Lo que dicen los columnistas

Los dilemas de la acción internacional en Venezuela

Las elecciones de Venezuela pueden ser un ejemplo de caminos a seguir por actores externos comprometidos con restaurar condiciones de viabilidad democrática y económica en un país.

Olga Pellicer | Proceso

Las elecciones del 28 de julio último en Venezuela, seguidas por la autoproclamación del triunfo de Nicolás Maduro, han tenido una resonancia internacional muy amplia. El panel de expertos electorales de la ONU presentó un informe, distribuido el martes 13 pasado, señalando que la autoridad electoral en Venezuela “no cumplió con los requisitos básicos de transparencia e integridad esenciales para celebrar elecciones creíbles”; subraya, además, que “la ausencia de resultados desglosados no tiene precedente en las elecciones democráticas contemporáneas”.

Dicho Informe llega después de múltiples declaraciones sobre las diversas irregularidades cometidas en las elecciones de Venezuela procedentes de la Unión Europea, Estados Unidos, los países miembros del Grupo de los 7, la OEA, los países de América Latina que han roto relaciones con Maduro y el grupo de tres países, simpatizantes de Maduro, que intentan negociar una salida a la peligrosa situación que impera en ese país.

La decisión de Maduro de permanecer en el poder no significa, solamente, prolongar su estilo autoritario y la conducción económica del país por vías que han llevado a la salida de más de siete millones de venezolanos, al empobrecimiento de la mayoría de la población y a múltiples carencias en materia de salud y alimentación. Significa, también, endurecer la persecución de miles de miembros de la oposición que están siendo detenidos, aterrorizados, atrapados en una situación cuya única salida será el derrumbe de la mafia que entorna a Maduro, integrada por el ejército y el círculo de consejeros civiles privilegiados por el régimen.

Para algunos, la permanencia del régimen autoritario –en sus comienzos una revolución populista encabezada por Hugo Chávez, quien con su indudable carisma y el apoyo económico del petróleo, conquistó muchos seguidores– es un ejemplo más de los regímenes dictatoriales que se han perpetuado por muchos años en Cuba o Nicaragua. 

Con ese punto de vista las elecciones del 28 de julio último son un episodio más que no modificará la permanencia de Maduro en el poder por un tiempo indefinido.

Para otros, las movilizaciones que acompañaron dichas elecciones, la capacidad de organización y unidad que ha mostrado la oposición encabezada por María Corina Machado, el claro triunfo electoral ilustrado por la presentación de las actas de casilla recopiladas y presentadas a la opinión pública hacen de esta elección un caso especial que, aunado a la presión internacional tan amplia, puede ser un punto de transición hacia un nuevo momento político en Venezuela. 

Visto así, el papel de la acción internacional será definitivo para decidir el futuro de Venezuela. ¿Cuáles son sus principales dilemas? Y ¿Hasta dónde es posible resolverlos?  

El primer dilema es cómo obtener una posición unificada y convincente sobre quién ganó las elecciones. La respuesta no es fácil si se atribuye validez a las opiniones de quien formalmente lo decide: el Consejo Nacional Electoral, subordinados claramente a las órdenes de Maduro. Dicho órgano no ha proporcionado las actas desglosadas en comparación con la oposición que las ha presentado a la opinión pública, pero la visión oficial encuentra múltiples argumentos para sostener que no tienen validez. Se requiere, pues, de un órgano independiente de carácter internacional cuya composición y atribuciones dé una absoluta confianza a sus decisiones. Su integración y legitimidad no será fácil de lograr. 

En segundo lugar, se requiere encontrar una salida para Maduro, los mandos superiores del ejército y consejeros cercanos que permita evitar el “baño de sangre” que ha prometido Maduro. Las negociaciones al respecto son delicadas porque éstas deben evitar ser catalogadas como “intervención imperialista”, tema que levanta rechazos compresibles en América Latina por sus experiencias históricas con Estados Unidos. Las negociaciones deben ser auspiciadas por países libres de toda sospecha. Un país tradicional para esos fines podría ser Noruega, por sólo dar un ejemplo. 

En principio, tal era la labor que estaba llevando a cabo el trío formado por Brasil, Colombia y México. Desafortunadamente las declaraciones recientes de López Obrador que otorga un reconocimiento implícito a las autoridades dominadas por Maduro están dejando a México fuera de su papel como negociador confiable. 

Por otros motivos, Brasil está perdiendo credibilidad al proponer celebrar nuevas elecciones, idea un tanto descabellada si se piensa en los problemas logísticos para decidir quién y cómo las convoca, quién paga los costos y quién confirma los resultados. 

