Lo que dicen los columnistas

Los casos sensibles e injustos ante negativas de información. Sin el INAI, ¿qué pasará?

El acceso a nuestros datos personales es un mecanismo esencial para garantizar la justicia y la equidad en un sistema que, por su naturaleza, afecta directamente la calidad de vida de millones de personas.

Julieta del Río | Proceso

La semana pasada, en el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolví un caso sensible que demuestra una vez más por qué el INAI ayuda en temas sociales. Una persona solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) copia simple de la localización, identificación y reconocimiento de 478 semanas cotizadas, pues en su historial no le eran reconocidas.

Esta persona señaló que en su constancia de semanas cotizadas no aparece registrado ese periodo, por lo cual los datos están incompletos e inexactos. De igual manera, añade el nombre de las dos instituciones bancarias en las que laboró de 1978 a 1988.

Cuando el IMSS dio respuesta se argumentó que no le fue posible localizar la información requerida. Así, de forma simple, esta persona vería tirados nueve años de vida de trabajo. Sin embargo, ella sabía de la existencia del INAI y de manera inmediata, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, interpuso una queja contra esta situación para que se analizara la injusticia que se estaba cometiendo por parte del IMSS.

Ahí mencionó que contaba con documentos emitidos por el Infonavit —obtenidos gracias a una solicitud de información previa— que daban constancia de que sí cotizó durante el periodo en instituciones bancarias. Después de analizar el asunto con las y los abogados de mi Ponencia, determiné que el IMSS no realizó una búsqueda exhaustiva de los datos personales requeridos. En consecuencia, expuse el caso en sesión de pleno solicitando a mis tres colegas comisionados sumarse en la decisión para que le fuera entregada esta información crucial en su vida a esta persona.

De acuerdo con la Ley de Pensiones vigente, para que un trabajador o trabajadora pueda obtener una pensión garantizada es necesario cumplir con el requisito mínimo de edad que es de 60 años. También la persona debe contar con un mínimo de 775 semanas cotizadas (bajo la Ley de 1997). Por esta razón, ante este último requisito, el reconocimiento de 478 semanas cotizadas es fundamental para que su titular pueda acceder a una pensión, pues esta cifra representa más del 50% del total requerido.

Acorde a un informe de la organización México ¿cómo vamos?, tener acceso a una pensión se acerca más a un lujo al que pocas personas tienen acceso, que a un derecho. En el caso particular del IMSS se destina el 70% de los fondos destinados a pensiones para el 30% de la población con mayores ingresos. Mientras que la mitad de la población con los ingresos más bajos sólo recibe poco más del 10% de estos recursos. Así, podemos ver lo importante que resulta tener certidumbre sobre cada requisito y cada semana trabajada para no perder un derecho a los que muy pocos acceden en nuestro país.

Como lo hemos explicado en nuestra campaña contra la desinformación, el INAI no almacena información, sino que las personas la solicitan a las autoridades. Es cuando estas dependencias no responden que el INAI interviene e instruye a garantizar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad (ARCOP) sobre sus datos personales cuando a las personas les asiste la ley. Los organismos de transparencia somos árbitros entre sociedad y autoridades; como árbitros, actuamos con imparcialidad apegados a derecho.

De esta manera, el acceso a nuestros datos personales es un mecanismo esencial para garantizar la justicia y la equidad en un sistema que, por su naturaleza, afecta directamente la calidad de vida de millones de personas. Al final del día, tener control sobre nuestra información es tener control sobre nuestro destino.

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Razones

La narrativa perdida de CSP

Alguien está aconsejando muy mal a la jefa del Ejecutivo en estos temas (reforma judicial) y dejan que en la mañanera quede exhibida y a la defensiva sin poder exponer con claridad sus objetivos sexenales

Jorge Fernández Menéndez | Excelsior

La administración Sheinbaum ha perdido, cuando aún no lleva un mes en el gobierno, la narrativa por querer convertir a la Presidenta en una mera continuadora, una suerte de réplica discursiva de López Obrador, y en ese sinsentido ha chocado con una reforma judicial que, en esos términos y forma, no estaba en la agenda de la mandataria federal, que había, originalmente, dicho que se tomaría un tiempo para alcanzar un acuerdo en torno a ella.

No fue así, me imagino que es por las presiones del expresidente y sus cercanos, y se siguió con una reforma judicial (y con todo el paquete de reformas que había presentado López Obrador en febrero pasado, el llamado plan C) que está hasta mal redactada, que no beneficia estratégicamente en nada a su gobierno y que sólo le generará costos.

