Lo que dicen los columnistas

Arsenal

La politización de la justicia

Francisco Garfias | Excelsior

Se le complica a la presidenta Sheinbaum la papa caliente que le heredó AMLO. El pleito entre Poderes por la reforma judicial augura una crisis constitucional. El paro de jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial se prolonga indefinidamente. El rezago en la aplicación de la justicia se multiplica.

El oficialismo pone el mal ejemplo y desacata la suspensión definitiva de la juez Nancy Juárez, para bajar del Diario Oficial la mencionada reforma.

Dice que la juzgadora no tiene atribuciones para eliminar la reforma judicial ni puede estar por encima del “pueblo”, palabra mágica para justificar atropellos.

*Es un pleito disparejo. Dos Poderes contra uno. El Ejecutivo y el Legislativo contra el Judicial. Los dos primeros tienen la fuerza pública para imponer la reforma que propone la elección de jueces, magistrados y ministros. Al tercero le asiste la fuerza de la razón. Es un engaño decir que la reforma es para democratizar al Poder Judicial y acabar con la corrupción. El voto no purifica la condición humana. Si así fuera, no tendríamos presidentes, gobernadores, alcaldes, senadores y diputados corruptos.

Lo peor: la reforma fue concebida por AMLO para eliminar el contrapeso más efectivo que tuvo en su sexenio y poner jueces modo de la cuatroté. El oficialismo está resuelto a terminar la tarea, aun a costa de la división de Poderes y el Estado de derecho.

*La Suprema Corte de Justicia por fin rompió su “silencio ensordecedor” (el copyright es de Germán Martínez) frente al desacato presidencial.

La ministra Norma Piña, presidenta de la SCJN, se refirió indirectamente a la desobediencia de la presidenta Sheinbaum, en la intervención que tuvo en el Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, convocado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

“Los derechos humanos están en riesgo cuando un poder, de cualquier tipo, no puede ser  contenido, frenado y controlado”, dijo.

La ministra  hizo suya la alerta lanzada ayer por la Asociación Nacional de Magistrados de Distrito y Jueces de Distrito (JUFED): “Los mexicanos están perdiendo su derecho a una justicia imparcial; el respeto a sus derechos humanos está en riesgo. La politización de la justicia, la desaparición de la carrera judicial y la erosión de la certeza jurídica no sólo afecta a los mexicanos, sino que compromete la confianza en el sistema judicial, crucial para el desarrollo económico  y social del país”.

Antes, la ministra Piña dijo: “El constitucionalismo está sujeto a fuertes golpes de timón. Es por eso que resulta de la mayor relevancia que este Congreso se oriente también al análisis del constitucionalismo para la democracia del siglo XXI”.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vargas, respaldo implícitamente la postura de la presidenta de la SCJN.

En la misma tribuna señaló que la defensa de los derechos fundamentales, el respeto a la división de Poderes y el robustecimiento del marco constitucional son imperativos para respaldar los procesos de paz y desarrollo.

*La cuatroté ya agarró como piñata a la jueza Nancy Juárez por el ultimátum a la Presidenta: o elimina la reforma judicial en 24 horas o entera al Ministerio Público del desacto, que puede ser castigado hasta con siete años de cárcel.

En la mañanera del pueblo, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, se aplicó en la triste tarea de ensuciar la trayectoria de la jueza. Apoyada en una nota de Milenio, sostuvo que en 2021 el Consejo de la Judicatura ordenó su suspensión tras denuncias en su contra de doce servidores públicos. Dos años después la suspensión fue revocada y volvió a su puesto.

Y apoyada en “pesquisas” –así nomás– acusó a la juzgadora de incumplimiento en el horario de trabajo, nepotismo, acoso laboral y de no respetar el derecho de los trabajadores adscritos a ese órgano judicial, entre otras cosas.

