Lo que dicen los columnistas

Arsenal

El inquietante regalo de fin de sexenio

Fracisco Garfias | Excelsior

Llegó el “regalo” que Mario Delgado quería darle al presidente López Obrador antes de que se termine oficialmente su mandato en 26 días.

Al cierre de esta columna, los diputados de Morena y sus rémoras, empoderados por su “supermayoría” artificial –cortesía de los órganos electorales– se apresuraban a aprobar, en lo general, la reforma al Poder Judicial.

La envoltura y el moño se lo van a poner los senadores los próximos días.

La sesión se llevó a cabo en sede alterna. Los grupos parlamentarios tuvieron que reunirse en la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca. 

A los diputados les fue imposible sesionar en San Lázaro. Desde la madrugada, trabajadores del Poder Judicial bloquearon todas las puertas de acceso al Palacio Legislativo.

Los trabajadores llevan más de dos semanas en paro contra la elección de los juzgadores, el tribunal de disciplina, el sometimiento del sistema judicial al Ejecutivo.

AMLO se aferró a la reforma, a pesar de la lluvia de advertencias que han lanzado reconocidos expertos en derecho sobre los riesgos de elegir a los juzgadores y la amenaza de que el crimen organizado se meta por esa puerta que le abrió el oficialismo.

En su necedad, puso “en pausa” la relación con quien fue su amigo: Ken Salazar. El embajador de EUA se atrevió a señalar que la reforma “es un riesgo para la democracia”.

Y lo es.

*Fuera de la Ciudad Deportiva se manifestaban estudiantes de facultades de derecho de diversas universidades, acompañados por magistrados que están contra la reforma.

Se concentraron frente a la puerta seis. Vallas, puertas cerradas, granaderos del gobierno de Martí Batres no los dejaron avanzar ni un centímetro más. 

La respuesta de los manifestantes fue bloquear Viaducto Río de la Piedad en ambos sentidos, lanzar consignas, levantar pancartas:

“¡México, despierta, la dictadura está en la puerta!”. “¡Yo sí trabajo, no hago mañaneras!”. “Sin Poder Judicial, quién te va a amparar”. “Poder Judicial, contrapeso nacional”.

Entre los estudiantes estaba Miguel Bonilla, un magistrado de circuito que los asesoraba. Nos acercamos a platicar con él sobre el procedimiento que se llevaba a cabo.

Nos dijo: “Mal que bien hay dos suspensiones emitidas por jueces de distrito para evitar que se lleve a cabo este procedimiento. Puede ser que esté mal, pero están vigentes. Hay que combatirlas por la vía legal… Si no lo están haciendo, están violentando una orden judicial”.

José Mario de la Garza, estudiante de la Libre de Derecho, criticó la fortaleza que se montó alrededor de la Sala de Armas de la Magdalena Mixiuhca.

“Eso los pinta de cuerpo completo. Están tratando de reformar la Constitución y el sistema de justicia a puerta cerrada, con granaderos, con cadenas, con candados. ¿De qué se trata? ¿No presumen de ser los más demócratas, los más plurales, los más republicanos?”.

*La discusión de la reforma inició pasadas las 4 p.m. con la participación de toda la oposición. 

Antes de iniciar el debate, Germán Martínez, diputado del PAN, pidió que se suspendiera el procedimiento.

Miró hacia donde estaban los diputados oficialistas y previno: “Se están dando un balazo en el pie. Esos jueces populares van a andar persiguiendo a los gobernadores de Morena. Evo Morales fue perseguido por jueces populares… No se vale hacer un comité de salud pública de terror”. 

Martínez revisó la historia de México y encontró que, en 1843, cuando Santana estaba en el poder, fue la única vez que existió un tribunal de disciplina.

“Este tribunal de disciplina judicial atenta contra la carrera judicial, contra los alumnos que estudian derecho, contra los jueces, contra los magistrados. Esto es santanismo judicial.

Ya en pleno debate, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, expuso las razones que llevaron a AMLO a proponer el plan C: “Una, por la intromisión grosera del Poder Judicial en las decisiones del Poder Legislativo y la segunda, porque en el Congreso de la Unión no logró (en la legislatura pasada) la mayoría calificada y le fueron rechazadas reformas fundamentales.

La diputada Paulina Rubio Fernández fue la primera en posesionar al PAN. Estuvo arropada por compañeros de bancada que se colocaron detrás de un manta grande que decía “Sin justicia no hay futuro.”

