Lo que dicen los columnistas

A un año del 7 de octubre

Se cumple un año de la incursión terrorista de Hamas en Israel y las consecuencias han sido devastadoras, por ejemplo: dos millones de gazatíes han sido desplazados, confinados a vivir en pobreza extrema enfrentando una crisis humanitaria.

Carlos Martínez Assad | Proceso

¿En dónde estamos a un año del asalto a Israel por parte de las brigadas de Ezzeldinee Al-Qassam, el brazo armado de la organización palestina de Hamas?

En el asalto del 7 de octubre de 2023 fueron asesinadas mil 200 personas entre israelíes y extranjeros. Varios de los 250 secuestrados están muertos, algunos fueron liberados en el único intercambio por palestinoss presos en Israel y nadie sabe las condiciones en las que se encuentran los que permanecen cautivos, incluidos algunos niños.

El Ministerio de la Salud en Gaza eleva a más de 42 mil la cifra de palestinos muertos por los bombardeos de la aviación del ejército de Israel y la invasión por tierra que tiene lugar. 

La política israelí está profundamente dividida, lo mismo que la sociedad de la que una buena parte se manifiesta contra las acciones del gobierno pidiendo que se oriente a la liberación de los rehenes.

La Autoridad Nacional Palestina está más debilitada que nunca.

Gaza es un montón de escombros. 

Dos millones de gazatíes han sido desplazados, confinados a vivir en pobreza extrema enfrentando una crisis humanitaria.

El prestigio internacional de Israel está muy comprometido, a la par que el de su primer ministro.

El grupo militar de Hamas ha resistido los más fuertes embates y el descabezamiento de su organización.

La población israelí vive con temor, obligada a correr a los refugios a diario ante el sonido de las alarmas por el embate de los cohetes y drones de Hamás que se hacen acompañar de los de Hezbolá.

Se cuentan 60 mil israelíes desplazados y más de cien mil libaneses en la frontera de Israel y Líbano, hasta que con las incursiones aéreas de principios de octubre la cifra se elevó a más de un millón de personas.

De las encuestas se desprende que 67% de los israelíes opinan que su ejército debe incrementar las acciones contra Hezbolá mientras los libaneses afirman que no quieren la guerra, con la excepción de un porcentaje de chiitas.

La Organización de las Naciones Unidas no ha contado con los instrumentos necesarios para una intervención eficaz, incluso el Consejo de Seguridad ha sido rebasado pese a la participación de la mayoría de países de acuerdo con una solución pacífica.

Ha sido la guerra en la que han muerto más periodistas y 220 funcionarios de los organismos internacionales.

Los palestinos de Cisjordania viven una guerra propia frente a los colonos israelíes que ha arrojado una suma elevada de muertos y de presos en las cárceles de Israel.

Con esta guerra Israel ha mostrado de nuevo su capacidad armamentística. 

Hamas triunfó colocando a Palestina en el centro de la atención mundial.

Líbano ha desplazado a Gaza como escenario de guerra.

Un alto al fuego resulta inalcanzable.

Hace un año mi posición era optimista en términos del arreglo al que se podía llegar, con una investigación que develara cómo pudo organizarse y ocurrir el asalto de Hamas, por qué no fue interceptada la milicia de Hamas y la autoridad tardó tanto tiempo en responder para acudir en la defensa de quienes vivían allí. 

La guerra avanzó sin contención alguna y los gazatíes eran desplazados; muchas voces exigían el alto al fuego, llegaba la ayuda humanitaria para los gazatíes y se vislumbraban negociaciones que permitieran llegar a algún arreglo. Ahora predomina el pesimismo por todo lo que ha sucedido y la incapacidad de las partes de llegar a acuerdos. 

No agrego nada nuevo, sino apenas algunos apuntes de lo que sucede hasta ahora. Menciono brevemente las más recientes cuatro guerras en Gaza desde 2008, hasta la de la violencia desatada en el Monte del Templo en 2021, lapso en el que perdieron la vida tres mil 500 palestinos y 90 israelíes, de acuerdo con las más variadas fuentes.