*La jueza habló también. En entrevista con Manuel Feregrino, en Radio Fórmula, aseguró que el argumento de la presidenta Sheinbaum, en el sentido de que no tiene atribuciones, es totalmente falso. “No es que una jueza esté por encima del pueblo. En México hay tres Poderes federales. Cada uno con distintas facultades.

“Una de las facultades del Poder Judicial, entre tantas que se establecen en la Constitución (artículos 103 y 107), es la de conocer y resolver juicios de amparo contra actos arbitrarios de la autoridad que violen derechos humanos”, dijo.

 A la jueza le llamó la atención que la Presidenta y el titular del Diario Oficial no interpusieran ningún recurso legal en contra de la suspensión.

Las resoluciones están firmes. Lo que debieron haber hecho es interponer los recursos para lograr que se modificara cualquiera de las resoluciones. “De no cumplirse, se rompe el Estado de derecho y se traduce en una anarquía, donde cada quien va a hacer lo que quiera”, puntualizó.

Aquí la pregunta es ¿quién va a hacer cumplir la sanción contra la Presidenta? No se necesita un sesudo análisis para responder: nadie.

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Juegos de poder

La distracción

Al Ejecutivo quizá le asiste la razón jurídica: no hay control judicial cuando se trata de reformas constitucionales. No procede el amparo. Pero esto no es un tema jurídico, sino político.

Leo Zuckermann | Excelsior

Dicho y hecho: la reforma judicial se ha convertido en una distracción para la Presidenta en su primer año de gobierno.

Todavía ni siquiera estamos de lleno en el proceso electoral de la mitad de los juzgadores federales, con las enormes complicaciones que implica, cuando la mandataria está dedicando gran parte de su energía a defenderse.

Sí, defenderse de un Poder Judicial de la Federación agraviado y condenado a la decapitación. Un Poder Judicial de la Federación que ya no tiene nada que perder. La mitad de los juzgadores se irá el año que entra. La otra mitad en 2027. Y, además, este gobierno y el pasado se han dedicado a manchar su imagen, pintándolos como una bola de corruptos.

Los jueces saben que ya perdieron. Su muerte profesional es inminente. No les queda de otra más que molestar. Patalear rumbo al cadalso. Ensuciar la reforma judicial. Hacerle la vida de cuadritos a la nueva Presidenta que apoyó su defenestración.

Jueces federales emiten amparos en contra de la implementación de la reforma judicial. No importa si tienen o no facultades para hacerlo. En un sistema judicial funcional, le correspondería a la autoridad máxima jurisdiccional, en este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidir si proceden o no dichos amparos.

Pero el sistema judicial mexicano está herido de muerte. Al igual que los jueces y magistrados, los ministros de la Suprema Corte también están condenados al despido. Ni se diga lo ofendidos que se encuentran después de los insultos que les endilgó López Obrador con el apoyo tácito de Sheinbaum. Varios ministros tienen incentivos para sumarse a la estrategia de ensuciar la reforma judicial y distraer la atención de la nueva Presidenta.

Al Ejecutivo quizá le asiste la razón jurídica: no hay control judicial cuando se trata de reformas constitucionales. No procede el amparo. Pero esto no es un tema jurídico, sino político. Los juzgadores ya perdieron, pero, de aquí a que termine el partido, meterán duro la pierna para desesperar y distraer al ganador.

Y lo están logrando. Enojada, Claudia les responde. No con la gracia y contundencia de su predecesor porque así no es ella.

Es claro: la Presidenta no piensa acatar las resoluciones judiciales que considera improcedentes. Perfecto. El Ejecutivo desacatará al Judicial. Pésima imagen. Un ala del gobierno que no le hace caso a otra.

¿Con qué argumentos se les pedirá a los ciudadanos que acaten la resolución de un juez cuando la mismísima Presidenta no lo hizo?

Esto está causando una crisis constitucional. Tenemos a un Poder enfrentando contra otro Poder. Una autoridad que pide que se retire del Diario Oficial la reforma constitucional y otra autoridad negándose a hacerlo.

