Lo que dicen los columnistas

Injusticia y violencia: los retos para la Presidenta

Frente a esta situación de crisis de gobierno, inseguridad y justicia se han generado dos respuestas de la sociedad: las autodefensas y los linchamientos.

José Gil Olmos | Proceso

Apenas reciba la banda presidencial el primero de septiembre, Claudia Sheinbaum tendrá enormes problemas y retos heredados por los anteriores presidentes, incluyendo a Andrés Manuel López Obrador: la injusticia y violencia que han generado miles de muertes, desapariciones, desplazamientos de pueblos y ejecuciones extrajudiciales.

El problema no es nuevo, pero se ha ido acrecentando con el paso de los sexenios. Si bien el inicio de la espiral de violencia empezó durante el gobierno de Vicente Fox, en el que hubo 60 mil 280 asesinatos, y en la gestión de Felipe Calderón aumentó el doble con 120 mil 463 crímenes, para el gobierno de Enrique Peña siguió ampliándose hasta llegar a los 156 mil 066 homicidios.

Pero este crecimiento se disparó de manera impresionante, al grado de que en el sexenio de López Obrador, es decir, en el gobierno de la 4T, se registraron los mayores niveles de violencia para un sexenio. Al terminar su sexenio alcanzará las 190 mil personas asesinadas.

De ese tamaño es el reto del próximo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, quien tendrá como principal colaborador en la materia a Omar García Harfuch, cuyas credenciales en seguridad pública en la Ciudad de México dejaron mucho que desear.

En un repaso de los hechos en el tema del aumento de la violencia podríamos ubicar su arranque en el año 2000, cuando nos sorprendió a los mexicanos la caída del partido hegemónico que había gobernado casi de manera absoluta el país durante todo el siglo XX. El candidato presidencial del PAN, Vicente Fox, ganó la elección derrotando al priista Francisco Labastida y al perredista Cuauhtémoc Cárdenas, dando paso a la esperanza de la transición a la democracia, que nunca se concretó.

La derrota del PRI trajo consigo el resquebrajamiento de una estructura de gobierno forjada por décadas y de alianzas con grupos de poder que, al ya no existir, generaron vacíos de poder que pronto fueron llenados por nuevos actores que hoy en día siguen vigentes: gobernadores convertidos en virreyes, empresas de medios de comunicación capaces de incidir en las decisiones del gobierno y los grupos del crimen organizado que de manera vertiginosa fueron controlando partes del territorio nacional coludiéndose con autoridades de gobierno, policiacas y militares.

Mientras estos nuevos grupos de poder entraban en acción junto con los viejos, entre ellos los partidos políticos, repartiéndose el control de los tres niveles de gobierno, la violencia y la injusticia social fueron aumentando hasta llegar en algunos casos a situaciones de ingobernabilidad.

Si hacemos un recuento de los homicidios ocurridos en los últimos tres sexenios de gobierno tenemos una cifra 526 mil 809 mexicanos asesinados, una cantidad que rebasa el último periodo de violencia nacional que fue la Guerra Cristera, ocurrida entre 1926-1929, en la cual habrían muerto 250 mil personas, según un artículo publicado por la CNDH.

Es decir que estamos frente a la época de mayor violencia social en el último siglo.

De manera contraria a esta espiral de violencia que no cede en su crecimiento y que se expresa también en más de 100 mil desaparecidos, tenemos que la justicia es un hoyo negro en el universo de las demandas sociales, por el cual se pierden denuncias, juicios y sentencias.

En su informe mundial de 2023 la organización Human Rights Watch señala que “cerca del 90% de los delitos nunca se denuncian, una tercera parte de los delitos denunciados nunca se investigan y menos de 16% de las investigaciones se “resuelven” (en la justicia, por mediación o con alguna forma de resarcimiento), lo cual implica que las autoridades resolvieron poco más del 1% de todos los delitos cometidos en 2021.

