Lo que dicen los columnistas

¿Puede la SCJN con fundamento en una ley declarar inconstitucional la reforma constitucional en materia judicial?

Con independencia de que guste o no el contenido de la reforma constitucional, las reglas jurídicas están muy claras y no le otorgan facultades a la Corte para invalidar la reforma constitucional en materia judicial.

Ernesto Villanueva | Proceso

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) actualmente evalúa una solicitud de jueces y magistrados que busca que declare inconstitucional la reciente reforma constitucional en materia judicial, con fundamento en una ley secundaria. En circunstancias normales, esta cuestión no debería siquiera ser objeto de debate, pues los procedimientos para resolver esas cuestiones son claros y precisos. No obstante, hoy el país asiste a una polémica que, en esencia, debería ser inexistente, lo que exige hacer algunas reflexiones sobre el fondo del asunto. Veamos.

Primero. Diversos jueces y magistrados federales han solicitado al pleno de la SCJN que evalúe si el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre, que contiene las reformas constitucionales en materia judicial, es compatible con los principios de independencia y autonomía judicial establecidos en el Artículo 11, fracción XVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF). 

Dicha fracción dispone que la SCJN debe velar por la autonomía de los órganos del Poder Judicial y la independencia de sus integrantes, otorgándole facultades específicas para resolver controversias internas. Sin embargo, resulta a mi juicio muy forzado interpretar que esta disposición faculte a la SCJN para declarar inconstitucional una reforma a la Constitución hecha conforme al procedimiento previsto por la misma normativa suprema. 

Las atribuciones allí señaladas están enfocadas a la interpretación y aplicación de los artículos constitucionales dentro del ámbito judicial, no a la anulación de partes de la propia Constitución. 

A diferencia de otros países (como Alemania, artículo 79 (3) o Brasil artículo 60 (4)), donde ciertos temas o principios están expresamente vedados al Poder Reformador de la Constitución (las conocidas cláusulas pétreas o inamovibles), en México cualquier reforma constitucional debe apegarse al proceso previsto en el Artículo 135 de la Constitución, sin que haya restricciones o salvedades de las atribuciones del citado Poder Reformador para efectuar reformas, siempre y cuando cuente con las dos terceras partes de los miembros presentes de cada cámara del Congreso de la Unión más la mitad más una de quienes integran las legislaturas locales.

Segundo. La solicitud en cuestión no es procedente por varios motivos, entre los que habría que destacar los que a continuación se apuntan: a) El principio de jerarquía normativa y la supremacía constitucional, establecidos en el artículo 133 constitucional y reconocidos doctrinalmente, así como por la jurisprudencia de la SCJN (por ejemplo https://bj.scjn.gob.mx/doc/tesis/ZvhxMHYBN_4klb4Hm3E6/art%C3%ADculo%20133%20constitucional%20) establecen que la Constitución es la ley suprema en México. Ninguna ley secundaria, reglamento o disposición administrativa puede contradecirla, y si lo hacen, carecen de validez y aplicación. 

La supremacía constitucional garantiza que todas las leyes, actos y decisiones de los poderes públicos sean compatibles con los preceptos de la Constitución, lo que impide que cualquier norma de rango inferior pueda prevalecer sobre el texto constitucional. Este principio es fundamental para mantener la coherencia y estabilidad del sistema jurídico; y b) Las leyes secundarias, como la LOPJF, están subordinadas a la Constitución. Las reformas constitucionales, una vez promulgadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, prevalecen sobre cualquier ley secundaria y son de cumplimiento obligatorio para todas las autoridades del país, sin excepción. Esta jerarquía normativa asegura que cualquier ley inferior se ajuste a las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión y las legislaturas locales siguiendo las reglas dispuestas en el citado artículo 135 de la propia Constitución, lo cual consolida el orden constitucional y evita conflictos normativos entre diferentes niveles legislativos.