Se trata de un choque de Poderes sin que haya una instancia última que resuelva las diferencias porque la actual Suprema Corte es un zombi sin poder ni legitimidad.

El Instituto Nacional Electoral (INE) no puede comenzar a organizar las elecciones de juzgadores para el año que entra porque ha recibido 140 notificaciones de amparos para suspender dichos comicios. El INE, como cualquier persona física o moral, está obligado a acatar las resoluciones judiciales. Ante la duda, esta institución le está solicitando al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que resuelva si puede o no comenzar con la organización de las elecciones.

Por su composición actual, las ventajas que le dejaron los legisladores a los magistrados del TEPJF con cláusulas de sobrevivencia y promesas de convertirlos en ministros de la Suprema Corte, este tribunal seguramente ordenará que continúen los trabajos del INE para organizar la elección. Y ahí vendrá un nuevo cúmulo de presiones para la nueva Presidenta.

¿Elecciones de juzgadores en siete meses en una Chiapas que está a punto de una guerra civil, según dicen los conocedores de ese estado?

¿Comicios de jueces, magistrados y ministros en una Sinaloa donde la gente no sale a las calles por el miedo que ha causado el enfrentamiento de las dos facciones del cártel de ese estado?

¿Qué decir de Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas o Colima?

¿No debería la Presidenta estar ocupada en resolver el gran pendiente de la inseguridad en lugar de dedicarle tiempo y esfuerzo a responderle a unos jueces que se rehúsan a ser despedidos sin dar algún tipo de lucha?

¿O a pulir el paquete económico del gobierno para 2025, que será fundamental para determinar la confianza de los mercados en nuestro país?

Dicho y hecho: la reforma judicial está succionando parte de la energía del gobierno en su primer año. Se equivocó el que pensó que no tendría costos el apoderarse a la mala del Poder Judicial.

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Astillero

Debilitado el gobernador montajista // FGR exhibe a Rocha Moya // Sinaloa en narcoguerra // Odebrecht: ironías políticas

Julio Hernández López | La Jornada

Rubén Rocha Moya ha perdido fuerza en el entorno presidencial actual. No de otra manera puede entenderse el hecho de que la usualmente tortuguesca e ineficaz Fiscalía federal, a cargo de Alejandro Gertz Manero, esté suministrando veloces y puntuales reportes que colocan al gobernador de Sinaloa en circunstancias que deberían llevarlo a dejar el cargo.

Rocha Moya, en su momento defendido por el entonces presidente López Obrador, la electa Sheinbaum e incluso los gobernadores de la 4T mediante uno más de sus comunicados de instantaneidad maquinal, ha sido exhibido en un tema altamente sensible: el asesinato de uno de sus principales adversarios políticos (que había sido su aliado circunstancial), Héctor Melesio Cuén Ojeda, diputado federal electo y jefe del grupo dominante de la Universidad Autónoma de Sinaloa, al cual Rocha Moya ha dirigido golpeteo constante para tratar de arrebatarle el control de dicha casa de estudios.

El 11 de noviembre de 2021 fue electa en el Congreso sinaloense Sara Bruna Quiñónez Estrada, impulsada por el gobernador Rocha Moya para asumir la fiscalía estatal de justicia. El 16 de agosto del año en curso renunció al cargo, aunque le restaban cuatro años de ejercicio, debido a que un día antes la fiscalía federal gertziana había señalado graves inconsistencias en el reporte forense y en un escandaloso video que supuestamente mostraba que Cuén Ojeda había sido asesinado en una estación gasolinera, muchas horas después de que hubiese sido ejecutado en el aún impreciso contexto de la salida del país de uno de los hijos de El Chapo Guzmán, junto con Ismael Zambada, El Mayo.

