Lo que dicen los columnistas

Arsenal

El desacato cantado y la renuncia de siete ministros

Francisco Garfias | Excelsior

Ricardo Monreal adelantó que el oficialismo no va a acatar la sentencia de la Corte, si se confirma el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, que invalida la elección de jueces y magistrados federales, pero mantiene la de ministros.

El desplante del jefe de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados refleja una imagen condicionada de la división de poderes. En automático calificó de “inconstitucional” el proyecto de sentencia y advirtió que eso le da derecho a los otros poderes, que ellos controlan, a “fijar límites”.

“No nos vamos a detener. Habrá elección de jueces y ministros. Él —González Alcántara— no tiene competencia para invalidar una reforma constitucional. Viola el principio de legalidad, la doctrina, la jurisprudencia y asume un criterio caprichoso y arbitrario”, dijo el morenista.

El proyecto aún tiene que ser avalado por el Pleno. Será discutido este jueves por el máximo tribunal. Para ser válido se requiere que ocho de los once ministros voten a favor.

La sentencia propone invalidar la reducción de las remuneraciones para jueces y magistrados de Circuito y los transitorios que ordenan su remoción. La reducción salarial sólo aplicará para los que ingresen después.

También quita algunas facultades al Tribunal de Disciplina e invalida el carácter inatacable de sus resoluciones. La propuesta de “jueces sin rostro” es eliminada, así como la suspensión de normas generales en el juicio de amparo, entre otras cosas.

El proyecto de sentencia confirma la lealtad del ministro Juan Luis Alcántara a la Constitución y a las leyes.

No hay que olvidar que Alcántara llegó a la SCJN en el sexenio de AMLO. El expresidente estaba convencido de que sería su subordinado. Se equivocó.

* La rebeldía de Morena y sus rémoras nos lleva sin escalas a una crisis constitucional. Siete ministros renuncian hoy a la Corte. “Hasta hoy así parece. Yo ya tengo hecha la renuncia. Mañana la firmo si no hay algo extraordinario”, la cual se haría efectiva para agosto de 2025, nos dijo el ministro Alberto Pérez Dayán.

Al autoritarismo de Morena no les deja otro camino.

El delito de desacato viene regulado en el artículo 556 del Código Penal, el cual establece que los que se resistan o desobedezcan gravemente a la autoridad en el ejercicio de sus funciones serán castigados con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 18 meses.

Letra muerta. La SCJN no tiene los medios de hacer cumplir la sanción a los más altos responsables de un régimen de tintes autoritarios. El Ejército, la Marina y la Guardia Nacional obedecen a la Presidenta, que es la comandanta de las Fuerzas Armadas. La Corte tiene la fuerza de la razón.

Sheinbaum ya se negó a bajar del Diario Oficial la reforma judicial. También cayó en desacato. ¿Qué pasó? Nada.

* Faltan 10 días para la elección presidencial en Estados Unidos. En contienda, Donald Trump y Kamala Harris. En las encuestas populares va arriba la candidata demócrata; en las del Colegio Electoral —son las que cuentan—, encabeza el republicano.

Las estadísticas nos dicen que Barack Obama, demócrata, deportó más ilegales que Trump en su primer periodo, cierto. Pero nadie ha insultado y promovido más el odio racista hacia los mexicanos que el republicano. Sin olvidar su compromiso de campaña de ponerle aranceles “del 100, 200 o mil por ciento” a los automóviles armados en México.

Una y otra vez, mister Trump repite que desde nuestro país llegan a Estados Unidos violadores, drogas y criminales que envenenan la sangre de sus compatriotas.

Sobre el tema, CNN replicó una nota de la revista Atlantic en que cita a John Kelly, exsecretario general de la Casa Blanca en el primer periodo de Trump. Kelly asegura que, en el 2020, el entonces presidente enfureció cuando le informaron el precio que debía pagar por el funeral de una soldado del ejército de ascendencia mexicana, asesinada con un martillo dentro de la base militar Fort Hood, en Texas. Trump había prometido a los familiares correr con los gastos fúnebres de Vanessa Guillén, pero, según The Atlantic, cuando le llegó la factura de 60,000 dólares, Trump dijo: “No cuesta 60,000 dólares enterrar a una jodida mexicana”, y ordenó no pagarla.

