Telegram, Dúrov, plataformas, libertad de expresión
El arresto (de Dúrov) se basa en la premisa falsa de que Telegram es responsable por el contenido que circula en su aplicación. Esta idea es errónea y peligrosamente desproporcionada.
Jorge Bravo | Proceso
El arresto de Pável Dúrov, fundador y CEO de la plataforma de mensajería instantánea Telegram, por el gobierno de Francia, ha desatado preocupación por el futuro de los derechos digitales en el mundo. El “delito” fue la falta de cooperación de Telegram con las autoridades francesas en su lucha contra la pornografía infantil, el tráfico de drogas y el lavado de dinero dentro de la app.
Este acto parece más una trama política que una medida para combatir la desinformación y pone en duda el compromiso de Francia con los valores democráticos de libertad y legalidad. La detención de Dúrov sienta precedente que podría ser utilizado por otros países para socavar los derechos fundamentales en la era digital.
El arresto se basa en la premisa falsa de que Telegram es responsable por el contenido que circula en su aplicación. Esta idea es errónea y peligrosamente desproporcionada. Las plataformas de mensajería como Telegram, WhatsApp o incluso redes sociales como Facebook o YouTube, no son responsables del contenido que publican los usuarios. Estos servicios actúan como intermediarios, proporcionan un espacio donde las personas pueden comunicarse libremente, siempre y cuando sigan las reglas de la comunidad que las propias plataformas han establecido.
En Estados Unidos, la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones establece que ninguna plataforma de internet es legalmente responsable del contenido publicado por sus usuarios. Esta legislación ha protegido la libertad de expresión en línea y ha permitido que las plataformas digitales prosperen sin temor a represalias legales por los actos de terceros.
Aunque el principio de la Sección 230 no es universal, el arresto de Dúrov en Francia ignora las lecciones en otros contextos, donde la protección de los intermediarios es clave para mantener un ecosistema digital abierto y libre.
El caso de Dúrov no es el único en el cual un gobierno ha tomado medidas draconianas contra una plataforma digital. En Colombia, Uber fue víctima de una resolución de competencia y ataques de sindicatos de taxis, quienes han presionado para restringir su operación bajo el argumento de que su modelo de negocio es ilegal. Esta persecución afecta la economía colaborativa, limita las opciones de los consumidores, restringe la competencia y coarta el derecho a la movilidad.
En Brasil, WhatsApp y Telegram han enfrentado bloqueos temporales por negarse a cumplir órdenes judiciales que atentaban contra la privacidad de los usuarios. Hace unas semanas el empresario Elon Musk anunció la salida de X (Twitter) de Brasil, también por una decisión judicial. Estas acciones demuestran un patrón alarmante: los gobiernos utilizan la ley para intentar controlar la narrativa digital, sacrificando los derechos digitales de los ciudadanos.
La captura tiene tintes geopolíticos que exceden la preocupación por la desinformación. Dúrov, originario de Rusia y crítico de Vladimir Putin, ha rechazado las demandas del Kremlin por entregar datos de los usuarios, enemistándolo con el gobierno ruso. Aun así, parece poco probable que Francia actúe en nombre de Putin, dado que la relación entre ambos países se tensó durante la guerra en Ucrania.
Más bien, el arresto de Dúrov es una señal de que Francia está dispuesta a sacrificar principios como la libertad en un intento por ganar influencia en la arena geopolítica. Es difícil imaginar cómo esta acción podría cambiar el curso de la guerra entre Rusia y Ucrania o cómo podría mejorar la relación de Francia con Putin. Lo que sí es claro es que este tipo de medidas socavan la credibilidad de Francia como defensor de los derechos humanos y la libertad de expresión.
El problema de la desinformación y los discursos de odio en el mundo digital necesita ser abordado sin perseguir a los líderes de las plataformas digitales. En lugar de criminalizar a las empresas tecnológicas, los gobiernos deberían centrarse en soluciones constructivas y colaborativas.
Ya se ha hablado mucho de promover la alfabetización digital desde el aula temprana y entre los ciudadanos para que puedan identificar y resistir la desinformación, desde adaptar programas educativos en escuelas hasta campañas de concientización. También exigir a las plataformas que sean más transparentes sobre cómo funcionan sus algoritmos de recomendación y moderación de contenido, así como plantear mejores prácticas sin sacrificar la libertad de expresión.
Según la lógica de París, todos los CEOs de redes sociales deberían estar preocupados por su seguridad. Facebook, X, YouTube, TikTok y otras plataformas también albergan contenido tóxico y problemático. No hemos visto a Mark Zuckerberg, Elon Musk, Sundar Pichai o Shou Zi Chew ser arrestados. Desde ya les recomendamos no pisar Francia. Entonces, ¿por qué Dúrov?
