Lo que dicen los columnistas

El dilema de los seis u ocho votos

Cierto es también que cuando el Pleno de la Corte se integre con nueve personas únicamente, las votaciones de seis serán calificadas y no de mayoría simple de sólo cinco integrantes.

Luis Miguel Cano López | Proceso

En sus prisas por cumplir con los tiempos que se pusieron a sí mismos, los legisladores de Morena y sus aliados se apresuraron en aprobar las leyes secundarias de la reforma judicial pasando por encima de la Constitución para controlar desde ahora las votaciones en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin respeto por las formas, de nueva cuenta recurrieron a la artimaña de los artículos transitorios para imponer desde ahora sus criterios en relación con los votos de los ministros en el máximo tribunal.

El oficialismo busca que la actual integración de la Suprema Corte esté imposibilitada de declarar la inconstitucionalidad de la reforma y lo hace a través de leyes secundarias pese a los criterios establecidos constitucionalmente.

En la colaboración anterior, “A llevar la reforma judicial a sede internacional”, escribí, porque tengo pleno convencimiento de que así lo mandata la Constitución vigente, que desde este momento en el Pleno de la Suprema Corte solamente se requieren seis votos de sus integrantes para que las razones que justifiquen sus decisiones contenidas en las sentencias que dicten, resulten obligatorias para la totalidad de órganos judiciales de este país, conforme al artículo 94 constitucional.

Sostuve también que sólo seis votos son exigidos para que las resoluciones dadas en ciertas controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad, alcancen efectos generales de invalidez, como indica el artículo 105 constitucional.

Afirmé igualmente que si una mayoría de cuando menos seis votos en el Pleno, aprueba una declaratoria general de inconstitucionalidad, es innegable que tendrá efectos generales según los alcances y condiciones que tal mayoría le determine, pues así se establece en el artículo 107 constitucional, fracción II, párrafo tercero.

No existe disposición transitoria de la reforma judicial que permita interpretación diversa, pues ella cobró vigencia al día siguiente de su publicación oficial. Como sí existe para casos específicos: (i) las postulaciones que lleve a cabo el Pleno de la Corte que deberán hacerse por mayoría de ocho votos (segundo transitorio, párrafo tercero), y (ii) la designación de tres personas que integren al órgano de administración judicial (sexto transitorio), que por única vez, requerirá ocho votos.

Incluso, en términos del transitorio décimo primero de la reforma judicial, que es una norma atípica, por decir lo menos, la interpretación a las anteriores disposiciones deberá atenerse a su literalidad, sin lugar a interpretaciones análogas o extensivas.

Cierto es también que cuando el Pleno de la Corte se integre con nueve personas únicamente, las votaciones de seis serán calificadas y no de mayoría simple de sólo cinco integrantes. Pero mientras esa composición no llegue, las votaciones de seis son norma constitucional vigente, aplicable y obligatoria para el Pleno de esa Corte.

La consecuencia práctica más trascendente de esta cuestión es, no me cabe duda, la posibilidad de invalidar con efectos generales normas generales, como las de la reforma judicial. Por eso me deja perplejo que en la sesión del Pleno de la Corte del pasado jueves 10 de octubre, existieran posicionamientos que interpretan que permanece vigente la exigencia de reunir ocho votos para dictar determinaciones como las previstas en los artículos 94, 105 y 107 constitucionales. Por lo mismo considero que esta definición será la más importante que se emita en esta época, en cuanto se presente algún caso concreto en el que se analice este tema colosal.

Tan fundamental resulta resolver este dilema de los seis u ocho votos, que desde el oficialismo legislaron para quitarle al Pleno de la Suprema Corte su definición. Así, en el segundo párrafo del artículo cuarto transitorio del Decreto de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación de este 14 de octubre, se ha dispuesto:

Hasta en tanto las Ministras y Ministros electos tomen protesta de su encargo ante el Senado de la República el 1o. de septiembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación requerirá del voto de ocho de sus integrantes en la resolución de los asuntos de su competencia relacionados a la presente Ley, y en cualquier otro caso en que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos u otra Ley requiera de mayoría calificada.

