Lo que dicen los columnistas

Preocupantes vacíos en la reforma para desaparecer al INAI

Es necesario que las y los legisladores analicen los detalles de lo que pretenden aprobar, pero con conciencia de lo que están haciendo y lo que corresponde a cada uno. Revisar bien las funciones que deben de ir al Poder Ejecutivo.

Julieta del Río | Proceso

La propuesta de reforma para desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no menciona varios aspectos ni mecanismos que aseguren una correcta garantía de los derechos que defendemos. Por ejemplo, la continuidad y funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la protección de datos personales en posesión de particulares y aspectos legales de procesos en sustanciación y temas laborales.

Empecemos con la PNT, la cual tiene 14 mil 967 millones 997 mil 229 registros de información pública provenientes de los tres Poderes de la Unión, gobiernos estatales y municipales, sindicatos, universidades y otros entes obligados. En total, reúne información de 7 mil 407 sujetos obligados en el país que pasarían a un destino incierto. De todas estas instituciones, sólo 270 pertenecen al Poder Ejecutivo Federal.

Preocupa que la reforma no ofrezca claridad sobre la herramienta más grande del país para ejercer nuestros derechos a saber y de protección de datos personales.

Otro aspecto es el Centro de Atención a la Sociedad (CAS), área especializada del INAI encargada de asesorar a las personas en el ejercicio de sus derechos. Del 1 de enero al 5 de noviembre de 2024, el CAS brindó 80 mil 520 asesorías a través de sus medios de contacto. Tan sólo la atención presencial en las instalaciones del INAI registró un gran incremento, al pasar de 45 a 71 el número de personas asesoradas al día.

El INAI mantiene compromisos operativos como la renta plurianual del edificio sede, la cual es de, en promedio, 4 millones de pesos al mes, pero que puede variar de acuerdo con la tasa de interés; en su totalidad el edificio tiene un costo de financiamiento, de acuerdo con el contrato del arrendamiento financiero con opción a compra, de 683 millones 788 mil 042.02 a pagar en un periodo de 20 años.

También hay multas y litigios en materia de datos personales, a las cuales tiene derecho el Estado mexicano y que derivan de sanciones impuestas dentro del régimen de protección de datos personales en posesión de particulares, y que ascienden actualmente a la cantidad de 577 millones 042 mil 647 pesos.

Hay 1 mil 68 recursos de revisión en análisis de las ponencias, que sólo un Pleno puede discutir con precisión, además de la supervisión de una infraestructura tecnológica que ha demostrado ser segura. México ha firmado acuerdos como el Convenio 108 del Consejo de Europa y el Acuerdo de Escazú, los cuales exigen un órgano autónomo.

Soy prudente y realista frente al panorama que enfrentamos. Por ello, es mi obligación advertir en cada reunión en el Senado, Cámara de Diputados o con la Secretaría de Gobernación, qué falta. He impulsado el respeto a los derechos de las y los trabajadores, una transición ordenada y certezas jurídicas para las herramientas que hoy funcionan.

Es necesario que las y los legisladores analicen los detalles de lo que pretenden aprobar, pero con conciencia de lo que están haciendo y lo que corresponde a cada uno. Revisar bien las funciones que deben de ir al Poder Ejecutivo.

La presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum, debe conocer a detalle lo que son funciones del Poder Ejecutivo. Es importante que comprenda lo que significa y representa la Plataforma Nacional de Transparencia, así como la infraestructura tecnológica con la que cuenta, misma que ha sido reconocida a nivel mundial. Se debe pensar en un órgano técnico especializado que la maneje, al igual que los datos particulares.

Esta semana, o la próxima, sabremos el destino. En tanto, nosotros seguimos con la lucha hasta el final, sólo hay que decirle la verdad y lo que representa cada cosa.

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Arsenal

Los “abrazos” del embajador a López Obrador y los “balazos” que asesinaron a 190 mil mexicanos

Francisco Garfias | Excelsior

Llegan tarde las inusuales declaraciones de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México. Ojalá lo hubiera hecho cuando Andrés Manuel López Obrador aún estaba en Palacio Nacional.

