Lo que dicen los columnistas

Número cero

Sinaloa y la resistencia a la “invasión suave”

José Buendía Hegewisch | Excelsior

La urgencia por sofocar la guerra en el feudo del Cártel de Sinaloa es necesidad imperiosa para relajar críticas internas a la seguridad y disipar el temor de intervención estadunidense contra ellos en México.  Ya no sólo es cuestión de la intensidad de la coacción bajo la presidencia de Trump, sino de una idea que podría tomar forma sobre el alcance y forma de acciones injerencistas que fracturaría la relación bilateral.

La situación es preocupante a la luz del debate al interior del “trumpismo” sobre cuánto debe intervenir en su cruzada contra los cárteles. La versión de la revista Rolling Stone sobre un supuesto plan para una “invasión suave” fue desestimada por Sheinbaum como “historia de película”, aunque no fue desmentida. No es la primera vez que en los corredores políticos de Washington se plantean dilemas tan delicados como oponer su política de seguridad a la soberanía de México con ideas como designar a los cárteles como terroristas.

Sheinbaum no ve fundamento ni hechos reales en ello, algo difícil de rebatir sin una declaración oficial. Pero la preocupación existe, como indica el mensaje sobre la prioridad de la lucha anticrimen para su gobierno que ha querido dar con el traslado inmediato de su supersecretario de Seguridad al teatro de operación en Sinaloa y el decomiso de fentanilo más grande de la historia, luego que corriera esa versión. La urgencia por ofrecer resultados derivó en operativos suigéneris de intervención directa de la fuerza federal en coordinación con el Ejército, sin la participación de seguridad pública estatal, que se quiso presentar como mero ajuste a la estrategia.

Los escenarios de una “invasión suave” pueden dudarse como parte de la política de acoso de Trump o de la imaginación cinematográfica periodística, pero la situación también podría ser distinta cuando se enfrenta una política económica intervencionista que llega a la presidencia con mayor poder que nunca. Si bien otras iniciativas antes no han avanzado, la diferencia es que la mayoría republicana en el Congreso ahora puede permitirle a Trump sustentar sus medidas proteccionistas con el marco jurídico de EU sin necesidad de la cooperación y el acuerdo diplomático; que, en cambio, reclama Sheinbaum para negociar. El proteccionismo, por definición, es intervencionista; y nadie duda de que México gira en la órbita de la seguridad nacional estadunidense. La diferencia con su primer mandato es que hoy puede hacer realidad su política a través de leyes que articulen el combate a la delincuencia trasnacional, la migración y el comercio bajo el paraguas de la defensa de la integridad y prosperidad de su país. Por eso, la pregunta sobre expectativas injerencistas es más bien ¿Cuánto y cómo?

Pero tampoco la historia de injerencias en temas de seguridad interna ha correspondido sólo a una saga de thrillers policiacos. La última evidencia, sin ir más lejos, fue el desconocimiento de México de la operación que llevó a la detención de El Mayo Zambada en EU y que originó la guerra fratricida en el Cártel de Sinaloa.  México ha podido resistir a la pretensión estadunidense de colocar el tema en agenda. Evidentemente, comprometería su capacidad para tomar libremente decisiones políticas con independencia del exterior. Aunque Trump ya ha metido todos los asuntos en la negociación. “Pongo tarifas porque entran criminales. No podemos permitirlo”, le habría dicho a Sheinbaum en su última conversación telefónica.

Por esta razón, el gobierno está urgido de dar resultados para acallar no sólo las críticas internas, sino apaciguar las presiones y, sobre todo, rebajar los riesgos de acciones invasivas a su soberanía. El problema, sin embargo, es que la reducción de la violencia y el crimen está en un horizonte lejano, a pesar del compromiso de avanzar en la pacificación en los primeros 100 días del gobierno con su nueva estrategia de seguridad, Pero, como reconoció Harfuch desde Sinaloa, los resultados no pueden darse de un día para otro, aunque el próximo inquilino de la Casa Blanca exija rapidez con el mazo en la mano para negociar. Los tiempos corren a favor de Trump en lo que parece una nueva era de proteccionismo en el mundo. Como muchos le reconocen, sus amenazas no son simples bravatas, sino la forma de obtener resultados. La pregunta entonces es qué compromiso en migración, comercio y drogas pondrá México sobre la mesa de negociación para resistir a sus designios.

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Nos corresponden tres requisitos

Luis Wertman Zaslav | Excelsior

Recobrar la paz en México requiere de una participación civil en tres aspectos de suma importancia: aumentar la denuncia de delitos y faltas administrativas; no tolerar ningún tipo de violencia; e involucrarnos más en lo que sucede en los lugares donde vivimos.