Dicen que el miedo no anda en burro. Creo que el miedo tampoco resulta buen consejero para legislar. Una disposición de ese estilo es inconstitucional a todas luces. Un transitorio de ley no sirve para contrariar disposiciones constitucionales vigentes. Eso en todo caso pudo haberse hecho en un transitorio de la reforma judicial, lo cual no se hizo. Ojalá esto alerte al Pleno y defina para bien este asunto.

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Arsenal

Trump, peligro para México

Francisco Garfias | Excelsior

De regresar Donald Trump a la Casa Blanca, ningún país –ni siquiera China–corre más peligro que México. El candidato republicano dijo ayer que, si él gana las elecciones, nuestro país no le venderá un solo auto a Estados Unidos. Amenaza con poner aranceles de ciento por ciento a los vehículos nuevos procedentes de México. No le gusta que China construya en nuestro país grandes fábricas de automóviles que están destinados a ser exportados a EU. “Al estar cerca de la frontera (los chinos) tienen todas las ventajas y ninguna de las desventajas”, dijo el millonario candidato en entrevista en el Club Económico de Chicago (Portal de Reforma). Sus palabras pusieron nerviosos a los mercados. El dólar interbancario pasó ayer de 19.26 a 19.72 Pesos. Una pérdida de 48 centavos.

En otra entrevista con el conductor Jesse Waters, de Fox News, le preguntaron a Trump si sigue sobre la mesa su propuesta de bombardar a los cárteles de la droga.

“¡Absolutamente!”, respondió. “¿An contra nuestro principal socio comercial?”, preguntó el conductor.

“México va a tener que arreglarlo rápido o la respuesta será: absolutamente. El fentanilo mata (en Estados Unidos) a 300 mil personas al año”, dijo.

El gobierno de México procede con cautela ante las explosivas declaraciones del abanderado republicano. Prefiere no atizar esa animosidad que siempre ha mostrado hacia nuestro país. ¿O ya se nos olvidó que desde antes de llegar a la Casa Blanca, hace casi cuatro años, acusó a México de mandarles a la “peor gente”; a “criminales y “violadores”?

La frase “colaboración, no sumisión”, que repite la presidenta Sheinbaum, es retórica pura.

* Morena tiene proyectado afiliar el año que entra a 10 millones de mexicanos, clase media incluida. La idea es proyectarse como un partido incluyente –que no lo es– abierto a la sociedad. Por lo pronto, Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, y Andy López Obrador, secretario de Organización, andan en la promoción del famoso decálogo, que es mandato para las autoridades emanadas del partido oficial. En el decálogo está la atención a los reclamos del pueblo en audiencias públicas, la austeridad republicana, el castigo a la corrupción, el rechazo al amiguismo, influyentismo, sectarismo y a los aviadores.

Incluye también la paridad de género, las oportunidades a jóvenes; infraestructura y programas enfocados a los que menos tienen; las resevas naturales por encima de intereses privados; en ningún caso se reprime al pueblo, ejercicio del poder con humildad y transparencia en el uso de recursos públicos.

Suena padre. La cosa es que lo cumplan.

* En el tema de la transparencia el gobierno va por el rumbo equivocado. El plan C de AMLO, adoptado por la presidenta Sheinbaum, propone la eliminación de los órganos autónomos, entre ellos el Inai. Hoy es la reunión de los comisionados de ese instituto con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. La idea es proponer ajustes en el diseño institucional y una reducción presupuestal que permita un equilibrio entre austeridad y funcionalidad, sin desaparecer al instituto.

El encuentro no promete. El gobierno de Sheinbaum no quiere que la transparencia sea manejada por órganos autónomos. ¿A qué le temen? La información que solicite cualquier ciudadano sobre el destino de los recursos públicos tendrá que solicitarla a la Función Pública, que pronto se convertirá en Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno.