Frente a esta situación de crisis de gobierno, inseguridad y justicia se han generado dos respuestas de la sociedad: las autodefensas y los linchamientos.

El 24 de febrero de 2013, en los pueblos de Tepalcatepec y La Ruana, ubicados en la región de Tierra Caliente, Michoacán, surgieron los primeros grupos de autodefensas armados y con una organización paramilitar que fue utilizada por el gobierno de Enrique Peña Nieto para combatir a la Familia Michoacana, que ya tenían bajo su control 70% de los municipios del estado.

Cansados de las extorsiones, asesinatos, desapariciones y, sobre todo, de que se llevaran a sus esposas e hijas, los rancheros de la región se rebelaron con las armas de alto poder que les proporcionó el Ejército y durante un año lograron lo que las fuerzas militares y policiacas no habían podido, quitarle a los Caballeros Templarios las riendas del gobierno.

En otras entidades del país siguieron el ejemplo y a mediados de 2014 ya había 50 grupos de autodefensas en 16 estados el país. El 14 de mayo de ese año el doctor José Manuel Mireles, fundador de las autodefensas michoacanas, lanzó la propuesta de crear un Frente Nacional de Autofedensas que a la postre no prosperó. Sin embargo, siguieron apareciendo, en diversas parte del país, grupos civiles armados enfrentándose al crimen organizado, ante el hartazgo de la falta de respuesta de los tres niveles de gobierno.

Dicho hartazgo trajo consigo otro fenómeno social: los linchamientos.

En el artículo “Acerca de los linchamientos (y el vigilantismo): reflexiones sobre la violencia en México”, publicado en el número 237 de la revista El cotidiano de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco, los especialistas Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz Ávila, investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), señalan que en el periodo 2016-2022 este tipo de quebrantamiento social registró mil 423 casos en la modalidad de linchamiento y 196 en grado de tentativa, para un total de mil 619.

Autodefensas y linchamientos son dos de las expresiones más fuertes y violentas que los grupos sociales más afectados han tomado ante la violencia e injusticia que sufre el país en las últimas décadas.

Es evidente que hay una necesidad urgente y apremiante en todo el país por tener mejores condiciones de paz con justicia y dignidad. Condiciones que no se van a alcanzar si se mantienen la misma estrategia de militarización establecida desde el 2006 y no se resuelven las demandas sociales de terminar con este largo periodo de violencia e injusticia.

Por cierto… los cien compromisos hechos por la presidenta electa Claudia Sheinbaum aparece el apartado de Paz, Seguridad y Justicia, en los cuales se siguen las mismas líneas de AMLO con los resultados que hoy sufrimos: reformar el Poder Judicial, fortalecer la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los programas sociales.

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Razones

El Mayo en EU: primeros temblores

Este fin de semana comenzaron los ajustes de cuentas en Sinaloa

Jorge Fernández Menéndez | Excelsior

Cuando está a punto de cumplirse un mes de la detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, de su llegada a Estados Unidos en un episodio que ni el gobierno federal ni tampoco los grupos criminales tienen claro aún cómo se dio, la crisis que generan esas caídas apenas comienza. Lo que es indudable es que va a remover profundamente el ámbito criminal, pero también muchas estructuras políticas en Sinaloa y en México.

Por lo pronto, este fin de semana comenzaron los ajustes de cuentas en Sinaloa. El sábado aparecieron los restos, amordazados, torturados, asesinados de tres personas, entre ellas de uno de los principales operadores de El Mayo Zambada, Martín García Corrales, apodado El Tano, por el que el gobierno de Estados Unidos ofrecía 4 millones de dólares de recompensa, que apareció muerto junto con otros dos integrantes de ese grupo criminal.

