Lo que dicen los columnistas

Rompimiento del orden constitucional

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Los tres Poderes de la Unión deben poner todo de su parte para solucionar el conflicto. El arreglo pasa, necesariamente, por la derogación del decreto de reformas al Poder Judicial.

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Elisur Arteaga Nava

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Proceso

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Lo que se conoce como Reforma Constitucional ha causado una crisis política; llega a los linderos del rompimiento del orden constitucional. Es algo inusitado y, por ello, excepcional y grave.

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El que afirme que se trata de algo inusitado significa que no tiene precedente y, por lo mismo, la solución que se procure más debe derivar del cerebro, que del estómago; de la razón y no de la pasión.  

 

Algunos hablan de que se trata de un golpe de Estado; no hay tal. Estos son, ciertamente, formas de hacer violencia. En ciencia política se le reconocen características propias, mismas que lo distinguen de otro tipo de violencia pública, de otros actos ilegales que provocan o en los que intervienen funcionarios públicos. 

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Si efectivamente, en el caso, se considera existe una forma de golpe de Estado, la acción pudiera estar referida a la negativa de parte los legisladores de Morena, que son miembros del Congreso de la Unión, que se han negado a acatar las suspensiones otorgadas por jueces de distrito. Son ellos los que, con su desobediencia, han roto el orden constitucional.

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El grueso de los morenistas, como priistas que fueron, siguen añorando un Estado absolutista y el yugo sobre su nuca; los que no fueron priistas y que navegaron con bandera de izquierdistas, conservan en su mente el modelo estalinista de Estado. No tienen aspiraciones democráticas, no saben de leyes ni vivir en un Estado de derecho.

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Con prepotencia, Gerardo Fernández Noroña, hablando desde la presidencia del Senado, ha declarado: “Efectivamente hace unos minutos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ocho votos a favor, demostró su carácter faccioso al plantear que está por encima del Poder Legislativo, que tiene atribución soberana, como Constituyente Permanente, de reformar la Constitución. 

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“Ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni el Poder Judicial tiene la atribución jurídica alguna para revisar los actos de esta soberanía ni del Poder Legislativo y no puede, no debe la Suprema Corte de Justicia de la Nación erigirse como supremo poder, por encima del Poder Legislativo y del poder Ejecutivo y, sobre todo, del soberano que es el pueblo de México. 

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“Por esa razón esta presidencia plantea, con toda claridad y firmeza, que la elección de las personas juzgadoras se llevará a cabo el día primero de junio de 2025, lo quiera o no lo quiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación.”

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Ese individuo ignora que desde el sitio en que formuló sus declaraciones, no puede hacerlas, ni lanzar las amenazas que ha proferido. Al hacerlo ha dado a entender que lo que declaró es una opinión del Senado, lo que no es cierto; y no personal, que sí lo es. 

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Ignora que los presidentes de las Cámaras, como tales, sólo pueden actuar como moderadores en ellas y que les está vedado hablar en nombre de sus colegas, sin mediar un acuerdo debidamente emitido. Que no fue el caso.  

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Que se baje del alto sitial y que diga todas las cosas a las que nos tiene acostumbrado, pero que no usurpe las funciones de declarador oficioso de la Cámara a la que pertenece.

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La actual presidenta de la República, si quiere llevar la fiesta en paz y que las instituciones públicas tengan crédito y funcionen adecuadamente, debe dejase de andar asumiendo pleitos ajenos y comenzar a comportarse como una auténtica estadista, como jefa de estado y, como responsable de “Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones.” (art. 89, frac. XII). Por ello, más se debería inclinar por procurar tender puentes con el Poder Judicial, tal como está, y no andar asumiendo pleitos personales ajenos.

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Ya puestos en plan de pleito, los jueces, por su parte, podrían llegar al extremo de negarse a obsequiar las órdenes de aprehensión que le sean solicitadas por el Ministerio Público; y el Pleno de la Corte, por su parte, pudiera negarse a conocer y resolver las controversias en las que tenga interés la nación o la presidenta de la República. 

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A nadie conviene ese tipo de enfrentamientos, ni que un poder, como lo es el judicial, esté virtualmente paralizado.

