Lo que dicen los columnistas

Nueva Legislatura, ¿se resolverán los pendientes?

Con la aprobación del dictamen de simplificación administrativa aprobado el viernes 23 último, el camino marca que desaparecerían los equilibrios del poder, afectando varios derechos humanos.

Julieta del Río * | Proceso

El próximo 1 de septiembre se instala la LXVI Legislatura y comenzará una nueva historia en México. Una vez que conocemos cómo quedó la distribución de los 128 Senadores y 500 diputados, es preciso recordar que las y los anteriores congresistas terminaron su periodo sin designar a tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como de otros organismos autónomos y de tribunales electorales y administrativos.

Con la aprobación del dictamen de simplificación administrativa aprobado el viernes 23 último, el camino marca que desaparecerían los equilibrios del poder, afectando varios derechos humanos. El derecho a conocer información pública y a la privacidad de las y los mexicanos está en riesgo.

El Pleno del INAI, de acuerdo con la ley, se compone por siete integrantes. En abril de 2022 dos comisionados del INAI concluyeron su mandato. Fue 11 meses después, hasta marzo de 2023, que el Senado realizó los nombramientos. Ain embargo, el presidente de la República los objetó. 

El 31 de marzo del año pasado otro comisionado finalizó su periodo, pero la designación de la cámara alta tampoco llegó. Con su salida, el Pleno quedó imposibilitado para sesionar: se necesitaban cinco comisionados y sólo había cuatro.

Frente a este panorama, en el INAI ingresamos una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la omisión del Senado. Fue hasta el 23 de agosto que la Segunda Sala del Máximo Tribunal determinó una suspensión para que el Pleno del Instituto pudiera sesionar con cuatro comisionados. Del primero de abril al 30 de agosto de 2023 el INAI permaneció en un estado de vacío, en una parálisis parcial.

El 2 de octubre la Suprema Corte resolvió la controversia constitucional, dándole la razón al INAI. Además, instruyó al Senado a que designara a los comisionados faltantes antes del 15 de diciembre; no obstante, el Poder Legislativo sigue sin acatar la orden. Las y los legisladores han llevado a cabo múltiples votaciones con tal de simular que cumplen la instrucción de la Corte, sin lograr los “consensos” necesarios. 

Desprestigiar, desinformar y dejarlo sin comisionados, esa ha sido la estrategia que ha seguido el bloque oficialista contra el INAI. Lo que ha pasado en los últimos días y está por venir, de darse, sería el cierre del telón; sería una regresión a 22 años atrás.

Fueron décadas de luchas sociales para que en México se garantizara el derecho a conocer información pública, incluso vidas que quedaron en el camino. Hoy, muchos de quienes pelearon por ello se quedan callados. La historia cobrará este silencio.

Pase lo que pase, nosotros seguiremos defendiendo los derechos a saber y a la privacidad. No se trata de un cargo, un sueldo o una posición, sino de un encargo por transparentar y democratizar la vida pública de México. Es nuestra convicción seguir buscando acercamientos con las autoridades electas.

Hoy los nuevos diputados y senadores tendrán ante sí una disyuntiva mayor: mostrar de qué lado de la historia están: en una donde la democracia se fortalece, o donde se ponen en riesgo derechos básicos. Tres senadoras y senadores que se unan habrán sido los culpables de mutilar el derecho a acceder a trámites y servicios básicos para tomar decisiones de vida.

* Comisionada del INAI.

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Arsenal

El presidente Noroña y los traidores del PRD

Francisco Garfias | Excelsior

Pésimo mensaje mandó el oficialismo al elegir a Gerardo Fernández Noroña como presidente de la Mesa Directiva del Senado. Una cosa es subir a la tribuna a insultar, descalificar, dividir y acusar, y otra convocar y dirigir las sesiones del pleno del Congreso.

Ese nombramiento es una mentada de madre al 46% de los ciudadanos que no votaron por la coalición oficialista. Es también un mensaje del maltrato que recibirán los opositores en el Congreso en esta nueva legislatura. Ni los van a voltear a ver.

El martes le pregunté a Noroña si le parecía correcto que, con el 54% de los votos, el oficialismo tuviera el 74% de las curules. Ésta fue la “democrática” respuesta que me dio:

“Ya sé lo que me estás diciendo. Lo dice la oposición. Te recuerdo que vivimos un régimen mixto que premia a la mayoría calificada y que obtuvimos un 93% de los senadores (sic).