Según fuentes estadunidenses, El Tano era uno de los principales operadores en el tráfico de fentanilo, manejaba los laboratorios que el Cártel de Sinaloa tiene en Oaxaca para producirlo. Además, dicen que era uno de los responsables de la seguridad del cártel. En las acusaciones que tiene en su contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos se dice que él, junto con su hermano Leobardo, fueron responsables de proteger a El Chapo Guzmán luego de su fuga en Puente Grande, en enero del 2001. Ese mismo día hubo otras cinco ejecuciones en torno a la capital sinaloense.

Antes, el viernes, tuvo que renunciar la fiscal del estado, Sara Bruna Quiñonez, frente a las evidentes irregularidades encontradas por la Fiscalía General de la República en la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén. La Fiscalía General descubrió que Melesio había sido incinerado cuando eso está legalmente prohibido en un caso de asesinato, que el informe forense habla de cuatro tiros y de un fuerte golpe en la cabeza y en el video que dio a conocer la Fiscalía apenas se escucha uno o dos disparos en un lapso de apenas tres segundos, aparte de que no hay certidumbre de que en la camioneta mostrada fuera realmente Cuén, además de que la primera versión de la Fiscalía local hablaba de un intento de robo y la semana pasada divulgaron el video de una ejecución. La carta atribuida a El Mayo Zambada dice que a Cuén lo asesinaron en el lugar donde supuestamente fue secuestrado (aunque la versión de la entrega, o de “la rendición” de El Mayo, como lo describió el Washington Post, es cada vez más fuerte). En el caso de la muerte del exrector de la UAS falta aún mucho por ver y muchos capítulos por escribir. La renuncia de la fiscal es apenas el primero.

Mientras tanto, en las investigaciones que tienen del otro lado de la frontera comienzan a aparecer otros datos que son muy significativos. Son muchas las historias entrelazadas. El miércoles 17 de julio pasado el presidente municipal de Badiraguato, José Paz López Elenes, pidió una cita en un despacho jurídico de Culiacán para asesorarse, porque había sido emplazado vía correo electrónico para presentarse en las oficinas del consulado estadunidense. López Elenes fue notificado de que se le había cancelado la visa de entrada a Estados Unidos. En la indagación del despacho jurídico se le informó que desde un año atrás la DEA lo estaba investigando por su presunta participación como alcalde (acaba de ser reelegido) apoyando o facilitando las actividades de Los Chapitos en Badiraguato y en Culiacán. Pero las investigaciones estadunidenses ubican en realidad a López Elenes como muy cercano al tío de Los Chapitos, el hermano de Joaquín, Aureliano Guzmán Loera, que está enfrentado a su vez con sus sobrinos. Su situación legal sería crítica.

También se comienzan a develar redes de compromisos comerciales y económicos con el cártel. Al secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, se le atribuyen relaciones familiares con uno de los grupos del cártel de Los Chapitos, llamado Fuerzas Especiales Avendaño, encabezado por Martín Gaudencio Avendaño Ojeda. Según estas investigaciones, Claudia Yuridia Meza Avendaño, esposa de Inzunza Cázarez, y magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del estado, es familiar en primer grado de Avendaño Ojeda. Ese grupo criminal tuvo una participación central en el llamado culiacanazo para evitar que Ovidio Guzmán López fuera detenido en octubre de 2019.

Otro personaje que comienza a aparecer con más fuerza en las investigaciones es Griselda Guadalupe López, segunda esposa de El Chapo Guzmán y madre de Ovidio y Joaquín, que opera una importante empresa distribuidora de cemento, JM Concretos, que aprovisiona buena parte de ése y otros materiales de construcción para las obras públicas en el estado. En los expedientes se cuenta que, en diciembre de 2022, poco antes de la detención de Ovidio Guzmán, varios funcionarios del estado, incluyendo el gobernador Rubén Rocha, tuvieron una gira de trabajo en la sindicatura de Jesús María, a unos 60 kilómetros de Culiacán, donde repartieron bicicletas y juguetes a los niños de la zona, en un bazar con tres grandes carpas donadas por la señora Griselda López.