Ninguna institución, pública o privada, puede sustituir lo que nos toca hacer como ciudadanía para reducir el campo de acción del crimen y evitar que siga incorporando personas, particularmente jóvenes, con una falsa oferta de prosperidad instantánea, cuando en realidad sólo se trata de contar con suficiente carne de cañón. Cada vez que miramos hacia otro lado, que pretendemos ignorar lo que sucede en nuestros vecindarios o que nos volvemos indolentes ante las necesidades de otras personas, estamos contribuyendo a que la inseguridad se mantenga.

Aunque las tendencias reflejan un aumento sostenido en la percepción de la seguridad y en la disminución real de los delitos (hagamos un seguimiento simple de las estadísticas del Inegi), la preocupación sigue ahí en un porcentaje notable de la población. Pero vivir en la zozobra nunca trajo nada positivo; hacer lo que nos corresponde sí y ésa es la convocatoria. A pesar de la baja confianza que inspiran las autoridades ministeriales y los jueces, la denuncia ciudadana continúa como la mejor herramienta disponible para dejar constancia sobre los delitos y las faltas que nos perjudican en lo inmediato. Por supuesto que el temor a represalias, fundamentadas en una posible complicidad con esa misma autoridad, es el factor que inhibe llevar hacia delante una querella; pero sin ese primer paso, la impunidad está prácticamente garantizada. Existen mecanismos telefónicos para denunciar de manera anónima y confidencial, los cuales –espero– sean eficaces en la protección de quien ha decidido decir algo, porque sabe o ha visto lo que puede considerarse un delito. Las experiencias confirman que, si hay vías para informar sin riesgo, la gente hará lo correcto y denunciará.

Visto con objetividad, la llamada “cifra negra” es también un reflejo de la confianza que tiene la ciudadanía en que su denuncia o informe tendrá alguna consecuencia. De la misma manera, es un termómetro de la tolerancia que puede llegar a existir en las calles hacia la actuación de personas que provocan la violencia y se benefician de ésta. Soportar un clima de falta de civilidad, armonía y respeto en nuestros propios hogares hará difícil que nuestras comunidades tengan la capacidad de rechazar el delito. Pero una comunidad unida puede modificar casi cualquier mal hábito social que impere en un lugar, sea tirar la basura en la vía pública o vigilar que nadie robe autopartes durante la noche. Es un asunto de organización, no de sustituir a las fuerzas del orden.

Han sido muchas las consecuencias del estilo de vida que impuso esta forma de “capitalismo salvaje”, que se hizo tan popular durante cuatro décadas. Barrios “dormitorio”, por la concentración de empleos en zonas alejadas, en los que bandas de delincuentes pueden actuar hasta por turnos para cometer un crimen; ciudades colapsadas en su movilidad y gentrificadas en muchos espacios, que se vuelven desiertos por las noches y los fines de semana; una convivencia rota, porque esas calles se quedan a merced de una sólida estructura ilegal. Retomar la presencia cívica y actuar solidariamente para que no se permita ninguna forma de violencia, al mismo tiempo de que nos involucramos más en el entorno, es la manera en la que le ganamos metros al crimen. Sólo hay que mirar lo que ha ocurrido en estas semanas en algunos estados del país para comprobar que, cuando se logra meter a la mayoría de la población en sus casas, lo único que queda es el enfrentamiento entre autoridad y delincuencia, en el cual no habrá sociedad que gane.

Han pasado seis años de un cambio de modelo para frenar la inseguridad con buenos resultados, pero no con la velocidad que muchas regiones demandan. La percepción puede ser voluble; no obstante, es un indicador y puede estar en sincronía con lo que sucede en realidad. En este proceso la participación de todas y todos debe crecer, porque estoy seguro de que también existe un aumento en la corresponsabilidad de la población de muchos municipios y de que la confianza hacia la autoridad se ha fortalecido. El elemento pendiente es la coordinación y colaboración sostenida entre pueblo y autoridades para impedir las oportunidades y reducir los incentivos que puede tener una persona para engancharse en una actividad ilícita; evitar la impunidad con la denuncia; y construir un tejido social atendiendo esas causas que fomenta una violencia que no compartimos y no debemos estar dispuestos a tolerar.

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De consejos y consejas

Rolando Cordera Campos | La Jornada

En la mañanera del miércoles 27 de noviembre, Altagracia Gómez, la joven asesora empresarial de la presidenta Claudia Sheinbaum, dio a conocer la conformación del Consejo Asesor de Desarrollo Económico, Regional y Relocalización de Empresas, cuyo objetivo, se dijo, será promover la estrategia nacional de relocalización de empresas (el fantasmal nearshoring) así como las acciones del sector privado para concretar inversiones, generar empleo y promover el desarrollo regional.