Lo anterior no permite llegar a la conclusión que no hay mucha opción para la acción internacional. Por el contrario, las elecciones de Venezuela pueden ser un ejemplo de caminos a seguir por actores externos comprometidos con restaurar condiciones de viabilidad democrática y económica en un país.

De lograrse un acuerdo sobre los aspectos políticos que hemos señalado, el siguiente paso es la construcción de instituciones para la gobernabilidad económica y política en Venezuela. Estados Unidos y los países europeos tienen mucho que decir sobre este tema, en particular la parte económica. Sin embargo, hay pocos antecedentes sobre qué se ha hecho en otros casos y muchas dudas sobre la imparcialidad con que se actúe, más allá de proteger los intereses económicos y estratégicos de cada país.

Resolver los dilemas de la acción internacional para contribuir a la pacificación y desarrollo de Venezuela coloca sobre la mesa los obstáculos tradicionales que existen para hacer realidad la cooperación y solidaridad internacionales que inspiran la existencia de la ONU y sus expertos electorales, o de otras instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

Defender esas instituciones, cualesquiera que sean sus limitaciones y aparente impotencia, seguirá siendo una prioridad para quienes desean un mundo de mayor libertad y justicia. Al acercarnos a un nuevo gobierno, México debe aspirar a promover esos ideales.

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De naturaleza política

Ahora, “frente” contra EU para distraer…

Enrique Aranda | Excelsior

¿Prófugo de la justicia e ícono anticorrupción?

Urgido de posicionar un nuevo montaje, otro más, que le permitiera distraer la atención sobre las graves muestras de desconfianza del gobierno estadunidense hacia él y su administración evidenció el aún confuso operativo que llevó a Estados Unidos a Ismael El Mayo Zambada y uno más de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, su exsocio en el rentable negocio del narcotráfico, Andrés Manuel López Obrador pugna ahora por reactivar la añeja e infundada imputación de que nadie más que la Casa Blanca es la que financia la oposición contra él y su declinante gestión…

Consciente del gravísimo daño que a su cuestionada imagen causa la referida versión, en efecto, el tabasqueño no dudó en acusar primero y enviar una nota diplomática a su par norteamericano para quejarse y pedir la inmediata suspensión del apoyo económico que, vía la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ofrece a la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, crítica de su gestión, que encabeza María Amparo Casar y contra quien, vale recordar, ya en otro momento arremetió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que dirige el siempre servil Pablo Gómez Álvarez.

Correspondió al responsable de la misión de la Agencia en el país, Jene Thomas responder al despropósito del inquilino de Palacio y sus afines, dejando en claro que, amén que el propósito central de la misma, no es otro que asistir económicamente a causas de mejoramiento social y preservación de los derechos humanos, los programas que se apoyan en México, 39 en materia de salud, educación, economía, medio ambiente y seguridad de una manera destacada en la actualidad, no sólo se aplican al margen de toda consideración política o partidista, sino que, incluso, existen evidencias supuestamente reconocidas por autoridades nacionales de los beneficios que la población está recibiendo…

Que a nadie, pues, extrañe el asunto. Menos, cuando se tiene claro que ya en 2021, la 4T utilizó el mismo argumento de los apoyos financieros a la oposición que, vale recordar, fue ignorado por el supuesto intromisor… ahora pasará igual.

ASTERISCOS

* Vaya complicada situación la que a nivel gobierno enfrenta Nuevo León donde, por la inseguridad, ingobernabilidad y corrupción prevalecientes, amén los constantes desatinos del impresentable gobernador emecista Samuel García y sus familiares más cercanos, se multiplican versiones del cambio inminente de éste por un senador de Morena recién electo, Tatiana Clouthier o Cristina Díaz. Ufff…

* En verdad relevante el compromiso por la seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores que a través de su presidente Víctor Velázquez realizó la Cooperativa La Cruz Azul ante el pleno de la cámara nacional del ramo, la Canacem, cuyos integrantes visitaron sus instalaciones en Palmar de Bravo, en Puebla, la pasada semana…

* Luego de dos largas semanas bajo el agua, finalmente el río parece haber vuelto a su cauce en Chalco, a la irregular colonia Culturas de México en particular, donde, además de elementos del Ejército que aplican el tradicional Plan DN3, organismos estatales al fin realizan acciones de desazolve y aplican cloro para combatir enfermedades e infecciones…

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Número cero

Sheinbaum va con todo por la reforma judicial

José Buendía Hegewisch | Excelsior

Claudia Sheinbaum va con todo por la reforma judicial por considerarla un mandato popular mayoritario, como dijo en su discurso como Presidenta electa. El manejo del discurso político es polémico, pero nadie negaría que ese sistema está atrapado en la confusión, impunidad y autoritarismo. Ningún cambio ha logrado darle verdadera autonomía de otros Poderes y separarlo de la corrupción.