Tercero. Además, hay otros argumentos que refuerzan la improcedencia de la solicitud: a) Si una reforma constitucional modifica disposiciones que afectan facultades de la LOPJF, esta ley debe adaptarse al nuevo marco constitucional; b) Las reformas constitucionales requieren un consenso mayor que las leyes secundarias, pues necesitan el respaldo de dos terceras partes de las Cámaras del Congreso y la mayoría de las legislaturas estatales, lo que las sitúa en una posición de preeminencia sobre las leyes ordinarias, que sólo requieren la aprobación por la mitad más una de los miembros presentes de las dos cámaras del Congreso; c) El Artículo décimo segundo transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia judicial establece expresamente que “se derogarán todas las disposiciones que se opongan” a la reforma, eliminando así cualquier conflicto normativo, y d) La Constitución no sólo es la norma suprema, sino también el marco que regula los derechos fundamentales, las obligaciones del Estado y los mecanismos de control entre los poderes públicos. 

Este principio asegura que todas las normas jurídicas se ajusten a la Carta Magna, lo que garantiza su supremacía y estabilidad. Con independencia de que guste o no el contenido de la reforma constitucional (que sin duda pudo ser mucho mejor que lo aprobado y en estas páginas he publicado mis posiciones sobre el tema) las reglas jurídicas están muy claras y no le otorgan facultades a la SCJN para invalidar la reforma constitucional en materia judicial.

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De naturaleza política

Ningún sexenio más violento…

Enrique Aranda | Excelsior

¿Cuándo dejará de evidenciarse la plagiaria?

Ni siquiera en el ámbito educativo o en el de la salud, que, pese a su insostenible optimismo, cerrará el sexenio exhibiendo niveles de calidad y eficiencia muy por debajo de los que habitualmente se ofrecen en Dinamarca, la gestión de Andrés Manuel López Obrador debe reconocer resultados peores que los citados en materia de seguridad y combate al crimen organizado que hoy por hoy, por difícil que resulte aceptarlo, avanza de manera incesante en el control de vastos territorios ante la incapacidad, indolencia o complicidad  de autoridades de todos los niveles de gobierno, el federal de manera destacada…

Días escasos antes del cierre de la gestión del tabasqueño, en efecto, pocas afirmaciones resultan más grotescas para la ciudadanía que las referidas a la supuesta reducción de los niveles de violencia y criminalidad logrados en los últimos años dado que, si bien en verdad que indicadores en materia de robos a transeúntes y casa habitación o plagios evidencian caídas, ninguna realidad resulta más evidente e insultante que el público accionar de las bandas del narcotráfico ante la inacción resultado de órdenes recibidas “de arriba” o la mirada casi podría decirse que “complaciente” de las  Fuerzas Armadas.

El “regado de cadáveres” producto del enfrentamiento que en las últimas semanas mantienen las distintas facciones del Cártel de Sinaloa, tanto en esa entidad donde el (des)gobierno del impresentable Rubén Rocha Moya brilla por su ausencia, como en Sonora, Chihuahua, Morelos, Guanajuato, Tabasco y otras entidades, confirma lo dicho líneas arriba, igual que la estadística oficial, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para ser exactos, que ubica al saliente régimen como el más violento de la historia reciente, con más de 198 mil homicidios dolosos acumulados hasta ayer: 23% más que los 156 mil 066 reportados en el período del priista Enrique Peña Nieto, 40% arriba de los 120 mil 463 del panista Felipe Calderón Hinojosa y 70% sobre los 60 mil 280 de Vicente Fox Quezada del blanquiazul.

Grave lo anterior sí, y mucho más cuando se comprueba con datos en la mano que lejos de tender a disminuir la escalada de violencia alentada por los grupos criminales que se disputan el territorio, amenaza acrecentarse y ganar celeridad incluso, como resultado de la impunidad con que aquellos operan, insistamos, ante la probada incapacidad, indolencia o franca colusión de autoridades de los tres niveles. ¡Vaya triste escenario éste, cuando estamos a sólo unos días de concluir el sexenio!…

Descanso

* Preocupante, por decir lo menos, el renovado embate de los enemigos de la vida que, encabezados ahora por la diputada *Tania Nanette Larios Pérez, priista, promueven una nueva iniciativa de reformas al Código Penal de la Ciudad de México con miras a formalizar la despenalización total de la práctica criminal del aborto e incluso la desaparición del término de la legislación. Uf…

* A la vista ya la conmemoración del décimo aniversario de los lamentables hechos que en 2014 cobraron la vida de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero, lo único prudente es reiterar que, pasados los años, la única verdad prevaleciente sobre lo ocurrido en esa noche en Iguala y el basurero de Cocula no es otra que la “verdad histórica”. En el gobierno actual lo saben…  

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Juegos de poder

Lo bueno del sexenio de López Obrador

Hubo un manejo razonablemente responsable de las finanzas públicas.