La solución, insisto, no aparece a la vista; Líbano es ahora el objetivo con la insistencia de liquidar a Hezbolá como ha pretendido hacerlo en Gaza con Hamas.

Ya debía entenderse que cien años de guerras intermitentes en esa región no han conducido a la paz que supuestamente los bandos buscan. Y el primer obstáculo es el mismo primer ministro Benjamin Netanyahu, con una posición guerrera que ni las protestas de sus connacionales han logrado convencer. Expresó recientemente: “No permitiré que Israel repita el error de Oslo”, en referencia a la parte de los acuerdos en que Israel se comprometió a dejar la Franja de Gaza y Cisjordania bajo el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina. Lo cual proyecta su intención actual de no retirarse de Gaza luego de acabar con Hamas, como había prometido. También lo calificó de  “disparate histórico” y “puente para la destrucción de Israel”.

Hay que agregar que no está solo en sus pensamientos y muchos de los integrantes de su gobierno le siguen, destacando Itamar Ben Gvir, el actual ministro de Seguridad Nacional. Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas, fue uno de los más radicales detractores del Plan de Separación de Gaza por Israel en 2005, encarcelado luego de encontrarle explosivos y combustible en su domicilio, alentadas las autoridades por las amenazas de dinamitar un puente relacionado con los asentamientos.

Por su parte, Orit Malka Stook, ministra de Asentamientos y Misiones Nacioanales, es líder de los colonos sionistas y fundadora de la organización de Derechos Humanos de Judea y Samaria (2004-2012). Apoyó a los médicos judíos que por sus creencias religiosas se niegan a atender a homosexuales.

En favor de encontrar una solución resulta enfática la posición del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que expresa su pensamiento. “El abastecimiento de armas, la prolongación de la guerra en Gaza y su extensión a Líbano pueden ser contraproducentes para la propia seguridad israelí”. 

La respuesta de Netanyahu fue inmediata: “Israel espera que sus amigos le respalden y no impongan restricciones que sólo fortalecerán el eje del mal”. Y consideró los bombardeos e invasión terrestre de Líbano como el camino adecuado para “la estabilidad, la seguridad y la paz en toda la región”. 

En un artículo aparecido en el diario Haaretz de Israel, de Ari Shavit, célebre autor de Mi tierra prometida, escribió: “Hemos sobrepasado el punto del no regreso, e Israel no puede poner fin a la ocupación ni detener la colonización para llegar a la paz. Parece que ya no es posible reformar el sionismo y salvar la democracia.  No hay ya el gusto de vivir en Israel”.

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Arsenal

Mensaje del narco en Chilpancingo: “yo mando aquí”

Francisco Garfias | Excelsior

Lo que ocurre en Chilpancingo es terrorismo. No se le puede llamar de otra manera. El alcalde opositor, Alejandro Arcos Catalán, fue decapitado por bandas de criminales, una semana después de haber asumido el cargo. Su cabeza fue colocada en el toldo de su vehículo. El resto del cuerpo fue dejado en el asiento del copiloto, cubierto con una manta.

Tenía sólo 43 años y el deseo de que lo recordaran “cuando ya no esté en este mundo” como un promotor de la paz, dijo en un video que subió a redes 48 horas antes de morir.

Las imágenes del salvaje asesinato se difundieron ampliamente en las redes sociales. La tendencia reflejaba rabia, indignación y el breve hartazgo de siempre.

En poco tiempo, el homicidio del alcalde opositor (fue postulado por la coalición PAN-PRI-PRD) será una estadística más, y lo más seguro es que quede impune.

Es el tercer asesinato de personas vinculadas a Arcos Catalán que se comete en la capital de Guerrero en menos de dos semanas. El mensaje del crimen organizado es claro a ciudadanos y autoridades locales: “Yo mando aquí”.

* Arcos sabía que estaba en peligro. En una entrevista con Manuel Feregrino, en Radio Fórmula, difundida el pasado viernes, pidió protección a las autoridades –estatales y federales– para él y para su equipo. Pero ni caso.

