¿Quiénes tienen interés legítimo para ampararse contra la reforma judicial?
Cualquiera con carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación tiene interés legítimo para impugnar el sistema de elección de titulares de tribunales y juzgados, pues a esos cargos ya no podrán acceder con sus propios esfuerzos.
Luis Miguel Cano López | Proceso
Creo haber compartido los precedentes necesarios para evidenciar que el amparo es procedente contra el procedimiento de reforma constitucional al Poder Judicial, así que ahora me enfocaré en esbozar quiénes cuentan con interés suficiente para impugnarlo desde ya, en tanto que existen intereses diferenciados para cada grupo.
La reforma en marcha del artículo 17 constitucional daría preferencia a la solución de ciertos asuntos. Ello viola el principio de igualdad que debe guiar la impartición de justicia. Por consecuencia, las personas que tienen casos en sede judicial y quienes abogan por ellas, poseen interés legítimo para cuestionar esa modificación.
Las partes participantes de procesos penales tienen derecho a que el principio de publicidad no sea restringido con el resguardo de la identidad de las personas juzgadoras, por medio de la introducción de una nueva fracción X en el apartado A del artículo 20 constitucional; lo cual provoca que se viole tal cual el debido proceso.
Toda persona titulada en Derecho que antes de la reforma podía buscar contender por los máximos cargos judiciales, se podría ver despojada de esa oportunidad con la exigencia de contar con las calificaciones académicas establecidas en la fracción III del artículo 95 constitucional, repetida en otros preceptos de la reforma aludida.
Cualquiera con carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación tiene interés legítimo para impugnar el sistema de elección de titulares de tribunales y juzgados, pues a esos cargos ya no podrán acceder con sus propios esfuerzos, sino tan solo con una combinación de postulaciones políticas, evaluaciones, azar y voto popular.
Las y los titulares de los órganos judiciales en funciones, sobre todo si ya se les había ratificado en su puesto, pueden accionar para combatir la vulneración a la inamovilidad judicial que aquel sistema de elección desarrollado en el artículo 96 constitucional conlleva. Igualmente sus pares locales contra los artículos 116 y 122.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos, en especial si tienen por objeto la salvaguarda del Estado de derecho y el acceso a la justicia, también se podrían amparar para reclamar las regresiones al juicio de amparo impuestas por vía de las reformas aprobadas a las fracciones II y X del artículo 107 constitucional.
Mucho ayudaría que cesara el actual paro judicial, una vez que el Senado ha votado la reforma. Como sea, así como ha sucedido con los casos de titulares, todas las demandas iniciadas por esos grupos diferenciados deberían tramitarse para dictar suspensiones que eviten que los Congresos locales den su aprobación a la reforma. Ello con independencia de que otras tantas demandas se promuevan si no se para el procedimiento de la misma, en cuanto llegue a ser publicada e inicie su vigencia.
En todo caso, la trascendencia de tomar conciencia de los diversos intereses que se pueden presentar para combatir la reforma judicial, permitirá orquestar una mejor estrategia para su cuestionamiento. Me han contado que circulan formatos de demandas para que sean firmadas por quienes quieran impugnarla. No dudo de la buena fe y profesionalismo de esa iniciativa, pero no comparto que el objetivo sea sumar y sumar juicios, menos si terminarán concentrados. Se requiere de algo más.
Las ventajas de tener una defensa estratégica son muchas. Pero adelanto sólo dos. Desde que se asume la representación de una causa como la que enfrentamos, se tienen que proyectar diversos escenarios, incluidos los que llevan el asunto hasta instancias internacionales. Aunque parezca en vano actuar ante un régimen dispuesto a desacatar toda orden judicial, los recursos internos deben de agotarse. Más importante, la conducción de los planteamientos ante las múltiples instancias, si se cuida, ofrece posibilidades no imaginadas por el oficialismo. Por ejemplo, se puede no combatir la elección de titulares judiciales, por sí misma, pero sí reclamar la intervención en ella de los otros poderes. Y un mensaje final: si la reforma va, nos quedan once meses para elevar los estándares de garantía de nuestros derechos, de modo que quienes queden en funciones no tengan permitida regresión alguna.