“Les brindaron (a los oficialistas) una mayoría que no les corresponde y ¿saben por qué se las concedieron?, porque hoy es el pago, los van a dejar en el Tribunal Electoral hasta el 2027 y permitirles ser candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Se vale sobar.

Jérico Abramo Masso fijó postura por el PRI. Pidió: “No rompamos el equilibrio democrático. Puede tomarnos una generación completa para que logre restituir lo que ya teníamos. Las hijas y los hijos de los mexicanos serán las principales de un sistema de poder absoluto”.

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De naturaleza política

Confronta paro a ministros de la Corte…

Enrique Aranda | Excelsior

Escala el malestar y protesta estudiantil. Cuidado.

Más tarde que temprano, si se quiere, pero Andrés Manuel López Obrador finalmente “pasó factura…” a las cuestionadas Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa, igual que a las impresentable Lenia Batres Guadarrama por haberlas propuesto para alcanzar la posición de ministras de la Suprema Corte de Justicia y lo hizo alentando su confrontación con sus pares en la SCJN y en el momento más oportuno, se diría, para intentar alcanzar su innegable propósito de someter a sus deseos o destruir, incluso, al único poder federal que, hoy por hoy, escapa aún de su control…

Al filo del mediodía de ayer, a decir de quienes operan en el entorno del incuestionable inquilino de Palacio, habría cobrado forma la idea de sugerir a las “obsequiosas” ministras emanadas del lopezobradorismo oponerse a la decisión de sus pares, los ocho ministros restantes del máximo tribunal de justicia, de apoyar el paro de actividades iniciado por trabajadores del Poder Judicial contra la inconstitucional reforma judicial, incluso de advertirles sobre el riesgo que, en caso de mantener su postura, corrían de ser sujetos a juicio político por omisión en el cumplimiento a sus tareas, citando como base de ello lo expuesto en la fracción l del artículo 109 de la Carta Magna.

En un pronunciamiento conjunto dado a conocer al término de la reunión del pleno en que se habría dado la confrontación, Ortiz, Esquivel y Batres plantearon la procedencia de un eventual juicio político contra sus pares y otros servidores públicos que “incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”, incluso, les advirtieron que podrían ser objeto “de la destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier otra función en el servicio público”, y fueron aún más lejos, aclarando que un eventual paro de labores de los titulares de la Corte no está previsto legal ni constitucionalmente, ni para el personal de confianza.

Grave asunto éste, pues, que aun antes que la sumisa mayoría calificada de la 4T en San Lázaro aprobaran, presumiblemente lo habrían hecho la madrugada de este miércoles, la controvertida iniciativa de reforma lesionó ya de manera por demás preocupante, merced a la acción de ministras designadas por el tabasqueño, la unidad del Poder Judicial. ¡Imaginemos, entonces, lo que sucederá si los jueces son objeto de elección directa, por voto popular!

ASTERISCOS

* Al tiempo que se profundiza la confrontación con la Casa Blanca y se agrava el entorno político interno por el tema que nos ocupa, analistas del sector privado consultados por el Banco de México coincidieron en advertir un futuro sombrío al país ante el que, en forma unánime, decidieron bajar de 1.8% a 1.6% sus pronósticos de crecimiento del PIB y al alza, de 4.54 a 4.64%, su previsión de inflación. Preocupante en verdad, si queremos tomar la realidad en serio.

* En Chalco, luego del breve “respiro” de 48 horas en que las lluvias moderaron su intensidad, pobladores de una treintena de calles de las colonias Culturas de México y Jacalones 2 siguen “viviendo” en medio de las pestilentes aguas negras que inundan sus hogares, mientras la gobernadora, Delfina Gómez, y el alcalde, Miguel Gutiérrez, ambos morenistas, reiteran su oferta de “obsequiarles enseres domésticos”. Uff; son ya 32 días…

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Juegos de poder

Que no nos vengan a vender espejitos

Adiós a la poca o mucha independencia del Judicial.

Leo Zuckermann | Excelsior

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el próximo de Claudia Sheinbaum nos venden la idea de que, como por arte de magia, la elección de jueces resolverá los añejos problemas del Poder Judicial. Como el pueblo nunca se equivoca, darle el poder a la ciudadanía de elegir directamente a los juzgadores les otorgará la legitimidad y eficacia que hoy no tienen.

Mentira.

