Lo que dicen los columnistas

¿Por qué el TEPJF confirmó la asignación de diputaciones de representación proporcional realizada por el INE?

El Tribunal Electoral no es responsable de la forma en que la mayoría legislativa llegue a utilizar su poder de decisión.

Felipe de la Mata Pizaña | Proceso

El pasado 28 de agosto, la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF) resolvió uno de los asuntos más importantes del proceso electoral 2024. Como pocos, fue un caso que ocupó amplios espacios de la reflexión pública y de la comunidad jurídica de nuestro país.

El problema versaba en determinar si el acuerdo general del INE, que asignó las diputaciones federales por el principio de representación proporcional (RP) era conforme a Derecho. Dicho acuerdo estableció que el límite de sobrerrepresentación en la asignación de las diputaciones federales se verifica por partido político, y no por coalición.

El TEPJF confirmó dicho acuerdo (SUP-REC-3505/2024 y acumulados). ¿Por qué? Lo primero que debe decirse es que el sistema mexicano no es de proporcionalidad pura. México tiene un sistema mixto de preponderancia mayoritaria: 300 diputados se eligen por mayoría relativa y 200 por representación proporcional (art. 52 constitucional). Esto significa que desde 1977, con la reforma “Reyes Heroles”, el sistema no busca una equivalencia exacta entre votos y escaños, sino que sólo busca garantizar que todas las fuerzas políticas tengan representatividad, incluso si éstas no ganaron en sus distritos.

Las normas jurídicas vigentes ordenan de manera clara y contundente que la verificación de los límites de sobrerrepresentación, al asignar diputaciones por el principio de RP, se haga considerando a cada partido político (así se dispone textualmente en el art. 54, fracción V, de la Constitución; y en el art. 15, fracción III, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales).

Por otro lado, esta lectura judicial tampoco es novedosa: así lo han establecido y ratificado los precedentes del propio Tribunal Electoral desde 2009 de manera reiterada e ininterrumpida en el mismo sentido y a guisa de ejemplo: SUP-REC-693/2015 y SUP-REC-943/2018 (de este último yo fui ponente).

Estos precedentes eran y son claros y, por ese motivo, de contenido previsible para todos: fuerzas políticas, ciudadanos y para nosotros mismos, como integrantes del Tribunal, llamados a resolver, en definitiva, esta controversia.

En realidad nos encontrábamos frente a un caso sencillo, en que el INE y el Tribunal Electoral simplemente tenían que aplicar el texto expreso de la Constitución Federal, la ley electoral y los acuerdos del INE y actuar de la misma manera en que habían actuado al menos desde 2009.

Sin embargo, y quizá en razón de los resultados electorales, se escucharon varios argumentos en contra de esa interpretación constitucional, antes y después de que, por mayoría de votos (cuatro contra uno), se votó la sentencia en que se aplicó el criterio previsible del Tribunal Electoral, es decir, aquel que desde el año 2009 se ha aplicado.

Desde luego, existen otras propuestas interpretativas posibles. Sobresale una que exigía una “interpretación funcional y sistemática”. Los propios partidos demandantes proponían una interpretación parecida: que fuera la figura de la coalición la determinante para fijar el límite de sobrerrepresentación y no la asignación por partido en lo individual. Es propio de las sociedades democráticas regidas por el Derecho que existan divergencias interpretativas en torno a nuestras grandes cuestiones constitucionales.

¿Pudo en este caso cambiar el tribunal sus precedentes para adoptar otra interpretación? Era una posibilidad remota. Sin embargo, la mayoría del tribunal optó por un esquema interpretativo que privilegiara no sólo la explicitud de las normas, sino una que honrara la vinculatoriedad efectiva a sus precedentes y que dignificara la igualdad en la aplicación histórica del sistema constitucional de RP.