Esperemos que tal plan se nos presente pronto y dé lugar a un riguroso esfuerzo deliberativo sobre los objetivos nacionales a mediano y largo plazo, lo que no hemos tenido en esta un tanto equívoca Cuarta Transformación. Habrá que esperar también una mayor y más detallada información de las tareas de este nuevo consejo asesor, pero no debíamos olvidar la experiencia del gobierno del ex presidente López Obrador quien, en noviembre de 2018, anunció que dueños de medios de comunicación y empresarios habían conformado un consejo asesor “(…) porque quieren apoyar y ser consejeros del próximo presidente de la República y les tomé la palabra” (La Jornada Maya, 16/11/18). Poco supimos de tal consejo a partir de entonces, más allá de las periódicas invitaciones presidenciales a tomar los sagrados alimentos a palacio, en no pocas ocasiones previa cooperación voluntaria o compra de boletos para alguna rifa solicitadas por el propio presidente.

Ignoro si el rififí fiscal y jurídico protagonizado en estas semanas por el empresario Ricardo Salinas es prueba eficiente de que el tal consejo se estrelló con todo y unos tamales de chipilín, pero es claro que los modales del capitalista y los no modales de los funcionarios responsables nos hablan de una fehaciente falta de educación en estas materias, tanto con Salinas como con el ex presidente que no dejaba de presentarlo como su amigo y posible colaborador. Pero, más allá de la anécdota y retomando el punto, habrá que estar atentos al papel, el alcance y las acciones que tendrá el nuevo consejo asesor, porque si algo nos urge es dejar atrás nuestro mal desempeño económico: precariedad laboral; inversión bruta insuficiente; incapacidad del sistema productivo para crear los empleos suficientes y bien remunerados que la población de jóvenes y adultos jóvenes demanda; una desigualdad económica que determina la social, regional y cultural y a la que se une una penuria material de miles de mexicanos que carecen de los ingresos necesarios para cubrir los satisfactores elementales.

Si se va a hablar en serio de crecimiento y desarrollo, hay que asumir estas imágenes que recogen nuestras realidades más hirientes. Antes que imaginar consensos en las muchas materias que resumen el nombre y el apellido del consejo, es indispensable que sus miembros se hagan cargo de la tarea central del Estado que Altagracia Gómez quiere poner al día: articular voluntades, intereses y visiones de los distintos sectores y regiones para arriesgarse a proponer objetivos que puedan traducirse en políticas económicas y sociales, pero sobre todo en una planeación y una programación que incluyan el gran propósito abandonado de una reforma hacendaria.

Recuperar el papel del Estado, una vez recuperada la sensatez histórica perdida en la globalización liberista, tanto en lo que tiene que ver con la renovación y reorientación económica y productiva como con su necesaria reforma social, serían las avenidas de una misión como la sugerida al anunciar la conformación del referido consejo. De ahí podría aspirarse a la (re)construcción de un clima social cooperativo que articule duraderos pactos para el desarrollo y, desde luego, entender que la pobreza fiscal del Estado no lo exenta de atender cabal y dignamente los derechos sociales consagrados en la Constitución y ofrecer un régimen de protección social universal.

Requerimos consensos, no consejas y el consejo abre la oportunidad de caminar en esa dirección. Hay que apostar ya por un Estado social, democrático de derecho y de derechos, con la capacidad de convocar (nos) a un gran contrato social, como primer escalón que nos permita alcanzar pronto una gran reforma fiscal tributaria y redistributiva que estimule la inversión, el empleo, la igualdad y el crecimiento sostenible.

Restablecer los canales de diálogo, construir un foro creíble para la presentación y confrontación de visiones económicas, políticas y sociales de los diversos colectivos y comunidades económicas, políticas, académicas y sociales que conforman la República. Una clara y comprometida renovación de prácticas de participación y planeación.

No se trata de grandes ilusiones ni invenciones, sino de recuperar experiencias y memoria: redefinir la economía mixta, fortalecer el sector público y crear nuevos vínculos entre el Estado y las fuerzas económicas, políticas y sociales. Redefinir objetivos y con ellos prioridades y acciones; regresarle a la política el mando.

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Neos y CPAC: comunión de las derechas

Héctor Alejandro Quintanar * | La Jornada

El pasado 2 de diciembre vse celebró en Madrid un foro organizado por una fundación de nombre Neos, donde participó Felipe Calderón, quien emitió una anodina perorata para resaltar la hermandad entre México y España, con base en lugares comunes que, más o menos, cualquier mexicano aprende en la educación básica.