Por eso tampoco nadie duda que la iniciativa presidencial sea trascendental para las víctimas, que lejos de acceder a la justicia la mendigan en tribunales a magistrados y jueces, y en las fiscalías federal y estatales. Y la suplican con la espada de Damocles porque, en paralelo, se impone la tendencia a encarcelar sin juicio con la ampliación de la prisión preventiva, que facilita al Estado la aplicación de la ley, pero al costo impagable de conculcar el derecho humano a un juicio justo, oportuno y expedito. El 40% de los reos del país no tienen sentencia, la mayoría por infracciones menores.

Con una procuración que nulifica el castigado, es decir con 98% de impunidad de los delitos, resulta evidente que el sistema no funciona. Por si fuera poco, la liberación de delincuentes de alta visibilidad o cartera abultada corrobora cotidianamente el diagnóstico. Ahí está la decisión de un juez de dejar al góber precioso Mario Marín enfrentar en libertad un proceso por tortura y trata, que pone en riesgo a una víctima, Lydia Cacho o, de un togado en Oaxaca que absuelve a un exdiputado del PRI del ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos, aunque fuera revertido tras el escándalo.

Pero la cuestión es ¿qué tipo de reforma se necesita para recuperar la justicia? A nivel local está desestructurada. Es el espacio más vulnerable al autoritarismo de gobiernos estatales y el poder corruptor de empresarios o del crimen. Sobran ejemplos de la subordinación en casos tan visibles como el intento de la Fiscalía de Chihuahua de capturar al exgobernador Javier Corral en la CDMX en una persecución de su sucesora por combatir la corrupción de su equipo en el gobierno de César Duarte. Y también esta semana la renuncia de la fiscal de Sinaloa a “sugerencia” del gobernador para que la FGR investigue las irregularidades en la investigación del crimen del exrector Héctor Cuén una vez que atrajo el caso. Las fiscalías trabajan descoordinadas de la seguridad y no es el primer choque entre ellas, antes ocurrido con el fiscal de Morelos, Uriel Carmona.

Si la mayor preocupación de la reforma de López Obrador es el riesgo para la división de Poderes, en los estados la independencia judicial es un desfiguro del que poco se habla. El patrón de esa relación es el autoritarismo en la impartición de justicia, tanto en los estados como en el ámbito federal. ¿Qué debe cambiar ahí? Esta pregunta insiste se escuchó en la consulta parlamentaria para la reforma judicial, pero sin claridad sobre qué y cómo procesaron los resultados de los foros del Congreso, y sin que el Poder Judicial hubiera llevado tampoco una propuesta a la mesa como prometiera la ministra Piña.

No obstante, el dictamen está listo para aprobarse en septiembre con la mayoría calificada de Morena conforme al plan C que llevó a las urnas. Su coordinador en el Congreso, Ignacio Mier, asegura que contiene más de 100 cambios de la iniciativa presidencial, aunque los trabajadores del Poder Judicial votarán un paro nacional para frenarla por considerar que los foros fueron una simulación.

Lo que se ha revelado de su contenido no desactiva el punto neurálgico de la reforma con la propuesta de someter a voto popular la elección de los ministros, magistrados y jueces, que iniciaría con la renovación total de la Corte en 2025.

¿Es la solución al autoritarismo en el Poder Judicial? ¿Altera el equilibrio de Poderes del desbalance actual? ¿Fortalece su autonomía respecto a los otros Poderes y partidos? ¿Preserva su independencia para que la justicia no se negocie al mejor postor de empresarios y el crimen organizado? ¿Hay una disputa política detrás de la urgencia por sacarla? Todas estas interrogantes aconsejaban un proceso cuidadoso y prudente, como expresó Sheinbaum cuando pidió un gran debate nacional sobre una reforma que podía llevarse un tiempo en hacer y que ahora va con todo como siempre quiso el Presidente.

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Alertas para el próximo gobierno

Antonio Gershenson | La Jornada

La gran expectativa para el próximo gobierno es mantener el rumbo de la 4T con firmeza, no sólo para mantener el desarrollo económico y social de la población mexicana, sino también para continuar la transformación cultural de las futuras generaciones.