Se habría incurrido en una desigualdad en la aplicación de los precedentes si se hubiese aplicado una interpretación de la fórmula de RP para unas fuerzas políticas (beneficiadas en el pasado) y otra para otras fuerzas políticas (beneficiadas en el presente).

Además que se habría violado el texto expreso de la Constitución, la ley y los acuerdos reglamentarios del INE.

El tribunal no puede guiar sus decisiones a conveniencia o en beneficio de ciertas fuerzas políticas, en términos de oportunidad partidista o en función del clamor de un sector de la sociedad (incluso a pesar de presiones o amenazas). El tribunal sólo puede deberse a su función jurisdiccional, a su imparcialidad e independencia de los partidos y, por tanto, a tomar decisiones que den seguridad y certeza jurídicas para todos.

Por otro lado, si el tribunal hubiese optado por otra interpretación diferente, una vez conocidos los resultados electorales, se habría dado otra impresión negativa: que los jueces constitucionales electorales quieren incidir en la variación de esos resultados y en la integración congresual, en sustitución de los votantes, afectando de esa manera el deseo de la voluntad popular en la integración de su cámara representativa.

Además, hay que decir que, en el pasado, los partidos de oposición se beneficiaron precisamente de nuestra interpretación acostumbrada. Impugnaron los resultados de la elección del 2024 en ejercicio de su derecho procesal de acción buscando que se variara, a sabiendas de que dicha interpretación les resultó benéfica con otros resultados electorales.

También se ha dicho que el Tribunal Electoral reconoció a la coalición ganadora un “poder absoluto” con la capacidad de impulsar por sí misma grandes cambios jurídicos, como reformas constitucionales, incluida la socialmente muy debatida reforma al Poder Judicial.

Ante esto, se debe ser muy enfático: el tribunal no otorga poderes de decisión legislativa, ni puede calibrar ese escenario en su deliberación. No es responsable de que los resultados electorales reflejen un número de escaños que dan al grupo mayoritario una capacidad para emprender reformas constitucionales. La soberanía reside en el pueblo, señala claramente la Constitución Federal, y es exclusivamente la ciudadanía quien, al votar, toma esas decisiones.

Ése no era ni puede ser un tema del medio de impugnación, ni es un tema que sea de la competencia del tribunal, mucho menos podemos aceptar que ese escenario de política legislativa deba influirle para tomar su determinación.

El Tribunal Electoral no es responsable de la forma en que la mayoría legislativa llegue a utilizar su poder de decisión. Lo contrario implicaría, de nuevo, que el tribunal se convirtiera en un órgano político, al ponerse del lado de algunos partidos y fuerzas políticas. Cuando de lo que siempre se ha tratado es que no pierda su carácter de órgano jurisdiccional, que es justamente su mandato constitucional.

Finalmente, no debemos perder de vista que la certeza, en torno a la cual se construyó la resolución, también es una garantía fundamental para la prevalencia del sistema democrático. Por ello, estoy convencido de que esta histórica decisión dignifica a nuestra democracia y a nuestro Estado de derecho, ya que se respetó a cabalidad la constitución y la voluntad del pueblo de México, de acuerdo con las normas vigentes el día de la elección.

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Arsenal

¿Quién será el Judas de la oposición?

Francisco Garfias | Excelsior

Morena y sus aliados no ganaron en las urnas la mayoría calificada en el Senado (dos tercios de los legisladores presentes) que les permitirá hacer lo que les dé la gana con la Constitución.

Les faltaron tres escaños para alcanzar los 86 senadores requeridos, pero rápidamente convencieron a los experredistas Araceli Saucedo y José Sabino de que se unieran a la bancada de Morena.

Ya nada más necesitan uno para alcanzar esa mayoría constitucional en la Cámara alta. La pregunta, ayer, en los corrillos del Senado era: ¿quién será el traidor?

Medios de cooptación le sobran al oficialismo. Senadores de la oposición dispuestos a ausentarse por enfermedad el mero día tampoco faltan. Lo hemos visto una y otra vez.

