Lo que dicen los columnistas

Hacia una dictadura del “morenariado”

En el derecho constitucional no existe la figura de la anulación de una reforma a la Constitución. Tampoco existe la anulación de un decreto promulgatorio como facultad de la presidenta de la República.

Elisur Arteaga Nava | Proceso

AMLO no confía en nadie, incluyo, desde luego, a la presidenta que impuso. Una prueba: apresuró la reforma al Poder Judicial para entregarle hechos consumados y para que no pudiera dar marcha atrás o neutralizar su agresión a los juzgadores con un eventual veto.

Por la acción de AMLO, de Morena y ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum ha desaparecido, formal y materialmente, el principio de división de poderes que consagra el artículo 49 constitucional; únicamente hay un poder: el Ejecutivo, una voluntad suprema: la de la presidenta. Hay un hecho que lo prueba:

Claudia Sheinbaum, que por mandamiento constitucional debe hacer cumplir las determinaciones judiciales, en papel de supremo poder conservador, ha declarado que lo resuelto por los jueces es inconstitucional y que, por ello, no acataría las suspensiones otorgadas por algunos jueces de distrito. Al hacerlo se puso por encima de la autoridad judicial, olvidó que contra las resoluciones judiciales existen recursos y que a ella, como presidenta, no le es dado juzgar de las sentencia y resoluciones de los tribunales.

Ambos: AMLO y la señora Sheinbaum también han desaparecido el sistema federal y la autonomía que la Constitución reconoce a los estados que son miembros de la Unión. La voluntad presidencial es omnipotente y omnipresente. Los legisladores al Congreso de la Unión reclaman para sí el haber impuesto un récord: en un tiempo mínimo fue aprobada la reforma constitucional relacionada con lo que se denomina supremacía constitucional. Eso, en países con Estado de derecho, sería motivo de vergüenza.

Los estados nunca fueron soberanos; ahora tampoco son autónomos y libres para actuar dentro del ámbito de las facultades que tienen reservadas. La declaración contenida en el artículo 40 constitucional, en el sentido de que las entidades federativas son libres y soberanas, si bien tiene una explicación histórica que se dio en 1824, no corresponde a la naturaleza de un estado miembro de una federación.  

La verdad es que, desde que se estableció en 1824 el sistema federal, y por virtud de lo dispuesto por la Constitución actual, en sus artículos 116 a 122 y de otros preceptos fundamentales, los estados gozan, en teoría, de autonomía para legislar y actuar respecto de los rubros no conferidos de manera expresa o implícita a los poderes federales (arts. 73, frac. XXXI y124). La poca autonomía de que gozaban los estados también ha desaparecido.

Anular la publicación de la reforma judicial

Quienes son contrarios a la reforma judicial ven su anulación como opción para suprimirla. Pudieran no tener razón.

En el derecho constitucional no existe la figura de la anulación de una reforma a la Constitución. Tampoco existe la anulación de un decreto promulgatorio como facultad de la presidenta de la República. Ciertamente ésta goza de la facultad de vetar, pero, cuando se interpone, no está de por medio una ley o un decreto; la Constitución, en esa etapa del proceso legislativo, le denomina proyecto (art. 72, incisos B y C). Finalmente, cuando el Congreso de la Unión no reúne las dos terceras partes de los legisladores presentes en sus cámaras para superar el veto, como decía mi querido maestro don Manuel Herrera y Lasso, quien rechaza un proyecto de ley o decreto es el propio Congreso, al no reunir el número de votos necesarios para superar la objeción presidencial.

Una vez publicado un decreto de ley o decreto por parte del presidente de la República, la función que le confiere el artículo 72 constitucional concluye y ya no tiene nada que hacer. No puede anular su propio acto promulgatorio. Tampoco lo puede hacer quien lo sucedió en el cargo.

