Lo que dicen los columnistas

Bienestar debe responder a las personas adultas mayores

Es importante que la Secretaría de Bienestar, como autoridad encargada de la implementación de estos programas y de la erogación del dinero, rinda cuentas claras. Los recursos pertenecen a todas las y los mexicanos.

Por Julieta del Río * | Proceso

El interés de la ciudadanía por conocer información relacionada con la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y otros programas de asistencia ha sido una constante. Recordemos que, a partir de 2020, los programas sociales son derechos consignados en el artículo 4º de la Constitución mexicana.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es uno de los principales programas sociales de la actual administración. Orientado a un sector de la población en situación de vulnerabilidad, se pretende mejorar la calidad de vida de las personas mayores a 65 años con un apoyo económico que posibilite el acceso a la protección social.

Hace unas semanas, en sesión de Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), resolví un recurso de una persona que solicitó a la Secretaría de Bienestar toda la documentación sobre la omisión de pago de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, de la cual es beneficiaria.

Dado que la secretaría no le contestó, la persona interpuso una queja en el INAI. Después de un análisis, concluimos que la dependencia debe hacer una nueva búsqueda para que entregue la información requerida.

Este caso fue particular, pues ingresó al instituto como un recurso de acceso a la información; sin embargo, al analizar el expediente decidimos reconducirlo por la vía de datos personales. Esta modificación representa un beneficio para ejercer el derecho de la persona solicitante pues, al acreditarse como titular de la información requerida, podrá obtenerla de manera íntegra.

De acuerdo con diversos medios de comunicación, el actual gobierno federal ha registrado un incremento en el gasto de las Pensiones para el Bienestar. En 2019 esta pensión y la destinada para personas con discapacidad, representaron un gasto de 151 mil 736 millones de pesos en conjunto. En 2023, este monto ascendió a 352 mil 634 millones de pesos, un incremento de 131%.

En 2019, las personas adultas mayores beneficiarias del programa recibían de manera bimestral mil 275 pesos y en 2023 cuatro mil 800. Actualmente, la cifra bimestral es de seis mil pesos. Asimismo, en esta misma línea, las nuevas autoridades electas han anunciado la creación de un apoyo económico universal a mujeres de 60 a 64 años por tres mil pesos bimestrales, cuyo registro iniciará en octubre y la dispersión comenzará de manera paulatina en enero del próximo año.

Es importante que la Secretaría de Bienestar, como autoridad encargada de la implementación de estos programas y de la erogación del dinero, rinda cuentas claras. Los recursos pertenecen a todas las y los mexicanos.

En el INAI siempre coadyuvaremos para el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas. En este sentido, la semana pasada estuvimos en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, implementando proyectos como el Programa de Sensibilización de Derechos del INAI, que nos permite acercarnos a grupos en situación de vulnerabilidad para que ejerzan su derecho a saber y la privacidad.

Apoyados con organizaciones de la sociedad civil, bajo este programa capacitamos a personas adultas mayores para ejercer, mediante la tecnología, su derecho de acceso a la información.

Seguiremos defendiendo los derechos hasta el último momento.

* Comisionada del INAI.

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Juegos de poder

El verdadero problema de Claudia

Leo Zuckermann | Excelsior

El presidente López Obrador, que se portó bien en términos fiscales los primeros cinco años de su gobierno, el sexto se deschongó. Gastó como si no hubiera futuro. Típico de los políticos en año electoral.

El déficit fiscal de 2024 será mayor al 5% en proporción al Producto Interno Bruto (PIB). No habíamos tenido una cifra de este tamaño en las últimas tres décadas. Más déficit significa más deuda, cara porque las tasas de interés en México y en el mundo están muy altas.

Al principio, Claudia había dicho que quería llevar este déficit al 3% en 2025. Esto hubiera implicado un ajuste masivo del gasto público profundizando la desaceleración económica que ya estamos viviendo, con la probabilidad, incluso, de caer en una recesión. Mal augurio comenzar un sexenio con una pérdida del PIB.