Nada de lo que se ha hecho con la reforma judicial tiene sentido: desde este diciembre, con la conclusión del periodo del ministro Luis María Aguilar, la administración Sheinbaum, con la elección de su reemplazante, hubiera tenido ya el control de la Suprema Corte en temas constitucionales y a mitad de su mandato el control de la Corte en sí misma. Hasta hubiera podido forzar movimientos adicionales porque contaba, cuenta, casi con la suma del poder público.

Decidieron ir por una reforma que no sólo no da certidumbre, sino que nos pone, incluso, en ridículo: la Presidenta se enojó por las burlas en la Escuela de Leyes de Harvard, pero no “se reían de los mexicanos” (esa incomprensible convicción en la 4T de que ellos son sinónimo del pueblo), sino de una reforma que, como dijo el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, establece como condiciones para ser ministro de la Corte tener ocho de promedio en la carrera y tener cinco cartas de recomendación. Nada más. Es de pena ajena, pero eso es lo que dice la reforma, de eso se reían en Harvard y lo siguen haciendo en muchos otros espacios judiciales.

Alguien está aconsejando muy mal a la jefa del Ejecutivo en estos temas y dejan que en la mañanera quede exhibida y a la defensiva sin poder exponer con claridad sus objetivos sexenales. No se puede una semana garantizar a los empresarios certidumbre y seguridad jurídica y después declarar que ningún juez o ministro estará por encima “del pueblo de México”. Lo que los inversionistas quieren es que un juez, un magistrado, un ministro, les garantice certidumbre legal. “El pueblo”, en términos legales, es un eufemismo.

No sé quién ha convencido a la presidenta Sheinbaum de que en Estados Unidos se eligen los jueces de la misma forma como se hará en México. No es verdad, ni un solo juez federal, mucho menos magistrados o ministros de la Suprema Corte, se elige por voto popular, sólo jueces locales que atienden determinados delitos y es un sistema altamente cuestionado en la propia Unión Americana, precisamente por la parcialidad que puede existir en ellos.

En la reforma aprobada no se toca el sistema judicial local, sólo el federal, y se eligen todos los jueces, magistrados y ministros por elección, luego de seleccionar a quienes serán removidos en 2025 por una tómbola. Quien le haya puesto el ejemplo de la elección de los jueces estadunidenses a la Presidenta le mintió, y ante quienes conocen mínimamente el sistema judicial de la Unión Americana la mandataria queda exhibida.

Se niega enfáticamente que el Poder Judicial tenga atribuciones para aceptar y discutir amparos contra reformas constitucionales y lo primero que se hace es lanzar una iniciativa de “supremacía constitucional” (hasta el nombre es lamentable, todo lo que huela a supremacista huele mal) que, en los hechos, confirma que esa atribución existe, porque, si no, sería innecesaria esa reforma que, además, está tan mal redactada, que en 72 horas ha tenido que ser modificada una y otra vez. Y que ha comenzado a romper la alianza gubernamental con la negativa del Partido Verde a apoyarla.

El país necesita una reforma judicial, eso es indudable, es absurdo negarlo. Una reforma que remueva un sistema de justicia que no es eficiente, pero que, paradójicamente, tiene en el ámbito federal mejores resultados que en el local, donde alcanza niveles lamentables. Una reforma de este tipo se podría haber realizado en forma intensa, pero gradual, respetando carreras judiciales de los funcionarios judiciales que sí sean serios, preparados y honestos, atendiendo los intereses de la nueva administración, pero también los del propio sistema judicial, en un entorno donde el gobierno federal tiene garantizada la hegemonía.

No es necesario prometer certidumbre si ésta se exhibe y cumple. La tozudez típica de los sectores más autoritarios de la 4T es la que está desgastando a la mandataria federal. Y esta película ya la vimos en Brasil, donde las alas duras del PT desgastaron y resquebrajaron tanto el entorno de Dilma Rousseff, la sucesora de Lula, que terminaron tirando su gobierno y generando un monstruo político casi incontrolable: Jair Bolsonaro.

Hay quienes dicen que para no correr ese riesgo es que se decidió impulsar, al costo que sea, esta reforma. El punto es que no la necesitaban porque tienen el control del Ejecutivo, del Legislativo y, desde diciembre, tendrían el de la Suprema Corte. Hay quienes quieren debilitar a la Presidenta porque ya tienen candidato adelantado. Claudia no puede caer en esa trampa: tiene seis años por delante.