De manera natural, las miradas se centraron en el gobernador Rocha Moya por el muy rudo conflicto que sostenía con Cuén Ojeda. Luego, al ver el torpe montaje del video y el reporte de su protegida y virtual subordinada, la fiscal Quiñónez, la especulación subió de tono hasta llegar al golpe seco de la FGR propinado este domingo, al confirmar que lo dicho por Zambada, en cuanto al asesinato de Cuén, era cierto, y lo presentado por Quiñónez, a quien Rocha Moya tutorialmente recomendó renunciar, fue un montaje absoluto.

Sinaloa vive una narcoguerra (los Mayitos contra los Chapitos) que mantiene en crisis a la entidad, particularmente a la capital, Culiacán, y que comienza a extenderse a otras partes del país, con alianzas entre facciones que buscan recomponer a sangre y fuego el mapa nacional del crimen organizado. Rocha Moya sobrelleva su marginalidad con base en declaraciones y actos protocolarios, mientras en Palacio Nacional se valora el tamaño de la crisis y la responsabilidad del insostenible gobernador montajista.

El presunto chistorete ya está muy gastado pero, por desgracia, conserva una actualización tan cíclica como amarga: ¡Sentencian a ex presidente de la república por corrupción en caso Odebrecht!, reza la primera parte del enunciado, a la que de inmediato se acota para precisar al emocionado lector que la condena judicial no se refiere a su propio país ni al ex presidente o ex mandatarios en quienes estuviera pensando.

Así, puede verse desde México, en esta ocasión, al conocerse que en Perú ha sido sentenciado a 20 años y seis meses de cárcel Alejandro Toledo Manrique, quien ocupó la presidencia de la república de 2001 a 2006, y ahora ha sido declarado culpable (aunque tiene la posibilidad de apelar) de delitos de corrupción relacionados con la empresa Odebrecht, que tuvo similares relaciones con mandatarios de otros países.

En México no ha sido posible llegar a condenas parecidas, ni siquiera aproximadas. Enrique Peña Nieto, cuya campaña electoral de 2018 tuvo acusaciones de financiamiento delictivo, sigue siendo un intocable. Emilio Lozoya Austin, que trianguló recursos sucios para esa campaña (y se quedó de paso con su importante porción monetaria), sigue metido en un embrollo judicial y de intereses políticos que conforme pasa el tiempo va erosionando la esperanza de que haya justicia.

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México, SA

PJF: recuento de daños // Justicia y ficha policial // Nancy Juárez, desacato

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Abyectos, devaluados e inmersos en un mar de nepotismo y corrupción, el grueso de los actuales impartidores de justicia serán condenados por la historia. Bien, pero antes resulta más que pertinente y urgente sancionarlos ya, pues, en abierta violación de la Constitución y contrarios a la ética profesional, se han convertido en las caras visibles de los grupos de poder que los financian. Es una pandilla a la que ordenaron ir por lana y ha salido trasquilada.

Jueces, magistrados y ministros se han prestado a este juego sucio a sabiendas de que la reforma al Poder Judicial ya no es tal, sino que ya forma parte de la Constitución, ergo, el trabajo sucio que realizan sólo tiene un final nada feliz para ellos, incluido juicio político. Así, sus amparos, suspensiones y conexos –que reparten como tortillas– carecen de fundamento legal, de tal suerte que deberían dedicarse a otra cosa y mejor si lo hacen fuera del aparato de impartición de justicia, porque como parte de él sólo dan vergüenza.

Una muestra pinta de cuerpo entero a quienes presumen ser de carrera: “procesos viciados en la selección de jueces, donde se dan venta de exámenes y casos de corrupción al más alto nivel de la escuela judicial; se han vendido exámenes de oposición para jueces en 186 mil pesos, procesos que han sido impugnados por los propios jueces y los magistrados por inequidad.

