Lo que dicen los columnistas

Cerrando un año y abriendo uno nuevo con expectativas de los dos derechos que aún tutelamos

Los recursos del INAI y sus resoluciones se traducen en personas que accedieron a una pensión justa, a su expediente clínico, a información para hacer trámites y también conocieron cómo gasta el gobierno. Es información para tomar decisiones de vida.

Julieta del Río | Proceso

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha sido protagonista en la agenda pública por la reforma constitucional que elimina a siete organismos autónomos, incluido nuestro instituto. Si bien la institución desaparecerá en el transcurso de este 2025, los derechos a saber y a la protección de los datos personales de los mexicanos siguen garantizados en nuestra Constitución.

Desde mi perspectiva, un ente que no pertenezca a ningún poder garantiza que cada queja ingresada por las personas inconformes ante las respuestas de las instituciones pase por un análisis minucioso en ponencias antes de resolverse.

2024 fue un año muy productivo. Asistí a las 106 sesiones del Pleno que tuvimos en el INAI. En cada sesión he buscado compartir con el público aquellos casos con mayor relevancia. Más allá del trabajo jurídico, estoy muy consciente de que en cada solicitud o recurso de revisión hay una historia de vida que requiere información para encontrar una solución al problema que se le presenta.

En mis cuatro años como comisionada nacional hemos resuelto cinco mil 228 recursos gracias al trabajo arduo de mi equipo. No cabe duda de que en este trayecto mi experiencia como comisionada en Zacatecas y mi paso por diversos encargos dentro de la administración pública me han servido para dirigir un equipo cada vez más eficiente en sus labores, pero que conserva esta vocación por el servicio público.

Todos estos recursos se traducen en personas que, gracias a las resoluciones del INAI, accedieron a una pensión justa, a su expediente clínico, a información para hacer trámites y también conocieron cómo gasta el gobierno. Es información para tomar decisiones de vida.

Esperamos que ahora, en este proceso de transición de responsabilidades, se pueda considerar en las leyes secundarias los mecanismos ya adoptados por la sociedad como la Plataforma Nacional de Transparencia.

Hoy, que ya ha sido publicado el decreto que extingue al INAI, esperamos que en las leyes secundarias existan reglas claras y nadie permita retrocesos en la garantía de los dos derechos tutelados hasta hoy aún por el INAI.

El 30 de diciembre último aprobamos la calendarización de un presupuesto de cerca de 500 millones de pesos, cuando menos para la vida de cuatro meses del INAI, incluyendo la operación de la Plataforma Nacional de Transparencia para que continúe con la seguridad perimetral y la infraestructura tecnológica que ha permitido salvarla de millones de ataques, y eso ha dado confianza para que los ciudadanos sigan ejerciendo estos derechos a través de esta plataforma única en el mundo.

Que sea un 2025 con claridad para los mexicanos y que todo sea para bien.

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Nudo gordiano

Segundo piso 2025

Yuriria Sierra | Excelsior

El inicio de 2025 marca una nueva etapa en la vida política de México, encabezada por la primera presidenta, Claudia Sheinbaum. Mientras el proyecto de la llamada Cuarta Transformación busca consolidar su legado, la gran pregunta es si ésta será verdaderamente integral y sustentable o si se limitará a ser un edificio frágil, sostenido únicamente por la lealtad de sus bases y el ejercicio del poder vertical.

El politólogo Daniel Innerarity, en su reciente columna Año nuevo, sociedad nueva publicada en El País, destaca que “la democracia no se construye sólo con la voluntad de una élite política; requiere la complicidad activa de toda la sociedad”. En el caso de México, significa que el verdadero segundo piso de la transformación debe construirse con la concurrencia de las clases medias, las élites económicas, los activistas, las comunidades indígenas, los empresarios, los sindicatos, y también los sectores académicos y culturales. Sin esta participación, cualquier intento de transformación será vulnerable a los caprichos de una élite gobernante, a las presiones externas como las que seguramente ejercerá el próximo gobierno de Donald Trump, y a los “imponderables” que trae consigo la realidad, como los desastres.

La verdadera transformación de un país no puede ser un proyecto unilateral ni excluyente. México enfrenta una encrucijada histórica donde el éxito de cualquier proyecto de cambio dependerá no sólo de su capacidad para atender las necesidades de los más vulnerables, sino además de su habilidad para tejer un nuevo contrato social que incluya a todos.

La metáfora del “segundo piso” es sugerente, pero potencialmente frágil. La experiencia histórica nos muestra que los proyectos de transformación que se limitan a una base social específica, por más amplia que sea, terminan siendo vulnerables a múltiples amenazas. Los “factores oscuros de poder” —como el narcotráfico— prosperan en los espacios de desarticulación social, donde la falta de cohesión facilita la penetración de intereses criminales. Las presiones externas, sean comerciales o políticas, encuentran terreno fértil cuando pueden explotar las divisiones internas de un país.

Los desastres naturales, por ejemplo, no discriminan, pero sus efectos sí se distribuyen de manera desigual. La capacidad de respuesta y recuperación de una sociedad ante estos “imponderables” depende directamente de su nivel de cohesión y de la fortaleza de sus instituciones.

