Lo que dicen los columnistas

La negación

Salir de ese terror exige, como digo, tomar medidas profundas y radicales que pongan por encima de todo la dignidad humana y el cuidado de la vida. Es la única salida para refundar a la nación y crear un nuevo pacto social y un nuevo Estado.

Javier Sicilia | Proceso

Los gobiernos de la llamada Transición Democrática y los de la autonombrada Cuarta Transformación han sido los gobiernos del horror y el miedo. La realidad no cesa de mostrarlo: más 500 mil asesinados, más de 100 mil desaparecidos, más de tres mil fosas clandestinas, 98% de impunidad, interminables masacres y exhibiciones de cuerpos mutilados, colusiones del crimen organizado con funcionarios del Estado, inseguridad galopante y una creciente militarización.

Desde hace mucho padecemos una situación equiparable a países en guerra, con conflictos internos armados o cooptados por una lógica criminal. Pese a ello, los gobiernos de los últimos 18 años no han hecho otra cosa que negarlo y reducir esa realidad a un asunto de nota roja que se combate con balazos (Calderón), ignorándola (Peña Nieto), atendiendo la pobreza (López Obrador) o con golpes mediáticos como la operación Enjambre o el reciente decomiso de un cargamento de fentanilo en Sinaloa (Sheinbaum). La consecuencia es que vivimos cada vez más como animales de rastro, privados de futuro y obligados a aceptar que esa vida es normal.

Podría ser distinto. Pero eso exigiría caminar por un derrotero que no parece estar en la lógica de Sheinbaum, de la 4T, de los partidos políticos y de una buena parte del país: admitir que nos encontramos en una situación de violencia extrema ante la cual el Estado es incapaz de responder y que es necesario crear, junto con las partes sanas de todos los sectores de la sociedad, una política de Estado a corto, mediano y largo plazo que nos permita salir del horror, el miedo y recuperar el futuro.

Yo y muchos otros no hemos dejado de insistir que esa política sólo puede elaborarse bajo los criterios de la justicia transicional, es decir, bajo una política integral que entreteja labores serias de inteligencia policiaca y militar junto con mecanismos de verdad y justicia dirigidos por ciudadanos probos y con el apoyo de estructuras supranacionales como la ONU.

Esto, al mismo tiempo que implicaría reconocer que vivimos una realidad   que destruyó la razón de ser del Estado, exigiría asumir una cualidad que el mundo desprecia, la humildad, primero, para que el gobierno acepte que la ciudadanía y la comunidad internacional pongan bajo el escrutinio de la verdad y el peso de la justicia las responsabilidades que altos funcionarios de los distintos gobiernos han tenido y tienen con la violencia; segundo, para poner al servicio de ello recursos y el apoyo unánime de todos los sectores de la sociedad.

Pero entre el miedo generalizado a aceptar la realidad y la prepotencia del gobierno y de la clase política que la niega, seguimos viviendo en el terror, ilusionados con la idea de que todavía hay un Estado que, pese a los errores y los vicios de los gobiernos, logrará rescatar al país. Hay una inquietante voluntad en no querer ver que habitamos un mundo criminal que convive estrechamente con ideas políticas rebasadas e inútiles y estúpidos mesianismo que lo encubren; una preocupante obstinación en creer que lo importante está en otra parte, en los yerros de otros o en correcciones cosméticas al cadáver del Estado. Para todos aquellos que no nos resignamos a vivir así esto es la agonía de la nación que augura desastres más espantosos.

Salir de ese terror exige, como digo, tomar medidas profundas y radicales que pongan por encima de todo la dignidad humana y el cuidado de la vida. Es la única salida para refundar a la nación y crear un nuevo pacto social y un nuevo Estado. Lo sabemos las víctimas y aquellos que se niegan a vivir como animales de rastro, que no pertenecemos ni simpatizamos con ningún partido y creemos que la verdad y la justicia, por más dolorosas y costosas que sean, son el único camino para que una nación recupere su humanidad y su salud. No hay nada más importante.

En medio de la soberbia de los poderosos y la ceguera de los ilusos, las víctimas saben lo que encararse con el miedo y el horror significa: rechazar sin concesiones un mundo en el que la violencia se niega y legitima y en el que los seres humanos se han convertido en insumos de la criminalidad y la política.

Ese debería ser el tema fundamental de la nación y no la lucha ideológica de cómo y quienes deben o deberían administrar el infierno.

Desde hace 18 años vivimos en el terror y el miedo, a causa de una clase política corrompida y de un montón de ilusos que no quieren aceptar que el país se perdió. La salida la conocemos, pero para encontrarla y transitarla hay que tener la humildad de admitir que fracasamos como nación y preguntarnos si estamos dispuestos a seguir viviendo en esas condiciones.

