Lo que dicen los columnistas

AMLO vs. Ealy Ortiz, nueva normalidad expresiva

Ernesto Villanueva

El presidente López Obrador ha hecho público su encono por el contenido de un reportaje publicado por El Universal. Ha indicado que se trata de una calumnia del diario propiedad del empresario.

El desencuentro entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el propietario del diario El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz –el cual tiene como razón un reportaje publicado en ese diario que involucra a hijos y hermano del primer mandatario en hechos presuntamente constitutivos de delito–, pone de relieve una nueva forma de encarar la diferencia en la agenda pública, cada vez más polarizada y con signos de que día con día se rompen los usos y costumbres de la tradición del ejercicio del poder y de sus modos de respuesta ante el escrutinio, con razón o sin ella. Este diferendo por su cariz representa, por supuesto, un hecho de interés público que debe ser digno de analizarse con el debido reposo. Veamos.

Primero. De entrada, hay que dejar en claro que el caso no tiene ningún elemento, por lo menos no hay visos en esa dirección con evidencia empírica, que permita concluir que México asiste a un escenario de destrucción de las instituciones o que el gobierno de López Obrador se convierta en un gobierno autoritario, lo que, de ser el caso, debería preocupar.

Este primer aspecto es una buena noticia. El señor Ealy no se encuentra afectado en su integridad física de ningún tipo. No ha sido secuestrado por grupos presentados como parte del crimen organizado, sea o no así. No ha desaparecido. Ahí está gozando de cabal salud. Tampoco ha perdido la vida ni nada por el estilo. Tampoco se ha utilizado a las instituciones del Estado para armar un caso judicial contra el dueño de El Universal, bajo una apariencia de legalidad para guardar las formas, por algún delito o falta que merezca pena privativa de la libertad o sanciones pecuniarias o las dos juntas.

Estas formas de eliminación de la crítica tuvieron lugar en otro momento y con otras personas en la historia del país, de suerte que funcionaron eficazmente como disuasivos para una crítica recurrente del poder, con las honrosas excepciones de siempre. Hoy, para bien de la comunidad toda, no sucede nada de eso. Se trata sólo de palabras.

Lo anterior, no obstante, no debe dejar de ser parte de la discusión pública a la luz de las más distintas disciplinas del conocimiento. Yo me ocupo de la parte legal, otros lo harán desde enfoques metajurídicos, atendibles y respetables como todo asunto envuelto en la polémica.

Segundo. El presidente López Obrador ha hecho público su encono por el contenido de un reportaje publicado por El Universal. Ha indicado que se trata de una calumnia del diario propiedad de Ealy Ortiz. Lo novedoso es que lo haga público y no, como sucedía en el pasado, por las vías institucionales de facto y de derecho para dirimir conflictos. El hecho de que el presidente externe su molestia no representa un delito ni una falta. No hay una sola norma jurídica que haya sido violada. No la encuentro, al menos yo, ni veo cómo se podría lograr una orden judicial con carácter de cosa juzgada (es decir, definitiva e inatacable) que prohibiera al presidente expresar lo que desee.

Además, los mensajes presidenciales se llevan a cabo sin recurrir a los juicios oprobiosos por sí mismos, que no son protegidos por la Constitución ni por el derecho convencional, blindándose de que por ese lado pudiera recibir una resolución judicial donde se le condene a eliminar el uso de ese tipo de expresiones, pero tampoco es el caso.