Apenas tres días antes había sido asesinado el secretario del ayuntamiento, Francisco Gonzalo Tapia, su mano derecha.

Su cuerpo quedó tendido en las inmediaciones de la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, en el Centro Histórico de Chilpancingo. Y el 27 de septiembre, mataron al capitán Ulises Hernández Martínez, exdirector de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal, quien se perfilaba para ser secretario de Seguridad Pública de Chilpancingo.

* A pesar de esos antecedentes, las autoridades estatales y federales fueron omisas y sólo voltearon a ver al alcalde, luego de que lo decapitaron.

La presidenta Sheinbaum lamentó el caso. Dijo que se colabora con la Fiscalía estatal y que se analiza si es necesario que la FGR atraiga el caso.

Y con esa manía que heredó de su predecesor, minimizó el caso: Chilpancingo, dijo, “no aparece dentro de los municipios con el mayor número de homicidios”. ¡Ah, bueno! Menos mal.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, puso un mensaje en su cuenta de X en el que condena “de manera enérgica” el asesinato del alcalde. Y avisó que ya iniciaron las investigaciones pertinentes para su esclarecimiento y para llevar a los responsables ante la justicia.

La Presidenta y la gobernadora deben abrir los ojos ante estos crímenes atroces que llevan un claro mensaje del crimen organizado: “Yo mando aquí”.

* El asesinato del edil lo enmarcan los expertos en la violenta disputa entre Tlacos y Ardillos, que han regado la región con la sangre de los guerrerenses.

La gente, sin embargo, venció el miedo y salió ayer a manifestar su indignación en el sepelio del alcalde. 

Entre los dolientes estaba la exalcaldesa, Norma Otilia Hernández, quien fue expulsada de Morena luego de la reunión que sostuvo con Celso Ortega Martínez, líder de Los Ardillos. Apenas detectada su presencia se multiplicaron los gritos de “¡fuera!”, “hipócrita”, “por tu culpa Chilpancingo está en esta situación” (Reforma, 7-10-24).

* Del tema hablamos con Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. “Está claro que en Guerrero deciden los narcotraficantes. Mataron a personas en campaña, a funcionarios y hoy matan al alcalde de la capital de una manera atroz y brutal.

Cuando le mencionamos que Arcos pidió protección, Moreira dijo: “Se tiene que hacer una profunda investigación del que no le dio la seguridad”. Ya encarrerado, dijo que Morena tiene que evaluar si el gobierno de Evelyn Salgado tiene capacidad para dirigir los destinos de una entidad tan importante.

* En el homenaje de cuerpo presente que se rindió en la Cámara de Diputados a doña Ifigenia Martínez y Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, fue leído el discurso que ya no pudo pronunciar el pasado 1 de octubre, cuando le puso la banda presidencial a la primera mujer Presidenta de México.

Le tocó al morenista Sergio Gutiérrez Luna, su posible sucesor en el cargo, dar lectura a sus palabras, que incluyeron un claro mensaje contra la polarización que tanto gustaba a AMLO.

“Hoy más que nunca necesitamos tender puentes entre todas las fuerzas políticas; dialogar sobre nuestras divergencias y construir, juntas y juntos, un país más justo y solidario. Es tiempo de altura de miras”.

Ése es el legado que le dejó Claudia Sheinbaum. México estará mejor si la escucha.

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Juegos de poder

Subir los costos de la reforma judicial

Las decisiones de los juzgadores deben ser obligatorias para todos

Leo Zuckermann | Excelsior

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que sí puede analizar la reforma judicial. Para tal efecto, ocho de los 11 ministros utilizaron un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF) que establece que el pleno de la Corte “velará en todo momento por la autonomía de los órganos del PJF y la independencia de sus integrantes”.

Esto abre la posibilidad de que, primero, la ministra presidenta, Norma Piña, decida si otorga o no una suspensión que podría congelar la implementación de la reforma judicial mientras el asunto se decide en el pleno de la SCJN. Luego los ministros tendrían que resolver la controversia de si la reforma constitucional en materia judicial es legal o no, ya sea por un problema de forma o fondo.

