Chiapas: 30 años de militarización y narco
Chiapas vive una de las peores espirales de violencia del crimen organizado, en dos meses han desaparecidos 137 personas, poblaciones enteras de la región de Los Altos, Norte, Selva y Sierra buscan refugio ante las amenazas de los grupos criminales.
José Gil Olmos | Proceso
Chiapas fue el último estado que se agregó a la Federación el 14 de septiembre de 1824 y fue mediante el voto de sus habitantes, de un plebiscito, que decidieron dejar de ser una provincia de Guatemala.
Rincón olvidado de la Revolución, fue el último de los estados donde se habló y llegó ese cambio, tan así que durante todo el siglo pasado los dueños de las fincas cafetaleras de familias alemanas y los caciques locales entronizados en el gobierno fueron los que gobernaban esclavizando a los pueblos mayas. Los mismos que en las filas del EZLN le declararon la guerra al Estado mexicano en 1994 encarnado en la figura perversa de Carlos Salinas de Gortari.
Desde esa declaración de guerra lanzada por los zapatistas, que aún se mantiene, Chiapas se ha militarizado. Miles de soldados con equipo de guerra como tanquetas, tanques, helicópteros, aviones y tropas de élite invadieron el territorio cercando a las comunidades rebeldes. Durante casi cuatro años mantuvieron esa presencia militar en algo que se llamó conflicto de baja intensidad.
Pero como políticamente y económicamente no era la mejor solución, en el gobierno de Ernesto Zedillo decidieron formar grupos paramilitares, es decir, adiestraron y armaron a otros indígenas que eran de organizaciones afiliadas al PRI –y después al PVEM– para realizar una guerra sucia contra comunidades zapatistas y simpatizantes de ese movimiento rebelde. Fue así que surgieron los grupos Paz y Justicia, Los Chinchulines, Máscara Roja y el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA).
Al mismo tiempo se trató de apaciguar al movimiento con miles de millones de pesos del proyecto de la Comisión para el Bienestar Social y Desarrollo Económico Sustentable para el Estado de Chiapas en 1995, encabezado por el entonces priista Dante Delgado Rannauro quien un año después fue encarcelado bajo la acusación de peculado de las arcas de Veracruz.
Militares, paramilitares, gobernadores corruptos y la presencia del cartel de Sinaloa en Chiapas donde el Chapo Guzmán habitó por algunas temporadas para transportar de Guatemala la cocaína proveniente de Colombia, es parte del sustrato de lo que hoy vemos: la pelea por el territorio entre los cárteles del narcotráfico que han crecido auspiciados por los últimos gobiernos, sobre todo el de Rutilio Escandón que aplicó la política del avestruz ante el infierno expandido en todo el estado.
Hoy Chiapas vive una de las peores espirales de violencia del crimen organizado, en dos meses han desaparecidos 137 personas, poblaciones enteras de la región de Los Altos, Norte, Selva y Sierra buscan refugio ante las amenazas de los grupos criminales, muchas de estas familias incluso se han desplazado a Guatemala. Pueblos enteros son secuestrados y utilizados para confrontar a los adversarios de alguno de los grupos del narcotráfico uno de los cuales ya es binacional, es decir, formado por mexicanos y guatemaltecos.
Este gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene literalmente abandonado Chiapas pese a que su finca La Chingada, en la que supuestamente habrá de retirarse, se encuentra en la zona de conflicto. Y la próxima presidenta Claudia Sheinbaum no ha mencionado para nada este problema, no obstante que fue en San Cristóbal de las Casas donde hace un año AMLO le levantó por primera vez la mano como su corcholata preferida.
Treinta años de militarización sólo sirvieron para armar a los grupos indígenas que ya venían adiestrados como paramilitares en la época de Zedillo y que se hicieron más fuertes y poderosos ahora en la 4T con el gobernador Rutilio Escandón, cuya pasividad lo convierte en el principal responsable de la situación.
En este contexto de guerra narca, minimizada por López Obrador y el gobierno entrante, los zapatistas decidieron protegerse en sus comunidades, resistir con lo que tienen y mantener su autogobierno en las zonas donde pueden defender sus tierras.