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Quien resolvía los negocios públicos con las vísceras que tiene en el estómago, ya se fue. A nadie conviene, y menos a los mexicanos, que el enfrentamiento continue. Los tres Poderes de la Unión deben poner todo de su parte para solucionar el conflicto. El arreglo pasa, necesariamente, por la derogación del decreto de reformas al Poder Judicial.

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Ciertamente pudiera existir corrupción en algunos miembros del Poder Judicial, como también la pudo haber en la administración pública federal, pero la solución no es hacer que, por las faltas de unos pocos, tengan que pagar todos, incluyendo los inocentes. 

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No es a través de introducir un sistema de elección impracticable, como lo es el de pretender que la ciudadanía elija a los ministros, magistrados y jueces, como se combatirá y acabará la corrupción.

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Para Claudia Sheinbaum, como nueva presidenta, cualquier tipo de solución que dé al conflicto con el Judicial, pasa, necesariamente, por un enfrentamiento, al parecer no deseado, con su antecesor, padrino y mentor. Por ello, la posibilidad de llegar a un arreglo del problema, que no implique el sometimiento del Poder Judicial, pudiera estar, en principio, descartado.

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Mal andan las cosas desde el momento en que la propia presidenta, en el estado de Morelos, en la primera semana de su gobierno, sabiendo que la supuesta reforma constitucional está sub judice, en una farsa de consulta a la ciudadanía, haya preguntado a los presentes si están de acuerdo en que los jueces sean de elección popular.

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Puestos a pensar mal, existe otra posibilidad: que AMLO, en su perversa mente, para lograr que su pupila se consolide en el poder y logre la aceptación de todos, estire la liga lo que más puede y, llegado el momento de que estalle la crisis, permita que ella dé solución al conflicto con el Poder Judicial.

 

Ese problema, cuando menos para él, pudiera ser algo artificial. El dejar que ella se anote el mérito de haberlo solucionado, la afianzaría en el poder, denotaría que tiene independencia y que sabe negociar; todo ello con vistas a la sucesión de su hijo en el año 2030. 

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Esta posibilidad no va con la forma visceral de actuar del ex.

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Arsenal

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“Trampa de Morena para fregarse a la Corte”

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Francisco Garfias

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Excelsior

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Al oficialismo hay que decodificarlo. En este espacio celebramos el anuncio del “diálogo permanente” entre el oficialismo y la SCJN para resolver las diferencias provocadas por la reforma judicial

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Nos parecía un cambio de fondo con relación a las políticas excluyentes de López Obrador hacia los que piensan diferente. Su hostilidad hacia la Corte lo llevó al extremo de prohibir a Rosa Icela Rodríguez, entonces secretaria de Seguridad, tomarles la llamada a los ministros del máximo tribunal.

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El portador de la noticia del diálogo con el Poder Judicial “aun en las condiciones más difíciles” fue Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

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Lo hizo después de reunirse, el martes, con la presidenta de la SCJN, Norma Piña, quien acudió a la antigua casona de Xicoténcatl a la celebración de los 200 años de la instalación del Senado en México.

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Noroña precisó que en esa mesa de diálogo también participan la mencionada Rosa Icela Rodríguez, hoy secretaria de Gobernación; el líder de la mayoría en el Senado, Adán Augusto López Hernández, y él mismo.

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* El gozo, al pozo. En su “mañanera del pueblo”, la presidenta Sheinbaum dijo que se enteró por las redes de la reunión de la ministra Piña con el presidente de la Mesa Directiva del Senado.

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Y a pesar de que Noroña involucró en ese “diálogo permanente” a la ya mencionada Rosa Icela, la Presidenta se deslindó del supuesto acuerdo de diálogo.

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“No tengo conocimiento de la reunión. No sé qué se trató ahí. Fue una decisión del presidente del Senado. Lo que sí es importante que sepa la ciudadanía es que la reforma al Poder Judicial va”, puntualizó Sheinbaum.

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La postura de la jefa del Ejecutivo desató una cascada de especulaciones. Hay quien afirma que es un deslinde con dedicatoria a López Obrador, al que sigue llamando “presidente”.

