Lo que dicen los columnistas

Razones

El maíz, atrapado en la superchería

La humanidad, desde siempre, ha modificado genéticamente la naturaleza.

Jorge Fernández Menéndez | Excelsior

La derrota de México en el panel de controversia del T-MEC sobre el maíz genéticamente transformado era previsible, como lo son las consideraciones del mismo: sencillamente no hay sustento científico alguno sobre los supuestos daños que provocan esas modificaciones genéticas, al contrario, gracias a esos granos, países como la India han alcanzado el abasto suficiente de alimento por primera vez en su historia.

En México seguimos insistiendo en el tema, e incluso la presidenta Sheinbaum, que como científica tiene que saber reconocer una superchería, se ha sumado a la misma y dice ahora que se prohibirá en nuestro país la producción de ese tipo de maíz para proteger las especies nativas.

Alguien debería informarle que con ello acabará con la agroindustria y condenará al país a importar la enorme mayoría del maíz para consumo humano e industrial que utilizamos. Es una tontería similar a la de la prohibición del glifosato como plaguicida, impulsada también por López Obrador para proteger “pueblos y cultivos originarios”. El glifosato es un plaguicida universal que se usa en todo el mundo, muchas de las especies genéticamente transformadas de maíz han tenido esa transformación para que el producto no se contamine ni con ése ni con otros plaguicidas, lo cual es uno entre muchos de sus beneficios.

Cuando estaba por comenzar el gobierno de López Obrador le hice una larga entrevista a quien era entonces el jefe de oficina del presidente electo, Alfonso Romo, la cual fue muy optimista y tranquilizadora para inversionistas y mercados. Lástima que nada de lo que dijo Romo se cumplió.

Respecto a la producción agrícola me dijo que había que reconocer que teníamos una agricultura y una agroindustria muy poderosa en el norte del país, pero que “tenemos otro México que vive en el siglo XVII, que tenemos que tener y tenemos que apoyar diferente. A la secretaría de Desarrollo Social le vamos a quitar todo lo que podamos de programas clientelares que no se necesitan y vamos a darle una orientación para que sea sustentable el apoyo. Vamos a apoyar la productividad por hectárea. Pongo el ejemplo: de maíz, en el norte, en Sinaloa, 14 toneladas por hectárea de maíz; te vas a Oaxaca, a Chiapas, una tonelada por hectárea. Si yo traigo un programa de semilla mejorada, nada más semillas, puedo subir la productividad por hectárea. Y así lo he hecho, en lo personal, por eso lo platico, puedo subir la productividad por hectárea de una a dos, tres toneladas. Ésos son muchos salarios mínimos”.

Le dije que también había gente del equipo de López Obrador que tenía resistencia a esos cambios.

“No, me dijo Romo, porque hablo de mejoras genéticas de cruzas tradicionales. No estoy hablando nada que cause un escozor en la sociedad. Es un tema que para mí no es un problema… Para poder caminar hay que quitar lo que nos diferencia, nos pelea, y hay que poner mejor lo que nos alinea. Estamos diferenciando y dando soluciones diferentes de acuerdo con las realidades de cada zona. Es una preocupación de que el sureste de México esté prácticamente abandonado… No hay extensionismo agrícola; no ha habido investigación de desarrollo. Está abandonado el campo. Entonces qué estamos diciendo, atendamos estas zonas que hoy dependen de la agricultura, que con muy poco pueden mejorar su nivel de vida y, poco a poco, incorporarlos a la modernidad. Para ellos, una buena semilla es modernidad. Quizá muchos empresarios en el norte se quieran meter a producir carros eléctricos, pero no todo es la alta tecnología”.