El reto para cualquier proyecto transformador en México es doble: por un lado, debe mantener su compromiso con los sectores históricamente marginados; por otro, necesita construir puentes con aquellos grupos que, sin ser parte de la élite económica, han quedado fuera del discurso oficial: profesionistas, pequeños empresarios, académicos, trabajadores calificados, y esa amplia gama de mexicanos que constituyen la columna vertebral de la economía formal.

La clase media mexicana es un actor fundamental para cualquier transformación duradera. No sólo por su peso económico y cultural, sino porque históricamente ha sido el sector más dinámico en la promoción de cambios democráticos y en la defensa de instituciones fundamentales.

Los grandes cambios históricos exitosos han sido aquellos que lograron crear nuevos consensos sociales, no los que profundizaron las divisiones existentes.

La construcción de este “segundo piso” requiere una arquitectura social incluyente que contemple mecanismos de participación efectiva para todos los sectores sociales, un proyecto económico que combine el apoyo a los más vulnerables con el fortalecimiento de la clase media, instituciones sólidas que trasciendan los ciclos políticos, y una visión de país que supere la dicotomía entre lo popular y lo profesional.

El mayor riesgo para cualquier proyecto de transformación no es la oposición externa, sino la incapacidad para construir consensos internos.

La verdadera prueba no está en mantener la lealtad de los convencidos, sino en la capacidad de sumar a los escépticos a un proyecto común de nación. El éxito de la transformación dependerá, en última instancia, de su capacidad para convertirse en un proyecto verdaderamente nacional, no en el proyecto de un grupo o una facción, por mayoritaria que ésta sea. Sobre todo cuando tienes la mesa puesta para convocarlos absolutamente a todos.

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Alto mando

Herencia maldita

Miguel Ángel Godínez García | Excelsior

La situación de violencia e inseguridad que vive Chiapas poco tiene que ver con la de hace algunos años. En 2017, el estado enfrentaba un alza en delitos del fuero común, pero fue en la gestión de Rutilio Escandón cuando se incrementó la violencia. Su respuesta tibia ante los desafíos de seguridad, combinada con la fallida estrategia federal de abrazos, no balazos impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, abrió la puerta para que los cárteles del narcotráfico consolidaran su control en varios municipios chiapanecos, principalmente los más cercanos a la frontera con Centroamérica.

El hallazgo de decenas de cuerpos en fosas clandestinas, los cientos de ataques armados, narcobloqueos y balaceras han llevado a Chiapas a ocupar el top cinco de los estados más violentos del país, sólo por debajo de Sinaloa y Guanajuato, cerrando 2024 con 867 homicidios dolosos, una cifra que representa un aumento de 50% en comparación con la de 2018, que fue de los más violentos en ese estado.

El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca ha señalado directamente a Rutilio Escandón, de heredar un estado plagado de fosas clandestinas y una violencia descontrolada. Más grave aún, se ha ido documentando la colusión de funcionarios estatales con el crimen organizado durante su administración, situación que el nuevo gobierno no puede ignorar.

Y es que a pesar de que en 2021 la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la VII R.M. ya había identificado a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) junto con Los Zetas y los Mara Salvatrucha, de luchar por el control de las rutas del narcotráfico, la extorsión y el tráfico de migrantes, la falta de una acción coordinada de Rutilio Escandón, deliberada o no, con el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, impidieron una pronta respuesta para aplacar la violencia.

Hoy, la crisis de seguridad en Chiapas tiene otras implicaciones internacionales. La llegada de Escandón al consulado en Miami se da en un momento en que las relaciones entre México y Estados Unidos están bajo presión. Las amenazas de Donald Trump hacia el gobierno de Sheinbaum, incluyendo la posibilidad de declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, podrían derivar en una intervención más agresiva por parte de agencias estadunidenses como la DEA o la CIA, en territorio mexicano.

En este escenario, Chiapas podría convertirse en un foco rojo en las relaciones bilaterales. El nombramiento de Rutilio Escandón en un puesto diplomático de alto perfil no sólo parece un premio inmerecido, sino además un riesgo político que debe sopesar la presidenta Claudia Sheinbaum.

* No es nuevo que grupos del crimen organizado, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa o La Familia Michoacana estén infiltrados en las estructuras gubernamentales, principalmente en los municipios, donde controlan gran parte del presupuesto. Quizá lo nuevo sea el grado de impunidad con el que actúan los políticos. Lo ocurrido en Coalcomán, Michoacán, donde la alcaldesa Anavel Ávila y su gabinete, agradecieron a El Mencho los regalos de Navidad para niños y adultos, es una clara evidencia de ese cinismo. Lo paradójico es que en ese acto estuvo presente un coronel del Ejército Mexicano y, más allá de si estuvo o no de acuerdo con dicho mensaje de agradecimiento al líder del CJNG, por dignidad militar debió haber denunciado el incidente, cosa que no pasó hasta que circularon los videos en las redes. Hay una molestia justificada del secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla, quién ya llamó a cuentas al coronel Rolando Méndez.