En su estudio Reforma del Poder Judicial en México: mapa urgente para el debate, Rafael Archondo nos ilustra cómo los regímenes populistas de Venezuela y de Ecuador innovaron la manera de designar a los jueces sometiéndolos a reglas que supuestamente los legitimaban. Sonaba muy bien, pero “terminaron sometiendo a los tribunales a las agendas e intereses puntuales del Poder Ejecutivo”.

Luego vino el caso de Bolivia. Ahí fueron más allá y, en su nueva Constitución de 2009, se ordenó la elección de los jueces de los más altos tribunales.

He aquí lo que ocurrió en palabras de Archondo:

“Las primeras elecciones judiciales bolivianas tuvieron lugar el 16 de octubre de 2011. Se presentaron como aspirantes a los cuatro tribunales en disputa un total de 393 hombres y 188 mujeres. Dos comités del Congreso boliviano revisaron los documentos de los 581 aspirantes a máximos jueces […] Del número señalado de postulantes, 348 terminaron siendo calificados como aptos por los parlamentarios reunidos en las dos comisiones (una por cada cámara). A partir de esa extensa lista, el pleno del Congreso votó por 118 nombres para que figuraran como candidatos en la boleta electoral. En efecto, la papeleta impresa para el 16 de octubre era mucho más grande de lo habitual y su longitud fue un verdadero problema para los votantes interesados en definir su voto. Los aspirantes finales sumaron un número de 74 y quedaron retratados en una sola boleta para todo el país”.

Casi dos años después, el Tribunal Constitucional, el primero electo por voto ciudadano, desconoció los resultados de un referéndum. Los bolivianos habían dicho que “no” a una nueva reelección de Evo Morales. Los jueces, sin embargo, la permitieron, contra lo que decía la Constitución, alineándose a los intereses del Presidente en turno.

Dice Archondo: “Que los candidatos a jueces tuvieran, desde el inicio de la reforma, niveles tan bajos de representatividad, mostraba que los votantes no los conocían y preferían no emitir su criterio o, en el peor de los casos, que los bolivianos no estaban de acuerdo con asumir la responsabilidad de conformar el Poder Judicial”.

Pero, además, “los votantes entendieron bien que todos los candidatos eran simpatizantes o afiliados en reserva del partido de gobierno. En efecto, las dos terceras partes de ambas cámaras estaban, durante el 2011, en manos del MAS (el partido gobernante). Esto significa que ninguno de los aspirantes aceptados había sido sugerido por la oposición. En tal sentido, el poder de los electores había quedado neutralizado por la supermayoría del MAS en el Congreso boliviano. Los votantes tenían ante sí una lista partidaria de candidatos, no así una nómina competitiva”.

Esto es muy importante porque en México pasaría algo similar.

De acuerdo con la iniciativa de reforma judicial, un tercio de los candidatos que aparecerán en la boleta los propondrá el Ejecutivo, es decir, Morena. Otro tercio lo hará el Legislativo, es decir, Morena que, como el MAS en Bolivia, tiene una supermayoría en ambas cámaras. El tercio restante de candidatos lo pondría el Judicial; quién sabe qué será de ese Poder para el año que viene.

Lo que sí podemos afirmar es que Morena tendrá el control de dos terceras partes de los candidatos.

Como en Bolivia, los votantes mexicanos tendrán una lista partidista de candidatos.

Pero, además, hoy, Morena y aliados son los que cuentan con la capacidad de movilizar a una gran mayoría del electorado. Tienen los recursos materiales, financieros y humanos para hacerlo. La oposición, por su parte, está destruida. Ergo, el partido gobernante será el que lleve a la mayor cantidad de votantes a las urnas. Una gran parte de la ciudadanía difícilmente se presentará en unas elecciones que ni les interesa y de la que no sabrán nada de los candidatos.

Los operadores electorales de Morena les solicitarán a sus huestes que sufraguen por Fulanito o Zutanito, que son los que quiere el gobierno que queden como juzgadores.

De esta forma, los jueces le deberán su chamba al partido gobernante y, como políticos que serán, acatarán las instrucciones del jefe verdadero, es decir, el Ejecutivo.

Adiós a la poca o mucha independencia del Judicial.

Eso es lo que en el fondo se está votando en el Congreso. Que no nos vengan a vender espejitos.