Influyentismo y falta de criterios objetivos: sólo las personas cercanas a jueces y magistrados (y ministros) resultan vencedoras. Qué decir del nepotismo: en diciembre de 2022 el propio Consejo de la Judicatura Federal (CJF) reveló que la mitad del personal (49 por ciento, equivalente a 24 mil 546 personas) del Poder Judicial tiene al menos un familiar trabajando dentro de este poder (Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación).

¿Suficiente ese recuento para evaluar al Poder Judicial? Sí, pero falta: Las sanciones que tienen las actuaciones de funcionarios del Poder Judicial han generado inconformidades, porque hay quejas, de las cuales, en materia de disciplina, de 2004 a 2023 se han presentado 38 mil quejas en contra de servidores públicos; 86 por ciento de ellas fueron desechadas sin iniciar investigación; de las que sí se investigaron, el CJF sólo sancionó a 472 jueces y magistrados (ídem). Pero apenas 0.7 por ciento del total recibieron un apercibimiento y una amonestación, 0.2 por ciento una suspensión momentánea, 0.1 fue destituido, pero en muchos casos y después de amparos, regresaron a trabajar. Inhabilitaciones, 0.6 del total (23 en total); sanciones económicas, 0.04 por ciento (14), y de enero a septiembre de 2023, el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General de la República presentaron 72 denuncias contra jueces y magistrados ante el CJF, ninguna con sanción”.

Salarios y prestaciones totalmente fuera de la ley, amén de que el paro que decretaron canceló 12 mil 448 audiencias, y los burócratas del Poder Judicial siguen recibiendo su salario, sin olvidar que un grupo de jueces, sabadazo de por medio, liberan a integrantes del crimen organizado, incluidos los de cuello blanco. El Poder Judicial ha cometido todo tipo de excesos y frenado leyes benéficas para los mexicanos, ergo, generan impunidad y niegan el acceso a la justicia.

Qué decir de la jueza Nancy Juárez Salas, la que quiere encarcelar a la presidenta Sheinbaum: en abril de 2021 fue sometida a procedimiento disciplinario; el pleno del CJF ordenó una suspensión, pero en marzo de 2023 ésta fue revocada y ella volvió a su puesto; en 2022, procedimiento disciplinario por hostigamiento laboral y tratos inadecuados a los servidores públicos denunciantes por conductas negativas; fue sancionada por desempeño deficiente, incumplimiento del horario de trabajo, nepotismo, acoso laboral y no respetar el derecho de los trabajadores de ese órgano jurisdiccional; en 2015-2016, estuvo sujeta a procedimiento disciplinario por mala conducta y ratificación irregular de licencias médicas (sólo se le impuso una sanción administrativa).

Por si fuera poco, los registros oficiales documentan amonestaciones verbales por faltas que van desde irregularidades en la expedición de nombramientos y descuido en el desempeño de sus funciones hasta actividades comerciales ajenas a la función jurisdiccional, un acto prohibido en los códigos éticos. Pero sigue despachando como jueza.

Y lo que falta, pero en síntesis, la ética de los impartidores de justicia pone los pelos de punta.

Las rebanadas del pastel

Por si alguien no lo ha registrado, no es la presidenta Sheinbaum quien está en desacato, sino la jueza Nancy Juárez Salas.

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AMLO, el segundo piso y el poder ciudadano

Víctor M. Toledo | La Jornada

Todo verdadero gobierno de izquierda debe llevar como objetivos dos tareas centrales: acotar al capital (poder económico) limitando su voracidad, y empoderar a la sociedad (poder social o ciudadano), es decir, a comunidades, cooperativas, sindicatos, organizaciones civiles, uniones de profesionistas, etcétera. Con ello se logra aminorar o eliminar la tremenda explotación que una minoría de minorías efectúa sobre el resto. Hoy, los datos que nos dan Oxfam Internacional y el Laboratorio de la Desigualdad de París, fundado y dirigido por Thomas Piketty, es que vivimos en la peor desigualdad de toda la historia. El otro acto de justicia que debe realizar un gobierno de izquierda es la explotación que esa misma minoría realiza sobre la naturaleza y que de manera similar hoy alcanza su peor situación. La contaminación de aires, suelos, cuerpos de agua y océanos; la extinción de especies de flora y fauna (biodiversidad), y especialmente la crisis climática de escala global por la contaminación industrial de la atmósfera. El capitalismo actúa entonces como un mecanismo de doble injusticia: social y ambiental.