Telegram dice ofrecer un nivel de privacidad y encriptación superior, por lo que su enfoque en la libertad de expresión y la resistencia a la censura la convierte en un objetivo para los gobiernos que desean tener un mayor control sobre las comunicaciones de sus ciudadanos.
Muchas veces son los actores políticos quienes intoxican la plaza pública digital. Desde campañas de desinformación hasta el uso de bots y seguidores fanáticos para confundir a la opinión pública, los políticos son los primeros en aprovecharse de las lagunas en la regulación digital para su beneficio. Gracias a ellos la información falsa y los discursos de odio proliferan, mientras que las plataformas son culpadas por no controlar algo que, en muchos casos, es impulsado por quienes ostentan o aspiran al poder. Desde 2019 un informe del Oxford Internet Institute evidenció que los intentos de manipulación son exponenciales y están siendo utilizados por gobiernos democráticos y autoritarios de 70 países.
El arresto de Pável Dúrov por Francia es un ataque directo a la libertad de expresión y un peligro para el futuro de los derechos digitales. En lugar de hacer lo fácil y mediático que es castigar a las plataformas por proporcionar un espacio de comunicación, las autoridades deben enfocarse en educar y empoderar a los usuarios para que utilicen estos espacios de manera responsable.
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Arsenal
El día del periodista lambiscón
Francisco Garfias | Excelsior
Espectáculo bochornoso el de los representantes de los “medios alternos” que acudieron al primer Encuentro Continental de Comunicadores Independientes, celebrado ayer en Palacio Nacional. Un bola de arrastrados que colmaron al Presidente de elogios, sin olvidar la consigna reina de la 4T: “¡Es un honor estar con Obrador!”.
López Obrador sonreía. Se veía feliz. La autollamada “prensa independiente” estaba a sus pies, sin críticas, sin cuestionamientos, con aplausos y hasta gritos de “te queremos, Presidente”. Parecía el día del periodista lambiscón.
López Obrador pronunció un discurso salpicado de demagogia ante ese auditorio entregado que lo aclamaba sin el menor rubor.
“No queremos un periodismo sometido, vendido. Nosotros queremos un periodismo libre, independiente, porque eso es lo que ayuda para hacer realidad una auténtica democracia. No puede haber un pensamiento único. Se tiene que garantizar el derecho a disentir. Eso es por lo que hemos luchado”.
¿Derecho a disentir?, pregúntenle a Carlos Loret de Mola, a Ciro Gomez Leyva, a Joaquín López-Dóriga, a Raymundo Riva Palacio, a Anabel Hernandez, a la mismísima Carmen Aristegui, sin mencionar a Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, Denise Dresser y muchos otros articulistas que han sido denostados, descalificados en la mañanera.
* Las palabras de López Obrador nada tienen que ver con la realidad de su mandato. El “periodismo libre”, para él, es el que apapacha, alaba, magnifica su obra y despotrica contra la oposición. Los que lo cuestionan son “chayoteros” al servicio de fifís que quieren volver al pasado para recuperar sus privilegios .
La que vimos en este encuentro de “comunicadores independientes” devolvieron a mi memoria palabras que el polaco Ryszard Kapuscinski dejó plasmadas en su libro Los cínicos no sirven pra este oficio: “Nuestra profesión no puede ser ejercida correctamente por nadie que sea un cínico… una actitud incompatible con la profesión de periodista” (Editorial Anagrama, página 53).
* Culiacán está que arde. Las imágenes son contundentes. Narcobloqueos, vehículos incendiados, balaceras, cierre de comercios, miedo. El reino del narco, pero el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, asegura que la entidad está tranquila: “Fue un incidente, no tiene más consecuencias”, declaró.
—¿A qué se debieron los bloqueos?, le preguntaron reporteros de la fuente de Presidencia.
—Una patrulla del Ejército se encontró con una camioneta de gente armada. Ese incidente llevó a lo otro, pero ya no hay nada, respondió.
Rocha formó parte del grupo de gobernadores que acudieron ayer con el Presidente para revisar el avance del programa de Federalización de la Salud, a través del IMSS-Bienestar, reunión a la que acudió la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
A Palacio Nacional llegaron también los gobernadores Miguel Ángel Navarro, Nayarit; Delfina Gómez, Estado de México; David Monreal, Zacatecas; Salomón Jara, Oaxaca; Américo Villarreal, Tamaulipas; Mara Lezama, Quintana Roo; Marina del Pilar Ávila, Baja California; Alfredo Ramírez Bedolla, Michoacán, y Rutilio Escandón, Chiapas.