Es decir, será el gobierno el único conducto para obtener información sobre su gasto, sus obras, los concesionarios, las cantidades, las comisiones que se reparten… Eso no es transparencia, aunque la Presidenta diga que la desaparición del Inai no representa el fin de esto. “Vamos a ser mucho más estrictos en la transparencia y eso lo va a llevar la secretaria Raquel Buenrostro (titular de la secretaría anticorrupción)”.

* Los consejeros del INE andan nerviosos. Ayer se reunieron para definir qué hacer con la suspensión del proceso de elección de jueces, magistrados y ministros que dictó el Poder Judicial. Al gobierno federal no le importa que lo acusen de desacato. Una y otra vez ha ignorado a jueces y magistrados. Al INE le toca organizar esas elecciones. Sus consejeros temen que a ellos sí los acusen de desacato.

* Nos cuentan que en el Congreso de la CDMX fue rechazado por la mayoría oficialista un punto de acuerdo para que los 66 diputados donaron un día de dieta a la Fundación contra el cáncer de mama (FUCAM). ¿La razón del rechazo? El punto de acuerdo fue presentado por el diputado local del PAN, Ricardo Rubio. De último momento, la diputada de Morena, Valentina Batres, alzó la voz desde su curul para negar el apoyo. Su bancada la siguió y la propuesta se rechazó. Lo ocurrido multiplicó los rumores de que el liderazgo real de grupo de Morena lo tiene Batres y no Xóchitl Bravo.

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Juegos de poder

Gobierno con los empresarios: no se puede tener el pastel y comérselo

Leo Zuckermann | Excelsior

La llamada Cuarta Transformación es, en esencia, estatista. Están convencidos que el Estado debe hacer muchas cosas más allá de la seguridad, educación y salud. Se vale. El problema es que no tienen el capital para llevar a cabo tan ambicioso programa de gobierno.

López Obrador le ha dejado las arcas vacías a Sheinbaum. Quizá, con la reforma judicial y la ampliación de delitos merecedores de prisión preventiva oficiosa, puedan recaudar un poco más de dinero de los contribuyentes cautivos. Ningún dinero es malo, pero tampoco les alcanzará para todo lo que desean hacer.

He ahí donde entra la intrincada relación de la 4T con la clase empresarial.

Para conseguir más dinero de verdad, la economía nacional, que prácticamente se estancó el sexenio pasado en términos per cápita, debe volver a crecer. Un incremento en el Producto Interno Bruto significaría un aumento en la recaudación de impuestos.

Para crecer, sin embargo, se requiere de la inversión privada. Y he aquí lo imposible de tener el pastel y comérselo.

El gobierno, por un lado, está llevando a cabo acciones que desincentivan la inversión. Por el otro, en el discurso aseguran que los capitalistas nacionales y extranjeros no deben preocuparse ya que el gobierno otorgará certeza, certidumbre y seguridad para las inversiones.

Ayer, en el evento CEO Dialogue México-Estados Unidos, tanto la Presidenta como el secretario de Economía trataron de calmar los ánimos en torno a las reformas al poder judicial y al sector energético.

Por un lado, está la realidad. México embarcándose en un caótico proceso de renovación de todo el Poder Judicial, tanto federal como locales, eligiendo por voto popular a todos los jueces. Todos. Alrededor de mil 680 federales y cinco mil 250 locales. Una barbaridad. Algo que no tiene precedente en ningún país del mundo.

Sospechan los empresarios, con mucho de razón, que esta purga masiva será para que Morena se apodere del Poder Judicial ahora que ya controlan el Ejecutivo y Legislativo. Los jueces responderán más a los intereses políticos de quien los puso en sus puestos que no será otro que la maquinaria electoral de Morena.