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Arsenal
“¡Diálogo sí; violencia no!”
Francisco Garfias | Excelsior
De un momento a otro subió el termómetro en el Senado. Cientos de trabajadores del Poder Judicial y jóvenes que se identificaban como estudiantes de derecho irrumpieron por la fuerza en el recinto legislativo, justo en el momento en que empezaba el debate sobre la reforma judicial.
La vanguardia de la manifestación se dirigió a una de las puertas de cristal del Patio del Federalismo que flanquean el salón de sesiones de la Cámara alta. Empujones, jaloneos, broncas, gritos, mentadas y una consigna que subía de tono: “¡El Poder Judicial no va a caer, no va a caer!”.
Atrás de la puerta, un puñado de elementos de resguardo y seguridad intentaban mantener cerrada la mencionada puerta. Resistieron diez minutos. Usaron espuma, derrocharon toda su fuerza física. Inútil. Al final, la puerta se venció.
Los manifestantes se colaron hasta el salón de sesiones con gritos de “¡no están solos!”, dirigidos a senadores de la bancada del PAN que allí seguían.
La retaguardia subió a las galerías y desde allí lanzaba consigna tras consigna: “¡Diálogo sí, violencia no!”. Los más se amontonaban en el Patio del Federalismo. Iban y venían de un lado a otro.
* ¿Cómo entraron los manifestantes? Era la pregunta más repetida. Unos decían que rompieron la puerta seis, otros, que la oposición los dejó entrar. Noroña le entró a la grilla y compró la versión de que fueron los panistas los que facilitaron la entrada de los inconformes.
Ya para ese momento no había senadores del oficialismo en el salón de sesiones. La mayoría puso pies en polvorosa para no toparse con los inconformes.
Se supo después que se fueron a sesionar a la casona de Xicoténcatl, convertida en una auténtica fortaleza por la fuerte presencia policiaca.
Allí se guillotinó al Poder Judicial, tal como lo conocemos.
Vamos a una inédita elección de jueces, magistrados y ministros que es rechazada por las más prestigiadas asociaciones de abogados, reconocidos expertos, nuestros socios del T-MEC, que la consideran un riesgo para las inversiones.
El Peje se salió con la suya. La reforma va. El Judas que se vendió al poder fue finalmente Yunes Márquez. No le dieron 30 monedas. Le pagaron con impunidad.
Yunes papá reconoció que hay órdenes de aprehensión en contra de sus hijos, Miguel Ángel y Fernando, pero negó, tajante, que haya habido componendas con el oficialismo.
* ¡Traidor! ¡Traidor!, fue el grito de bienvenida que la bancada del PAN le dio al senador Miguel Ángel Yunes Linares cuando subió a fijar postura, no frente a la reforma judicial, sino frente a Marko Cortés, jefe nacional del PAN, quien le dio trato de “cobarde y traidor”. Amenazó incluso con expulsarlo de la bancada azul.
“No nos puedes expulsar. No eres el dueño del PAN”, reviró Miguel Ángel.
El exgobernador le jugó al suspenso con el sentido del voto de su hijo, quien, al final, sí estuvo en la sesión de Xico y votó a favor de “la demolición del Poder Judicial”, como diría la ministra Norma Piña.
* Morena sacó el cobre. El gobierno de Layda Sansores detuvo en Campeche al senador de MC, Daniel Barreda, y a su papá, según los dirigentes del naranja, Jorge Álvarez Máynez e Ivonne Ortega.
El oficialismo hizo correr la versión de que el citado legislador daría su voto para que Morena-PVEM-PT lograran la mayoría calificada, pero él salió públicamente a desmentirlo.