La nueva Presidenta, en una decisión inteligente, le pidió al actual secretario de Hacienda que se quedara en su puesto para el próximo sexenio. Por fortuna, Rogelio Ramírez de la O aceptó. Él sabe el tamaño del problema fiscal y lo que se requiere para resolverlo.

Por lo pronto, ya renunciaron a llevar el déficit fiscal al 3% el año que viene para alcanzar esta cifra hacia la segunda parte del sexenio de Sheinbaum. Esto significa que probablemente tendremos déficits fiscales por arriba del 3% en 2025 y 2026.

¿Cómo cuadrarán Sheinbaum y Ramírez de la O el presupuesto del año que viene?

Es cierto que habrá ahorros en 2025 con respecto a 2024. Supuestamente se terminarán proyectos de infraestructura correspondientes a este sexenio.

Pero seguirá habiendo presiones, por lo menos, en cinco rubros.

Primero, Pemex. La empresa petrolera ha sido un barril sin fondo para el gobierno federal, que le ha tenido que inyectar más de un billón de pesos durante este sexenio. La producción de crudo no se incrementa y la refinación genera pérdidas de cientos de miles de millones de pesos anuales. La realidad es que Pemex está quebrada. Requiere de una reestructuración financiera y operativa de fondo. No es gratuito que Claudia no haya anunciado quién será el director general de Pemex por todo lo que está en juego económica e ideológicamente para la 4T.

Segundo, el gasto social. El presidente López Obrador duplicó la pensión para adultos mayores en 2024, una jugada eminentemente electoral, que tendrá que seguirse pagando del erario. Claudia no tendrá mucho espacio para continuar incrementando los montos a los beneficiarios, aunque prometió bajar la edad para recibir esta pensión a las mujeres: de 65 a 60 años. La Presidenta electa ya anunció que este beneficio no entrará inmediatamente cuando comience su sexenio por la falta de recursos. A ello hay que agregar un programa de becas para niños de educación básica, al que también se comprometió Claudia.

Tercero, los intereses. Se calcula que la deuda total del gobierno federal, medida en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, alcance unos 50 puntos del PIB, cuatro más que el año pasado. Estamos hablando de un endeudamiento anual de alrededor de un billón de pesos, en un momento en donde las tasas de interés siguen estando altas. Es cierto: la perspectiva es que bajen las tasas en el tiempo, pero lenta y gradualmente. Por lo pronto, el país tendrá que pagar una barbaridad de intereses. Tan sólo este año del orden de 1.3 billones de pesos.

Cuarto, la recaudación. Es sabido, México es de los países que menos recauda impuestos de los países de renta media. El año pasado alcanzó el 16.4% del PIB. Sin embargo, por cuestiones políticas, los gobiernos mexicanos han sido refractarios a realizar una reforma fiscal. Fue el caso de López Obrador y, al parecer, de Sheinbaum, quien dijo que “en principio, no se requiere subir los impuestos”. En su lugar, habla de seguir mejorando la eficiencia en la recaudación, particularmente en las aduanas. No sé si exista ese dinero potencial, pero más vale que sí porque, de lo contrario, con las presiones de gasto, sí tendrán que incrementar los impuestos o contratar más deuda.

Quinto, la elección de jueces. Toda esta locura no sólo absorberá mucha de la energía del primer año de gobierno, sino también recursos. Estamos hablando de una elección nacional aún más compleja que la presidencial y legislativa. Eso costará dinero, quiérase o no. Quizá sean algunos miles de millones de pesos. Pero de algún lado tendrá que sacar el dinero el secretario de Hacienda para llevar a cabo esta reforma absurda, como si México estuviera en jauja y pudiera darse el lujo de desperdiciar así los recursos públicos.