El tema es muy controversial desde el punto de vista jurídico. He escuchado opiniones de letrados de mucha reputación que piensan diferente. Hay quienes creen que la SCJN no puede detener una reforma constitucional y hay los que consideran que sí puede hacerlo.

Yo, como no soy abogado, no me meto en esta polémica. Lo que me interesa es analizar el tema político de la reacción del PJF a la reforma judicial.

Parto de la premisa de que los gobiernos saliente y entrante desacreditaron y defenestraron a todos los miembros del PJF. Por un lado, caracterizaron a los juzgadores como unos corruptos que sólo defienden los intereses de la oligarquía. Por el otro, de acuerdo a la reforma constitucional aprobada, tan pronto como el año que entra tendrán que dejar sus puestos para dejárselos a juzgadores directamente elegidos en las urnas. En otras palabras, los han pintado como deshonestos y los han despedido de sus trabajos.

Agraviados y sin chamba, ¿qué tienen que perder en toda esta historia?

¿Por qué deberían proceder al cadalso sin chistar?

En realidad, tienen todos los incentivos para hacer lo contrario, es decir, pelear, protestar, patalear y gritar. Subirle, todo lo que puedan, el costo a los morenistas del Ejecutivo y Legislativo, que los han insultado y decapitado. Producir una crisis constitucional que manche la reputación del gobierno entrante.

Por lo pronto, el Congreso ya ha desconocido órdenes de jueces que les impedía legislar en materia judicial. Y cuando el mismísimo gobierno desobedece órdenes de jueces se envía un mensaje ominoso al resto de la sociedad. ¿Por qué una persona física o moral debe obedecer fallos judiciales cuando instituciones gubernamentales no lo hacen?

En un Estado de derecho, las decisiones de los juzgadores deben ser obligatorias para todos. Los que las desobedezcan deben ser castigados.

Hacia adelante, la SCJN podría declarar que la reforma judicial no debe implementarse hasta no ser analizada por la misma Corte. Esto le impediría al Instituto Nacional Electoral (INE) proceder a organizar las elecciones judiciales para el año entrante. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo podrían rechazar esta resolución y presionar al INE para que sí comience con el proceso electoral. Esto generaría una crisis constitucional porque, ¿a cuál de los Poderes le harían caso las autoridades electorales?

El Ejecutivo y Legislativo tienen más poder real que el Judicial, porque cuentan con legitimidad social y, además, controlan las instituciones coercitivas del Estado. Pero no se debe menospreciar el alto costo de imagen política para el gobierno entrante por la existencia de un Judicial ordenando suspensiones sin que autoridades les hagan caso.

Más aún, imaginemos que la SCJN efectivamente le entra a analizar la reforma constitucional en materia judicial y la declarara ilegal, ya sea por deficiencias en la forma en que fue aprobada o por cuestiones de fondo. Los ministros actuales de la SCJN ordenarían la permanencia del statu quo ante por lo que jueces, magistrados y ministros permanecerían en sus puestos.

Ante esta decisión, ¿mandaría el Ejecutivo a la policía a removerlos de sus cargos?

¿Y si los juzgadores se encadenaran a sus escritorios?

Llevo, a propósito, el argumento de una posible resistencia social de los miembros del PJF a un escenario de enfrentamiento muy radical sólo para ilustrar que, además de los múltiples problemas para implementar una reforma que no tiene ni pies ni cabeza, el gobierno podría pagar altos costos por encararse con juzgadores dispuestos a subir al cadalso, dando toda la lata que se pueda.

Tienen todos los incentivos para hacerlo.

¿Por qué pensar que se dejarán cortar la cabeza sin hacer un desbarajuste?