Improcedencia del veto por extemporáneo

Algunos sugirieron que la señora Sheinbaum vete el decreto de reformas que desapareció al Poder Judicial, pues ésa es, entre otras, la consecuencia de las reformas constitucionales publicada el 15 de septiembre pasado y de lo declarado por la presidenta.

La verdad es que el veto únicamente procede respecto de la actividad legislativa ordinaria confiada el Congreso de la Unión: leyes y decretos que son de su exclusiva incumbencia, cuyo trámite elaboración está previsto en el artículo 72 constitucional; no procede en otros casos, como son los previstos de manera expresa en el inciso J del artículo 72 constitucional.

Por no ser obra exclusiva del Congreso de la Unión los supuestos previstos en los artículos 73, fracción III y 135, tratándose de reformas constitucionales, por razón de la intervención que se da a las legislaturas de los estados y al presidente de la República, no se está frente a un caso de facultades propias del Congreso de la Unión; éste es sólo una parte del proceso que se sigue. En estos supuestos el veto es improcedente, a pesar de que no exista texto expreso que así lo disponga.

Independientemente de lo anterior, por virtud de que en ambos supuestos se requiere para su aprobación el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes en cada Cámara, el veto ha sido superado de antemano en los términos previstos por el inciso C del artículo 72 constitucional.

Plazo para hacer valer el veto

Un proyecto de reformas deja de serlo en el momento en que es promulgado por el presidente de la República. El de reformas al Poder Judicial se promulgó el 15 de septiembre pasado. Por ese hecho se agotó la posibilidad de que el presidente de la República: saliente y la entrante, ejerzan su facultad de vetar y, mucho menos, la de anular.

La presidenta de la República goza de un término de 30 días naturales para vetar un proyecto de ley que para su promulgación le envía el Congreso de la Unión. Por virtud de lo anterior es improcedente pensar en el veto como medida para neutralizar la reforma judicial.

Para algunos, la presidenta de la República pudo haber vetado el decreto de publicación que hizo AMLO. Como lo he dicho, un proyecto de reforma constitucional no puede ser vetado; independientemente de lo anterior, la señora Sheinbaum carece de la facultad para anular la publicación de una reforma constitucional hecha tanto por AMLO como por ella; el presidente saliente, en su momento, pudo haber vetado la reforma que él mismo había iniciado y que el Congreso de la Unión aprobó sin quitarle ni una coma, a pesar de los múltiples errores de fondo y forma que contenía. No lo hizo y tampoco lo hizo su sucesora.

Una vez concluido el proceso legislativo por la publicación de una ley o un decreto, la función que le confiere el artículo 72 constitucional concluye, por lo que, en teoría, la presidente de la República carece de facultades para anular su propio decreto promulgatorio.

Hasta antes de que llegara Morena al poder, el único que podía dispensar el cumplimiento de una ley o un decreto era el Poder Judicial, a través de alguna de las vías que establece la Constitución (arts. 103, 105 y 107); esta posibilidad, por virtud de la voluntad de la señora Sheinbaum, ha desaparecido. Ella se ha reservado el derecho de declarar inconstitucionales las resoluciones del Poder Judicial y discernir qué sentencias o resoluciones cumplir y cuáles no.  

En septiembre pasado, por virtud de reformas a la Constitución, han desaparecido, en el nivel federal y local, la separación de poderes, la autonomía de los estados, el principio de supremacía constitucional y el Poder Judicial. En un mes México ha dejado de ser un país demócrata con Estado de derecho para convertirse en un gobierno absolutista, con una dictadura del morenariado (por aquello del proletariado).

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Arsenal

La Corte se derrotó a sí misma

Francisco Garfias | Excelsior

Otra vez Morena se salió con la suya. No se alcanzaron los ocho votos requeridos para que la SCJN invalidara una parte de la reforma judicial, como proponía el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara. El ministro Alberto Pérez Dayán fue la diferencia. Su voto en contra del proyecto inclinó la balanza a favor de la desaparición de la división de Poderes real, pero también del sistema de pesos y contrapesos.