Al terminar el evento, los participantes y otras 20 personas fueron invitadas a degustar barbacoa y cabrito por la anfitriona Griselda López, en una finca donde, casualmente, unos días después fue detenido Ovidio, luego de un combate con fuerzas militares que dejó, oficialmente, 29 muertos, posiblemente fueron muchos más debido al enorme círculo de seguridad que protegía a Ovidio.

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Juegos de poder

En el país de las palancas

Las “palancas” eran intrínsecas de un régimen que funcionaba a partir de favores. “Tú me rascas la espalda, yo te rascaré la tuya”. Las “palancas” se podían comprar con dinero

Leo Zuckermann | Excelsior

Crecí en un país donde frecuentemente se escuchaba la frase “Es que tiene palancas”.

Se refería a los individuos que, por alguna razón u otra, gozaban de la protección de algún funcionario poderoso. Gracias a esa relación, conseguían un permiso de importación, se les otorgaba un tratamiento especial en los hospitales públicos o no pisaban la cárcel a pesar de haber cometido algún delito.

Las “palancas” eran intrínsecas de un régimen que funcionaba a partir de favores. “Tú me rascas la espalda, yo te rascaré la tuya”. Las “palancas” se podían comprar con dinero.

En este sentido, en México la ley no era obligatoria sino indicativa. Se podía administrar, torcer y hasta violar con “palancas”.

Uno de los mecanismos de mayor control y corrupción del régimen autoritario era la posibilidad de meter en la cárcel a cualquier persona en cualquier momento. Incluso a los empresarios más prósperos o los políticos más encumbrados. Siempre les podían inventar un delito que ameritara la prisión preventiva oficiosa, es decir, los entambaban en lo que se investigaba y resolvía el proceso judicial. Y luego venía “la palanca”.

En la maravillosa novela de Ángeles Mastretta Arráncame la vida, la policía detiene al poderosísimo general Andrés Ascencio, quien, al cabo de unos días, regresa a su casa muy campante. Su esposa le pregunta (cito de memoria) “¿Por qué te metieron a la cárcel y luego te soltaron?”. Él responde (nuevamente refiero de memoria): “Lo primero, por cabrones; lo segundo, por pendejos”.

Un viejo político priista (QEPD) un día me dijo: “Yo nunca tuve más poder como cuando tuve policía y cárcel”. Y es que quitarle la libertad a un ciudadano es uno de los actos más violentos que puede realizar el Estado.

No por nada los barones ingleses se rebelaron contra su rey hace más de 800 años. Aunque le debían lealtad al monarca, éste los maltrataba confiscándoles tierras, aumentando impuestos y encarcelándolos.

El rey se había convertido en un tirano. Con el fin de apaciguar la rebelión, el monarca aceptó firmar la Carta Magna donde se limitaba su poder. Entre otras cosas, se impuso el derecho a un debido proceso judicial:

“Ningún hombre libre será detenido o encarcelado, ni despojado de sus derechos o posesiones, ni proscrito o exiliado, ni privado de su posición de ninguna otra manera, ni se procederá con la fuerza contra él ni se enviará a otros a hacerlo, salvo por el legítimo juicio de sus iguales o por la ley del país. A nadie se venderá, negará o retrasará el derecho o la justicia”.

En México, este derecho sigue siendo más aspiración que realidad.

Ahí íbamos los ciudadanos ganándole esa batalla al Estado —la de impedir que nos detengan arbitrariamente y terminemos en la prisión—, cuando el nuevo régimen político se dio cuenta de que estaba perdiendo uno de sus mecanismos de dominación más eficaces.

Me refiero a la prisión preventiva oficiosa.

Independientemente de si es culpable o inocente, un ciudadano puede ser detenido y privado de su libertad en lo que se investiga el asunto, lo cual en México puede durar años.