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Astillero

¿Inteligencia y algo más de balazos? // Plan anticrimen en 10 ciudades // García Harfuch, pieza central // Sheinbaum, sin operadores en Congreso

Julio Hernández López | La Jornada

Con Omar García Harfuch cual pieza central de la máxima confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum, el plan federal de seguridad a anunciarse en próximos días implicará la búsqueda de bajar los índices criminales en 10 ciudades (correspondientes a cinco estados), mayor colaboración con agencias estadunidenses, supervisión definitoria del harfuchismo a designación de secretarios estatales de Seguridad Pública, más coordinación entre fiscalías (federal y estatales) con las autoridades claudistas y un mayor combate a la producción de fentanilo, huachicoleo, extorsión y tráfico de migrantes.

Al menos esto es lo que José de Córdoba, de The Wall Street Journal, ha publicado al asegurar que tuvo a la vista una presentación del plan que habrá de dar a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo con dicha información, los esfuerzos se centrarían en los estados de Colima, Guerrero, Chiapas, Sinaloa y Guanajuato, así como Ciudad Juárez, Chihuahua; Tijuana, Baja California, y Michoacán.

La apuesta del nuevo gobierno radica en el uso de inteligencia: Sheinbaum quiere repetir el éxito que tuvo en Ciudad de México, donde el número de homicidios se redujo a la mitad durante su mandato. Su jefe de seguridad, Omar García Harfuch, ahora secretario de Seguridad de México, trabajó en estrecha colaboración con las agencias policiales estadunidenses e impulsó la recopilación de inteligencia, la capacitación policial y mejora de los salarios. Los funcionarios estadunidenses dicen que esperan que la cooperación en materia de seguridad aumente durante la presidencia de Sheinbaum (https://goo.su/C0vS ).

No sugiere demasiados aires de avance del claudismo en San Lázaro la designación, en primera fase, del veracruzano Sergio Gutiérrez Luna para presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados, en relevo de la recientemente fallecida Ifigenia Martínez.

La instalación de quien fallidamente buscó ser candidato morenista a gobernador de Veracruz ha de inscribirse en la bolsa de Ricardo Monreal, quien propuso a Gutiérrez Luna y a Dolores Padierna, entre protestas de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, y de Gabriela Jiménez, quien de las cercanías de Felipe Calderón y Ricardo Anaya pasó a la oportuna conversión a las filas de Claudia Sheinbaum.

La colocación monrealista de Gutiérrez Luna subraya la condición desventajosa del poder presidencial recién llegado que hubo de aceptar, por disciplina encorcholatada, que la conducción de las cámaras quedara en manos de personajes que le son distantes, que le combatieron (Monreal) o desdeñaron (Adán Augusto López Hernández) y cuya historia política corresponde más al álbum del ahora ex presidente López Obrador.

No es poca cosa que la presidenta Sheinbaum carezca de operadores decisorios propios en las cámaras. El procesamiento de iniciativas de reformas de la doctora queda en el retorcible ámbito de dos personajes que no le tienen una necesaria lealtad. En momentos críticos, que llegaran a producirse, las decisiones podrían quedar en manos de instancias que a pesar de las facultades metaconstitucionales del presidencialismo mexicano (de acuerdo con el fallecido doctor Jorge Carpizo) no estarían necesariamente en Palacio Nacional, sino en otros aposentos.

Al extraño panorama del beltronismo expulsado del paraíso priísta se sumó ayer el anuncio de Sylvana Beltrones, hija de Manlio Fabio, de que hoy solicitará licencia temporal a la diputación federal que ocupa, para dedicarse provisionalmente a otras tareas. Sylvana llegó a su curul por la vía de representación proporcional (plurinominal); es decir, por decisión del comité nacional encabezado por Alito Moreno, de quien ahora se ha deslindado Manlio Fabio (sólo de Alito, no del PRI), quien es senador de primera minoría por Sonora y cuya predecesora fue su propia hija, ahora de licencia temporal. ¿Qué planean los Beltrones?

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México, SA

Banda de los ocho, alta traición // Sheinbaum: va elección judicial // Joe Biden y su paz asesina

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

En el descaro total, la banda de los ocho mete el acelerador a sabiendas de que comete un delito de lesa patria, que viola la Constitución –cuyo cumplimiento dice garantizar– y que se ha convertido en la cara visible y operativa del golpismo de la derecha. En síntesis, el Poder Judicial abiertamente en contra de la ley y de los intereses nacionales.