Hay, empero, una imprecisión en la molestia presidencial. El titular del Ejecutivo Federal habla de estar ante la presencia de una calumnia en contra suya y de su entorno. Cabe recordar que la figura jurídica de la calumnia ha desaparecido del Código Penal aplicable, que es el de la capital del país por domicilio del medio y porque los señalados en el reportaje objeto de controversia no son servidores públicos federales. Hasta el año 2006, el Código Penal del entonces Distrito Federal establecía el tipo penal de calumnia, en los términos siguientes: “Artículo 216. Al que impute falsamente a otro la comisión de un hecho que la ley califique como delito, a sabiendas de que éste no existe o de que el imputado no es el que lo cometió, se le impondrá prisión de dos a seis años. Cuando el delito imputado sea grave la pena será de tres a siete años de prisión”. Esa disposición fue derogada del código penal en el año 2006 a instancias del entonces jefe de gobierno López Obrador para despenalizar los delitos en materia del honor al tiempo que se aprobó la ley especial en materia civil que observa, aún hoy en día, los mejores estándares internacionales en esa materia, la llamada Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal. De esta suerte, se entiende que Ealy Ortiz y/o su medio no pueden incurrir en el tipo penal simple y sencillamente porque no existe.

Tercero. Las cartas de los abajo firmantes, buena parte de ellos en la nómina de Ealy, lo que, a mi juicio, genera sesgos y conflicto de interés que nublan la imparcialidad de la solidaridad con el dueño de diario El Universal, son legítimas expresiones de quienes consideran que el presidente López Obrador debe guardar un estricto silencio franciscano ante la crítica.

Sorprendido ante la expresión del presidente AMLO contra él, Ealy Ortiz publicó una carta de respuesta para fijar postura sobre el tema. El contenido de la carta, como todo lo que es de interés público, forma parte del debate y habrá un sector que coincida con las palabras de autodefensa del señor Ealy; otros, en cambio, percibirán que la carta en mención no se compadece con la actuación del señor Ealy de manera habitual. En este sentido, una parte del discurso del presidente AMLO se queja de que las actuaciones de El Universal y de su dueño están motivadas por la falta de recursos públicos destinados al diario, como publicidad oficial o conceptos correlativos.

En efecto, El Universal ha recibido, sin duda, mucho más dinero en el pasado que ahora, pero ese dato no representa delito o falta, sino una política de comunicación distinta por la amplísima discrecionalidad de la ley en materia de publicidad oficial. Yo estoy de acuerdo en que los medios deben tener como primer deber ético su subsistencia, porque no existe un derecho de los medios a recibir publicidad oficial ni tampoco, por esa misma razón, una obligación del Estado a proporcionarla. Tanto el presidente AMLO como el señor Ealy son figuras públicas y por ello deben soportar un mayor escrutinio en su quehacer personal y profesional si es de interés público. En ambos casos hay medios para comunicar mensajes.

En conclusión, no veo que haya elemento alguno para que pudiera mínimamente convertirse en un caso judicial. En este caso es aplicable la histórica resolución The New York Times vs. Sullivan de 1964, la cual sostiene que: “El debate sobre temas públicos debe ser desinhi­bido, robusto y ampliamente abierto, y bien puede incluir ataques vehementes, cáusticos, y a veces desagradables y afilados, contra el gobierno o los servidores públicos”.

Hoy en México ese monopolio fáctico de los medios como actores principales del ejercicio de las libertades de expresión e información se ha roto. Esa mutación comportamental es constitucional y legal, simplemente diferente, pero nada más.

Juegos de poder

El control de precios no es la solución

Leo Zuckermann

A la gente le encanta que el gobierno controle los precios. Resulta muy popular no pagar lo que realmente cuestan las cosas. Pero, como lo demuestra la historia, esta política pública es insostenible. Si el precio no lo determina la oferta y la demanda, sino una decisión burocrática, los productores se retiran de ese mercado. Ya no les conviene operar porque pierden dinero y a nadie le gusta perder dinero. Ergo, comienza la escasez del producto. Como por arte de magia, aparece el bien escaso en mercados negros a un precio incluso mayor al del mercado. Los ganadores son los especuladores, quienes cuentan con el apoyo de las autoridades; a cambio de un moche, los dejan vender el producto de manera ilegal.