Leo Zuckermann | Excelsior

Siempre he sostenido que todo gobierno es un conjunto de claroscuros. Rechazo a los que piensan que todo fue positivo como a los que sostienen lo mismo en negativo.

Me quedan tres artículos antes de terminar este sexenio y voy a dividir así, en una trilogía, mi evaluación del gobierno del presidente López Obrador usando un cliché que viene de la película de Sergio Leone: lo bueno, lo malo y lo feo.

Comienzo con lo bueno.

El incremento de 110% en el salario mínimo entre 2018 y 2024. Reconozco que soy de los que creía que un aumento así generaría inflación. Sin embargo, durante el sexenio pasado, Salomón Chertorivski me convenció que no era así y resultaba urgente comenzar a aumentar el salario mínimo. Esto pasaba por aprobar una ley para desvincular esta variable con otras. Por ejemplo, se usaba el salario mínimo para definir las multas de tránsito. Esto ocurrió el sexenio pasado dejándole a AMLO la posibilidad de incrementar el salario mínimo sin que otros precios subieran de inmediato.

El fin de la tercerización laboral. Este gobierno terminó con el llamado outsourcing. A través de este mecanismo, los empleadores dejaban de pagar las prestaciones a sus empleados, quienes quedaban desprotegidos. No tenían ni Seguro Social ni Infonavit ni otros privilegios que les otorgaba la ley laboral. Como suele suceder en México, se abusó de la figura legal del outsourcing dejando a millones de trabajadores a la intemperie. No es que ya se haya resuelto del todo, pero muchos empleados recuperaron sus derechos laborales.

El aval para la firma de un nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Retóricamente, el Presidente ha despotricado contra el neoliberalismo, pero pragmáticamente hizo todo lo posible por mantener una de las joyas de la corona de las políticas neoliberales. Me refiero a la apertura comercial y, en particular, a la integración económica con nuestros vecinos del norte.

Amenazados por el presidente Trump, que quiso salirse del tratado original, el gobierno de Peña comenzó la negociación de un nuevo acuerdo que terminó con el aval y la aprobación de López Obrador.

Respeto a la autonomía del Banco de México. Otra de las joyas de la corona del neoliberalismo, honrada a cabalidad por esta administración, que destruyó muchos órganos autónomos del Estado, pero no la que maneja la política monetaria. Esto dio estabilidad macroeconómica incluyendo una inflación relativamente baja.

Manejo razonablemente responsable de las finanzas públicas. Otro elemento de la doctrina neoliberal asumida por este Presidente. Este gobierno recibió unas finanzas públicas sanas. Pudo gastar más gracias a un programa de austeridad y un buen esfuerzo de recaudación. No obstante, incurrieron en déficits fiscales cada año, aunque bajos. Contra lo que prometió en campaña, el gobierno sí se endeudó. Este último año se deschongaron y elevaron el déficit a 6% del Producto Interno Bruto. Le heredarán un problema fiscal a la próxima administración, pero al final no resultó tan desastroso el manejo de las finanzas públicas como muchos esperábamos.

El programa de transferencias directas a los adultos de la tercera edad. Es el mejor programa social de este gobierno. Los ancianos de este país se merecen una ayuda del Estado, tomando en cuenta la situación tan precaria de los bienes públicos que existen, en particular el sistema de salud. El reto al futuro no sólo es sostener este programa, sino conseguir los fondos para financiarlo en la medida en que la población mexicana está envejeciendo.

Mujer Presidenta. Hay muchas dudas de qué tipo de mandataria será Claudia Sheinbaum, pero celebro que López Obrador haya decidido que la candidata de Morena fuera una mujer. Junto con Xóchitl Gálvez, nos dieron la posibilidad a los mexicanos de elegir a una de ellas para convertirse en Presidenta. Ya era hora. Ojalá esto sirva para bajarle los niveles de testosterona a la política nacional.

