado a emprender una “campaña pública de desprestigio” en su contra.

“Hay momentos en que la desinformación debe ser combatida y éste es uno de los casos”, dice el único correo que Alcalá subió a la red interna.

Ella sostiene que son “incongruencias” de Adrián y que no le interesa lo que él diga.

Tenemos copia de los correos internos en los que Julieta le hace una serie de acusaciones verbales al comisionado presidente. Amenaza con demandarlo y lo hace responsable de lo que le pudiera ocurrir.

“No son difamaciones, Adrián. La ASF tiene plasmados tus gastos en cantinas y están los documentos oficiales y más cosas e irregularidades. Tu viaje a Cartagena y la parranda con recursos públicos con tus amigos del INFOciudad”, dice en uno de ellos.

En otro que dirige a Adrián Alcalá habla de sí misma. Tiene muy alta la autoestima:

“Soy una mujer con muchos años de servicio. Íntegra. Tengo posibilidades de llegar aún más arriba (quiere ser gobernadora de Zacatecas) y bien lo sabes. A mí me conocen y me reconocen en mi estado y ya también a nivel nacional. No dependo del Inai ni de un sueldo, gracias a Dios”.

* El Programa de Retiro Voluntario, propuesto por Alcalá para repartir 49 millones de pesos que sobraron del presupuesto asignado al instituto en el 2024, desbordó el conflicto que no deja morir en paz al Inai.

El comisionado presidente propuso que los 49 millones se repartieran entre los trabajadores del instituto que quisieran irse ya. Le darían a cada uno tres meses de salario.

La oferta sólo alcanzaría a la mitad del personal. Al Inai le quedan todavía dos meses y medio de vida y no puede quedarse sin trabajadores. Habría que elegir quién sí y quién no.

La propuesta no prosperó. Julieta del Río, junto con Blanca Lilia Ibarra y Josefina Román, las otras dos comisionadas que le quedan al Inai, votaron en contra. Se pronunciaron por consultar a la Secretaría de Hacienda.

Así lo hicieron. La dependencia dio luz verde el 30 de diciembre, pero el Inai fue notificado hasta el seis de enero, cuando ya era imposible repartir el recurso del 2024.

La comisionada reconoce, eso sí, que no quería repartir el dinero a ciertos servidores. ¿Por qué? “Se trata de gente que trabajó con (los excomisionados) Óscar Guerra, Eugenio (Monterrey) y Francisco Acuña”, sostiene.

Propuso que el recurso se lo queden los cuatro comisionados para que cada uno elija a los trabajadores que se beneficiarían de esa liquidación adelantada que abortó.

* Del Río no paró allí. Dijo que antes del 2023 no se penalizaba a los proveedores del Inai que no cumplían y aun así se les pagaba. “El almacén del piso menos 4 está lleno de cientos de productos desde el año 2000. Vasos, productos de limpieza, y aun así siguen comprando”.

También hizo acusaciones graves a excomsionados del Inai. Habla de que pedían moches a los trabajadores. “Ya está comprobado por la Auditoría”, dijo.

Las fuentes del Inai que nos proporcionaron los correos dicen que la comisionada Del Río está molesta por la reunión que Alcalá sostuvo, en diciembre pasado, con Raquel Buenrostro, titular de la Función Pública, sin ella y las otras comisionadas. Presume cercanía con el titular de la ASF, David Colmenares.

La Función Pública va a asumir las funciones que desempeña el Inai. Es decir, el gobierno será juez y parte en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

* Dice el jefe nacional del PAN, Jorge Romero, que los primeros 100 días de gobierno de la presidenta Sheinbaum “han sido una copia, un papel calca” del gobierno de AMLO.

“Sigue siendo un gobierno al que no le interesa en lo más mínimo escuchar a quien piensa distinto, un gobierno que denosta, que miente”, dijo.

En rueda de presa, en la que estuvo flanqueado por Santiago Taboada, secretario de Acción Política del PAN, y de Jorge Triana, vocero de voceros del blanquiazul, Romero puso énfasis en la propuesta del PAN para topar en 20 pesos el litro de gasolina que Morena votó en contra.

“La gente tiene que pagar 25 pesos el litro por los impuestos que te cobra el gobierno. Ahí está el IEPS y el IVA. Claro que el precio de la gasolina puede disminuir si existe la voluntad gubernamental”, aseguró.

¿Cómo?

Bajando el cobro del IEPS en las gasolinas Magnum y Premium. “Cuesta más en México que en Costa Rica el litro de gasolina y es por los impuestos”, destacó.