A esos ministros facciosos se les ha reiterado que es notoriamente ilegal su comportamiento, toda vez que parecen olvidar que contra las reformas constitucionales no proceden impugnaciones (Ernestina Godoy dixit). Pero insisten, en una suerte de embestida para desgastar, obstaculizar y dar largas a lo inevitable: entre otros elementos, la elección, vía voto popular, de jueces, magistrados y los propios ministros.

Pero la banda de los ocho permanece sorda, y prueba de ello es que ayer el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación “admitió tres nuevas consultas para analizar las impugnaciones contra la reforma al Poder Judicial de la Federación y dejó abierta la posibilidad de emitir suspensiones para frenar dicha enmienda constitucional. Por mayoría de seis votos contra cinco, rechazó proyectos de la ministra Lenia Batres Guadarrama que proponían al pleno aprobar que la Corte no pueda otorgar medidas cautelares en las consultas previstas en el artículo 11, fracción decimoséptima, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; es una reforma constitucional (ya promulgada) contra la cual no procede el juicio de amparo y como consecuencia tampoco la suspensión, de tal manera que si los juzgadores pudieran otorgar medidas cautelares no previstas en la ley estarían de facto legislando, lo cual contraviene o contravendría el principio de separación de poderes y podría llevar a un ejercicio desmedido del poder por parte de esta Suprema Corte” ( La Jornada, Iván Evair Saldaña).

Sin embargo, Luis María Aguilar Morales, ministro defensor de evasores fiscales como Ricardo Salinas Pliego, aseguró, cínicamente y sin mayor sustento que su muy devaluada palabra, que la Corte sí puede emitir suspensiones contra la reforma constitucional; contrario a lo sostenido en el proyecto (de Lenia Batres), el hecho de que la legislación orgánica del Poder Judicial de la Federación no regule expresamente la posibilidad de conceder la suspensión de los actos o normas en este tipo de procedimientos no puede entenderse que no esté permitido; puede concederse en los casos en los que la naturaleza del acto o la norma lo permita previa ponderación del ministro o ministra ponente sobre la apariencia del buen derecho y del interés social. Y se quedó tan tranquilo.

Aun así, la presidenta Sheinbaum advirtió que si por alguna razón la Corte no envía las vacantes que son necesarias para la convocatoria (de elección de jueces, magistrados y ministros), el Senado de la República utilizará la información disponible públicamente para poder realizar esta convocatoria. Como ven, la reforma al Poder Judicial ya fue aprobada, es constitucional y va a iniciar ya en unos días, después de la aprobación de estas dos iniciativas de ley (la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ya las entregó al Legislativo), el proceso electoral. Ese par de leyes (General de Instituciones y Procedimientos Electorales y General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral), tienen el objetivo de hacer más clara o detallar lo que no viene en la Constitución de la reforma constitucional al Poder Judicial para que a partir del 15 de octubre salga la convocatoria del Senado de la República. Dicha elección, con carácter federal, está programada para el primero de junio de 2025, por mayoría y voto directo de la ciudadanía. Nada ni nadie la detendrá.

Por su parte, la titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy, explicó: Las citadas reformas tienen como objetivo garantizar los principios rectores en cada una de las etapas del proceso electoral para los cargos de elección del Poder Judicial, para dar legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y transparencia, y, con los medios de impugnación, garantizar la tutela efectiva durante el proceso electoral.

Las rebanadas del pastel

Cínico hasta las cachas, Joe Biden dice que quiere paz en Medio Oriente, pero calla que sólo desde el 7 de octubre de 2023 su ayuda militar a Israel, para que éste siga con el genocidio en Palestina, sumó más de 17 mil 900 millones de dólares, a razón promedio diario de 49 millones de billetes verdes (alrededor de mil millones de pesos cada 24 horas). Pero quiere paz.