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Pero el senador del PAN Ricardo Anaya tiene otra interpretación:

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“Yo no ubico que haya un diálogo entre el gobierno y la ministra, porque inclusive, en la mañanera de hoy, la Presidenta dijo desconocer esa reunión.

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“Tratan de hacer parecer que ya hay un acuerdo, pero es una trampa. Me parece que lo que hubo ahí fue una reunión en una sala de espera, previo a una sesión solemne a la que ella estaba convocada”.

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—¿Una trampa orquestada por Morena?, cuestionaron los reporteros.

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—A mí me parece que es un engaño de Morena decir que fue una reunión de acuerdos entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Eso fue un saludo en una sala de espera, y si acaso hay algún acuerdo, lo tendría que confirmar la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Prácticamente les puedo asegurar que es falso.

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* Ya encarrerado, el senador panista habló de otra trampa de Morena “para fregarse” al máximo tribunal.

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Se refería a los cambios en comisiones que el oficialismo le hizo, a la una de la mañana de miércoles, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para regular el proceso de elección de los nuevos juzgadores.

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La modificación le otorga derecho de veto a los tres Poderes de la Unión sobre candidatos a jueces y magistrados en los comicios de los nuevos juzgadores. En 2025 eligen a la mitad, y para 2027, la otra mitad.

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El oficialismo controla los poderes Ejecutivo y Legislativo. Allí lleva ventaja. Les falta el control del Poder judicial para eliminar el principio republicano de división de Poderes e imponer un régimen autócrata que denominan “Humanismo Mexicano”.

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El tribunal constitucional se integra con 11 ministros. Ocho se oponen a la reforma judicial, sólo tres están con el oficialismo: Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres. El mes próximo se va Luis María Aguilar. No se necesita un sesudo análisis para afirmar que lo suplirá un ministro afín a la 4T, que se sumará a las ministras pro 4T.

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“Se quitaron la máscara, le metieron turbo al autoritarismo. Ya no hay ninguna duda. Morena va por el control total y absoluto del Poder Judicial”, puntualizó el senador del PAN.

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El próximo sábado será la insaculación pública (sorteo) para determinar los cargos de los jueces que serán elegidos en junio de 2025.

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El Senado no contaba con el listado de la totalidad de cargos que podrán elegirse en 2025, pero de última hora el Consejo de la Judicatura acordó entregar la citada información a la Cámara alta.

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El gesto del Consejo de la Judicatura no fue impedimento para que Ricardo Anaya declarara: “Ese sorteo del sábado va a ser un atropello, porque ellos van a decidir cuáles son las vacantes; se va a decidir quiénes son los que ya dejan el cargo en 2025”.

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Juegos de poder

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El huracán que se nos viene

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Algunos piensan que, como el T-MEC es hijo de Trump, de ganar un segundo periodo presidencial el magnate ya no haría nada en materia comercial con México. Nada más equivocado.

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Leo Zuckermann

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Excelsior

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Ayer, el huracán Milton llegó a la península de Florida. Cinco millones de personas tuvieron que ser evacuadas. Gracias a la tecnología existente, hoy es posible ver la formación y desarrollo de un huracán y alertar a la población que puede ser afectada. Esto en el ámbito climatológico. Me atrevo a utilizar la metáfora del huracán porque se nos viene un fenómeno político que tendrá consecuencias negativas para la economía mexicana: las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

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Independientemente de quién las gane, nos caerá un huracán. Si triunfa Donald Trump será categoría cinco.

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México es el principal exportador de mercancías a Estados Unidos. Desde 2023, sobrepasamos a China debido a los aranceles que le puso nuestro vecino del norte a las importaciones de la potencia oriental. El proteccionismo comercial de los dos candidatos a la presidencia pone en peligro el éxito exportador mexicano que es, huelga decirlo, uno de los principales motores de la economía nacional.

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Durante su primer mandato (2017-2021), Trump ordenó una variedad de aranceles incluyendo a México y pese al Tratado de Libre Comercio que teníamos con ellos. Le importó un rábano porque Trump… pues, es Trump.