El ahora morenista Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, aseguró ayer que ya tienen los dos tercios que requiere la mayoría calificada. “Tenemos la mayoría calificada. Estamos incluso sobrados. Ya lo verán el día de la votación”, afirmó a pregunta expresa.

Sobre el tema, el panista Ricardo Anaya formuló un deseo que parece sueño: “Ojalá no haya un Judas entre los 43 senadores de la oposición. Llegó el momento, tan pronto como la próxima semana, que quedará clarísimo cómo votamos cada una y cada uno, y nos tendremos que hacer cargo de nuestro voto con la implicación que tendrá en la historia del país”, dijo el excandidato presidencial del PAN.

Más adelante aseguró: “Nadie del PAN se va a doblar”.

¿Será del PRI el traidor? ¿Será del MC? El próximo miércoles será público. Se van a sorprender.

* Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, que presiden Ernestina Godoy y Citalli Hernández, respectivamente, convocaron ayer a reunión el próximo domingo a las 13 horas. En la agenda de ese cónclave: el dictamen de la controvertida minuta de la reforma judicial que aprobaron los diputados del oficialismo.

La aprobación se dio a pesar de que había dos suspensiones de jueces que impedían a los diputados discutir la reforma. Las dos órdenes judiciales fueron olímpicamente ignoradas. ¿Es ése el ejemplo de los que quieren reformar el sistema de justicia? Puede ser que los legisladores del oficialismo tengan razón, pero hay que combatirlas legalmente. Violarlas no es el camino.

Aun así, la jueza quinta de Distrito en Morelos, Martha Magaña López, concedió una suspensión definitiva para impedir que se concrete la aprobación de la reforma.

Falta la aprobación del Senado y de, por lo menos, 17 congresos locales, antes de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.

“Es factible suspender el acto reclamado para analizarlo, a la luz de las inconformidades de los quejosos, al no haberse materializado”, alega la jueza Magaña.

Me atrevo pronosticar que los senadores del oficialismo también la van a ignorar.

Poco después de recibir la minuta de la Cámara de Diputados y turnarla a comisiones, Fernández Noroña anunció que el próximo martes se le dará primera lectura y el miércoles se debatirá y se aprobará en el pleno.

“No hay poder en la Tierra que pueda detener nuestro proceso legislativo y la determinación del mandato del pueblo el 2 de junio de que las personas juzgadoras se elijan por voto universal, secreto y directo. La mitad de los juzgadores (se eligen) en junio de 2025 —tanto federales como locales— y la otra mitad en junio de 2027”.

Interrogado sobre si tienen contemplada la posibilidad de sesionar en una sede alterna, como ocurrió en San Lázaro por el bloqueo de las puertas por parte de los trabajadores del Poder Judicial, respondió: “Para no generar ninguna confrontación, ningún conflicto, ningún acto que pueda ser considerado como represión, no descartamos la posibilidad de irnos al Centro Bancomer en Santa Fe o en Xicoténcatl, que es parte del Senado”, dijo.

* Las reacciones por la aprobación de la reforma en la Cámara de Diputados se dejaron venir, la Academia Mexicana de Derecho Internacional subió a redes un comunicado en el que expresa su profunda preocupación y desacuerdo respecto a la reforma:

“La independencia del Poder Judicial es fundamental para la impartición de justicia, la protección de los derechos humanos y la separación de Poderes. La reforma actual podría comprometer la autonomía e imparcialidad del sistema judicial, lo que tendría graves consecuencias para el Estado de derecho y la confianza en las instituciones mexicanas”.

La citada academia pide lo imposible a estas alturas: un “diálogo constructivo” con la comunidad jurídica y la sociedad civil para fortalecer el sistema judicial y garantizar su independencia.

Firman el comunicado Manuel Reguera Rodríguez, presidente de la academia; Manuel Díaz Infante, vicepresidente, y Alfonso Muñoz de Cote, secretario general.