En su discurso para anatemizar a los migrantes, el multimillonario republicano ha llegado al extremo de acusar a los haitianos de comerse a las mascotas —perros y gatos— de los habitantes de Springfield, Ohio, una localidad que es santuario de migrantes de ese país. Recientemente, en un mitin en el Madison Square Garden de Nueva York, Donald Trump invitó a un comediante, Tony Hinchcliffe, quien se refirió a Puerto Rico como “una isla flotante de basura”. Ricky Martin, Bad Bunny, Marc Anthony y Jennifer López, todos de origen puertorriqueño, ya anunciaron su apoyo a Kamala Harris.

* Sabemos que se prepara en la Cancillería un proyecto para que en las embajadas de México alrededor del mundo haya más mujeres y jóvenes. Actualmente dominan los hombres.

Por lo pronto, se queda Esteban Moctezuma en la Embajada de México en Estados Unidos.

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Juegos de poder

La magnitud de la reforma judicial

Les describí a unos abogados estadunidenses la reforma judicial

Leo Zuckermann | Excelsior

Como es lógico, los estadunidenses están inmersos en su proceso electoral. Poco les importa lo que está sucediendo en su vecino del sur. En este contexto, los medios han reportado poco sobre la reforma judicial de México. La mayoría lo ha descrito como un major overhaul of the judicial system, es decir, una “importante reforma del sistema judicial”. Esta caracterización no describe, ni de lejos, lo que verdaderamente está ocurriendo.

Tuve la oportunidad de describirles a unos abogados estadunidenses de lo que se trata la reforma judicial y puedo reportar la absoluta sorpresa que les produjo enterarse del tamaño y radicalidad de ésta.

“¿A ver, a ver, nos estás diciendo que van a elegir a todos los jueces del país?”, me preguntaron después de explicarles.

“Sí, a todos, los federales y locales”, respondí.

“¿Todos? ¿Incluyendo los jueces de la materia familiar?”.

“Sí, todos”.

“¿Los especializados en bancarrota?”.

“Todos”.

“Todos los ministros de la Suprema Corte”.

“A riesgo de sonar repetitivo, debo repetir que todos”.

“Pero esto es una locura”, concluyeron.

De repente, les cayó el veinte y preguntaron: “Espera, espera, ¿y qué de los jueces con los que actualmente tenemos casos en litigio en México?”.

“Pues prepárense porque, a más tardar el 2027, los sustituirán y entrarán nuevos a resolver sus juicios”, les dije tratando de ser suavecito.

“Tenemos que avisarles a nuestros clientes de esta locura”, advirtieron ya muy preocupados.

Estos abogados, además, no se rieron como sí lo hizo la audiencia en la Universidad de Harvard cuando el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena explicó los requisitos para presentarse a la elección de juzgadores en México. Al escuchar lo ridículo de que cualquier abogado con cinco cartas de recomendación de sus vecinos pueda participar en los comicios, los letrados con los que platiqué se alarmaron más porque llevan litigios muy sofisticados que requieren jueces especializados en ciertas materias, como la de concursos mercantiles.

En la audiencia había un abogado de Chicago. Illinois es uno de los estados de la Unión Americana donde se elige a los jueces locales por medio de los partidos. Los demócratas ponen a sus candidatos, lo mismo los republicanos.

Esta entidad, sin embargo, históricamente la ha dominado el Partido Demócrata, por lo que casi todos los jueces que se eligen son parte de esta poderosa maquinaria electoral. Le pregunté al jurista chicaguense cómo funcionaba el sistema judicial en su estado.

Me respondió: “En general, bien, si los jueces tienen que decidir pleitos entre particulares. El problema es que, al ser los jueces parte de la maquinaria demócrata, no hay manera de ganarle un juicio al gobierno del estado o a la ciudad cuando éstos son parte del litigio. En Illinois siempre gana el gobierno”.