* El Operativo Enjambre, en el Estado de México está siendo evaluado para aplicarse en todo el país. Omar García Harfuch deberá actuar con mayor rapidez ante la evidente desfachatez de la delincuencia organizada.

DE IMAGINARIA

En una sencilla, pero emotiva ceremonia protocolaria, el Gral. Ricardo Trevilla, nombró al Gral. Maximiliano Cruz Ramos nuevo inspector y contralor general del Ejército y FAM. Enhorabuena.

Mis más sinceras felicitaciones y mis mejores deseos al personal del Ejército Mexicano, Marina y GN en este año que inicia. Siempre al servicio de México.

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2025: posibilidades y riesgos

Orlando Delgado Selley | La Jornada

Este 2025 se considera entre los analistas económicos y políticos que será un año excepcionalmente difícil. Trump, en su segunda presidencia, impondrá una visión unilateral y soberanista en las relaciones globales, lo que provocará ajustes significativos en diversos ámbitos, particularmente en la geopolítica y en las relaciones comerciales. El impacto de esta visión política y de sus acciones será relevante, ya que fijará aranceles en diversas proporciones a sus importaciones según el país de que se trate, impactando a la baja el desempeño de diversas economías: el bloque europeo, China, Japón y, por supuesto y de manera particularmente intensa, a México.

2025 para México será particularmente complicado. El presupuesto realizado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, y aprobado ya por la Cámara de Diputados, está sostenido en supuestos sobre el desempeño de la economía estadunidense, y la global en general, y en el desempeño previsible de la mexicana en respuesta a las acciones económicas y políticas del gobierno federal. De modo que los cambios que ocurran en naciones importantes para la economía global afectarán lo que nosotros podremos hacer y modificará el diseño de las acciones gubernamentales previstas en el escenario plasmado en el presupuesto inicial para este año.

En concreto, los supuestos principales establecidos por el gobierno federal en los Criterios Generales de Política Económica 2025 para elaborar el presupuesto fueron los siguientes: I] se estimó que el PIB crecerá en el año entre 2 y 3 por ciento, es decir, 2.5; II] la inflación será de 3.5 por ciento; III] la tasa de interés de 8 por ciento anual; IV] el precio promedio el barril de petróleo será de 57.8 dólares; V] el tipo de cambio promedio se estimó en 18.50 pesos por dólar. Adicionalmente, en términos de las variables centrales de finanzas públicas para 2025, se fijó un gasto total de 9.3 billones de pesos, ingresos públicos totales de 8.13 billones y consecuentemente un déficit fiscal de 1.17 billones.

En este paquete económico, el desempeño de las variables centrales está estrechamente relacionado y que una variable modifique su comportamiento esperado afectará el cumplimiento de todo el presupuesto. Por ejemplo, si la economía crece menos de lo previsto, al uno por ciento como lo prevén muchos analistas, los ingresos tributarios no podrán alcanzar los montos presupuestados. Este desempeño peor que el previsto no significaría que el gasto público se redujese. Al contrario, sería fundamental que se mantuviera en los montos previstos y llegara a 9.3 billones. Lo que necesariamente se modificaría sería el déficit, que aumentaría en la medida en la que bajen los ingresos públicos.

Otra variable significativa es el tipo de cambio. Hay consenso en que será difícil que el promedio para 2025 sea de 18.50 pesos por dólar. Más bien, se estima que podría estar por encima de 20 pesos e incluso que llegara a 21. Sus efectos sobre el funcionamiento de la economía son mixtos: una paridad de 21 pesos elevaría el costo de los pagos por la deuda externa, cuya proporción en la deuda total ronda 20 por ciento, por ello sus impactos existen, pero no son muy significativos. Habría impactos positivos ya que los ingresos por la venta de petróleo se incrementarían en pesos lo que sería benéfico para la economía nacional. Otras variables importantes afectadas por una paridad de 21 pesos serían exportaciones e importaciones y la cuenta corriente en general.

De modo que, aunque este supuesto subestime la paridad promedio, sus efectos pudieran ser benéficos.

En realidad, lo que está claro es que las dificultades derivadas de un escenario externo agresivo complicarán sensiblemente el manejo de las finanzas públicas y de la economía en general. En el paquete económico se habla de que hay amortiguadores financieros que, en su momento, tendrían que utilizarse como colchones de seguridad. Sin embargo, no se aprecia que realmente existan, ya que el paquete económico está muy comprometido y el margen de maniobra, en caso de existir, es muy reducido. De modo que, con todo y la prudencia fiscal de la que se habla y las mejoras que pudieran ocurrir con la modernización tecnológica y digital, lo cierto es que no parece posible que se logre la meta plantada en la propuesta de consolidación fiscal.

Este complicado escenario es altamente probable. Prepararse para amortiguar de forma efectiva sus impactos negativos implica que existan recursos adicionales disponibles, los que no se hallarán en la austeridad republicana y la disciplina fiscal. Por ello, siguen siendo necesarios ingresos públicos adicionales, los que solo pueden provenir en la medida necesaria de modificaciones tributarias que es posible plantear y que urge proponer.