Se proyectaba una votación ocho a tres. Fue siete a cuatro. El voto de Pérez Dayán se sumó al de las ministras identificadas con la 4T: Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres. Hicieron posible la reforma que va provocar el cese de la mitad de los juzgadores el año que entra y a la otra mitad en 2027. La mayoría va a ser reemplazada por jueces, magistrados y ministros electos por “voto popular”. Los menos aceptaron ser candidatos a mantener el cargo, sin garantías de repetir.

* No sabemos cómo “convencieron” a Pérez Dayán de convertirse en el Yunes de la Corte. Lo que sí sabemos es que hubo negociaciones entre Adán Augusto López, líder de la mayoría en el Senado, y los ocho ministros que votaban en bloque. Fuentes vinculadas al máximo tribunal nos dicen que hubo un desayuno entre el hombre de confianza de AMLO y los togados obligados a renunciar con fecha del 31 de agosto del 2025, so pena de perder sus haberes de retiro.

Pérez Dayán dio color apenas iniciaba la sesión. Dijo: “Por más que traté de convencerme a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido de lo que propone el proyecto sería, lo digo con todo respeto y en fuero de mi propia persona, responder a una insensatez del texto supremo, con otra insensatez, al forzar una facultad que no me fue conferida”.

* Fue una sesión por momentos tensa. El ministro Luis María Aguilar llamó al orden a Lenia Batres, sin mencionarla por su nombre. La ministra alzaba la voz para imponer sus argumentos. Dijo Aguilar: “Voy a hablar con mesura porque no creo que estemos en un mitin político para estar alzando voz, tratando de que las ideas se sobrepongan a las razones por el simple hecho de tener la voz más alta”. La ministra ni lo oyó ni lo escuchó. Cada que pedía la palabra alzaba la voz para replicar o argumentar, siempre condicionada por su postura política.

El ministro Aguilar, por cierto, reviró a los reiterados señalamientos de que en el Poder Judicial se ganan sueldos por encima de el del Presidente. Habló de las remuneraciones del titular del Ejecutivo. Dijo: “Hay un error común, frecuente y repetido, que pareciera que sólo son las que representan el dinero en moneda y no las prestaciones a las que se refiere el artículo 127 constitucional”. Leyó la fracción primera del 127, que considera remuneración y retribución toda percepción en efectivo o en especie. Agregó: “Nunca se nos ha querido aclarar (las percepciones reales del Ejecutivo), desde hace muchos años que pertenezco a esta Suprema Corte”.

Lo ocurrido ayer en el tribunal constitucional es un revés a la República. Deriva del capricho de un hombre vengativo que marcó la ruta para controlar el Poder Judicial que se atrevió a desafiarlo. Su sucesora tuvo la oportunidad de corregir el rumbo. No quiso o no pudo hacerlo.

* Mientras se desarrollaba la sesión, miles se manifestaban fuera de la SCJN. Sus consignas y carteles eran contra la reforma, que ven como amenaza a la autonomía del Poder Judicial. Los jueces, magistrados y trabajadores del PJ se mezclaban con integrantes del Frente Cívico, opositores, ciudadanos que dicen no a la reforma de AMLO. Por allí andaban Xóchitl Gálvez, Margarita Zavala, Guadalupe Acosta y algunos más.

Llegaron entusiasmados por la posibilidad de invalidar. Se fueron con una sensación de derrota. El entusiasmo se vino abajo cuando se enteraron del voto en contra de Pérez Dayán, al que exigían “¡Honra tu toga!”. En mantas colgadas en los  árboles se leía: “Nadie se burla de los mexicanos, sólo Morena…” o “en defensa de la República y la Justicia”.