Estuvieron también Luisa María Alcalde, titular de la Segob; Jorge Alcocer, secretario de Salud, y el que será su sucesor, David Kershenobich; Zoé Robledo, IMSS, y Alejandro Calderón, del IMSS-Bienestar.
* Del tema de las reformas que contiene el plan C (plan capricho) de López Obrador hablamos con el diputado federal del PAN, Jorge Romero, quien se perfila para ser el próximo jefe nacional de ese partido. Nos dijo:
“Para mí no hay nada más preocupante que ver reformas que, básicamente están enfocadas a destruir. No sólo es hablar de la reforma al Poder Judicial. Como que no han podido detectar lo que significa que estén a punto de destruir al Inai, un organismo que permite que la gente sepa que se hace con el dinero de sus impuestos, aunque la 4T considere que no sirve para nada.
“Es delicadísimo. Están construyendo, poco a poco, un régimen donde no haya contrapesos. Vamos a dar el debate y confiamos que en el Senado, así sea por un voto, se defienda nuestra posición”.
Para evitar que esa reforma pase cuenta con la permanencia del “bloque de contención” —PAN, PRI y MC— a nivel parlamentario. Al oficialismo le falta un senador para la mayoría calificada (dos tercios de los legisladores) en ambas cámaras.
“El PAN está listo y resuelto para eso”, dice, pero aclara: “Otra cosa es una plataforma en común, pensar en candidaturas a posteriori…”.
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Entre agendas públicas
A propósito de jueces y magistrados
Miguel González Cánudas | Excelsior
En los últimos días, en diversos medios de comunicación, se difundió una nota sobre la revocación de una sentencia de primera instancia dictada por un juez de Colombia. La litis por resolver se centraba en la obligación o no de pago a una aseguradora, a cargo de los padres de un menor con autismo, por concepto de los servicios médicos y de transporte que requería para su atención. La resolución inicial concluyó que los padres no deberían hacerse cargo de pago alguno.
Para arribar a este fallo protector, el titular del juzgado hizo uso de la inteligencia artificial: el ChatGPT, al que introdujo una serie de preguntas relacionadas con la controversia planteada.
Las respuestas a las que arribó la herramienta tecnológica fueron coincidentes con el sentido de la sentencia. El juzgador citó y justificó en el cuerpo de la misma el uso de la referida herramienta.
No es la primera ocasión que se hace uso de la inteligencia artificial en el ámbito de las decisiones jurisdiccionales. En Wisconsin, Estados Unidos, se utilizó la inteligencia artificial para determinar el grado de reincidencia de un delincuente y con base en ello, fijar la penalidad que le debería corresponder, sin embargo, fue cuestionada la medida judicial por las variables incorporadas en el algoritmo utilizado.
Por su parte, en China ya operan los llamados Tribunales de Internet, en los que se habilita a un juez virtual para la atención de conflictos derivados de operaciones en línea. Se sustancian de manera virtual y con la asistencia de un juez real. Estonia ha avanzado a pasos agigantados sobre el mismo tema. Otras naciones, también ya usan estas herramientas tecnológicas como auxiliares de la impartición de justicia, simplificando trámites judiciales y generando insumos de apoyo para la toma de decisiones.
Ante ello, la comunidad internacional, en particular la Unesco, ha fijado algunos parámetros relacionados con el uso de la inteligencia artificial. Señala que es una herramienta de gran utilidad para los poderes judiciales al incidir directamente en los estándares de eficacia y eficiencia de los juzgados y tribunales, sin embargo, también afirma, que conlleva un riesgo importante cuando su uso es indiscriminado y sin el rigor técnico-jurídico necesario. Sostiene que no debe verse como un sustituto del raciocinio jurisdiccional.
No puede sustituirse, porque se nutre, enriquece y afina de la experiencia y el conocimiento adquirido por los juzgadores al paso de sus años en el servicio público.
Por ello, la carrera judicial representa la mejor escuela de formación para los responsables de impartir justicia, al demandar, conocimiento, compromiso, honestidad y sacrificio, entre muchos otros atributos. Desde luego, que sangre nueva viene bien en cualquier institución, la renueva y la revitaliza, pero no debe destruirse lo que por años ha costado tanto formar. Cambiemos lo que no sirva, dejemos lo que sí opera.
El debate actual sobre la sustitución por la vía de elección popular de las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de las y los titulares de los juzgados y tribunales de todo el país, representa la gran oportunidad que tiene el Estado mexicano para definir su política pública judicial de los próximos años. No desaprovechemos este espacio de reflexión. Hagámoslo con responsabilidad y objetividad. Esto también lo demanda la ciudadanía.