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Número cero

La última batalla de López Obrador complica transición

José Buendía Hegewisch | Excelsior

La última batalla de Andrés Manuel López Obrador complica innecesariamente la transición por abrir graves frentes que dejará a su sucesora. Se trata del epílogo de una guerra prolongada contra grupos de interés y políticos que, desde 2006, se oponían a su ascenso a la Presidencia con el encuadre del “peligro para las instituciones”. Ahí se enmarca el combate postrero de la reforma de la justicia, con serias consecuencias para la futura gobernanza del país.

A punto de que el INE defina la composición del Congreso, el Presidente celebra que se perfile la mayoría calificada a la coalición de Morena que arrasó en las urnas con el triunfo de Claudia Sheinbaum. Esa decisión abriría la puerta al paquete de 18 reformas que le llegará y cerrará el paso a sus opositores fácticos desde hace tres sexenios. Ve su cruzada por la reforma judicial como punto final de esa vieja disputa, razón por la cual se libra con las armas de la política más que de la verdad jurídica como la que emerge del desahogo de pruebas en un juicio. Aunque el choque por la sustitución de la antigua coalición de poder acabará en el TEPJF.

El objetivo, es ganar la partida y despejar el camino a la continuidad de la 4T ya sin los obstáculos que él encontró en la Corte para defender sus principales reformas. Una confrontación que se fue enquistando en la visión del enemigo y el riesgo de parálisis de las obras del sexenio a punta de fallos en su contra de amparos y declaraciones de inconstitucionalidad; detrás de éstos siempre vio la mano de un poder contra mayoritario que restringe la voluntad popular en favor de sus adversarios en las élites económicas y políticas.

Y para no dejar duda de su posición les endilga la elección por voto popular en el Poder Judicial, que temen ponga en entredicho su exigua independencia respecto a otros Poderes. Sin embargo, las apelaciones jurídicas han topado con inconsistencias en la ley para determinar el límite del superpoder de Morena en el Congreso sobre la base de un techo de 8% aplicado a coaliciones como si fueran partidos, aunque probablemente no le alcanzará en el Senado para reformas constitucionales sin la oposición.

Tirios y troyanos invocan la Constitución para defender su interpretación sobre la conformación del Congreso, pero el INE seguramente privilegiará el peso de las urnas en favor de Morena y la baja exigencia social de adoptar una regla política distinta a veces anteriores para mantener el cerrojo con que frenar su proyecto.

Como asunto político que es, esta última batalla complica la transición por avivar los temores a su control del Congreso con decisiones unilaterales como la reforma judicial. Su inminente aprobación ha generado una inédita protesta del Poder Judicial con un paro indefinido en todo el país y un choque con los organismos cúpula de la patronal; además de la sanción de bancos y calificadoras por considerarla una amenaza para la economía, inversionistas y el T-MEC.

Pero, sobre todo, las implicaciones para el próximo gobierno son comprometedoras, no sólo por la turbulencia en los mercados, sino por la amplitud de frentes que él no va a librar. El más grave con la implementación de la propia reforma y sus detractores, dado que no es lo mismo reformar la justicia que el reemplazo de todo el aparato. El país necesita recuperar el acceso casi vedado por la corrupción y el autoritarismo, pero la desestructuración de un poder sin un modelo, ruta y plazos claros para renovar unos mil 686 cargos de ministros y jueces en todo el país es empujarlo al abismo para doblegarlo en la batalla.

El gobierno subestima el malestar y las protestas, a pesar del riesgo de una reforma sin consenso con el Poder Judicial y los privados, así tenga los votos para sacarla. Los saldos y liquidaciones del último combate recaerán en el próximo, que tendrá que implementar su renovación total sin la certeza de que la elección popular sirva para mejorar el acceso y abatir la impunidad. Y peor aún que tendrá que dar resultados rápido sobre un problema que ninguna reforma ha podido destrabar en décadas.

La perspectiva del desafío, en principio, parecía convencer a Sheinbaum de dar tiempo a la reforma; ahora, de aprobarse, tendrá que colocarla como primerísima prioridad de su agenda de gobierno.