* En el mundo de la política el nombre más mencionado ayer era el de Pérez Dayán, héroe fugaz de la 4T. Dijo Ricardo Monreal, líder de la mayoría en la Cámara de Diputados: “La sensatez del ministro Pérez Dayán al rechazar la propuesta del ministro González Alcántara evita una violación constitucional y la invasión de facultades del Legislativo. La improcedencia del proyecto era evidente. Deseo que otros de sus pares actúen en forma congruente”.

Alito Moreno, presidente del PRI, se refirió al inusual “giro” del ministro. Lamentó: “Él ha asegurado que la reforma del oficialismo pueda quitar a todos los jueces del país mediante una tómbola”. Y preguntó al multicitado ministro: “¿Ya lo doblaron?”. De las reacciones registradas la más atinada fue la del senador Gerardo Fernández Noroña. “Hoy la Corte se derrotó a sí misma”, dijo el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta. Hasta allí estuve de acuerdo.

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Razones

Una votación y un fin de régimen

La reforma judicial queda firme, el gobierno federal, tanto la pasada administración federal como la actual, logró su objetivo, pero el triunfo es pírrico, porque se alcanza sin consensos políticos y sociales…

Jorge Fernández Menéndez | Excelsior

No sabemos todavía cómo amanecerá Estados Unidos este miércoles, luego de la histórica elección entre Kamala Harris y Donald Trump, lo que sí sabemos es que ni Estados Unidos ni el mundo serán iguales, como también sabemos que ayer, con la votación en la Suprema Corte, el régimen político en México definitivamente ha cambiado.

Con los votos de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Lenia Batres y del ministro Alberto Pérez Dayán, el proyecto del ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara, que pedía cancelar la votación de jueces y magistrados, fue rechazado por la SCJN porque se desestimaron las acciones de inconstitucionalidad contra las reformas judiciales aprobadas por el Congreso, con cuatro votos contra siete, luego de un largo debate en la Suprema Corte.

Ayer habíamos dicho que dudábamos que se pudieran mantener los ocho votos que necesitaba la Corte para aprobar el proyecto de González Alcántara, sobre todo si se basaba en decisiones previas de la propia Corte ante otras acciones de inconstitucionalidad: la de González Alcántara era una salida política y legal viable para un trance que ha superado, con esta votación, la crisis de constitucionalidad, pero no la de la legitimidad de la reforma y, sobre todo, la de su viabilidad.

La reforma judicial queda firme, el gobierno federal, tanto la pasada administración federal como la actual, logró su objetivo, pero el triunfo es pírrico, porque se alcanza sin consensos políticos y sociales, y con una creciente deslegitimación exterior. Difícilmente algún inversionista tendrá certidumbre en el nuevo sistema del Poder Judicial.

La reforma ya está vigente, pero la elección por voto popular de jueces y magistrados sigue siendo una suma de insensateces. Por ejemplo, según la reforma, para junio próximo tendremos que elegir nueve ministros para la Suprema Corte, de entre unos 90 candidatos; cinco magistrados del tribunal de disciplina entre 45 candidatos; para dos plazas del Tribunal Electoral contendrán 18 candidaturas, todas esas elecciones son federales, o sea, de todo el país: son 145 candidaturas para 17 cargos.

Pero, además, en cada circunscripción electoral se tendrán que elegir nueve candidatos para las salas regionales del TEPJF, y serán entre otros 150 candidatos. En otra elección simultánea se elegirán seis candidatos para las 464 plazas de magistrados de circuito, lo que implica unas tres mil 200 candidaturas, y también habrá seis candidatos para cada una de las 386 plazas de jueces de distrito, unos dos mil 700 candidatos en total. Estas dos últimas elecciones se realizarán por cada distrito judicial. Estamos hablando, en total, de unas 6 mil 200 candidaturas individuales.