“La derecha suma, tramposamente, los votos como si fuéramos un régimen de representación proporcional pura y no lo somos. Nosotros tenemos dos tercios, según las reglas con las que estamos compitiendo. Síganle con estas patrañas que 54 no son 74…”. Pues no, no son, ¿o sí…?

Noroña dice que será incluyente. Veremos…

* Ya que estamos: la que sí tiene los méritos para ocupar la presidencia de la Mesa Directiva en San Lázaro es la maestra Ifigenia Martínez, cofundadora del PRD, junto con Cuauhtémoc Cárdenas. A ella le tocará colocarle la banda presidencial a Claudia Sheinbaum. Sólo agregar que Adán Augusto López fue elegido, por unanimidad, coordinador de la bancada de Morena en el Senado. En el partido naranja fueron designados como coordinadores Clemente Castañeda en el Senado e Ivonne Ortega en la Cámara de Diputados.

* López Obrador ya tiene respuesta de Estados Unidos a su decisión de poner en “pausa” las relaciones con la embajada de ese país. Washington no sólo apoya a Ken Salazar, sino que también comparte las “preocupaciones” expresadas por el representante de ese país en México: la elección de jueces “es un riesgo para la democracia”.

El gobierno de EU manifestó su respaldo a Salazar a través de Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Escribió en sus redes sociales: “Estados Unidos y México deben trabajar como socios e iguales para promover la seguridad y la prosperidad en América del Norte. Como socios y amigos compartimos nuestras preocupaciones sobre las reformas constitucionales propuestas”.

La pregunta para López Obrador es: ¿También va a poner “en pausa” la relaciones con el Departamento de Estado?

* José Sabino y Araceli Saucedo son los nombres de los dos grandes traidores que usaron la coalición opositora —PAN-PRI-PRD— para llegar al Senado. Ayer fueron recibidos con bombo y platillos en la plenaria de Morena, a la que asistió la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Dos chapulines que, sin el menor remordimiento, se pasaron del PRD a Morena y, con ello, el oficialismo quedó a un senador de lograr la mayoría calificada en la Cámara alta. La bancada cuatrotera subió de 83 a 85 senadores. Necesitan uno más —que seguramente ya tienen amarrado— para alcanzar la mayoría calificada —dos tercios de los senadores— y cambiar la Constitución como les dé la gana.

Ambos experredistas negaron que haya traición a la coalición que los postuló. “Traición es ir en contra de tus principios. Congruente es mantenernos firmes con los principios de izquierda y hoy lo que he hecho es mantenerme firme con esta congruencia”, justificó Saucedo, de origen michoacano, en el podcast Los tíos financieros, de Alejandro Rodríguez. Sabino, quien condenó el chapulineo durante su campaña, es tabasqueño. También se escudó en la palabra “congruencia” para justificar el brinco. “Hoy me uno a Morena para poder trabajar en pro de los tabasqueños… siempre he estado con la frente en alto”, aseguró.

Ya que estamos. Nos escribió Juan José Rodríguez Prats, exlegislador del PAN. Dice que cuando manifestó a la dirigencia de su partido que le interesaba buscar el Senado, se le informó que el jefe nacional, Marko Cortés, ya la había otorgado al PRD. “Cuando expuse mis dudas sobre la propuesta se me respondió que el dirigente nacional asumía la responsabilidad. Ahí están las consecuencias. El mercenario Marko Cortés es responsable de esta traición”, puntualizó.

* La “ministra de pueblo”, Lenia Batres, quiso echar de la 2ª sala de la SCJN, que sesionaba en privado, a trabajadores del máximo tribunal que se manifestaban contra la reforma judicial. Pero el ministro Alberto Pérez Dayán, presidente de esa sala, se le atravesó. Consideró legítima la protesta e impidió que sacaran a los trabajadores.

—¿Qué pensó en ese momento? —preguntamos a Pérez Dayán.

—Qué debo hacer respetar el orden en la sala. Si quienes se expresan a través de carteles quieren dar a conocer su opinión, pueden hacerlo. Una vez que eso concluyó, sabiendo que personal de la ponencia de Lenia se acercaba a la sala, también les permití que se expresaran del mismo modo y con respeto”.