La cultura política, que comenzó su fortalecimiento en la población en general algunas décadas antes de 2018, seguramente crecerá. De esta forma, podemos decir que contaremos con la organización ciudadana que apoyará al nuevo gobierno para hacer frente a aquellas corrientes destructivas de nuestro patrimonio nacional.

La transformación del país continuará. De hecho, es una tarea permanente que empezó con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que no quedará suspendida con el cambio de mando en el Poder Ejecutivo. Esperemos que el gobierno y la ciudadanía trabajemos en conjunto, ya que los enemigos de la nación no son pequeños y están tanto en el exterior como al interior de nuestra sociedad.

El programa sexenal ya no se detendrá como en gobiernos anteriores. Las obras pendientes se concretarán y se desarrollarán otras nuevas, de acuerdo con la promesa que Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa, afirmó en su discurso de entrega de la constancia que confirmó su triunfo.

El movimiento obrero, que tuvo su origen el 6 de marzo de 1876 y que propició la creación del Congreso Obrero Permanente, y cuyos integrantes prácticamente han quedado en el olvido, reavivarán el empeño por la solidaridad gremial. Por lo menos eso es lo que esperamos en el desarrollo del humanismo mexicano.

Ya no soportaríamos más líderes como Fidel Velázquez, Luis Napoleón Morones, Víctor Flores Morales, Elba Esther Gordillo, Carlos Romero Deschamps y tantos otros que se cobijaron con la impunidad que les otorgaron gobiernos anteriores y que deberán rendir cuentas tarde o temprano.

La vida sindical democrática, con justicia y apegada a las nuevas leyes que protegerán con mayor amplitud al gremio, es, al mismo tiempo, una forma de garantizar el desarrollo de esta nueva cultura política que iniciamos en 2018.

En alerta permanente, tendremos que seguir viviendo para defender la soberanía nacional. No podemos bajar la guardia en ningún momento, ya que la sombra permanente del hostigamiento de los gobiernos de Estados Unidos hacia el nuestro sigue y por mucho tiempo seguirá amenazando la buena vecindad entre los dos países.

Lamentablemente, por ahora en el área norte de nuestro continente no contamos tampoco con Canadá, país con las mismas prácticas neoliberales que su vecino del sur. Sin embargo, durante su campaña, Sheinbaum prometió que la diplomacia mexicana rescatada continuará desarrollándose bajo los principios juaristas: Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.

La incertidumbre es la misma, ya sea que triunfe Donald Trump, el empresario conservador y millonario, dueño de alrededor de 4 mil 500 millones de dólares (según la revista Forbes) y miembro del Partido Republicano, o Kamala Harris, abogada –supuestamente progresista– del Partido Demócrata, de la que hasta el momento desconocemos su patrimonio personal. Las características de ambas personalidades no nos favorecen. Desearíamos equivocarnos.

Trump, con su política homofóbica, racista y déspota, no es garantía de que tomando el poder mantendrá una actitud de respeto hacia el nuevo gobierno y, por parte de Harris, la intromisión en los asuntos de México y el desprecio por la historia pacifista de nuestro país la tendrán sin cuidado. La política de la candidata demócrata, belicista y hegemonista, continuarán. Por el hecho de ser mujer, francamente, no consideramos que vaya a cambiar ni en 18 grados hacia una nueva política menos agresiva.

Como todas las corrientes de derecha del mundo, la impertinencia y agresividad hacia otras naciones son el sello de identidad de la política exterior estadunidense. Su franqueza, al declarar cualquier mentira en contra de algún gobierno progresista, pasa de ser un derecho a la libre opinión, a la diplomacia del cinismo pendenciero.

Para muestra, tenemos un ejemplo. Recientemente, el gobierno chino ha denunciado la intrusión de Washington en asuntos mexicanos. De acuerdo con el artículo del viernes pasado en La Jornada, de Iván Evair Saldaña, la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) es la organización ejecutora para actuar a favor de los intereses estadunidenses en contra de la soberanía nacional y de otros países. No sabemos a qué derechos humanos, a qué tipo de democracia y libertad defienden Estados Unidos y sus golpeadores contratados.

Para nadie es un secreto que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) es una organización que ha perseguido a líderes y activistas progresistas de nuestro país y de todo el mundo. Tal vez, la CIA cree que es invisible para nuestros pueblos, pero no se han querido dar cuenta de que no hay mal que dure cien años ni cobardes que lo aguanten. Ya los conocemos y no nos intimidan.

* Colaboró Ruxi Mendieta.