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México SA
Fobaproa, deuda eterna // Crece en cinco gobiernos // Mexicanos pagadores
Carlos Fernández-Vega | La Jornada
Concluye el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y el marcador del rescate bancario resulta espeluznante: banqueros 5, mexicanos 0, es decir, cinco gobiernos al hilo y el único logro ha sido el permanente incremento de la deuda pública resultante del ilegal rescate bancario con recursos del erario, ordenado en 1995 por Ernesto Zedillo y, tres años, después, legalizado por priístas y panistas, justo el día de la Guadalupana, en 1998. Y a punto de iniciar el periodo constitucional de Claudia Sheinbaum, se corre el riesgo de que tal marcador suba a 6-0.
Este país ha sido víctima de brutales saqueos desde la llegada de los conquistadores españoles, pero ya (supuestamente) sin ellos, el latrocinio de las hordas autóctonas ha sido de proporciones verdaderamente espeluznantes, y el rescate bancario se posiciona entre los primeros lugares del ranking, con los responsables (públicos y privados) impunes al ciento por ciento.
Cuando rindió su segundo informe de gobierno, Zedillo (alias el procurador del capital financiero) reconoció que se han comprometido recursos fiscales, estimados a precios de 1996 en más de 180 mil millones de pesos, que se irán erogando a lo largo de varios años, dinero público (los denominó apoyos) ilegalmente canalizados a través del sistema bancario.
(Como cápsula de memoria, hay que recordar que en enero de 1995, desatada la crisis bancaria nacional, el primer gobernador del Banco de México, Miguel Mancera Aguayo, aseguraba que el apoyo económico del erario, vía Fobaproa, a las 18 instituciones bancarias reprivatizadas por Carlos Salinas de Gortari a favor de sus amigos “no rebasaría los 50 millones de dólares –algo así como 400 millones de pesos al tipo de cambio de entonces–, y la ayuda sería temporal y sólo en caso de necesitarse”, lo que resultó ser una tomadura de pelo para los mexicanos.)
Bueno, Zedillo dijo lo citado, pero lo cierto es que cuando los prianistas legalizaron (12 de diciembre de 1998) la deuda del Fobaproa y aprobaron la creación del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), el saldo de esos apoyos sumaba 552 mil 300 millones, es decir, tres veces más de lo que reconoció el susodicho, sin considerar que al cierre de su sexenio llegó a 648 mil 570 millones. Desde entonces, el aumento ha sido permanente, sin visos de solución y siempre a cargo de las espaldas de los mexicanos.
Si se considera el primer monto reconocido por Zedillo (los 180 mil millones de pesos) y se compara con la última información oficial disponible (un billón 86 mil 492 mil millones), entonces entre el 1º de septiembre de 1996 y el de junio de 2024, el saldo de los pasivos del Fobaproa-IPAB se ha multiplicado por 6.04 veces y contando, a pesar de que año tras año el Presupuesto de Egresos de la Federación destina una partida (entre 40 y 50 mil millones) para amortiguar el costo del rescate bancario.
Con todo, en las casi tres décadas transcurridas desde que Ernesto Zedillo decidió rescatar y apoyar a los banqueros privados depredadores (todos amigos y beneficiarios de Carlos Salinas de Gortari, pues fue él quien reprivatizó la banca expropiada por José López Portillo en 1982 y se la entregó mayoritariamente a especuladores bursátiles sin mínima experiencia), los mexicanos han pagado entre un billón 160 mil y un billón 450 mil millones de pesos, y aún les falta por cubrir casi un billón 100 mil millones adicionales (si las cosas no cambian, y cambiarán, porque esta última cifra es la que la Secretaría de Hacienda reconoce como el saldo del rescate bancario al cierre de junio de 2024).
En el balance, en su sexenio los apoyos a los banqueros reconocidos por Ernesto Zedillo se incrementaron 360 por ciento (más el inicio de la extranjerización de la banca otrora mexicana); con el mariguanero en Los Pinos, Vicente Fox, aumentaron 8.15 por ciento, sin considerar los cerca de 240 mil millones que les pagó por los pagarés Fobaproa ni la evasión fiscal legalizada que les permitió, y aceleró la extranjerización. Lo mismo con Felipe Calderón, en cuyo sexenio el saldo del rescate creció 18 por ciento; ya con Peña Nieto, el débito avanzó 21 por ciento, y con López Obrador, 15 por ciento. Y lo que falta.