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Número cero

Todo el poder y el poder de equivocarse

José Buendía Hegewisch | Excelsior

Morena y aliados tienen todo para sacar su proyecto de reformas constitucionales sin frenos opositores, sólo les hace falta no equivocarse. Vienen días que estremecerán al país con decisiones políticas que trascienden al actual gobierno y comprometen al de Sheinbaum. Su mayor adversario son ellos mismos si actúan irresponsablemente o erran la forma y el momento de consumar el plan C.

En el Congreso están listos los dictámenes que el Presidente quiere que se aprueben con la premura de dejar el poder el 1 de octubre y consumar su idea de cambio de régimen con la reforma a la justicia, órganos autónomos y la Guardia Nacional a la Sedena. Cambios de profundo calado que modificarán el rostro institucional del país en tan sólo un mes, pero implementarlos consumirá el sexenio y desestabilizará al siguiente gobierno, aunque comparta las reformas, ¿esto es lo que debe esperar Sheinbaum?

El último obstáculo legal está casi en su bolsa con la confirmación del TEPJF de su mayoría calificada, con que aprobarlas a partir del 1 de septiembre, o con los dos senadores del PRD trásfugas al oficialismo. El camino está despejado para tocar una Constitución a merced de mayorías fuertes. Pero el horizonte está nublado por el riesgo de reformas defectuosas, sin ponderación y acuerdos por las prisas, que empañen su imagen con la inversión privada, los mercados financieros y socios comerciales.

La centralidad del tiempo en la política es clave para cambios con vigorosas impugnaciones internas por la oposición frontal del Poder Judicial a la reforma de justicia y de la cúpula empresarial; así como graves dificultades externas con la preocupación de EU y Canadá por su implementación, su impacto en las relaciones comerciales y violaciones al T-MEC si carecen de consistencia institucional y legal.

La Presidenta electa sabe del riesgo y, por ello, pide a Morena frenar el fast track del dictamen de justicia y postergar la electoral. No es la primera vez que intenta atemperar la velocidad, cuidar el proceso parlamentario y tranquilizar a los mercados; de usar el cálculo del ritmo y las pausas de la política para mejores resultados, malabares difíciles para no confrontar con los planes presidenciales. Es evidente mirar los flancos que se abren por el impacto de las reformas en la economía, en un contexto de reducción del crecimiento, elevado déficit público y salida de inversiones sin las cuales no podrá crear empleo.

Sheinbaum necesita quitar hierro a las reformas, tiempo para procesar acuerdos, convencer y explicar las reformas, aunque tenga los votos. El debate por el que se pronunció para sumar al Poder Judicial no conjuró la protesta, que derivó en un inédito choque entre Poderes. Y sus mensajes a EU y Canadá tampoco evitan que los desacuerdos adquieran dimensión internacional, que el Presidente atiza con su decisión de “pausas” por inmiscuirse en temas internos, y que le sirve para cohesionar a sus bases en torno a las reformas.

La nota atormentadora de esta transición también tiene que ver con el tiempo. El cambio de gobierno tenía todo para una transición tersa y atajar los temores al superpoder de Morena y del protagonismo de López Obrador cuando termine su mandato. Pero su lectura sobre el momentum es otra y cree imperativo arriesgarse a la inestabilidad, porque sin las reformas a la estructura del sistema político no prosperaría su idea de cambio de régimen; además de ver consumados los cambios que la oposición le impidió en todo su sexenio. Lejos de pensar que afectará a Sheinbaum, está convencido de que es el momento de hacerlos para desbrozar la marcha de su sucesora. Lo que es más difícil de explicar es la intransigencia de un político tan avezado y hábil para intentar acuerdos en vez de rebajar la presión y el conflicto como otras veces.

Tener la mayoría calificada en el Congreso es un riesgo, pero para la actuación responsable de los que detentan el poder. Si los ensoberbece el afán por imponer un cambio, se anula la capacidad de actuar con calma y mesura, aunque cause un incendio en la pradera del próximo sexenio. Tener todo el poder no implica infalibilidad y ésa debe ser la preocupación que Sheinbaum no puede dejar pasar, porque lo que está en juego son los alcances y límites de su gobierno.