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Astillero

Plan empresarial México // Altagracia y el CCE // Júbilo de inversionistas // Verástegui: lucha armada

Julio Hernández López | La Jornada

El Plan México es un diseño gubernamental económico de largo plazo hecho bajo la visión empresarial y a la luz de sus intereses. Ni siquiera para efectos escénicos se incorporó alguna forma de representación popular; tampoco, de manera apreciable, en los discursos de presentación del programa. Los grandes invitados fueron los empresarios; ellos, los grandes aplaudidores.

Un binomio: gobierno federal y empresarios, el primero representado de manera influyente por una extraña adquisición operativa claudista, la empresaria Altagracia Gómez, de quien ya en anteriores columnas se ha dado puntual referencia no de sus circunstancias familiares por sí mismas, sino en función de que es heredera y continuadora de una forma de hacer negocios en arreglo con el poder político en turno, que en su momento significó Raymundo Gómez, gran beneficiario del salinismo y el Fobaproa (véase lo dicho por el académico Harim Gutiérrez: Fortuna de Altagracia, del saqueo neoliberal https://goo.su/s643RAH ).

Del lado explícitamente empresarial la arquitectura del plan corrió a cargo del Consejo Coordinador Empresarial y, en específico, de su presidente, Francisco Cervantes. En realidad, la única fuerza organizada y presionante, para propósitos del diseño gubernamental del futuro económico del país, es la del capital (que en el sexenio obradorista tuvo extraordinarias ganancias), pues no se ha alentado ni existe una fuerza obrera (ni modo que Pedro Haces con su CTM-4T llamada Catem), campesina o popular que balancee los procesos de decisiones gubernamentales. Las grandes masas sociales están vertebradas para la recepción de apoyos asistenciales y sus controladas derivaciones partidistas y electorales.

Desde luego, los objetivos del citado plan son ambiciosos y aspiran a construir una nación de gran desarrollo económico, de la mano de los grandes capitales. Es un proyecto de largo aliento, que habrá de verse si se libra de los tradicionales lastres de la realidad mexicana, en particular los relacionados con la corrupción y la faccionalidad (que no desaparecen a golpe de buena voluntad ni de discursos). También es un intento de cierre de filas, mediante alicientes y promesas de grandes negocios compartidos, con la clase empresarial mexicana ante los riesgos que podrían ir creciendo a partir del arribo de Donald Trump al poder.

En otro tema: llaman la atención las arengas a la acción violenta que el fallido aspirante a candidato presidencial independiente y promotor de un nuevo partido en México, Eduardo Verástegui, está haciendo en el contexto venezolano, a tal grado que algunos de sus congéneres ultraderechistas de aquellas latitudes sudamericanas mantienen con el actor y ex cantante una tosca polémica en redes sociales.

Verástegui critica duramente lo que llama opoficción, encabezada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado; les tilda de ejecutar una farsa permanente que les reporta beneficios a ellos pero no a la causa contra Nicolás Maduro.

Ha escrito en X, entre otros llamados a las armas: la única forma de acabar con este régimen es a la fuerza. Es mediante una acción decisiva. Y sí, podemos lograrlo con la ayuda de aliados internacionales, el respaldo de las fuerzas militares lideradas por el presidente Trump, y la valentía de los patriotas venezolanos que en el pasado demostraron no temer enfrentarse al régimen. Los líderes piden pactos, negociaciones y acuerdos para una transición pacífica y ordenada. ¡Una ilusión! (…) La tiranía, en pleno, sólo saldrá a la fuerza, expulsada por la rebeldía de los patriotas en armas (https://goo.su/ujLBTk9)./

Vale preguntarse si Verástegui, quien pretende crear un partido clerical y trumpista, sostiene ese discurso de llamado a la violencia política y el intervencionismo armado extranjero para resolver los problemas políticos de México y expulsar del poder a quienes no comparten sus posturas de ultraderechismo histérico.

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México, SA

¿Y el mafioso Alonso Ancira? // Viola acuerdo reparatorio // Debe regresar al reclusorio

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

¿Qué sucede cuando un gobierno legal y legítimo confía en y llega a un acuerdo reparatorio con uno de los hampones de la minoría rapaz que Carlos Salinas de Gortari incorporó a su círculo íntimo? Pues lo que es previsible: ese mafioso es Alonso Ancira Elizondo, a quien el innombrable prácticamente regaló la ex paraestatal Altos Hornos de México sólo para hacerse multimillonario por la vía de exprimir y quebrar al corporativo y llevarse entre las patas a cerca de 20 mil trabajadores, la mayoría de alta especialidad y sin cobrar su salario desde hace más de año y medio.