Por cierto… AMLO y Marcos se reunieron cuatro veces y en todas fueron desencuentros. Ahora, ante esta crítica del Capitán Marcos, AMLO prefirió darle la vuelta y no polemizar: “Tuvo el autoritarismo de Gustavo Díaz Ordaz; el nacionalismo de cartón piedra de Luis Echeverría Álvarez, la demagogia corrupta de José López Portillo, la mediocridad administrativa de Miguel de la Madrid, la perversidad de Carlos Salinas de Gortari, la vocación criminal de Ernesto Zedillo, la ignorancia enciclopédica de Vicente Fox, el militarismo y la mecha corta de Felipe Calderón y la frívola superficialidad de Enrique Peña Nieto”, le dijo el otrora Subcomandante al próximo expresidente.
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De naturaleza política
Alerta “necedad” de aprobar reforma judicial…
Enrique Aranda | Excelsior
Más apoyo al “honesto” Rocha Moya. ¿Pooor?
Luego de que los embajadores Ken Salazar, de Estados Unidos, y Graeme C. Clark, de Canadá, hicieran público —“a la misma hora del pasado viernes, curiosamente”— el posicionamiento de sus respectivos gobiernos ante la inminente aprobación de la reforma judicial que posibilitará la elección de jueces por voto popular y las negativas consecuencias que ello tendría en el ámbito de las relaciones económicas y comerciales con México, no fueron pocas las “alertas” que se activaron en el ámbito federal, aunque, vale aclarar, ninguna de ellas ubicada en el entorno de Andrés Manuel López Obrador, pero sí en la casa de transición de Claudia Sheinbaum.
En las últimas horas, en efecto, la multiplicación de voces empresariales y de analistas nacionales y extranjeros, por ejemplo, sobre el grave impacto que en la aplicación del estratégico tratado trilateral de libre comercio y el acceso de la inversión extranjera podría tener la aprobación de la “necedad” legislativa en curso, propició ya que colaboradores de la futura titular del Ejecutivo “levanten las cejas…” y, presumiblemente con su anuencia, retomen de manera formal y profundicen estudios ya elaborados y contactos que les permitan evaluar “el oscuro futuro” presentado por los diplomáticos… sobre ello por especialistas cercanos, dado que, aseguran quienes saben acerca del particular, “van a ser ellos (y no los actuales) quienes van a tener que lidiar con la situación”.
Si bien es cierto que a la vista la relación de (supuesta) subordinación acrítica de la exregenta eco con el aún inquilino de Palacio pone en entredicho lo expuesto líneas arriba, no son escasas las versiones extraoficiales difundidas por operadores de la sucesora, quienes destacan la importancia que se está dando, ya ahora, a este tipo de asuntos que en otro momento se vieron, sí, con interés, pero que ya en la actualidad y más aún tras el público y cada vez más grave desencuentro del incuestionable gurú de la 4T con sus contrapartes en Washington y Ottawa, están ganando atención al interior del equipo por venir.
Así las cosas, entonces, dicen quienes saben, no deberá pasar mucho tiempo antes de que las alertas se evidencien…
ASTERISCOS
* Se equivocan quienes piensan que merced al cobijo recibido por parte sus nuevos jefes de la 4T, el impresentable Javier Corral dejará de ser investigado y, en su caso, sujeto a la acción de la justicia por la imputación de presunto peculado por 98 millones de pesos, que impulsa en su contra la Fiscalía de su natal Chihuahua, que encabeza Luis Alberto Valenzuela. Al tiempo…
* Incuestionable logro del alcalde de Querétaro capital, Luis B. Nava, en proceso de salida y su comunicador, Dante Aguilar, al ganar en Washington cinco premios Napolitan Victory Awards, considerados los Oscar de la comunicación política, los premios Rising Star y Global Democracy por parte de Nava. Es bueno enterarse de que gobernantes locales ponen en alto el nombre de México…
* Luego de 25 días bajo las aguas negras, más de 600 familias mexiquenses de al menos tres colonias pobres de Chalco insisten en su creciente malestar ante la evidente indolencia e incapacidad del gobierno estatal que ¿encabeza? la cuestionada neo-morenista Delfina Gómez y, claro, del alcalde José Miguel Gutiérrez, también de Morena, cuya mejor idea ante el problema fue pedir ayuda a otras autoridades. Ufff…
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Juegos de poder
Hibris y némesis lopezobradoristas
El buen momento por el nearshoring se está enfriando.
Leo Zuckermann | Excelsior
Septiembre será el mes de la hibris lopezobradorista. No habrá recato. La aplanadora legislativa del oficialismo pasará por encima de todo y cambiará el régimen democrático-liberal. A partir de octubre tendremos una concentración del poder en el Ejecutivo federal.