Sospechan los empresarios, con mucho de razón, que los nuevos jueces serán, por una parte, inexpertos para decidir litigios complicados y, por otra, le darán siempre la razón al gobierno en pleitos con los privados.

¿A quién le apetece invertir en un país así?

Ayer, la Presidenta reiteró que esta reforma no busca convertir al Ejecutivo en el Poder de los Poderes. Al contrario, pretende equilibrio y garantía plena del Estado de derecho al eliminar la corrupción entre jueces, magistrados y ministros. Invitó a los empresarios a apostarle a la democracia.

¿Deben los empresarios arriesgar su dinero sólo porque la Presidenta promete respetar las inversiones?

Los capitalistas son muy canijos. Ellos confían más en garantías institucionales que en garantías personales.

Con la pena, Presidenta, pero mientras no se vean los resultados reales de la reforma judicial, el tipo de jueces que quedan en los tribunales, si son o no gente cercana a la 4T, difícilmente habrá mucho apetito para invertir en México.

Algo de dinero le meterán, pero con cautela, como ha sido el caso desde el sexenio pasado.

Lo mismo con la reforma energética.

Por un lado, el gobierno modifica las leyes para darle preeminencia al Estado en este sector. Protege a las empresas públicas (Pemex y CFE) en detrimento del sector privado. Si antes el gobierno estaba obligado a comprar la electricidad más barata para despacharla por las líneas de trasmisión, ahora tendrá prioridad la CFE. Competir de esta forma asimétrica despierta poco apetito.

La Presidenta, por otro lado, asegura que el gobierno no tiene la intención de acotar la participación privada, sino establecer reglas claras en las que haya riesgos y beneficios compartidos. Anuncia que, antes de que concluya el año, estará listo un nuevo Plan Nacional de Energía, en el que se contempla un panorama favorable para Pemex y la CFE, pero también para la iniciativa privada.

Suena bien. A ver cómo cuadran ese círculo.

No se puede chiflar y comer pinole. Si la 4T quiere que los privados inviertan su dinero no solo debe dar garantías de palabra, sino respaldarlas en los hechos.

Aquí quieren tener el pastel (hacer reformas que concitan la desconfianza de los capitales) y a la vez comérselo (que los capitalistas hagan inversiones para que la economía crezca).

Eso sí, en el eterno juego de simulaciones que nos encanta a los mexicanos, empresarios y gobierno sonríen y anuncian grandes inversiones por venir. A ver si llegan.

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Astillero

Calderón, el otro sentenciado // Corresponsable, con García Luna // Genaro busca involucrar a AMLO // Excitar ánimos estadunidenses

Julio Hernández López | La Jornada

La sentencia que hoy debe emitir un juez en Nueva York para definir los años de cárcel que habrá de compurgar Genaro García Luna en Estados Unidos es, también, una sentencia cuando menos histórica y política a Felipe Calderón Hinojosa, su administración fraudulenta y al cada vez más reducido grupo político que lo acompaña (en el que destaca Margarita Zavala Gómez del Campo).

Escabullido de México para no enfrentar preguntas y señalamientos sobre su corresponsabilidad en las andanzas de García Luna, declaradas criminales por un jurado del vecino país, Calderón Hinojosa vive a salto de mata académica, dando conferencias y participando en foros en algunos países (no en Estados Unidos), cobijado en Madrid por el ultraderechista Instituto Atlántico de Gobierno, dirigido por José María Aznar, ex presidente de España, con personajes en su Consejo Consultivo como el escritor Mario Vargas Llosa y ex mandatarios conservadores de Latinoamérica, entre ellos el citado Calderón (https://iadg.org/carta-del-presidente/).

Pretendiendo guarecerse en la ambigüedad respecto a quien lo acompañó el sexenio completo como máximo jefe policiaco, según eso ignorante de lo que hacía quien hoy será sentenciado en Estados Unidos (que no en México), Calderón ha intentado en días recientes una fuga hacia adelante, al reactivar sus ínfulas de fanfarronería con el argumento, casi metralleta en mano, de que él sí fue capaz de enfrentar al crimen organizado, lo cual, a juicio de este tecleador, desató la espiral de violencia salvaje que desde entonces se vive en México.

