Lo que dicen los columnistas

La Supremacía

Morena está tomando actitudes de la misma manera que en su momento hicieron el PRI y PAN, pero sobre todo el primero, cuando era el partido hegemónico en el poder y las leyes que mandaba el presidente eran aprobadas sin chistar.

José Gil Olmos | Proceso

El termino supremacía es en sí mismo un calificativo superlativo que define el más alto peldaño que puede alcanzar un poder o un grupo de poder. Hoy parece ser la palabra de moda en la política al ser usado como supremacía constitucional, a fin de subrayar que ningún otro de los poderes de la Unión, pero tampoco el ciudadano, puede ampararse ante las leyes que están aprobando en la Carta Magna, aun cuando puedan atentar contra algunos de los derechos inalienables.

La Cámara de Diputados y el Senado aprobaron en estos días, a todo vapor, una reforma constitucional que lleva el apelativo de suprema para blindar las leyes que el anterior gobierno y el presente han enviado para su aprobación, entre ellas la del Poder Judicial.

Entonces, el término de supremacía lo han convertido en acción cuando los legisladores de Morena aplican la aplanadora para la aprobación de las leyes que pavimentan el segundo piso de la Cuarta Transformación.

La mayoría legislativa la han transformado en supremacía no sólo en el Congreso de la Unión, es decir en las cámaras de diputados y senadores, sino también en los congresos estatales donde aprueban las leyes que les envían a una velocidad que deja entrever la inquietud de que toman una decisión sin analizar los impactos que puedan traer dichas leyes.

Morena es ahora el partido en el gobierno, es el partido hegemónico en el Poder Legislativo y también en la mayoría de los estados. Ese poder de mayorías lo han transformado en el ejercicio supremo al avasallar en la aprobación de las leyes ante la presencia nula de los partidos de oposición que no proponen sino reaccionan. Pasamos de la hegemonía priista a la supremacía morenista.

Al hablar de la supremacía constitucional, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ni es mala, ni es novedad, pues el PRI y PAN hicieron lo mismo al aprobar la Ley de Amparo en 2013.

Bajo ese argumento Morena está tomando actitudes de la misma manera que en su momento hicieron el PRI y PAN, pero sobre todo el primero, cuando era el partido hegemónico en el poder y las leyes que mandaba el presidente eran aprobadas sin chistar.

Los legisladores priistas estaban supeditados el poder presidencial y aplicaban la aplanadora sin cuestionamientos al contenido e impacto social de las iniciativas. Hoy sucede algo similar, aunque habría que decir que los legisladores de Morena suben a tribuna a presentar sus argumentos bajo la premisa que esos cambios los avala el pueblo.

Los errores cometidos en ese entonces por priistas y panistas son los que ahora Morena ha aprovechado por conseguir la mayoría hegemónica que en términos de poder se convierte en supremacía.

No se trata de un juego semántico, sino del ejercicio del poder de un nuevo actor político, de un partido con más características de movimiento social que lleva el nombre sacro de Morena, el cual está marcando el rumbo del país en esta segunda década del siglo XXI.

Habrá que esperar en breve el curso de las decisiones que se toman desde los Poderes Ejecutivo, Legislativo y, próximamente, el Judicial.

Por cierto… Sin una oposición en el horizonte que haga un contrapeso, Morena ya anunció una meta de 10 millones de militantes como base para seguir en el poder los próximos años. Y para eso movilizarán a sus legisladores y gobernantes que tendrán una cuota que cumplir.

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Juegos de poder

Mucho poder, poco dinero

Ante un tema complejo y espinoso, el gobierno, en lugar de buscar una salida política, ha doblado las apuestas, muy al estilo del fundador de Morena.

Leo Zuckermann | Excelsior

Me gusta mucho cómo definió mi colega Carlos Bravo al gobierno entrante: “Mucho poder, poco dinero”.

Creo que resume extraordinariamente bien los dos lados de la moneda de lo que ha sido este primer mes de la Presidencia de Claudia Sheinbaum.

Sin temor a equivocarme, la reforma judicial fue el principal tema de la agenda pública en octubre. El choque de los poderes Ejecutivo y Legislativo, por un lado, y del Judicial por el otro, ha desembocado en una crisis constitucional que está lejos de resolverse.

Ante un tema complejo y espinoso, el gobierno, en lugar de buscar una salida política, ha doblado las apuestas, muy al estilo del fundador de Morena.

Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación pretendía revisar la constitucionalidad de la reforma constitucional en materia judicial, el Ejecutivo y el Legislativo aprobaron de manera exprés otra reforma constitucional que ordena la superioridad del poder reformador de la Constitución sobre cualquier otra instancia (me disculpo por la cacofonía, pero era necesaria).

No habrá ningún poder sobre el Constituyente Permanente, es decir, dos terceras partes de la Cámara de Diputados, dos terceras partes del Senado y la mitad de las legislaturas estatales. Obvio, Morena tiene esas mayorías y, a partir de ahora, con la “superioridad del poder reformador de la Constitución” pueden hacer lo que se les pegue la gana con la Carta Magna sin que nadie pueda decir pío.

Si el primero de octubre el gobierno morenista tenía mucho poder, ahora tiene más.

Como dije en este espacio el miércoles, el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, a debatirse y votarse mañana en la Suprema Corte de Justicia, le ofrece una buena salida al Ejecutivo y Legislativo para resolver la crisis constitucional. De aprobarse por parte de ocho ministros de la Corte, Morena podría quedarse con el control de los tribunales superiores de justicia (la Suprema Corte, el Tribunal Legislativo y el Tribunal Disciplinario) y lograr, así, el objetivo de dominar los tres poderes de la Unión. Se ahorrarían, además, el dolor de cabeza de organizar las elecciones de juzgadores federales y locales que serán caóticas y costarán mucho dinero.

Es una propuesta sensata la de González Alcántara. Si el gobierno fuera racional, la tomaría. Pero su racionalidad es, en este momento, otra. Creen que la negociación política es una señal de debilidad. Que la nueva Presidenta no puede darse el lujo de aceptar lo que podría interpretarse como una derrota, por más que no lo sea. Lo suyo es el maximalismo. No dar su brazo a torcer. Enseñar el poder absoluto que tienen.

Es posible que la Suprema Corte apruebe el proyecto de González Alcántara, pero que ni el Ejecutivo ni el Legislativo lo acaten alegando la entrada en vigor de la reforma de la “supremacía del poder reformador de la Constitución”, reforma que, por cierto, también podría ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte, si todavía les queda ánimo de seguir el enfrentamiento entre poderes.

En suma, este mes fue de enseñar el músculo. De darle vuelo a la hilacha del gran poder que tienen.

Pero este mes de noviembre será diferente. Se presentará el Paquete Económico del gobierno para el 2025 donde, ya sabemos, se verá el otro lado de la moneda: poco dinero.

López Obrador le heredó al nuevo gobierno un enorme déficit, de seis por ciento del Producto Interno Bruto, el más alto de los últimos 20 años. Además, en su sexenio se incrementó la deuda que ya alcanza 50 puntos del PIB.

El Ejecutivo tiene la obligación de bajar el déficit público para el año que viene. Pero si hace un recorte masivo, digamos a la mitad, 3% del PIB para 2025, corre el riesgo de convertir la desaceleración actual de la economía en una recesión. Se habla de que el gobierno podría irse con un 4%, lo que implicará un incremento en la deuda. Todavía hay márgenes para el endeudamiento, pero, en la medida en que aumenta el pasivo gubernamental, los mercados solicitarán mayores rendimientos.

Es en este contexto que la nueva Presidenta tendrá que comenzar a implementar su muy ambicioso programa de gobierno que incluye sostener e incrementar los programas sociales, así como edificar importantes proyectos de infraestructura.

Tomando en cuenta el gran poder que tiene Morena, me gusta que el gobierno no tenga dinero. Esta realidad, creo, los hará moderarse. Deberán superar ya la borrachera de poder para conseguir el apoyo del capital que solicitará garantías para sus inversiones, más allá de promesas de palabras que se las lleva al viento.

Porque, si no se moderan y siguen en la hibris del poder, pues cada vez tendrán menos dinero.

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Razones

La crisis que no necesitábamos

En los hechos, el poder se concentra en el Ejecutivo y en un Legislativo más subordinado e irracional que nunca.

Jorge Fernández Menéndez | Excelsior

Estamos antes una inevitable crisis en el Poder Judicial. No creo que la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara, que comparto plenamente, alcance los ocho votos en la Suprema Corte para declarar la inconstitucionalidad de parte de la reforma judicial, evitando así la votación de jueces y magistrados, pero permitiendo la de ministros de la Corte, de magistrados del Poder Judicial y del llamado tribunal disciplinario. Como dijimos, ésa hubiera sido una salida política y legal más que adecuada para superar la crisis judicial. Difícilmente saldrá adelante en la Corte y mucho menos la aceptará un Ejecutivo que no está dispuesto a conceder nada.