Hibris es un concepto griego que denota exceso, desmesura, soberbia, transgresión a causa del orgullo y la arrogancia. La historia de Edipo nos enseña que no hay mayor hibris intelectual que creerse dueño de toda la verdad. Huelga recordar que se trata de una tragedia.
La hibris es una maldición en la política. Ha causado la caída de imperios. Y nosotros, los mexicanos, estamos a punto de entrar en un periodo de hibris lopezobradorista.
Sí, arrasaron en las elecciones. Se llevaron más de 35 millones de votos. Envanecidos, y gracias a la utilización de una triquiñuela electoral que les permitió lograr mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso (en el Senado se quedarán a tres votos que podrán conseguir fácilmente), en los próximos días procederán a reformar la Constitución a su gusto. Podrán hacer y deshacer lo que se les pegue la gana.
Convencidos de que son los dueños de la verdad, se encaminan a sublimar su hibris. Será el último y más determinante mes de la Presidencia de López Obrador. Así comenzó (con la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco) y así terminará este sexenio: prácticamente reescribiendo la Constitución.
Por más esfuerzos que se hagan para detenerlos, nadie los parará.
Pero, para los griegos, la desmesura de la hibris siempre acababa mal. El castigo que recibían los hombres por haberse creído dioses que todo lo pueden. El exceso que lleva al fracaso.
El historiador británico Ian Kershaw escribió la mejor biografía de Hitler en dos volúmenes. A la primera la subtituló Hibris, porque termina en 1936 en el pináculo del poder del Führer. Los éxitos políticos que se apuntó desde 1933, y que le permitieron concentrar al poder en su persona, más su egocentrismo, hicieron inevitable la aparición de la hibris a partir de 1936.
Kershaw subtituló su segundo volumen, que va desde ese año hasta la derrota total de Alemania en 1945, como Némesis porque, al igual que le llegó su merecido a Edipo en Tebas, Hitler terminó con un castigo fatal para él y todo su país.
La hibris lo llevó a cometer errores fatales, como abrir un segundo frente para conquistar la Unión Soviética.
El lopezobradorismo ya está en modo de hibris.
El exceso, desmesura, soberbia y transgresión se palpa en el aire.
Los 23 millones de votos de la oposición no valen nada. La mayoría ejercerá su poder y limitará los derechos de las minorías. El poder se concentrará. La próxima Presidenta controlará al Legislativo y Judicial; además, absorberá las tareas de todos los órganos autónomos del Estado que desaparecerán o debilitarán.
¿Por qué lo hacen?
Porque pueden y se creen dueños de la verdad. Pura hibris.
Eso, creo, ya no está a discusión. En todo caso, la pregunta es cuál será la némesis de la hibris lopezobradorista.
¿Qué castigo fatal les deparará el destino a los protagonistas de esta tragedia, lo cual incluye a todos los mexicanos?
Por lo pronto, ya estamos viendo consecuencias negativas para la economía nacional. El buen momento que se había generado por el nearshoring se está enfriando. Los inversionistas nacionales y extranjeros están preocupados, y con razón, por la estupidez de la reforma al Poder Judicial. Al próximo gobierno le heredarán la papa caliente de organizar unas elecciones nacionales para elegir a miles de jueces, magistrados y ministros. A la par, los estados tendrán, también, que salir a elegir a los jueces del fuero común. Todo ello succionará gran parte de la energía del primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum.
La reforma judicial, por sí misma, podría ser el Stalingrado de la próxima Presidenta. Ahí podría quedarse atascado el lopezobradorismo por el caos que podría generar una ocurrencia que deviene de la necesidad de venganza de López Obrador contra un poder que se atrevió a desafiarlo.
En este momento no están midiendo las posibles consecuencias adversas porque la hibris ciega. Están ofuscados por los 35 millones de votos que consiguieron. Se creen con derecho a hacer lo que se les venga en gana. Y lo harán porque pueden. Lástima por ellos y por el país porque, a la vuelta de la esquina, aparecerá la némesis, esa venganza divina que sufren los hombres que, equivocadamente, se sintieron dioses.
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México SA
Colaboración = injerencia // México: no, gracias, socio // Casa Blanca: largo historial
Carlos Fernández-Vega | La Jornada
Desde hace casi 250 años, los habitantes de este planeta padecen el verdadero significado de la frase espíritu de colaboración cuando sale de la boca de un presidente estadunidense, de alguno de sus funcionarios y/o de sus agentes disfrazados de embajadores, que la Casa Blanca tiene regados por todo el mundo (se supone que los destinados a la inteligencia permanecen en la sombra).