Barreda no estuvo en la sesión. ¿Dónde está?, preguntaban los reporteros, sin obtener respuesta. El misterio terminó cuando Máynez e Ivonne Ortega pusieron sendos mensajes en sus redes sociales para avisar que estaba detenido.
“El señor está detenido en la sala de juicios orales del Poder Judicial de Campeche… Es increíble ver en lo que se han convertido y a lo que están dispuestos”, dijo el excandidato presidencial.
Layda Sansores, gobernadora de Campeche, reviró con un mensaje en el que aseguraba que es “absolutamente falso” que Barreda y su padre hayan sido detenidos.
No contaba con que Juan Zavala, secretario general de MC, se trasladaría a las salas de juicios orales en Campeche para confirmar la detención de Barreda y su papá. Allí grabó un video en el que aseguró que los vio “y ambos están detenidos”.
Hay más. El Universal reportó, hacia las 19:45 horas, que el senador emecista Luis Donaldo Colosio fue agredido con gasolina al salir del Senado.
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Juegos de poder
Democracia iliberal o la política como el crimen organizado
Ayer se institucionalizó en México una democracia iliberal.
Leo Zuckermann | Excelsior
Bien conocida es la frase que utiliza la delincuencia organizada para conseguir lo que se propone: “Plata o plomo, tú decides”. Este gobierno ha aprendido esta técnica de extorsión. Bueno, seamos justos, no son tan radicales como los criminales. Hasta el momento no han recurrido a la amenaza del asesinato. Más benévolos, intimidan con la cárcel.
Así, con “plata o prisión”, al parecer más lo segundo que lo primero, obtuvieron los votos en el Senado para aprobar la reforma judicial.
Si así hacen política, ¿qué podemos esperar el resto de la ciudadanía?
El mensaje ha sido fuerte y claro. Están dispuestos a todo, y no lo esconden.
Nos venden espejitos. Dicen que la reforma judicial es para democratizar la selección de los juzgadores. Mentira. Su propósito es controlar el Poder Judicial federal y los locales. Desmantelar los contrapesos constitucionales.
Agréguese que ya se modificó la ley de amparo para que dicho juicio no tenga efectos generales sobre toda la población. Sólo protegerá a los beneficiarios del amparo, si es que consiguen uno con los jueces de Morena.
Agréguese la ampliación del catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa. Con una orden de arresto de un fiscal, en lo que son peras o manzanas, el indiciado tendrá que pasar su juicio tras las rejas. Ahí tendrá que enfrentar a los jueces de Morena.
En conclusión: el gobierno tendrá a su disposición todo el aparato judicial para castigar al que quiera: senadores de oposición que piensen votar en contra de una legislación; empresarios que no quieran cooperar con sus ocurrencias; ciudadanos a los que hay que extraer más impuestos; periodistas que critiquen en los medios: académicos que protesten por la falta de libertad de cátedra.
La “prisión” será el “plomo” de la política.
La idea es generar miedo para consolidar el poder del nuevo grupo gobernante.
Es parte de la tendencia mundial de las llamadas “democracias iliberales”. Los ciudadanos siguen votando, pero las libertades se restringen o cancelan.
Con la capacidad de reformar la Constitución a su antojo, el régimen lopezobradorista ha terminado con los límites constitucionales al poder.
Ayer borraron al Poder Judicial para controlarlo ellos. Mañana se les puede ocurrir, por ejemplo, limitar la libertad de expresión.
Claro que me preocupa. Cómo no. El Presidente me ha criticado varias veces en sus mañaneras porque no le gusta cómo pienso. Hasta ahora ha quedado en eso. Mañana, con más poder, él o su sucesora, puede inventarme un delito y meterme a la cárcel para desprestigiarme e, incluso, obligarme a retirarme de esta profesión. Hoy podría recurrir al Poder Judicial para defenderme invocando la libertad de expresión. Podría ampararme. No sé si lo podré hacer con los jueces de Morena.