Calderón o, más extensamente, el calderonismo, son las únicos actores de poder hasta ahora culpabilizados de complicidad con el crimen organizado; el ex panista michoacano de manera indirecta pero inequívoca, pues terrible sería que hubiera sabido lo que sucedía en su administración fundacionalmente funeraria, pero aún peor que lo ignorara, pues habría sido un gritoncito con casaca militar de talla impropia que habría llevado al país a un baño de sangre bajo engaño de su secretario, tan evidentemente proclive a lo criminal.

Por cierto, ayer en una carta manuscrita, dirigida al juez que lleva su causa y difundida en medios, García Luna hizo una amplia exposición positiva de él mismo, su familia y sus convicciones, con el propósito de conseguir la mínima sanción del juez que lleva su caso. Y hoy, antes de que se emita la sentencia en su contra, habrá de leer tal texto o uno diferente, o improvisar, autorizado para usar traje y corbata y no la vestimenta de reo.

En la carta hecha circular ayer, García Luna presta un servicio más a la causa calderonista, pripanista y conservadora, al tratar de implicar en su estruendoso caso al presidente López Obrador (así lo menciona, sin el ex, acaso al estilo gringo de nombrar a tales funcionarios): “mi país está sufriendo una gran convulsión, por orden del actual presidente de México se acabó de desmantelar el Poder Judicial del país… se busca encarcelar a los que combatimos a sus aliados políticos vinculados con el narcotráfico, México está entrando en una etapa muy peligrosa, alejándose de la democracia y cuestionando libertades individuales”.

Así como en su momento se dijo que la bala que había asesinado a Luis Donaldo Colosio Murrieta había acabado con la carrera política de primer nivel de Manuel Camacho Solís (quien siguió ocupando cargos, pero ya nada comparable a la relevancia anterior a Lomas Taurinas), la sentencia que sella la complicidad de García Luna con el crimen organizado lo hace con Calderón y el calderonismo-zavalismo, de por sí ya de capa caída.

Y, mientras la apuesta actual del movimiento contra la reforma constitucional en materia judicial reside en excitar el ánimo estadunidense para que sean retiradas o no se hagan más inversiones en México, y que se activen exigencias sobre estado de derecho y división de poderes, en el marco del tratado norteamericano de libre comercio.

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México, SA

Doble bofetada a catastrofistas // Inversiones: más de 20 mil mdd // Poder Judicial sin corrupción

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Duro que dale ha estado el muy preocupado aparato político-económico del vecino del norte por la amplia reforma judicial que lleva soberanamente a cabo México, debido, dice, a sus posibles consecuencias para el sector privado de aquel país, y porque no nos gusta una decisión de ese alcance. En eso estaba, cuando, ¡zas!, en Palacio Nacional sonó tremenda bofetada: históricamente, el país que más elige jueces en el mundo ha sido Estados Unidos, es decir, el mismo quejoso, el de las dudas, la pérdida de confianza y la eventual cancelación de proyectos de inversión.

Poco más tarde, e igual de sonora, se escuchó una segunda bofetada en el mismo recinto: para 2025, los empresarios estadunidenses planean inversiones en México que rebasan 20 mil millones de dólares, de acuerdo con el anuncio de la presidenta Sheinbaum luego de la denominada cumbre Diálogo CEO México-Estados Unidos, en la que participaron (alrededor de 240, entre ellos el zopilote Claudio X. González Laporte) los principales directivos de empresas de aquel país y del nuestro con funcionarios del gobierno mexicano.