No sólo afirmó que no funcionó la estrategia de abrazos, no balazos —lo que es obvio por los resultados que conocemos—, sino que reveló que el expresidente “le cerró la puerta” a un paquete de ayuda de Estados Unidos por 32 millones de dólares para la seguridad interna, “por cuestiones ideológicas”.

Ese arranque de franqueza llevó al embajador a cuestionar las estadísticas sobre seguridad que el exmandatario mostraba en las mañaneras seguidas de un “Vamos bien” o “El país está tranquilo”.

Dijo: “Tenemos las cifras que le dicen al pueblo que no hay problema. No están basadas en la realidad. La realidad es el ganadero asesinado ayer en Sinaloa y el párroco ultimado a balazos en Chiapas hace unas semanas”.

Salazar le mandó un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum: “La austeridad republicana no sirve para la seguridad”.

No sabemos qué llevó al embajador a dejar de lado el lenguaje diplomático para hablar de la realidad de un país que no es el suyo. Su reemplazo es inminente con el triunfo de Donald Trump.

¿Quiso sacar lo que traía adentro antes de irse? ¿Es la respuesta al cortón que le dio López Obrador por criticar la reforma judicial? ¿Es un gesto genuino hacia un pueblo que lo trató bien? ¿Es línea del Departamento de Estado?

Ken Salazar fue tendencia en la red social X. No pocos cibernautas coincidieron en que las palabras del embajador le arruinaron al líder máximo su cumpleaños número 71.

* De mal en peor. El oficialismo en la Cámara de Diputados se encaminaba anoche a aprobar la reforma al artículo 19 de la Constitución que amplía el catálogo de prisión preventiva oficiosa.

Ahora también es cárcel automática por señalamientos de extorsión, narcomenudeo, defraudación fiscal, facturación falsa y tráfico de fentanilo.

Por si no quedó claro de qué se trata, la CIDH determinó que la prisión preventiva oficiosa es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. “No respeta la presunción de inocencia”, subraya.

Pero eso poco le importa al oficialismo. Sus oradores hicieron una defensa rabiosa del dictamen y hasta gritaron “¡Es un honor estar con Obrador!” cuando una oradora oficialista comentó que era su cumpleaños.

La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que permite que una persona vaya a la cárcel sin que la misma haya sido condenada, y se aplica por el sólo hecho de estar siendo procesado por un delito señalado en el artículo 19 constitucional.

Antes de que iniciara el debate, el diputado Ricardo Monreal informó a la prensa sus intenciones de sacar del dictamen la defraudación fiscal y el narcomenudeo.

Otros delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, que ya están en el artículo 19 de la Constitución, son:

Abuso y violencia sexual contra menores de edad, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, en materia de armas de fuego y huachicoleo.

* Jorge Romero recibió ayer la constancia de mayoría que lo acredita como líder nacional del PAN.

El nuevo jefe de Acción Nacional aprovechó la ocasión para subir a las redes un video en el que revira a las reiteradas acusaciones de la presidenta Sheinbaum de que es el jefe del Cártel Inmobiliario.

“Que las fiscalías hagan lo que tengan que hacer”, retó el panista, quien niega el liderazgo que le imputa la primera mandataria.

Y le hace las siguientes preguntas: ¿cuál es su denuncia pública respecto a los miles de millones de pesos desaparecidos en Segalmex? ¿Cuál es su denuncia sobre las más de 20 propiedades de Manuel Bartlett? ¿Cuál es su denuncia respecto de los contactos del Tren Maya a familiares de Ya Sabemos Quién?

“Éstos no sólo son enunciados, son preguntas que, a como vamos, supongo que responderá hoy en su conferencia mañanera”, remató.

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Número cero

La reelección de Piedra mina la soberanía de Sheinbaum

José Buendía Hegewisch | Excelsior

La reelección de Rosario Piedra en la CNDH es un revés para el gobierno de Sheinbaum, al que de nada le sirve el mensaje de imposición del Senado. Su ratificación como decisión de Estado es un exceso de veneno puro para la legitimidad democrática por la lectura indiferente con los derechos humanos, relegados por intereses políticos u oscuras razones del poder.