Ayer doblaron a los senadores Miguel Ángel Yunes y Daniel Barrera para obtener los votos que necesitaban en el Senado. “Traidor”, le gritaba la bancada panista al veracruzano. Le estaban demandando que se comportara heroicamente: votar en contra y que su familia se fuera a la cárcel. La realidad es que somos de carne y hueso y, cuando nuestros seres queridos están en peligro, hacemos lo imposible para salvarlos.
En todo caso, los traidores de la democracia liberal son los que utilizan la “prisión” como arma política. Cegados por el poder, están dispuestos a utilizar métodos del crimen organizado. Creen a pie juntillas que el fin justifica los medios.
Karl Popper decía: “Si queremos que nuestra civilización sobreviva debemos romper con el hábito de reverenciar a los grandes hombres […] alguno de los cuales apoyaron el ataque perenne a la libertad y la razón”.
Ayer, Morena y sus aliados le entregaron su regalo al hombre fuerte del régimen. No les importó arrollar la libertad y la razón. Sacaron al pequeño marxista que llevan adentro.
Ayer se institucionalizó en México una democracia iliberal. Este gobierno, y presumiblemente el que sigue, creen que el pueblo les otorgó un mandato para hacer lo que se les pegue la gana. El primer paso ha sido centralizar el poder en el Ejecutivo federal, que ya no tendrá contrapesos.
¿Qué puede seguir?
Típicamente limitan las libertades de expresión y de manifestación. Cambian las reglas electorales para dificultar que la oposición los desafíe en las urnas. Controlan las coberturas en los medios. Restringen o prohíben la actuación de las organizaciones no gubernamentales.
La pendiente resbaladiza de la “prisión” como arma política comenzó ayer con Yunes y Barrera. ¿Quién sigue? ¿Dónde terminará?
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México, SA
Reforma judicial, va // Yunes, impresentable// CJF, club de cómplices
Carlos Fernández-Vega | La Jornada
Las vueltas que da la vida: es probable que un hampón, político retorcido y corrupto, acomodaticio, que ha sido priísta y panista, enemigo acérrimo de todo lo que permita el bienestar social, y muchas gracias más, sea quien aporte el voto definitorio para aprobar la reforma constitucional al Poder Judicial que se analiza en la Cámara de Senadores. Se trata de Miguel Ángel Yunes Linares, sucio entre los sucios, y si bien la citada reforma es prioridad nacional, bien podrían en Morena haber convencido a otros para garantizar la mayoría calificada con el citado fin.
La reforma judicial será aprobada, no queda duda, y será un gran paso hacia adelante en la historia del país, pero no por ello deja de llamar la atención el hedor de recurrir a personajes nefastos para alcanzar un objetivo determinado. Sabiéndose rotundamente derrotada, la supuesta oposición estuvo al borde del infarto luego de conocer el enjuague entre el júnior Yunes (senador en funciones que súbitamente enfermó y pidió licencia), papá Yunes (senador suplente de su hijo, lo que ya es una aberración) y los negociadores morenistas captavotos.
Más allá de eso, lo cierto es que ministros, magistrados, jueces, su ejército de asesores, personal en retiro, pensionados vitalicios, los clientes VIP de los impartidores de justicia y, en fin, la mitad de la plantilla activa del Poder Judicial (la famiglia es primero) en su vida sudaron tanto como ahora en su intento por mantener intocados sus abundantes privilegios, su opacidad, sus propios enjuagues, su corrupción, sus abusos, su mundillo de cuentos de hadas, las jugosas chambas de sus familiares y, sobre todo, su impunidad. Con la aprobación de la reforma constitucional se les acabó el festín al negocio familiar y a su clientela dorada.
Lo dijo ayer el presidente López Obrador: Hemos venido limpiando el Poder Ejecutivo, el Legislativo, pero nos topamos con el Judicial, el encargado de la impartición de justicia y de cuidar que se respete la Constitución. Y hemos llegado en nuestro país, como parte de la crisis, de la decadencia, a que ese poder se convirtió en protector de las mafias del poder económico y del poder político. Y esa putrefacción motivó la iniciativa de reforma constitucional que a punto está de ser aprobada.