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Astillero

¿Disfrutarán los opositores lo votado? // Soberbia que se vuelve bumerán // Ohuira: presión para abrir planta // Amenazas a defensores de bahía

Julio Hernández López | La Jornada

Tal vez la producción teórico-propagandística más elaborada y difundida de la oposición, luego de las elecciones de junio pasado, sea la frase, con características de bumerán, que pretende ser acusatoria, justificatoria y burlona: disfruta lo votado.

Con desparpajo, que en realidad es desmemoria y/o inconsciencia, los electoralmente derrotados con histórica contundencia este año (que también lo fueron en 2018) juegan a echar en cara a quienes votaron por la continuidad de la llamada 4T una especie de corresponsabilidad por los hechos de violencia, corrupción e injusticia que siguen sucediendo en nuestro país.

La maroma retórica pretende culpar a los votantes de la persistencia de problemas críticos, que vaya que los hay, como si antes de las elecciones recientes no hubieran existido (y esa persistencia no la hubieran percibido los votantes) e incluso como si no hubieran sido incubados en las etapas de dominio de personajes y factores de poder ahora opositores.

Disfrutar lo votado, dicho por una oposición tan doblegada, implica una tentativa de autoexculpación desde la soberbia admonitoria, una aspiración infundada de supremacía cívica y moral, un boceto fallidamente ingenioso de las derrotas propias adjudicadas a las mayorías ajenas, las cuales no supieron entender.

La ironía, en todo caso, se ha vuelto bumerán contra los doctrinarios del disfrute perdido: hoy los dardos burlescos han sido redireccionados. En una secuencia natural y anunciada de los resultados en urnas de junio pasado se ha declarado un radical predominio legislativo de Morena y sus aliados en primera instancia (falta la definitiva, a cargo del Tribunal Electoral, donde tres de los cinco magistrados votantes han estado cargados hacia la 4T).

En estricto sentido y conforme a su elaboración retórica disfrutona, a los opositores se les podría enfrentar a la realidad jurídica e institucional aprobada por mayoría en la reciente sesión de Consejo General del Instituto Nacional Electoral: disfruten lo votado. Porque, a fin de cuentas, de esa matriz votante deviene que las mayorías calificadas de Morena y sus aliados en San Lázaro (holgada) y la virtual en el Senado (ya a un voto de distancia, gracias a la fuga de dos miembros del fallecido PRD) están en vía de tener la proporcional facultad de aprobar reformas constitucionales, sin necesidad de mayores negociaciones. ¿Disfrutarán esos opositores lo votado?

En otro tema: se conjugan diversos factores que pretenden imponer, desde vías judiciales, mediáticas y políticas, la apertura de la repudiada planta productora de amoniaco en la Bahía de Ohuira, Sinaloa, en medio de un sostenido rechazo de pobladores de esa región.

El gran negocio particular de la citada planta ha sido apoyado por instancias federales (la Secretaría del Medio Ambiente, cuya titular, María Luisa Albores, incumplió sus promesas de ir a la bahía para atender directamente a los opositores), estatales (el gobernador Rubén Rocha Moya ha sido militante promotor del negocio, además de que ahora necesita consolidar alianzas locales, en el contexto de su debilitamiento por el caso Mayo-Chapito-Cuen) y municipal (el presidente municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, original impulsor del negocio desde que era secretario general del gobierno estatal; político de densidad que atemoriza a opositores, quienes cada vez reciben más amenazas de acciones físicas en su contra).

Mucha atención requieren los delicados asuntos nacionales e internacionales en curso, pero no debe perderse de vista el riesgo de acciones violentas contra los defensores de la Bahía de Ohuira y, a la vez, la posible reacción de airada protesta si se insiste en imponer el inicio de la construcción de la citada planta.

Y, mientras a Gerardo Fernández Noroña le han dado un cargo de relativa compensación, para presidir por un año la mesa directiva del Senado, con el paisano Adán Augusto López Hernández como jefe político de dicha cámara.