De acuerdo al espíritu de los derechos humanos desde las épocas de la Carta Magna, un individuo no puede ser encarcelado hasta que se declare culpable, salvo casos extremos de asesinos seriales o personas con alto riesgo de fuga, por ejemplo.

A nuestros gobernantes nunca les gustó esto. Les quitaba una de “sus palancas”: la capacidad de influir en las decisiones judiciales.

Ya en este sexenio se había ampliado en la Constitución el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. El próximo mes se extenderá aún más para integrar la extorsión, narcomenudeo, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas, defraudación fiscal, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.

Esto le regresará un poder enorme e injusto al Estado. En lo que se investiga, las autoridades pueden encarcelar a cualquier persona. La lista de posibles delitos, inventados o no, será larguísima para escoger.

Salvo los que tengan “palanca”.

Como Javier Corral.

La Fiscalía anticorrupción de Chihuahua intentó detenerlo la semana pasada. Ni tardo ni perezoso, el exgobernador llamó a alguien poderoso y al lugar llegó el fiscal capitalino a liberarlo.

El mensaje es clarísimo. Si apoyas al régimen lopezobradorista, no te preocupes, no pisarás la cárcel gracias a tus “palancas”. Si, en cambio, eres crítico u opositor, mejor calma tus ánimos porque, de lo contrario, podrías acabar tras las rejas, ya que no tendrás “palancas”.

Así México, 809 años después de la Carta Magna.

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Astillero

Sinaloa: renuncia armónica de fiscala // Se autoelogia y autoexculpa // Gobernador Rocha aconseja // Inédita transición presidencial

Julio Hernández López | La Jornada

Treinta diputados locales de Sinaloa aprobaron por unanimidad, y sin chistar, la renuncia voluntaria de la fiscala de esa entidad, Sara Bruna Quiñones Estrada, a quien la Fiscalía General de la República exhibió rotundamente como gravemente ineficaz, rayando en lo delictivo, en la investigación y procesamiento forense del caso de Héctor Melesio Cuén Ojeda, el político asesinado en el contexto, aún increíblemente opacificado por los gobiernos de Estados Unidos y México, del ¿secuestro, entrega voluntaria o acuerdo de máximo nivel? de El Mayo Zambada.

Ni esos diputados estatales (10 no asistieron a la vergonzosa sesión) ni el gobernador Rubén Rocha Moya parecieron advertir que la mencionada fiscala debería responder judicialmente por las acciones y omisiones cometidas en el tratamiento de un muy delicado caso al que se intentó confinar en el conveniente casillero de un asesinato por intento de robo de vehículo, habilitando incluso un video probatorio que no resiste ni las pruebas más básicas.

Llama la atención que el propio gobernador Rocha Moya reconoció haber aconsejado a Quiñones Estrada que renunciara: “yo hablé con ella, yo le pedí como compañera de equipo, no como gobernador (adivine el lector cuándo el gobernador de Sinaloa no habla como tal, sino como coequipero: sugerencia de esta columna estudiosa de la bipolaridad); porque a mí no me corresponde pedir, lo que sí es que tengo atribuciones para destituirla, hay unas causales en la Constitución para eso, pero yo quise primero verlo de manera más armónica, hablé con ella desde temprano. ¿Esa oferta armónica, que no pudo rechazar Sara Bruna, se llama impunidad?: pregunta hecha con prótesis mandibular marca Brando.

En su carta al Congreso, la aún en ese momento fiscala se autoelogió y autoexculpó: segura de que se hicieron las cosas bien durante mi gestión, y para no entrar en controversias que puedan afectar carpeta de investigación alguna, me retiro del cargo. El sugerente gobernador reconoció la decisión responsable de la fiscala que dejaba todo tirado y le agregó, prosopopéyico: sé que lo hace honrando la honorabilidad que le caracteriza para que se atiendan a plenitud las observaciones que la FGR México ha formulado en relación a la investigación del caso del homicidio del ex rector Héctor Cuén. Y, ¿colorín colorado? Pues no, este cuento no ha acabado.