Algo más, dijo el mandatario: Urge la reforma y sí va a ayudar mucho, porque aquí se habla de delincuentes, del crimen organizado, pero lo que más les preocupa a los que están en contra de esta reforma es que van a perder sus privilegios, porque el Poder Judicial está al servicio de potentados, de la delincuencia de cuello blanco. Hay ministros que dependen de los hombres con mayor poder económico; están al servicio de las corporaciones económicas, financieras, nacionales y del extranjero, y esos son los que no quieren que haya estado de derecho, quieren mantener el influyentismo, la corrupción.
Es inminente la aprobación de la reforma, pero en vía de mientras en la mañanera de ayer se divulgaron datos que sólo redondean el cochinero imperante en el Poder Judicial:
Secretaría de Gobernación: el Consejo de la Judicatura Federal (CJF, que preside Norma Piña) es responsable de vigilar el comportamiento de jueces, magistrados y, en su caso, sancionarlos cuando se comprueben casos de corrupción, nepotismo o cualquier otra violación. ¿Qué ha sucedido? En el periodo 2004-2023 se presentaron 38 mil quejas contra funcionarios del Poder Judicial. De ellas se han desechado 86 por ciento sin siquiera iniciar una investigación; no se investigó 86 por ciento de los casos.
De las quejas que sí se investigaron, el CJF apenas sancionó a 472 jueces y magistrados en todo el periodo: apercibimientos y amonestaciones, 0.7 por ciento del total; suspensiones, 0.27 por ciento; destituciones, 0.11 por ciento; inhabilitaciones, 0.06 por ciento, y sanciones económicas, 0.04 por ciento. Ese es el grado de eficiencia del órgano vigilante.
De pilón: de enero de 2023 a la fecha, el Ejecutivo ha presentado 72 denuncias contra jueces y magistrados; ninguna de ellas ha sido resuelta y a la fecha no hay sanciones. Es la mafia, la famiglia judicial, y sus integrantes se cuidan las espaldas entre ellos. Y sólo son algunos ejemplos de la putrefacción que priva en el Poder Judicial.
Las rebanadas del pastel
Si de hampones se trata, ahí está Alejandro Alito Moreno. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral le tiró el teatrito que armó (”reforma estatutaria” incluida) para relegirse (con apenas 97.3 por ciento de los votos) como líder nacional del PRI.
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Mucho del presidente Allende es hoy AMLO
Cristóbal Pascal * | La Jornada
Ambos presidentes tienen importantes similitudes en su trayectoria política e ideales.
Fueron persistentes en lograr el objetivo de ser elegidos.
López Obrador, en tres oportunidades; Allende, en cuatro.
A ambos sus partidarios los bautizaron con otros nombres, El Chicho es Salvador Allende, AMLO es Andrés Manuel López Obrador.
Cien por ciento demócratas, firmes promotores de la justicia social y dar atención al pueblo, siempre han sido sus prioridades.
Representantes de la izquierda, con grandes capacidades para sumar voluntades y unidad.
Toda una vida en la lucha social y política.
Comparten esa dignidad y el compromiso con sus naciones, poniendo siempre el interés de sus pueblos sobre el provecho personal.
Los dos han dejado un histórico legado.
El golpe de Estado en Chile, encabezado por el general Pinochet, cayó en martes, hace 51 años, en 1973.
Su memoria y conmemoración conmueve como el primer día.
Fueron 17 años de dictadura, todos difíciles, peligrosos, con la muerte sobre los chilenos, especialmente con los partidarios de Allende y su Unidad Popular.
Casas de tortura, campos de concentración, desapariciones forzadas, ejecuciones, exilio.
En 1990 Chile inició el proceso de retorno a la democracia.
Este 11 de septiembre en los Estados Unidos Mexicanos, sin duda que Salvador Allende apoyaría al presidente de México, en su esfuerzo titánico que implica la reforma a la justicia.