Quienes respondan “no” pasan automáticamente a formar parte de las víctimas y sus resistencias, lo que debería llevarlos a embarcarse en reflexiones que los conduzcan a enfocar sus esfuerzos en obligar al gobierno y a la clase política a reconocer la realidad y a poner la voluntad y los recursos de la nación al servicio de la verdad, la justica, la paz y la refundación del Estado.

Fuera de ello, la vida es la de un rastro o la de un campo de concentración al aire libre.

“Propones una utopía”, me dirán. Lo es, pero las utopías son más que nunca necesarias en un mundo donde la barbarie, la prepotencia y la imbecilidad imperan.

Además, opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los LeBarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad al país. 

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Número cero

La dolorosa austeridad

José Buendía Hegewisch | Excelsior

La dolorosa austeridad es reflejo de los profundos desequilibrios fiscales con que tropezará el gobierno de Sheinbaum en su primer año. Las reasignaciones del presupuesto 2025 que aprobará el Congreso tampoco conjuran la preocupación por el gran recorte para el crecimiento, aunque pretendan crear la apariencia falsa de amortiguar el sacrificio que nos aguarda. No es así. El severo ajuste es una política químicamente pura de las prioridades del gobierno, por tanto, difíciles de ocultar con magia política o, dicho técnicamente, de que no hay ingresos extraordinarios con que tomar atajos al plan más ambicioso contra el mayor déficit fiscal de las últimas tres décadas sin riesgo de enfriar la economía. También será otra prueba mayor para el funcionamiento institucional en un piso recortado por la desaceleración económica y la incertidumbre de las políticas de Trump hacia México.

El Congreso cumplirá el compromiso de recortar el gasto más de 500,000 millones de pesos, para bajar casi 3 puntos del PIB de un déficit fiscal histórico, aunque afectará funciones básicas del Estado. Sin embargo, lo notable del caso es que las fuertes medidas de austeridad, que no pueden sino generar inquietud y decepción, se intentan simular con reasignaciones como si con ello desaparecieran las amenazas sanitarias, a la procuración de Justicia o el combate contra la corrupción.

La compensación a la educación, universidades o la Defensa es positiva, pero poco más que una foto política para reivindicar el esfuerzo de los legisladores contra el ajuste; a cambio de afectar el presupuesto de salud o dejar en la inoperancia los órganos autónomos. El resultado es una medicina muy amarga de digerir para no cuidar la confianza de bancos e inversores, sin una reforma fiscal entre las prioridades de Sheinbaum.

En su paso por el Congreso, el poder más afectado será el Judicial, con un “golpe” presupuestal difícil de recordar en momentos en que su futuro pende de una polémica reforma que sacude sus cimientos; el bisturí puede representar un recorte del 16.5%, que se justifica por gastos superfluos; y sin fideicomisos, que destinará a indemnizaciones y elecciones de juzgadores. Eso puede significar que el rumbo de la justicia, de por si cuesta arriba, no tenga subida ni bajada transitable o sea accidentado y peligroso; independiente de la preocupación sobre la factibilidad para implementar una reforma que parece un viaje a la dimensión desconocida. Pero no es la única institución con un año de pronóstico reservado, por ejemplo, el ajuste deja al INE atrapado en un pantano presupuestal para organizar una compleja elección judicial.

Otros no verán la luz. Los siete órganos autónomos recién suprimidos se perderán en un tobogán que dejará en las tinieblas al Estado con la transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas; aunque no por eliminarlos desaparecen sus obligaciones. Ahí aplicará una guadaña que segará hasta el 75% de su presupuesto hasta su inoperancia. Aunque Hacienda originalmente respetaba su presupuesto, las reasignaciones del bloque oficialista harán que la transferencia de funciones al gobierno federal sea casi limpia de recursos, cuando, además, este último tiene una capacidad más reducida por un recorte general del 5 por ciento.

Las reasignaciones tienen más de ficción política que de reorientación del recorte del gasto público. La reducción a sólo un tercio de los autónomos precipitará una muerte nonata del IFT y la Cofece antes de la creación del nuevo descentralizado antimonopolio, a pesar de que puede afectar la ratificación del T-MEC. Especialmente grave es en salud, porque las reasignaciones no evitarán mayor debilitamiento del servicio, a pesar de ser uno de los compromisos de Sheinbaum sostenerlo.