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Astillero

Contra El Chapito, no contra EU // Inaceptable versión sobre Cuén // Cota: de Segalmex a otro cargo // Robledo: seguridad pública es percepción

Julio Hernández López | La Jornada

Usualmente lenta, fallida y enredada, la fiscalía federal a cargo de Alejandro Gertz Manero dice ir confirmando detalles del más reciente jueves sinaloense negro y ha decidido centrar sus perspectivas judiciales en Joaquín Guzmán López, uno de los Chapitos, al acusarlo de traición a la patria por, según eso, haber secuestrado a Ismael Zambada y entregarlo a autoridades de otro país (Estados Unidos), luego de medio siglo de impunidad absoluta en México del jefe criminal conocido como El Mayo.

El enfoque seleccionado por la Fiscalía General de la República se alinea con la postura oficial del gobierno de Estados Unidos y con las declaraciones atribuidas a Zambada. Es decir, sienta bases para eludir posibilidades de reclamos mexicanos contra Estados Unidos por su probable involucramiento en este golpe en el que aún no queda claro si hubo participación de agencias del vecino país, aunque esta postura de la FGR prefiere centrar el asunto en la responsabilidad de un connacional.

Ya habrán de conocerse y valorarse los indicios firmes que han llevado a esa fiscalía a optar por esta vía interna. También habrá de verse si ese señalamiento de uno de los Chapitos como traidor a la patria y secuestrador de El Mayo incentiva la violencia de por sí creciente entre las dos facciones principales del cártel de Sinaloa. Por lo pronto, esta semana llegaron a Culiacán 600 soldados más.

En ese calculado reparto de presuntas responsabilidades le ha tocado otro impacto al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el promotor de Sara Bruna Quiñónez Estrada para que fuera nombrada en la fiscalía estatal, y a quien le dio el consejo de que renunciara luego del escándalo de las maniobras forenses relacionadas con el asesinato de Héctor Melesio Cuén, el encarnizado adversario del propio Rocha Moya. Ayer, la FGR señaló como inaceptable la versión propuesta y defendida por la entonces responsable de la fiscalía sinaloense. ¿El golpe alcanzará al gobernador del estado o sólo a la fiscal, a la que movió y removió?

La presidenta electa comentó que ha invitado a ocupar un cargo en su administración a Leonel Cota Montaño, quien fue, por impulso de López Obrador, gobernador de Baja California Sur, presidente nacional del PRD y, ya en el sexenio por terminar, subsecretario de seguridad pública y… director de Segalmex, donde sobrellevó la crítica situación del inocultable fraude cometido cuando el responsable era Ignacio Ovalle, a quien se mantiene a buen resguardo como funcionario menor en la Secretaría de Gobernación.

El diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, dijo ayer en entrevista que en un artículo transitorio de la propuesta de reforma judicial se incluye el señalamiento de que se busque reformar también a las fiscalías. En el tema ya estarían trabajando la consejería jurídica y otros personajes de la próxima administración claudista.

También declaró el diputado Robledo: lo que más ha crecido en México es la página roja en los noticiarios de radio y tv. Se le preguntó si los medios exageran o magnifican en cuanto a desbordamiento criminal: En este terreno, para mí, la exageran, y mucho (…) La seguridad pública es una percepción, no es el índice de criminalidad; desde luego que han crecido los crímenes, porque ha crecido la población, pero el reporte de la Secretaría de Seguridad es favorable en términos de delitos federales. Si a alguien hay que creerle, es a la autoridad que informa. La diferencia entre unos datos y otros datos es que si unos los puede decir cualquier persona (periodista, analista, diputado, profesor) y si miente por equivocación o descuido, no pasa nada; pero los datos que da la autoridad generan una responsabilidad para quienes los están diciendo, tienen credibilidad oficial (https://goo.su/egGiaR).

Y, mientras Martí Batres ha sido designado para dirigir el Issste en la administración Sheinbaum.

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México, SA

Ministros protegen a evasores // Cancerberos de la oligarquía // ¿Y el adeudo de Salinas Pliego?