El elector contará con seis boletas electorales distintas donde tendrá que elegir unos 40 nombres en promedio, en su enorme mayoría de personajes desconocidos, pero, además, tendremos que elegir con selección de género, cinco mujeres y cuatro hombres para la Corte Suprema; tres mujeres y dos hombres para la sala superior del tribunal de disciplina judicial; dos mujeres y hasta dos hombres para el Tribunal Electoral; dos mujeres y un hombre para las salas regionales, y hasta cinco hombres y cinco mujeres para magistrados de distrito y jueces de distrito.

Sinceramente, es kafkiano: ¿qué elector estará en condiciones de votar conscientemente todo esto?,¿con qué bases podrá elegir entre seis candidatos que en su enorme mayoría no conocerá ni siquiera por los medios?, ¿qué certidumbre puede haber en este proceso de selección?

Imaginémonos la magnitud con solo un dato: en el país hay unos 500 mil abogados, de los que muchos no ejercen su profesión; los que se registrarán, buscando una candidatura, serán unos 50 mil, o sea, el 10% de los abogados del país, asumiendo que, además, muchos de los más calificados no se registrarán o ya han renunciado a hacerlo o tienen otros empleos mucho más lucrativos o tienen conflictos de interés. De los que queden, se terminarán eligiendo a unos 6 mil 200 para participar en los comicios.

Una reforma judicial es, era, necesaria, eso es indudable, pero esta reforma, como terminó siendo aprobada, es una insensatez absoluta desde el momento en que incorporó la elección de jueces y magistrados por voto popular. La propuesta de González Alcántara quizá tenía deficiencias legales, pero era una salida política adecuada y viable para evitar una elección que no tiene condiciones objetivas para salir bien, que destrozará al Poder Judicial y miles de carreras que mujeres y hombres han construido a lo largo de años, y que paralizará la justicia durante meses o quizás años.

La sesión de ayer deja un amargo sabor porque, sobre todo, se vivió con impotencia. Se ha intentado crucificar al ministro Pérez Dayán por su voto, pero el hecho es que es el mismo voto que ejerció ante otros casos similares en el paso, no fue incongruente. Vimos una Lenia Batres que aspira a presidir la Corte y que no entiende ni siquiera lo que le dijeron que dijera, y que confunde una sesión del supremo tribunal con un mitin político. Vimos reacciones como la de Fernández Noroña en el Senado, mintiendo descaradamente al decir que si se hubiera votado la inconstitucionalidad la hubieran tenido que acatar cuando, durante días, él, los senadores y diputados del oficialismo y la propia presidenta Sheinbaum habían dicho que no lo harían. Pero, sobre todo, vimos cómo se acabó con un régimen político en el país y comenzamos un camino hacia lo desconocido.

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Astillero

Norma Piña, ¿seguirá de presidenta? // Desgastada y autoexhibida // Tentativa de fraude numeral // Pérez Dayán, traidor

Julio Hernández López | La Jornada

La ministra Norma Lucía Piña Hernández quedó ayer inhabilitada, cuando menos en términos políticos (es decir, operativos, de respetabilidad, por no hablar de ética), para seguir de presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

No a causa de la derrota sufrida en una sesión histórica, pues a fin de cuentas no alcanzar la victoria en una votación o competencia es un riesgo que se puede correr con prestancia, sin desdoro. Pero sí es desgastante el haber llevado con tal incapacidad la conducción de un episodio clave del proceso nacional en busca de mejoría institucional y, en particular, la exhibición de torpeza, imprecisión e incluso desmayada marrullería que fue mostrada a lo largo de la sesión plenaria de ayer.

Piña Hernández pareció ser descolocada por el giro de Alberto Pérez Dayán, que era considerado parte del bloque de ocho ministros que se suponía votarían a favor del proyecto político, no principalmente jurídico, de Juan Luis González Alcántara Carrancá, con el cual se pretendía acotar la reforma judicial desde la Corte, sacrificando a los ministros (que así mantendrían sus jugosos haberes de retiro), pero conservando la amplia estructura de segundo y tercer niveles, constituida por jueces y magistrados. Una negociación, abiertamente proponía el ministro GonzAlCa.