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Razones

El desastre que viene

Ayer, el Presidente se burlaba diciendo “¿ustedes creen que por una reforma judicial van a dejar de invertir en México?”. La verdad es que muchas de esas potenciales inversiones ya no se hicieron.

Jorge Fernández Menéndez | Excelsior

Lisa y llanamente fue vergonzosa la sesión de este martes y miércoles de los diputados en la que se aprobó la reforma judicial en lo general y en lo particular. Sin diálogo alguno, en la Magdalena Mixiuhca, donde lo que más destacó fue ver a los diputados comiendo tacos y tortas ignorando el debate, en un desorden absoluto, fue como se aprobó una reforma trascendental para el futuro del país, una reforma judicial que, cuando se termine de aprobar en el Senado (al oficialismo le falta un voto para lograrlo), acabará con un sistema de justicia autónomo e independiente.

No se trata sólo de la elección popular de jueces, magistrados y ministros, algo que no hace ningún país en el mundo (ni siquiera Bolivia, y por supuesto que no lo hace Estados Unidos, es lamentable que el Presidente haya tenido que ser desmentido al respecto por el embajador Ken Salazar, y mucho menos Japón, como han dicho), además, la forma de designar a los candidatos queda, en los hechos, en manos del gobierno, del Ejecutivo y el Legislativo. En otras palabras, sólo se podrá elegir entre los que el gobierno designe.

El vacío judicial que sufriremos en cuanto se apruebe la reforma será brutal. Hoy, el Poder Judicial tiene unos 400 mil casos pendientes de resolver, mientras la Suprema Corte por sí sola, unos diez mil. Además del paro, muchos jueces renunciarán de forma inmediata en cuanto se apruebe la reforma y otras instituciones estarán paralizadas, desde la propia Corte hasta el Consejo de la Judicatura. Habrá elecciones en junio del 2025 y nadie sabe siquiera cuánto costarán y su dimensión, y será hasta septiembre de ese año cuando se puedan conformar los nuevos tribunales, juzgados, la nueva Corte, y luego ese totalitario tribunal de disciplina judicial que será como un comité de salud pública de Robespierre, sobre todo el sistema judicial. ¿Se imagina el costo que tendrá un sistema judicial inoperante durante un año?

La reforma judicial ha logrado un unánime rechazo de empresarios, de las cámaras, de los principales socios comerciales de México, comenzando por Estados Unidos y Canadá, y terminando con la Unión Europea y la Corte Internacional de Justicia. Es un absoluto despropósito que pone en riesgo los tratados comerciales y las inversiones.

Ayer, el Presidente se burlaba diciendo “¿ustedes creen que por una reforma judicial van a dejar de invertir en México?”. La verdad es que muchas de esas potenciales inversiones ya no se hicieron, cada vez más están optando por Texas, que, además, tiene una carga fiscal más baja que México y, sin duda, mayor seguridad. Las inversiones que tenemos son en su mayoría reinversiones de utilidades, pero el fenómeno del nearshoring, que tendría que estar disparando la economía mexicana, no se ha convertido en una realidad.

Los datos duros sobre la caída de la economía ahí están: se puede tratar de ignorarlos o de esconderlos, pero la realidad es terca: el dólar se ha devaluado un 30% desde la elección; el mes pasado, las remesas, el principal apoyo que tienen millones de familias mexicanas (son el doble de los programas sociales del gobierno), cayeron un 10%; la tasa de crecimiento de la economía se redujo a poco más del 1% para el sexenio, al Presidente le pareció un dato fantástico pese a que, comenzando el sexenio, prometió un 5 o 6%, para el segundo semestre de este año será del 0.8 por ciento.

Se dijo que es por efecto de la pandemia, pero nuestros socios comerciales han crecido mucho más. La economía mexicana ha sido siempre jalada por la estadunidense, pero el crecimiento de EU, el país al que va el 80% de nuestras exportaciones, fue de 3.1 por ciento. Eso quiere decir que el estancamiento es nuestro, no de la economía global.