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México, SA

Mexicanos decadentes // ¿Soberanía? ¿Qué es eso? // Ministros traumados

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

No sorprende, pero no por ello deja de ser vergonzoso e indignante: mexicanos ( whitexicans, la mayoría, y aspirantes a serlo sin posibilidad alguna de lograrlo) que exigen la inmediata cuan salvadora intervención del vecino del norte, por tener, según dicen, el derecho de violar la soberanía nacional y meterse donde nadie lo ha llamado. Y aseguran que así es porque el gobierno mexicano firmó un tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, de tal suerte que al cliente lo que pida, y por ello son felices.

Pues bien, los cavernícolas que así se expresan ni siquiera conocen el contenido del Tratado entre México, Estados unidos y Canadá (T-MEC) que utilizan como bandera para justificar sus sueños húmedos intervencionistas, pero ahí están, duro que te dale, pues dicen que este mecanismo permite que gringos y canadienses (éstos siempre en calidad de perrito faldero de los primeros) hagan lo que les venga en gana en territorio mexicano (para eso tienen a sus procónsules en este país) y así lo firmó el naco que gobierna. Rudimentarios, sin duda, y todavía lo presumen.

Pues bien, para su desencanto, el capítulo 8 del T-MEC, en su segundo enunciado, establece claramente: En el caso de México, y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles de conformidad con este Acuerdo, Estados Unidos de América y Canadá reconocen que México reserve su derecho soberano de reformar la Constitución y su legislación interna, y si bien dicho capítulo aborda el tema de los hidrocarburos (reconocimiento de la propiedad directa, inalienable e imprescriptible del Estado mexicano… de conformidad con la Constitución mexicana), el derecho soberano que menciona es para todo lo demás, incluidas, por ejemplo, reformas como la del Poder Judicial. Y fue aceptado por los tres países.

Bien harían Ken Salazar y Graeme Clark en dar una leída al texto del tratado de marras, el cual también establece que las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y el derecho soberano a regular con respecto a asuntos atendidos en este capítulo de conformidad con sus respectivas constituciones y derecho interno en pleno ejercicio de sus procesos democráticos.

Para los rudimentarios whitexicans, sus seguidores y el coro organizado (todos apologistas del clasismo y el racismo), que serían felices con una invasión gringa, lo anterior les representa un severo problema, sobre todo de entendimiento, porque no les cabe en la cabeza eso de la soberanía (¿con qué se come?), pues les fascinan las monarquías, sueñan con Maximiliano, aborrecen el país en el que viven y, peor aún, el texto aludido es en español, idioma que prácticamente desconocen.

Bien lo dijo ayer el presidente López Obrador: “Como en el tratado se establece que debemos de mantener políticas conjuntas en materia económica-comercial, entonces ellos (los apologistas) dicen: ‘¡Ah!, como se tiene un tratado, pues ya son como estados asociados, ya México no tiene su independencia, no es soberano, ya no puede modificar su Constitución, no puede reformar las leyes’. De veras, es un tiempo decadente”. El T-MEC, dijo, no es para que México se convierta en un apéndice, en una colonia, en un Estado asociado.

Pero más allá de los apologistas de la intervención foránea, ayer la presidenta electa Claudia Sheinbaum invitó al Departamento de Estado y al embajador Salazar a que expliquen el interés que tienen en la reforma al Poder Judicial. Ellos tienen que decir por qué. Dicen que interviene en el T-MEC y no es cierto; en ningún lugar de éste viene el tema del Poder Judicial; no tienen por qué estar interviniendo de esta manera en algo que le corresponde exclusivamente a los mexicanos y mexicanos, y eso no significa que deba haber tensiones de ninguna manera”.

Para refrescarles la memoria, la futura mandataria subrayó que durante toda la campaña, de mi parte, de los senadores, de diputados, siempre estuvo el planteamiento de la elección popular de jueces ministros y magistrados del Poder Judicial. Es decir, no es algo nuevo, y cuando se gana por una mayoría tan contundente es evidente que hay un mandato del pueblo de que se cumpla lo que se planteó durante la campaña, que es la reforma del Poder Judicial; tenemos que ser muy claros de lo que (sólo) corresponde a los mexicanos.

Las rebanadas del pastel

Traumático para el grueso de los ministros ha sido toparse en las escalinatas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los trabajadores de a pie que llevan años y años laborando en la institución, y nunca los vieron ni escucharon. ¡Ayuda sicológica para Norma, Luis, Alberto y conexos!