Todo cambió a partir del posicionamiento de Pérez Dayán, pues sin ese voto no se conseguiría la mayoría calificada (dos terceras partes de las decisiones expresadas), que buscaría modificar la reforma constitucional en mención. Pero la ministra presidenta, de bromeliáceo apellido, trató de tener otros datos, intentó habilitar una maroma aritmética aberrante, la cual esbozó con imprecisión para mandar la sesión a receso gastronómicopolítico (¿habrán pedido tacos al pastor, en aras de rapidez, pero… sin piña?) en busca de ajustar la trampa: que seis votos pudieran hacer, como mayoría simple, lo que siete no habrían alcanzado como mayoría calificada (dado que a los ocho originalmente necesitados se debía descontar al escindido Pérez Dayán).

La machincuepa numeral intentada por Piña no fue acompañada ni siquiera por el ministro GonzAlCa, pues es evidente que una mayoría calificada de seis votos corresponde a la futura integración de la Corte, con nueve miembros y no 11, como sucede actualmente. Con tal tentativa de marometa la ministra presidenta terminó de confirmarse como promotora y buscadora de tretas de baja estofa.

Al cierre tan apresurado de la muy importante plenaria, derrotados los ocho hasta entonces dominantes (incluso Pérez Dayán, el villano o traidor, a ojos de quienes antes lo apoyaban), se produjo una escena significativa, pues parte de los asistentes comenzaron a despedirse antes de que Piña Hernández diera por terminada la sesión, con ella tratando de imponer un orden protocolario que parecía ya a esas alturas lo menos importante.

Antes, en un momento no sólo anecdótico, la ministra Lenia Batres había expresado (wow, wow, wow) al escuchar el planteamiento piñal de que con seis votos se podría invalidar parcialmente la reforma judicial que no había podido ser tocada con siete. Es probable que en delante le sea difícil a la ministra Piña mantener respeto y autoridad para conducir sesiones y para seguir presidiendo una Corte que se le fue de las manos.

En otro escenario del supermartes de las definiciones, la elección presidencial estadunidense se mantenía, a la hora de cerrar esta columna, en el terreno del procesamiento oficial y del subibaja de versiones sobre avances o retrocesos de Kamala Harris y Donald Trump. Ya se verán los números y los significados de lo vivido esta noche electoral en el vecino país, además de las consecuencias prácticas en la política mundial y, desde luego, en el caso mexicano, particularmente en los temas de crimen organizado y migración.

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México, SA

SCJN: ¿cuánto por su retiro? // Dignidad multimillonaria // Todo pagado por los mexicanos

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

¿Cuánto pagarán los mexicanos por las renuncias adelantadas que el pasado 30 de octubre, por dignidad, presentaron ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? (SCJN) Cerca de 32 millones de pesos anuales (64 millones en el primer bienio) y 25.5 millones a partir del tercer año de retiro, y alrededor de 2.4 millones adicionales anuales por cada uno de ellos por una serie de beneficios que tienen garantizados. Este último concepto implica una erogación de 19.2 millones de pesos cada 12 meses.

Quiéranlo o no, los mexicanos pagarán esa voluminosa cantidad para que los dignos ministros vivan cómodamente y a plenitud, a pesar de tratarse de un grupo de togados que intentó convertirse en poder político, no judicial, violentó la decisión popular y se convirtió en grupo de choque para defender los intereses de la oligarquía.

En promedio, cada uno de los dignos renunciantes (según ellos mismos) se embolsará 4 millones de pesos anuales (en el primer bienio) por concepto de retiro y 3 millones 187 mil 500 pesos a partir del tercer año, de acuerdo con lo que ellos mismos aprobaron (100 por ciento de su último ingreso durante los dos primeros años y 80 por ciento de éste a partir del tercero).