Colofón: en este cuento que no es cuento, el rescate bancario resulta ser el atraco perpetuo, mientras los responsables se mantienen tan tranquilos.
Las rebanadas del pastel
Son tan miserablemente chiquitos, que ahora, por ejemplo, el esperpéntico Germán Martínez Cázares nomina a su paisano Marco Antonio Solís, El Buky, ¡a la medalla Belisario Domínguez! Agárrense.
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No hay derechos humanos sin democracia
Mariana Bermúdez | La Jornada
Cuando hablamos de democracia, ¿a qué nos referimos?, ¿al poder del pueblo o de la mayoría? ¿Como un fin o un medio?, ¿para quién o quiénes es ese modelo democrático? De acuerdo con Abraham Lincoln, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo; sin embargo, cuando hablamos de controles gubernamentales y contrapesos para una representación plural y equitativa, ¿cómo podríamos hacerlo posible? La democracia ha sido un modelo de gobierno que se ha dialogado desde los pensadores griegos hasta la actualidad, cuyos debates continúan intentando resolver esos cuestionamientos. Ha sido este marco institucional el que ha permitido colocar a los derechos humanos en el centro de la discusión, bajo el principio de representatividad e inclusión para construir condiciones de vida digna para todas las personas, donde las desigualdades estructurales sean desmontadas.
Uno de los elementos fundamentales de la democracia es la división de poderes, cuyo objetivo es mantener un equilibrio entre los distintos agentes y órganos de gobernanza, los cuales velarán el bien común de la ciudadanía. En consecuencia, debería existir un sistema de frenos y contrapesos que garantice la autonomía de las instituciones responsables de proteger los derechos humanos, así como la participación de la ciudadanía en mecanismos de toma de decisiones, donde la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales y colectividades de víctimas sean sumamente importantes para la visibilización y atención a sus problemáticas. Sin embargo, estos elementos claves no han sido considerados por el representante del Ejecutivo federal; al contrario, ha limitado, estigmatizado y criminalizado la labor de las personas y organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos.
Aunado a la actual reforma al Poder Judicial, se pone en jaque al sistema democrático, pues no hay democracia sin contrapesos ni equilibrio de poder. Mucho menos habrá justicia para las miles de víctimas de violaciones graves a derechos humanos que hay en el país, donde la aquiescencia del Estado mexicano hacia empresas y grupos del crimen organizado ha sido considerable. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, es importante reflexionar cuáles serán los impactos de estos cambios para las víctimas, sus procesos de búsqueda de justicia y reparación integral del daño para quienes buscan a sus familiares desaparecidos. Si bien, es necesario reconocer que el sistema de justicia del país requiere modificaciones para que protejan y garanticen los derechos de las víctimas con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, es un peligro que se proponga la elección de jueces y magistrados por voto popular, pues no se estarían protegiendo los principios de independencia e imparcialidad.
Es importante señalar que el problema no es el voto popular, sino la falta de condiciones para llevar a cabo este mecanismo. Por un lado, en un país donde el reciente contexto electoral fue considerado uno de los más violentos en la historia de México, sumado a la presencia constante del crimen organizado para cooptar el voto y/o colocar candidaturas coludidas con estos agentes, ¿qué condiciones podríamos esperar para quienes deben ejercer la justicia hacia ellos? Por otro lado, la preocupación latente hacia la posible ausencia de organismos autónomos que promueven mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de las instituciones, cuya existencia se logró gracias a la lucha de la sociedad civil organizada derivada de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Lo anterior, se consideró un elemento fundamental para la democracia y el gobierno abierto y ha sido gracias a estos organismos que se ha logrado publicitar información sustancial para las víctimas de violaciones graves a derechos humanos, así como lo referente al actuar y quehacer gubernamental, visibilizando las dinámicas de corrupción, impunidad y desvío de recursos de la nación.
En el contexto actual se deja entreabierta la posibilidad de retroceder no sólo en derechos humanos, sino en la historia de México al transitar de un modelo democrático a uno de presidencialismo. Por tanto, es necesario que, como ciudadanía y sociedad civil organizada, nos informemos y analicemos críticamente los cambios legislativos que se están revisando, pues no es una cuestión aislada de nuestras vidas, sino que podría perpetuar y agudizar las condiciones de impunidad en nuestro país. A su vez es preocupante que estas transformaciones obstaculicen aún más el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño a las víctimas de violaciones graves a derechos humanos, donde el Estado mexicano no solamente se deslinde simbólicamente de sus responsabilidades, sino que consiga la legitimidad para ya no garantizarlos con base en los más altos estándares de derechos humanos por mucho tiempo más.