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México, SA

Ministros paristas // No laboran, sí cobran // Ken Salazar, otra vez

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

De por sí no hacen mucho, son extremadamente lentos (siempre que no haya aceite de por medio), mantienen en el éter más de medio millón de expedientes, congelan carpetas de evasores fiscales, liberan a delincuentes de cuello blanco y de la delincuencia organizada, viven como reyes, se han ganado a pulso el rechazo de los ciudadanos (66 por ciento los consideran corruptos) y mucho más, pero –como jueces y magistrados– se dan el lujo de sumarse al paro del Poder Judicial, ante el terror que en ellos provoca la pérdida de canonjías.

Qué eficientes representantes del Estado mexicano. Se trata de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes ayer y a propuesta de la cabeza visible del Poder Judicial, la mismísima Norma Piña, y por mayoría de ocho votos contra tres, decidieron, desesperados, sumarse al paro de actividades en el sector que dicen representar, ante el miedo que les provoca que les cambien las reglas del juego y, por ende, pierdan el cúmulo de privilegios que ellos mismos se han otorgado. ¿Vivir en la medianía juarista y servir a la ciudadanía? Ni locos.

Los que votaron a favor son los de siempre: Norma Piña, Javier Láynez Potisek, Luis María Aguilar Morales, Juan Luis González Alcántara, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán, pero Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz votaron en contra. Entonces, solidarios, esos ocho impartidores de justicia serán más lentos que de costumbre. Probablemente nadie registre la diferencia entre su actuar cotidiano y ahora en suspensión, salvo aquellos que tradicionalmente recurren a los ministros para que les saquen las castañas del fuego, aceite de por medio, desde luego. Descansarán más de lo habitual, aunque sus jugosos sueldos e interminables prestaciones permanecerán intocados.

Ante tal panorama, las tres ministras que votaron en contra del paro de actividades promovido por Norma Piña advirtieron que “procede la imposición –mediante juicio político– de la destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier otra función en el servicio público a las ministras o ministros (entre otros servidores públicos) que en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho” ( La Jornada, Gustavo Castillo).

Y el juicio político que de tiempo atrás pende sobre la cabeza de Norma Piña, ahora, con la citada propuesta y su posterior aprobación, parece que ella misma pide a gritos que se lleve a cabo. Ante ello, Esquivel, Batres y Ortiz subrayaron que el artículo 110, fracción décima, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es terminante en señalar que incurre en responsabilidad la persona servidora pública que deje de desempeñar las funciones o labores que tenga a su cargo. No está prevista la figura del paro de labores a nivel constitucional ni legal para los titulares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De hecho, recuerdan las tres ministras, el personal de confianza no puede ni siquiera acudir a huelga, de conformidad con múltiples criterios sostenidos por la propia Suprema Corte, como la jurisprudencia 118/2016, de la segunda sala. Por mayoría de razón, los titulares del máximo órgano de impartición de justicia no podemos suspender la prestación del servicio público que nos ha encomendado la Constitución.

Además, el Código Penal Federal tipifica como delitos por hechos de corrupción la omisión de proporcionar el servicio público que nos corresponde (artículo 215) o recibir el pago indebido de remuneraciones sin tener derecho a ello (artículo 217), por lo que, en todo caso, quienes votaron por el paro debieron haber determinado dejar de percibir las remuneraciones que tienen; el artículo 17 de la Constitución establece que es un derecho fundamental la impartición de justicia en los plazos y términos que fijan las leyes; los órganos de justicia tienen la obligación de emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial ( ídem).

Pero, tranquilos, que los paristas tienen tiempo para descansar y hacer maletas, porque ya se van. Serán remplazados por mexicanos probos, porque en la Cámara de Diputados se aprestan a votar y aprobar la reforma judicial.

Las rebanadas del pastel

Desde que lo pausaron, sudaba y se retorcía, porque la lengua debía mantenerla dentro de su cavidad bucal. Pero le ganó el virus de la doctrina Monroe: el embajador gringo Ken Salazar reabrió la boca para mostrar su preocupación por la reforma judicial. No tiene remedio.

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La oposición en su negro laberinto

Ana María Aragonés | La Jornada

Tratando de entender la reacción desquiciada, enloquecida de la oposición ante los resultados obtenidos por la coalición de los partidos Morena, del Trabajo y Verde el 2 de junio, salta a la vista que han perdido la pequeñísima cordura que pudieron tener, y no reconocen que se lanzaron como aventureros y por lo mismo incapaces de dar soluciones. Eso explica que planteen, sin el menor rubor, que ha sido un golpe de Estado, que fue un robo, que hubo fraude.