A ello se suma que cada uno de ellos recibirá 2.4 millones anuales por beneficios por una labor que ya no realizarán, toda vez que decidieron retirarse de forma adelantada. Entre ellos se cuentan vehículo blindado (renovable cada cinco años), chofer, apoyo para gasolina, seguridad personal (mínimo dos elementos) y ayudante personal (secretario particular).

El paquete de retiro de los ocho ministros tiene una estructura semejante al que durante su estancia en Los Pinos armó y aprobó Miguel de la Madrid para autorizar jugosas pensiones para los ex presidentes, siendo él mismo, por una mera casualidad, el primero en gozar de esas mieles. Con ese criterio (por llamarle de alguna manera), los integrantes de la SCJN se subieron al carro de los beneficios a los que creen tener derecho.

La Jornada publicó la detallada información que se cita, y especifica que los vehículos blindados que utilizan cada uno de los ministros tiene una vida útil de cinco años, por lo que cada lustro será necesario un gasto de 4 millones 200 mil pesos para su renovación, es decir, una erogación de 33 millones 600 mil pesos cada cinco años para que los retirados con dignidad viajen cómodamente.

Además, refiere La Jornada, es necesario manifestar que en la SCJN existe un área dedicada específicamente a brindar atención logística y administrativa a ministros en activo y en retiro, la cual implica una erogación de recursos importante para el erario, pues está conformada por varios trabajadores.

Luis María Aguilar Morales, defensor de evasores fiscales entre otras gracias, recibirá cerca de 5 millones de pesos anuales durante el primer bienio de retiro y 4.3 millones a partir del tercero, más sus 2.4 millones anuales por beneficios y apoyos, es decir, 7.4 millones en total en los primeros dos años y casi 6. 7 millones cada 12 meses a partir del tercer año. Este inenarrable personaje también renunció por adelantado, aunque su periodo como ministro concluye el próximo día 30.

Norma Piña, quien dice ser presidenta de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, en el primer bienio de retiro se embolsará 4 millones 427 mil pesos anuales y a partir del tercero 3 millones 821 pesos (más los citados 2.4 millones cada 12 meses) para que viva dignamente, como cada uno de los retirados califican este saqueo. Eso costará a los mexicanos la dignidad de la pandilla de los ocho.

Por cierto, ayer la presidenta Sheinbaum recordó un estudio publicado en 2018 por Mexicanos contra la Corrupción (en ese momento presidido por Claudito El tóxico), titulado El poder familiar de la Federación (que entregó al Consejo de la Judicatura y a los ministros de la SCJN), en el que desnuda, señala la mandataria, “el nepotismo imperante en el Poder Judicial de la Federación: al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras. Estas ‘redes clientelares’ se extienden a más de 7 mil servidores públicos de 31 circuitos que también tienen familiares en la nómina”, con lo que desvirtúan facultad constitucional. Pero ayer el júnior apoyó a quienes seis años atrás desnudó.

Las rebanadas del pastel

Buena relación con quien resulte ganador de la elección presidencial en Estados Unidos, dice la presidenta Sheinbaum.

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Averiguata

Luis Linares Zapata | La Jornada

Finalmente, la oposición, en preciso los críticos mediáticos, ha encontrado en una averiguata sin (o con muy poco) sustento jurídico, su piedra filosofal. Y a ese delantal arrugado se han afiliado en última instancia para salvar a la República de una supuesta crisis constitucional. No hay ni habrá alguna situación de esta naturaleza. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sabrían este martes a cuál alternativa se afilian con sus pocos votos (ocho). Tienen dos posibilidades. Una, autonombrarse modificadores de la Constitución o reconocer con sus posturas la letra y mandato, bien impreso, en la Constitución.