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Y después se quejan: no sólo el ministro Luis María Aguilar Morales opera como un ilegal protector del impresentable Ricardo Salinas Pliego, sino que ahora a la palestra brinca la mismísima presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, como parte del grupo de cancerberos del empresario de los abonos chiquitos y descomunales adeudos fiscales, que a la fecha acumulan un saldo por la friolera de 63 mil millones de pesos, y contando.

Desde los tiempos de Fox y Calderón, Salinas Pliego ha utilizado todos los trucos legales y legaloides para evitar el pago de sus adeudos fiscales, así como a los jueces, magistrados y ministros amigos que descaradamente lo han protegido para que incumpla con sus obligaciones fiscales.

Alrededor de un año atrás, el presidente López Obrador denunció públicamente que el ministro Luis María Aguilar Morales hizo suya la petición para que la SCJN atraiga el caso de los amparos obtenidos por Salinas Pliego por los voluminosos y crecientes adeudos fiscales de una de sus consorcios, Elektra, y solícitamente el togado le brindó todo su apoyo, a grado tal que mantuvo los expedientes respectivos en los cajones de escritorio durante 10 meses y sólo los sacó a orear tras la citada denuncia, pero con el mismo resultado: proteger al magnate.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha ganado todos los juicios, pero mediante trucos legaloides Salinas Pliego ha retrasado y retrasado, en connivencia con jueces, magistrados y ministros, el pago de sus adeudos fiscales, los cuales, como se apunta líneas arriba, son del orden de 63 mil millones de pesos.

De hecho, la Procuraduría Fiscal de la Federación ha denunciado que no pocos jueces y magistrados han evitado el avance de los juicios o procesos penales, generando retraso en la impartición de justicia y, por tanto, impunidad. Se trata de asuntos de grandes contribuyentes que han afectado la posibilidad de financiar programas de Bienestar y obras de infraestructura por alrededor de 80 mil millones de pesos, lo cual equivale, por ejemplo, al presupuesto de Jóvenes Construyendo el Futuro durante tres años y medio, o aumentar 25 por ciento el apoyo a todos los beneficiarios de la pensión de adultos mayores. Si este puñado de personas pagara lo que corresponde, mejorarían los programas sociales y tendríamos más obra pública.

Pero ahora se conoce que no sólo el ministro Aguilar Morales protege a Salinas Pliego, sino que en el enjuague participa la mismísima presidenta de la SCJN, Norma Piña, ahora muy preocupada por las consecuencias de la reforma al Poder Judicial que se cocina en el Congreso. Si ella, como sus contlapaches, hubiera hecho su trabajo, la citada modificación constitucional no estaría en debate.

No es gratuito el anuncio hecho ayer por el presidente López Obrador: dio instrucciones a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal y a la Secretaría de Gobernación para enviar un oficio a la ministra Piña con el fin de solicitar la resolución de dos adeudos fiscales (que de tiempo atrás la SCJN mantiene en su poder, sin avance alguno), que no son otros que los relacionados con Ricardo Salinas Pliego. En la mañanera, el mandatario dijo que le pediré (resolver), y lo vamos a hacer hoy por escrito, a la presidenta de la Suprema Corte que tiene el paquete de dos asuntos fiscales de 35 mil millones, y si ella no está en huelga ya puede resolver, porque, además, constitucionalmente no tienen por qué estar deteniendo ese fallo, que ya se resolvió en las instancias correspondientes.

Dicen en los corrillos del nepotista Poder Judicial que los actuales integrantes de la SCJN no están dispuestos a resolver el ya muy viejo asunto de los adeudos fiscales de Salinas Pliego, porque en todo caso, dicen, deben hacerlo los ministros que lleguen tras la reforma constitucional que se cita. El cinismo como norma en el máximo tribunal del país, siempre al servicio de la oligarquía.

Mientras, el sector financiero estadunidense se suma al chantaje: “El banco de inversión Morgan Stanley ‘recomendó’ a su clientela no invertir en acciones de algunas empresas mexicanas y reducir su participación en otras, porque la reforma al Poder Judicial ‘aumentará las primas de riesgo en México’” ( La Jornada, Julio Gutiérrez y Clara Zepeda).