Ese monto a invertir no da precisamente una imagen de lo que apenas 24 horas antes las hordas empresariales estadunidenses y sus gerentes en el gobierno de aquel país ácidamente publicitaron mediáticamente (preocupa a gobierno y empresarios de Estados Unidos la reforma judicial), ni mucho menos el chantajista rosario de calificativos que, antes de dicho encuentro en Palacio Nacional, ellas mismas hicieron circular por doquier, todas asociadas con la reforma al Poder Judicial: dudas, pérdida de confianza, muchos desafíos, pérdida de independencia de los jueces, pérdida del estado de derecho, deterioro del ambiente de negocios, eventual cancelación de proyectos de inversión en México; la reforma genera mucho ruido y marcará el rumbo de la relación bilateral; estamos escépticos, etcétera, etcétera.

¡Qué horror! Todo ello, desde luego, dejando de lado (memoria a conveniencia) que históricamente ha sido, es, Estados Unidos el país en el mundo que más elige jueces por medio del voto popular, es decir, el mismo procedimiento que en México les provoca el citado rosario de calificativos.

Ante tal panorama (versión de los chantajistas gringos), la presidenta Sheinbaum reviró: Lo que queremos es que haya certidumbre, confianza. La reforma al Poder Judicial fortalece el estado de derecho en México; sus inversiones están seguras en nuestro país; ningún empresario estadunidense, ninguna empresa de cualquier otro país, ni mexicanos, tienen por qué temer a la reforma judicial; al contrario, lo que vamos a hacer es sanear el Poder Judicial, y no digo nosotros como Ejecutivo, sino el pueblo de México, para fortalecer el estado de derecho.

Entonces, dijo la mandataria, ¿a quién se le ocurriría poner en tela de juicio el proceso de elección de los jueces? Eso no cuestiona la democracia ni los resultados de la idoneidad de los jueces o las juezas. En México, dijo, queremos un Poder Judicial libre de corrupción, que dé certeza jurídica al ciudadano de a pie, a la persona de menos recursos económicos del país, y también al inversionista; que todos sean iguales ante la ley, que es finalmente lo que dice nuestra Constitución y las constituciones de países democráticos.

En ese tenor, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a los chantajistas estadunidenses recordó: “Les decía ayer en la cena: bueno, si no se estuviese haciendo esta reforma, ustedes me preguntarían: ‘Oiga, ¿por qué no reforman el Poder Judicial si tienen mayoría calificada? ¿Por qué no han hecho una reforma, si más de la mitad de los jueces son parientes de los otros? ¿Por qué no han hecho una reforma si se libera un día y otro también a multitud de delincuentes? No hay por qué suponer que esto va a poner en tela de juicio algún interés legítimo o propiedades o inversiones, porque el objetivo es renovar el Poder Judicial”.

Ebrard recordó que el pasado 29 de junio “el presidente Biden publicó un artículo en The Washington Post, diciendo: ‘La Suprema Corte de Estados Unidos tiene una crisis ética y tenemos que ver cómo hacemos para que prevalezca un código de ética’. Estoy hablando de Estados Unidos. Yo nunca había visto un pronunciamiento tan fuerte; la vía mexicana para resolver esa crisis de ética que también tenemos en nuestro Poder Judicial es la que aprobó el pueblo de México”. Entonces, ¿por qué allá es bueno y aquí malo?

Las rebanadas del pastel

Llegó el día: ¿cuántos años para el narco calderonista Genaro García Luna?

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Tiempos de trabajo

Luis Linares Zapata | La Jornada

El panorama de la República, por estos días sin lluvia, empieza a clarear. Las múltiples amenazas de rupturas inminentes y divisiones profundas, ceden sus augurios de inestabilidades y van apareciendo indicios de seguridades y calmas. Los trabajos se encasillan en los lugares adecuados y las instrucciones desde arriba son precisas y ordenadas. La mitología, levantada en torno a futuros endebles, promesas incumplidas y autoritarismos ineficaces se ha ido disipando. Un gobierno nuevo llena ya el espacio político y sus guías ocupan los lugares que les corresponden según las normas establecidas. Nuevos tiempos con mandos cimentados en la experiencia se adjuntan a los resultados permitidos por la adecuada preparación individual. El gran conjunto se instaló con sus responsabilidades debidas. Todos atienden, ahora, sus lugares de mando.