Pero con la quiebra de AHMSA, Alonso Ancira no sólo hundió a las familias trabajadoras y, de pasadita, la actividad económica en la ciudad de Monclova, sede del corporativo y de él dependiente en grado sumo, sino que dejó un enorme tiradero: deudas por doquier (a proveedores e instituciones federales como el IMSS, el SAT, el Infonavit y la Comisión Federal de Electricidad) y el descarado incumplimiento del citado acuerdo reparatorio (firmado con el gobierno de AMLO), relativo a la fraudulenta operación de compraventa de la chatarrizada empresa Agronitrogenados –en complicidad con Emilio Lozoya Austin, director de Petróleos Mexicanos con Enrique Peña Nieto y hoy en prisión domiciliaria–, en el que quedó claramente establecido que si el mafioso quería salir de la cárcel (a la que ingresó en febrero de 2021, luego de ser extraditado por España, la meca de la minoría rapaz y la mafia del poder, a donde huyó y lo pescaron) se obligaba a resarcir a Pemex los 216 millones de dólares que defraudó a la nación por medio de dicha operación.

Aceptó, firmó, salió del Reclusorio Norte, agarró avión a Estados Unidos (cuenta con doble nacionalidad) y de allí no ha salido. Sólo pagó la mitad del adeudo acordado –en dos entregas– y, dada la calidad de la impartición de justicia en México (y antes de la declaratoria formal de la quiebra de AHMSA), logró que un juez federal le concediera prorroga de un año (hasta noviembre de 2024) para saldar el monto restante, es decir, alrededor de 108 millones de dólares adicionales. Obvio es que de nueva cuenta incumplió y transcurridos un par de meses después del vencimiento, pues ni sus luces ni su pago. Y como el mafioso incumplió, debe reabrirse el proceso judicial en su contra y regresarlo al Reclusorio Norte (junto con Emilio Lozoya), como parte del multicitado acuerdo. Pero tampoco.

En el interín, el mafioso hizo porquería y media con AHMSA –aún más–, y públicamente aparentó renunciar a la presidencia de su consejo de administración –de hecho lo hizo en por lo menos dos ocasiones–, sin soltar las riendas ni abandonar los chanchullos, y se comprometió a restructurar el corporativo, encontrar nuevos inversionistas, saldar todas las deudas –públicas y privadas– y no dejar en el aire a 20 mil trabajadores. En los hechos, nada de nada, es decir, otro ejemplo claro de las exitosas privatizaciones del régimen neoliberal. Eso sucede por confiar en la palabra de los mafiosos.

A mediados de octubre pasado, el Sindicato Nacional de Mineros, por medio de su dirigente nacional, Napoleón Gómez Urrutia, presentó una propuesta a la presidenta Sheinbaum para analizar la creación de una cooperativa con participación de la propia organización obrera, empresarios con visión social y gobierno federal, con la intención de reflotar AHMSA, recuperar los cerca de 20 mil empleos –con todos sus derechos–, reactivar la economía de Monclova y pagar a los acreedores.

Pues bien, ayer la presidenta Sheinbaum anunció que estamos viendo las distintas opciones para atender el tema de Altos Hornos de México, y nuestro objetivo evidentemente es que se recuperen los empleos. Entonces, espero que en poco tiempo podamos dar buenas noticias. Y de todas maneras, vamos a hacer un plan de justicia para los trabajadores, de tal manera que puedan tener lo mínimo indispensable las familias. Estamos trabajando en ello.

Excelente noticia, pero ¿y el mafioso Alonso Ancira Elizondo y su cómplice –uno de tantos– Emilio Lozoya? ¿Retorno al reclusorio, pago obligado o borrón y cuenta nueva? Esto último, desde luego, de ninguna manera, y menos con impresentables.

Las rebanadas del pastel

Con todo y las amenazas y chantajes de Donald Trump, con el Plan México la presidenta Sheinbaum anuncia que su objetivo es que la mexicana escale a la posición número 10 entre las economías del mundo (ahora en el peldaño 12) y así reducir la pobreza. Hasta ahora, dijo, se tienen identificados 277 mil millones de dólares de empresas interesadas en instalarse en nuestro país.

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Ernesto Zedillo, ni perdón ni olvido

Luis Hernández Navarro | La Jornada

Las dos balas que asesinaron en Lomas Taurinas a Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994, le abrieron el paso a Ernesto Zedillo, su coordinador de campaña, para que llegara a la primera magistratura en los comicios de ese año. Apenas el 29 de noviembre del año anterior, había renunciado como secretario de Educación, por lo que, a diferencia de otros prominentes miembros del gabinete de Carlos Salinas, no estaba imposibilitado constitucionalmente para ser candidato presdencial.

Tecnócrata doctorado en ciencias económicas por la Universidad Yale, adalid del neoliberalismo y el libre comercio, últimamente, el ex presidente prodiga bendiciones y excomuniones, al tiempo que se presenta como prócer de la democracia y los derechos humanos. Nada más alejado de la realidad. Durante su administración, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, entre otras entidades, se transformaron en territorio de cacería contrainsurgente. Auspiciados por el Estado, los paramilitares florecieron como hongos en época de lluvia. Decenas de cuarteles militares se construyeron en las regiones más apartadas del país. Avasalladores, los soldados irrumpieron en las comunidades indígenas. Las mujeres se convirtieron en botín de guerra.