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Democracia y lucha de clases

Orlando Delgado Selley | La Jornada

El resultado del proceso electoral fue contundente: Morena ganó con márgenes amplios. Para cada elección federal los números varían, pero lo relevante es que Morena tiene la Presidencia, mayoría calificada en la Cámara de Diputados y una mayoría importante en la de senadores: 83, requiriendo 86 para contar con mayoría calificada. Con este respaldo, los electores les dieron un mandato a sus electos: Presidenta, senadores y diputados federales: aprueben las reformas constitucionales que fueron planteadas por AMLO y que se difundieron como el plan C.

La oposición sabía que perdería las elecciones, pero esperaba que la diferencia fuera menor, permitiéndole impugnar los resultados. A esta oposición concurren empresarios, tres partidos nacionales (PAN, PRI, PRD), otras pequeñas fuerzas políticas, así como las agencias calificadoras que representan intereses económicos perfectamente definidos, asesoras de inversionistas, bancos internacionales. Juntos conforman el bloque que estuvo en el poder durante los 36 años neoliberales. Por supuesto, en esta alianza de intereses también participan el gobierno estadunidense, el canadiense y los organismos financieros internacionales.

El enfrentamiento entre proyectos de nación diferentes es perfectamente claro. Desde 1988 la nación ha estado en disputa. Esta disputa fue resuelta a favor de esta alianza que gobernó 36 años. No sólo ganó el poder, sino que impuso una ideología conservadora en muchos ámbitos. Los neoliberales plantearon y ganaron la revolución de los ricos. En 2018, esa alianza perdió la elección presidencial y perdió también la mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado. La victoria electoral de la 4T y su mayoría permitió reorientar en sentidos relevantes el proyecto nacional.

Por supuesto que en los años de gobierno de AMLO la confrontación de proyectos ha sido permanente. Las decisiones importantes de este gobierno: los grandes proyectos de inversión, el rescate de Pemex y la CFE, la política social, hasta el estilo personal de gobernar se han cuestionada ad nauseam. En la elección intermedia, Morena ratificó su mayoría, pero no pudo lograr mayorías calificadas entre diputados. Consecuentemente, en esa elección la oposición obtuvo también un mandato: frenar las reformas constitucionales que eran relevantes para el proyecto de nación postulado por Morena. La oposición cumplió con ese mandato.

La elección de 2024 le mandató a la alianza política que sostiene a la 4T llevar adelante el plan C. Para tratar de impedirlo la oposición ha actuado secuencialmente. Los aliados estratégicos del proyecto neoliberal fueron utilizando las herramientas a su alcance para oponerse al cumplimiento de este mandato: compraron dólares, vendieron acciones, amenazaron con reducir la calificación crediticia internacional del gobierno mexicano, junto con múltiples impugnaciones a los resultados electorales. Un actor importante en esta alianza, el gobierno estadunidense, había permanecido silencioso, aunque actuaba soterradamente a través de entidades financieras internacionales. Este silencio lo rompieron el embajador estadunidense y luego algunos senadores de ese país.

Ante la inminente confirmación de las mayorías parlamentarias de Morena, el gobierno estadunidense y, con mucho menor sonoridad, el canadiense, decidieron expresarse apoyando a sus aliados estratégicos. Los argumentos utilizados son cuestionables, pero el asunto de mayor importancia es la evidente intromisión de un gobierno extranjero en asuntos que competen exclusivamente a los mexicanos. Evidentemente esa intromisión fue concertada con las ahora separadas oposiciones. No es un exabrupto, es parte de una estrategia diseñada para que en este momento de transición del gobierno de AMLO al de Sheinbaum se construya un escenario de supuestas rupturas comerciales y financieras.

La decisión de concretar la reforma judicial no puede revertirse. Por el contrario, Morena y la presidenta deben llevar adelante la reforma judicial, considerando los impactos inevitables que se presentarán en diversos ámbitos. Será necesario insistir en que el marco legal no habrá cambiado, por lo que no existe ningún riesgo que cuestione la participación de ningún agente económico en el país. Las preocupaciones del gobierno estadunidense son impertinentes y lastiman la soberanía nacional. Las decisiones de México las toman mexicanas y mexicanos. Y estas decisiones se tomaron el 2 de junio pasado. Corresponde a nuestros elegidos honrarlas.