“Y entonces qué hacen”, le pregunté.

“Muy sencillo. Ya sabemos que vamos a perder el caso en lo local e, inevitablemente, lo tendremos que subir a lo federal vía una apelación”, me respondió.

“Bueno, pues aquí no habrá esa oportunidad —le dije— porque todos los juzgadores, federales y locales, se elegirán y con toda seguridad responderán a los intereses de la maquinaria electoral de Morena”.

“Pues entonces será imposible ganarle un caso al gobierno en este país”, sentenció.

“¿Quieres, además, que endulce más tu conclusión con un elemento extra de la reforma judicial mexicana?”, le repliqué.

“¿A poco hay algo más en esta locura?”, inquirió.

“Pues sí. Resulta que para el nivel federal habrá un Tribunal de Disciplina Judicial conformado por cinco jueces, también electos por la ciudadanía, seguramente controlados por el aparato de Morena, que recibirá las denuncias en contra de trabajadores del Poder Judicial, los investigará y, en su caso, sancionará. Podrá denunciar presuntos delitos de los jueces. ¿Te das cuenta de lo que esto implica? Una especie de Tribunal de la Gran Inquisición que podrá castigar a los juzgadores que emitan sentencias que le disgusten al gobierno. Así de burdo”.

Fue entonces que no se aguantó, soltó un taco muy propio de la lengua inglesa y finiquitó nuestra conversación: “Se acabó el Estado de derecho en México”.

¿Exagera? No lo creo.

Nuestros principales socios comerciales no han entendido la dimensión de la reforma judicial. No es una “importante reforma” como reportan sus medios. Es una verdadera locura, sin pies ni cabeza. Cuando la comprendan a cabalidad pensarán mucho si vale la pena invertir en un país donde el de por sí endeble Estado de derecho está en peligro.

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Razones

Una salida posible a la crisis judicial

Son cada vez más los sicarios extranjeros que operan en México

Jorge Fernández Menéndez | Excelsior

La propuesta de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara presentada ayer puede ser la fórmula para acabar con la incipiente crisis constitucional que se avizora en el país, es una salida para el propio gobierno federal, pero también para la gran mayoría del Poder Judicial.

En una apretada síntesis, el ministro González Alcántara dice que la Corte sí tiene facultades para revisar acciones de inconstitucionalidad contra reformas a la Constitución. Pero en su parte nodal no propone invalidar toda la reforma judicial: invalida la elección por voto popular de jueces y magistrados y valida la de ministros de la Corte, de integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del nuevo Tribunal de Disciplina. Mantiene la estructura del Consejo de la Judicatura (en el que el oficialismo tiene mayoría de consejeros), pero por sobre todas las cosas preserva la carrera judicial de miles de ministros, magistrados y trabajadores del Poder Judicial, los mismos que siguen en paro y cuya elección en junio próximo sería, por lo menos, tortuosa.

Si la política es el arte de lo posible, lo propuesto por González Alcántara es eso: una salida posible a la crisis, que, además, según versiones que corrieron en la tarde de ayer, estaría sostenida por la renuncia a sus cargos de, por lo menos, siete ministros de la SCJN. Es una salida porque el gobierno cumple uno de sus objetivos: cambiar a los ministros de la Corte, establecer el tribunal disciplinario y desde allí realizar una reforma profunda del Poder Judicial. Es una salida que preserva la autonomía de un nuevo Poder Judicial, porque jueces y magistrados prosiguen su carrera judicial al tiempo que, si se quiere hacer una depuración institucional basada en las leyes, ésta podrá realizarse desde el nuevo Tribunal de Disciplina. Para los trabajadores, magistrados y jueces es una garantía de estabilidad y también lo es para la sociedad. Seguir el curso actual implica no sólo una crisis constitucional, sino también el riesgo de que durante muchos meses no tengamos un Poder Judicial que simplemente funcione.