Ayer hablaba de cómo México está en un proceso inflacionario que hay que atajar. Uno de los bienes que ha subido de precio en las últimas semanas es el gas licuado del petróleo, mejor conocido como LP. Es lógico ya que este producto depende de los precios de los hidrocarburos determinados a nivel internacional y que han subido de manera importante en los últimos meses. En este momento, el precio del Propane Spot Mont Belvieu, la referencia internacional para la venta del gas LP, está en su nivel más alto desde 2014.

En México, el precio del gas LP se liberalizó en 2017. Por tanto, si sube el costo internacional de los insumos, pues aumenta el precio nacional. A nadie le gusta, pero es la realidad del mercado. Hay más demanda que oferta.

El gobierno, sin embargo, ha fijado los precios de venta máximos para los usuarios finales de gas LP. Suena bien, pero no funcionará.

De hecho, el gremio gasero en la Ciudad de México y en Estado de México ya anunció que no venderán el producto. No les conviene seguir operando con los precios fijados por la Comisión Reguladora de Energía. Como dice el libro de texto, habrá escasez y pronto aparecerán mercados negros de gas LP a precios exorbitantes.

El presidente López Obrador también ha anunciado la creación de una nueva empresa del Estado para distribuir gas LP a la población. Aquí el problema es que tardará varios meses para estar en condiciones de operar y, cuando lo haga, si los precios son bajos, el Estado tendrá que subsidiarlos. El faltante lo deberá poner Pemex (empresa financieramente quebrada) o el erario. A ver qué dice el nuevo secretario de Hacienda sobre esta idea.

En suma, las soluciones que está implementando el gobierno no resolverán el problema. Pero el problema ahí está. La pregunta es cómo solucionarlo.

Primero que nada, acabando con las prácticas monopólicas u oligopólicas que existen en esta industria. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofese) tiene abiertas investigaciones sobre esta tema. Empero, las pesquisas no han terminado. Así que la solución no pasa por ahí en el corto plazo.

La propia Cofese ha recomendado al gobierno las siguiente acciones para aminorar la concentración, generar una mayor oferta y, por consiguiente, impulsar mejores precios. Cito las cuatro propuestas:

1.- Fomentar la venta de cilindros de gas LP en tiendas de autoservicio mediante la facilitación para la obtención de permisos para que tiendas minoristas, como supermercados o gasolineras, vendan cilindros de gas LP a los consumidores finales en sus instalaciones.

2.- Vender gas LP a población vulnerable en los almacenes de Diconsa […] mediante licitaciones públicas para elegir al suministrador de gas LP de sus almacenes, con el fin de asegurar las mejores condiciones de precio y servicio en esas tiendas.

3.- Eliminar obstáculos normativos en el ámbito local para la instalación de plantas de distribución, donde se entrega el gas LP a los clientes en recipientes transportables o portátiles y para la venta en tiendas de autoservicio, tales como requisitos excesivos o poca claridad en los criterios para el otorgamiento de estos permisos.

4.- Desarrollar un programa de incentivos presupuestales con el fin de facilitar la sustituibilidad de gas LP por gas natural para que las entidades federativas apliquen planes a fin de fomentar la inversión en infraestructura (ductos), que hoy es cuello de botella para que las empresas de gas natural puedan ofrecer este servicio residencial.

Son soluciones más complejas, pero más eficaces que el control de precios. A ver si el gobierno lo entiende porque esto de hablar de mercados suena muy neoliberal. Por desgracia, lo de ellos es el estatismo de los años setentas que acabó en un enorme fracaso para las finanzas públicas, generando escasez y mercados negros de varias mercancías.

Fiesta o fracaso

Luis Linares Zapata

Por ahí andan los pregoneros del fracaso en la consulta, llenando titulares y elevando autorizadas voces para afirmarlo. Y, en otros lados, animan el cotarro los que ven en tal suceso los albores de una fiesta democrática. Y así continuarán los enrarecidos aires de la vida pública de estos preocupantes días de vengativa pandemia. Por unos momentos se pensó o, más bien, se deseó, que el virus fuera en retirada. Pero, ¡no! tal parece que ha vuelto revestido con filosos dientes y mayores contagios. Y, con ellos, las ya usuales condenas terminales: alguien habrá de pagar las cuentas, ya sea ahora o después de 2024.