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De hecho, el gobierno de México tuvo que renegociar un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá: el T-MEC. Fue un proceso arduo que generó mucha incertidumbre sobre la economía mexicana. Algunos piensan que, como el T-MEC es hijo de Trump, de ganar un segundo periodo presidencial el magnate ya no haría nada en materia comercial con México.

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Nada más equivocado.

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Durante esta campaña, el republicano ha ido subiendo su tono proteccionista. Comenzó con la idea de imponer aranceles a todas las importaciones que llegan a su país si gana las elecciones. ¿Todas? Sí, todas, incluyendo las supuestamente protegidas por el T-MEC.

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Pero eso es contrario al tratado de libre comercio. Pues sí, pero es Trump que está acostumbrado a hacer lo que le venga en gana. “Demándenme”, dirá el presidente de Estados Unidos acostumbrado a litigios judiciales.

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En lo que son peras o manzanas, nuestras exportaciones estarían sujetas a un arancel, lo cual sería muy disruptivo para la economía mexicana.

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El tono proteccionista ha venido subiendo conforme se acercan las elecciones en noviembre. El 24 de septiembre, Trump prometió: “Impondremos un arancel de 100% a cada automóvil que cruce la frontera con México. La única manera de deshacerse de ese arancel es si quieren construir una planta aquí mismo en Estados Unidos, con ustedes operando esa planta” en referencia a los trabajadores de ese país.

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Hace tres días, la promesa de arancel subió de cien a 200%. “No permitiremos que esos autos entren a Estados Unidos”, afirmó el candidato.

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John Deere, la compañía que produce tractores y maquinaria agrícola, está trasladando parte de su producción de Estados Unidos a México. Cuando se enteró Trump, amenazó con poner un arancel de 200% a las importaciones de este tipo de equipos.

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Los consumidores estadunidenses sufrirían las consecuencias de una política proteccionista, ya que los precios de los productos con aranceles subirían generando inflación. Pero, como mencioné arriba, estamos hablando de Trump, quien es un chivo en cristalería capaz de todo con tal de ganar. Y en un segundo periodo lo tendríamos en esteroides, porque ya sabe cómo operar sin tener las restricciones de funcionarios que lo medio controlen como ocurrió en su primer periodo de gobierno.

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En suma, hay que irnos preparando porque, sin exagerar, se nos viene un huracán categoría cinco en caso de ganar Trump.

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Ahora bien, si Kamala Harris triunfa, tampoco pensemos que todo será un día de campo. Para nada. Será otro huracán, pero de una categoría menor.

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Los demócratas eran los tradicionalmente proteccionistas en materia comercial. Trump les robó esta agenda que ahora quieren recuperar.

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La administración de Joe Biden ya ha anunciado que la revisión del T-MEC en 2026 (la famosa cláusula sunset) será “incómoda” para México. Les preocupa la triangulación de exportaciones chinas vía nuestro país y asuntos energéticos pendientes.

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El 26 de septiembre pasado, la candidata presidencial demócrata tuiteó: “Como uno de los 10 senadores que votaron en contra del T-MEC, sabía que no era suficiente para proteger a nuestro país y a sus trabajadores. Muchos de los que votaron a favor de este acuerdo condicionaron su apoyo a un proceso de revisión que, como presidente, utilizaré”.

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Queda claro. Es un hecho. Se nos viene un huracán proteccionista. La duda es de qué tamaño será. La certeza es que debemos prepararnos.

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Número cero

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Planes de Sheinbaum sin fechas para dar resultados

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José Buendía Hegewisch

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Excelsior

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El aterrizaje del gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido muy forzado en el territorio indómito de los hechos, tras pasar una transición saturada de reformas heredadas. El choque con la realidad de grandes retos como la justicia y violencia extrema demuestra que, a pesar de su inmenso poder, tiene poco margen de tiempo para comenzar a dar resultados antes de que las circunstancias lo debiliten.