Y lo más burdo es el cuento de la sobrerrepresentación, al decir que antes se hizo de acuerdo con las leyes, pero fue un error (Lorenzo, dixit), por tanto, es ilegal que ahora se repartan de acuerdo a la ley”. ¡Qué sandez! De acuerdo, se les propinó una verdadera paliza, y eso duele en el alma, pero lo realmente peligroso es que soliciten la intromisión de gobiernos extranjeros. Por eso Ken Salazar, embajador de Estados Unidos salió a la palestra y se atrevió a señalar que la reforma judicial propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador podría poner en riesgo la democracia mexicana y también la integración económica de Norteamérica y por ahí se fue también el embajador de Canadá, Graeme Clark.

Esto le da más sentido a la extraordinaria respuesta por la elección pasada en la que Claudia Sheinbaum no sólo será la primera presidenta de México, sino que el paquete de reformas que se va a poner en marcha apunta hacia la consolidación de un nuevo proyecto de país que, de alcanzarse, dará lugar a un cambio de régimen.

Un área fundamental es la de promover el bienestar humano, para lo cual el Estado tendrá que ir recuperando las dinámicas que el neoliberalismo prácticamente le dinamitó: seguir ampliando las políticas sociales, que ya se iniciaron y con gran resultado al abatirse la pobreza en 5 millones de personas; apoyo a los trabajadores, lo que quiere decir, eliminar la nefasta reforma laboral de los años 2012 que los precarizó con la aplicación de procesos de flexibilización y desregulación, con la ley de libre despido, por los contratos laborales que rompieron la estabilidad en el empleo; las pensiones de 100 por ciento que se redujeron a 40 por ciento para 45 millones de trabajadores; hay que reconocer que en este sexenio finalmente se eliminó el outsourcing que hacía legal lo ilegal (como dice Manuel Fuentes).

Hay que buscar, por todos los medios, recuperar la responsabilidad solidaria y que se hagan realidad las 40 horas de trabajo, entre otras políticas. Hay que recordar que la política laboral del neoliberalismo fue claramente la ofensiva contra el trabajo.

No es extraño que se hayan manifestado en contra nada menos que el Consejo de Empresas Globales que representan 60 compañías multinacionales en México, y emitieron un comunicado señalando su preocupación ante el riesgo para la inversión que puede suponer el proyecto de reforma judicial de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Otros empresarios, inversionistas y calificadoras, como Morgan Stanley, degradó la calificación de México y disminuyó las recomendaciones, y Fitch Ratings, si bien mantiene la calificación, señala que las reformas de México afectarían negativamente el perfil del país; otros señalaron que minaría las conversaciones trilaterales que ya están en curso sobre el T-MEC en 2026, y convenios internacionales como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

Estos señalamientos muestran que los que se oponen a la posibilidad de los cambios en las relaciones económicas, son los que se han visto favorecidos, entre ellos las multinacionales, justamente, el corazón del modelo neoliberal. Por eso, para construir un nuevo proyecto nacional y superar el neoliberalismo, hay que revisar las condiciones pactadas en los tratados.

El investigador Manuel Pérez Rocha (La Jornada, 20/5/24) analiza puntualmente los conflictos devenidos por estos tratados de libre comercio. Sobre todo hace hincapié en el poder trasnacional debido al régimen de protección de inversiones. Señala que todas las demandas parten de los tratados internacionales de inversiones y pasan a los tribunales arbitrales internacionales y estados (ISDS, por sus siglas en inglés). Destaca que México es parte de 31 tratados bilaterales de inversión (TBI) y 11 tratados de libre comercio (TLC). Con 53 demandas contra, México es el cuarto país más demandado del mundo (tras Venezuela, Argentina y España).

Ha perdido 11 casos y ha sido obligado a pagar 296 millones de dólares. Más aún: hay 23 demandas pendientes, mediante las cuales inversionistas exigen la estrafalaria suma de al menos 13 mil 323 millones de dólares. Por todo ello, resalta, la revisión del T-MEC para 2026 debe ser la ocasión para desmontar por completo el sistema ISDS, nos plantea Pérez Rocha.

Es claro que la derecha quiere seguir con un país amarrado al neoliberalismo porque se vio extraordinariamente favorecida, pero a costa de la desigualdad de las mayorías del país, mismas que mostraron con total contundencia el 2 de junio que hay que revertir ese camino. No será un camino ni fácil ni sin problemas, pero la decisión está hecha.