La reforma de la supremacía constitucional radicaliza las posibilidades de crisis. Es una reforma sin sentido que, además, lastima cualquier posibilidad de generar mayor confianza en ciudadanos e inversionistas. En Estados Unidos están profundamente preocupados por la reforma en general y por este agregado en particular, por la sencilla razón de que esta reforma de supremacía constitucional le quita a la Suprema Corte su principal atribución: la de tribunal constitucional. Si no hay posibilidad de regular cualquier reforma constitucional, la Corte pierde sus atribuciones.

Si comparamos lo que se ha aprobado con lo que se manejaba en el equipo de Sheinbaum en los tramos finales de la campaña, podemos comprobar la magnitud de la distancia entre lo pensado originalmente y lo finalmente aprobado. La idea original de la reforma era dividir a la Corte, con un tribunal constitucional y una corte legal, en un modelo similar al español, con un Consejo de la Judicatura con muchos más dientes. Ahora se le quitó a la Corte, en los hechos, su principal atribución como tribunal constitucional, y queda absolutamente debilitada, se crea el Tribunal de Disciplina Judicial, que le quita atribuciones a la Judicatura, que también queda debilitada. En los hechos, el poder se concentra en el Ejecutivo y en un Legislativo más subordinado e irracional que nunca.

El Poder Judicial en sí ya está en crisis. A los paros de jueces, magistrados y trabajadores se suman ahora las renuncias de ocho ministros de la Corte, que se aplicarán hasta el próximo mes de agosto (salvo la del ministro Luis María Aguilar, que termina su periodo en noviembre), pero sobre todo la de 845 jueces y magistrados que han anunciado su renuncia y que no se presentarán a la elección de junio, muchos más de los cargos que estarán en disputa ese día.

El rezago judicial era ya notable antes de la reforma, pero desde que se votó ha aumentado en forma notable y lo hará mucho más, por la sencilla razón de que nos quedaremos sin jueces, serán elegidos otros, muchos de los cuales no tienen experiencia o conocimientos reales sobre cómo opera el Poder Judicial, que asumirán en septiembre y que tardarán meses en saber siquiera dónde y cómo están los expedientes. Creo que en el gobierno federal no están visualizando la magnitud del daño que tendrá el sistema de justicia en ese aspecto. Porque, además, la reforma no contempla algo que haga más eficiente, más honesto, más cercano al Poder Judicial. La elección directa no garantiza nada de eso.

El Comité de Evaluación que designaron el Poder Ejecutivo, el Legislativo y la propia Corte tiene una absoluta mayoría de militantes de Morena y funcionarios o exfuncionarios del oficialismo. Era una de las alternativas que se esperaba que pudiera atemperar la reforma. No ha sido así, al contrario. Incluso, hay varios integrantes que tienen claros conflictos de interés, como el expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar o Andrés García Repper, miembro de Morena. No se le dio a independientes u opositores ni una sola posición.

Otro problema grave es el económico, el INE, que mantiene su propia crisis como consecuencia de la reforma, porque el Congreso le quiere dar a Guadalupe Taddei atribuciones ejecutivas que no tiene, lo que ha generado una controversia con la mayoría de los consejeros, ha decidido que, como mínimo, necesita 13 mil 500 millones de pesos para realizar la elección de junio, una cantidad enorme en un año en el que el presupuesto estará más ajustado que nunca por las finanzas y el déficit que dejó López Obrador. Esos 13 mil 500 millones de pesos podrían haber servido, por ejemplo, para construir miles de nuevas viviendas. Y para colmo, el INE no garantiza que ésa sea la cifra máxima ni sabe, al día de hoy, cómo organizará las elecciones o siquiera las boletas electorales. Una improvisación total.

Decíamos semanas atrás que todo esto era innecesario, incluso para tener el control del Poder Judicial. En diciembre, con la salida del ministro Aguilar, ya tendría la presidenta Sheinbaum el control de la Corte en temas de inconstitucionalidad, en uno, dos años más, tendría la mayoría de la Corte. Podría haber optado por salidas como las que propone González Alcántara y hubiera alcanzado casi todos sus objetivos implementando un proceso de cambio gradual. Han optado por una opción radical movida por los líderes del partido en el Congreso, que no sé si realmente responden a la Presidenta.