Los mexicanos vivimos actualmente en un extraño país, pues en la enorme mayoría de las naciones nada de esto se reconoce y, por el contrario, se oculta, niega o desvanece. Y para ello utilizan las democracias (electorales, formales o representativas) como fórmula de adormecimiento. Casi todos los partidos políticos, el Ejecutivo y el Legislativo operan como reforzadores de esa situación, pero especialmente el sector judicial. Con una presidenta que además de izquierda es feminista, científica y ambientalista, los mexicanos somos políticamente privilegiados, pues contamos con un régimen asegurado de progreso verdadero, una utopía que se realiza de manera serena. Ello fue el resultado de las acciones de un estratega político fuera de serie: Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

AMLO se adelanta a su tiempo y por ello es difícil de entender e imposible de definir, calificar o encasillar. Cualquier adversario pierde de inmediato ante la inmensidad de su pensamiento y su capacidad para llevarlo a la práctica. AMLO puso en acción una filosofía que además fue ajustando y enriqueciendo a lo largo del tiempo, y que está plasmada en los 20 libros escritos y publicados entre 1986 y 2024 ( ¡Gracias!), y que en realidad es una no ideología. En dos de ellos desarrolla explícitamente buena parte de sus tesis: Fundamentos para una república amorosa y El humanismo mexicano (2022), y en un tercero adopta la Economía moral. Su filosofía combina, taoísmo, budismo, cristianismo, y quizás Cábala (misticismo judío) junto al buen vivir del México profundo, todo ello circunscrito a un marco conceptual: la historia de México y Mesoamérica. Es impresionante cómo logró convencer a los votantes del 2 de junio de 2024, incrementar los votos en 6 millones, logrando lo que pedía: la mayoría de las cámaras de diputados y senadores. ¿Un acto de magia?

La idea de una república amorosa me parece que se adelanta décadas, si no es que siglos, que inaugura una época del fin de las ideologías y en la que la única batalla válida es y será la lucha por la vida. Sólo conociendo e involucrándose con los fenómenos maravillosos de la naturaleza, aprendiendo de sus lecciones y comprendiendo las relaciones que las primeras sociedades humanas tuvieron con ella, lograremos salir de la crisis en la que nos tiene sumidos la civilización industrial. Afortunadamente, día con día, más ciudadanos y sus familias adoptan lo anterior. Hoy somos ya varios millones.

Sin embargo, la filosofía de AMLO padece de una enorme carencia, de una ausencia gigantesca. Por alguna razón que es necesario investigar y descubrir, AMLO desechó el ambientalismo y lo rechazó reiteradamente bajo la idea equivocada de que todo era una manipulación política. Todo ello y a pesar de que los auténticos ambientalistas de la nación le apoyamos desde siempre. Se olvidó de los 168 ambientalistas mexicanos asesinados y nunca jamás proununció la frase cambio ­climático.

Por lo hasta aquí analizado, considero que Claudia Sheinbaum está obligada a corregir en su segundo piso dos asuntos. Primero, volcarse a fortalecer el poder social, pues en el sexenio anterior sólo tres programas lo efectuaron: Sembrando Vida (Secretaría del Bienestar), Escuelas del Campo (Secretaría de Agricultura) y Educación para el Bienestar (Secretaría de Educación). Y segundo, aplicar una potente política ambiental en plena colaboración con las numerosas organizaciones, movimientos y resistencias de defensa ambiental y ecológica.