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Pero declina comprometer tiempos para abatir la inseguridad, a sabiendas del costo que pagaron sus antecesores por promesas incumplidas y el fracaso de sus políticas contra el crimen. No hay métrica para el mayor objetivo de reducir los asesinatos y la extorsión más que en el número reducido de concentrarse en seis estados; a partir de la idea de “neutralizar” a los generadores de violencia y redes criminales con investigación e inteligencia. Tampoco hay horizonte para conocer el éxito o no de su Plan Nacional de Seguridad, que presentó en medio de una tundra de hechos violentos que hielan la sangre en su primer mes en el cargo. Como los científicos, elude promesas que entren al terreno de la fantasía, prefiere referirse a sus éxitos en la CDMX y soslayar gráficas de homicidios de otras entidades o 171 muertos de la narcoguerra en Sinaloa. Lo que no se puede medir, tampoco evaluar.

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La reforma judicial acapara la agenda. Pero mientras los poderes institucionales debaten su constitucionalidad, implementación y viabilidad, el crimen organizado dicta sentencias de muerte que aterrorizan con crímenes macabros como el del alcalde de Chilpancingo, pero también en Guanajuato, el estado más violento, o el asesinato de migrantes en Chiapas a manos de militares. Desde el principio, las inercias del país salen a recibirla como la mayor oposición que encuentra su plan de seguridad, y que pronto pueden llevarlo al terreno de la imaginación o la ilusión, aunque quiera huir de ellas, cuando se constata el dominio del crimen, por ejemplo, en Guerrero.

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La terrible decapitación del alcalde de Chilpancingo supera los límites conocidos de la violencia política del narco, sin reacción contundente a las claras omisiones del gobierno de Guerrero, más allá de plantear la atracción del caso por la FGR. Al tiempo que la reforma a la justicia avanza dando tumbos entre errores legales y la dificultad material de llevarla a cabo en los tiempos previstos. La colisión con la Corte por la revisión de la constitucionalidad de ley quita claridad a su marcha, aunque está decidida a salvarla al costo también de la certidumbre en su resultado. Una reforma a la reforma no la anula, dice.

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El arranque de su gobierno con todo y control de Congreso parece en términos futbolísticos una aglomeración en el área de definición, donde los jugadores, agachados y agarrados, disputan el balón y, además, con la modificación de las reglas de juego a medio partido con la aprobación de leyes secundarias en materia judicial y electoral que cambian atribuciones del árbitro para organizar y conducir la elección de juzgadores por voto popular.

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En esa melé no puede haber claridad para la justicia ni certidumbre para estrategias de seguridad contra los puntos “rojos” de la violencia o cambios en la justicia que tocan los cimientos de la procuración y pilares del sistema político, por más que la Presidenta decida minimizarlos o dejar de verlos, quizá con la idea de que mientras menos se hable o menor importancia se les otorgue, también menor será el peso del encuentro con la realidad del país.

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Pero la seguridad y justicia son inseparables para reducir el delito, como reconoce uno de los cuatro pilares de su plan con la coordinación estrecha del gabinete de seguridad y la FGR y las estatales, de ahí pende el resultado de la principal apuesta de la estrategia para lograr que la investigación e inteligencia se traduzcan en carpetas de investigación. Aunque el legado de la reforma es otro choque frontal para sus estrategias, porque la reforma de justicia avanza contra o sin el Poder Judicial; las leyes secundarias, además, comprometen el marco electoral con cambios en la manera de funcionar del INE al calor de la organización de la elección de juzgadores.

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Tanto las inercias como el plan B pueden atrapar a Sheinbaum en una realidad pantanosa que dificulte la marcha del arranque de su gobierno. Entonces, puede entenderse por qué prefiere mejor no obligarse con fechas… y resultados.

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Astillero

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El supersecretario García Harfuch // Concentración de poder // Concertar a contrapuestos // General critica a marinos

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Julio Hernández López

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La Jornada

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A juzgar por los primeros pasos, tanto en hechos (Culiacán, la caravana inaugural) como en declaraciones (el anuncio realizado en la nueva mañanera), el futuro sexenal de la nación en materia de seguridad pública, específicamente en el frenaje eficaz de la espiral de violencia relacionada con el crimen organizado, dependerá de la habilidad concertadora y operativa del primer y acaso único superfuncionario claudista, Omar García Harfuch.