La austeridad que se impuso en muchos países después de la “gran crisis” de 2008 detonó los movimientos políticos contra el neoliberalismo y su exceso de sacrificios hasta acuñar el término austericidio por el costo para sus sociedades. La decepción e indignación fue también la fuente en que creció el movimiento antistatu quo en el que despegó el liderazgo de López Obrador y la creación de Morena.

Resulta, pues, paradójico que ahora las políticas de ajuste sean las que debiliten también su objetivo de fortalecer el poder político y el Estado para romper inercias del statu quo y despejar el camino de medidas neoliberales para la redistribución social. Si bien el presupuesto garantiza los programas sociales, incluso los nuevos propuestos por Sheinbaum, lo cierto es que, sin crecimiento, pueden encallar en la piedra de la austeridad.

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Juegos de poder

La caída de una dictadura

Educado en Occidente, se esperaba que Bashar tuviera una agenda reformista que abriera el régimen autoritario personalista de su padre. No fue así. Por el contrario, se convirtió en un dictador aún más cruel

Leo Zuckermann | Excelsior

Estos días he recordado mucho a mi amigo Alberto, argentino que emigró a Israel, quien luchó en la Guerra de Yom Kipur en 1973. Antes que surgieran Hamás y Hezbolá, los grandes enemigos de Israel eran los países árabes, en particular sus vecinos. Alberto siempre me decía que el más peligroso de todos era Siria.

Los israelíes se quedaron traumados por aquel conflicto bélico de 1973. El dictador sirio Háfez al-Ásad, quien llegó al poder en 1971 y se quedó hasta el día que murió en 2000, había rearmado al Ejército de su país para convertirlo en el poder militar más dominante de los países árabes. Aliado estratégico de la Unión Soviética, compró las mejores armas disponibles en ese momento. Los tres primeros días de la Guerra de Yom Kipur, los sirios lograron importantes avances en Israel y estuvieron a punto de dividir en dos el territorio de ese país.

Se dice que la primera ministra israelí, Golda Meir, preocupada por el avance de los sirios en el norte y los egipcios en el sur, consideró la amenaza de utilizar armas nucleares para defender a la nación judía. No fue necesario porque los israelíes detuvieron la marcha de sus enemigos, recuperaron el territorio perdido e incursionaron en Siria donde se quedaron a unos kilómetros de llegar a su capital, Damasco, cuando se negoció un alto al fuego.

Egipto eventualmente firmó un tratado de paz con Israel. Lo mismo Jordania, el otro vecino árabe. El que siempre se rehusó a negociar fue Siria que se mantuvo como enemigo del pequeño Estado judío. “Con Ásad en el poder, nunca va a poder haber paz en Israel”, comentaba Alberto.

El dictador sirio murió en 2000 y, como buen régimen tiránico, dejó a su hijo Bashar al-Ásad en el poder. Se tuvo que reformar la Constitución porque el vástago tenía menos de los 40 años que exigía la Carta Magna para acceder a la Presidencia.

Educado en Occidente, se esperaba que Bashar tuviera una agenda reformista que abriera el régimen autoritario personalista de su padre. No fue así. Por el contrario, se convirtió en un dictador aún más cruel.

En 2011 llegó la llamada “Primavera árabe” a Siria. La gente pedía en las calles reformas políticas y respeto a los derechos humanos. Las autoridades respondieron con una represión atroz. Comenzó, así, la guerra civil en ese país.

Para mantenerse en el poder, Bashar al-Ásad se alió con Rusia —que tiene importantes intereses en ese país al contar con dos bases militares que le dan acceso al Mediterráneo—, con el régimen teocrático de Irán y las milicias terroristas de Hezbolá. Durante nueve años pudo contener a las fuerzas opositoras kurdas y los grupos islamistas del Frente Al Nusra y el Estado Islámico.

El costo fue altísimo. “Un estudio realizado por el Centro Sirio para la Investigación de Políticas publicado en febrero de 2016, estimó que la cifra de muertos era de 470 mil y de 1.9 millones de heridos”. Agréguese millones de desplazados internos y refugiados en el extranjero. Ásad incluso utilizó armas químicas en la ciudad de Jan Sheijun, punto fronterizo entre la zona rebelde y la gubernamental.

Estos últimos días, las fuerzas opositoras de repente comenzaron a avanzar a una velocidad meteórica llegando, sin que nadie las detuviera, a Damasco. Bashar al-Ásad tomó un avión para refugiarse en Rusia. Después de casi diez años de guerra civil, y 50 de dictadura de padre e hijo, cayó el régimen tiránico de los Ásad.

Al final, los aliados de Bashar al-Ásad no tuvieron la fuerza para mantenerlo en el poder. Los rusos andan ocupados y desgastados por la guerra en Ucrania. Irán y Hezbolá están muy debilitados por los ataques que le han propinado las fuerzas israelíes en los últimos meses. Sin estos apoyos, Ásad no pudo aguantar.