Aunque sus zarpazos han golpeado hasta en el rincón más apartado de la geografía internacional, en el caso de América Latina el intervencionismo, imposición y golpismo, más el placer orgásmico de invadir, guerrear y chantajear permanentemente de los gobiernos estadunidenses han sido más que practicados –de hecho nunca han sacado sus garras de la región– en el contexto de lo que llaman colaboración.
A lo largo de esos años, tales prácticas se han registrado desde el Río Bravo, en el norte, hasta el Canal de Beagle, en el sur, y, por si a estas alturas alguien todavía dudara, el gobierno estadunidense lo ha hecho una y otra y otra vez: permanentemente ha metido la mano en todas partes, pero lo institucionalizó como parte toral de su política exterior a partir de que, en 1823, al presidente en turno, James Monroe, se le ocurrió la brillante idea de justificar el intervencionismo y la expoliación mediante una doctrina que lleva su nombre (con la ayuda de su secretario de Estado, John Quincy Adams), la cual pregona que América es de los americanos, en el entendido, el suyo, de que América es Estados Unidos y al que no le guste que se aguante.
Entonces, siempre con espíritu de colaboración, a partir de esa muy democrática doctrina en América Latina se han registrado –oficialmente– no menos de 33 intervenciones, golpes de Estado, invasiones, intervenciones, anexiones, expoliaciones y demás (aparte las extraoficiales, que resultan infinitas), sin olvidar la permanente injerencia en asuntos que sólo corresponden a terceros países.
En el caso concreto de México, el muy gringo espíritu de colaboración le ha costado carísimo. En días pasados, el presidente López Obrador lo recordó así: nosotros fuimos invadidos dos veces, de manera injusta, en forma prepotente: la primera vez fue un zarpazo que nos dejó sin la mitad de nuestro territorio en la guerra de intervención de 1846-1848; nueve estados (se los anexó) Estados Unidos: todo California hasta San Francisco, pertenencia a Sonora; Texas pertenencia a Coahuila. Nuestro héroe, cuando otra intervención, la francesa, se produjo en nuestro país y se defendió a México, el general Zaragoza nació en un pueblo que hoy es de Texas, pero que pertenecía a Coahuila, fue muy triste para nosotros; imagínense un 15 de septiembre de 1847 tomaron la ciudad e izaron la bandera estadunidense aquí, en el Palacio Nacional. Y luego, en 1914 volvieron a invadirnos en Veracruz, que estuvo siete meses tomado nuestro territorio.
El mandatario pasó por alto el tercer espíritu de colaboración: en 1916, el general John Pershing invadió México (los gringos le llamaron expedición punitiva) con el pretexto de capturar a Francisco Villa (quién a su vez atacó el pueblo de Columbus, en Nuevo México), a quien el militar y su tropa nunca vio y menos encontró en los 11 meses que se prolongó esa invasión. ¿Y Doroteo Arango? Muerto de la risa.
Siempre con espíritu de colaboración, nuestro país tuvo varios presidentes, secretarios de Estado, procuradores, embajadores, la Dirección Federal de Seguridad, etcétera, etcétera, al servicio del gobierno gringo, de sus agencias–como la CIA y la DEA–, otros organismos de inteligencia y muchas historias más, entre las que se cuenta la primera generación de estadunidenses nacidos en México, como Carlos Salinas de Gortari y su pandilla de tecnócratas.
Por eso, cuando a Ken Salazar, actual embajador estadunidense en México, se le ocurre meter las narices donde no debe, muestra sus habilidades injerencistas, abiertamente rechaza la reforma judicial que se analiza en el Congreso, que sólo a nuestro país corresponde decidir, y asegura que sólo se trata de espíritu de colaboración, la respuesta obligada es vete a bañar a Colorado, con todo y sombrero.
Las rebanadas del pastel
De plano, la autodenominada oposición ya no siente lo duro, sino lo tupido: circo, maroma, teatro; impugna aquí, allá y acullá, y la pandilla de la derecha no ata ni desata. Ahora va al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación… Ya regresó el pollito en fuga: Ricardo Anaya (canalla, canallín), abrazado al fuero que le da su plurinominal.