Que nadie se engañe, ya se lo dijeron al secretario de Hacienda en la reciente reunión anual del FMI: el costo será alto, la incertidumbre mayor, pero, por sobre todas las cosas, es una reforma que no sirve, que nadie ha hecho y que ni México, ni el gobierno de Sheinbaum, necesitaban. Mañana será la puntilla para todo este dislate.

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Astillero

Tentativa de contrarreforma política, no jurídica // Togas buscan negociación // Carrancá: extiendo una mano // España: repudio a los reyes

Julio Hernández López | La Jornada

La contrarreforma que intentarán algunos ministros de la Corte este martes es un proyecto ex-presamente político, no estrictamente jurídico; faccioso (prolongación de la famosa cena de la ministra Piña y otros personajes judiciales con el judicializable Alito), casi precozmente electoral (busca reposicionar al segmento partidista opositor luego de la aplastante derrota electoral sufrida en junio pasado) e impulsada de manera anhelante por factores de poder fáctico, entre otros la prensa extranjera ( The New York Times, por ejemplo, dando muy amplia cobertura al magistrado ideólogo de la contrarreforma y a la desmemoriada visión oportunista que cree llegado el fin del estado de derecho, como si éste realmente hubiese existido a plenitud durante las administraciones federales del PRI y el PAN).

La caracterización política ha sido expresada varias veces por el ideólogo de la contrarreforma, Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien ha dicho sin ambages que el texto constitucional en vigor puede ser refuta-do categóricamente pero que, en lugar de eserigor tajante, se ha optado por una forma deautocontención del máximo tribunal, y ofre-cer una suerte de sacrificio (la renuncia anticipada de ocho ministros) y conciliar, dar oportunidad a que no se ahonde una crisis constitucional que, asegura él, ya está en curso.

En su edición del pasado 2 de noviembre, The New York Times cita: “‘estoy extendiendo una mano, abriendo la posibilidad de negociación, de reflexión, una invitación a sopesar las cosas con cuidado’, dijo el ministro González Alcántara en una entrevista en su despacho en la Ciudad de México” (goo.su/iTMlOYZ). ¿Son palabras de un ministro de la Corte, con fundamento jurídico suficiente, o son palabras de un actor político que juega a las negociaciones? Gustavo Díaz Ordaz, el gran represor, también dijo extender su mano a los estudiantes en 1968.

Convertir la letra constitucional vigente en tentativa de arreglos políticos es reprobable. Lo que González Alcántara propone es que la Corte acepte que la reforma judicial podría ser rechazada por completo pero que, para evitar problemas, se pacte una solución política intermedia: los ministros presentan su renuncia adelantada, lo que ya ha sucedido, con la garantía de sus cuantiosos haberes de retiro, y a cambio aceptarían que esas plazas sean sujetas a elección popular (al igual que algunas magistraturas electorales y los asientos del tribunal disciplinario), pero no así el grueso del aparato judicial federal, los centenares de asientos de jueces y magistrados.

Falta ver, desde luego, si se mantienen firmes los ocho presuntos votantes a favor del proyecto político del carranquismo o hay alguna defección. Y falta ver si del lado de la llamada 4T, en particular de Palacio Nacional, se produce una reacción fuerte y firme, no sólo retórica, en caso de que los ocho presuntamente conjurados lleguen a acotar la reforma judicial. Es decir, que no se deje crecer la percepción de que en realidad hubo una negociación previa, un arreglo político oscuro en un tema de tanta trascendencia.

Astillas

Aun cuando los posicionamientos partidistas buscan cargar culpas (que las tienen) en el presidente de España, Pedro Sánchez (PSOE), y (sobre todo) en el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón (PP), el impacto histórico, político y mediático ha sido contra los reyes (Felipe y Letizia), a quienes fueron lanzados objetos y barro, además de señalamientos de asesinos, al visitar Paiporta, un municipio de la Comunidad Valenciana que es de los más dañados por la enorme tragedia de inundaciones que no tuvo pertinente advertencia oficial ni oportuna ayuda de los gobiernos. Y, mientras México espera, con explicable preocupación, los resultados de la elección estadunidense.