Internet para todos. Lo prometió el Presidente, aunque no lo cumplió a cabalidad. Y es que, hoy, al igual que la electricidad y el agua potable, el acceso al internet es fundamental para tener mejores oportunidades económicas en la vida. Como liberal, no me opongo a la intervención del gobierno para llevar internet barato, incluso gratis, a las comunidades más pobres y alejadas del país. Se trata de un asunto de justicia social. Lástima que no le dedicaron más recursos a este programa.

Mañana: lo malo del sexenio de AMLO y el lunes, lo feo.

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Astillero

Yunes Márquez pasa por su pago // Sarcasmo: ¡Comisión de Justicia! // No habrá representación de España // Inaceptable exclusión del rey

Julio Hernández López | La Jornada

No tardó Miguel Ángel Yunes Márquez en recibir pago político por el grotesco episodio que, junto a su padre, escenificó el pasado 11 al subastar su voto para que pudiera alcanzar mayoría calificada la propuesta presidencial de reforma judicial.

El destino convenido es una burla explícita: secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, a pesar de que justamente los principales problemas de los Yunes en los últimos años han sido las acusaciones formales de violaciones a las leyes, a tal grado que el ahora cuasimorenista libró órdenes de aprehensión en su contra mediante un amparo que le permitió tomar posesión de su escaño y mandar a la congeladora las denuncias en su contra. Igualmente, su padre y sus hermanos han sido señalados como infractores de normas de… justicia.

Con toda oportunidad se mencionaron los arreglos de los Yunes con mandos morenistas: impunidad para la familia veracruzana a cambio del voto 86 para completar la mayoría calificada en el caso de la citada reforma judicial (otra ironía: negociaciones sucias para conseguir una reforma que pretende limpieza justiciera). El articulista Ricardo Raphael aseguró el lunes 9 de los corrientes que el viernes anterior se habían reunido, a mediodía, Adán Augusto López Hernández, jefe político del Senado, y los dos Miguel Ángel Yunes, padre e hijo (https://goo.su/M1ws). En dicho texto se adelantó que Yunes Márquez sería el traidor, que pediría licencia para dar paso a su padre, que es su suplente, y votaría en el sentido deseado por Morena y sus aliados.

Además, Adán Augusto se comprometía a desaparecer o diluir los expedientes judiciales de los Yunes y a respetar los cotos políticos de la familia en los municipios de Veracruz y Boca del Río; probablemente, en esos temas regionales, por la vía igualmente justiciera del Partido Verde Ecologista de México.

Un añadido en el tianguis de las especulaciones ha asegurado que Yunes Márquez habría negociado integrarse abiertamente a la bancada de Morena en el Senado, ya con el PAN en proceso de expulsarlo. Ante el revuelo que causó tal posibilidad, que al menos la pospuso, Adán Augusto consiguió que la presidenta electa recibiera al coordinador de los senadores y al desertor del panismo. Sheinbaum argumentó, sin mayores elaboraciones, que Yunes Márquez deseaba conocerla, y por ello le había abierto las puertas de su oficina.

No ha ingresado formalmente al morenismo, aunque sí al diseño de estrategias del partido guinda en el Senado. Además, Morena le ha cedido un lugar en la Comisión de Justicia, según reconoció ayer en una rápida entrevista mientras caminaba: se dice que esa posición es de Morena, le planteó un reportero, a lo que Yunes Márquez respondió: sí, me invitaron como una posición de ellos. Pero eso no significa que esté todavía en la bancada. Me invitaron a participar y voy a participar (https://goo.su/rjTXm).

En la sesión senatorial iniciada ayer, sobre la formalización de la administración y operación de la Guardia Nacional por parte de la Sedena, se esperaba el voto a favor, el 86, del virtual neomorenista Yunes.

El Reino de España decidió no asignar ningún tipo de representación a la ceremonia de investidura de Claudia Sheinbaum debido a que la invitación del caso fue enviada solamente al gobierno de aquel país, con la inaceptable exclusión del rey Felipe VI, quien ha asistido a decenas de ceremonias similares como máxima figura protocolaria del armado constitucional hispano. El diferendo da continuidad a los distanciamientos y enfriamientos de relaciones diplomáticas suscitados a partir de la exigencia del presidente López Obrador, en 2019, de que la nación ibérica pidiera perdón por los excesos cometidos por los colonizadores.