Y eso se demuestra con el aumento del consumo privado, que fue el motor de la economía en el pasado reciente y que ahora apenas creció un 0.1 por ciento. El déficit fiscal que le deja al país esta administración es de 6%, cuando lo recibió con un 2.1% del PIB; el gobierno se endeudó más y gastó de más en proyectos faraónicos que ni siquiera terminó. Y no hablemos de la deuda y las pérdidas de Pemex, una tragedia económica en sí misma, incrementada notablemente en este sexenio.

Nuestra economía depende en un porcentaje altísimo de la de Estados Unidos. Es verdad que existe una enorme integración de las economías de los dos países que no va a desaparecer por la reforma judicial, pero sí lo harán muchas inversiones potenciales ante la falta de seguridad jurídica, otras ya han impuesto como condición para dirimir conflictos que serán las cortes de Nueva York y no las mexicanas las que decidirán en los mismos.

Para terminar de causar temor a los inversionistas, el gobierno de la Ciudad de México decidió establecer en la Constitución local que la propiedad privada está supeditada a la propiedad pública. Martí Batres ayer dijo que la reforma a la Constitución de la ciudad no afecta a la propiedad privada porque la misma está garantizada en la Constitución nacional, pero el hecho es que eso será, al final, tema de controversia y el propio Martí aseguró exactamente lo contrario cuando firmó el lunes la reforma al asegurar que la propiedad pública está por encima de la propiedad privada.

La inversión inmobiliaria es uno de los factores más importantes para la economía de la Ciudad de México, ¿invertirán en grandes desarrollos inmobiliarios si no está asegurada su propiedad?

Al oficialismo le falta un voto en el Senado para aprobar la reforma. Dicen que ya lo tienen, y la oposición dice que tiene asegurados los votos de 39 de sus 43 senadores. Esos cuatro terminarán decidiendo el futuro de la nación.

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México SA

Reforma judicial, va // Aprobada en San Lázaro // Oposición: sólo por joder

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Contra viento y marea, y más allá de dimes y diretes, campañas orquestadas por la oligarquía y sus sicarios mediáticos –con la chequera en manos de Claudio júnior–, ministros en paro, jueces en franca violación de la Constitución, trabajadores del Poder Judicial en abierto boicot en contra de la iniciativa, estudiantes manejados por personeros del régimen neoliberal, ataques hepáticos de la oposición y lo que se quede en el tintero (todo ello, entre gritos y rabietas, en lugar de propuestas alternativas), en la madrugada de ayer, tras 17 horas de debate, la reforma judicial pasó la primera aduana, la de la Cámara de Diputados. Fue aprobada por mayoría calificada: 359 votos a favor, 135 en contra y cero abstenciones, en lo general, y 357, 130 y cero, respectivamente, en lo particular.

La minuta respectiva, con proyecto de decreto, ayer mismo entró a la segunda aduana, el Senado, para ser turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos con el fin de discutirla (se prevé que será el próximo domingo cuando suceda) con el objetivo de que sea a partir del miércoles 11 de septiembre cuando el pleno analice, discuta y vote (es previsible que sea mayoritariamente por la afirmativa), con lo que se cerraría el círculo de una de las más trascendentales modificaciones a la Constitución, en el entendido de que no hay poder sobre la Tierra que pueda detener el proceso legislativo y la determinación de que jueces y magistrados sean electos por voto popular, según comentó el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

La crónica parlamentaria de La Jornada (Enrique Méndez y Fernando Camacho) detalla que “luego de un debate que se prolongó por más de 17 horas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), por lo que la minuta será enviada hoy mismo al Senado de la República para continuar con el trámite legislativo. El dictamen fue avalado en lo general a las 4:30 de la madrugada (de ayer), y aun cuando se había anunciado que se presentaron mil 600 reservas de todos los partidos, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, indicó que hubo un acuerdo para compactar ese número a 68, lo que acortó algunas horas la discusión. Como se preveía, los señalamientos presentados por PAN, PRI y MC fueron desechados uno por uno por la mayoría del partido en el gobierno, cuyos legisladores propusieron tres reservas que sí fueron aceptadas”.