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El momento sin fin

Rolando Cordera Campos | La Jornada

Hace unos años, la revista inglesa The Economist habló de un mexican moment que las reformas del Pacto por México propiciarían. Con éstas, la ya larga trayectoria de reformas estructurales globalistas y de mercado tendría un aterrizaje con crecimiento económico sostenido y un mejoramiento sustancial en los niveles de vida de las masas empobrecidas.

Ahora, este martes 13 para más señas, la secretaria Buenrostro nos contó que se está viviendo el momento mexicano reflejado en niveles mínimos de desempleo, mejores salarios, más trabajo formal, flujo récord de inversión extranjera directa (…), lo que viene ligado a los proyectos de relocalización de empresas multinacionales radicadas en el país o en busca de hacerlo.

Ayer no hubo tal momento y no resulta fácil sostener que ahora sí, que el ya merito se volverá realidad. Por lo pronto, habría que insistir en que México, país con economía grande y población mayor, no puede darse el lujo de repetir aquella triste historia del poblado español que hace todo tipo de planes y arreglos de fachada para recibir a Mr. Marshall y sus planes de reconstrucción de la Europa devastada por la Segunda Guerra. No hay misters Marshalls a la vista y las burlas de Musk y sus Teslas deberían ser lecciones más que suficientes en materia de pantomimas.

La presidenta electa Sheinbaum esparció el jueves esperanzas similares, aunque con tono moderado y hasta prudente. No quedaron en el tintero, sin embargo, los reconocimientos a los récords en materia de ocupación, empleo y salarios, y hasta al magro crecimiento que se mantiene como la marca más encanijada de un desempeño productivo y económico en general que ha llevado a la Cepal a hablar de una trampa de lento crecimiento.

La pandemia dejó desplome económico, productivo, del empleo y la inversión, y nos enfrentó a un cúmulo de fragilidades político-institucionales, en especial en la salud, que siguen abrumando a nuestra economía política y la existencia social.

Sin demasiados circunloquios, estas semanas de espera del cambio presidencial deberían llevar a replantearnos algunos de los términos maestros de nuestra formación económica, así como del estado del Estado. En particular, se ha vuelto crucial, urgente, poner en el centro de nuestros debates la legitimidad política e histórica del reclamo de un mayor gasto público y su mejor asignación, una redistribución de los fondos del Estado para dar prioridad a la defensa y protección del mundo laboral y del conjunto social.

Más que presumir el no habernos endeudado, afirmación frívola y falaz, tendremos que abocarnos a redefinir los alcances del endeudamiento y, sobre todo, replantearnos de inmediato una reflexión política y financiera sobre el financiamiento del propio Estado, poniendo en el centro de la conversación la cuestión fiscal y la incapacidad actual del Estado para hacerse cargo con eficiencia y rigor de las mil y una promesas que adornaron todas las campañas.

Más allá de festinar el arribo de nuevos momentos, bien haríamos en calibrar y poner en perspectiva los alcances y requerimientos que puede suponer la geolocalización de la que habla la secretaria Buenrostro. La inversión extranjera directa, por sí sola, no podrá incentivar el crecimiento que necesita una economía tan grande como la de México, acota el secretario general de la Cepal, José Manuel Salazar.

Se requiere que pymes, empresas, sectores, ciudades y zonas rurales reciban inversión privada y pública y que se apliquen estrategias de fortalecimiento del mercado laboral que permitan un aumento de la productividad ( El Economista, 14/8/24).

En esto de las transformaciones, los momentos van y vienen. Pero el hecho es que nuestro presente sigue caracterizado por un entorno productivo, en términos económicos, políticos y sociales, que no ha podido, o no ha querido, hacerse cargo no sólo de las realidades de un mundo globalmente convulso e incierto, sino de las propias necesidades de nuestra población, en términos de mejoras permanentes y sustentables, no sólo de empleos suficientes, sino de poder satisfacer derechos universales como la salud y la educación.

Atender otros puntos de vista nunca es tiempo perdido. Invito a los interesados a revisitar el documento del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, Horizontes 2030 (http://www.pued.unam.mx/opencms/publicaciones/58/horizontes2030.html), presentado el martes 13 en la Coordinación de Humanidades de nuestra Universidad Nacional, en el encontrarán “elementos de análisis para conocer el estado de cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030; las posibles sinergias para la construcción de una estrategia macroeconómica y sectorial que permita un desarrollo sustentable; las recomendaciones para el diseño de políticas públicas en lo social, educativo, empleo, planeación territorial y medio ambiente (…) en la construcción de la agenda pública para el presente siglo”.