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Con cultivadas relaciones en los ámbitos policiales y militares, por sí mismo y por evocaciones o circunstancias familiares, y una hoja de servicios que a algunos, como al autor de los presentes teclazos, le parece perniciosa y peligrosa, García Harfuch tratará de nuclear bajo su mando a instituciones como la tortuguesca (a conveniencia) Fiscalía General de la República y las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, que suelen tomar gran distancia entre sí o confrontarse sin demasiado escándalo.

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Para ejemplo de esas fricciones internas sirven las expresiones videograbadas del general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 29 Zona Militar, con sede en Minatitlán, Veracruz, quien, entre arenga y regaño, advirtió a su uniformada audiencia, que se supone forma parte de la Guardia Nacional: ya olviden los pinches virus que les metían los marinos que estaban aquí y les metían ideas a ustedes del Ejército, de pendejadas; esos bueyes nunca estuvieron a gusto aquí y daban más problemas que ayudar.

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Sin conocerse la fecha en que esas palabras se pronunciaron, aunque, por el contexto, habría sido después de que fue aprobada por el Congreso federal la transferencia (ya no de facto, sino de jure) de la Guardia Nacional a la Sedena, el general (cuyas palabras no han sido desmentidas ni desaprobadas por sus superiores) fue claridoso: Ya se acabaron dudas. Ya olvídense de que la Suprema Corte; hasta la Suprema Corte va a mamar con el nuevo gobierno. Ni modo, eso quiso el pueblo de México y ya. Y ahí andaban ustedes que el Ejército ya no tiene por qué: la verga, mamaron.

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Gran habilidad política habrá de demostrar el ex jefe policiaco de la capital del país si es capaz de coordinar esfuerzos de tales instancias y hacer que se dirijan a objetivos específicos sin guardarse información, regatear personal, pelear por medallas o, peor, prestarse a intereses nacionales o extranjeros corruptos. Deberá conseguir que lo anunciado como continuidad de la estrategia obradorista de seguridad (enunciada para efectos de propaganda simplificadora como abrazos, no balazos) se convierta, por obra y gracia de los potenciados servicios de inteligencia, y la discrecional buena disposición de los mandos a concertar, en un paso (tan esperado y necesario) de contención y disminución de la violencia nacionalmente desbordada.

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También deberá encarrilar en ese proyecto de continuidad con cambio a los gobiernos estatales y supervisar, o acaso decidir, la designación de secretarios estatales de seguridad pública, posiciones hasta ahora usualmente definidas por los mandos militares desde la Ciudad de México, bajo la advertencia de que gobernador o gobernadora que no aceptaren las sugerencias de la Sedena o la Semar habrían de atenerse a sus propias fuerzas y recursos.

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Aun cuando es exageradamente temprano para visualizar aspiraciones presidenciales para 2030, lo cierto es que ya hay precandidaturas cantadas: Marcelo Ebrard, que así lo anunció en sus estertores posteriores a la resolución del corcholatazo marca CS; Gerardo Fernández Noroña, al asumir que no iría al gabinete claudista, y otros no explícitos, como Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex presidente, y, desde luego, García Harfuch, cuya popularidad y reconocimiento social serían muy altos si lograra reducir sensiblemente los índices nacionales de criminalidad; aunque no sólo a título estadístico o retórico, sino, sobre todo, con ética y principios a salvo, como señaló ayer la académica Teresa Rodríguez de la Vega en una mesa de análisis (https://goo.su/j4kwD).

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México SA

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Ferrocarriles de pasajeros // Prioridad a Pemex y CFE // No mercantilizar derechos

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Carlos Fernández-Vega

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La Jornada

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Revertir el profundo daño causado por el régimen neoliberal, recuperar la presencia del Estado en la economía en beneficio de la mayoría, erradicar la mercantilización de los derechos de los mexicanos y aprovechar para la nación los recursos que son de su propiedad es uno de los objetivos de la Cuarta Transformación, y si bien se avanzó durante la presidencia de López Obrador, falta camino por recorrer.