El centro neurálgico de estas disquisiciones está formado por nada menos que (casi) siete millones de ciudadanos que acudieron a las urnas. Y este número habla, qué duda, por sí mismo. Una simple y ligera comparación con votaciones anteriores da una idea aproximada de la sustentación que presta a la vida democrática de hoy. Es una fracción importante (un sexto) de la votación alcanzada por los morenos en la pasada elección. Quedan, estos millones, bien situados, si se le compara con lo logrado por el Partido Acción Nacional a pesar de todas sus irónicas condenas y negativas. Rebasa a los simpatizantes de varios partidos minoritarios e iguala a los que hizo Movimiento Ciudadano con todo y sus celebrados triunfos norteños. Pero, de varias maneras, podían haber sido mucho más los que decidieron, en medio de los temores, duelos e incomprensiones semánticas, dar testimonio de querer portar digna ciudadanía.

Siete millones de ciudadanos que optaron mayoritariamente por el Sí a una enredada pregunta, son, también, una masa humana que debe mostrar gran peso y ramificaciones. Habrá, por tanto, que recordar aquella incipiente consulta para decidir asuntos sobre el entonces Distrito Federal. Ejercicio que, más adelante, marcó la ruta hacia su emancipación del Ejecutivo federal. Con aquel evento en mente, podremos situar mejor lo que implican esos tan ninguneados, pero no olvidados ni reconocidos, millones de activos mexicanos.

La ley señala que, para ser vinculante la consulta, es indispensable alcanzar 40 por ciento del padrón electoral. Una cifra inalcanzable bajo casi todos los escenarios factibles. Habrá que decir, de inmediato, que un ejercicio de las implicaciones justicieras y reparadoras como las encasilladas en la cuestionada pregunta, debió celebrarse al parejo de las elecciones pasadas. Así llevada a cabo, se hubieran aquilatado, con todas sus implicaciones, los alcances y consecuencias buscadas para el avance de la vida colectiva. Al respecto, y por miedos partidarios legítimos o tramposos, puede decirse que se quedó al inicio del camino ambicionado por los promotores del ejercicio.

Lejos quedan ahora los numerosos obstáculos levantados por los opositores a toda acción gubernativa, a todo impulso proveniente de Palacio Nacional y a todo aquello que implique proseguir con la crítica al pasado modelo concentrador. La pérdida de privilegios es un real, poderoso acicate para aquellos que los van perdiendo y que los pretenden recuperar. Desde esta perspectiva, la consulta –y vuelvo a repetir con sus millones por el sí– prestó eficaz aliciente para redondear la conciencia colectiva (más enterada y documentada) de los que implicó el prolongado periodo neoliberal. Hoy se puede apreciar mejor lo sucedido a lo largo de estos fatídicos años para el bienestar popular. Y no sólo eso, sino para la vida de una República integrada por hombres y mujeres dignos y solidarios. Los personajes que forman el nada apreciable elenco de pasados gobernantes pueden ser vistos y enjuiciados por el pueblo ofendido, de una más humana, estricta y justa manera. Hay, ya, una actitud definida, tanto individual como colectivamente, para mirar con confianza hacia delante. Ello apunta, también, hacia una afilada mirada para escoger mejor a los gobernantes y destilar sus propuestas. Los colores y símbolos partidarios de aquellos agrupamientos, que jugaron papel definitivo en el largo periodo de cuentas, también sufrirán consecuencias.

Revisar con tiempo y paciencia lo expresado por aquellos que formaron el quinteto de poderosos, base de la cuestión a dilucidar. Unos porque adelantaron juicios torpes y otros por su silencio de soberbia impunidad. Lo cierto es que para los que fueron a las urnas hubo apreciable desfogue de sus rencores, de sus agravios, de sus desoídos reclamos por la nula responsabilidad de sus ­mandatados.