En otro tema: en Monterrey llegó a su fin la inédita fórmula de transición política entre los poderes presidenciales saliente y entrante (aunque éste aún no hubiese sido jurídicamente declarado electo).

En la prolongada etapa priísta, quien iba a instalarse en la máxima silla de poder procuraba distanciarse del antecesor, para subrayar diferencias e incluso sustentar confrontaciones. A la mitad de la docena trágica panista, a Vicente Fox y Felipe Calderón sólo les unía el rechazo obligado a López Obrador. Ahora se ha vivido una transición de algo más que terciopelo, con el reiterado compromiso de la entrante de no deslindarse ni traicionar el legado del saliente.

Hoy, de las 9 a las 20 horas, por vía electrónica, los magistrados de circuito y jueces de distrito decidirán si se van a paro nacional el miércoles, en protesta por los términos de la reforma judicial que Morena y sus aliados buscan aprobar. Demandan se frene tal pretensión por sus tantas imperfecciones y se rencauce (…) hacia una reforma integral bien meditada para enfrentar las causas estructurales que vienen debilitando sostenidamente la calidad de la justicia. El paro afectaría a todos los órganos del Poder Judicial de la Federación que ejerzan esa función.

Y, mientras sigue el forcejeo político, mediático y judicial entre el gobierno panista de Maru Campos, aliado al priísta César Duarte, y el versátil antecesor, Javier Corral, ahora aliado a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

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México, SA

Pronasol, fracaso rotundo // Chalco y el río de mierda // Nada resuelto en 36 años

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Hay muchas formas de medir el rotundo fracaso del sexenio de la solidaridad (y del régimen neoliberal en su conjunto), pero la muestra más contundente de ello, a la vista de todos, se ubica en el estado de México, concretamente en los municipios de Chalco y Valle de Chalco Solidaridad, donde Carlos Salinas de Gortari puso en marcha (2 de diciembre de 1988) su programa social estrella, y entonces como ahora, la población sobrevive en condiciones de pobreza, marginación, insalubridad y anegamiento.

En su último informe de gobierno (primero de septiembre de 1994), en medio de una profunda crisis política, social y económica, Salinas de Gortari se dio el lujo de decir que su Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) es el balance moral de la modernización, pues dio respuesta directa al reto social de superar la pobreza, estableció una nueva relación entre sociedad y gobierno, basada en la iniciativa comunitaria, en la corresponsabilidad, en la participación democrática y en el uso transparente de los recursos. Y se quedó tan tranquilo.

Transcurridos 36 años de aquella faraónica puesta en marcha, periodo que incluye seis presidentes y nueve gobernadores mexiquenses (Delfina Gómez incluida), Chalco y Valle de Chalco Solidaridad –con más de un millón de habitantes– se mantienen entre los municipios más pobres de la República, con lo que el balance moral de la modernización resulta escalofriantemente desastroso: la población se duplicó, la pobreza avanza a galope, sólo 10 por ciento de sus habitantes no son pobres ni vulnerables (Coneval) y la falta de bienestar y oportunidades es más que notoria, sin dejar de lado que año tras año uno u otro (o ambos) se inundan a más no poder y sus habitantes viven anegados entre la realidad y la permanente promesa del gobierno en turno (los ha habido de todos los colores) de que ahora sí vamos a resolver el problema.

Este 2024 no es la excepción: el municipio-alberca de Chalco acumula 17 días con el agua hasta el cuello sin que autoridad alguna pueda retirar un tapón de basura que obstruye el desagüe del colector Solidaridad ( La Jornada, René Ramón y Javier Salinas, corresponsales), presunto culpable del anegamiento. Pero aún no se sabe cuánto tiempo llevará lograrlo.