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El giro geopolítico de México, un legado de la 4T
Jordy Micheli | La Jornada
Cuando el gobierno de la Cuarta Transformación tomó las riendas de la conducción económica del país, en ese momento México era la economía número 15 a nivel mundial y la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entraba en operación bajo el nombre de T-MEC. Su contenido reflejaba las preocupaciones de los gobiernos de Estados Unidos y México: por la parte estadunidense, la alerta por el conflicto comercial con China que se tradujo en mayores condicionamientos para la industria automotriz –la cual fue el pivote de la integración económica durante el TLCAN– y, por la parte mexicana, la necesidad de establecer un marco soberano en el sector de la energía. Estos dos temas eran los de mayor relevancia desde el punto de vista geoestratégico. Así como el TLCAN había nacido y caminado durante 24 años con el beneplácito de los dogmas neoliberales compartidos, el T-MEC, por el contrario, era un acuerdo bajo sospecha por la parte hegemónica a causa de un socio que ya no lanzaba los tradicionales gestos amistosos hacia el mercado.
Sin embargo, para México estaba clara la decisión de mantener y profundizar un estatus de pertenencia al espacio económico de Norteamérica y por eso la llegada de los flujos de inversión extranjera estaba fuera de cuestionamiento. Se trataba de establecer un nuevo modelo de desarrollo posneoliberal sin romper los lazos con la globalización representada por las corrientes de inversión foránea. Al avanzar el sexenio, nuevos acontecimientos subieron la temperatura del T-MEC como síntoma del giro geopolítico que se cocinaba. Por una parte, se llevó a cabo una transformación de la política salarial que rompió con el freno de tres décadas al ingreso de los trabajadores y dio inicio a la recuperación de los salarios mínimos; por otra, se rompió la estructura jurídica que permitió la existencia de prácticas antidemocráticas en el mundo sindical –esto último, cabe recordar, formaba parte de los nuevos condicionamientos del sindicalismo de Estados Unidos en el corpus del T-MEC–. Estos dos procesos vulneraban el atractivo histórico que tenía México como fuente de trabajo barato para las empresas foráneas, un mecanismo mantenido desde el inaugurado TLCAN en 1994 y que se había constituido como una ventaja comparativa estática en nuestra inserción en la economía internacional.
Recobrar el salario se acompañó de otras recuperaciones del espectro de la olvidada soberanía, como la ejecución de la nueva política eléctrica, cuyo aspecto más cuestionado –y combatido por el Poder Judicial trasnacionalizado– ha sido la cuota de mercado mayoritario para la Comisión Federal de Electricidad. Aunado a esto, la decisión de no permitir concesiones nuevas en la minería y la nacionalización del litio, rematando con la controvertida decisión soberana en materia del derecho a la alimentación y la prohibición de importar maíz transgénico. En la exhaustiva política territorial que siguió la 4T, sobresale el corredor del Istmo que cambia el papel de México en la geografía de la logística mundial.
Hoy México es la economía en el lugar 12 a nivel global, se ha equiparado con China como socio de Estados Unidos y la inversión extranjera ha alcanzado niveles históricos a pesar del derrumbe económico momentáneo que trajo consigo la crisis sanitaria. Son resultados de una nueva política del desarrollo que rompe el esquema extractivista con el que fuimos actores pasivos de la globalización.
El gobierno de López Obrador llega a su fin y la distancia permite reconocer el giro radical de México en la arena geopolítica, mediante acciones económicas que retaron el marco establecido de sumisión a los intereses hegemónicos. Recién inician su camino legislativo las reformas constitucionales que detienen de modo definitivo la comercialización de maíz transgénico y que evitan la prevalencia en el mercado eléctrico de las empresas privadas. Ninguna de estas dos medidas es amigable para los intereses de Estados Unidos y van a generar reclamos subidos de tono, aunque el momento candente será en la futura negociación del T-MEC, que va a enfrentar a dos socios con disparidad de fuerzas pero, por primera vez, con las mismas convicciones sobre sus propias necesidades nacionales. El giro geopolítico nos lleva a un escenario con nuevos riesgos en la relación bilateral, dejando atrás una sumisión que era más fácil de gestionar.