Para encontrar una salida, una solución es viable, se requiere simplemente de voluntad política y de avanzar en ella. La otra opción es encerrarse en una burbuja, esperando que el día de mañana no estalle. La primera reacción del líder de Morena en la cámara de diputados, Ricardo Monreal, es completamente apresurada, descalificando la propuesta de González Alcántara, calificándola de “bárbara e ilegal”. No es ni una cosa ni la otra: es una propuesta sensata que si en el gobierno federal la analiza con la cabeza fría es la que les permite avanzar en forma notable en sus objetivos, dejando de lado los aspectos más dañinos y controvertidos de la reforma judicial.

Si de verdad lo que se quiere es realizar una verdadera reforma al Poder Judicial, manteniendo la certidumbre y la confianza, esta salida es viable. Se elegirían nuevos ministros, nuevos integrantes del TEPJF y del nuevo tribunal de disciplina y desde allí se puede orientar una reforma gradual y con sensatez, sin detonar todo el sistema. La otra opción, como decíamos, es la cerrazón, es avanzar hacia un triunfo pírrico obtenido por la fuerza política y no por la razón, con consecuencias para la sociedad y para la propia administración de Sheinbaum.

La salida está en las manos, en la voluntad política de la presidenta Sheinbaum, que puede ganar mucho, perdiendo muy poco.

SICARIOS DEL EXTRANJERO

De lo sucedido en Tecpan de Galeana, en el enfrentamiento que dejó 19 muertos, se desprende un dato duro inocultable: cada vez son más los sicarios provenientes del extranjero para operar en México. De los once detenidos en Tecpan, once eran extranjeros, provenientes de Guatemala y El Salvador. No hay información sobre la nacionalidad de los 19 fallecidos, en parte porque la mayoría no han sido identificados.

Por supuesto que hay muchos jóvenes que son migrantes o arrancados de sus comunidades, jóvenes que han sido secuestrados, coercionados o convencidos de integrarse a grupos criminales. Pero hay también muchos sicarios que dejaron sus países para operar en el nuestro, sobre todo provenientes de Colombia, Venezuela, El Salvador y Guatemala, en parte para superar la sangría que sufren esas organizaciones criminales.

De Colombia hay sicarios ligados a los cárteles locales, pero muchos otros provienen de los grupos de las FARC que no se integraron a la vida política, además del ELN y de los antiguos grupos paramilitares. De Venezuela hay cárteles que ya están operando en México, como el del Tren de Aragua, y exmilitares que trabajaron con los cárteles locales y colombianos. De El Salvador son muchos los que vienen de las Maras, que están huyendo de la férrea política de seguridad que ha implementado el presidente Bukele, pero también, desde hace años, hay exguerrilleros del FMLN que dejaron la política para convertirse en criminales (su participación fue notable, sobre todo en secuestros de alto impacto). De Guatemala, desde los tiempos de los Zetas, han participado sobre todo exmilitares, los llamados kaibiles, expertos en contrainsurgencia, en entrenamiento y operaciones de grupos criminales.

Entre muchas otras, ésta es una razón más para recuperar el control de la frontera sur. Ningún país puede garantizar su seguridad si pierde el control de su frontera, si no sabe quién entra y quién sale, si no sabe del movimiento de las cosas y las personas. Hoy, ese control de nuestra frontera sur está, en parte, perdido.

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Astillero

Tic tac: negociaciones y cerrazones // Ministro propone alternativa // Monreal: no se acataría // Se agota el tiempo para definiciones

Julio Hernández López | La Jornada

Aun cuando los posicionamientos de cada parte parecieran irreductibles, se han mantenido canales de diálogo en busca de impedir una crisis constitucional a causa de la reforma judicial que dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, consideran letra constitucional ya inamovible en las actuales circunstancias, mientras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se aprestan a analizarla y eventualmente modificarla, e incluso, en un extremo que podría llevar a fuertes movilizaciones sociales, frenarla.

Por lo pronto, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ha abierto un sendero relativamente intermedio: que sí haya elección por voto popular de los ministros de la Corte, actualmente 11, pero no en cuanto a jueces y magistrados, que son la gran masa a elegir y de donde proviene el principal activismo contra la citada reforma judicial.