Y, mientras sube la tensión en vísperas del décimo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Guerrero, incluso con detonación de petardos en oficinas de gobierno de la Ciudad de México, como sucedió en Gobernación y, ayer, en el Senado.

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Primero los pobres no es sólo una frase política, es la política

Juan Becerra Acosta | La Jornada

Así como en la Edad Media se sometió a las mayorías bajo la amenaza del infierno y la promesa del paraíso bajo la mirada inquisidora y brazo armado de una religión que como llenaba de oro sus bolsillos repartía condenas infernales o vendía parcelas celestiales, durante las últimas décadas los grandes capitales coludidos con gobiernos condujeron a la humanidad a una época de oscurantismo fanático y adoración a un nuevo dios todopoderoso, el dinero, cuyo gasto se convirtió en el cielo y su carencia en el averno. Bajo el modelo neoliberal la capacidad de gasto determina la calidad humana y el premio o el castigo son inmediatos: riqueza o pobreza.

Los impulsores del neoliberalismo en México prometieron que con este modelo se aceleraría el crecimiento y con ello disminuirían la pobreza y la desigualdad. El resultado fue opuesto. No se cumplieron las promesas y la brecha de desigualdad aumentó sumiendo en la miseria a millones de personas. Las fuentes internas de crecimiento se sofocaron llevando a que la desigualdad no sólo se diera entre las personas, también entre los países. Bienestar para la familia fue el lema de campaña de Ernesto Zedillo; ¿la familia de quién?, habríamos de preguntarnos.

Los derechos dejaron de serlo para convertirse en privilegios y la libertad se obtuvo sólo a través del gasto. Como unos pueden gastar más que otros, los pobres perdieron libertades, causando con ello no sólo una crisis económica, también social. Bajo ese modelo de competencia como característica esencial de las relaciones sociales, todo intento por limitarlo fue opuesto a lo que se entiende por libertad.

La reducción de inversión estatal afectó a los más pobres a quienes se marginó al privatizarse sus derechos para convertirlos en privilegios. La seguridad social dejó de garantizar servicios elementales a los cuales sólo pudieron acceder quienes tenían la capacidad de pagarlos. La desigualdad se volvió virtud de un modelo que convirtió al gasto en sacramento. Las personas dejaron de ser sujetos de derechos para convertirse en consumidoras cuyo principal ejercicio democrático fue comprar y vender. Ello premió un falso merecimiento para castigar una supuesta ineptitud.

Para evitar continuar con el debilitamiento de la capacidad del Estado en atender las necesidades sociales y lograr un desarrollo compartido, fue necesario iniciar en México una transformación. Se dio en 2018 a través de una revolución pacífica y democrática que por mandato popular atendió primero a los pobres para así beneficiar a todos. Primero los pobres no debe entenderse como una frase política, sino como una política que a través de distintas acciones busca disminuir las desigualdades y desventajas para abolir antiguas y nocivas prácticas con las que se marginó a los pobres impidiéndoles el acceso a tener las oportunidades para salir de su pobreza. Es decir: para salir de la pobreza había que pagar, así de absurdo y miserable.

La transformación iniciada en 2018 está a menos de una semana de comenzar lo que se ha llamado el segundo piso. Claudia Sheinbaum, quien rendirá protesta como la primera mujer presidenta de México el 1º de octubre, está comprometida a continuar la construcción de igualdad y a combatir la discriminación en cualquiera de sus expresiones. Seguirán los aumentos al salario mínimo y los programas de bienestar, mismos que se convertirán en derechos constitucionales.

La austeridad es un principio y el humanismo una distinción, señaló hace tres días la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Mientras se respete su llamado a no creer en el consumismo ni en el poder del dinero, y así creer en un pueblo de libertades y justicia, en un México soberano y democrático en el que el pueblo mande, la transformación que vive el país –la cuarta– podrá finalmente resolver los aún pendientes de las tres anteriores. Las luchas de Independencia, Reforma y del movimiento revolucionario tienen principios pendientes, resolverlos terminará de enterrar las herencias virreinales que lamentablemente parecen estar aún vigentes en un sector de la población que por miedo o ignorancia se muestra incapaz de comprender el bien común, debido a que concibe a los derechos como privilegios, y a los privilegios como algo de su propiedad. Por ello la 4T es y debe continuar siendo una transformación cultural y de principios.