Las rebanadas del pastel

Si de mugrero se trata, ahí está la muy bien aceitada industria del futbol en México, en donde la evasión y la elusión fiscal son cosa de todos los días, más la condonación de impuestos en sexenios pasados (como el de Felipe Calderón).

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Por un México justo: la lucha continúa

Napoleón Gómez Urrutia | La Jornada

El legado de transformación profunda que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha construido en el ámbito laboral durante los últimos cinco años es innegable. Hemos sido testigos y formado parte de un esfuerzo titánico por rectificar las desigualdades históricas y modernizar las condiciones de trabajo en nuestro país. Con la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, es crucial que este rumbo se mantenga firme y que no se pierda de vista la necesidad de continuar fortaleciendo los derechos de la clase trabajadora.

Los próximos años deben ser decisivos para consolidar y ampliar las reformas que ya han comenzado a dar frutos. No basta con haber alcanzado logros como la prohibición de la subcontratación de personal o la incorporación de derechos para las y los trabajadores del hogar; es imprescindible que avancemos hacia la aprobación de otras medidas que quedaron pendientes en la última legislatura, tales como la reducción de la jornada laboral, el incremento del aguinaldo, la creación de un fondo de pensiones, y la consolidación de un Sistema Nacional de Cuidados. Estas iniciativas no solo mejorarán las condiciones de vida de millones de trabajadores, sino que también contribuirán a una mayor justicia social en nuestro país.

En este sentido, resulta imperativo que el nuevo gobierno establezca una agenda laboral clara y concreta, dirigida a cumplir con estas metas que son de vital importancia para la mayoría de los ciudadanos. México cuenta con una fuerza laboral robusta y dinámica que, en gran medida, sostiene la economía del país. Las leyes laborales no son simplemente disposiciones legales; son la columna vertebral de la estabilidad y el bienestar de millones de familias mexicanas.

La próxima administración tiene la responsabilidad de no dar un paso atrás. La transformación del mundo del trabajo debe continuar con la misma fuerza e ímpetu con que ha sido emprendida hasta ahora. La presidenta Sheinbaum debe guiar al país con un rumbo claro, asegurando que las reformas laborales no solo se mantengan, sino que se profundicen, con el objetivo de garantizar un México más justo y equitativo para todos.

Las reformas laborales de los últimos años que he impulsado como presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, han incluido más de 30 modificaciones legales, todas en beneficio de la clase trabajadora, y han sido un avance significativo; sin embargo, no debemos conformarnos con lo que ya se ha logrado. La agenda laboral debe ser una prioridad absoluta, y las metas a obtener deben estar orientadas hacia la protección y el fortalecimiento de los derechos de la clase trabajadora. Sólo así podremos asegurar que el futuro de nuestro país esté cimentado en la justicia social y el respeto por la dignidad de cada trabajador.

Hoy tenemos en nuestras manos la oportunidad de continuar con esta gran transformación y hacer historia. Es el deber del gobierno de México, de los sindicatos y de la clase obrera comprometerse y avanzar en unidad en esta dirección, sin titubeos, con determinación y con una visión clara de un México más digno y justo para todos.

Es momento de unirnos en la lucha por los derechos laborales, pues no se trata sólo de políticas o leyes abstractas, sino de la vida y la dignidad de millones de mexicanos. Cada avance en esta causa es una victoria compartida; cada paso atrás, una pérdida para todos. La justicia laboral no es un asunto exclusivo de los trabajadores; nos atañe a todos como sociedad. En nuestras manos está el poder de construir un México donde el respeto por la labor humana sea inquebrantable, un país en el que el esfuerzo de cada persona sea valorado y protegido. Involucrarnos en esta lucha no es sólo un deber moral, es una responsabilidad colectiva. Juntos, podemos y debemos ser los guardianes de los derechos que tanto nos ha costado conquistar.

En memoria de Julio Pomar.