Por otro lado, se negocia con siete ministros para que en estas horas renuncien virtualmente a continuar en su cargo, al anunciar que se abstendrán de participar en el proceso eleccionario judicial del año próximo, aunque se mantendrán en funciones hasta después de realizarse (uno de ellos saldrá, por cumplir su periodo, el próximo mes), a cambio de recibir el máximo posible de su pensión por jubilación y prestaciones. La ministra presidenta, Norma Piña, aún estaría en la indefinición, y las tres identificadas con la 4T, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, han mencionado que se postularán a los comicios de 2025.

Despejado el panorama en la cúpula, si los ministros efectivamente renunciaran de manera indirecta (oficialmente sólo informarían que decidieron no participar en la elección) y posdatada (a cumplirse en 2025, luego de las votaciones), quedaría pendiente el punto cuantioso de los jueces y magistrados. La 4T tendría ganancia relevante: elección popular de los ministros de la Corte, e incluso de los magistrados electorales, y validación del tribunal disciplinario, pero tal victoria no sería completa si se mantuviera el aparato tradicional de jueces y magistrados.

De entrada, el coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, político de posturas cambiantes conforme a las instrucciones superiores, ha rechazado cualquier modificación a la letra constitucional aprobada en las cámaras legislativas. No pronunció ayer la palabra desacato, pero de manera implícita la asumió al señalar que la elección se realizará en los términos aprobados en el Congreso federal, pues la posibilidad de que se llegue a aprobar el proyecto GAC (González Alcántara Carrancá) significaría, a juicio del zacatecano, una barbaridad.

Lo cierto es que poco tiempo para las definiciones le queda al reloj de arena. La maquinaria legislativa avanza en la normatividad para los comicios judiciales y en el blindaje contra futuros amparos contra reformas constitucionales que la aplanadora morenista llegue a aprobar; la presidenta del Instituto Nacional Electoral se parapeta tras una resolución del Tribunal Electoral federal para continuar con el proceso de votaciones de 2025; la oposición sigue sin brújula, líderes ni argumentación aceptables (ya sin el PRI de Alito, que en los hechos está negociadamente listo para ayudar a Adán Augusto López en los momentos claves). Y la propia Corte debe desahogar ya sin mayor dilación los casos de amparos e impugnaciones contra la multicitada reforma judicial. Tic tac…

Y, mientras Donald Trump sube de manera escandalosa sus posturas de racismo y discriminación, como adelanto de un endurecimiento en el tema migratorio en caso de ganar por segunda ocasión la presidencia de Estados Unidos, además de insistir en la amenaza de intervencionismo armado en México para combatir a grupos del crimen organizado, ¡hasta mañana, con Mario Delgado comenzando a sufrir su incompatibilidad, no sólo operativa, ante la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación!

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México, SA

Poder Judicial en la lona // Carece de credibilidad // Ciudadanos desconfían

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Los integrantes del Poder Judicial están decididos a acabar con su cada vez menor credibilidad y con la ínfima confianza que en ellos tiene la ciudadanía, pues día tras día se esfuerzan para demostrar el grado de putrefacción existente en sus filas. De hecho, de acuerdo con las estadísticas disponibles (Inegi), ellos sólo son superados por los clásicos mordelones de esquina. A ese nivel han caído.

No transcurre día sin que la pandilla judicial ofrezca espectáculo, dé palos de ciego, enseñe el cobre y se enorgullezca de violar la Constitución. Por ejemplo, por mayoría de votos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobaron su proyecto de presupuesto para 2025, afirmando que incluye reducción salarial de 330 altos funcionarios de ese alto tribunal, incluidos los 11 ministros. Tal propuesta solicitará al Congreso un presupuesto de 5 mil 922.9 millones de pesos, un incremento nominal de 2.3 por ciento respecto de lo autorizado en 2024 (135.8 millones de pesos adicionales), pero una disminución en términos reales de 1.4 por ciento, tomando como parámetro la inflación al cierre de 2024, estimada por el Banco de México ( La Jornada, Iván Evair Saldaña).