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México SA

Adiós, Vulcan-Calica // No más devastación // Lástima, Felipillo

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

En reiteradas ocasiones, el presidente López Obrador propuso a la trasnacional estadunidense Vulcan Materials consensuar, negociar, llegar a acuerdos, para poner fin a la devastación ecológica que, desde tiempos de Miguel de la Madrid y con el visto bueno de los otros cinco gobiernos neoliberales, su empresa Calica llevó a cabo por cerca de cuatro décadas–originalmente en sociedad con Ingenieros Civiles Asociados (ICA)– en la zona de Playa del Carmen, Quintana Roo, en donde obtenía piedra caliza para exportarla masivamente a Estados Unidos. El consorcio sistemáticamente se negó, recurrió a instancias internacionales y se plantó en su macho de que de ahí nadie la sacaba.

Pero se equivocó, porque finalmente el presidente López Obrador declaró área natural protegida, con categoría de área de protección de flora y fauna, una amplia zona (53 mil 227 hectáreas) de los municipios de Solidaridad, Cozumel y Tulum, en Quintana Roo, y tal declaratoria incluye los terrenos en los que operaba Vulcan Materials, por medio de su empresa Calica. El respectivo decreto se publicó el pasado lunes en el Diario Oficial de la Federación y ayer entró en vigor, de tal suerte que no hay vuelta de hoja. Lo único que conserva para sí la altanera cuan chantajista trasnacional es el berrinche que hizo al enterarse de tal decisión.

Así, el citado decreto establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, debe proteger, administrar, manejar, preservar y restaurar los ecosistemas y los elementos del área de protección de flora y fauna Felipe Carrillo Puerto, así como vigilar que las acciones que se realicen dentro de esta se ajusten a los propósitos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de su reglamento en materia de áreas naturales protegidas, del presente decreto y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Y subraya que el artículo 27 constitucional establece que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público y el Estado dictará las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques (…) para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

Así, Vulcan Materials se quedó con las ganas de seguir devastando la zona; desperdició la oferta presidencial y, en territorio nacional, se quedó con las manos vacías. No registró que se acabaron los tiempos en los que los gobiernos neoliberales todo le dieron y permitieron, especialmente en tiempos de Zedillo y su entonces secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Julia Carabias.

Sobre esto último, el presidente López Obrador ha dicho que los gobernantes neoliberales autorizaron a dicha trasnacional explotar un banco de materiales en Playa de Carmen, junto al centro vacacional Xcaret. Pero con Zedillo-Carabias, Vulcan Materials obtuvo permiso para extraer piedra caliza, incluso utilizando dinamita, amén de que violó todas las leyes ecológicas. Ese material se lo llevan a Estados Unidos destruyendo nuestro territorio. Es hipócrita levantar la bandera de evitar el cambio climático y al mismo tiempo destruir el territorio. ¿Dónde están los ambientalistas? ¿Con qué autoridad ética hablan de defender el medio ambiente si no se protegen estas cosas?

También en el gobierno actual, la Semarnat detalló que “la explotación de roca caliza, que se prolongó por más de tres décadas, es considerada el desastre ambiental más grande de la península de Yucatán… Afectaron manglares, selvas, fauna y destruyeron 42 millones de metros cúbicos de suelo cárstico, que requiere millones de años en formarse, y equivale a mil 835 pirámides de Kukulcán, en Chichén Itzá; quedaron devastados al menos tres cenotes, el uso de explosivos contaminó el agua y se retuvieron más de 40 millones de metros cúbicos de agua subterránea, 20 veces más el volumen autorizado a la empresa”.

Las rebanadas del pastel

Qué tristeza: el gobierno español no participará en ningún nivel en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, porque es inaceptable la exclusión del rey Felipe VI (léase no lo invitaron). Tal vez, lo hubieran hecho si las autoridades de España mostraran las actas electorales que lo llevaron al trono, como ellas mismas, duro que te dale, exigen a terceras naciones como prueba de democracia.