Y la misma, pero en el Senado (Georgina Saldierna y Néstor Jiménez), apunta que las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos se reunieron en sesión extraordinaria para recibir la minuta enviada por la Cámara de Diputados y convocaron para el domingo a las 13 horas para su discusión. No podía esperarse menos de ellos, pero los senadores de oposición intentaron, fallidamente, desde luego, trabar el avance del trabajo parlamentario con toda serie de pretextos banales. No podía faltar Marko Cortés, quien no deja pasar oportunidad para refrendar su cretinismo (que las comisiones convoquen a foros para escuchar a especialistas e interesados, lo que sucedió en el parlamento abierto), quien advirtió que votará bajo protesta cautelar. ¡Qué miedo!

En fin, la autodenominada oposición, carente de propuestas y cada vez más alejada de la realidad, se sabe totalmente derrotada, rebasada, sin posibilidad alguna, pero a pesar de ello se aferra a la máxima de aquel gallego famoso, quien fracasado, todos los días estaba duro que te dale sólo por joder.

Las rebanadas del pastel

Otro asalto a la nación: María Elena Álvarez-Buylla, directora general del Conahcyt, denunció algunos antecedentes de la etapa neoliberal, especialmente con Fox, Calderón y Peña Nieto: de manera opaca, dispendiosa, con reglas a modo, transfirieron a fondo perdido 45 mil 643 millones de pesos (del Estado) para subvencionar corporativos privados que han estado participando no científicamente, sino políticamente, desde la adversidad.

En total, 2 mil 935 empresas privadas, entre ellas (¡sorpresa!) Kimberly Clark, de Claudio X González; Femsa (que preside José Antonio El Diablo Fernández, el de Oxxo); las trasnacionales Monsanto, Bayer, Continental, Volkswagen, BMW, Honeywell, Ford, IBM, LG, Motorola, Nissan, Whirpool, RH México y Proft Tech e Intel. ¿Resultado? Pérdida de recursos públicos y creciente dependencia tecnológica que hizo descender a México 16 lugares en el contexto internacional en términos de innovación. Entonces, ¿se entiende por qué se niegan al cambio?

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Capitalismo, derecha, chumeles y AMLO

Abraham Nuncio | La Jornada

Empezaré este artículo en orden inverso a su título.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) termina su sexenio cuajado de honores. Merecidos, sin duda, y muy a pesar de sus ululantes detractores y la nube de denuestos que le han lanzado llamándolo a la vez dictador y reclamando un falso cercenamiento de la libertad de expresión. Su calificación por las fuentes más insospechadas de sesgo lo ubican por encima de la atribuida a muchos de los gobernantes de los países asumidos como desarrollados.

Algunas de sus faltas y limitaciones –muy serias en varios casos– tienen que ver con el ejercicio estricto de sus posibilidades, incluso en un país fuertemente influido y en muchos sentidos determinado por el capitalismo imperial de Estados Unidos. Esas faltas y limitaciones se relacionan con los privilegios intactos de los más ricos (en no pocos casos, delincuentes como Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, Alonso Ancira) y con los derechos de los trabajadores: en su organización sindical, la mayoría se mantiene sujeta a los sindicatos blancos de las empresas (la Confederación de Trabajadores de México resulta un cascarón cada vez más vacío), pues la libre sindicalización apenas recibió un tibio impulso obradorista; en la nula presencia de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas, que existe en ciertos países capitalistas; en las instituciones laborales que, como la Junta de Conciliación y Arbitraje o lo que de ella queda, se halla en manos patronales. También en el rechazo, por convicción o chantaje empresarial, a no hacer una reforma fiscal progresiva ni a nacionalizar y en la no reducción de la enorme desigualdad del ingreso.