Sin embargo, la realidad es otra, pues, de acuerdo con la ministra Lenia Batres, tal proyecto mantiene el salario de los trabajadores por encima del tope que marca la Constitución, de tal suerte que después de tres sesiones de discusión, no se realizó una sola modificación derivada de las observaciones presentadas. Básicamente, observé que se mantiene la remuneración inconstitucional de ministros y ministras; no se transparenta la totalidad de conceptos que la integran; se suprime únicamente el pago de riesgos y se siguen incluyendo conceptos expresamente prohibidos por la ley; no hay medidas de austeridad. Por el contrario, incrementan de manera desmedida e injustificada diversas partidas, como la de obras; no se menciona nada de los seis fideicomisos que tiene la SCJN (de 14 del Poder Judicial), de los que la reforma constitucional ordena extinguir y entregar sus saldos a la Tesorería de la Federación, ( ídem).

Algunos de los conceptos inexplicables denunciados por la ministra Batres muestran incrementos de entre 6 (combustibles, lubricantes y aditivos) y 976 por ciento (equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones) respecto de lo aprobado para 2024. De hecho, sólo esa partida (obras) del proyecto de presupuesto de la SCJN crece 70 por ciento entre un año y otro.

¿Qué tan sucios se asumen los ministros que piden un aumento de 114 por ciento en material de limpieza? Además, les interesa la industria de los ladrillos (todas las cifras son porcentajes positivos): obra de construcción de edificios, 602; otros servicios relacionados con obras púbicas, 824; cal, yeso y productos de yeso, 358; madera y productos de madera, 449; materiales complementarios, 227, y por el estilo. Desde luego, mantienen los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizado, y el total de sus prestaciones brutas y netas registra alzas.

Eso, por lo que toca a los impartidores de justicia, pero en el terreno de los procuradores de justicia destaca el aberrante fiscal general de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, quien pretende condenar a tres años de prisión a una adolescente de 14 años originaria del municipio indígena de Huimilpan, quien sufrió un aborto espontáneo y cuyo embarazo fue producto de una violación.

En cambio, al verdadero delincuente, el violador, ese esperpento disfrazado de fiscal decidió no imputarlo ni ejercer la acción penal, amén de sentencia que la víctima está obligada a pagar 500 mil pesos a su agresor, lo que obliga, si la justicia existe, que el indiciado sea el propio Víctor Antonio de Jesús Hernández, panista y cristero de hueso colorado.

La presidenta Sheinbaum reveló que la Secretaría de las Mujeres ya está en contacto con la familia de la irracionalmente imputada para apoyar, tanto legalmente como en lo que se requiera; no se debe criminalizar, y menos a una niña de 14 años.

Las rebanadas del pastel

Creativa, como siempre: aferrada al falso discurso que durante seis años insistentemente propagó por todas partes y cuyo resultado concreto fue su escandalosa derrota en las urnas, ahora la oposición estrena eslogan: dictadura (en otras latitudes se conoce como “qué parte de ‘perdieron las elecciones’ no entienden”). Pues bien, si en México hubiera tal, de entrada su nueva campaña maniaco-mediática nunca se hubiera divulgado y sus genios estarían tras las rejas.

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La cristalina transparencia

Lev M. Velázquez Barriga * | La Jornada

En el plan C o agenda legislativa para echar el segundo piso de la Cuarta Transformación, no se tomó en cuenta la demanda del magisterio nacional que la CNTE colocó en el centro de sus protestas a lo largo del sexenio culminado: abrogar la Unidad del Sistema de Carrera para Maestras y Maestros (USICAMM). El pretexto del gobierno anterior, era que no se tenían las condiciones legislativas para hacerlo, porque el partido oficial no contaba con la mayoría calificada en el Congreso de la Unión; y en efecto, una modificación a las leyes secundarias habría sido insuficiente.