Después de 17 días de la contingencia (en realidad no es tal, porque todos los años sucede lo mismo y nadie resuelve), el agua acumulada y contaminada ha propiciado enfermedades, y crece la desesperación entre colonos; las aguas negras estancadas y la falla del colector Solidaridad han impregnado con un olor nauseabundo decenas de viviendas; sus habitantes no pueden dormir ni comer por el fuerte aroma fétido presente las 24 horas del día. Aquí ya no es vida, dicen; no se pueden bañar o usar el sanitario porque el agua no se va, al contrario, continúa brotando por las coladeras y filtrándose en las 600 casas inundadas” ( ídem).

Bien lo subraya la Rayuela jornalera de ayer: Chalco: ¿dónde están las autoridades mexiquenses? Si no pueden, pidan ayuda federal. Nadie a quien se respete puede vivir entre materia fecal, y esto resume el balance moral de la modernización (Salinas dixit) y de sus secuelas: Progresa, con Ernesto Zedillo; Oportunidades, con Vicente Fox y Felipe Calderón, y Prospera, con Enrique Peña Nieto, con un mismo resultado: permanente incremento de la pobreza en el país y falta de respuesta a calamidades como las que hoy vive Chalco, por citar sólo un caso.

Van cuatro cápsulas de memoria, mientras el río de mierda no deja de crecer en Chalco y en otros municipios mexiquenses, todas de los ex inquilinos de Los Pinos en el periodo citado: Trabajaremos hasta no tener duda de que la situación está bajo control (Ernesto Zedillo, 6 de junio de 2000; a su lado, el gobernador César Camacho Quiroz); vamos a entubar para evitar las inundaciones en Valle de Chalco para asegurar que no vuelva a ser motivo de inundaciones (Vicente Fox, 7 de octubre de 2005; a su lado, el gobernador Enrique Peña Nieto); estamos trabajando en la solución de fondo para evitar desbordamientos (Felipe Calderón, 15 de febrero de 2010; a su lado, el gobernador Enrique Peña Nieto); hemos reducido en forma significativa el riesgo de inundaciones en los municipios mexiquenses (Peña como inquilino de Los Pinos) y estamos resolviendo los problemas relacionados con la temporada de lluvias durante los próximos 50 años (gobernador Alfredo del Mazo Maza, 24 de octubre de 2018).

Las rebanadas del pastel

Treinta y seis años después, nada ha cambiado. Ahora, ¿dónde está Delfina Gómez, dónde el gobierno federal?

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La ultraderecha juega en cancha ajena

Héctor Alejandro Quintanar * | La Jornada

Si algo se debe decir sobre la ultraderecha es que aunque su tamaño sea marginal, nunca es irrelevante. Menos aún cuando pretende intentos de organización trasnacional cuya pretensión es construir una agenda común y alentar la construcción de vías electorales que busquen imponerla desde espacios de poder institucional.

Esa es más o menos la esencia de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que se llevará a cabo en México el 24 de agosto, donde sobresale como invitado el presidente argentino, Javier Milei. Hay un antecedente reciente. En noviembre de 2022 esa misma organización estuvo en México y sus conferencistas estrella fueron de nuevo Milei y Lech Walesa, un premio Nobel que suele dedicar su prestigio a lavar la cara a personeros del conservadurismo más rancio (igual que Vargas Llosa hace con engendros como Bolsonaro o George W. Bush).

En ese foro de la CPAC de 2022 fue resaltable la presencia del ex actor Eduardo Verástegui. Podría pensarse que el otrora integrante del grupo musical Kairo fue ahí a encabezar una coreografía que aligerara el ambiente, pero no. Verástegui en ese momento figuraba como autoproclamado candidato presidencial empecinado en esta agenda: defensa de la desigualdad económica; una jerarquización de género y defensa del derecho a portar armas.