Tenía toda la razón Romo, como la tenía el entonces secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, pero el presidente López Obrador le hizo caso la directora del Conahcyt, Álvarez-Buylla, y a Víctor Manuel Toledo, un secretario de Medio Ambiente que aseguraba que las plantas eólicas le robaban el viento a las comunidades indígenas, que por eso había que prohibirlas y que había que consumir el maíz originario. Una estupidez que condena al atraso a las comunidades y que, ampliada a la prohibición total de producir maíz genéticamente transformado, condenará a la agroindustria y nos alejará definitivamente de la autosuficiencia alimentaria que pregona el gobierno.

Lamentablemente eso se repite en muchos ámbitos. Por ejemplo, en la absurda ley de prohibición de vapeadores, equiparados con el fentanilo (y sin una buena diferenciación del fentanilo legal y el ilegal), se establece que está prohibido todo instrumento que a través del calor genere humo. Se supone que habla de los vapeadores, pero así como está redactado e incluido en la Constitución estarían prohibidas las plantas termoeléctricas, o más cotidianamente los baños de vapor. Son equipos que a través del calor generan humo. Es una suma de estupideces.

La humanidad lleva siglos, desde siempre, modificando genéticamente la naturaleza: cualquiera que tenga un perro salchicha tiene un ejemplar genéticamente modificado y lo mismo sucede con casi todas las razas de perros y gatos. Todos los productos alimenticios son mejorados de una u otra forma para hacerlos mucho más estables y productivos. El maíz nativo ha sido modificado. El que sembraban los pueblos originarios era una mazorca pequeña con bajísima productividad, a través de los años se fue mejorando y, por eso, en el norte se produce un maíz que rinde 10 veces o más que en el sur. En lugar de permitirle a los campesinos e indígenas mejorar su capacidad de producción en zonas donde la misma suele ser simplemente de subsistencia, los estamos condenando a vivir cada vez más en la pobreza y el hambre por una construcción ideológica sin base científica alguna.

—

Apuntes para el cierre de año

La intención de “pacificar” a Sinaloa define el enorme desafío que enfrenta el nuevo gobierno. Guerrero, Michoacán, Colima, Sonora y Tamaulipas –especialmente ahora con la liberación de Osiel Cárdenas– son sólo algunas de las entidades en las que el crimen organizado ha rebasado a la autoridad local.

Armando Ríos Piter | Excelsior

Por una #SociedadHorizontal, por una #NuevaRepública

Termina el 2024 y con él, inicia el verdadero recuento de lo que fue el sexenio de López Obrador. Más allá de la narrativa promovida desde el poder, en la que, según los seguidores de la autodenominada 4T, los “logros y mejoras” fueron “extraordinarios”, la revisión de las finanzas públicas, la situación prevaleciente en materia de violencia y la cohesión en torno al actual proyecto nacional, experimentarán una evaluación más descarnada, rigurosa y objetiva. Siempre se ha dicho que, en México, el séptimo año de gobierno es el más difícil. Ése será el 2025 para el lopezobradorismo.

Por otro lado, el nuevo año pondrá a Claudia Sheinbaum y su equipo a prueba en pleno con las restricciones presupuestales, derivadas de los programas sociales, la herencia de “abrazos, no balazos” en amplias regiones del país y el examen continuo de su liderazgo. La incertidumbre será una característica distintiva de los meses por venir. Sirvan tres ejemplos vividos la semana pasada, para delinear los meses que se avecinan:

Déficit fiscal e Infonavit. El consenso entre la mayoría de analistas económicos es que no se alcanzará la meta de crecimiento que planteó la SHCP. Mientras que un amplio conjunto de estudios prevén que la economía mexicana crecerá entre 1.0% y 1.5%, el gobierno calcula que será entre 2.0% y 3.0%.  De ser así, es probable que en algún momento se tenga que ajustar a la baja el gasto público. No obstante, Sheinbaum pretende mantener el perfil del gasto social e incrementarlo.