Allende tuvo un Congreso con mayoría opositora a su gobierno; a ello se sumó el Poder Judicial.
La Corte Suprema se opuso con persistencia a las aplicaciones de leyes, decretos y resoluciones del gobierno de Salvador Allende, luego durante la dictadura fue un servicio del general Pinochet; los ministros de Corte declararon una y otra vez, inamisibles los recursos de habeas corpus solicitando amparo y protección frente a las detenciones ilegales por parte de agentes del Estado, cientos de recursos fueron rechazados.
La Corte Suprema en Chile dejó de ser un poder del Estado, pasó a ser un instrumento de intereses espurios, criminales e ilegales, antes y después del 11 de septiembre de 1973.
En 1996 Chile emprendió un profundo proceso de reforma de la justicia. Dato curioso: no fue parte del programa de gobierno del presidente Frei; este objetivo se instaló al poco andar en su administración. Los ciudadanos demandaban una mejor, fácil , transparente, oportuna y expedita justicia.
Se implementaron reformas constitucionales para terminar con privilegios, heredados de la dictadura de Pinochet, entre otros, los ministros permanecían en sus cargos de por vida, eran vitalicios.
Se logró establecer como edad de jubilación 75 años. Ello permitió elegir un número importante de nuevos integrantes de la Corte Suprema y remover a ministros de confianza designados por Pinochet.
Ningún ministro o juez en Chile ha sido investigado o condenado penalmente por su responsabilidad en la denegación de justicia en tiempos de la dictadura.
En el proceso de reforma a la justicia chilena también se modificó el procedimiento de designación de los ministros de la Corte Suprema, el sistema vigente establecía que ésta enviaba al presidente de la República una quina –cinco nombres de candidatos– y el mandatario elegía dentro de esa quina; si no le parecía ninguno de los propuestos, el proceso se repetía.
Se reformó el sistema de designación de los ministros incorporando al Poder Legislativo, a través del Senado que debe aprobar la propuesta enviada por el presidente de la República, muy parecido al que rige en México.
Hoy el sistema de designación de ministros de la Corte Suprema en Chile, sufre severas y graves turbulencias, una crisis de tráfico de influencias, corrupción y lavados de activos, a raíz del caso audios, grabación de una plática de un importante abogado, que puso en jaque con miles de WhatsApp de su celular, al sistema de justicia, a políticos y a personas influyentes, hasta el momento de derecha.
En derecho comparado existen diversos sistemas de designación de jueces, magistrados y ministros de cortes; ninguno es infalible a fallas, ataques y presiones.
Existe, por cierto, el de la elección popular de magistrados, jueces y funcionarios relevantes.
El diagnóstico del presidente López Obrador sobre la administración de justicia en la República, diría el presidente Allende, es acertado y la reforma necesaria.
* Nieto de la diputada Laura Allende, hermana del presidente Allende.
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Espadas de palabras
Luis Linares Zapata | La Jornada
La presente batalla por la conservación del Poder Judicial tal cual ha funcionado por décadas es la mayor de todas las habidas en estos beligerantes años. El esfuerzo transformador emprendido por el gobierno, con su propuesta de reforma jurídica, alineó todas sus fuerzas y concurrió al enfrentamiento directo. Ninguno de sus soldados quedó fuera, todos se han sentido afectados de manera directa.
Se trata, en efecto, del mayor bastión de poder, acumulado desde lejanas épocas y férreamente conservadoras. Un enorme tinglado de jueces, magistrados y ministros, con sus batallones de burócratas, adoctrinados durante la prolongada hegemonía neoliberal. A su derredor se alinea un conjunto de bufetes de abogados litigantes que venden sus relaciones con los togados y a los que conocen a la perfección. Aparatos jurídicos de empresas que aprendieron a usar los resortes de tribunales, emparentados ideológicamente con ellos y deciden de acuerdo con sus peticiones. La defensa de los intereses populares no avanzan en este proceso de hacer justicia, pues la ley escrita y sus interpretaciones contrarían sus ambiciones, casi como regla inamovible.