Ahí radicó lo esencial de aquella reunión. Fue un exhorto a que esa corriente ideológica construyera una alternativa electoral hacia 2024. Cuestión que falló no sólo por falta de insumos legales –pues Verástegui apenas logró 5.9 por ciento de las firmas que requería–, sino también, a juzgar por las elecciones de junio pasado, por el momento ideológico que vive el país.

¿En qué consiste ese momento? El mensaje de las urnas apunta cierta claridad: la candidatura de Claudia Sheinbaum ganó con la ventaja más contundente en la historia mexicana, de 60 por ciento de votos contra 27 de su más cercana rival. Más a fondo, esa proporción se repite en casi cualquier sector que se analice: voto por género, por edad, por nivel de ingreso y de educación. No es exagerado decir que hoy existe un consenso en favor de la llamada Cuarta Transformación, cuyos ejes centrales (inclusión económica y agenda simbólica en favor de la equidad) pueden criticarse en su ejecución, pero implican un viso progresista, antípoda de la agenda de la extrema derecha.

Así, la sesión de la CPAC en México parece jugar en cancha ajena, en un país donde, en este momento, no parece tener una oleada de adeptos. ¿Qué se puede esperar entonces de ese foro este año? La nómina de invitados principales da una clave, pues los conferencistas serán una mezcolanza predecible: el pinochetista chileno José Antonio Kast; la preconizadora de la mano dura uribista Fernanda Cabal; los trumpistas Mercedes y Matt Schlapp; cruzados contra la ideología de género como Sara Huff o el diputado costarricense Fabricio Alvarado. Completan la lista algunos peones locales, como el ex diputado neoleonés Carlos Leal o Ferdinand Recio, personajes fanatizados a favor de la familia nuclear o contra el molino de viento de la “conspiración progre”, esa que, según ellos, mediante cromáticas de películas de Disney podría definir la sexualidad de la humanidad.

La cereza del pastel será Javier Milei, quien encarna el libertarismo, que, junto con los demás guerreros –como se nombran los conferencistas– preconiza una sola libertad: aquella de pasar por encima de los demás. Así, se esperan discursos que pugnen a favor de violencia simplista contra problemas complejos; a favor de la incorrección política (que no es otra cosa que acendrar prejuicios sexistas o supremacistas); reavivar el espectro anticomunista posguerra fría (contra amenazas ya no globales sino regionales, como Venezuela o Cuba), todo envuelto en visiones conspirativas (contra lobbies LGBT o migrantes). En suma, reafirmar el rasgo de las extremas derechas de siempre: ser victimarios con discurso de víctimas.

Quizá destaque en la CPAC la preocupación central de esta derecha marginal mexicana, que es considerar al PAN una derecha cobarde que sucumbió a la oleada progre que insta ayudas para ninis; e hizo candidata a una mujer abortera, como Xóchitl Gálvez (preocupación que, por cierto, en parte suscribe hoy Marko Cortés, en su confesión de que el PAN no debió apoyar programas sociales en la campaña pasada, sino más bien debió enseñar a pescar).

Pareciera que el objetivo de la CPAC es una cuestión vieja de las extremas derechas, misma que, como documenta Thomas Weber, ya tenía cabida en las cervecerías de Munich donde discutían Karl Harrer y Hitler antes de su conversión nazi: ¿cómo hacer popular un movimiento reaccionario? ¿Cómo volver masivo un ideario esencialmente elitista?

Su desventaja no estará, sin embargo, en que juegan en una cancha ideológica donde hoy son visitantes, como México. Su desventaja está en la paradoja que anida y anidará siempre en la extrema derecha: convencer a pobres de que es buena la inequidad; convencer a mujeres de que es bueno el sexismo; convencer a la diversidad sexual de que no amerita derechos. En suma, su obstáculo está en promover una agenda excluyente que necesitaría de los excluidos para hacerse popular. Así, lo preocupante no está en la oquedad de ese ideario, sino en la desesperación, o sevicia, de sus adeptos.

* Autor del libro Las raíces del Movimiento Regeneración Nacional.