Por ello, no extraña que la propuesta para reformar el Infonavit tenga como eje principal darle capacidad discrecional al gobierno para construir vivienda de interés social a través de una “entidad paraestatal”, que pueda echar mano de los casi 2 mil 400 millones de pesos que actualmente constituyen el fondo. La falta de responsabilidad fiscal, aunada a un discurso que sólo “favorece a los cercanos”, dará paso nuevamente a sesgos clientelares y provocará afectaciones al mercado inmobiliario. ¿Será sostenible esta situación frente al implacable juicio de las calificadoras internacionales?

Sinaloa y el cambio de estrategia. La intención de “pacificar” la entidad que gobierna Rubén Rocha, define el enorme desafío que enfrenta el nuevo gobierno. Guerrero, Michoacán, Colima, Sonora y Tamaulipas –especialmente ahora con la liberación de Osiel Cárdenas– son sólo algunas de las entidades en las que el crimen organizado ha rebasado a la autoridad local. No son pocos los señalamientos sociales contra quienes detentan cargos gubernamentales, por su probable involucramiento –implícito o explícito– con el crimen organizado. ¿Podrá la Presidenta y su equipo armar una estrategia distinta, frente a quienes le ayudaron a ganar a nivel local? Cuando Peña Nieto intentó “combatir la corrupción” de sus aliados gobernadores –situación que tanto desgastó su administración– terminó con una implosión que lo arrastró. ¿Nos encontramos frente a una disyuntiva similar?

El pleito entre Monreal y Adán Augusto. Las bisagras más potentes entre el poder formal y la fuerza social de Morena están en las cámaras. Los coordinadores parlamentarios saben que de ellos depende la gobernabilidad. ¿Será que la confrontación que vimos en torno al presupuesto y acusaciones de corrupción es sólo un preludio de mayores desavenencias? Ambos políticos tienen intereses personales y buscan acumular fuerza. Es probable que la cohesión de Morena se ponga en suerte de manera progresiva en fechas. ¿Podrá Sheinbaum encauzar el proceso político por sí sola o necesitará de algún auxilio? No es un tema de género. Ésta es la pregunta que históricamente surge frente a quienes dejan el poder y quienes llegan a él. Se requiere de un liderazgo presidencial incuestionable.

El año próximo será complejo. Los frágiles equilibrios aquí descritos estarán al desnudo, más aún a partir de la llegada de Donald Trump el próximo 20 de enero.

La amenaza de aranceles y el estatus del T-MEC pondrán una lupa acuciosa en la situación de las finanzas públicas. La migración y el fentanilo tensarán el contexto institucional y echarán luz a la forma en que ha funcionado la clase política nacional a lo largo de décadas. Tan sólo recordar que, ayer, el republicano anunció nuevamente que designará “a los cárteles como organizaciones terroristas”.

Frente a este escenario, 2025 puede ser el año en que nazca una #NuevaRepública. ¿Qué tan doloroso será este alumbramiento? Dependerá del involucramiento de la #SociedadHorizontal.

—

México, SA

Subrogación = niñez como mercancía // Recuperar derechos, prioridad // Zedillo, Fox, Calderón y otros

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

En apoyo de las jornaleras agrícolas y las mujeres de la maquila, la presidenta Sheinbaum anunció los primeros Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), con el objetivo no sólo de erradicar el carácter mercantilista de la atención, cuidado y seguridad de los niños (la infancia como uno de tantos negocios privados armados por el neoliberalismo, mediante la subrogación), sino de recuperar y garantizar ese derecho que debe ofrecer el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a las madres trabajadoras.

La mandataria lo anunció así: “No son las guarderías del pasado, y tampoco –que se oiga bien– las estancias infantiles de Calderón; eso ya no, porque aquello era puro negocio, era creer que se estaba dando un derecho a las mujeres, cuando en realidad estaba envuelto en negocio, como fue todo el periodo neoliberal. Vamos a iniciar aquí en Ciudad Juárez… Estamos recuperando la capacidad del Seguro Social para brindar este derecho; lo estamos haciendo para las derechohabientes del IMSS en este nuevo modelo, que no es subrogado, no es que el instituto se lo dé a un privado para que atienda a los niños y niñas, sino que van a ser trabajadores y trabajadoras del instituto quienes den este apoyo; vamos a hacer los CECI para aquellos que no sean derechohabientes y que también puedan tener este derecho gratuito… y los vamos a llevar a todo el país”.