Decidir por la primera opción conducirá, en el extremo, a que sea ignorado su atrevimiento de alzarse por encima de sus capacidades y mandatos expresos de ministros. La segunda alternativa es precisamente eso: un cauce por el que recuperar lo que han extraviado en su pugna política frente a los otros dos poderes de la República. Insistir en que, el ingenioso ministro Carrancá, le dio al clavo negociador, es una actitud ingenua y bastante simple. Tal pergamino, sin lustre ni efectiva sensibilidad o inteligencia, no encausa la ya prolongada disputa por un sendero comprensible, legal o justo. Este ministro quiso mostrar, a descampado, cómo se elabora lo que bien puede ser un sabadazo cualquiera: airear una intención pretendidamente conciliadora. Aspira, este ministro maniobrero, lanzar una zanahoria a la Presidenta y a los legisladores, envuelta con sus ­autosacrificios. Posiciones que, de toda forma perderán los ocho (tal vez menos) rebeldes alzados en ­armas retóricas contra la capacidad de un reformador. Uno que es, con todas sus potencialidades en regla, un constituyente permanente.

Poco importan las aisladas voces que tratan a las calladas restarle legitimidad a este órgano institucional. Habría que recordarles que justamente para estos menesteres el electorado, les concedió 85 por ciento de las curules en juego. No consta, además, sólo de mayorías inscritas en la ley, sino el conjunto formado por el Congreso de la Unión y los similares de los estados. Eso es parte, quizá lo esencial, de la división de poderes. Ya verá si lo que queda fuera (SCJN) encabeza al resto del Poder Judicial. Poder que se encuentra en rebeldía constitutiva de delito o desacato a sus deberes. Recordar que los funcionarios públicos, y los jueces lo son, sólo pueden llevar a cabo lo explícitamente ordenado por la ley. Aserto que han estirado por arriba y por abajo, sólo para poner la culpa de ello, en los demás órganos de la unión.

Alegar que se vive una crisis constitucional porque, sostienen, no existe certeza sobre cuál es el derecho vigente, quién es la autoridad encargada de aplicarlo y cuales son las consecuencias de las decisiones tomadas. Vaya colección de frases sin sentido alguno. El derecho vigente está plasmado en el pacto constitucional y de él emanan las leyes que nos rigen. La autoridad encargada es, justamente, el actual conjunto judicial que anda protestando y que será reformado en pocos meses. Las consecuencias serán variadas. Las que corresponden a los huelguistas y opositores están siendo procesadas por la ciudadanía y no tardarán en mostrarse con claridad meridiana. La potestad que ejerza el pueblo elector de jueces, magistrados y ministros, acomodará las piezas faltantes. Elementos que hablarán con independencia efectiva, como lo hacen respecto de los legisladores o del mismo Ejecutivo federal y local.

Todos y cada uno de ellos usa, ese legítimo mandato popular, justamente ante cualquier intento de someterlos. Fincar la aparente defensa de los jueces en los modos tradicionales de ser nombrados es, con mucho, una ruta probadamente sinuosa y sometida a presiones, corrupción y conjuras. El actual es un tinglado de componendas que implican a poderes fácticos, partidos y medios de comunicación, que claman por el retorno de la acostumbrada impunidad: baste cuantificar las condenas o castigos a juzgadores que han tergiversado sus ordenamientos para justificar buena parte de las razones de su reforma integral.

Este martes se discutió lo declarado, concertadamente unánime por la oposición, como documento propositivo, sensible y correcto, para zanjar la disputa en curso. Sólo que únicamente sea la disputa, porque la Constitución ya es ley suprema con sus actuales modificaciones. La ruta que los críticos han elegido, de nueva cuenta, basada en argumentos vagos o francamente equivocados, acarrea la cantaleta que cataloga, al actual gobierno, como autocrático. Vuelven así a las apreciaciones erradas que los distancian del pueblo y sus necesidades. Se espera que algunos ministros retomen la sensatez y se apeguen a la llamada supremacía constitucional, cauce muy distinto al de las torpes negociaciones.