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El último tramo
León Bendesky | La Jornada
El último tramo del actual gobierno está llevando al país a una situación extrema. No es ninguna sorpresa, pues el proceso está en curso desde hace seis años. Un breve recuento de los hechos indica que el plan A del gobierno, de abril de 2022, y enfocado en esencia a la reforma electoral, no resultó como se esperaba ya que no prosperó en el Congreso. En el plan B, de noviembre de ese mismo año, la cuestión se abordó mediante un paquete de reformas a las leyes secundarias y la modificación del sistema electoral. En la Cámara de Diputados las medidas propuestas se aprobaron con cambios y el presidente señaló que habrían de hacerse modificaciones y en febrero de 2023 el plan B se aprobó en la Cámara de Senadores. En mayo de ese mismo año la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la primera parte del plan B con lo que se impulsó el plan C, anunciado en marzo de 2023. En él se planteó explícitamente que en las elecciones federales de 2024 el partido Morena ganara la Presidencia y consiguiera las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y del Senado para asegurar, al final del sexenio, los pretendidos cambios políticos y legales, con las consiguientes reformas a la Constitución.
El proceso está hoy en pleno curso. Morena ganó la Presidencia; el INE ha avalado la mayoría de 364 diputaciones federales (236 de Morena, 77 del Partido Verde y 51 del Partido del Trabajo) que, con holgura rebasa los 336 votos necesarios para aprobar en esa cámara las reformas constitucionales que se han propuesto. En el Senado, Morena y los partidos Verde y del Trabajo tendrán 83 curules, dos menos de lo requerido para una mayoría calificada; situación que podría ser de fácil resolución. Esto es el carro completo, al que aludió el presidente en el plan C; un término con una alta carga negativa en la historia política del país del siglo XX.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados trabaja a todo vapor, sin óbice, para conseguir a tiempo las reformas que alienta el Presidente. El pasado 23 de agosto la comisión emitió el boletín No. 7111 que a la letra dice que se aprueban las reformas para extinguir siete órganos autónomos, que son: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoradu); la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH). Sus funciones pasarían a dependencias del Gobierno Federal o al Inegi.
Todo el control pasa al gobierno. Lo que se consiguió en materia de contrapesos ciudadanos frente al gobierno, una de las premisas básicas de un sistema democrático, se ha desmantelado en un solo acto, de un plumazo, por los representantes de los ciudadanos.
El gobierno concentrará de nuevo un conjunto enorme de cuestiones que considera no sólo innecesarias, sino simplemente estorbosas; a ellas ha de agregarse el control sobre el INE. Se constriñen, así, a pesar de lo que se afirma oficialmente, los espacios que por derecho adquirió la sociedad, aquellos que tienen que ver esencialmente con las limitaciones del poder. Se restringe el derecho a saber lo que hace el gobierno en distintas materias de gran relevancia; se restringe el derecho inalienable a la información; se suprime la responsabilidad básica de quien gobierna de rendir cuentas a la sociedad. En la vida de las mujeres y los hombres nada es perfecto, pero las condiciones son mejorables. En la sociedad pasa lo mismo y la política abierta, esa que se asocia con la democracia y con la libertad, es una condición que no debe ser menguada. Una de las expresiones más relevantes de la coexistencia social es la limitación del poder de quienes gobiernan. Hay muchos ciudadanos que creen que todo este desmantelamiento está justificado, ese es el mensaje que se ha recibido repetidamente durante años, pero la concentración del poder que está en curso finalmente afecta de modo adverso a todos.
Sobre la mesa está el gran asunto de la reforma del Poder Judicial. El mejoramiento de las instituciones del Estado es siempre posible y necesario, sobre todo en materia de procuración de justicia. En este proceso lo que se advierte es una decisión de emprender unilateralmente la reforma y crear los instrumentos y procedimientos que la definirán; en esto no hubo consulta alguna, como en el caso del Aeropuerto de Texcoco. Esto ocurre en el marco de una enorme concentración de poder.
La propuesta es la elección popular de los ministros de la Suprema Corte y de jueces y magistrados de la Federación y de los 32 estados. Los candidatos a estos puestos serán postulados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que conformarán comités de evaluación para definir a los aspirantes y seleccionarlos. Si en el caso de los legisladores, por ejemplo, el conocimiento de los candidatos por parte de los ciudadanos es muy limitado, si no es que inexistente, y la rendición de cuentas ante los electores no existe, habría que pensar lo que significa trasladar este esquema a la procuración de justicia. Con qué criterios funcionales escogen los ciudadanos a los jueces. En las condiciones políticas actuales Morena contaría con una capacidad predominante para formar los comités y aprobar a los candidatos. Además, el voto popular se usaría también para crear un Tribunal de Disciplina Judicial que supervisará y evaluará a los jueces. En el entorno actual Morena tendrá un control de facto para integrar el sistema judicial, su estructura y operación. Esto es lo que significa la captura política del Poder Judicial.