Sin duda, es de suma importancia reivindicar y garantizar ese derecho, pero también lo es el anuncio –subrayado por Sheinbaum– de que estas estancias infantiles no son las de (Felipe) Calderón, es decir, aquellas que ese impresentable –como tantos otros– habilitó como aberrante negocio para sus familiares, amigos, políticos y empresarios para que lucraran con la atención, seguridad y cuidado de los niños.

Imposible no recordar que esa forma de hacer negocios para los parientes y demás cómplices terminó en una tragedia en la que murieron quemados 49 niños y más de 100 resultaron con lesiones de por vida. Eso sucedió el 5 de junio de 2009, cuando se incendió una bodega colindante con la guardería ABC en Hermosillo, Sonora (además, sus instalaciones estaban junto a una gasolinera y no tenía salidas de emergencia ni extintores), subrogada (desde el sexenio de Vicente Fox) a familiares de Margarita Zavala (el parentesco no está por encima de la ley, decía), esposa de Felipe Calderón, entonces inquilino de Los Pinos.

La primera negación de responsabilidad (de las muchísimas que ofrecieron los funcionarios calderonistas) fue del en ese momento director general del IMSS, Daniel Karam, quien dijo que la ABC aparentemente estaba dentro de la normatividad correspondiente, y detallaba que mil 526 guarderías estaban subrogadas (vía adjudicación directa) por el instituto, y en ellas se atendía a 223 mil menores, simples mercancías para los beneficiarios de esa política (Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo –prima de Margarita Zavala–, Gildardo Urquides y Sandra Téllez, esposa de un funcionario del gobernador Eduardo Bours).

Calderón y sus secuaces hicieron hasta lo impensable para lavarse las manos, intentar justificar el tráfico de influencias y mantener impunes a los familiares de su esposa y socios: desde pretextos banales para evadir la responsabilidad hasta amenazas y chantajes gansteriles, por ejemplo, al entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar (él lo denunció: Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa (Margarita Zavala) del Presidente para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy vienen a hablar de estado de derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad para decirlo).

Pero no termina ahí el descarado tráfico de influencias en el negocio de la atención, cuidado y seguridad de los niños: sólo entre 1997 (Zedillo) y 2009 (Calderón), las guarderías subrogadas por el IMSS se incrementaron 400 por ciento, y por la tragedia de la ABC el gobierno calderonista frenó la licitación de otras 78 (además, privatizaron 60 por ciento de las guarderías del Issste).

En el inventario de beneficiarios de la subrogación aparecieron familiares de Zedillo, Fox, Calderón, políticos prianistas y perredistas, amigos del régimen y ex directivos del IMSS, que se repartían un presupuesto no menor a 8 mil millones de pesos.

Entonces, bienvenida la recuperación de un derecho para la familia.

Las rebanadas del pastel

Trump declarará organizaciones terroristas a los cárteles del crimen organizado. Bien, pero la primera en su lista debe ser la Casa Blanca.

—

Del primer trimestre

León Bendesky | La Jornada

No existen los gobiernos perfectos. Tampoco existe la verdad completa. La pretensión de ser lo primero y de cumplir con lo segundo es vana y, finalmente, contraproducente. Eso es lo que delinea la actividad en el entorno público; es marca de toda experiencia política.