Para abrogar la raíz de este sistema, se requeriría cambiar el artículo 3 de la Constitución, que en 2019 incluyó el siguiente texto: La ley establecerá las disposiciones del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en sus funciones docente, directiva o de supervisión, con lo cual, el patrón y sólo el patrón, sin participación de los trabajadores en la definición de los criterios y procedimientos para la admisión, promoción y reconocimiento se adjudica de forma unilateral la rectoría de todo proceso laboral o de profesionalización. Con ello, la primera legislatura de la cuarta transformación ratificaba el régimen de exclusión que sustrajo parte fundamental de los derechos laborales de los maestros que se habían establecido en el artículo 123; a pesar de que el origen de tal exclusión, se remonta a las reformas estructurales del Pacto por México, donde confluyeron los partidos de la derecha.

No obstante que ya cambió la correlación de fuerzas en las dos cámaras legislativas desde un mes antes de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de la República y con ello la consolidación de una nueva mayoría calificada con el poder sobrado, el consenso y las facultades probadas (por ejemplo, en el impulso a la reforma del Poder Judicial) para echar atrás las bases constitucionales que durante décadas consolidaron el neoliberalismo educativo en México; no hay señales claras que den muestras de voluntad para restablecer y construir con nuevos elementos, un régimen democrático, participativo y de justicia laboral para los docentes.

Los discursos de los agentes transformadores en el poder, se decantan cada vez más en posibles acciones, menos que reformistas. Han pasado de la eliminación o desaparición de USICAMM a la revisión y/o implementación de un nuevo sistema que garantice la transparencia en la contratación y promoción docente, cuyo contenido no dice otra cosa sino lo mismo, pero de otro modo. Con el mejor ánimo de intentar comprender lo que propone el secretario de Educación, cabría preguntarle: esa transparencia de la que habla ahora ¿será la misma del Servicio Profesional Docente enunciada cuando él presentó la reforma educativa del pacto contra México? ¿Acaso será la misma para la que aprobaron USICAMM cuando fue coordinador parlamentario de Morena? ¿O ya será otra?

Desde hace una década, según la narrativa del oficialismo de turno, el Estado recuperó la rectoría de la educación; en resumidas cuentas, esto significa que el sindicato ya no tiene injerencia en la asignación de nuevas plazas y ascensos para docentes, porque es facultad exclusiva del gobierno hacerlo a través de un sistema de carrera magisterial. Han transcurrido dos sexenios, uno del bloque conservador, encabezado por el PRI; otro, de la Cuarta Transformación, encabezado por Morena. ¿Y todavía no han podido transparentar estos procesos de asignación? La confesión de partes, sólo es la confirmación de lo que ya sabemos en el ámbito de la educación básica y que se traduce en múltiples variables de irregularidades opacas y descaradas.

Con la tan evocada transparencia, la política global del neoliberalismo ha buscado pontificar la rendición de cuentas con el propósito de recortar costos de nómina del profesorado, instituir la precarización como vehículo hacia la excelencia educativa e individualizar la relación laboral al desarticular la participación colectiva de los trabajadores en la definición de sus condiciones generales del trabajo; claro, esto último no ha sido para nada complicado con el SNTE, si los pontificadores de la cristalina transparencia le conceden curules que no se ganan con votos, le permiten al líder máximo percibir la jubilación docente, cobrar su cuantiosa nómina siendo secretario general y recibir la abundante dieta económica como coordinador de la Comisión de Seguridad en el Senado (todo junto, superando con creces el tope constitucional del salario de la Presidenta).

Sin embargo, esta experiencia de organización corporativa, patronal y fraudulenta, adoptada como propia por los actuales transformadores del país, no es la que reivindican los maestros democráticos de la tradición fundante de los sindicatos para la solidaridad; la defensa de empleo, el salario, los trabajadores y la seguridad social; y en su caso particular, de la educación pública. El gran debate sobre los mecanismos de contratación, ascensos y promociones salariales no está en la transparencia de los sistemas patronales de la carrera docente, justamente porque éstos excluyen a los trabajadores de la educación, violan su derechos laborales establecidos en el artículo 123 y contravienen la legitimidad reconocida por la Organización Internacional del Trabajo, que los faculta a participar de la contratación colectiva y la definición de sus condiciones generales del trabajo.

* Doctor en pedagogía crítica