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Arsenal

Servir al régimen

Francisco Garfias | Excelsior

Ya dio color el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Está al servicio del régimen y no de los ciudadanos.

Dio luz verde al INE para que organice la elección por “voto popular” de jueces, magistrados y ministros.

La elección de juzgadores es la parte medular de la reforma judicial que heredó Andrés Manuel López Obrador al oficialismo para eliminar contrapesos al Ejecutivo.

A los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes les valió sombrilla que existan suspensiones a la citada reforma.

Saben que no han sido acatadas ni por el Ejecutivo ni por la mayoría oficialista en el Congreso, pero eso es lo de menos.

Mis respetos a los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez por su voto en contra de este “justicidio” que deja a los mexicanos sin la posibilidad de defenderse de reformas constitucionales que dañan la democracia.

En el INE acusaron de recibido y de inmediato reactivaron la organización de la elección de juzgadores, que habían interrumpido para no caer en desacato.

* En el Senado también le hicieron la tarea a la cuatroté. Senadores del oficialismo aprobaron en comisiones el proyecto de ley que declara inimpugnables las reformas constitucionales.

Ya no será posible presentar amparos, acciones de inconstitucionalidad y controversias contra cambios a la Carta Magna aprobados por el Congreso.

“Si se establece en la Constitución tortura, tratos inhumanos, esclavitud, pena de muerte ¿No es impugnable?”, preguntó el senador del PAN, Ricardo Anaya.

El panista agregó: “No están reformando para el futuro de la República, están reformando para su pleito personal de corto plazo con esta Corte que hoy está en funciones”.

* Algo que sí hay que celebrar—hasta la oposición lo reconoció— es el retiro de la reforma al artículo 1º de la Constitución que contravenía los tratados internacionales aprobados y ratificados por el Estado mexicano.

Se retiró, dicen los morenistas, con la finalidad de no desvirtuar la naturaleza jurídica y la aplicabilidad del sistema convencional de protección a los derechos humanos.

En la larguísima sesión —cinco horas— Adán Augusto López Hernández, líder de la mayoría, se dio un agarrón con el senador Marko Cortés.

El panista cuestionó el albazo del oficialismo que, en fast track quiere aprobar el blindaje de las reformas constitucionales que apruebe la mayoría.

“El problema para ustedes, senador Cortés, es que yo veo cuando menos 50 años para que tengan una mayoría calificada y puedan revertir una reforma constitucional del talante de las que ahora se han aprobado”, reviró, burlón, Adán.

* El Partido Verde investiga el origen del falso comunicado que manifiesta su rechazo al dictamen sobre la supremacía constitucional del poder reformador.

“Se armó un teléfono descompuesto. Lo que sí es real es que Arturo Escobar subió un post a su cuenta personal, donde dijo que estaba en contra de esta iniciativa”, nos dijo el diputado Raúl Bolaños Cacho Cué.

Y dejó claro: “Nosotros, como partido, vamos a apoyarla. En Diputados estamos atentos a lo que pase en el Senado, pero no estamos en contra y no es un comunicado oficial”.

El falso comunicado cogió tal fuerza que el Verde se vio obligado a difundir un desmentido para reafirmar que “apoya el proyecto de Claudia Sheinbaum y la 4T, en beneficio de la nación”.

*La Iglesia católica ya le entró al tema. El Episcopado expresó su profunda preocupación por la “polarización sin precedentes” derivada de la reforma al Poder Judicial. “La falta de diálogo y acuerdo entre diversos poderes del Estado respecto a disposiciones judiciales, puede generar consecuencias graves para la convivencia social y el orden institucional”, dice el comunicado de la Conferencia Episcopal.

Y agrega que la reforma en cuestión “compromete la confianza en nuestro país y amenaza la estabilidad del Estado de derecho”.

La Iglesia considera que una reforma de ese calado “debe ser más ampliamente discutida y analizada por el Poder Legislativo”.

* Los trabajadores del Poder Judicial no bajan las manos. No sólo siguen en paro laboral, sino que buscan establecer un diálogo con las distintas fuerzas parlamentarias en el Congreso. Una comisión que los representa, encabezada por la vocera Patricia Aguayo, estuvo ayer en la Cámara de Diputados para exponer sus preocupaciones respecto a las condiciones laborales que se derivan de la reforma judicial.

El diputado del PAN Héctor Saúl Téllez informó que no sólo Acción Nacional, sino otras fracciones parlamentarias trabajan en un producto legislativo que brinde certeza jurídica a las prestaciones laborales de los inconformes.