Por eso recordé estos días a mi querido Alberto. Finalmente había caído el que, hace unas décadas, había sido el gran enemigo de Israel. País que, por cierto, aprovechó la caída de Ásad para bombardear, como nunca había hecho en su historia, las instalaciones militares de Siria. Esto con el objetivo de eliminar todo el armamento que tenían los sirios y evitar, así, que cayera en manos de grupos interesados en atacar al Estado judío.

Porque una cosa no sabemos: ¿quién se va a quedar con el poder en Siria después de cinco décadas de los Ásad?

Hay muchos intereses en juego que involucran a Líbano, Turquía, Rusia, Irán, Irak, Israel y Estados Unidos. Hoy no parece haber una sola fuerza política que pueda unir de nuevo a este país, por lo que el escenario más probable es la balcanización de Siria.

Así, se pinta una rayita más al tigre en esa región tan conflictiva del mundo.

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Astillero

Letanías sabidas ante la violencia // Ejecutan a diputado y a magistrado // Halcones trumpistas // ¿Eficaz lo que se contrapone?

Julio Hernández López | La Jornada

Un día después de la significativa sesión del Consejo Nacional de Seguridad en Acapulco, con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, las principales figuras del gabinete federal de seguridad y la mayoría de los gobernadores estatales, fue asesinado en ese puerto Edmundo Román Pinzón, magistrado estatal que había sido presidente del tribunal de justicia en Guerrero. Los reportes policiacos señalaron que personas aún no identificadas dispararon contra el funcionario judicial cuando salía en su automóvil del área de juzgados del Palacio de Justicia.

El pasado lunes, en Tepenacaxtla, en la muy violenta zona de la sierra de Zongolica, fue asesinado a bordo de su vehículo el diputado federal Benito Aguas Atlahua, adscrito al Partido Verde Ecologista de México, pero llegado a la curul en alianza con Morena y el PT. Antes, había sido presidente municipal justamente de Zongolica. También fue ejecutado su acompañante, el ingeniero Agustín Linares López.

Ambos casos, por el carácter institucional de las víctimas, han obtenido relativa atención mediática, mientras en otras latitudes suceden hechos de mayor magnitud criminal que causan efímero asomo y son desplazados por otros acontecimientos impactantes que igualmente habrán de caer en la normalización de la violencia, en la rutina de los lamentos y las condenas de los gobernantes en turno, de las investigaciones a fondo y las promesas de que habrá justicia y no impunidad. Letanías sabidas.

Vale también ver estos sucesos en el contexto internacional, en específico en cuanto a los preparativos virtualmente bélicos que la entrante administración Trump amaga con aplicar a México. Abona a esos propósitos intervencionistas el impacto que estos sucesos, incubados largamente en la descompuesta realidad binacional, causan en el ánimo de los dos países vecinos (de Sinaloa ni se hable: una crisis prolongada, con saldo cuantioso de víctimas, un gobernador pasmado y planes centrados en la acumulación de elementos militares).

Es cierto que la política federal de seguridad pública ha cambiado, en concreto en cuanto al combate a grupos del crimen organizado, con una creciente disposición militar (Defensa y Guardia Nacional) al enfrentamiento, los decomisos, el abatimiento y la persecución de cárteles y personajes relevantes de esas estructuras delictivas, pero vale preguntarse si ello será suficiente (además de las tareas diríase que muy burocratizadas, retóricas y socialmente flácidas que barajan el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard) para contener la acometida de halcones que desde ahora amenazan a México y tomarán el poder el mes entrante con un ofensivo y disparatado jefe, como es Donald Trump.

Y mientras ayer, en un programa astillado de Internet, algún despistado conductor se preguntaba si ante la anunciada designación trumpista de nuevo embajador en México el gobierno de Claudia Sheinbaum podría considerar enviar como contrapartida nacionalista a Andrés Manuel López Obrador, para que fuera un movido y movilizante embajador que defendiera en el propio país vecino el interés de los mexicanos (recuérdese que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el sucesor de Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, lo nombró secretario de la Defensa Nacional, cargo que ocupó de septiembre de 1942 a agosto de 1945), y en tanto el INE advierte que recortar la partida presupuestal que ha pedido para la elección de juzgadores la pone en riesgo, lo cual ha sido reiterado en otras ocasiones, aunque la realidad presupuestal le es adversa a ese instituto, ¡hasta mañana, ya con datos que permitan saber si la cúpula operante de la Iglesia católica consiguió que este día de La Guadalupana se produjera una tregua nacional de paz entre los grupos del crimen organizado del país!