El doctor Zedillo hablaba de paz pero hacía la guerra. Y, con frecuencia, traicionaba su palabra. El 9 de febrero de 1995, en lugar de que Esteban Moctezuma, su secretario de Gobernación (hoy embajador en Washington), llegara a la selva Lacandona para entrevistarse con la comandancia zapatista, para explorar vías para la paz, el mandatario envió al Ejército a descabezar la rebelión de los pueblos. Al mando del general Ramón Arrieta Hurtado, jefe de la Sección de Paracaidistas, 2 mil 500 soldados, en unos 100 vehículos blindados y artillados, con el apoyo de helicópteros y aviones, tomaron el ejido de Guadalupe Tepeyac y otras comunidades.

El 16 de febrero de 1996 se firmaron los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígenas entre el EZLN y el Es­tado. Allí se estableció el compromiso de llevar a la Constitución la refundación de la nación, y reconocer a los pueblos originarios y su derecho a la libre determinación y a la autonomía. En lugar de cumplir con lo pactado, el presidente negoció en las calles de Barcelona en la Ciudad de México, con PRD y PAN, una reforma partidocrática, que reforzaba el monopolio de la representación política de los partidos. A casi 31 años de su firma, los acuerdos de San Andrés siguen sin hacerse realidad.

Zedillo vistió Chiapas de verde olivo y auspició la formación de grupos paramilitares. Ejército, policías y autoridades armaron, entrenaron y financiaron a civiles armados. Los bautizaron como Paz y Justicia, Opdic, Chinchulines, Primera Fuerza, Máscara Roja, MIRA.

Tan sólo en la región chol, con el apoyo del general Mario Renán Castillo, jefe de la séptima Región Militar, entre 1995 y 2000 los paramilitares de Paz y Justicia asesinaron a más de 100 indígenas, expulsaron de sus comunidades al menos a 2 mil campesinos y sus familias, cerraron 45 templos católicos, atentaron contra los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera, hurtaron más de 3 mil cabezas de ganado y violaron a 30 mujeres.

El 22 de diciembre de 1997, unas 350 personas, del grupo Las Abejas, oraban en la explanada de un cafetal que les servía de refugio, junto a la ermita católica de Acteal. Protegidos por militares y autoridades, paramilitares asesinaron salvajemente a 45 personas. Los homicidas materiales fueron liberados y los autores intelectuales nunca fueron juzgados.

En junio de 1995, Zedillo deportó a tres clérigos de Argentina, España y EU por su labor social en Chiapas. En abril de 1997 fueron expulsados dos miembros de la Federación Internacional de los Derechos Humanos por visitar un penal en Guerrero. En mayo de 1998 fueron corridos del país 128 italianos que se trasladaron al sureste a documentar las agresiones del Ejército contra los municipios zapatistas.

El 28 de junio de 1995, la policía judicial de Guerrero emboscó, en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, a labriegos pobres de las comunidades de Atoyaquillo y Tepetixtla, pertenecientes a la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS). Fueron asesinados 17 trabajadores del campo y heridos 23. Exigían la entrega de fertilizantes, láminas para vivienda y otros apoyos agrícolas ofrecidos por el entonces gobernador, Rubén Figueroa Alcocer, y la presentación con vida de su compañero Gilberto Romero López, desaparecido un mes antes.

En junio de 1998, en el Charco, Ayu­tla, el Ejército mató a 10 indígenas y un estudiante de la UNAM. Las comunidades fueron hostigadas, y no pocos dirigentes del movimiento fueron posteriormente desaparecidos o asesinados.

A partir de finales de agosto de 1996, sobre los zapotecos de San Agustín Loxicha, cayó lo que Zedillo bautizó como todo el peso de la ley. Un Ejército de ocupación se volcó en aquellas tierras. Uno tras otro, se sucedieron arrestos ilegales, torturas, 22 desapariciones forzadas, ejecuciones clandestinas y cateos ilegales. Más de 250 personas, comenzando por las autoridades municipales, fueron detenidas. Cientos de expedientes judiciales contra indígenas fueron fabricados.

No obstante esta carnicería, se ha querido presentar a Zedillo como apóstol patrio. Se pretende hacer a un lado su responsabilidad en masacres, militarización, cárcel, ejecuciones extrajudiciales, tortura, esterilizaciones forzadas y persecuciones policiacas contra campesinos e indígenas. Sin embargo, el ex mandatario carece de autoridad para envolverse en la bandera nacional y pontificar sobre la democracia. No merece perdón ni olvido.