Dice un refrán africano: Si le tiras al leopardo y no le atinas, mejor no le tires. No tiene sentido hablar de fifís, machuchones, conservadores, mafia en el poder, minoría oligárquica, si con el aumento de su poder económico también aumenta su poder político que ha sido, es y será de derecha y, por tanto, contrario a gobiernos de izquierda, así ésta sea benigna o puramente verbal. Tampoco lo tiene hablar de que por el bien de todos, primero los pobres, si los pobres reciben unos recursos residuales comparados con los que recibe 10 por ciento y enfáticamente el uno por ciento de los habitantes, del cual uno solo de ellos detenta una fortuna superior a la cantidad total de la destinada a los programas de bienestar durante el sexenio que está por extenuarse.

Cabe mencionar, en descargo de lo que el gobierno de AMLO nos queda a deber, el largo periodo identificado como neoliberal (1982-2018), donde la pobreza fue creciente y muchos de los recursos naturales e industrias estratégicas de la nación fueron enajenados al capital nacional y extranjero; donde el gasto social y los servicios básicos de salud, educación y vivienda fueron convertidos en negocios privados; donde la depredación ambiental y humana fue su marca; donde la prensa capitalista se erigió en corte suprema de la nación y la Suprema Corte de Justicia en departamento jurídico al servicio de los individuos con mayor capacidad dineraria; donde la soberanía nacional y la identificación política con nuestra América fueron entregadas sin parpadear al estadunidense destino manifiesto. Todo ello, además, agravado por la pandemia.

Los chumeles de oficio políticos opositores, empresarios, catedráticos, juristas, escritores, clíosofistas, curas antifranciscanos, rábulas, negociantes judiciales, faranduleros, periodistas chayoteros y una nutrida cáfila de tramposos y embusteros se vieron ratificados en sus convicciones de cipayos reverenciales de los intereses norteamericanos a la voz de los embajadores de Estados Unidos y Canadá. Su vocerío de neopreciosas ridículas quedó reducido a un silencio cómplice.

Extrema, centrista, doctrinaria, pragmática, la derecha, en un país capitalista, tiene por objetivo esencial la promoción del sector social más acaudalado, llámesele como se le quiera llamar. Para México, el epicentro de ese sector es foráneo: se halla al norte de sus fronteras y a él se halla asociado el sector nacional de la misma índole. Descartes nos diría que ahí está la evidencia: actos injerencistas y pronunciamientos empresariales (CMN y CC) coreados por el silencio de la derecha política. Ahora ya procede el análisis.

La lógica del sistema capitalista es obtener la mayor ganancia posible. La democracia en boca de sus representantes es una absoluta zarandaja. Ellos requieren explotar al máximo la fuerza de trabajo a su disposición: quedarse con la porción más grande posible del valor-precio de la producción y el intercambio comercial. Requieren, además, leyes y medidas gubernamentales y sociales que les permitan apropiarse de territorios y recursos naturales de donde sea. Por ello no toleran expresiones y/o gobiernos que signifiquen o nieguen, ni en fintas siquiera, lo que sus actores justifican. Y como esta es la narrativa y aun la práctica de la izquierda, el capitalismo repele espontáneamente a esta corriente y busca fortalecer a la derecha. En este sistema no hay vías reales de transitar, con sus actuales reglas, a un mundo distinto. Lo cual no quiere decir que los gobiernos de izquierda o progres no puedan prefigurar lo que ese otro mundo pueda ser.

En cierta medida, el de AMLO aportó a ese tránsito.

Lo que parece torpe, por ceder al capricho de la oposición o por razones partidarias o personales, es que un activo político del tamaño de AMLO desaparezca (aunque tengo mis dudas) de la escena política nacional. Sería un absoluto dispendio.