La vocera agradeció que las bancadas del PAN y de MC le haya abierto las puertas de la Cámara baja a los trabajadores. Se congratuló también de la “apertura” mostrada por el morenista Ricardo Monreal. Más tarde se supo que el Consejo de la Judicatura ordenó reanudar labores de los trabajadores en paro, so pena de descuentos a su salario.

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México, SA

PJF protege a Salinas Pliego // Conserje del empresario // Uso indebido del sistema judicial

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Una raya más al tigre: en su defensa a ultranza del impresentable Ricardo Salinas Pliego, el Poder Judicial no sólo lo mantiene impune, sino que ha comprometido al Estado mexicano en un conflicto internacional de pronóstico reservado, al involucrarlo en una denuncia por falta de pago del barón, en contubernio con impartidores de justicia. Así es: de tanto jalar y jalar, finalmente rompió la cuerda, y además de contribuir a que el barón cómodamente evada al fisco, con su mafiosa protección ahora avienta la papa caliente al gobierno nacional y a todos los mexicanos.

La Jornada lo reseña así: Los fondos de inversión estadunidenses Cyrus Capital Partners, LP y Contrarian Capital Management, LLC denunciaron que el Poder Judicial mexicano protege al Ricardo Salinas Pliego, dueño de Tv Azteca, para que no pague sus deudas. En un documento del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, los inversionistas piden concluir el juicio que iniciaron en contra de la televisora por alrededor de 400 millones de dólares. La deuda de la empresa de Salinas Pliego con los fondos se originó en 2017 y en 2021 dejó de cumplir.

Algo más: la determinación del Poder Judicial, señalaron los demandantes, resulta aún más sorprendente si se toma en cuenta que el empresario tiene adeudos fiscales que siguen siendo aplazados. Uno de estos casos es la deuda al Servicio de Administración Tributaria por más de 33 mil millones de pesos. En este litigo está involucrada la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las medidas cautelares dictadas por el Poder Judicial para proteger a Tv Azteca les han impedido demandar a la empresa para cobrar intereses. Por ese motivo, comenzaron un reclamo al Estado mexicano, al amparo del T-MEC.

De pilón, los propios inversionistas defraudados advierten que la empresa de Salinas Pliego ha sido protegida de sus obligaciones gracias a absurdas decisiones de las cortes mexicanas; Tv Azteca obtuvo una sentencia judicial secreta en septiembre de 2022 otorgada por el juez Miguel Ángel Robles Villegas (cabeza visible del juzgado 63 civil de la Ciudad de México).

Así es: el Poder Judicial se convirtió en el escudo y conserje de Salinas Pliego (empresario de medio pelo que gracias a Carlos y Raúl Salinas de Gortari devino en multimillonario Forbes, cuya cuantiosa fortuna, por lo que se ve, ha sido amasada a partir de evadir al fisco, entre otras ilegalidades), y esa protección a ultranza, en demérito del Estado nacional, ahora provoca una denuncia contra el gobierno nacional para que sean los mexicanos, y no el de los abonos chiquitos y las deudas voluminosas, quien garantice el pago del adeudo (algo así como 8 mil millones de pesos), sin olvidar los alrededor de 63 mil millones de pesos que se niega a pagar al SAT (obviamente en complicidad con los impartidores de justicia).

La presidenta Sheinbaum comentó este asunto. Se trata, dijo, “de una demanda en Estados Unidos; esencialmente dice: ‘México es responsable, conforme al derecho internacional, por el uso indebido de su sistema judicial. Voy a repetirlo: ‘por el uso indebido de su sistema judicial’, a favor de Tv Azteca. México se ha negado a comprometerse con los inversionistas en lo que debería ser un objetivo común para detener este abuso interesado del Poder Judicial de México para beneficio personal”.

En un comunicado divulgado el 10 de mayo de 2023, Tv Azteca reconoció que ese día el juzgado sexagésimo tercero de lo civil de la Ciudad de México ordenó a la empresa no presentar al público información relativa a su situación financiera, con el fin de no causar incertidumbre.

Casi un año después, el 15 de febrero de 2024, de acuerdo con un despacho de la agencia Reuters, Salinas Pliego reconoció que Tv Azteca “enfrenta una batalla legal por la falta de pago a tenedores internacionales de bonos de la empresa; ‘los pinches bonos sí los vamos a pagar; algún día’”.