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De ahí la importancia del anuncio de la presidenta Sheinbaum: las reformas constitucionales en materia energética, así como las referentes a la recuperación de los ferrocarriles, fortalecen los derechos del pueblo de México al hacer de los trenes de pasajeros, de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad empresas públicas al servicio del Estado, es decir, de los mexicanos todos y no de un grupúsculo de barones y consorcios que a lo largo del régimen neoliberal de nuestro país hicieron su paraíso.

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Se trata, dijo la mandataria, de modificaciones fundamentales para recuperar el papel del Estado en ambos rubros. En el primer caso, permitirá consolidar la soberanía energética y especialmente el objetivo central de las empresas públicas (Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos), que no es mercantil, sino de servicio público.

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En el caso de los ferrocarriles, el impresentable Ernesto Zedillo sin más y a precio de regalo, los entregó a un par de consorcios (especialmente al del tóxico Germán Larrea) para explotar lo que el Estado mexicano construyó en casi un siglo, al tiempo que canceló el transporte de pasajeros que resultaba vital para la comunicación y abasto de innumerables comunidades diseminadas por la geografía nacional. Eso sí, al concluir su mandato se fue a trabajar a una de la empresas que benefició.

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Por lo que toca a Pemex y la CFE, Peña Nieto entregó todo al gran capital y anunció que las otrora paraestatales se convertirían en empresas productivas del Estado que competirán en igualdad de circunstancias con las trasnacionales de esos sectores, más las participantes por el lado del capital autóctono (beneficiario a manos llenas de la privatización), y para confirmarlo comenzó a subsidiar y financiar, con recursos públicos, a las empresas particulares, especialmente, pero no la única, a la española Iberdrola. Al mismo tiempo, el gobierno saqueaba las finanzas de la petrolera, la endeudaba hasta más no poder y dejaba en manos de los nuevos dueños todos los beneficios, aunque la mayoría de ellos no llegaron a producir un solo barril de crudo, pero sí a especular fuertemente con las concesiones, mientras se detenía la generación de energía eléctrica de la CFE para priorizar la privada con el fin de que ésta se quedara con el pastel completo.

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Un verdadero atraco a la nación, uno de tantos, disfrazado de modernidad y acceso al primer mundo que desmanteló al Estado, destrozó a millones de mexicanos, puso precio a sus derechos sociales e hinchó de ganancias e impunidad a una camarilla verdaderamente deleznable y dañina para los intereses nacionales.

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En el caso de la energía eléctrica, detalló: se busca consolidar que el sector público genere 54 por ciento de suministro de energía eléctrica, y los privados, 46; el modelo que se avaló con la reforma constitucional de 2013 desplazó el carácter prioritario de la CFE en favor de las empresas privadas. Así, la iniciativa de reforma constitucional que debe discutir la Cámara de Diputados esta misma semana contempla eliminar la definición que se les impuso de empresas públicas del Estado con la reforma de 2013, que las equiparaba con las empresas privadas y las obligaba a regirse por el derecho mercantil. Con ello, la propuesta actual pretende que regresen a ser empresas públicas para que se rijan por derecho público a fin de garantizar la preponderancia de la Comisión Federal de Electricidad en generación de energía eléctrica. Se busca eliminar las condiciones que les impusieron, las cuales precisamente les impedía ser productivas.

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Algo más: se respetarán los contratos actuales con la iniciativa privada (en materia eléctrica), pero vamos a sentarnos a platicar los términos en los que participará en el nuevo esquema. Es claro que la reforma le da preponderancia a la CFE. Entonces, a robar a otra parte.

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Las rebanadas del pastel

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Javier Milei es veneno puro para el bienestar social de los argentinos. Como sucedió aquí durante el régimen neoliberal, convierte derechos en mercancías (salud, educación pública, jubilaciones, etcétera) y no lo hace por motivos económicos, como asegura, sino por razones ideológicas. ¿Cuánto más lo soportarán?