El horizonte que se anunciaba, desde polos opuestos a la ruta y los actores que el pueblo seleccionó como sus representantes, se revela como repetición subrogada del anterior. Aunque, al parecer, su beligerancia se ha ido desvaneciendo. No dejarán de surgir alegatos, informes y supuestos de un orden derivado del anterior. Es factible que los actores de hoy sean, nuevamente, acusados de imitadores. Siempre habrá disidentes y oposiciones varias. Pero la corriente que lleva la voz cantante y que acumula los instrumentos de operación ha entrado en funciones por cuenta propia.

El nódulo crucial instalado en el mando superior se ha plantado frente a la nación con firmeza. Tiene su figura bien establecida y ha desatado su narrativa para acercarse al pueblo. A éste, con decisión, lo declara fuente de su atención y destino. Como todo núcleo de poder legítimo, sabe bien que su posición y potestad no pueden ser compartidas. Y a esa historia se apega para desplegar instrucciones que tienden a reducir desigualdades y mitigar carencias. Se ha dado, sin tardanzas o imprudencias, inicio a los proyectos insignias. Los programas sociales no sólo continuarán, sino que se añadirán otros. Se irá completando así el cuadro que consagrará la naturaleza humana de esta transformación en marcha.

Aunque no todo se afilia ahora a los cauces marcados como promesas en campaña y como acciones de gobierno. Los retobos, condicionamientos y oposiciones siguen y, al parecer, seguirán. Insistir en convertir la nota roja en ambiente de inseguridad, probó ser recurso de ataque inútil, aunque molesto. Nada nuevo que pueda sorprender. Así ha sido y se adaptarán a las circunstancias presentes. Pero no hay tiempo que perder.

El Congreso enfiló, con seguridad, hacia un urgente y necesario cambio de régimen y en eso se está empeñando a marchas forzadas. La administración requiere de marcos legales propicios para encajar debidamente sus vastos programas. Con la reforma jurídica se pondrá el eslabón faltante que habrá de mejorar el balance correcto de poderes. El aparato establecido, hoy en vías de ser finiquitado, ha opuesto feroz resistencia al diseño buscado. Uno que exige intervención popular. Pero los cambios no han cesado de proseguir aún en medio de zozobras y protestas de inconformes. Pero bien puede ya observarse que el proceso constitucional completó sus etapas básicas y ahora se adiciona el resto legal necesario.

La determinación de estas modificaciones fue adoptada casi desde el inicio de la pasada administración. Fue un requerimiento que, por distintos motivos, se difirió. Aunque finalmente le llegó la hora de retomar impulso y voluntad para su debido final. Y en eso se afana el gobierno de la presidenta Sheinbaum.

La oposición –en medios– ha retomado sus sentencias condenatorias. No cesan de elevarlas a modos absolutos, terminales y concluyentes en terribles escenarios y tragedias varias. Frases rimbombantes van y aparecen con grotesca facilidad, apalancadas en sus opinócratas favoritos: La reforma judicial, afirman, pretende eternizar su predominio anulando, desde la Constitución misma, los mecanismos del pluralismo democrático, desnaturalizar la constitución como dispositivo límite y convertirla en el instrumento que perpetúa un monopolio. Se puede sin mucha búsqueda oír otras torpes condenas que alegan eliminar de tajo el principio de autonomía. Y todo esto sin atender disposiciones que tratan hacer los cambios programados para, irónicamente, no sólo contradecir las opiniones opositoras, sino mejorar la autonomía del cuerpo jurídico completo. Se asegura, sin mota de duda, que la Presidenta es una coherente ingeniera autocrática. Ni modo, seguirá este tipo de prédicas elitistas y equivocadas.