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México, SA

EPN y Margarita Ríos Farjat // Sigue la desbandada // Lodo para los reyes

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Parece que ciertos personajes de la arrebatada cúpula judicial extrañan la filosofía de Enrique Peña Nieto, o cuando menos de ella abrevaron, y todavía lo presumen. Muchas fueron las frases célebres del hoy residente en España –uno de los tantos políticos mexicanos protegidos por la derecha de aquel país–, pero todo indica que a la ministra Margarita Ríos Farjat le caló hondo una en especial, relativa a la corrupción.

Durante su sexenio, el copetón dijo estar convencido de que la corrupción en México es una debilidad de orden cultural, y como lo era, según él, toda su pandilla (funcionarios, políticos, empresarios y amigos del régimen) dio rienda suelta a tal concepto para saquear al país. Y lo dijo uno de los ex mandatarios más incultos, pero con los colmillos muy bien afilados.

Pues bien, en días pasados la ministra Ríos Farjat tácitamente reivindicó lo dicho por Peña Nieto y se aventó al ruedo mediático para defender su idea sobre la reforma judicial (que hoy forma parte de la Constitución): “Las expectativas de que va a combatir la corrupción… vamos a dejar de ser humanos y de estar en el planeta Tierra, y lo digo muy respetuosamente; creo que nada en este planeta está alejado de ser susceptible a contaminación; al contrario, se abren espacios para mayores corrupciones, no previstas, no imaginadas; la reforma puede complicar las cosas y es poco responsable”.

Así es. Para Peña Nieto la corrupción es algo cultural, enraizado en el pueblo mexicano, y para Ríos Farjat resulta inhumano y extraplanetario no ser corrupto. Y se trata de un ex inquilino de Los Pinos y de una ministra (que presentó su renuncia adelantada) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y la más reciente manifestación pública de Ríos Farjat va de la mano de otra de sus declaraciones (agosto pasado): Claro que existe corrupción (en el Poder Judicial), porque es una institución humana; aquí no se llama al engaño a nadie, ergo, es normal, toda vez que ese poder del Estado, al que pertenece, es humano y está en el planeta Tierra.

Mientras la ministra no ceja en su empeño de elevar sus concepciones filosóficas en materia de corrupción, los ojos están puestos en el proyecto que mañana presentará y defenderá el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el objetivo de tumbar (toda o en su parte toral; él le llama depuración) la reforma judicial que ya forma parte de la Constitución, en una intentona golpista abiertamente ilegal.

Este personaje, como los otros integrantes de la pandilla judicial, no acepta tal legislación, pero de ella cómodamente aprovecha algunos elementos que le permiten blindarse en caso de que su esfuerzo no corone. Por ejemplo, el relativo a garantizar sus haberes de retiro y su jugosa pensión, para lo cual presentó su renuncia adelantada –tal cual lo hicieron sus socios–, como lo establece la ley que rechazan. Esa parte sí la acepta, pero el resto no. Ante todo, congruencia (enfermos de poder y manipuladores, califica la visitadora judicial del Consejo de la Judicatura Federal, Carolina Villagrán Salinas).

Y sigue la desbandada en el Poder Judicial (en la mira, haberes de retiro y pensiones doradas). La Jornada (Andrea Becerril, Gustavo Castillo y Fabiola Martínez) informa que de los mil 559 jueces y magistrados del país en activo, 820 declinaron participar en la elección de junio de 2025, de acuerdo con información del Senado de la República. La cifra de quienes decidieron no contender supera los 721 seleccionados, vía insaculación, para ir a las urnas en el proceso extraordinario del próximo año, en el que, por primera vez en la historia del país, los cargos de juzgadores se definirán con el voto popular.

Entre aquéllos, aparecen los responsables de conceder cientos de amparos para frenar la reforma judicial (como Nancy Juárez, que encarcelará a la presidenta Sheinbaum), impartidores de justicia dedicados a liberar narcotraficantes y a todo tipo de delincuentes, incluidos los de cuello blanco.

Pero, serenos: sólo es una debilidad de orden cultural, humana y de este planeta.

Las rebanadas del pastel

En Paiporta, Valencia, a pulso se ganaron el recibimiento de la población devastada por el fenómeno meteorológico: al grito de ¡asesinos! y exigiéndoles su dimisión, los reyes de España y el presidente Pedro Sánchez fueron bañados con lodo y sonoras mentadas de madre, porque los señoritos se dignaron visitar la zona destrozada cinco días después de la tragedia y apenas se animaron a enviar ayuda oficial, si llega. Eso y más merecen.