Algo anda mal cuando la desproporción y soberbia se imponen como razón de Estado en una decisión que, simplemente, desdeña la protección de las víctimas en un país que atraviesa una grave crisis de derechos humanos. Pero no se puede negar que de eso se trató el juego; tampoco que el problema de la proporcionalidad en los medios empleados y el resultado obtenido deja una factura impagable para la legitimidad institucional. A Sheinbaum no le conviene en nada la forma como se jugó esta partida, de la que aparece marginada.

El papel de Piedra en la CNDH ha sido ampliamente cuestionado por sus intereses políticos en un ejercicio cercano y obsecuente con el expresidente López Obrador. Por la forma como se operó la reelección, su sombra se proyecta como la razón de facto que evidencia falta de límites institucionales si el exmandatario se abrogó un derecho que no le corresponde más allá, si acaso, de expresar desacuerdos con un nombramiento público de otro gobierno y, a pesar del compromiso de mantenerse políticamente al margen en el sexenio, algo que no parece cumplir.

Las explicaciones más indulgentes atribuyen a la bancada de Morena y aliados una actitud obsequiosa con López Obrador, pero si así fuera, no habrían tenido que someter con presiones la división del voto de los inconformes internos, comenzando por el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, responsable de su curso. Pero la cuestión va más allá de los medios en el proceso legislativo si lo que se pone en duda es la obligación de fijar la soberanía estatal del Congreso y del gobierno de Sheinbaum, a pesar de su arrollador triunfo en las urnas. La forma como se reeligió a Piedra mina su soberanía.

Es una decisión equivocada. En primer lugar, porque tiene el efecto cancerígeno del arsénico que corroe las libertades en que descansa el sentido de los derechos políticos. La idea de que una mayoría puede mermar la capacidad jurídica e institucional para defender y proteger los derechos humanos es grave error ante el temor que genera el inmenso poder que Morena recibió de las urnas; la defensa de un nombramiento más allá de lo factible en el haiga sido como haiga sido socava al ombudsperson para cumplir su tarea.

En segundo lugar, la decisión contra viento y marea, con la fracción mayoritaria dividida y el rechazo de casi todas las organizaciones de derechos humanos, acendra el temor al dominio de la mayoría sobre la necesidad de resolver de manera racional y juiciosa para elegir entre distintas opciones mucho mejor valoradas que Piedra. Resultó la peor evaluada y su nombre se incluyó en la terna final por un acuerdo político que implicó dejar fuera a la segunda mejor calificada e imponerse a otros dos perfiles con mayores competencias y atributos, Nashieli Ramírez y Paulina Hernández.

Desde un principio, su independencia fue cuestionada con la renuncia de la mitad de su Consejo Consultivo por una elección poco transparente; y de la otra mitad por omisiones en las denuncias de violaciones a derechos humanos que implicaran a militares en tareas de seguridad pública. La crítica sobre la falta de autonomía dominó su paso deslucido por la CNDH, en medio de acusaciones de corrupción y renuncias masivas. Para cerrar su gestión, llegó a proponer disolverla porque “ya no respondía a las necesidades del pueblo”, con igual retórica que el exmandatario defendía la desaparición de otros órganos autónomos.

Pero nada contó para los senadores de Morena, que con su voto demostraron que la autonomía de la CNDH no vale para confrontarse políticamente con la línea del liderazgo de facto de su movimiento. En todo caso, el mensaje de falta de contención es fatal. El debilitamiento de la institución hasta convertirla en instrumento político es cicuta para los derechos humanos como fue para la verdad en el caso de Sócrates; su deterioro degrada la política y la imposición resta al Estado canales que han servido para disuadir de cambios violentos en la lucha por el poder.