A escasos tres meses del gobierno de la presidenta Sheinbaum se destapa un gran fraude en el Infonavit. Según lo describió el nuevo director del instituto, una red de corrupción propició la venta múltiple de viviendas que afectó a miles de trabajadores en 21 entidades federativas. Dijo: Se detectaron 12 mil créditos sobre mil 400 viviendas, lo que significa que éstas se vendieron hasta cuatro veces por año cada una. Se cobraba a los trabajadores hasta 40 por ciento de sus ahorros, por lo que se calcula que el fraude asciende a mil millones de pesos. Denunció que la Comisión de Vigilancia y el Comité de Auditoría no hicieron nada. La comisión debe vigilar que los órganos del instituto actúen conforme a la normatividad aplicable y con apego –aquí contrario sensu– al Código de Ética del instituto. El comité propone lineamientos de control interno, aprueba manuales de operación y supervisa la auditoría externa, lo que evidentemente no hacía. Ambos son órganos tripartitos desde que se fundó el instituto, en 1972, lo que significa una representación equitativa y una responsabilidad conjunta del gobierno, los sindicatos de trabajadores y el sector empresarial (Concamin, Concanaco y Coparmex). ¿Y nadie sabía nada? Tal cosa es impensable y difícil de creer.

Ahora es el nuevo gobierno el que destapa el fraude, cuando durante todo el sexenio anterior se insistía en el combate a la corrupción y llegó a afirmarse que tal cosa ya no existía en el país. Ventilar hoy esta cuestión es destacable. El asunto es si cambiar la ley, como ahora se propone, asegurará por sí mismo prevenir los fraudes e instaurar buenas prácticas. En el caso de Segalmex, que se reconoció como un caso de corrupción, las pautas de la estafa y las responsabilidades de los funcionarios involucrados no se han aclarado suficientemente.

Otro asunto que debe ponerse de relieve es el relacionado con la enorme escala de la inseguridad pública y la violencia que existe en el país. El gobierno, según parece, ha empezado a reconocer de modo más abierto la naturaleza y escala de la situación y a modificar las pautas que prevalecieron en el sexenio anterior y su insuficiencia. Así lo apunta cuando menos la actividad del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Por su parte, la Secretaría de Gobernación ha definido 10 municipios prioritarios para seguir la incidencia de los programas sociales sobre la inseguridad. Parece un paso demasiado tímido para el tamaño del conflicto y del país, pero tal vez muestre, tardíamente sin duda, que la manera de enfrentar el problema tiene que ser cuestionada radicalmente. Habrá que ver hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno y cuál es la capacidad real de contención. Por ahora esto es una incógnita.

La relación con el próximo gobierno en Estados Unidos es un factor que repercute de modo relevante sobre la gestión interna en materia de seguridad. Ya lo ha planteado Trump explícitamente y pronto se verá cuál es el plan al respecto. La relación bilateral es multiforme, como se sabe: está asociada íntimamente con el asunto del fentanilo y la violencia relacionada con las drogas; se extiende a las cuestiones relacionadas con la migración, el comercio y las inversiones.

México juega el juego de Estados Unidos; ésta es la condición que fija el entorno geopolítico del país en una etapa que marca ya redefiniciones significativas a escala mundial y anticipa otras más de índole radical. La situación contrasta de modo significativo con el caso de Brasil y la manera en la que se mueve en el entorno global con un protagonismo muy visible. El anterior gobierno en México acrecentó de facto el aislamiento y, en cierta medida, arrinconó al país en una suerte de provincianismo injustificado. La presidenta acudió a la Cumbre del G-20, precisamente en Brasil en noviembre pasado, con otra disposición en principio frente a la diplomacia y las relaciones internacionales. Es apenas un guiño.

El gobierno se ha planteado de modo explícito como la continuación del proceso iniciado en 2018 y que se autodefinió como la Cuarta Transformación. La expresión de la hoy Presidenta ha sido clara: su gobierno sería el segundo piso de la 4T. Pero en el acelerado proceso de transformación interno que se ha impuesto y las cuestiones que están en marcha hay situaciones que exigen revisión, ajustes y, también, nuevas maneras de enfrentar las tareas del gobierno. El proceso social es dinámico y no depende sólo de lo que el gobierno y el enrevesado partido Morena decidan imponer. La situación interna y el ambiente internacional así lo exigen.