Pero muchas veces, como sucede a un biólogo analizando un virus, no hay que enfocarse en el sujeto, sino en lo que lo rodea, para entender mejor la situación. Lo importante del discurso de Calderón no fue su contenido, sino su entorno. Y ahí resalta que el objetivo de la fundación Neos es promover las pulsiones básicas de la ultraderecha católica: la subyugación de la vida pública al puritanismo religioso (pues se oponen a los derechos reproductivos), la incapacidad de entender la pluralidad humana (pues se oponen a la diversidad sexual) y una visión conspirativa de la realidad (pues se oponen, como cualquier antivacunas, a una supuesta Agenda 2030).

Calderón estuvo rodeado de personajes reveladores, donde destacó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, quien también exaltó los lazos con México con una salmodia grisácea, cuya parte memorable fue un gesto de risible ignorancia, porque acusó que “los gobiernos que odian lo español terminan convirtiéndose en tiranos o narcoestados”, o cosa parecida. Quizá nadie le informó que el último gobierno plenamente documentado al servicio de un cártel en México fue el de Calderón, ahí a su lado, cuyo brazo derecho recién fue sentenciado a décadas de cárcel por narcotráfico.

El foro de Neos fue una reacción malinformada contra la reciente postura del gobierno mexicano, tanto de AMLO como de Claudia Sheinbaum, que solicitaron a España restañar simbólicamente heridas en un pasado común. Pero en ese acto despuntó más la esencia de Neos, que es la misma que la de varios movimientos reaccionarios desde la Revolución Francesa: la tesis insostenible de que Europa debe ser un espacio blanco y cristiano.

En la misma semana del foro de Neos se celebró también otra edición de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), en Buenos Aires, Argentina, espacio donde también hubo presencia mexicana, con el actor Eduardo Verástegui (representante de ese sector social que parece querer lavar culpas personales mediante la imposición de una moralina intransigente) y con Ricardo Salinas Pliego, representante de una especie de derecha libertaria en nuestro país, cuya prioridad en la posguerra fría es dar la batalla cultural, es decir, promover la contracultura reaccionaria (o sea misoginia, racismo, loas a la desigualdad) y bravatas anti-Estado, que no son más que pulsiones conservadoras pero enmascaradas de rebeldía mediante la denominación de incorrección política.

No extrañó que Salinas Pliego omitiera en su arenga las vías por las cuales se ha hecho millonario, y que son haber recibido a la mala una ex televisora estatal y, al igual que su padre, confeccionar vías para evadir impuestos. Así se puede entender mejor lo que este grupúsculo entiende por libertad, que no es más que exigir complacencia ante el abuso.

Sin embargo, al igual que Calderón en Madrid, lo importante no fue el contenido del discurso de Salinas Pliego, sino el contexto de su foro, donde destacó la participación de Javier Milei. El mandatario argentino retomó la definición de batalla cultural, lanzó una estrambótica diatriba contra el socialismo e insinuó un encasillamiento ahí a los últimos 100 años de historia argentina y, como corolario, expelió una prédica geopolítica maniquea contra los gobiernos zurdos –desde Boric hasta Maduro–, tesis que complementa otra dicha previamente por el histrión argentino, cuando el 15 de noviembre planteó la necesidad de una alianza entre Estados Unidos, Italia, Argentina e Israel (o sea el xenófobo Trump, la posfascista Meloni, el sanguinario Netanyahu y él) contra los peligros de la izquierda y la custodia del legado occidental.

Así, el discurso del libertario de la nueva derecha no difiere de las ansiedades paranoicas que rigieron el pensamiento conservador desde el siglo XVIII, salvo por algo: su alabanza al actual gobierno de Israel, acaso por dos razones: el protagonismo de la islamofobia en el imaginario de las derechas tras el 11/09/2001, y porque las hermanan con el sionismo religioso de Netanyahu dos premisas deshumanizadas: el supremacismo y la crueldad.

Ahí, Milei dejó en claro que en Neos y la CPAC rige un denominador común: la noción maniquea de un Occidente cristiano acosado por, sucesivamente, los bárbaros o los árabes, más otros enemigos, y que cruzó el atlántico para civilizar –o sea, colonizar– América, como hizo España con México.

¿Qué distingue, pues, a las derechas de Neos y de la CPAC? Sólo formalidades: mientras en Madrid se reunieron las derechas partidistas tradicionales, en Argentina lo hicieron las que se creen outsiders sin serlo, pues sin alianzas con los miembros de la casta o el Estado se mantendrían en la marginalidad. La cercanía de ambos foros parece dar cuenta de lo que distingue a las derechas clásicas de las radicales: el grado de intransigencia para defender un proyecto antigualitario similar y a que las segundas –con exabruptos estilo zurdos de mierda o viva la libertad, carajo– dicen lo que las primeras piensan pero aún no se atreven a azuzar en voz alta.

*Autor del libro Las raíces del Movimiento Regeneración Nacional.