Y el pronto pago de los pinches bonos ahora es denuncia contra el Estado mexicano. Es una vergüenza que a este tipo se le mantenga impune.

Las rebanadas del pastel

Puro montaje de la escandalosa jueza Nancy Juárez. Así lo detalló la presidenta Sheinbaum: ella envía “una notificación a la Consejería Jurídica; viene un texto y después dice: ‘véase en este QR’, y resulta que el QR ha sido eliminado, no hay notificación. Ernestina Godoy pidió a un notario (176) que certificara que el QR no lleva a ningún lado, es decir, no hemos sido notificados porque la notificación no dice nada. A ver, que Harvard nos diga qué opina de que el QR no se abrió”.

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Astillero

Supremacía hoy, ¿pero mañana? // Adán, turbiedad gozosa // Aplanadora, ¿radical o facciosa? // Confirmado: Piña pierde en el TEPJF

Julio Hernández López | La Jonada

A la hora de redactar la presente columna avanzaba, al parecer de manera irreversible, el proceso legislativo que busca cerrar el paso a cualquier forma de impugnación o freno desde el Poder Judicial de la Federación a reformas constitucionales realizadas, obviamente, por el Poder Legislativo federal mediante mayorías calificadas, la aprobación de la mitad de los congresos locales y la publicación mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Tal conjunto de reformas, que hoy será presentado al pleno senatorial para su casi segura aprobación, ha estado caracterizado por pifias operativas y zigzagueos políticos. El coordinador de los senadores morenistas, Adán Augusto López Hernández, que se va afianzando como ejecutor gozoso de maniobras turbias, encabezó la acometida guinda en pos de la llamada ley antiamparo e incluso propuso la retroactividad de las nuevas modificaciones y la escandalosa supresión de los controles de convencionalidad, que habrían implicado que México se zafara de compromisos soberanos internacionales en materia de derechos humanos, por ejemplo.

A fin de cuentas, el político tabasqueño bis reculó en las partes más truculentas de su proyecto, en una secuencia vista en otras ocasiones en las que se amaga con algo muy grave que, al ser desandado, genera un relativo aflojamiento de la crítica, lo cual permite la aprobación sin muchos aspavientos de otros aspectos de una propuesta complicada.

La propia explicación del motivo de intentar esta ley antiamparo es resbaladiza: concordar la Constitución con una ley secundaria, lo cual no deja de ser una aceptación indirecta de que en la Carta Magna no hubiera el sustento suficiente para frenar las objeciones a la reforma judicial y por ello se quisiera suplir a la carrera tal vacío. Tal sensación fue fortalecida con la extraña pretensión de dar a la enmienda constitucional carácter de retroactividad.

La conversión de la enorme fuerza electoral derivada del pasado 2 de junio, convertida en original mayoría calificada en San Lázaro y artificialmente completada en el Senado, está siendo traducida, mediante las reformas a aprobarse hoy, en una facultad virtualmente absoluta (es decir, siempre y cuando no hubiera disenso dentro del morenismo y sus aliados) para imponer aritméticamente lo que se desee.

Tal comportamiento de aplanadora legislativa (como hacía el priísmo hasta antes de las reformas del zedillismo, que instalaron los congresos divididos) podría convertirse en una parcial revolución pacífica, que cambiara el régimen político y económico e instaurara medidas radicales de corte popular. Pero un riesgo, que puede verse en las maniobras bucaneras de los líderes camarales, López Hernández y Ricardo Monreal, especializados en marrullerías y manejos oscuros, sería que el inmenso poder electoral, transmutado en constitucional, sólo sirva para medidas efectistas (la elección por voto directo de los juzgadores) y para el reparto de posiciones del Poder Judicial entre facciones voraces.

No es menor el recelo razonado que provocan tales reformas constitucionales de supremacía, hoy favorables al bando hegemónico (Morena y sus aliados), que podrían ser utilizadas de igual manera aplastante por otro bando político e ideológico cuando las circunstancias, como es natural en todo proceso regido por elecciones, lleguen a cambiar.

Astillas

Tal como ayer se advertía en este espacio, la tercia de magistrados electorales que controla el tribunal federal correspondiente asestó una nueva derrota interna (desde luego, con fuertes consecuencias externas) a la ministra Norma Piña. El grupo que controla tal tribunal (tres contra dos votos, en resultados casi automáticos en temas claves) mantiene su alineamiento con figuras de la llamada 4T y decidió dar su aval al proceso electoral judicial que la Corte, con Piña a la cabeza, pretende impedir…