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Astillero

CNDH: facciones en pugna // Ineficacia alineada // García Harfuch: superpoderes // Marco Rubio y los halcones

Julio Hernández López | La Jornada

Tal como estaba previsto, se consumó la imposición de Rosario Piedra Ibarra para presidir por un segundo periodo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Fue la peor calificada de las aspirantes que el Senado valoró y aun así, traicionando el sentido de la convocatoria original, para que a partir de ella votaran los legisladores, se integró una terna tramposa, que desechó a quien había quedado en segundo lugar (Tania Ramírez) y se agregó (por consideraciones políticas) a Piedra Ibarra, que había quedado en el lugar número 15.

La sesión senatorial correspondiente, y sus horas previas, estuvieron cargadas de ingredientes deshonrosos. El coordinador obradorista del Senado, Adán Augusto López Hernández, transfirió a las bancadas guindas y anexas la instrucción superior (¿metasuperior?) de votar sin fisuras a favor de la hija de la gran defensora de los derechos humanos, Rosario Ibarra de Piedra, ya fallecida. Fue descarnada la exhibición de sometimiento de voluntades de senadores 4T: en términos aritméticos fue mayoría calificada, suficiente, indiscutible, pero a costa de exhibir conductas políticas del pasado que se dice se intenta superar, regenerar.

La pelea, las costuras exhibidas del autoritarismo interno y de la lucha entre facciones (ésta, con impacto en la consolidación del poder presidencial actual), habría sido innecesaria. La 4T pudo haber escogido de entre muchos perfiles idóneos para impulsar una verdadera cultura de defensa de los derechos humanos. Pero, como ello implicaría cumplir con el objetivo de tales comisiones, la defensa de los ciudadanos (incluso los acusados de delinquir) ante abusos del poder, se prefirió mantener a Piedra Ibarra a fin de continuar con una política de autocontención, de ineficacia alineada con los intereses del poder en turno.

Por lo pronto, Omar García Harfuch incrementa el riesgo de exposición a las eventuales indagaciones o recomendaciones de la citada CNDH, pues el Poder Legislativo le ha extendido facultades que lo convierten en un supersecretario (a Genaro García Luna se le llamó en esta columna, durante el sexenio calderonista, el vicepresidente ejecutivo), con atribuciones directas de investigación de presuntos delitos, además de la desbordante coordinación general de las acciones militares y policiacas en el país.

Con menos facultades políticas durante la presidencia de Claudia Sheinbaum, y por tanto con mayores ánimos de confrontación, el entrometido embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, hizo críticas a la política obradorista de abrazos, no balazos, con señalamientos que durante el gobierno del tabasqueño no hizo con la oportunidad adecuada. Incluso mencionó que la administración federal anterior no quiso recibir decenas de millones de dólares en ayuda (la clásica manzana envenenada) para tareas de seguridad pública en México.

Ken Salazar quiso definirse como alguien sorprendido por las posturas del entonces presidente López Obrador, e incluso mencionó, con aire de presunta inocencia, que a partir del episodio de El Mayo Zambada y un hijo de El Chapo captados por autoridades del vecino país, ahí completamente se cerraron las puertas de parte del gobierno de México, nunca de parte del gobierno de Estados Unidos.

En la formación de política belicista que está diseñando Donald Trump se oficializó la designación del senador cubano-estadunidense como secretario de Estado. El cargo es mucho más que una secretaría de relaciones exteriores, pues la dimensión aún dominante de Estados Unidos en el mundo hace que su Secretaría de Estado sea una instancia de intervencionismo y de definición de prioridades para el imperio, incluyendo guerras o desestabilización de países adversarios o cercanos a esta calificación según Washington.

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México SA

Pemex: menor carga fiscal // Más inversión y producción // Senado: papelón morenista

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

A partir del próximo año, Petróleos Mexicanos (Pemex) estrenará régimen fiscal para impedir el saqueo de que fue objeto a lo largo del régimen neoliberal, cuando la Secretaría de Hacienda se quedaba con toda la ganancia y todavía exigía una rebanada extra, equivalente a cerca de 10 por ciento. Desde luego, la empresa del Estado no dejará de contribuir al erario, pero su proporción será simplificada para fortalecer sus finanzas y planes de inversión.

La titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González Escobar, resumió la depredación de que fue objeto Pemex y el lamentable estado en que el régimen neoliberal lo entregó al gobierno anterior: entre 2012 y 2018 (con la reforma privatizadora de Peña Nieto), la inversión pública en exploración y producción disminuyó 55 por ciento; la producción de petróleo crudo cayó 28 por ciento y la de gas natural 22 por ciento; la perforación de pozos petroleros se redujo en 87 por ciento, y la producción de diésel y gasolina se desplomó en 61 y en 51 por ciento, respectivamente.

A ello se sumó un endeudamiento desmedido, pues el débito de Pemex creció 129.5 por ciento en 10 años, lo que convirtió a la empresa del Estado en la petrolera más endeudada del mundo. Además, se privatizaron 90 áreas petroleras, algunas ya con yacimientos descubiertos, bajo el argumento de que el sector privado revertiría la caída en reservas, en producción e incrementaría la inversión en el sector. Ocurrió lo contrario: las inversiones prometidas por más de 200 mil millones de dólares nunca llegaron y hoy el sector privado aporta apenas 3 por ciento de la producción, detalló la funcionaria.

Ante tal abandono de la empresa más importante del país (que en los últimos seis años aportó 135 mil millones de dólares sólo por exportaciones), González Escobar dijo que el ex presidente López Obrador puso en marcha una política de rescate del sector energético enfocada en la autosuficiencia, la soberanía y la seguridad energética. Hoy los resultados están a la vista: se estabilizó la producción petrolera en un millón 800 mil barriles por día; las reservas probadas de gas natural aumentaron 22.7 por ciento entre 2018 y 2024; se rescató el Sistema Nacional de Refinación, con la rehabilitación de las seis refinerías; se construyó la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, y se adquirió Deer Park. Además, se rescatan las plantas de fertilizante.

Por la parte fiscal, el subsecretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, informó que se trabaja de manera coordinada con Pemex para simplificar el régimen fiscal, en particular el conjunto de derechos que actualmente paga (de exploración, de extracción de hidrocarburos y de utilidad compartida), y a partir de 2025 sólo se cobrará el nuevo derecho petrolero para el bienestar, con una carga de 30 por ciento y de 11.63 por ciento en el caso del gas.

A su vez, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, anunció que vamos a reintegrar a Pemex en un solo Pemex. Actualmente tiene subsidiarias, las vamos a juntar y contaremos con una empresa más ligera, más robusta, resiliente y sustentable. Al mismo tiempo, se continuará con la reducción del endeudamiento, la disciplina y transparencia financiera, y el pago a proveedores.

La presidenta Sheinbaum detalló que históricamente Pemex ha tenido distintos esquemas fiscales. Paga impuestos, como cualquier empresa, ISR, IVA, pero también paga derechos (llegó a pagar 70 por ciento en los derechos); cuando (Peña Nieto) la hizo empresa productiva del Estado, de todas maneras, le quitaban prácticamente todo el recurso que generaba.

Ahora, Pemex se capitalizará aún más y se permitirá que los ingresos que tiene los pueda utilizar para sus propias funciones. Al mismo tiempo, de manera transparente entrega ese derecho a la Secretaría de Hacienda para utilizarse para el bienestar de las mexicanas y los mexicanos. Esto es algo nuevo, distinto, y es gracias, entre otras cosas, a la reforma constitucional.

Sólo para recordar y comparar: en la primera década de gobiernos panistas (Fox y Calderón), Pemex reportó rendimientos por 4.8 billones de pesos, pero Hacienda exprimió y exprimió, hasta quedarse con 5.3 billones. ¿De dónde salió la diferencia? De endeudamiento, el mismo que hoy reclaman… los panistas.

Las rebanadas del pastel

Lamentable papelón de la mayoría morenista en el Senado de la República al relegir a Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Si en cinco años no dio golpe, por qué tendría que hacer algo diferente en el siguiente lustro. Vergonzoso.