El campo en que se dirime el resultado es nada menos que el nuevo Congreso de la Unión. Ahí, una mayoría de legisladores, con un mandato popular masivo y consciente llega armado con su modelo justiciero. Enfrenta a una oposición, minoritaria, de corte clasista, con su ya tradicional, y casi derrotado, modelo acumulador. Se trata de dirimir quién ha de prevalecer en este duro enfrentamiento final. La oposición no ha escatimado en llamar a todos sus posibles aliados. Trátese de gobiernos extranjeros, bancos de alcance mundial, centros de investigación, medios de comunicación, hasta tocar a organismos internacionales, ante quienes ocurren en pos de ayuda. Por estos movidos días, le han sumado, a sus posturas, algunos centros de estudios universitarios públicos y privados. Decidieron llevarlos a la calle con la tradicional energía estudiantil. Y ahí están ahora, aunque no alcancen los números convenientes para mostrar el músculo suficiente que pueda inclinar, a su favor, la pelea dentro del Congreso.
El punto de confluencia de los afanes opositores es conservar, tal cual han sido expuestas durante décadas, las determinaciones del Judicial. Saben que ello los auxilia de manera definitoria en conservar y prolongar sus intereses. El Presidente les obstruye el camino y también, aunque no lo reconocen todavía a cabalidad, la firme decisión de respaldo proclamada por la presidenta electa. Insisten, con toques delicados, en la conveniencia que suponen obtendrá si se separa de la actual y firme línea de izquierda. Al menos sugieren una táctica dilatoria, de prudente espera, para llevar a cabo, en tiempo conveniente, la reforma jurídica. Una que ya contenga ciertas modificaciones que la haga aceptable, inofensiva y, a la vez, reparadora de sus tradicionales empeños.
Críticos opositores no creen que AMLO se retire, tal como lo manifiesta repetidamente. Creen que, en todo caso, seguirá actuando tras bastidores, impidiendo que el nuevo gobierno se desvíe de la ruta marcada por él. Saben y temen ese hálito popular acumulado que ha ido ganando con los años y las aventuras conjuntas con los de abajo. No se irá, aseguran, sino que seguirá actuando a través de las organizaciones de masas que ha formado con su incansable trabajo que, aunque forzadamente, le reconocen. Los alcances de sus programas sociales caen como pesados triunfos sobre el negativo y temeroso pasado neoliberal. El daño infligido por mirar y atender hacia arriba de los conservadores es inmenso. Producían con su accionar convenenciero 100 mil nuevos pobres de manera continua. Ahora se topan con los 100 mil pobres mensuales que abandonan tan penosa situación. De esta magnífica manera, se han acumulado casi 10 millones de nuevos seres humanos que podrán dar cuenta de su nueva vida.
Pero los aguerridos, temerosos y belicosos conservadores no se rinden. Han estado pronosticando variadas y graves crisis por ocurrir. Las formulan cuan espadas de palabras altisonantes. Quiebres financieros, retracción de inversiones, huidas empresariales, corridas contra el peso, enfrentamientos por doquier, inseguridad creciente. Es decir, inestabilidad rampante que detendrá el crecimiento, incluso el desarrollo y desembocará en una crisis sexenal, tal y como se acostumbró en el pasado.
El balance de fuerzas en el Senado impide, por la terminal renuencia de la oposición a negociar, llegar a un acuerdo que forme mayoría calificada. Los cambios constitucionales quedarían truncados. La búsqueda de un senador que cambie la situación es frenética. Tal parece que, finalmente, el oficialismo lo logrará y habrán reformas sucesivas. La oposición, con toda la estigmatización que ha asegurado a los llamados traidores, tendrá que aceptar, una vez más, su derrota. El modelo justiciero podrá terminar su tarea transformadora sin el bloqueo acostumbrado del Poder Judicial.