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México SA

Norma Piña, plañidera // SCJN, oscura etapa // Mafia judicial, lo suyo

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Ridícula, limitada y públicamente cuestionada y exhibida por su notoria incapacidad para ocupar el puesto, Norma Piña enseñó el cobre desde su designación como ministra (10 de diciembre de 2015, nominada por Enrique Peña Nieto) y posterior ascenso a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (electa por sus pares el 2 de enero de 2023, y de pasadita del Consejo de la Judicatura Federal, es decir, juez y parte).

En el primero de los casos, requirió de tres rondas de votación para amarrar la posición que dejaba Olga Sánchez Cordero, no sin antes recibir los atentos saludos de algunos legisladores: no se trata de un problema de equidad de género, sino de méritos y capacidades; no tendrá el voto, porque representa el último lugar en desempeño de todas las magistradas de circuito, de acuerdo con datos del propio Poder Judicial; el puesto debe ser ocupado por una mujer con trayectoria, capacidad e independencia (senador Armando Ríos Peter). Además, Peña Nieto “apuesta a la subordinación de la Suprema Corte y coloca ahí a incondicionales como Piña y Laynez Potisek –designado en la misma fecha–, para garantizar que no se abra un debate jurídico o constitucional sobre sus reformas” (senador Manuel Bartlett). De cualquier forma, siempre con el empujón de Peña Nieto, Norma Piña se convirtió en ministra.

En el segundo, una vez más fueron necesarias tres rondas de votación para que la susodicha se convirtiera en la primera mujer en ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La crónica de entonces ( La Jornada, Gustavo Castillo) subraya que tal elección constituyó el trámite más difícil de esta institución desde 1994, cuando el número de integrantes se redujo de 26 a 11 y se creó el Consejo de la Judicatura Federal para supervisar el desarrollo administrativo de juzgados y tribunales.

Y desde que se sentó en la silla principal de la SCJN, Norma Piña confirmó la validez de aquella advertencia (no se trata de un problema de equidad de género, sino de méritos y capacidades; ocupa el último lugar en desempeño de todas las magistradas de circuito): errática, caprichosa, mentirosa, plañidera, prepotente y, sobre todo, abierta defensora de la mafia judicial, la corrupción, el nepotismo y los extravíos en el aparato de impartición de justicia, dejando en claro, por si lo alguien dudara, que ésta sólo es para quien la paga y los demás que se jodan.

Piña presentó su segundo y –felizmente– último informe de labores (renunció anticipadamente al hueso –se hará efectiva el próximo 31 de agosto–, pero no por dignidad, sino por dinero, para mantener sus privilegios junto con su pensión de cuento de hadas), y buena parte de él se enfocó en defenestrar lo que denominó “narrativa falsa e infundada, pero repetida tan consistentemente que ha parecido convertirse en verdad… el punto de quiebre”, frase que resume, sin reconocerlo, su aparatosa derrota ética, profesional, legal y política en lo que se refiere a la reforma al Poder Judicial, que ya forma parte de la Constitución.

Carente de mínima autocrítica –todo fue perfecto con ella en la silla principal de la SCJN–, Piña se hizo la mártir y se lanzó en contra de quienes osaron cuestionarla: “la campaña de deslegitimación de personas juzgadoras federales comenzó hace más de seis años; no debemos olvidar los ataques a jueces y magistrados que desde entonces ya eran constantes; los intentos de injerencia sobre la Judicatura Federal llegaron a extremos; algunos medios públicos y todos los medios oficiales se enfocaron en la anulación de la independencia judicial y el desprestigio público de las personas juzgadoras, sin nunca presentarse prueba alguna; las coincidencias entre ataques y amenazas a la Judicatura Federal y a sus integrantes, y el legítimo ejercicio de nuestra función jurisdiccional se hicieron patentes cuando frente a decisiones contrarias a los intereses del gobierno se nos llamó ‘traidores al pueblo’ y abiertamente se nos acusó de no ser parte –como además no debía ser, por no corresponder a cada juzgador– de un proyecto político dominante”.

En fin, Piña resultó ser una vergüenza para el de por sí desacreditado Poder Judicial y un obstáculo para que los mexicanos tengan acceso a una justicia pronta y expedita. Lo bueno es que ya se va, aunque cierto es que nunca debió ocupar los cargos que ostentó.

Las rebanadas del pastel

En espera de su relevo (un ex oficial de la CIA), el achicharrado embajador Ken Salazar a punto está de finalizar su estancia en México, pero de nueva cuenta desaprovechó una oportunidad dorada para quedarse callado.