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Agenda para el sexenio 2024-2030: con base en el bien común

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Orlando Delgado Selley

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La Jornada

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Tras la toma de posesión y los avatares de la reforma judicial, mucha de la atención se ha concentrado en el paquete económico de 2025. En particular, preocupa la consolidación fiscal: la reducción del déficit en las finanzas públicas que este año cerrará en 5.9 por ciento del PIB y que el nuevo gobierno ha expresado que reducirá a 3.5 por ciento del PIB en 2025. El asunto es relevante por supuesto, pero importa también enfatizar la perspectiva a largo plazo, es decir, la manera en la que el gobierno entrante se plantea actuar para conseguir las metas sociales comprometidas, manteniendo estabilidad económica durante los siguientes años.

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Para la construcción de esta perspectiva a largo plazo, la reciente reunión de la presidenta con Mariana Mazzucato es importante. Mazzucato es directora del Instituto para la Innovación y Propósito Público del University College London, que ha venido planteando en sus trabajos, tanto en publicaciones académicas como en estudios encargados por organismos como la Cepal, que es necesario convertir los retos estructurales en oportunidades estructurales para lograr el crecimiento inclusivo y la prosperidad compartida. Con esto en mente, ha señalado que América Latina, y por supuesto México, deben adoptar un nuevo enfoque en la inversión e innovación, al tiempo que ponen en marcha una estrategia industrial diferente a la instrumentada en el pasado.

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Se trata de trabajar con un modelo de desarrollo diferente, con una estrategia industrial que se proponga maximizar el beneficio público y que oriente las innovaciones y la inversión, tanto pública como incluso privada, a la creación de una economía más inclusiva y sostenible. En un artículo reciente publicado en El Trimestre Económico núm. 361, Mazzucato señala algo decisivo para la construcción de un futuro diferente: en un contexto de desafíos sociales y ambientales mayores es fundamental tener una dirección clara en la política económica que defina el camino.

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El modelo inclusivo tiene que mejorar la salud pública, sanear el agua, mitigar el cambio climático, reducir la desigualdad, garantizar una prosperidad compartida. Ello solo será posible en una trayectoria de crecimiento compartida, para la que es necesario crear capacidades, herramientas, instituciones y asociaciones para aprovechar la inteligencia colectiva y movilizar la acción colectiva. A esto Mazzucato lo denomina un enfoque de política orientada por misiones. En este enfoque es preciso incorporar la mirada que nos permite la noción del bien común. Esta noción propone que el gobierno actúe configurando mercados para que desarrollen capacidades colectivas.

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Aprovechar la idea del bien común permitiría que el gobierno que recién ha tomado posesión establezca objetivos claros, audaces y medibles, coordinando inversiones en innovación orientándolas hacia resultados socialmente deseables. Para lograr esto es necesario configurar los mercados con base en los principios del bien común. No se trata, como plantea la economía convencional, de corregir fallos de mercado. Se trata participar en la construcción de nuevos mercados con base en objetivos políticos claros, en los que concurra la colaboración, la coinversión y el codiseño de las acciones necesarias para estar en condiciones de conseguir esos objetivos.

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La reunión entre Sheinbaum y Mazzucato, abre una vía de trabajo en la que es posible proponer que el postulado del segundo piso de la 4T adquiera contenidos social y políticamente claros, con perspectiva a largo plazo. Este conjunto de ideas tendría que ordenar el Plan Nacional de Desarrollo, que la presidenta está obligada a presentar a consideración del Legislativo en unos meses. El Plan de Desarrollo 2024-2030 podría ser el lugar para proponerle a la nación un nuevo rumbo. Rumbo que estaría definido por el compromiso de metas sociales relevantes, no sólo en términos de la distribución de recursos fiscales en programas de apoyo a adultos mayores, a jóvenes construyendo futuro, jornaleros sembrando futuro, etcétera, sino en la construcción de un futuro compartido.

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Se trataría de movilizar la acción colectiva en torno a objetivos comunes. No solamente la acción estatal, sino la participación social en la construcción de herramientas y nuevas capacidades para abordar colectivamente los desafíos que nos propone el futuro, construyendo actores sociales basados en alianzas que promuevan la consecución de sus propios objetivos. Importa entender que el crecimiento económico no remite solamente a una tasa, sino también a una orientación específica. Orientación a la que habría que llevar el país en esta segunda etapa de la 4T.